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8.8.16

Colombia: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SANTOS REINAUGURA LAS ODIOSAS "CHUZADAS", INSTAURADAS POR SU ANTECESOR URIBE, Y TRATA DE AMEDRENTAR A QUIENES LAS DENUNCIAN

Juan Manuel Santos intenta que la periodista Claudia Julieta Duque, entre en pánico y deje de denunciar los desmanes del poder que él representa. Desde que denunció en un extenso y documentado reporte que publicamos aquí, el regreso de las "chuzadas" (el acoso y espionaje burdo a periodistas y oponentes,mediante grabaciones ilegales, realizado durante el siniestro mandato de su antecesor, Álvaro Uribe, líder en la sombra del proyecto paramilitar colombiano), no deja de ser incomodada mediante llamadas constantes,  como ella misma denuncia en una carta dirigida al Director de la UNP. Aquellas "chuzadas" las realizaba el  DAS, una especie de policía política, felizmente desmantelada. ¿Ha sido sustituida por la UNP? Lean la carta y el reporte y juzguen.





Distinguido doctor Mora,

Le escribo esta carta con copia a diversas organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos con el objetivo de parar la desenfrenada serie de llamadas telefónicas y acoso que, por cuenta de mi reportaje "Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP" (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp4.html ) están sufriendo de parte suya personas allegadas a mí. Y lo hago abiertamente, porque considero que ya es hora de dejarle en claro a usted, y a ellos, varias cosas.

Entiendo que usted esté acostumbrado a un periodismo arrodillado, que se silencia frente a la menor presión, que cede frente a "favores" personales, que calla cuando se lo exigen desde el alto gobierno. Lo entiendo, porque ese es el periodismo que hoy prima en un país como el nuestro, tras años de ataques, obstrucciones y censura. Pero para fortuna mía y de los resquicios de libertad de información en Colombia, la trinchera desde la cual trabajo por los derechos humanos desde la investigación periodística ha sido construida con años de esfuerzo, dignidad y credibilidad, a prueba de obstáculos y presiones. Ni el Equipo Nizkor ni yo en lo personal hacemos parte de la cohorte de medios silenciados, a veces por miedo, a veces por complacencia.

Usted no necesita intermediarios para hablar conmigo, y esos intermediarios jamás se atreverían a pedirme que me calle o deje de hacer mi trabajo porque -se lo habrán dicho- si hay algo que me caracteriza es la persistencia y la resistencia frente a todo tipo de embates. Desde el día de la publicación del reportaje, usted inició un recorrido histérico por las organizaciones e instituciones que me han apoyado y salvado mi vida a lo largo de los años, para buscar silenciarme y, según usted, "desarmarme". Lamento que usted siga considerando que mi investigación periodística se debe a una venganza personal en contra suya, pero serán los hechos los que le demuestren lo contrario.   Estoy cansada de recalcarle que mi situación de riesgo y las desavenencias sobre mi esquema de protección NO tienen relación alguna con mi reportaje. Sin embargo, usted insiste en desprestigiarme con ese argumento.  Hoy me enteré que anda diciendo que yo pienso escribir un artículo tildándolo de paramilitar por haber sido dirigente del Cúcuta Deportivo.

Desconozco quién le está sembrando cizaña en mi contra y le está generando semejante nivel de paranoia, pero su actitud se asimila a aquella vez que Gustavo Petro estaba preparando un debate en el Congreso sobre las 2 mil personas vinculadas con el paramilitarismo, y para salirle al paso José Obdulio Gaviria publicó los nombres de 2 mil dueños de las Convivir.

 Posteriormente quedó claro que por allí no iba el agua al molino. Para su tranquilidad, quisiera informarle que no tengo ni he tenido nunca en mi poder la carpeta completa del contrato, que nadie me filtró los nombres de los protegidos con botón de pánico, que lo único que obtuve fue una copia del mismo en el mes de marzo,pero que
sólo pude comenzar a investigar el 27 de mayo porque mi incapacidad médica debido a la fractura de mi muñeca derecha terminó el día 26 de ese mismo mes.  Sin embargo, usted ha emprendido una cacería de brujas y una serie de actos intimidatorios contra una funcionaria de OACNUDH a quien yo conocí en el CERREM del 16 de mayo, y a quien le debo -al igual que a la FLIP y FECOLPER- toda mi gratitud por su decidido apoyo, sin el cual estoy segura hoy estaría sin esquema de seguridad.  Esa actitud también me recuerda al DAS de Jorge Noguera, que sorprendido porque con mi investigación y análisis yo me anticipaba constantemente a sus ataques, decidió ordenar acciones de Contrainteligencia en mi contra en el marco de la que llamó "Operación Filtración", para averiguar quién o quiénes me pasaban información desde el interior del DAS.

Se trata de la típica estrategia de quienes insisten en subestimar las capacidades de una periodista investigativa porque sólo conocen el chisme y la infiltración como método de información. Ese no es mi caso, doctor Mora, y mis próximos reportajes sobre el tema de los botones de pánico se lo demostrarán. Por favor no insista más, no busque enemigos donde no los hay. Mis conflictos con la UNP sobre el esquema de protección están siendo dirimidos ante un juez y es allí donde espero una resolución final frente a ese tema.  Mi labor periodística continuará pese las presiones directas e indirectas que usted ha ejercido en mi contra desde que pasé el derecho de petición del 27 de mayo.

No se trata de un ataque personal, pero sí de un hecho que usted insistió en mantener oculto y que yo encuentro de interés noticioso. Si alguien despertó mi curiosidad periodística sobre las características y especificidades del botón de pánico fue usted, al negarse a hablar de ellas.  En resumen, esta carta pretende decirle que seguiré informando. Mi libertad de prensa será siempre directamente proporcional a la medida de los temores y presiones del poder, pues como diría George Orwell "si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír".

Atentamente,
Claudia Julieta Duque Periodista


(A continuación reproducimos el informe-denuncia al que hace mención nuestra compañera Claudia Julieta Duque)


 


Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP


 Hace cinco años el presidente Juan Manuel Santos prometió que "en Colombia A NADIE, a NADIE se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales" |1|. Meses más tarde, al decretar la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló que el país conocía "muy bien" la razón de la liquidación, que no era otra diferente a las sucesivas denuncias por abusos de derechos humanos en los que estuvo involucrada la entidad en sus 58 años de historia, la última de ellas del 2009, recordada como el escándalo de las "chuzadas". De esta manera, con un paquete de reformas que incluyó la creación de la Unidad Nacional de Protección |2| (UNP) como un organismo de seguridad encargado de brindar medidas para garantizar la vida de las personas amenazadas en Colombia -función que hasta entonces le correspondía al DAS, lo que facilitó el espionaje masivo de defensores de derechos humanos, líderes sociales, congresistas, magistrados de las altas cortes y periodistas- Santos dio por superados los escándalos del pasado y anunció una modernización total del sector de la inteligencia y la seguridad en el país |3|. Ese mismo día fueron creadas la Unidad Especial de Migración, dependiente de la Cancillería, y la Dirección Nacional de Inteligencia, con lo que el Ejecutivo colombiano separó de forma tajante las labores de protección de las de inteligencia del Estado. Por ello, si bien la UNP es un organismo de seguridad, no tiene funciones de inteligencia. Aunque desde su creación la UNP no ha estado exenta de denuncias que van desde hechos de corrupción |4| hasta infiltración de los esquemas de seguridad |5|, pasando por amenazas |6|, montajes |7| y homicidios |8| de protegidos realizados por los propios escoltas, hasta ahora todo parecía ser un conjunto de graves hechos aislados producto, de un lado, de la permanencia en la entidad de los "herederos de las malas prácticas del DAS" y, del otro, de la falta de controles administrativos. Sin embargo, desde hace varios meses la Unidad ha comenzado a implementar una medida que, si bien a simple vista podría ser considerada como una adecuación tecnológica para ayudar en eventuales situaciones de riesgo a las personas amenazadas, incluye un dispositivo que le permite a la UNP escuchar -sin autorización- las conversaciones de los protegidos y revive los temores que parecieron haber sido enterrados con la liquidación del DAS.
 
