Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.

Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.

La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares

El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.

"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

Colombia:Genocidio sindical

ASESINADOS 31 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO. EL GOBIERNO DE URIBE, A PUNTO DE PERPETUARSE A TRAVÉS DE SU DELFÍN SANTOS, TRATA DE REBAJAR EL NIVEL DEL HOLOCAUSTO


A 31 asciende la cifra de los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido de año, una práctica que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó de sistemática en contraste con los argumentos esgrimidos por el gobierno.

Según la denuncia de la CUT, el asesinato más reciente tuvo lugar este jueves cuando Nelson Camacho, trabajador de mantenimiento de la refinería ECOPETROL y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), fue ultimado por sicarios.

El asesinato de Camacho ocurrió cuando éste esperaba el autobús para ir al trabajo y los sicarios, que se movilizaban en una moto, le acertaron varios impactos de bala, que acabaron con su vida. Este crimen, advirtió la CUT, es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato y que se da en un contexto de conflictos colectivos que adelanta el gremio con la multinacional British Petroleum, ECOPETROL y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en petrolera estatal colombiana.

La CUT solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva del asesinato de Camacho, a fin de determinar sus autores materiales e intelectuales.

A su vez, exigió al gobierno nacional y a ECOPETROL acatar a plenitud las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Comunicado de la CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, lamenta el asesinato del compañero Nelson Camacho Gonzalez, Trabajador de Mantenimiento de la Refinería Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO.

Los hechos ocurrieron el día de hoy, jueves 17 de junio de 2010, aproximadamente a las 5:30 a.m., mientras Nelson esperaba el bus que lo llevaría a su sitio de trabajo; sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala, los cuales acabaron con su vida.

Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecopetrol-UT poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol.

En lo corrido del año 2010 van 31 homicidios contra la población sindicalizada en Colombia, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.

Esta realidad contrasta con los mentirosos argumentos del gobierno y de los empresarios de Colombia en el seno de la reciente conferencia de la OIT, que condujo a que este organismo excluyera a Colombia de la lista negra de los 25 países que violan las libertades sindicales en el mundo.

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de este execrable crimen que conduzca a determinar sus autores materiales e intelectuales.

Exigimos al gobierno nacional y a Ecopetrol S.A. el acatamiento a plenitud de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Tarsicio Mora Godoy Domingo Tovar Arrieta (Presidente Secretario General )
Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)


Informe de Amnistía Internacional 2007 (Resumen)
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.


Con Hambre no hay democracia
Alejandro Angulo Novoa, S. J.(*).

Me deja pensativo el escuchar a colegas que esperaban no sólo mayor votación verde, sino también menos votos del uribismo en las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2010.

Creyeron tal vez en las encuestas, en las que yo también creo, sin advertir acaso que en esta ocasión se trataba de una situación anómala. Parece que olvidaron los índices de popularidad del Presidente-candidato. Y olvidaron que del dicho al hecho hay mucho trecho y más con paramilitar en el techo. Ningún científico social que conozca algo de Colombia puede creer que las muestras nacionales de intención de voto puedan llegar a dar un resultado favorable a la ética de la legitimidad contra la costumbre secular del atajo moral y físico. Ahí hubo algo que todavía nos deben explicar los estadísticos y que vulgarmente podría llamarse “el problema de las muestras”, para no terminar pidiendo, como algunas gentes del “establecimiento”, mayor control a las firmas encuestadoras (reprime que algo queda).

Aunque me interesen las muestras, me interesa mucho más la realidad. Y esa está retratada a la perfección en las cifras. El país que votó, es decir, menos de la mitad de los que tenían derecho a votar, es 47% uribista, es decir, clientelista y ferviente partidario del atajo. Esto, desde luego, en todos los estratos sociales y en todos los campos del diario quehacer. Lo cual no quiere decir que la otra mitad no lo sea, sólo que no lo sabemos por estos datos. En cambio sí verificamos que la creencia en la legalidad es un fenómeno raro: tan sólo los poco más de 3 millones que votaron por Mockus, o, sea, menos de la quinta parte de los que votaron, creen que las palancas, el soborno, la extorsión, las amenazas, la indebida apropiación de lo ajeno, la evasión de impuestos, el falso testimonio, el fraude, la coacción y aun el homicidio, sean delitos. Si acaso son simples ‘pecadillos’ que acreditan a “los listos” y los diferencian de “los mensos”.

