Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.

Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.

La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares

El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.

"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

Colombia:Paramilitares

MÁS DE 30.000 ASESINADOS POR LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE Y LOS CRÍMENES SERÁN IMPUNES GRACIAS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE. LOS 'PARAS' CONTINÚAN ACTIVOS EN 24 DE LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

Los asesinatos confesados por los paramilitares que quieren acogerse a la Ley de Justicia y Paz son ya más de 30.000, según ha informado esta semana la Fiscalía de Colombia. Exactamente 30. 470 personas en las últimas dos décadas. También reconocieron mil masacres y 2.500 desapariciones. El informe de la Fiscalía se produce tras oir las declaraciones de unos cuatro mil paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006, en el marco de la Ley, promovida por Álvaro Uribe. Esta ley establece un máximo de 8 años de cárcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que relaten sus crímenes y reparen a sus víctimas.

El informe da cuenta de más de mil secuestros, 1.400 casos de reclutamiento ilícito, 2.300 desplazamientos forzados y 1.600 extorsiones. No obstante, la Fiscalía ha señalado que la cantidad de homicidios podría cuadriplicarse si se tiene en cuenta todavía no han sido trascritos todos los datos.

Estos crímenes colocan a Colombia, país que se precia de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.

"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Álvaro Villarraga.

En las declaraciones ante la Fiscalía de los paramilitares desmovilizdos han ido surgiendo datos que han permitido abrir investigaciones por la complicidad con paramilitares. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías.

Abogados y organizaciones de víctimas han señalado que todavía existen grupos paramilitares que actúan en el país. Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), recordó que "estos grupos han estado bajo la conducción de agentes del Estado, de multinacionales y de instancias del poder político y económico".

AUDIOS:

-Iván Cepeda, del Movice. (no actuaron solos) archivo mp3

-Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"(siguen movilizados)archivo mp3

-Julio César Pichoti, víctima de paramilitares(denuncia)archivo mp3

Los paramilitares, presentes en 24 departamentos

Democracia formal, pero bajo amenaza

Una misión internacional de observación denuncia graves amenazas en vísperas de las elecciones parlamentarias que se realizarán en Colombia el 14 de marzo, cuando se elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, y de los comicios presidenciales de finales de mayo.

La misión, integrada por diez organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Canadá, informa que las amenazas consisten en asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, compra de votos, y chantajes con el otorgamiento de subsidios oficiales.

Estas amenazas son atribuidas a grupos armados legales e ilegales y también a funcionarios como "alcaldes y gobernadores", según Laura Carlsen, directora del programa de las Américas del Centro de Política Internacional.

"En algunas regiones se identificó que pese al aumento del pie de fuerza de la policía y el ejército, la confianza ciudadana no se ha logrado y las tasas de homicidio siguen amentando", dice Ted Lewis, de Global Exchange.

Los observadores informaron que "en muchas regiones del país organizaciones ciudadanas insisten en que los grupos paramilitares que se desmovilizaron siguen actuando contra la población civil".

"Mientras las autoridades consideran que los grupos paramilitares se han desmovilizado y ya no existen y que las estructuras que se nutren del narcotráfico están desarticuladas y representan expresiones aisladas de violencia, la población civil se muestra inquieta ante su presencia y control territorial", señala Lewis.

Pero hay amenazas de otro tipo, según los observadores, quienes dicen que recibieron quejas sobre concesiones de subsidios de la agencia Acción Social, adscrita a la Presidencia de la República. "Aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con beneficiarios de los subsidios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia del Partido de la U (el partido de Uribe), los subsidios que reciben del Presidente de la República se acabarán", relata Lewis.

La misión de observación dice también que recibió muchas quejas de los partidos políticos sobre la presunta compra de votos por parte de otras organizaciones partidistas.

A Silvia

Por María Jimena Duzán(Revista Semana)

La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.

Van a cumplirse 20 años de aquel 26 de febrero de 1990 en que mi hermana Silvia y tres líderes campesinos de Cimitarra, Josué Vargas, Raúl Barajas y Saúl Castañeda fueron asesinados a mansalva por un comando narcoparamilitar del Magdalena Medio y aún me cuesta poner en palabras lo difícil que han sido para mí estos años de impunidad.

Durante este tiempo he ido de la ira al miedo y de la indignación al temor que deja en uno la amenaza. Sin embargo me considero una víctima afortunada a pesar de todo. Yo terminé en un exilio forzoso mientras que la hija de Josué Vargas se convirtió en desplazada y le tocó llegar a Bucaramanga sin dios ni ley a vivir arrimada en un cuarto, luego de que los victimarios la despojaron de sus tierras. En esos tres años que estuve por fuera del país me dediqué a escribí un libro sobre la tenebrosa década de los 90 desde mi condición de reportera de El Espectador. En él relaté innumerables asesinatos y recordé los últimos días de Guillermo Cano antes de su muerte pero deliberadamente evité ahondar en el que más me dolía.