Éste es el botón de pánico, de fabricación china, adquirido por la UNP a través de un contrato "reservado" con la empresa COMCEL S.A. (Claro).
Lateral izquierdo del botón de pánico entregado por la UNP.
Se trata de un botón de pánico que será entregado a 2 mil personas beneficiarias de los programas de protección de la UNP, y que, según las instrucciones dadas por los funcionarios de la Unidad a quienes hasta ahora lo han recibido, debe permanecer activado y cargado las 24 horas del día en todo tiempo y lugar. El "botón de ayuda", como lo llama la UNP, está equipado de un dispositivo de ubicación geográfica (GPS) y permite establecer conversaciones de voz entre quien lo tiene y quien lo monitorea, función que hasta ahora le ha sido ocultada a quienes ya les ha sido implementado, según se desprende de las 25 entrevistas realizadas en el marco de esta investigación. Entre abril y julio de este año, el botón de pánico le fue entregado a personas desplazadas, líderes sindicales, comunitarios, afrocolombianos, reclamantes de tierras, mujeres líderes de procesos locales con perspectiva de género, miembros de la Mesa de Víctimas en diferentes regiones del país, así como a algunos concejales, periodistas y defensores de derechos humanos. A ninguno de ellos la UNP le solicitó autorización para escuchar sus conversaciones, ni menos aún le dio instrucciones para establecer comunicaciones de voz a través del dispositivo en caso de emergencia, si bien algunos de los entrevistados, como Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas en Pereira, o Jimmy Núñez, del Sindicato de Vendedores Ambulantes en Cali, manifestaron su extrañeza frente al hecho de que el botón tiene un "telefonito dibujado al lado izquierdo", pero sólo les enseñaron a presionar el "del centro, que dice SOS". De hecho, la principal queja de los beneficiarios consultados fue la de que si en una eventual emergencia alcanzaran a activar el botón de pánico, probablemente no tendrían una segunda oportunidad para contestar la llamada de la UNP a sus celulares, tal y como les indicaron era el protocolo establecido por la entidad. Shenzhen Co-Creation Technology Co.,Ltd., la empresa fabricante del botón de pánico adquirido por la UNP a través de la empresa COMCEL S.A (Claro), incluye en internet la descripción total de las funciones del dispositivo, entre las que se encuentran el "monitoreo de voz" y la "comunicación de voz de dos vías", como una de las innovaciones tecnológicas más importantes.
Funciones del botón de pánico proporcionadas por el fabricante. Extraído de:
http://www.aliexpress.com/item/sos-panic-button-gsm-gprs-gps-tracker-sos-gsm-alarm-system-anti-kidnapping-gps-tracker-ET017S/32612751979.html
Las irregularidades de un contrato que se tilda de "reservado" El contrato 981 para la adquisición de los botones de pánico fue firmado por el director de la UNP, Diego Fernando Mora, el 17 de diciembre de 2015. Se trata del primer y hasta ahora único contrato de carácter "reservado" de esa entidad, con el argumento de que el secreto es necesario para salvaguardar la vida de los 2 mil beneficiarios de los botones de pánico que serán implementados en los próximos meses. La contratación, por un valor de 1.341 millones de pesos -aproximadamente 435 mil dólares- se firmó en un tiempo récord de 15 días, durante los cuales la UNP elaboró los estudios previos (1º de diciembre) y expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (7 de diciembre) que sustentan el proceso y sus pagos. Si bien en el documento firmado por la UNP y Colombia Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (Claro) se asegura que la compra de los botones de pánico estaba contemplada en el plan de adquisiciones de la entidad para el año 2015, en respuesta a un derecho de petición del Equipo Nizkor, Diego Fernando Mora reconoció que esto no era cierto, lo cual vulnera los requisitos de la contratación estatal, y anunció una investigación interna para determinar la razón de la irregularidad |9|. La UNP también asevera en el contrato que la implementación de los botones de pánico fue presentada en la propuesta de modificación de medidas de protección al Consejo Directivo de la entidad, encabezado por el ministro del Interior, "iniciativa que no fue objetada por el citado órgano directivo". Al solicitársele copia de dicha propuesta, la Unidad sólo adjuntó un certificado sobre la realización de una reunión el 19 de agosto de 2015 y manifestó que no existía un documento escrito y que, en todo caso, dicha información era reservada. Según la UNP |10|, el resultado de la propuesta presentada en agosto fue el decreto 567 de 8 de abril de 2016 |11|, expedido por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas. Sin embargo, en éste no aparece incluida la implementación de botones de pánico como nueva medida de seguridad para los protegidos. En los considerandos del contrato la UNP consagró que "los botones de pánico son una medida de seguridad de alta eficiencia y uso oculto en los esquemas de protección; para que sean efectivos es necesario que su descripción y ubicación no sean reveladas de ninguna forma, con el fin de no alertar el uso de estas nuevas medidas y así que no sean de público conocimiento es necesario acudir a los mecanismos que el estatuto de contratación contempla para este tipo de casos", y que "en virtud del uso que han de tener estos elementos como medida de seguridad, es necesario que el proceso sea reservado en aras de garantizar la eficacia de la misma". Para determinar la reserva del proceso de contratación la UNP se basó en un artículo del decreto 1082 de 2015, que a su vez cita otro de un decreto (1510 de 2013) suspendido por el Consejo de Estado |12| al considerar que el gobierno nacional no podía establecer reservas por decreto, pues éstas deben estar consagradas en leyes promulgadas por el Congreso de la República |13|. Para la UNP, la suspensión de dicha norma facultó a la entidad para decidir en forma autónoma qué contratos deberían tener carácter reservado, en este caso la compra de botones de pánico, "porque se estimó que constituye un bien que presta un servicio idóneo, efectivo, eficaz y adecuado que garantiza la protección de la vida, seguridad e integridad personal, pues permite obtener información inmediata y, de esta forma, generar una reacción rápida que asegura la aludida protección de dichos derechos fundamentales". De esta manera, la Unidad Nacional de Protección desconoció lo resuelto por el Consejo de Estado, que desde junio de 2014 había dejado en claro que "los bienes, obras y servicios que requieran reserva para su adquisición serán los que en esos términos y de manera expresa cuenten con el respectivo amparo legal, pues de lo contrario no podrá predicarse de los mismos condición reservada alguna". Peor aún, en una segunda respuesta enviada al Equipo Nizkor, la Unidad equiparó su accionar al de un organismo de inteligencia al justificar la reserva de la contratación de los botones de pánico citando un concepto del Consejo de Estado, según el cual, "la importancia del secreto justifica que la información relacionada con asuntos de inteligencia y contrainteligencia, los cuales hacen parte de actividades de defensa y seguridad nacional, sea reservada (…) |14|. No revelar la totalidad de las características técnicas vicia el consentimiento de los protegidos Como ya se dijo, las funciones, tamaño y características del botón de pánico se encuentran en internet y coinciden cien por cien con los que han sido otorgados por la Unidad Nacional de Protección a, al menos, 60 personas amenazadas en los últimos meses. El Equipo Nizkor ha tenido acceso a los embalajes, botones, especificaciones técnicas y folletos (en inglés) entregados a los protegidos, y dispone de fotografías de los mismos, lo que le ha permitido constatar que se trata del dispositivo puesto en el mercado por la empresa china Shenzhen Co-Creation Technology Co. Ltd., pionera en el desarrollo de los GPS a nivel mundial, de la cual fue posible obtener hasta los certificados de propiedad intelectual del botón de pánico, que es promovido bajo las etiquetas "panic button, gsm, gprs, gps tracker, sos, gsm alarm system, anti kidnapping gps tracker".