Sin embargo, no todo es un problema cultural. Dado que estas elecciones eran un resultado no deseado por el Gobierno de turno, éste se había preparado durante los ocho largos años de su régimen para esta eventualidad. Un ejemplo: en un lugar de Cundinamarca de cuyo nombre no quiero acordarme, un hidalgo uribista de los que manejan Familias en Acción y Familias Guardabosques advirtió a sus inscritos que la votación del domingo se realizaría en forma unánime por J. M. Santos, si querían seguir usufructuando eso que un incisivo columnista llamó “la mendicidad institucionalizada”. Con un solo inscrito que desacatara la consigna santista bastaría para que todas las familias salieran de la acción y los guardabosques salieran de sus bosques.

Este tipo de ‘artilugios políticos’ ha sido el nervio de la política colombiana desde 1810. Y este artilugio se llama el control del hambre y fue descubierto desde la antigüedad, cuando se llamaba esclavitud, pero se sigue usando ahora y se llama asistencia humanitaria. En ambos casos era y es el sustituto de un salario digno y en ambos casos era y es el contentillo que se arroja a los despojados por la guerra para que no mueran de hambre, pero que tampoco tengan fuerzas para protestar.

La ética y la legalidad son bienes intangibles y deseables. La desnutrición, la falta de techo y la imposibilidad de conseguir un empleo son males tangibles e insoportables. Evitar ese mal insoportable es una necesidad que prima sobre el anhelo de rectitud. Aquí está el secreto del poder. Cualquier informe de las Naciones Unidas, o, sin ir más lejos, del DANE, muestra que los niveles en los que se mantienen dichos males en nuestra patria, afectan a porciones enormes de la población colombiana: 7 millones de trabajadores informales son toda la población del distrito capital, de los cuales la mayoría no tienen más que desempleo disfrazado. De forma análoga, 3 millones de desempleados, son casi toda la población de Medellín en la tremenda situación del rebusque, en el cual todo vale, porque se trata de situaciones desesperadas.

Los analistas políticos deberían mirar más allá de los porcentajes electorales y de sus tinturas políticas, para poder comprender que la democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia (del pueblo, por el pueblo y para el pueblo). Por el contrario, esos ritos políticos entre nosotros sólo revelan las verdaderas dimensiones de la plutocracia (los que comen), de la aristocracia (los que mandan) y de la ‘indiosincracia’ (los que no cuentan). Esta última grada de la ciudadanía de papel es la explicación profunda del abstencionismo: si yo no cuento, tampoco voy a que me cuenten. Es una reacción natural, aunque sea miope. En el caso colombiano no sólo es miopía, también es desilusión, confirmada por el hecho de que cuando se atisba un modo distinto de enfocar la política, comprobado o no, los creyentes son tres millones entre cuarenta y cinco: siete de cada cien. Una catástrofe para los pesimistas y una esperanza para los optimistas. En cualquier caso, el camino verde tiene derecho a tantos años de ensayo y error para ganar unas elecciones, como los han tenido los clientelistas para montar su negocio.

(*)Alejandro Angulo Novoa S.J es director del Banco de Datos del CINEP/PPP

(Fuentes:Prensa Latina, CUT, Amnistia Internacional y CINEP)

América Latina:Sindicalismo

LATINOAMÉRICA ,ESPECIALMENTE COLOMBIA, ES LA ZONA DEL MUNDO MÁS PELIGROSA PARA LA ACTIVIDAD SINDICAL. PATRONALES, GOBIERNOS Y PARAMILITARES IMPLICADOS EN LOS ASESINATOS DE TRABAJADORES

América Latina es el continente más peligroso para desarrollar actividades sindicales y Colombia es el país con más muertes de sindicalistas, indica la CSI (Confederación Sindical Internacional) en su informe anual. La CSI representa a 168 millones de trabajadores de 155 países y territorios y cuenta con 311 organizaciones sindicales nacionales afiliadas.
El estudio evalúa la situación en 138 países durante el año 2007. En este periodo fueron asesinados 91 sindicalistas.

"En todo el mundo un total de 91 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los trabajadores, siendo una vez más Colombia, dónde 39 personas perdieron la vida, de lejos el país donde más crímenes se cometieron", indica la CSI en este informe difundido desde Bruselas.

El CSI señala , además, que un total de 73 sindicalistas fueron encarcelados en el 2007 en todo el mundo. El análisis del 2007 permite observar la reducción en el número de víctimas respecto al 2006. En ese año se registraron 144 crímenes contra representantes sindicales en todo el mundo. Y 78 de estas ejecuciones fueron realizadas en Colombia.

