Colombia:Conflicto interno

INDIGNACIÓN POR LA DOS MATANZAS CONSECUTIVAS DE INDÍGENAS AWÁ PERPETRADAS POR GUERRILLEROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOGRAR UNA SALIDA NEGOCIADA A LA GUERRA PIDEN EXPLICACIONES A LAS FARC

En total serían 27 los indígenas awá asesinados presuntamente por las FARC en el sureño departamento de Nariño, según denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La última masacre fue perpetrada contra diez indígenas que huían tras la matanza de 17 de sus compañeros a manos de las FARC.
"Recibimos información de autoridades de la región que en el día de ayer diez personas que venían desplazadas, huyendo de la masacre anterior, fueron asesinadas a la altura de la comunidad de Guangarial", denunció este jueves Luis Evelis Andrade, líder de la ONIC.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, antiguo dirigente de la guerrilla del M-19, confirmó que miembros de la etnia Awá le comunicaron "que en la madrugada del miércoles habían matado a diez personas" en el municipio de Ricaurte, detallando "el sitio exacto de la matanza y el nombre del dueño de la casa donde se produjo".
"Nos dicen que fueron las FARC las que igualmente cometieron estos crímenes", indicó Andrade, mientras que Navarro afirmó no tener aun información sobre los responsables del hecho, cuyas circunstancias se desconocen.

"No sé si fueron las FARC, la persona que me dio la información no me lo dijo, pero fue en el área general donde se cometió la primera masacre", el 4 de febrero en la localidad de Barbacoas, declaró el gobernador a radio Caracol.
"De la primera (matanza) estoy totalmente seguro que fueron las FARC, en este segundo caso no puedo todavía confirmar el autor material", subrayó Navarro.

La ONIC y las autoridades civiles de Nariño denunciaron que los guerrilleros torturaron y asesinaron el 4 de febrero a por lo menos 17 indígenas Awá, acusándolos de cooperar con el Ejército al no comunicar a los rebeldes la presencia de militares en la zona.

Con alrededor de 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento del suroeste de Colombia que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado.
En los últimos dos años, desde Nariño se han registrado más de un 10 por ciento de los casos de nuevos desplazamientos forzados en este país de alrededor de 44 millones de habitantes que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas.

Los Awá son unos de los 87 pueblos indígenas de Colombia y está entre los que enfrentan peligro de extinción como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La crisis humanitaria y territorial del pueblo Awá

“El arraigo a su territorio, el concebirse como un pueblo con autonomía, con gobierno propio y su identidad son los pilares de la cosmovisión del Pueblo Awá; no estar sometidos a ninguna ideología, a ningún actor armado, sino basados en la autodeterminación”. Son palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC, pronunciadas en la conferencia de prensa en la que denunció estas matanzas.

Luis Evelis Andrade, considera estos actos de las FARC como 'demenciales' y lamenta que aunque era algo que se venía denunciando, el gobierno no haya tomado las medidas de prevención para salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo que desde hace décadas viene padeciendo el rigor del conflicto armado que vive Colombia.

Sólo al pueblo Awá, desde septiembre del 2008, que comenzó la movilización de los indígenas colombianos en la denominada Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, les han asesinado 44 de sus miembros, cifra que puede aumentar con las masacres de esta semana. En los 43 primeros días del 2009, han sido asesinados más de 58 indígenas en todo el país.

Los más recientes ocurrieron este miércoles 11 de febrero, cuando en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego, fueron masacrados más de 10 indígenas cuando se aprestaban a desplazarse, del territorio. “No es fácil el acceso, son dos días de camino de herradura hasta Tangarial, y otras dos comunidades más que hacen parte del resguardo El Sande, como El Recodo y Charco Largo, donde viven más de 400hermanos, de quienes no sabemos su suerte”, según el informe de una autoridad indígena de la zona. Por lo que ninguna comisión ha podido llegar al lugar para conocer con certeza la dimensión de la masacre. Tampoco han sido rescatados los cadáveres ni de los 10 últimos ni de 17 primeros. Además hay 5 desaparecidos, "tres indígenas que se arriesgaron a entrar al territorio en busca de sus familiares y que no han regresado”.