Colores ofrecidos para el botón de pánico por Shenzhen Co-Creation Technology Co., Ltd.
según información de distintos distribuidores del producto online


Fotografía del embalaje del botón de pánico entregado por la UNP a la periodista Amalfi Rosales.
De las especificaciones del botón ofrecidas por la empresa fabricante se desprende que éste tiene, entre otras funciones, las de "seguimiento en tiempo real por satélite GPS", "seguimiento en tiempo real de acuerdo a la ubicación de la red celular", "capacidad de seguimiento en ambientes cerrados", "sensor de movimiento incorporado", "sensor de velocidad", "monitoreo de voz", "comunicación voz a voz de alta calidad con manos libres", "registro de datos de hasta 60 mil ubicaciones", "alarma de movimiento" y "seguimiento en tiempo real en un mapa de computador o de equipo móvil". El Equipo Nizkor entrevistó a 25 personas a quienes el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) decidió otorgarles el botón de pánico como medida de seguridad -recomendación que surge de las consideraciones del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) en el cual son escuchados los analistas de la UNP que realizan el estudio de riesgo y evalúan las medidas a adoptar. En todos los casos, según los protegidos, la Unidad se limitó a explicar el botón como un sistema de alerta que debe activarse en situaciones de emergencia y frente a cuya activación la Unidad hará una llamada al protegido o a las autoridades, dependiendo de si éste se encuentra en una zona rural o urbana. Varias de las personas entrevistadas se quejaron incluso porque el botón les fue entregado sin indicación alguna, como sucedió en el caso de la periodista Gisela Hurtado de Timaná (Huila), a quien el dispositivo le fue entregado en una panadería "sin mayores trámites y a toda carrera".
 
Diego Fernando Mora, director de la UNP.
(Fotografía tomada del sitio web www.unp.gov.co)
¿Por qué la UNP oculta las especificaciones técnicas del botón de pánico y las características de rastreo y escucha? En entrevista realizada al director de la Unidad, Diego Fernando Mora, afirmó éste que "en la medida en que menos se sepa y menos información haya de que un protegido pueda tener un dispositivo de éstos, aumenta la idoneidad de la medida. Sin contar que tiene otra serie de características que no son, llamémoslo que no es… que no es recomendable que se conozca. ¿Por qué? Porque tiene otra serie de propiedades que pueden utilizarse." Si bien se negó a entrar en detalle, tales propiedades se encuentran en internet y hasta en los embalajes de origen del botón, las cuales están resumidas en cuatro palabras: "rastrear, monitorear, llamar y proteger". Según Diego Fernando Mora, la UNP cuenta con "unas terminales que son dedicadas exclusivamente a eso, donde se encuentran precisamente los mapas, donde nos llegan las alertas, donde nosotros hacemos la verificación, todo eso lo controlamos nosotros basados en una plataforma de Claro. Todo eso está en cabeza de la Unidad basado en la plataforma. Nosotros nos estamos encargando directamente de la operación".
El fantasma de las "chuzadas" "Chuzadas" es el término coloquial con que en Colombia se conoció el escándalo de espionaje, persecución y escuchas ilegales del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra más de 300 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, congresistas de oposición, magistrados de las altas cortes y sus familias, y que llevó a la cárcel a no menos de 25 funcionarios del extinto DAS. La implementación del botón ha revivido temores en varios protegidos, que se han negado a aceptar la medida por considerarla un medio de espionaje y no una garantía de protección. A la fecha, según información obtenida por el Equipo Nizkor en el marco de esta investigación, dos sindicatos, dos organizaciones no gubernamentales y varios miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Mesa Nacional de Víctimas en diversas regiones del país, han rechazado la entrega de botones de pánico. En una carta enviada el pasado 27 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación (Sintraproan) expresó su preocupación por las características de la medida al informar las razones por las cuales la presidenta de la Seccional Bogotá, Gloria Stella Angarita, no aceptó el botón. "Consideramos que se puede estar violentando una norma de estirpe Superior que protege y garantiza el derecho a la intimidad en el artículo 15 [de la Constitución], en la medida que el 'botón' contenga un chip que permita hacer seguimiento de todos los movimientos que realice la compañera. El derecho a la intimidad debe ser respetado por todos y el Estado tiene el deber de respetarlo y hacerlo respetar". "En lo que concierne a que ésta sea una medida de protección eficaz, debemos confesar, con toda sinceridad, que no la entendemos cómo puede prevenir la ocurrencia de un atentado en contra de la protegida en este caso. La catalogamos como una medida no idónea", afirmó el presidente del Sindicato, William Millán. En forma similar se expresó Rocío Campos, del Movice Barrancabermeja, quien afirmó que no recibiría el botón por considerar que la medida raya en la "estupidez", pues si cuando ha habido dificultades se ha llamado a la Policía y ésta ha tardado en llegar "qué puede esperarse de unos funcionarios que están en Bogotá pendientes de un botón". Según Campos, las organizaciones de derechos humanos de Barrancabermeja están estudiando la posibilidad de rechazar en forma conjunta el botón de pánico, que hasta ahora le ha sido entregado a miembros del Colectivo 16 de Mayo y de la Asociación Nacional para la Ayuda Solidaria (ANDAS). Asimismo, Bertha Cecilia Quiñones, de la Mesa de Víctimas del Valle, y Fernando Sanmiguel, investigador social de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, se han negado a aceptar el botón de pánico por considerarlo una medida "inapropiada" que podría generar mayores problemas y cuya idoneidad no está probada, pese a lo que afirma la Unidad Nacional de Protección. La mayoría de protegidos entrevistados por el Equipo Nizkor calificaron el botón de pánico como una medida "absurda", y se mostraron inconformes con el hecho de que ésta haya reemplazado en la práctica el auxilio de transporte que la UNP les brindaba para movilizarse en las regiones. Si bien el director de la UNP asegura que el botón de pánico no reemplaza el auxilio económico -medida que fue descartada mediante decreto- lo cierto es que los protegidos manifestaron que "ése es el cambio" que les han hecho. Para Diego Felipe Pardo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas de Colombia, la garantía que brinda el botón "es mínima. Antes me daban un auxilio de transporte y yo contrataba un vehículo. Nunca he tenido un esquema, a pesar de que el anterior presidente de mi organización, Henry Ramírez Daza, fue asesinado. Nosotros hemos asumido demandas por corrupción en las licoreras del país que involucran a exparamilitares en Antioquia, al exgobernador del Cauca Juan José Chaux, a gente muy poderosa en todo el país". A Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas de Pereira, el pasado 13 de julio le fue hurtada información sobre víctimas y procesos que apoya. "Ingresaron a mi sitio de residencia mientras yo no estaba. Mi hija estaba en pánico cuando llegué al lugar. De qué me sirve que a mí me protejan si mis hijos quedan vulnerables. El botón me parece riesgoso, no es igual a tener un apoyo de transporte. Uno en un bus con chaleco antibalas, escolta armado y un botón de pánico llama mucho la atención". Pese a que el director de la UNP fue categórico en afirmar que el botón de pánico sería entregado sólo para protegidos que residen en zonas urbanas, encontramos que éste ha sido implementado en lugares lejanos de Tumaco, Cauca, Arauca, Norte de Santander y Bolívar, entre otras regiones. Según defensores como Ernestina Cruz, de la Mesa de Víctimas del Valle, "a mí me dijeron que era sólo para la zona urbana, no para la rural. Pero la verdad yo viajo para el Cauca, para muchas partes del país. Debido a eso, me acerqué a denunciar ante la Defensoría del Pueblo y la respuesta fue que yo lo que quiero es plata. Me dijeron 'a ustedes los líderes no les sirve el botón porque a ustedes sólo les sirve plata'. Yo les respondí 'no importa que no me den plata, pero denme un transporte para moverme'. Hace poco me encontraba en carretera en la zona de El Bordo - Patía y había un bloqueo que me preocupó porque yo estoy creando un Consejo Comunitario allá. Activé el botón pero no me sirvió". Es claro que las características del botón de pánico permiten rastrear hasta la velocidad con que se mueven las personas que lo cargan, además de ubicarlas a través de geolocalización satelital y celular y escuchar sus conversaciones incluso en ambientes cerrados. Así lo han dejado saber a varios protegidos los funcionarios de la UNP encargados de entregar el botón a los beneficiarios. Por ejemplo, a Ernestina Contreras Cruz, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Víctimas en Cali y líder de la organización Tejedoras de Paz, le dijeron "si a usted le gusta la privacidad no lo vaya a activar en todo momento porque ahí vamos a estar nosotros".
Por Claudia Julieta Duque |*|
Investigación de Equipo Nizkor y Radio Nizkor