El estudio señala que la situación de los sindicalistas en América Latina es "dramática", lo que le vale el "dudoso honor de ser el continente más mortífero" para quienes desarrollar actividades sindicales.
"América Latina ha sido una vez más en 2007 el continente más peligroso para desarrollar actividades sindicales, con asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y agresiones en numerosos países", dice el informe.

Además de Colombia, se registraron asesinatos en "Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Panamá y Perú". El informe llama la atención sobre la "preocupante" situación de los trabajadores organizados en Guatemala
" con 4 sindicalistas asesinados en medio de un clima de amenazas y acoso que continúa deteriorándose".. El documento también explicó que Perú muestra como algo habitual el "hostigamiento antisindical y los despidos selectivos y masivos".

El estudio, que cubre las violaciones de los derechos sindicales en 138 países, apunta además a la "connivencia entre algunos gobiernos y empleadores" para privar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a la sindicalización y representación. "En muchos países los Ministerios de Trabajo no protegen ni la ley ni los derechos sindicales", indica el texto, afirmando que "en Estados Unidos, la 'guerra contra el terrorismo' ha sido utilizada como pretexto para recortar significativamente los derechos sindicales de los empleados del gobierno".

En Colombia, 474 sindicalistas asesinados con Uribe

En el caso de Colombia, la CIS constata que se ha observado una "ligera reducción en el número de homicidios respecto al año pasado", aunque esto se debe a que "muchos intentos de asesinato de sindicalistas fracasaron".
"Esta buena noticia relativa se viene abajo frente al resurgimiento de otras formas de violencia: se duplicó el número de atentados, aumentaron los desplazamientos forzados, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y el nivel de amenazas", explica el informe.

Hace una semana, las confederaciones obreras de Colombia enviaron una carta al presidente Álvaro Uribe en la que le acusan de haber implementado una política que va contra los trabajadores y de "desconocer las organizaciones sindicales" y aseguban que el 97% de los crímenes contra sindicalistas se encuentran en la impunidad.
La denuncia coincide con las gestiones telefónicas que Uribe realiza con el gobierno entrante de Estados Unidos para intentar que el Congreso norteamericano apruebe el TLC. Pero la mayoria demócrata exige que Bogotá resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas y aclare el escándalo por nexos de políticos del entorno de Uribe con paramilitares. Para contentar a los demócratas de Estados Unidos, Uribe pretende ahora escenificar un diálogo con los sindicatos. Pero las organizaciones sindicales adviertien que no se reunirán con Uribe mientras mantenga esa política y se "niegue a discutir y definir su posición (...) respecto de la problemática social que atañe a los trabajadores".

Piden al congreso de EE.UU. no ratificar el TLC


Ante el inicio de las sesiones extraordinarias en el congreso de Estados Unidos y la posibilidad de que sea discutido el Tratado del Libre Comercio con Colombia, varias organizaciones enviaron una carta a la presidenta de la Cámara Nancy Pelossi, en la que describen la persistente violación de los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y le solicitaron su apoyo para que los proyectos como el TLC y el Plan Colombia, que afectan negativamente al pueblo colombiano, sean replanteados.
"A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por presentar avances en el respeto a los derechos humanos y disminución de la violencia antisindical ante el congreso de Estados Unidos, con el fin de conseguir el apoyo al TLC y al plan Colombia, la realidad es muy distinta, como se evidencia en los informes y evaluaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos en el país, de los cuales se hace un recuento en la carta enviada al congreso estadounidense", afirman las organizaciones.
La carta es firmada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Red Colombiana de Acción frente al Alca.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, El Tiempo-Bogotá y Adital)

Colombia: Conflictos sociales

EL GOBIERNO URIBE CRIMINALIZA LOS CONFLICTOS Y ABUSA DEL TERROR EN SU REPRESIÓN. EN AUMENTO LOS ASESINATOS DE SINDICALISTAS, UN MÉTODO MÁS DE 'PRESIÓN' DESDE EL PODER

Trabajadores de la caña de azúcar denuncian “terror estatal”

Los obreros que viven de cortar caña en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, región suroccidental de Colombia, llevan dos semanas de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos. Pese a que están siendo brutalmente reprimidos, mantienen la media.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), informa que las familias cañeras exigen a los dueños de los ingenios y gobierno nacional que se aplique la legislación laboral y la constitución.
De esa manera, piden que se hagan efectivos los derechos laborales que son violados por las patronales del azúcar, tales como: contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.
El paro fue iniciado el 15 de septiembre y según denunciaron los trabajadores de la caña, el "amedrentamiento y terror" se inició "mucho antes" con la presencia del policial Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del ejército colombiano.