En mis intentos por olvidar lo inolvidable llegué al extremo de borrar de mi memoria la razón por la cual mi hermana y yo llegamos a Cimitarra. Adrede borré el día que conocí a estos líderes campesinos y sepulté sin mayor contemplación su gesta solitaria al frente de la Cooperativa del Carare, Atcc, cuyo objetivo era el de hacer un laboratorio de paz para defenderse de los violentos y de la guerra que se les venía encima. Olvidé sus rostros sólo para no tener que recordar la sonrisa de Silvia. Olvidé su modo de andar y hasta su voz. Por mucho tiempo no quise saber cuáles fueron las circunstancias de su muerte ni quise conocer a las familias de los campesinos.

Mientras yo me consumía en la desmemoria, la impunidad hacía de las suyas. En septiembre de 2004, 14 años después de la masacre, la justicia colombiana condenó a 11 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional, a un militar del Ejército y a dos civiles por el delito de conformación de grupos de justicia privada. Sin embargo, el Tribunal Nacional en segunda instancia los absolvió. La investigación contra el oficial comandante de la Policía de Cimitarra fue remitida a la justicia penal militar, que lo absolvió, y al comandante del batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional se le prescribió la investigación. Lo mismo sucedió con los paramilitares Hermógenes Mosquera Obando, alias el 'Mojao', y Joaquín Emilio Cataño alias 'Gerónimo'. A ellos se les prescribió la investigación por fuerza mayor, para ese momento ya estaban 'chupando gladiolo' hacía rato: los dos ya habían sido "ajusticiados" por los propios narcoparamilitares. En cuanto a los autores intelectuales de la masacre, todos -o casi todos- los jefes de las autodefensas del Magdalena Medio de ese momento están hoy muertos.

Henry de Jesús Pérez, quien se presume habría dado la orden para ejecutar la masacre, fue asesinado a los pocos meses. Lo mismo sucedió con su sucesor Ariel Otero. Los únicos comandantes de las autodefensas del Magdalena Medio que quedan vivos, Ramón Isaza, gerente en ese entonces de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y 'Ernesto Báez', para la época, jefe político de las autodefensas de la zona, no han sido vinculados a la masacre, a pesar de que los dos se desmovilizaron y están dentro de Justicia y Paz. Ramón Isaza dice sufrir de alzhéimer aunque sí se acuerda que él no cometió ninguna masacre. Y 'Báez' ha hecho cerca de 10 versiones ante los fiscales de Justicia y Paz pero ninguno ha encontrado méritos para vincularlo. Qué importa que una semana antes de la masacre él hubiera acusado por Caracol a los dirigentes campesinos de ser un frente civil de las Farc.

La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.

La tesis macabra de reducir al periodista que investiga, al campesino que no se somete ni a las Farc ni a los paras, a cómplice de la guerrilla ya no sólo es potestad de un sujeto como 'Báez', sino que forma parte de la artillería de varios precandidatos uribistas y hasta del lenguaje del propio Presidente de la República. "No andarían recogiendo café", fue la primera reacción del Presidente cuando se denunciaron los primeros falsos positivos.

Si hay algo que he aprendido en estos años de incomprensión es que nadie se merece morir como murió asesinada mi hermana y los tres líderes campesinos. Ni siquiera los guerrilleros. De la misma forma que no hay víctima que se merezca vivir para siempre en la impunidad. Hace unos años tuve la intención de ir a donde 'Báez' o a donde Isaza a preguntarles si podían vivir tan tranquilos con tantos muertos encima. Ahora ya no pierdo el tiempo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, TeleSur, BBC-Mundo, Prensa Latina y Semana.com)

Latinoamérica:Economía e Integración

LA CUMBRE DEL ALBA SE DISPONE A SUSTITUIR EL DÓLAR POR EL SUCRE, UN PRIMER PASO HACIA LA SOBERANÍA FINANCIERA. TAMBIÉN SE PRONUNCIARÁ CONTRA LAS BASES MILITARES EXTRANJERAS

Los países de ALBA buscarán desde el viernes en Bolivia establecer un sistema de compensación para las operaciones comerciales de la región como primer paso para crear el SUCRE por el dólar. El SUCRE (Sistema Unico de Compensación Regional), que comenzaría a operar en 2010 en el comercio entre los países del ALBA, daría así el primer paso en la creación de una moneda única similar al euro de la Unión Europea.

Se trata de avanzar en la búsqueda de "soberanía económica y monetaria", según el viceministro boliviano de exportaciones, Huáscar Ajata, porque los países del sistema "realizaríamos las transacciones mediante un medio de compensación propio". La creación del sistema que postula comercio justo en base a la compensación en lugar de la competencia libre será tema central de la reunión de presidentes de los nueve países de ALBA que comenzará el viernes en Cochabamba.