Nota documental del Equipo Nizkor: Las personas protegidas entrevistadas cuyos nombres y apellidos aparecen en la presente investigación, autorizaron expresamente la publicación de los mismos. Durante el desarrollo de esta investigación, la Unidad Nacional de Protección presionó en forma indebida a Claudia Julieta Duque con el ánimo de obstruir su trabajo periodístico. El director de la UNP la señaló de estar ejerciendo una venganza en su contra por conflictos presentados en la implementación de las medidas de seguridad en favor suyo y de su familia, los cuales se encuentran en discusión vía tutela, acción legal con la que en el pasado la periodista ha logrado ser protegida. En entrevista realizada el 14 de junio de 2016, Diego Fernando Mora acusó a Claudia Julieta Duque de intentar meterlo a la cárcel, de usar información "sustraída ilegalmente" de la UNP y de afectar la idoneidad del botón de pánico si llegara a publicar al respecto. Igualmente, en el marco de la acción de tutela ya referida, intentó excluir a la periodista del programa de protección de la UNP y hacer que ésta fuera incluida en un programa similar de la Fiscalía General de la Nación, solicitud que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como si ello fuera poco, utilizó a la periodista Darcy Quinn para fustigar su trabajo y filtrar información sobre los detalles de su esquema de seguridad y su relación del último año y medio con la UNP, contrariando las normas legales que le imponen a la Unidad el deber de reserva absoluta sobre los esquemas de los protegidos. También utilizó al abogado Juan Pablo Estrada Sánchez, abogado contratista de la UNP y comentarista de Caracol Radio, para denigrarla en la red social de Twitter. Por ello desde el Equipo Nizkor responsabilizamos directamente al director de la UNP, Diego Fernando Mora, frente a cualquier empeoramiento de la situación de seguridad de Claudia Julieta Duque.
Gregorio Díaz Dionis
Presidente Equipo Nizkor

Notas: *. Claudia Julieta Duque es periodista y cuenta con medidas de la Unidad Nacional de Protección. Ninguna de ellas está relacionada con el botón de pánico, de cuya existencia se enteró como periodista. [Volver] 1. Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación de 11 nuevos proyectos de ley. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110328_04.aspx , 28 de marzo de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/santos16.html [Volver] 2. Decreto 4065 de 31 de octubre de 2011. [Volver] 3. Declaración del Presidente Juan Manuel Santos luego de firmar el decreto que liquida el DAS. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Octubre/Paginas/20111031_13.aspx 31 de octubre de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das363.html. [Volver] 4. Red de corrupción en la Unidad de Protección, en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/red-de-corrupcion-unidad-de-proteccion-articulo-513028, 26 de agosto de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp5.html. [Volver] 5. RSF denuncia irregularidades en el mecanismo de protección a periodistas http://www.rsf-es.org/news/colombia-rsf-denuncia-irregularidades-en-el-mecanismo-de-proteccion-de-los-periodistas/, 11 de mayo de 2016 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp9.html. [Volver] 6. Escolta de la UNP aceptó responsabilidad en amenazas contra Piedad Córdoba y Aída Avella http://www.elespectador.com/noticias/judicial/escolta-de-unp-acepto-responsabilidad-amenazas-contra-p-articulo-568698, 26 de junio de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp7.html. [Volver] 7. Absuelto Teodoro Ibáñez http://elmeridianodecordoba.com.co/monteria/item/68503-absuelto-teodoro-ib%C3%A1%C3%B1ez, 26 de septiembre de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp6.html. [Volver] 8. Capturados dos funcionarios de la UNP por presuntos homicidios en Guacarí, Valle http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/capturados-dos-funcionarios-unp-por-presuntos-homicidios-guacari-valle, 6 de agosto de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp8.html. [Volver] 9. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016 al derecho de petición presentado por el Equipo Nizkor el 27 de mayo. [Volver] 10. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016. [Volver] 11. Ver: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20567%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/coldecreto567.html [Volver] 12. Máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo en Colombia. [Volver] 13. "En cuanto la circunstancia de la contratación sometida a reserva constituye una excepción frente al aludido Principio Constitucional de Publicidad que constituye la regla general y que está llamado a orientar todas las actuaciones de la Administración Púbica, el desarrollo de tal excepción y su detallada regulación acerca de los eventos e hipótesis en los que tiene cabida, tal y como lo sostiene el demandante, sólo puede estar en cabeza del legislador, sin que sea posible que el Gobierno Nacional asuma, a través del reglamento, la definición de tales excepciones". Sección Tercera, proceso 50.222, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez. [Volver] 14. Respuesta de la UNP del 20 de junio de 2016 al recurso de insistencia presentado por el Equipo Nizkor el 14 de junio de 2016. [Volver]


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2.7.11

Colombia-Paramilitares

ESTABLECIDA POR LEY LA IMPUNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE 'DESMOVILIZADOS', MIENTRAS SIGUEN LAS MASACRES


La entrada en vigor el pasado miércoles de la nueva ley da amparo unos 25.000 paramilitares colombianos y suspende la ejecución de penas dictadas por crímenes distintos a los de lesa humanidad. La norma ha sido ya recurrida ante la Corte Suprema por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La ley protege a los miembros de los grupos paramilitares en Colombia entre 2003 y 2006 a los que da la oportunidad de poder “aclarar su situación jurídica, siempre y cuando, como lo estipula la norma, no hayan cometido delitos de lesa humanidad”.

La norma establece que bajo el nuevo marco legal las órdenes de captura y ejecuciones de condena se podrían suspender si los paramilitares “han dejado las armas, cumplen con los programas de reinserción y colaboran con la Justicia”.Los desmovilizados tendrán hasta el 28 de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios que impone esta nueva Ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, según el gobierno colombiano.

El gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como Ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídico de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido los denominados "delitos atroces".

Durante la presidencia de Álvaro Uribe, alrededor de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brinda a cambio de su cooperación con las autoridades, beneficios legales y penas máximas de 8 años.

Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social para ellos, una vez que purguen sus penas.

En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (las Bacrim), como las Águilas Negras. Las autoridades policiales aseguran que las Águilas Negras son una de las organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico. Y también según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes. Este informe establece que a finales de 2010, estas bandas actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.

Estas bandas emergentes, según Indepaz, serían herederas de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, entre 2003 y 2006 realizaron una negociación de paz con el gobierno de Uribe (2002-2010).

Las Águilas Negras son la tercera generación de los grupos paramilitares. Están asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos grupos también atacan a miembros de la guerrilla y a luchadores sindicales, sociales y políticos de izquierdas y a defensores de los derechos humanos.

ASESINADO DIRIGENTE DE LOS DESPLAZADOS EN SAN ONOFRE, SUCRE

Comunicado del MOVICE Julio 1 de 2011.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Hechos

El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.

ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.


Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los ases

inatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.


Exigimos que:

  1. Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.

  2. Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.

  3. Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas

  4. Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

LAS MASACRES NO SON CASOS AISLADOS

Por Carlos Jaime Fajardo (*)

La rapiña por los recursos naturales de diferentes regiones del país, ha llevado a que se presenten procesos de desplazamiento, masacres y estigmatización de los pobladores de diversos lugares, con el fin de asegurar la explotación mineral.