Dieron a conocer además, que las patronales, junto al gobierno de Colombia, ejecutaron "ataques indiscriminados contra los obreros", dejando como consecuencia, al menos 48 heridos.
"El último atentado se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en la madrugada tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los trabajadores en el ingenio Tumaco dejando varios heridos", con sus pertenencias y documentos de identidad destruidos, explica el comunicado de los cañeros.
También señala que "El Ministro de Protección Social, el Fiscal general de la Nación, bajo la dirección del presidente Uribe Vélez, arremeten a una sola voz contra los trabajadores y sus organizaciones, acusándolos de tener relaciones con la guerrilla"

Uribe y el Fiscal, criminalizan a los 'corteros'

Más de dos semanas y sin ninguna solución a la problemática completa el paro convocado por los 'corteros' de caña de azúcar en Colombia. El gobierno nacional no ha dado muestras de voluntad política para negociar. Por el contrario, frente a sus justos reclamos, los movilizados han tenido que resistir el ataque indiscriminado de la fuerza pública, que arguyendo la violación del derecho al trabajo de quienes no se encuentran en paro ha arremetido violentamente contra los manifestantes.

Igualmente el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán ha estigmatizado públicamente la protesta, acusando a los corteros de estar encuadrados y recibir ayuda financiera de la guerrillade las FARC y amenazando con que se abrirán procesos judiciales para investigar estos hechos.

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, también ha tratado de criminalizarlos al decir que los huelguistas tuvieron reuniones con las FARC y fueron coaccionados por la guerrilla para realizar la movilización, y que además, a estas reuniones asistieron representantes de un senador de la republica, de quien no dijo su nombre pero insinuó apoya el paro de los trabajadores azucareros.

En el plano económico, tanto el gobierno como los empresarios han declarado inaceptables las razones reales del paro, responsabilizando a los manifestantes de cuantiosas pérdidas financieras para el gremio azucarero y de un aumento incremento injustificado en el precio de la gasolina, cuando en realidad este obedece a medidas estatales orientadas a acrecentar los ingresos de los grupos empresariales productores de etanol. Los corteros de caña han afirmado que continuaran bloqueando la entrada a los ingenios hasta tanto su pliego de exigencias sea atendido y logre llegarse a una negociación con el gobierno nacional y los empresarios del gremio.

"Detrás del paro de los cortadores de caña no hay fuerzas oscuras, sólo el hambre y la esclavitud” dijo Piedad Córdoba

El paro de los corteros de caña encuentra su explicación en el hambre y la esclavitud a la que son sometidos más de 18 mil trabajadores en los ingenios azucareros del norte del Cauca y el Valle del Cauca, así lo aseguró la senadora Piedad Córdoba al visitar a los tres corteros en huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En su diálogo con la legisladora, los tres delegados de los corteros aseguraron que además de jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias, la remuneración mensual que perciben no supera los 350 mil pesos mensuales, y no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
“Esto es una infamia, no es posible que en pleno siglo 21 se encuentren trabajadores en tales condiciones, discrepo de lo que señalan algunos funcionarios del alto gobierno. Detrás del paro de los corteros de caña no hay fuerzas oscuras, detrás de ellos está el hambre y la esclavitud que los avasalla”, dijo Piedad Córdoba.
La senadora de dijo además que no entiende como el país no abre los ojos ante las paupérrimas condiciones en que estos compatriotas tienen que ganarse el sustento y aseguró que “posiblemente el fiscal y los ministros aseguran que detrás de la protesta hay fuerzas oscuras porque todos los corteros son negros y el color de su piel los convierte en sospechosos”.

La protesta de los trabajadores azucareros del Valle del Cauca y del suroccidente del país busca la mejoría de sus condiciones laborales y salariales, toda vez que en la actualidad carecen de contrato laboral, seguridad social en salud, prestaciones sociales y padecen el desconocimiento de los más elementales derechos de los que goza un trabajador en cualquier parte del mundo.

Finalmente Piedad invitó al país a abrir el debate sobre la nueva expresión de la esclavitud, que se aprovecha de la necesidad de la gente para explotarla a través de las cooperativas de trabajo asociado.

Estudiantes rechazan criminalización de la protesta social

El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad inicia una movilización en contra de la criminalización de protesta social y estudiantil promovida por el presidente Álvaro Uribe. Los grupos convocan los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales
Según afirman, desde el pasado 9 de septiembre el gobierno colombiano ha iniciado una sistemática campaña de desprestigio del movimiento estudiantil, con el propósito evidente de deslegitimar las expresiones de oposición que de las políticas estatales se hacen desde distintos escenarios universitarios.
"El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado", afirman en comunicado.