Tras la firma del tratado constitutivo del Sucre, un equipo técnico multidisciplinario formado por delegados de los nueve países que integran la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América trabajará para poner en marcha el sistema. Según Ajata, uno de los beneficios mayores del sucre "será la reducción de riesgos provenientes del tipo de cambio", lo que facilitará la inversión "a través de las fronteras y el intercambio" comercial.

Además, los mandatarios del ALBA (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y Granadina y Antigua y Barbuda) también debatirán la creación de un tribunal internacional de arbitraje que reemplace al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

En la cita los jefes de Estado también deliberarán sobre un proyecto de Declaración, a iniciativa de Bolivia, sobre políticas y procedimientos de protección de la Tierra, para llevar a la Cumbre del Clima de Copenhague.

El gobierno boliviano informa que es posible la presencia en la Cumbre del presidente Fernando Lugo, de Paraguay, y de invitados de Uruguay, República Dominicana, Haití y Rusia como observadores

Rechazo a la instalación de bases militares extranjeras

La VII Cumbre del Alba, aprobará una declaración de rechazo al régimen dictatorial de Roberto Micheletti en Honduras y contra la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. Sobre Honduras, la cumbre pretende dar un respaldo al mandatario constitucional Manuel Zelaya, quien forma parte del Alba, y condenará la posición de Micheletti, y pedirá que éste sea juzgado por atentar contra las libertades de expresión, de circulación y de pensamiento, y por las muertes ocurridas durante su régimen.

Sobre la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, los mandatarios del Alba rechazarán el convenio suscrito por los gobiernos de ambas naciones. De hecho, puede imponerse la propuesta de la “línea dura” encabezada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien en las últimas reuniones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la celebrada en Bariloche (Argentina) y en Quito (Ecuador), no consiguió que se aprobara su propuesta de imponer controles regionales a la instalación de bases militares extranjeras.

Según el canciller boliviano David Choquehuanca, hasta este jueves está confirmada la asistencia a la VII Cumbre del Alba de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Venezuela, Hugo Chávez; de Nicaragua, Daniel Ortega, y los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, Ralph E. Gonsalves; de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, y de Dominica, Roosevelt Skerrit. La participación del presidente de Cuba, Raúl Castro, en esta reunión no está confirmada, al igual que los mandatarios Fernando Lugo, de Paraguay, y la canciller hondureña, Patricia Rodas, quien puede representar a Zelaya.

El Alba fue creado hace ya cinco años , como una alternativa al TLC (tratado libre de comercio) impulsado por Estados Unidos. Ahora, el Alba ,pretende fortalecerse como un bloque económico parecido al sistema de la Unión Europea.

En esta cumbre también se celebrará una primera reunión de complementariedad productiva que reunirá a empresarios de Cuba, Ecuador, Venezuela y Bolivia para realizar ruedas de negocio entre los países que forman parte del grupo económico.

El viceministro boliviano de Comercio Exterior, Pablo Guzmán, explicó que se trabajará en un reglamento consensuado en un 90 por ciento para establecer a cuánto equivale
un “sucre” en la moneda de cada país miembro del Alba.

Por el comercio justo entre los pueblos


El vicepresidente boliviano, Álvaro García, subraya que la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) será el espacio ideal para impulsar el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). En conferencia de prensa, García precisó que las medidas implementadas al respecto permitirán encarar el desarrollo regional de forma conjunta y bajo principios de complementariedad y no de competitividad como pretenden los países imperialistas.

El TCP es el resultado de una propuesta defendida por el presidente Evo Morales , como respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados. En reiteradas ocasiones el mandatario boliviano ha planteado ese presupuesto como política alternativa frente a la competitividad del Tratado de Libre Comercio (TLC) impulsado por Estados Unidos.

Cumbre de los movimientos sociales

Más de 700 delegados de los movimientos sociales y pueblos indígenas de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), inician este jueves en Cochabamba su primera cumbre. A las deliberaciones en la Casa Campestre, a unos 10 kilómetros del centro de Cochabamba, asisten además representantes de 40 países de América, Europa, África y Asia.Entre los temas de esa cita, que forma parte de la VII Cumbre del ALBA, sobresalen economía comunitaria, cambio climático, soberanía alimentaria, autonomía-autodeterminación, consulta y participación sistemática en proyectos y megaproyectos.También debatirán sobre los fundamentos del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), esta última es una iniciativa del presidente boliviano, Evo Morales.

Los acuerdos y resoluciones alcanzados en las siete mesas de trabajo serán presentados a los presidentes y representantes de los países que conforman en mecanismo de integración regional, en un acto de masas que se celebrará el próximo sábado en el Estadio Felix Capriles. Esta concentración, a la que se espera la asistencia de unas 30 mil personas, será el colofón de la Cumbre.