El consejero Mayor de la ONIC, afirma que el exterminio 'de los hermanos Awá', ocurre , “en el marco de la Política de Seguridad Democrática que no protege a los indígenas, sino que ha llevado la guerra a sus territorios ancestrales. El Pueblo Awá ha sido además sometido a bombardeos, ametrallamientos por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, a fumigaciones aéreas sin aviso, cuyos comandantes niegan incluso los combates previos y posteriores a la masacre cometidas por las FARC, o por otro actor armado en la zona”. Así mismo, denuncia que “los militares violan los derechos humanos de las comunidades Awa y en general de los pueblos indígenas y el DerechoInternacional Humanitario. Violan el principio a la proporcionalidad de fuerzas y el principio del respeto por la población civil, incluso sus propias directivas diferenciales”.

¿ Qué hay detrás de esta masacre?

Luis Evelis Andrade explica que el departamento de Nariño es una zona estratégica de frontera donde están en marcha muchos proyectos económicos y de infraestructura, además del control territorial que se disputan los actores armados legales e ilegales, y que también es corredor de tráfico de drogas.

Por la zona, donde viven los indígenas se proyecta incluso el paso de una línea de infraestructura como es el IIRSA, un ambicioso megaproyecto que vendría desde el Caribe, “una serie de intereses sobre los recursos naturales existentes se juegan allí y esto hace que haya una fuerte militarización para proteger la entrada de las multinacionales que vienen a explotar las riquezas. A esto se suma los constantes enfrentamientos entre guerrillasde las FARC y ELN, entre estas y el Ejercito nacional, entre guerrillas y paramilitares, entre narcotraficantes, que cada cual quiere controlar elterritorio, irrespetando la Autonomía y el Gobierno Propio de los Indígenas, violando así sus derechos como pueblos, los humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

La ONIC le exige a las FARC que entreguen los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para ser juzgados por la Justicia Indígena y pide la solidaridad nacional e internacional , para que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá. También exige que todos los actores armados sin excepción desmilitaricen y acaben con la ocupación de sus territorios indígenas.

El ACNUR se muestra conmocionado

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pide una rigurosa investigación de los hechos, el respeto a todas las partes involucradas del Derecho Internacional Humanitario y exhorta al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena.

El ACNUR informa que en la zona de Nariño donde se produjeron los crímens, la población se encuentra extremadamente atemorizada, lo cual incrementa la preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo en los próximos días. La zona, ubicada a lo largo del río Telembi, entre los pueblos de Ricaurte y Barbacoas, se encuentra considerablemente aislada y es dedifícil acceso, con presencia de minas antipersonales.

La oficina del ACNUR en la zona ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, que como muchos grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto. Esta oficina considera que el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, aunque vive en un territorio protegido, eso no ha impedido el ingreso de los grupos armados a sus tierras. Y los indígenas Awá han sufrido graves violaciones de sus derechos , incluyendo constante presión y persecución, reiterados asesinatos y desplazamientos forzados. En los últimos años, ellos han sido forzados a abandonar sus tierras enrepetidas ocasiones. Algunos indígenas han cruzado la frontera para buscar refugio en Ecuador.

"El ACNUR se encuentra conmocionado, lamentamos profundamente los asesinatos y ofrecemos las más sinceras condolencias al pueblo Awá, reiterando nuestro apoyo a su derecho a vivir en paz en su territorio y reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando con ellos. Además, hacemos un llamado para realizar una investigación urgente e independiente a cerca de los hechos ocurridos, y a tomar medidas deprevención, rápidas y efectivas, como seguir las alertas tempranas que repetidamente emite la Defensoría del Pueblo del departamento deNariño", dice esta organizacón de la ONU en un comunicado.

Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenasa lo largo del país. Parte del esfuerzo que se esta llevando a cabo consiste en aumentar la conciencia acerca de la magnitud de la crisis que vive el país .

La senadora Piedad Córdoba pide el esclarecimiento de los hechos

El grupo de intelectuales "Colombianos y Colombianas por la Paz" pide a la jefatura de las FARC que se pronuncie sobre el asesinato de indígenas de la comunidad Awá presuntamente por guerrilleros de esa agrupación.

En un comunicado, exigen a las autoridades el "esclarecimiento total de los hechos" y al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "un pronunciamiento publico respecto de ese vergonzoso" suceso.