Esto también sucedió con la invasión española hace mas de quinientos años, donde los genocidios y explotación de indígenas fue la constante. Según Eduardo Galeano “Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...”. Después se lanzó sobre el Cuzco para saquear el Templo del Sol. Casos como este se repitieron durante toda la conquista.

Lo sucedido el pasado 27 de junio en Villanueva, un corregimiento al norte de Nariño, en límites con el sur del Cauca, donde masacraron 8 campesinos con el fin de atemorizar a sus pobladores no es un hecho aislado. Como antecedentes vale recordar que desde agosto de 2002, se asentaron en el corregimiento grupos paramilitares del “Bloque Libertadores del Sur”, en cabeza de alias Brayan, desde donde asesinaron y desplazaron a lideres populares de diferentes municipios de la zona.

En la actualidad, se han lanzado una serie de multinacionales en busca de oro y cobre en las veredas del corregimiento; vale mencionar que hace algunas semanas se realizó una encuesta casa por casa, por parte de la Anglogold Ashanti, la misma que va ha explotar oro en Cajamarca Tolima, indagando sobre la percepción que las familias de la región tenían sobre la explotación minera, calificando de familias conflictivas a quienes rechazaran tal proyecto. De igual manera el pasado 17 de junio se realizó en Génova su cabecera municipal un foro minero para debatir la presencia de las multinacionales mineras en la región, lo cual sin duda preocupa a los potenciales inversionistas.

Casos similares han sucedido en el sur de Bolívar, Tolima y Caldas, situación que no debe ser indiferente para el resto de los colombianos, pues hoy están detrás de los minerales y del agua, mañana del oxigeno y de nuestra vida para esclavizarla, como ya sucedió con la invasión española.

(*)Sociólogo, ensayista, investigador independiente e integrante de la revista Viento del Sur.


(Fuentes: LibreRed, AFP, TeleSur, Prensa Libre Cauca y Viento del Sur)

31.5.11

COLOMBIA-FRANCIA

URIBE DECLARADO PERSONA NON GRATA EN METZ

15.10.10

Colombia:Narcoparamilitarismo

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE IMPLICADO POR UN EX ALTO CARGO DEL D.A.S. EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO POLICIAL AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS TRAMAS PARAMILITARES

3.8.10

Colombia-Venezuela

LOS COLOMBIANOS VOTAN POR VENEZUELA CON LOS PIES Y MÁS DE 300 HUYEN CADA DÍA DEL 'PARA'-PARAÍSO HACIA EL 'INFIERNO' BOLIVARIANO



Un estudio que realizó durante 90 días la Asociación de Colombianos en Venezuela arrojó que diariamente un promedio de unos 352 colombianos cruzan la frontera para huir y refugiarse en Venezuela, informó el coordinador de dicha organización, Juan Carlos Tanus.

Durante una entrNegritaevista concedida al programa Contra Golpe, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Tanus indicó que de esa cantidad, el 62% se queda en Venezuela y tratan de hallar allí una nueva vida. Las razones de esta migración son fundamentalmente económicas y, según es estudio, la mayoría de los inmigrantes manifiestan su deseo de no regresar a Colombia hasta tanto no se resuelva el problema de la escasez de puestos de trabajo que existe.

“Hay escenarios como el de la costa norte colombiana donde el avance del paramilitarismo en el departamento de Córdoba ha provocado que 12% de su población actualmente viva en Venezuela, mientras que en el departamento de Sucre el 20% de la población también vive en Venezuela”, explicó.

Tanus indicó que la inmigración se ha incrementado durante el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prueba de ello es que en 2002, cuando éste asume la presidencia, alrededor de 23.000 ciudadanos se mudaron a Venezuela; en 2003 sobre los 66.000 y, en los últimos ocho años, se podría hablar de 480.000 colombianos que parten hacia Venezuela.

“Esto puede interpretarse como un fracaso de la política de seguridad del gobierno de Uribe. Sobre todo porque la mayoría de los desplazados huyen por motivo de la violencia paramilitar”, aseguró.

Detalló que son mayoría las mujeres , entre los colombianos que emigran a Venezuela. “Son el 58% de la migración, son mujeres que perdieron a su familia, a su pareja, mujeres que vienen con sus hijos a hacer nuevos proyectos de vida”.


La crisis colombo-venezolana y 'El otoño del padrino'
por Raúl Zibechi (*)

La crisis desatada por el gobierno saliente de Colombia, está siendo acotada por el resto de los gobiernos de la región, que dieron prioridad a la unasur en detrimento de una oea que siguen en caída libre por estar más aferrada al pasado que al futuro.

“Santos debe hacer su mejor esfuerzo para que Uribe acepte la embajada en Beijing”, escribió la revista británica The Economist como consejo sencillo para evitarle al nuevo presidente lo que puede convertirse en una pesadilla: la interferencia de Álvaro Uribe en todo lo que suceda en Colombia durante su ausencia en el Palacio de Nariño. A estas alturas son pocos los que dudan que detrás de la fuerte denuncia contra Venezuela exista otra cosa que no sea el temor a perder pie en la política interior, con riesgos graves para su propia persona.

Del lado bolivariano son también las cuestiones domésticas las que llevaron a Hugo Chávez a escenificar el drama de la agresión al país, con anuncio mediático que incluyó la presencia de Diego Armando Maradona, convirtiendo el asunto en un sainete diplomático. Si el colombiano teme por su futuro inmediato, el venezolano mira de reojo las elecciones legislativas del 26 de setiembre que, por primera en sus diez años de gobierno, pueden resultarle adversas llevando al régimen a una situación compleja y delicada.

Luiz Inazio Lula da Silva fue el más cáustico de los presidentes de la región: “Lo que me pareció extraño es que esto ocurre a pocos días de que el compañero Uribe deje la presidencia. El nuevo presidente dio señales claras de que quiere construir la paz. Marchaba todo bien hasta que Uribe hizo la denuncia” (Telam, 25 de julio). La pregunta que todos se hacen, es qué llevó al presidente de Colombia a desempolvar un tema archisabido, la presencia de miembros de las farc en suelo venezolano, apenas dos semanas antes de abandonar el cargo.

Colonia del imperio


La revista Semana pasa por ser un medio vinculado a la familia Santos, uno de los apellidos incrustados en la elite colombiana desde el período colonial. En la columna semanal de Antonio Caballero, uno de los más brillantes periodistas del país, el sábado 17 de julio, se develan algunos pormenores de la fuerte pugna entre Uribe y Santos. “Es una bofetada a Uribe nombrar canciller a la única funcionaria de su gobierno que tuvo la dignidad de renunciarle porque discrepaba de su clientelismo”, escribió en referencia a María Ángela Holguín, canciller designada por el presidente electo.

“Historia de romanos” se titula la formidable pieza periodística. Porque los emperadores de la decadencia romana solían asesinar a su antecesor, pero siempre fue imposible asesinar al sucesor. “Es precisamente eso lo que está intento hacer en los últimos días de su mandato: asesinar al presidente electo”. Caballero interpreta la denuncia de Uribe sobre la presencia de las farc en Venezuela como un intento de sabotear la normalización de las relaciones cuando Chávez ya había sido invitado a la asunción del mando el próximo 7 de agosto.

Más aún. La canciller designada había manifestado su deseo de “aclarar las diferencias” a raíz del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador, lo que supone el intento por despolarizar las relaciones bilaterales, algo que podría ser beneficioso para Colombia pero en modo alguno para el Comando Sur que ha diseñado una política anclada en escalar los conflictos como forma de ganar presencia en el patio trasero.

No quedan ahí las diferencias entre Uribe y Santos. El ministro de Agricultura designado, Juan Camilo Restrepo, se opuso durante años a las políticas agrarias del uribismo. Santos declaró su intención de propiciar la reconciliación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que tuvieron choques casi permanentes durante el uribismo, ya que el segundo denunció decenas de casos de parapolítica (parlamentarios financiados por los narcoparamilitares) en las filas del partido oficialista y finalmente impidió la segunda reelección de Uribe pese a que las encuestas lo daban como favorito.