(Fuentes:ANSA-Latina, Radio Erbol,Prensa Latina y La Prensa-La Paz)

Colombia-EE.UU-FARC

CON OBAMA, ESTADOS UNIDOS SE IMPLICA AUN MÁS EN EL CONFLICTO COLOMBIANO Y CONVIERTE SU TERRITORIO, CON AL MENOS TRES NUEVAS BASES, EN EL PRINCIPAL BASTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN MILITAR Y PARAMILITAR EN LA REGIÓN ANDINA

Uribe acuerda ''acceso'' estadounidense a bases militares

Por Constanza Vieira (*)

En plenas vacaciones del parlamento de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe confirmó que destinará al menos tres bases para uso estadounidense. "Parece que Estados Unidos planifica aumentar su dedicación militar y paramilitar al conflicto colombiano", evaluó el experto Wilbert van der Zeijden, del Transnational Institute.
Van der Zeijden, miembro de la Red Mundial por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, no descartó que los estadounidenses "prevean participar en misiones en el terreno junto con el ejército colombiano". El jueves, Estados Unidos inició el retiro de tropas de la base de Manta, situada en la costa occidental de Ecuador sobre el océano Pacífico y cedida en 1999 a la fuerza aérea estadounidense para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.

En la tarde del miércoles, el gobierno colombiano reconoció que está por firmar un convenio ampliatorio de la cooperación militar con Estados Unidos, que destina tres bases militares para uso del Departamento (ministerio) de Defensa de ese país, aunque el analista militar Alfredo Rangel se refirió a cinco. El gobierno mencionó las bases de Malambo, en el extremo norte cerca de la costa atlántica y con dominio sobre el mar Caribe, de Apiay, en el centro-sur, que controla la Orinoquia y la Amazonia, y Palanquero, la principal instalación aérea, en la zona central de este país andino, a la que la administración de Barack Obama ya le destinó una partida de 46 millones de dólares para readecuaciones en 2010.

Según Bogotá, no se trata de ningún pacto nuevo, sino de una reforma de una cooperación militar de decenios, que llamó "acuerdo simplificado" y que tendrá una vigencia de 10 años, similar al tratado para el uso de Manta que habían firmado Washington y Quito, que expirará en noviembre y cuya renovación rechazó el gobierno de Ecuador.

Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto. Desde enero de 2000, Washington aplica el Plan Colombia, presentado inicialmente como antidrogas, pero luego convertido también en contrainsurgente y dirigido contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estados Unidos califica a las FARC, guerrilla campesina nacida en 1964, como organización "terrorista" y el mayor cartel de drogas del hemisferio occidental. El gobierno colombiano se esfuerza por conseguir que Estados Unidos no rebaje más de lo previsto la financiación del Plan Colombia, que le permite enfrentar cómodamente a la guerrilla mediante operaciones aéreas y aumento de tropas.

El Plan Colombia habilita la presencia de 800 militares estadounidenses en calidad de asesores y de 600 "contratistas". Su centro de operaciones es la base de Tres Esquinas, en el sur del país. El nuevo "acuerdo simplificado" incluye el estacionamiento de idénticas cantidades de personal, y ambos gobiernos sostienen que no se aumentarán esos topes.

Con la advertencia de que está en juego la soberanía de Colombia, la reacción interna al convenio no se hizo esperar, incluso de parte del Consejo de Estado y de un sector del parlamento, incluyendo legisladores oficialistas. El gobierno se apresuró a remarcar que el acuerdo "aún viene siendo discutido". Sólo el jueves al mediodía, el Poder Ejecutivo informó al Consejo de Estado, encargado por la Constitución de pronunciarse previamente sobre la legalidad de un tratado militar como éste, aunque su concepto no es obligatorio. El presidente del Consejo, Rafael Ostau Delafont, dijo que la reunión fue apenas "un acercamiento" y remarcó que la Constitución prevé para estos casos "que intervengan también otras ramas del poder público, en este caso la Rama Judicial". Entretanto, el senador Jairo Clopatofsky, del gobernante Partido de la U, anunció que citará al gobierno a un debate sobre el tema tan pronto se inicie la legislatura el lunes 20. El debate no cuestionaría la cooperación militar, según Clopatofsky, sino el hecho de que "es atribución del Senado de la República el movimiento de tropas" extranjeras en el país. La Constitución exige consulta previa al Consejo de Estado y aprobación del Senado para el ingreso o el paso de tropas extranjeras en territorio nacional.

"Obtener acuerdos con países como los Estados Unidos", defendió Uribe, "para que nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país". El embajador estadounidense William Brownfield terció el jueves, enfatizando que en el acuerdo "no se habla de bases". "La verdad es que las Fuerzas Armadas de Colombia son las más sofisticadas de toda la región de América Latina. No necesitan nuevas bases. Tienen sus bases. La cuestión es acceso", puntualizó Brownfield. El diplomático explicó que "el gobierno colombiano va a autorizar cada misión cien por ciento", y, tal como está acordado ya en el Plan Colombia, "cada misión tendrá un representante del gobierno colombiano --policía o Fuerzas Armadas-- a bordo de los aviones, y las misiones serán con la autorización específica y explícita del gobierno colombiano". El ministro de Defensa encargado y comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, dijo que generales de la fuerza aérea seguirán al mando de las bases en las que se estacionarán tropas estadounidenses.