El gobierno, agregan, se ha propuesto deslegitimar y descalificar las expresiones de oposición, por eso las señala temerariamente de ser apéndices de la guerrilla, contradiciendo su propio discurso, según el cual en el país no existe conflicto social y armado, y, gracias a la seguridad democrática, están viviendo "el fin del fin" del movimiento insurgente.

Ya van 41 sindicalistas asesinados en Colombia en 2008

A finales de agosto , un nuevo asesinato, de factura paramilitar, del sindicalista Alexander Blanco Rodríguez eleva a 41 el número de sindicalistas muertos en 2008 en Colombia, entre otros centenares de militantes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, desaparecidos, represaliados o perseguidos.
La CUT (principal sindicato de Colombia) se refería así al crimen en un comunicado:

"El dirigente sindical ALEXANDER BLANCO RODRIGEZ fue asesinado el martes 26 de agosto del presente año en el municipio de Cantagallo aproximadamente a las 10:00 de la noche por sicarios, quienes se acercaron al equipo donde el compañero estaba entregando su turno de trabajo y fue asesinado frente a sus compañeros.
El compañero ALEXANDER BLANCO RODRIGUEZ era miembro activo de las organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolivar), que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de ECOPETROL quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros.
Para la dirigencia sindical y los trabajadores, la vulnerabilidad en la que se encuentran laborando en el territorio nacional en todas las actividades de la industria petrolera, frente a la instauración como política de Estado de la contratación de reinsertados de los grupos paramilitares.
Exigimos que el Estado se responsabilice por que este crimen no quede en la impunidad ya que la Central Unitaria de Trabajadores viene aportando una alta cuota de vidas por que hasta el momento hemos perdido en el presente año 41 sindicalista entre dirigentes y afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores.
Llamamos a la opinión Pública Nacional e Internacional y a todas las organizaciones Democráticas a rodear al movimiento sindical colombiano en la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las victimas del terrorismo de Estado".

Crecen los asesinatos a sindicalistas

Por Juan Carlos Hurtado Fonseca (*)

En el Gobierno de la "seguridad democrática", los derechos laborales y las garantías de vida de los trabajadores han sido los más vulnerados.

“Ni porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la persecución para lograr el exterminio del movimiento sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas generados por la negativa patronal a exigencias de derechos laborales garantizados en la Constitución Política; el trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el Ministerio de la Protección Social para el registro sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse; muestran que los empleadores saben utilizar todas las maneras posibles para negar un derecho de las sociedades democráticas y defender sus mezquinos intereses.

Algunos ejemplos

En este sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco, organización en proceso de registro sindical en el Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que están en administración de la asociación, aunque fueron sindicalistas, no recibieron bien la creación de la organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos, como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.

El sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver que el derecho de asociación es un derecho fundamental y los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.

Persecución oficial

Por otra parte, desde el Ministerio de la Protección Social los trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de asociación, especialmente hacia los sectores orientados por la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los sindicatos o inscripción de junta directiva que no encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta entidad estatal, son pocas. En la constitución del sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la madrugada para poder constituir la organización, los conductores pasaron la documentación al Ministerio. El funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso la empresa con un sindicato de carácter patronal, interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar el registro.

De la misma manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que el Ministerio está haciendo un papel a favor de los empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el favor a organizaciones que han aparecido con el propósito de crear una cuarta central en Colombia, de carácter uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está afanado ya que todas las centrales obreras están contra él», explica Alfonso Ahumada.

Conflictos en textileras

Desde hace cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la empresa Vesta, ambas del mismo dueño.

Ocho meses atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la empresa no respondió con las necesidades de los trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y en el último año no ha pagado los salarios de manera cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi ocho salarios. La administración afirma no tener posibilidades de producir la única opción que es la liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves consecuencias para los trabajadores porque son pocos los activos representados en algunas máquinas de la fábrica. Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada en solicitar la liquidación, para tener una retaliación contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».

Asimismo, la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400 trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque resistiendo la persecución de la administración que despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad, el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está en espera.

40 sindicalistas asesinados

La forma más violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la actualidad. Así lo deja ver el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los ocho meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».

En unos de sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados. Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Preocupante situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento. Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con siete».