“Sus últimos días de gobierno los está dedicando Uribe a raspar hasta la costra la olla de las finanzas públicas, dejando comprometidos para 20 años los gastos de la nación”, denuncia Caballero. Entregó minas de oro, firmó obras para el metro y un tren de cercanías, y llegó a nombrar embajadores. Ese es Uribe. El hombre venido de abajo que la oligarquía colombiana, a quien Santos encarna, nunca terminó de aceptar.

Pero las disputas no van a terminar con el emperador acuchillado. “Este país no es un imperio, sino una colonia del imperio. Así que es más probable que la cosa se resuelva con la extradición de Uribe a los Estados Unidos”, concluye Caballero. ¿Exagerado? Sin embargo, de eso se habla en voz baja en Bogotá, por lo menos desde hace cinco años. No es probable que algo así suceda, pero no son pocos los que le tienen ganas a Uribe. Y que se diga en voz alta, como se a hace ahora, es más que significativo.

Uribe integró el narcotráfico y fue aliado de los paramilitares, según figura en el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revelado por la revista Newsweek (8 de agosto de 2004). Allí se establece que Uribe formaba, en los años 90, parte del cartel de Medellín, comandado por el narcotraficante Pablo Escobar, de quien era amigo íntimo.

El informe de la inteligencia estadounidense fue emitido en 1991, incluye a más de cien traficantes, sicarios y abogados vinculado a Escobar y dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel del Medellín desde altos niveles del gobierno”. En el mismo párrafo asegura que “es un amigo personal cercano de Pablo Escobar”.

¿Quién dijo cambios?


Nadie debe esperar cambios de fondo con el gobierno de Santos. Como ministro de Defensa de Uribe, fue quien dio la orden de atacar el campamento de las farc en Ecuador y es responsable directo de los “falsos positivos”, los cientos de jóvenes asesinados por el ejército para hacerlos pasar por bajas de la guerrilla. Sin embargo va a promover algunos cambios. Hasta ahora mantuvo silencio en la disputa Uribe/Chávez, y en su gira regional anunció que va a renovar totalmente la cúpula militar, colocando por vez primera a un almirante e como comandante en jefe.

Mientras Uribe y el canciller saliente, Guillermo Bermúdez, lanzaban gruesos ataques a Venezuela, el futuro vicepresidente, Angelino Garzón, ex sindicalista y hombre de izquierdas en los ochenta, valoró positivamente las declaraciones de Chávez al pedirle a la guerrilla que reconsidere su estrategia “porque el mundo de hoy no es el de los años sesenta”.

Las relaciones internacionales serán la prioridad de Santos. Su estrecha alianza con Estados Unidos está fuera de discusión, pero se propone diversificar las relaciones, darle prioridad a la diplomacia, la integración y la cooperación, y proceder a institucionalizar los vínculos internacionales. De hecho, antes de asumir realizó una gira por Europa y luego por Sudamérica.

“Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesaria una mayor diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional”, dijo Santos al delinear lo que serán los próximos cuatro años. La “prosperidad democrática” sustituye como prioridad la “seguridad democrática”, lo que representa una nueva apuesta estratégica.

Derrotada la guerrilla luego de ocho años de cerco y aniquilamiento, reducida a su mínima expresión (menos de 10 mil combatientes aislados), fortalecido el Estado y sus aparatos armados, se trata de recuperar la economía como forma de pavimentar la estabilidad. En suma, la misma política que se inauguró en 2002 con Uribe, pero adaptada a las nuevas realidades, entre las que destaca un mundo multipolar y una superpotencia en declive gobernada por Barack Obama.

Mejorar las relaciones con los vecinos y pasar de la “diplomacia del micrófono” a una diplomacia más profesional. Por eso la opción de nombrar a Holguín como canciller: “Hasta ahora los nombramientos en esa cartera se han manejado como forma de pago por compromisos políticos”, dice un experto en política exterior a Semana, que llevó a que “en las embajadas el personal de carrera es tan sólo del 12 por ciento”. El objetivo sería pasar de las reacciones en caliente a una planificación a largo plazo.

Recomponer las relaciones con Venezuela tiene una lectura estrictamente económica. El ex vice caniller Diego Cardona opina que el modelo económico de Santos es similar al de los tigres asiáticos, “pero para poder hacerlo realidad necesita un mercado como el de Venezuela, que es un mercado natural”. En efecto, el país vecino fue siempre el segundo mercado de las exportaciones colombianas hasta que las sucesivas crisis diplomáticas lo hundieron.

En 2008 Venezuela importó de Colombia por 7.000 millones de dólares, cifra que caerá a menos de 1.500 millones este año. La industria manufacturera es la más afectada (papel, cartón, plásticos, material eléctrico, vestimenta y alimentación) que ahora busca otros destinos. En las zonas fronterizas la crisis es total y el contrabando creció hasta un 70 por ciento. La caída de sus exportaciones hacia el vecino explica por lo menos la caída de un punto del producto bruto que este año apenas crecerá un 2,5 por ciento, frente a un promedio de 4 por ciento de la región.

Por otro lado, Colombia ostenta el mayor nivel de desempleo y la mayor tasa de informalidad de Sudamérica. La pobreza llega al 46 por ciento y la indigencia al 16, tasas que se vienen reduciendo de forma demasiado lenta. Este conjunto de problemas estructurales convenció a Santos de la necesidad de priorizar la economía para poder sustentar los éxitos militares, ya que un crecimiento acelerado sería la mejor forma de evitar un renacimiento de la guerrilla y la protesta social.

La UNASUR, otra vez

El gobierno bolivariano aprovechó la crisis para cohesionar a su electorado con un discurso centrado en la dignidad nacional y disparando la sensación de país agredido por su vecino y, sobre todo, por Estados Unidos. Hasta que Uribe disparó las denuncias sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, los temas dominantes eran la pérdida de 120 mil toneladas de alimentos por mala gestión, equivalentes a 7.000 millones de dólares en un país jaqueado por la escasez, la caída del producto bruto de casi un seis por ciento en lo que va de 2010 y una inflación del 30 por ciento en el primer semestre.

Por eso muchos observadores estiman que la crisis no resolverá hasta el 27 de setiembre, el día después de las legislativas. En la coyuntura internacional actual, a todos los países conviene una rápida solución del diferendo y un restablecimiento del buen clima regional, que no sólo lubrica las relaciones comerciales sino la integración.

Uno de los aspectos más destacados es el papel que está jugando la unasur como eje de resolución de conflictos. Si Uribe prefirió la oea como escenario para sus denuncias contra Venezuela, el resto de los países optaron por la alianza sudamericana que ya jugó un papel relevante en 2008 cuando tomó cartas en el conflicto interno boliviano respaldando a Evo Morales ante los intentos desestabilizadores de los autonomistas de Santa Cruz.

En la siguiente crisis, en 2009 ante la cesión de instalaciones militares a Estados Unidos por el gobierno de Uribe, la unasur sirvió como espacio para que Colombia defendiera el acuerdo que había firmado con Washington. Ahora muestra su consolidación como la institución en la que los países decisivos de la región confían para vehiculizar sus relaciones y resolver conflictos. La creciente marginación de la oea es uno de los resultados más esperanzadores de la crisis actual.

(*) Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales. Artículo distribuido por http://alainet.org



Colombia y las bases de datos basura
por Laurent Jones (*)
01/08/10

La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de negar la solicitud de visado a uno de los periodistas más reconocidos por la denuncia de la vulneración de los DDHH en Colombia, Hollan Morris, le da la razón a los activistas que en múltiples oportunidades han manifestado el intolerable nivel de persecución al que el actual gobierno ha sometido a todo lo que huela a oposición.