La noticia del traslado de las funciones de Manta a Colombia fue confirmada el 14 de abril por Brownfield, en medio de una visita de Uribe a Venezuela, cuyo mandatario Hugo Chávez se mostró receloso ante versiones anteriores de que esa base sería trasladada al pie de la frontera colombiana con su país, en la península de La Guajira. En rueda de prensa conjunta con Chávez, Uribe declaró entonces en Caracas que "nadie en Colombia… está autorizado para dar ese tipo de declaraciones que mencionen la palabra ‘Manta’". "Se trata de una cooperación entre los dos países (Colombia y Estados Unidos) para combatir el narcotráfico", agregó. Mientras Uribe minimizaba el asunto ante el segundo socio comercial de su país, en Bogotá el general Padilla señalaba que "va a haber una ausencia de una base que estaba prestando un enorme servicio en la lucha contra el narcotráfico, entre otras misiones. Y esa ausencia, hay que ver la manera de subsanarla". Se trataría, dijo entonces el oficial a Caracol Radio, de "una participación que sea efectiva, contundente, pero en los parámetros del siglo XXI", y no se repetiría "la forma como fue Manta". Las bases colombianas serían utilizadas "logísticamente", agregó. Pero, el jueves el mismo Padilla relativizó el "acceso" de militares estadounidenses a las bases colombianas. Éstos se dedicarían a actividades "como hacerle mantenimiento técnico en apoyo a Colombia, por ejemplo, para los helicópteros Black Hawk", pues "nosotros no tenemos personal colombiano suficiente".

En todo caso, los militares estadounidenses no tendrán que responder ante las leyes colombianas pues el "acceso" incluye una cláusula de inmunidad. "Una vez que se permite el ingreso de militares de Estados Unidos a un país, suele ser difícil contenerlos, tienden a expandir sus operaciones sin importar si están comprendidas o no en el acuerdo firmado sobre el estatuto de las tropas", comentó Van der Zeijden a IPS en abril. Además, "las bases militares son habitadas sobre todo por hombres jóvenes, aburridos y frustrados. Lejos del hogar, familia, amigos, novias o esposas, buscan distracciones en la ciudad" más cercana, advirtió. "El resultado ha sido un notable aumento de delitos, incluyendo violaciones, tráfico de drogas, robos y abusos violentos", señaló Van der Zeijden. En Ecuador, "la base condujo a un marcado crecimiento de la prostitución en Manta". Por otra parte, el experto estimó que "la cercanía tan estrecha con Estados Unidos aísla más y más a Colombia en América Latina. Esto no puede ser bueno tampoco para su situación económica".

Hasta abril, en Colombia se ignoraba que el gobierno estuviera negociando cualquier "acceso" a bases nacionales. El entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que había mostrado oposición a la idea, sorpresivamente ofreció el 5 de marzo al jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Michael Mullen, "ampliar las facilidades en algunas bases aéreas". El jueves, en una cumbre en La Paz de los mandatarios de Bolivia, Ecuador y Venezuela, el presidente boliviano Evo Morales dijo que "es traidor de su país, es traidor de su patria" el político que permite el ingreso de tropas estadounidenses.

(*)Crónica de la corresponsal en Colombia de la agencia de noticias IPS, del 17 de julio.

EL VÍDEO EN EL QUE EL JEFE MILITAR DE LAS FARC 'ADMITÍA' HABER FINANCIADO LA CAMPAÑA DEL PRESIDENTE DE ECUADOR RAFAEL CORREA, ES FALSO

De burrada en burrada(*)

Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, afirma un popular dicho colombiano. La visión del presidente Obama de construir unapolítica internacional que supere la lucha ideológica y militarista dela guerra fría no parece haber sido escuchada y menos atendida por sus
supuestos representantes en estas tierras. Apenas ha cambiado el lenguaje. La amenaza ya no se llama comunismo, sino chavismo, y comoparece políticamente incorrecto atacar al chavismo como al comunismo (con golpes de Estado, operaciones militares abiertas y apoyo a
regímenes violatorios de derechos humanos), entonces agazapan la confrontación ideológica bajo la égida de lucha contra "el narcotráfico y el terrorismo".

Al tiempo que Chávez seguía como protagonista en la crisis de Honduras y empezaba a liderar el debate continental por el traslado de operaciones militares estadounidenses de Manta a Colombia, una agencia norteamericana publicó un informe según el cual Venezuela es el nuevo
"narcoestado" de la región y epicentro de las "principales rutas de narcotráfico". Basta un mínimo de sentido común para reconocer que si Colombia es el epicentro de los cultivos de coca en la región, es también el origen de las "principales rutas de narcotráfico".

Cualquier ruta de coca que pase por Venezuela pasa o se origina en Colombia. Pero lo conveniente ideológicamente es decir que Venezuela es un narcoestado y callar sobre el estado de la democracia colombiana.