(*) Artículo aparecido en el semanario "Voz", del Partido Comunista de Colombia (PCC)

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ACSUR-Colombia, Agencia Prensa Rural-Colombia, Adital, Rojo y Negro Digital, Voz-Colombia)

Colombia: Ejecuciones extrajudiciales

ASESINADOS 17 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO, DESDE EL 2.000 SON YA 920. LA OIT Y LA OEA LE PIDEN AL PRESIDENTE URIBE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVISTAS SOCIALES

El sindicalismo en Colombia está de luto un año más. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes eintegrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero,cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día,mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas). Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados.

El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicatode Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha, departamento de la Guajira. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia.

Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento.

Según el gobierno , ninguno de los sindicalistas asesinados en este año había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones deseguridad a quienes estén en riesgo.

Represalias paramilitares por la Marcha del 6 de Marzo

Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatrode los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participaciónactiva y liderazgo en esa marcha.

Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo,las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatosde sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes, como aputan algunos.

Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas yconsideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país. En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, se destacaron algunos casos como las presiones y amenazas que han recaído últimamentesobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte delrector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidasde Colombia (Auc)". La OIT pidió al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.

Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de ella estaban las FARC.

Malos augurios para el inmediato futuro

Pero los augurios no son buenos. Para empezar porque despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las AUC habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme delas fuerzas paramilitares.

El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.



Uno de los países más peligrosos para los sindicalistas

Aproximadamente 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Los datos documentados entre enero de 1991 y diciembre de 2006, por la organización colombiana Escuela Nacional Sindical, muestran que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con esos datos, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunció la existencia de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad.
En el informe "Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia", la Amnistía Internacional supone que los paramilitares, respaldados por el ejército, y las fuerzas de seguridad están detrás de la mayoría de las agresiones. "Sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales", denunciaba el informe.
Según la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, un mensaje está siendo enviado a los sindicalistas de Colombia con la siguiente amenaza: "No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio".

El documento presenta también casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas y sus familiares que trabajan en Colombia. "Se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales", manifestó el informe.

Los asesinatos de sindicalistas son un obstáculo al TLC

Antes de conocerse las cifras del primer trimestre de 2008 y al presentar al Congreso estadounidense el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el presidente George W. Bush dijo que esta nación andina, conocida por su récord de asesinatos de activistas, había hecho grandes progresos en proteger a los sindicalistas.
Sin embargo, tales avances poco tranquilizan a Tarsicio Mora, un abogado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el mayor sindicato del país, quien la semana pasada recibió la última y más reciente amenaza de muerte.
"Con frecuencia somos amenazados por los grupos ilegales, los paramilitares, a veces las guerrillas, algunas veces grupos desconocidos", dijo Mora en una entrevista telefónica con la agencia AP
De acuerdo con el grupo no gubernamental Escuela Nacional Sindical, al menos 920 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde el año 2000, con solo unos pocos casos de esos asesinatos llegando a juicio con condenas.
Al presentar a las cámaras en Washington el texto del tratado, que el Congreso, Bush dijo que el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe ha logrado reducir "sustancialmente" los ataques contra sindicalistas y que creó un programa especial de protección a esos activistas.
De acuerdo con la Escuela Nacional, 191 miembros de sindicatos fueron asesinados sólo en el año 2002, cuando Uribe asumió la presidencia, y desde entonces la cifra viene cayendo progresivamente hasta 39 muertos en 2007. Pero, sólo en lo que va del 2008, van 17 asesinatos de representantes sindicales, según la Escuela Nacional

Uribe ha admitido que las cifras de víctimas de sindicalistas, tanto como la del conflicto armado interno colombiano, aún son altas, pero asegura que la situación es menos mala que hace algunos años."Frente a los problemas presentes, nosotros no los negamos, no los escondemos. Nosotros trabajamos diariamente para poder superarlos", dijo Uribe el lunes.

El tema de los asesinatos de miembros de sindicatos se convirtió en uno de los puntos centrales del debate legislativo estadounidense sobre el tratado precisamente por tratarse de un asunto de comercio y su impacto sobre los trabajadores.
El vicepresidente de la CUT, Fabio Arias, por ejemplo, afirma que además del tema de los asesinatos, el tratado representaría que 3,5 millones de trabajadores colombianos perderían en un plazo de cinco años sus puestos de trabajo en el campo y el sector manufacturero debido a un potencial aumento de importaciones estadounidenses.