Quizá lo primero que haya que decir es que Colombia se ha convertido en un patético país-prisión en el que sus ciudadanos no pueden trasladarse prácticamente a ningún lugar del mundo, salvo importantes excepciones como Brasil, sin haber sido previamente sometidos a un humillante cacheo en su vida financiera, profesional y familiar en aras de satisfacer las exigencias que a cada país se le antoje imponer, lo que en ningún caso garantiza la obtención del visado. La amplia potestad de los estados de negar el visado sin que medie ni la más minina justificación, permite que la discrecionalidad encubra vulgares criterios discriminatorios. Esta lamentable situación ha establecido una cómplice vulneración global de los DD.HH. a sus nacionales.

El origen de esta realidad ha sido producto de una combinación de dos aspectos, primero, la actuación del gobierno de Estados Unidos que en los 90, en el marco de su lucha antidrogas, incluyó a Colombia en la lista de los parias del mundo; y segundo, la gran debilidad de sus gobiernos, que, pese a ser excluidos de los grandes réditos del turismo y comercio internacional; y verse aislados social y políticamente, no han sido capaces de controvertir en forma seria dicho estatus.

De hecho si bien el origen del veto a los nacionales colombianos fue la lucha antidrogas, la misma no tenía ningún sustento cuando con los cambios políticos estadounidenses hacia el polo del antiterrorismo, se propició una profunda alianza entre el gobierno de Bush y Álvaro Uribe. Al parecer las dos veces que Uribe vino al rancho tejano de Bush no fueron suficientes para que este tema se ventilara.

En este contexto, el ascenso del presidente Obama fue recibido por la izquierda democrática como una esperanza de cambio en Colombia y en especial, de mayor control al gobierno de extrema derecha de Uribe inflado por el discurso antiterrorista tras los ataques del 11-S.

De hecho la apuesta de Uribe con el partido republicano llegó a tal nivel que recibió en Cartagena de Indias, y con honores de estado, al apenas candidato republicano John McCaine, cuando éste se encontraba en plena contienda política. Por lo que en sus inicios, el triunfo de Obama parecía una verdadera cachetada al mandatario del sur.

No obstante, las cosas no necesariamente se enrumbaron por el camino más evidente. Durante el gobierno de Obama las relaciones con USA han permanecido en una zona de turbulencia y constante ambigüedad, por una parte la distancia marcada por el mandatario estadounidense frente a la potencial reelección de Uribe con la célebre frase de que “dos periodos de gobierno son suficientes” fue leída como un gesto de rechazo a la gestión del presidente colombiano y de alguna manera un veto a las múltiples denuncias de 8 años de escándalos por extralimitaciones y abusos en las actividades de los organismos de inteligencia y de seguridad, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como los “falsos positivos”, el desplazamiento masivo y forzado de la población campesina e indígena hacia las ciudades, y las allí denominadas “chuzadas” telefónicas: un plan de espionaje organizado por el mismo gobierno en contra de altos funcionarios de la rama judicial, congresistas de la oposición, periodistas críticos y prácticamente toda persona que se le interpusiese al entorno de unanimismo que pretendió crear el saliente gobernante.

Por otra, el aplazamiento de la discusión del Tratado de Libre Comercio –TLC- con Colombia, que definitivamente ha quedado de último en la lista de espera de los países en vías de desarrollo que buscan el supuesto beneficio (lo que por lo demás no está nada claro), quedando detrás de los recién llegados. Esto mostró otro gesto de rechazo, aunque el mismo no resultaba obvio con la actitud del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, muy cercano a Uribe y prácticamente indiferente a los escándalos, lo que pareció evidenciar que su gobierno no tenía directrices claras.

Quizá lo único que pueda afirmarse con relativa solidez es que para Obama, el país preferido de Bush en A.L., es realmente irrelevante y tal relajamiento ha permitido que se lleve a cabo el refrán de que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”. Así, pese a no contar con su apoyo, Uribe ha hecho fiesta con la ausencia de un mayor seguimiento a sus movimientos por parte del gobierno del norte.

Ahora bien, es posible suponer que ante la inicial presión con el TLC, Uribe se haya visto obligado a ofrecer ciertos beneficios al gobierno estadounidense, el primero de ellos pudo ser la aceptación de las bases militares teniendo a todos sus vecinos en contra, el segundo pudo ser la entrega de la bases de datos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia creada con chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, claro, totalmente contaminada. Con lo que Uribe mataba dos pájaros de un tiro: quedaba bien con Obama y, de paso, le daba un escarmiento a sus contrincantes.

Así el gobierno demócrata de Obama le presta, sabiéndolo o no, un invaluable servicio al gobierno de derechas colombiano. El problema ahora es que hará el Presidente estadounidense con el titular del Nuevo Herald en Miami que dice “Polémica por visa de periodista colombiano” y en sus páginas interiores “niegan visa a fuerte crítico de Uribe”. En palabras del Director de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien justamente había premiado a Morris en el 2007 por su destacado trabajo a favor de los DD.HH. “Aquí hay que asegurarse que la administración de Obama no se deje usar o manipular por el gobierno y los servicios de inteligencia de Colombia”. (Nuevo Herald, 13 de julio 2010).
Para terminar vale la pena anotar que la ley de inteligencia y contrainteligencia (1288 de 2009) que permite el espionaje a cualquier persona por los cifrados conceptos de seguridad nacional, terrorismo, orden democrático, por parte de los organismos de inteligencia colombianos, prácticamente sin ningún control institucional, ha sido recientemente demandada por la organización de defensa de DDHH -Asociación Colombiana de Juristas- y la Fundación Reiniciar, conformada por los sobrevivientes del genocidio al partido político de izquierda, la Unión Patriótica. En el Concepto que en dicho trámite debe rendir el Procurador General de la Nación se solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la integridad de la ley por vicios de fondo al no haber sido tramitada como ley estatutaria pese a comprometer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, al habeas data, la honra, entre otros. Así, la Corte Constitucional tiene la palabra en Colombia, pero lo que no queda claro es quién parará esa rueda suelta de las bases de datos basura, creadas con datos falsos y con el único propósito de estigmatizar y perseguir a los defensores de derechos humanos en países con graves vulneraciones de estos derechos. Lo que está sucediendo en la embajada de Estados Unidos en Colombia nos alerta sobre esta nueva arma de la información creada con espionaje, mentirosa y secreta, recopilada, guardada e irresponsablemente negociada entre países en detrimento de los ciudadanos.

(*)
Laurent Jones es una joven jurista francesa actualmente radicada en Bogotá y colaboradora en Colombia de la Revista Sinpermiso, donde se publica este artículo.


(Fuentes: LibreRed-RNV, Alai.org y Sinpermiso.info)

6.7.10

Colombia:Terrorismo de Estado

LAS VÍCTIMAS PREPARAN UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL EN 'LA MACARENA', ANTE LA MAYOR FOSA COMÚN DE LATINOAMÉRICA, CON MÁS DE 2.000 CADÁVERES DEPOSITADOS POR EL EJÉRCITO BAJO EL MANDO DEL PRESIDENTE URIBE Y SU MINISTRO DE DEFENSA J.M.SANTOS


A comienzos de 2010 fue dado a conocer. La mayor fosa común de toda Larinoamérica había sido hallada en La Macarena, una pequeña población del departamento colombiano del Meta. En abril, la Procuraduría General de Colombia certificó la existencia de la fosa común con cerca de dos mil cuerpos humanos sin identificar, situada en un área del cementerio católico del remoto municipio y advirtió la necesidad de buscar ayuda internacional para estudiarla. El 22 de julio va a celebrarse allí una movilización internacional que busca contribuir a lo que familiares de las víctimas y comunidades requieren: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque allí, sigue la impunidad y los crímenes de Estado.

Las comunidades y la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del sector del Bajo Ariari y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Macarena, San José del Guaviare y Uribe, convocan para este 22 de julio a una audiencia pública contra la crisis humanitaria en la región de Los Llanos Orientales de Colombia.