Como ese informe no logró enterrar el debate del traslado de las bases ni el protagonismo del presidente Chávez, optaron por una acción más contundente: filtrar un video en el que supuestamente el 'Mono Jojoy' confirma que las Farc financiaron la campaña del presidente Correa.

Como era obvio, el video se volvió una "bomba noticiosa". Un mínimo de rigor periodístico obligaba a los medios a informar que el video fue incautado hace más de dos meses, a pesar de lo cual no ha sido judicializado, y que está editado, es decir que lo que allí se ve fue manipulado por quien lo incautó y seguramente lo filtró: el Ministerio de Defensa de Colombia.

Sería malpensado creer que la embajada norteamericana en Colombia es parte de la "bomba noticiosa" de no ser porque más se tardaron en filtrar el video que en salir el embajador norteamericano a resaltar la contundencia y la gravedad de lo denunciado en el video y a pedirle
a la comunidad internacional que lo tome seriamente. A continuación se cumplió lo "sugerido". La Casa de Nariño ratificó la contundencia y seriedad del video, el ex ministro Santos declaró sobre el video que "más claro no canta un gallo" y el Gobierno lo envió a la OEA y la Interpol. La historieta y el repertorio es tan obvio que ni siquiera nos dejaron algo para la imaginación. Si eso hacen sin que estén operando las bases en Colombia, ¿qué no harán cuando las tengan?

Cualquiera que haya estudiado un mes a las Farc sabe que se caracterizan por la paranoia y compartimentación de información. Es inverosímil que el 'Mono Jojoy' reuniera a un montón de troperos farianos a leerles asuntos del secretariado. La voz y las imágenes no coinciden. Los cortes son abruptos, la intercalación de temas inconexos es evidente y los empates de la edición son como de estudio de garaje. Pero esos detalles no los nota un televidente desprevenido,
mucho menos cuando la introducción de los titulares y presentadores esque apareció "la prueba reina", "irrefutable" de que las Farcfinanciaron a Correa.

Cincuenta años de práctica y retórica "antisubversiva" no se paran en un día. Pero ya va siendo tiempo de que la nueva política de Obama se note en la práctica de sus operadores militares y políticos regionales y no sólo en sus discursos. La torpeza de la práctica antisubversiva
norteamericana incendió de violaciones y guerras este continente y volvió a unos tiranos "héroes revolucionarios" y a otros "héroes de lademocracia". La inercia torpe de esa práctica y retórica ha vuelto a Chávez "héroe antiimperialista". La era Obama de política exterior no se sentirá efectivamente en Latinoamérica si la práctica de sus embajadores no empieza a coincidir con los discursos de su Presidente.

Claudia López

(*) Columna publicada este martes por el diario colombiano El Tiempo

Colombia:Conflicto interno

GOBIERNO Y CAFETEROS SE ESCANDALIZAN POR UNA TIRA CÓMICA NORTEAMERICANA QUE ALUDE A LAS MATANZAS, MIENTRAS MILITARES Y PARAMILITARES SIGUEN PRACTICÁNDOLAS

La poderosa Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que agrupa a buena parte de los cultivadores, anuncia una demanda contra el prestigioso dibujante norteamericano, el Premio Pulitzer Mike Peters. No les ha gustado que en un capítulo de la historieta Mother Goose & Grimm, que publican muchos diarios de Estados Unidos, se hable de Juan Valdez y se recuerde que en Colombia se producen habitualmente matanzas de sindicalistas, defensores de los derechos humanos....
La historieta fue reproducida el pasado lunes en la edición electrónica de El Tiempo, el principal diario colombiano.
El capítulo comienza con Mother Goose sosteniendo una taza y diciendo: "Mm, café colombiano por la mañana". Enseguida, Ralph, uno de los personajes de la serie, le comenta: "¿Sabes?, en Colombia hay un considerable crimen organizado".
En el cuadro siguiente, Ralph agrega: "O sea, cuando dicen que hay un pedacito de Juan Valdez en cada tarro (de café), a lo mejor no están bromeando".
Finalmente, Grim le pregunta a Mother Goose: "¿Por qué estás tomando té?" y ella le contesta: "No preguntes".

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia considera que ataca la dignidad nacional y anuncia que demandará al autor de la historieta por daños económicos y morales.
"En dicha pieza se asocia el crimen organizado y las atrocidades de los grupos violentos con el trabajo duro, dedicado y honesto de las más de 500.000 familias de cafeteros del país", dice Gabriel Silva, actual presidente de los caficultores y asesor presidencial durane el gobierno de César Gaviria (1990-1994).

Por el contrario, el conocidos caricaturista colombiano Vladimir Florez, Valddo, de la revista Semana, defiende al autor de Mother Goose & Grimm. "Mike Peters no tiene la culpa de que en Colombia haya violencia, descuartizamientos y otros horrores causados a punta de motosierra por organizaciones criminales. Según Vladdo, una acción legal contra Peters "va a ser como un tiro en un pie y se nos va a devolver, como le pasaba al Coyote con el Correcaminos".