Human Rights Watch indicó en un comunicadoque "no se oponen a los acuerdos de libre comercio per se", pero que cree que "cualquier convenio de libre comercio debería estar basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de los trabajadores".
La oposición al tratado proviene del Partido Demócrata, mayoría en el Congreso en Washington, que asegura que Uribe no ha hecho lo suficiente en proteger a los sindicalistas.
"¿Decir que 39 sindicalistas fueron asesinados el año pasado por ser sindicalistas y se supone que eso es un gran avance?", se preguntó el representante demócrata a la Cámara, James McGovern, de Massachusetts.

El congresista, en entrevista telefónica, dijo que si bien cree que Uribe hace esfuerzos por mejorar la situación, rechaza la idea que se hayan hechos enormes progresos.
"Lo que buscamos es que ningún sindicalista sea asesinado", dijo.

La CIDH pide a Uribe que garantice la seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por defensores de los Derechos Humanos. La Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que recibió información acerca del desamparo que viven los activistas de organizaciones sociales en Colombia.
El comunicado explica que es responsabilidad del Estado adoptar de manera urgente "todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar" a quienes reciben amenazas.
Además exige al gobierno de Álvaro Uribe que "investigue, juzgue y sancione a los responsables de dichas amenazas y que garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales".

La CIDH expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por quienes se manifestaron el 6 de marzo último contra los paramilitares y los crímenes de Estado.
Agregó que "estos hechos ocurren en un contexto de violencia" contra los activistas y recordó que ya "han sido asesinados varios líderes sociales"

(Fuentes: Semana.com, Vientos del Sur, Agencia PÚLSAR, Adital y Houston Chronicle)

Colombia: Derechos Humanos

COMIENZAN LOS ASESINATOS DE LOS LÍDERES QUE PARTICIPARON EN LAS MARCHAS DEL 6 DE MARZO CONTRA LOS CRÍMENES DE ESTADO Y QUE FUERON SEÑALADAS POR EL GOBIERNO DE URIBE COMO 'CONVOCADAS POR LAS FARC'

Las organizaciones colombianas de derechos humanos denuncian y la ONU muestra su preocupación por los asesinatos de al menos cuatro dirigentes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país, en su mayoría destacados promotores de la gran movilización del pasado 6 de marzo. Además son continuas las amenazas directas contra otros líderes sociales que participaron en las marchas masivas que se celebraron ese día en las principales ciudades de Colombia, contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Las organizaciones atribuyen estos hechos a los grupos paramilitares que fueron denunciados durante las marchas. Las denuncias fueron presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las protestas, denuncia los asesinatos y señala que el pasado 12 de marzo le llegaron amenazas contra 28 defensores de los derechos humanos. Las amenazas están firmadas por un grupo denominado "Águilas Negras", que sustituye en varias regiones a las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Movice pide la destitución del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por afirmar públicamente que las marchas del 6 de marzo fueron convocadas por la guerrilla.

El gobierno Uribe señala y los 'paras' ultiman

Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas asegura que "el Gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera discienten de las posturas oficiales y eso coloca, como hemos visto en esta semana, en grave riesgo a muchas personas y en este caso eso ha costado vidas ya".
"Hay líderes sindicales asesinados, víctimas de atentados, en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones", sostiene Cepeda.

Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y apoyaron en sus regiones de origen, las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en el país suramericano.
July González, miembro de la directiva de la CUT, dice que "nosotros hemos tenido 10 víctimas este año. Como pueden observar, son dos meses y medio lo que va corrido de este año y el número es bastante alto, pero igual, permanentemente los líderes activistas, afiliados e incluso que no están dentro de las organizaciones sindicales, reciben amenazas, hostigamientos y algunos han sido asesinados".

También mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria han sido amenazadas a través de panfletos intimidatorios que están firmados por los paramilitares de las "Águilas Negras".
Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de Mujeres indica que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su "profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo".
Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".
El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".
Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía abrir una decidida investigación de los hechos.

ONGs piden la destitución de un consejero presidencial

Las organizaciones sociales y políticas colombianas ligadas a la marcha contra la violencia paramilitar y los crímenes de Estado del pasado 6 de marzo reclamaron la destitución de un consejero presidencial.
'Hemos acordado que las organizaciones que preparamos el 6 de marzo vamos a presentarle al presidente de la República un derecho de petición en el cual le solicitamos, respetuosamente, que renuncie el consejero presidencial José Obdulio Gaviria', informaba Iván Cepeda, portavoz de esos movimientos. Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las marchas, denunció las muertes de los sindicalistas Leónidas Gómez Rozo, Carlos Burbano, Antonio Pedrozo y Gildardo Gómez Alfate.