El Colectivo Sociojurídico ORLANDO FALS BORDA ha podido constatar , que en el cementerio de la Macarena se encuentran aproximadamente 2.000 cadáveres , según lo informado por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, que han sido reportados como “Guerrilleros dados de baja en combate” desde el 2002 hasta el 2009. El Colectivo sospecha que esta fosa daría respuesta a las múltiples denuncias de desaparición forzosa presentadas por los Comités Regionales de Derechos Humanos.

Comparable al holocausto nazi

La Macarena está 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano. Los cadáveres "NN", han sido enterrados sin identificar, por el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores. Depositados detrás del cementerio local cunos 2.000 cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar , cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Preparación de la audiencia


Con la audiencia pública convocada para el 22 de julio se pretende dar a conocer el agudo conflicto social, político y armado que persiste en esta región, que las comunidades del Bajo Ariari han tenido que padecer los más horrorosos crímenes de las últimas décadas en esta región. Desde la aplicación del llamado Plan Colombia hace ya 9 años, se ha venido evidenciando una masiva, sistemática y persistente persecución contra estas comunidades y sus líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. El Colectivo denuncia "ejecuciones extrajudiciales, continuos atropellos por parte de miembros de la fuerza publica, la reorganización de las estructuras paramilitares y el abandono estatal, expresado en la baja inversión social hacia estas comunidades, como se ha podido constatar en las distintas Misiones Humanitarias y de acompañamiento, a la región del Bajo Ariari"

La audiencia pública busca visibilizar a nivel nacional e internacional la grave situación humanitaria que viven los campesinos y campesinas, a partir de la ejecución de los distintos planes de recuperación del territorio por parte del gobierno, tales como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y en la actualidad Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM- todos dentro del marco de la llamada “
política de seguridad democrática”.

A su vez busca denunciar la responsabilidad del Estado frente a los cuerpos que están ubicados en la fosa común de La Macarena, enterrados como guerrilleros dados de baja en combate y donde posiblemente se encuentren víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. También busca dotar de medidas de protección a los defensores de derechos humanos de la zona.

Para ello van a solicitar a las Naciones Unidas el seguimiento a todo el proceso de denuncia que las organizaciones de la región están realizando.

A la Audiencia Pública se invitará a los campesinos y campesinas y a las victimas de la región, las instituciones civiles del Estado, organizaciones sociales colombianas, Naciones Unidas, Unión Europea, agencias de cooperación, embajadas y plataformas colombianas.

La propuesta es desarrollar la audiencia en el formato de las audiencias que ha desarrollado la senadora Gloria Inés Ramírez, impulsada desde la Comisión de Paz del Senado de la Republica y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la cual tendría varias ventajas: Se transmitirá por el canal de TV. del congreso, la audiencia esta acompañada por el sistema de Naciones UnNegritaidas, generando una cadena de protección a todos los asistentes a la misma. Se le hará seguimiento a todas las denuncias presentadas en la audiencia, desde la Comisión de Paz del Senado bajo la responsabilidad de la Senadora de Gloria Inés Ramírez.

Más de mil fosas en el país


El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

Entre estas declaraciones, la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal.


"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor

Alfredo Molano, uno de los columnistás influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

-¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

-¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

-¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará


Gigantesca fosa común en La Macarena
Por: Carlos A. Lozano Guillén(*)


Record Guiness de la “seguridad democrática”

*Una macabra historia en La Macarena (Meta), en tiempos de la guerra uribista y de la creciente violación de los derechos humanos en Colombia

La delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que visitó a Colombia en diciembre del año pasado, organizada por Justicia por Colombia de Londres, quedó perpleja cuando en La Macarena, acompañada de Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue llevada por campesinos y familiares de víctimas a un cementerio de “ene enes” en el que están sepultados algo más de 2.000 personas, desaparecidas y asesinadas, desde 2004, según reza en las placas de madera de color blanco. “Es la fosa común más grande de que se tenga noticia en el último tiempo”, dijo uno de los británicos, asombrado y consternado. En Europa, un miembro de la delegación, sin olvidar el horrible espectáculo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto perpetrado por los nazis, no se tenía noticia de algo igual o parecido.

En Londres, al regreso de Colombia, donde confirmaron la violación de los derechos humanos y la enorme responsabilidad gubernamental en ella, la delegación británica en una enérgica declaración advirtió del horrible holocausto. Las fosas comunes están detrás del cementerio de La Macarena, casi que clandestinas y ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, reconoció a lo largo de los últimos cinco años, su macabra existencia y el drama de miles de familiares que en silencio, exigen que les respondan sobre sus parientes desaparecidos.

La denuncia de los británicos fue replicada por varias ONG en el mundo, aunque en Colombia, como es costumbre, no trascendió, salvo por la publicación de la declaración expedida por la delegación en portales de internet y en este semanario. Las fuentes gubernamentales y militares respondieron desafiantes, como suelen hacerlo, descalificando el informe de la delegación británica, porque “es ideologizado y tendencioso” y de estar manipulada por Justicia por Colombia, organización que ha sido señalada de “hacerle el juego a los terroristas”, espiada y asediada en sus frecuentes viajes al país por el DAS y otros organismos de inteligencia del Estado.

Las absurdas explicaciones oficiales

Pero con toda tranquilidad, el Ministerio de Defensa dijo que en las fosas comunes están los restos de las víctimas de la guerrilla, durante la zona de distensión del Caguán. Explicación desmentida con facilidad, porque en las tumbas, como ya se anotó, hay letreros en madera en donde aparecen las fechas desde 2004, cuando ya no había zona de despeje y la región estaba ocupada por la Fuerza Omega, que adelanta el Plan Patriota y la lucha contrainsurgente. Aunque el comandante de la base militar en La Macarena dijo, cuando fue preguntado por los británicos, que “son guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército”, versión poco creíble, porque “la gente de la región nos habló de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, dijo Jairo Ramírez.

Según la declaración de uno de los sepultureros de La Macarena, “los cadáveres son traídos en helicópteros del Ejército y dejados en el cementerio; no tenemos más remedio que sepultarlos en las fosas como N.N.”.

Se pierde toda capacidad de asombro con este cuadro estremecedor, cuando se creía que en Colombia se había llegado al límite del horror con la confesión de los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz, en las que reconocen la existencia de fosas comunes con varios cientos de cadáveres de sus víctimas. “Esto ya es la tapa, es una especie de record guinnes macabro” le dijo a este semanario el vocero de una ONG humanitaria colombiana.

La existencia de la enorme fosa común en La Macarena, de los cual no se han ocupado los medios de comunicación, dedicados a cultivar la expectativa y en el juego de las adivinanzas sobre lo que va a pasar con el referendo reeleccionista, así como a la estúpida campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana, vuelve a cuento a raíz del informe de Human Rights Watch, divulgado la semana pasada y que levantó espinas en el gobierno colombiano como siempre. También por la visita de una delegación parlamentaria del Estado español, que estuvo en los últimos días en Colombia y reconoció la gravedad de la situación en derechos humanos.

Según lo han dicho fuentes judiciales y de los organismos de control, después de marzo se iniciará la investigación sobre estas fosas comunes de La Macarena. Aunque en realidad todo el territorio colombiano está lleno de fosas comunes de la barbarie de los paramilitares, dedicados a desaparecer y asesinar campesinos y dirigentes populares, acusados de colaborar con la guerrilla. Es parte del holocausto colombiano, aún sin aclarar y sin final, perpetrado por una fuerza irregular promovida por el Estado y auspiciada por dirigentes políticos y empresariales “parapolíticos”, que aún todavía defienden el accionar de estos grupos, porque “fue la reacción a los crímenes de la guerrilla”, según la versión oficial en los tiempos de la “seguridad democrática”. En las palabras del coronel Plazas Vega ante la masacre del Palacio de Justicia, ¡están defendiendo la democracia, maestro!

(*) Carlos Lozano
es un abogado, periodista y politólogo, director del semanario 'Voz', órgano del PCColombiano.

(Fuentes:Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, AFP, Público.es, Página12 y carloslozanoguillen1.blogspot.com)

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