Al veterano caricaturista del diario El Espectador, el asunto no le merece "mayor comentario". "Los colegas del dibujo sabemos que a veces se hacen alusiones forzadas, poco felices. No vamos a dibujar en Colombia hot dogs, como si fueran producto de las torturas de Abu Ghraib.

Julio César González, Matador, dibujante del diario El Tiempo, defiende el trabajo de Peters. Cree que nadie dejará de "consumir una deliciosa taza de café colombiano por una tira cómica. Si así fuerala Chiquita Brands o la Coca Cola me hubiesen demandado por mis caricaturas que los vinculaban con los paramilitares".
El dibujante considera la reacción y la amenaza de demanda "una verdadera pérdida de tiempo" de la Federación de Cafeteros.

La Federación de Cafeteros informó que una firma de Nueva York será la encargada de entablar la acción legal contra el autor de Mother Goose & Grimm.

Peters se disculpa, pero la tira sigue en su sitio

Mike Peters presentó disculpas, pero mantiene la tira cómica en su página de Internet http://www.grimmy.com/. El dibujante presentó disculpas a quien se haya sentido ofendido por la caricatura y manifestó que simplemente pretendía hacer reir con esta referencia. Peters manifiesta que de igual forma lo ha hecho con el inventor de las papas Pringles y otras empresas que han sido motivo de sus caricaturas.

Esta es la carta de disculpas enviada por los representantes de Peters al diario bogotano El Tiempo.

"Primero que todo permítame empezar diciendo que yo adoro a Colombia. Adoro a los colombianos. Uno de los viajes más memorables de mi vida fue a Colombia. Yo no tuve ningún pensamiento de insultar a Colombia, como tampoco lo tuve con Pringles, Betty Crocker, Col. Sanders, Dr. Pepper y Bartles & Jaymes. La tira cómica fue hecha para ser leída junto con una serie semanal, cuyo tema está basado en el hecho que las cenizas del inventor de la lata de Pringles fueron enterradas en una de ellas. Pensé que esto era un tema humorístico y todas mis caricaturas de Mother Goose & Grimm son hechas para hacer reír a la gente. Yo sinceramente no pensé en insultar.

A cualquier persona que haya ofendido, le pido que por favor acepte mi disculpa más sincera.

Sinceramente,

Mike Peters"

Y estos algunos de los comentarios de los lectores colombianos:

"Que vergüenza la actuación de la federación de cafeteros, amenazando con demandas millonarias a un caricaturista solo porque no les gustó lo que escribió. la caricatura es una caricatura. a algunos les parece graciosa, a otros no. algunos la encuentran ofensiva. ni modos. que la federación de cafeteros demande, así un tribunal podrá decir que la libertad de expresión se respeta y que los intereses económicos de un gremio no están por encima del derecho mas sagrado después de la vida: la libertad...."

" Al fin y al cabo esa es la fama que hay, y los politicos corruptos contribuyen a esa imagen de país tercermundista y con su comportamiento lo reafirman cada vez, así que no hagan la de sentirse insultados, cuando los mismos politicos insultan diariamente a los pobres que los eligen..."

Y mientras tanto, sigue la matanzón

Juan Carlos Castro director de la Red de Paz en el Occidente de Colombia, ONG de defensa de los derechos humanos, asegura que son al menos 50 los casos de ejecuciones de civiles por parte del Ejército en falsos enfrentamientos. En una entrevista con el canal Telesur, Castro aseguró como "insuficiente" el trabajo de la justicia colombiana sobre tema.

El hecho de que ya se eleven a más de 50 los casos de 'falsos positivos', como se denomina en el argot militar a las ejecuciones de jóvenes a los que se hace pasar después por guerrilleros muertos en combate, está conduciendo a un clima de gran incertidumbre entre la población. Castro considera que deben seguir las detenciones de militares implicados en esta matanza. "El hecho importante en sí es que la Fiscalía haya hecho estas capturas, puede ser el inicio para que se mejore la situación al interior del Ejército pero que no es suficiente hasta tanto no se revise la política de seguridad definida por el Gobierno nacional y ponerla al servicio de la población como lo establece el Artículo Segundo de la Constitución colombiana".

Sobre la participación internacional, Castro califica de "muy importante" la presencia de la ONU, así como de otros organismo internacionales por el apoyo humanitario y económico del que se sirve Colombia."Si Colombia hace parte de la ONU no podemos ser excluyentes en las situaciones nacionales, por lo que consideramos importante, valioso y fundamental la presencia de los organismos internacionales, no solamente con aquellos que tienen que ver con los Derechos Humanos, sino con todo el apoyo económico que se le presta al país".

La CIA conoce las prácticas del ejército colombiano desde 1990

La CIA y el servicio diplomático estadounidense conocían desde por los menos 1990 la práctica de ''falsos positivos'' del ejército de Colombia y otras incursiones al estilo de escuadrones de la muerte, según documentos desclasificados obtenidos por los Archivos Nacionales de Seguridad (National Security Archive), un organización no gubernamental de Washington.