Según el líder del Movice, 'la responsabilidad de estos hechos tan graves recae, en primer lugar en la persona del consejero presidencial (Gaviria) al afirmar que la convocatoria (de la marcha del 6 de marzo) era de las FARC'. El gobierno 'no rectificó estas afirmaciones pese a la insistencia nuestra', y ante ello, presentamos a Uribe esa acción 'tendente a buscar la destitución del consejero presidencial', añadió Cepeda.

El paramilitarismo, en alza

Iván Cepeda denunció, asimismo, que el 12 de marzo recibieron por correo electrónico amenazas (a varias organizaciones) de un grupo que 'se hace llamar 'Águilas Negras, bloque metropolitano de Bogotá''.Las intimidaciones, precisó, 'traían una lista de 28 personas, en su mayoría mujeres, 17 en total, todas defensoras de derechos humanos, y en las amenazas se dice que ese grupo será 'implacable' con las personas que organizaron la marcha del 6 de marzo'.
Las amenazas no solamente fueron dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también a medios de comunicación como la revista Semana, señaló el líder de Movice.

Cepeda reveló que van a solicitar 'para esas personas amenazadas medidas de protección cautelar' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). l organismo interamericano. También, agregó, se solicitará ante la CIDH, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora de las Naciones Unidas que exijan al Estado colombiano que adopte mecanismos para desmantelar grupos paramilitares.'Es muy difícil asegurar que no existen grupos paramilitares después de la lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos', subrayó Cepeda.

60.000 colombianos huidos a Ecuador en busca de protección internacional

Actualmente existen unos 60 mil colombianos con necesidad de protección internacional desplazados a las provincias del norte de Ecuador, de acuerdo con los primeros resultados de un estudio que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó en febrero pasado al gobierno de Quito.

La información fue publicada en el portal web de Acnur y es atribuida al portavoz de la organización, Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 14 de marzo de 2008 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

El comunicado destaca que la gran mayoría de estas familias emigró al vecino país, provenientes de la costa pacífica de Colombia, a consecuencia del conflicto armado interno, situación que ha ocasionado que teman por su integridad física y por sus vidas.

Igualmente, estiman que unos 10 mil de ellos han buscado asilo en la provincia de Esmeraldas, una de las regiones más pobres de Ecuador, y que limita con el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. A su vez, Acnur resalta que Nariño es la localidad con la peor tasa de desplazamiento forzado dentro del país durante 2007, ya que el Gobierno colombiano reportó que más de 22 mil personas huyeron de sus casas. Al estudiar las causas de este desplazamiento, Acnur atribuye el movimiento al alto índice de violencia, lucha armada, asesinatos selectivos y persecución de civiles; “de los peores en Colombia”.

No obstante, agrega que, a pesar de este desplazamiento forzado de personas, hay casos de familias que ni siquiera tienen la opción de huir, debido a que grupos armados irregulares siembran un elevado número de “minas anti personales” para mantenerlas incomunicadas del resto del mundo.

Conflictos interétnicos

La situación humanitaria y violatoria de los derechos humanos existente en Colombia se ve aún más agravada debido a los conflictos interétnicos e interraciales que afrontan las comunidades indígenas, que se ven obligadas a huir de su país por miedo a ser perseguidos. Tal como lo destaca Prensa Latina, esta discriminación data del año 2006, cuando comenzaron las represalias contra los campesinos e indígenas colombianos que protestaron por el incumplimiento de la entrega de tierras y la firma del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ante estas manifestaciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud ocasionando lesiones y muertes innecesarias de ciudadanos que exigen se respeten sus derechos económicos y humanos.

Es importante reseñar que Acnur también condenó estas acciones violentas de la fuerza pública colombiana, y los exhortó a respetar los principios básicos de los derechos humanos y a restringir el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.

Homicidios políticos

Otro momento grave tensión se vivió durante la campaña de elecciones regionales del año 2007, cuando alrededor de 30 candidatos perdieron la vida; asesinatos que se atribuyen fuerzas paramilitares en supuesto apoyo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El portal web Tribuna Popular publicó que el presidente Uribe quizo contrarrestar peso a estos hechos violentos ofreciendo recompensas millonarias a quien diera información sobre fraudes o actos violentos contra aspirantes, insistiendo en responsabilizar a la guerrilla de las acciones violentas ya que, según él, no hay paramilitarismo. Contrariamente, la Dirección de la Policía Judicial (DIJIN) aseguró que grupos paramilitares actuaban en por lo menos seis departamentos del país, intimidando a los candidatos para que al ser elegidos les adjudiquen contratos en sus respectivos territorios.

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, TeleSur,Europa Press, Adital, EFE, Movice-Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)