Por la presunta participación en esta práctica, el gobierno del presidente Álvaro Uribe separó de sus cargos a una treintena de militares a finales del año pasado.
Los resultados de la investigación son desconocidos, pero ahora los nuevos documentos reflejan que se trata de una práctica bastante antigua en las fuerzas militares colombianas.

Un cable de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, fechado en 1990, reportó que un informe de la Procuraduría colombiana sobre nueve personas muertas que el ejército identificó como guerrilleros, "sugiere claramente que fueron ejecutados por el Ejército y vestidos con uniformes de camuflaje''.
Según el informe, un juez militar que llegó al lugar de los hechos "aparentemente descubrió que no había agujeros de balas en los uniformes militares que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas''.

A raíz de la revelación de los documentos el ministro de defensa de Colombia Juan Manuel Santos, advirtió que no se debería ''inflar'' el problema de las ejecuciones extrajudiciales.
''No se puede generalizar en forma alguna casos que se hayan podido dar y que hay que, también, tener cuidado con gente que quiere inflar el problema mucho más allá de lo que es'', sostuvo Santos.

Otro de los documentos contiene un informe de 1994 del entonces embajador estadounidense Myles Frechett en el que señala que entre los oficiales del ejército prevalece una ''mentalidad de contabilidad de muertos'' para lograr su ascenso.
''Comandantes de campo que no puedan mostrar antecedentes de actividades antiguerrilleras agresivas, donde ocurren la mayoría de abusos de derechos humanos de los militares, se ponen en una posición de desventaja en épocas de ascensos'', escribió Frechett.
Otro informe desclasificado indica que la CIA informó en 1994 que el éjercito continuaba "empleando tácticas de escuadrones de la muerte en sus campañas de contrainsurgencia''.

Los militares, dice el informe de la CIA, tienen un historial de ''asesinar civiles izquierdistas'' en áreas de guerrilla, así como de ''cooperar con paramilitares vinculados con el narcotráfico'' y de "matar guerrilleros capturados en combate''.
Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército

Por Michael Evans (*)

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los “falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promovido la idea de usar el “body count” para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.

Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial dirigida por civiles, realmente suficiente para cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna vez los resultados del informe? Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., describen cómo el “síndrome del body count” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinato.

El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece en la colección de los Archives es de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año. “La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas…” Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas” según el cable desclasificado (19900727.pdf).

Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles Frechette subrayaba la misma tendencia. Encontró que la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés es DAO) reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”. Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de que había “una creciente conciencia de que cometer violaciones a los derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial”, era según el DAO, “pensar con las ganas”. (19941021.pdf).

Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá. Encontró que las fuerzas de seguridad colombianas continuaban “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. El documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”. Tradicionalmente, el Ejército no había “tomado prisioneros de la guerrilla”, según el informe, y los militares han “tratado la nueva política de derechos humanos de Gaviria como un requisito formal”. (19940126.pfd).

Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya publicado por el National Security Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano. “Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”. El coronel no identificado también estaba “íntimamente relacionado” con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, “sobre quién tenía pocas cosas buenas qué decir”. La cooperación de militares con paramilitares “venía dándose por algunos años”, dijo el oficial, “pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río”. Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya estaban entre los “que miraban para otro lado” con respecto a la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel, refiriéndose a “la época en que Mora era brigadier general comandando la gran Cuarta Brigada en Medellín… en 1994-95”. (19971224.pdf).

La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada por mucho tiempo de colusión con grupos paramilitares locales. El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín. En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el logro de haber matado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman informó sorprendido: “Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día siguiente) presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate con el Ejército. Después de estas declaraciones contradictorias, se despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres armados robaron los cadáveres de la morgue…” Kamman llamó a estas muertes como “un caso claro de complicidad Ejército-paramilitares” que “aumentaría aún más el de por sí alto nivel de interés de la organizaciones no gubernamentales en el tema de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares”. El embajador dijo además que era “difícil sacar otra conclusión fuera de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido cuadrar bien sus versiones con anticipación”.(20000208.pdf).

Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan para “cuadrar bien sus versiones” en respuesta al reciente escándalo, vale la pena destacar que el “conteo de bajas” (body count) y los “falsos positivos” tienen una historia institucional en la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás. Y, si bien son bienvenidas las recientes medidas para limpiar de las filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres? Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas, pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe completo sobre el escándalo de los “falsos positivos”. Hasta entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.

(*) Michael Evans es investigador de la National Security Archive, organización con sede en Washington que se dedica a tratar de acelerar la desclasificación de documentos oficiales. Desde hace años sigue la desclasificación de documentos relacionados con Colombia. Este artículo se publica en la revista colombiana Semana

(Fuentes: BBC-Mundo, Portafolio.com, Agencia PÚLSAR, TeleSur, El Nuevo Herald-Miami, Semana-Bogotá)