El documento, suscrito por 125.000 personas, entre ellas la senadora de oposición Piedad Córdoba, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el sur de Colombia.

El grupo de intelectuales y las FARC mantienen un intercambio epistolar desde hace varios meses y, gracias a él, la guerrilla liberó de forma incondicional a dos políticos, tres policías y un militar entre el 1 y el 5 de febrero.
Por petición de esa guerrilla, la senadora Córdoba encabezó la comisión humanitaria, en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brasil.

(Fuentes: AFP, Reuters, ONIC, EFE y Codhes)

Colombia: Conflicto interno

LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS FARC NEGOCIA CON DELEGADOS DE FRANCIA Y SUIZA NUEVAS LIBERACIONES DE REHENES Y LA APERTURA DE UN PROCESO QUE LLEVE A UN ACUERDO HUMANITARIO

-Las ONG's cifran ya en más de 30.000 los desaparecidos; el 97% a manos de militares y paramilitares.

El delegado del gobierno de Francia, Noel Sáenz, y del de Suiza, Jean Pierre Gontard, han logrado ya contactar con el Secretariado de las FARC y negociarían ya un canje de rehenes. En Bogotá, el secretario de prensa del palacio presidencial, César Mauricio Velásquez, réconoció que desde el pasado viernes los delegados extranjeros estaban en territorio colombiano en busca de ese contacto, con el consentimiento del presidente Uribe.
"Los dos delegados europeos ingresaron en los últimos días a Colombia, pidieron al Gobierno autorización para desplazarse a ese encuentro directo con el Secretariado de las FARC, la cual el Gobierno concedió, y ha dado todas las garantías de seguridad para sus desplazamientos", dijo el portavoz presidencial.

El máximo líder de las FAR, Alfonso Cano, estaría reunido desde hace ya tres o cuatro dias con delegados de Francia y Suiza, según el diario El Espectador, que recuerda que se trata del primer encuentro con el grupo guerrillero después de la muerte de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', para el logro de un acuerdo humanitario.

La guerrilla de las FARC mantiene la disposición a canjear a 40 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (de doble nacionalidad, colombiana y francesa) , tres 'contratistas' estadounidenses, y varios políticos, policías y miembros del Ejército colombiano, por cerca de 500 rebeldes presos. Exige la desmilitarizació de dos municipios en el Sur a lo que se opone el Gobierno Uribe.

Según el diario El Tiempo que cita fuentes del gobierno colombiano, los dos diplomáticos extranjeros van a solicitar a las FARC "que acepten la propuesta de una zona de encuentro para iniciar diálogos en torno a un eventual intercambio humanitario". El gobierno exige que el sitio de encuentro debe estar alejado de zonas pobladas y no debe implicar un despeje militar. Exige además que los guerrilleros deben permanecer desarmados, que los rebeldes que sean liberados tienen que comprometerse a no volver a la guerrilla, que el encuentro tenga un plazolimitado y que haya observadores internacionales.

Piedad Córdoba denuncia maltrato en EE.UU.

La senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, qien ha actuadoi de 'facilitadora' en las últimas liberaciones de secuestrados por las FARC, ha denunciado que fue detenida y maltratada por funcionarios de la aduana estadounidenses, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Córdoba dice que la retuvieron e interrogaron durante más de tres horas y que los agentes "querían saber qué hacía, por qué trabaja por el acuerdo humanitario, por qué iba a reuniones relacionadas con el conflicto y los derechos humanos en Colombia y su relación con las FARC".

La senadora dice que considera que "el artífice de esta detención arbitraria es el cónsul colombiano en Nueva York, Francisco Noguera, y que todo tiene que ver con una carta de protesta que envió en días pasados a su colega venezolana por la invitación que este país le hiciera para participar en un foro en conmemoración de los 197 años de la independencia de Venezuela".
Para la congresista "resulta curioso que sean los mismos temas planteados por Noguera en su misiva, sobre los que el director de aduanas de Nueva York la interrogó".
El cónsul Francisco Noguera negó esta parte de la denuncia de Piedad Córdoba

¿Más de 30.000 desaparecidos?

Las desapariciones forzadas están ya en los titulares y las informaciones de la prensa colombiana en los últimos meses. Algo que no era habitual, pese a que el fenómeno no es nuevo en Colombia. Pero bajo el gobierno de Uribe las cifras se desatan.

Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía.

Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.

"Seguramente van a ser más de 30.000", dice Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en Bogotá para asistir a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir basta a esta realidad".

Militares y paramilitares perpetraron el 97% de los casos

Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la Comición Colombiana de Juristas (CCJ), dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.

Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.

Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.

Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente

Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alto Comisionad de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".

Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".

La Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, desarrolla en la actualidad 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército. En ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.

En el 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal. Pero la Procuraduría admite que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.

(Fuentes:El Tiempo, DPA, El Espectador, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR)

Latinoamérica-Europa: Migraciones

INDIGNACIÓN GENERAL EN LATINOAMÉRICA CONTRA LA 'DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA' APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO. MÁS DE UN MILLÓN DE LATINOS PODRÁN SER DETENIDOS EN EUROPA

"¿Qué habría ocurrido si en los años de guerra y de hambre del primer mundo, nuestros países hubieran cerrado la puerta?"

(Presidenta Madres de Pza. de Mayo)

Es una voz unánime: Medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales de Latinoamérica rechazan y critican la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, conocida como la "directiva de la vergüenza" porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.

El espaldarazo del Partido Popular y la derecha ultranacionalista permitió la aprobación en la Eurocámara de la llamada Directiva Retorno, un criticado proyecto que criminaliza a los emigrantes. Los dirigentes políticos europeos propugnan la libre circulación de mercancías e inversiones y coartan el libre movimiento de los seres humanos.
El Parlamento Europeo (PE) adoptó sin cambios el texto destinado a los inmigrantes ilegales, que contempla prisión desde seis hasta 18 meses sin proceso jurídico. La norma del bloque comunitario entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, y ya recibió el apoyo de los gobiernos de los 27 países de la UE.

Algunas organizaciones de izquierda intentaron introducir ciertos cambios a la Directiva Retorno, pero fracasaron ante la postura inflexible de la derecha. Los detractores del texto, en minoría ahora, calificaron el decreto de “verguenza e insulto a la cultura jurídica de Europa”, a decir del eurodiputado comunista italiano Giusto Catania. La socialista francesa Martine Roure denunció un compromiso muy insatisfactorio con el cual Europa se encierra.

Iniciativas regionales contra la directiva

"Es una vergüenza lo que ha hecho Europa", denuncia el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado hoy en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento hasta 18 meses de los inmigrantes sin papeles.

"?Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país?. ?Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", se pregunta el mandatario. Correa critica el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados: "¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”.

Rafael Correa, advierte que iniciará "una acción a nivel regional para presentar un frente común, al menos a nivel sudamericano, para protestar frente a esta agresión, frente a este atentado a los derechos humanos".
En tanto, Paraguay anuncia que pedirá a los jefes de estado del Mercosur, que se reunirán el 31 de junio y primero de julio en Argentina, que elaboren un pronunciamiento contra la Directiva europea. El Gobierno paraguayo considera que la norma "cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato "preferencial" para sus inmigrantes, pese a la directriz. "Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial (...) para los centroamericanos", dijo Cálix, portavoz regional para el diálogo político y la cooperación en las conversaciones con la UE.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que se estudiará los alcances de la directiva para decidir cómo enfrentarla "de manera legal". Hace algunos días, el presidente Evo Morales bautizó el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad.

Por su parte, el Senado de Uruguay también rechazó la norma y anunció que llevará a las Naciones Unidas su rechazo e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional". El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional". Agrega que es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo" de los mismos.

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresa "su decepción por la medida", que considera una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lamenta la decisión de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

El Gobierno de Argentina recuerda que migrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal". Añade que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".

¿Que hubiera pasado si Latinoamérica hubiera cerrado sus puertas?

La asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina califica de "salvajes y discriminatorias" las medidas . En Carta Abierta a los ciudadanos europeos, Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, les dice "que se están convirtiendo en mujeres y hombres sin corazón". Les pregunta ¿qué hubiera pasado si en los años de las guerras y las hambrunas del Primer Mundo nuestros países les hubiesen cerrado las puertas?.
En la misma carta Hebe de Bonafini, pide que los europeos reflexionen sobre el lema que ellas usan "el otro soy yo" y que recuerden que los países europeos "usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora ante la decadencia de los estados (del tercer mundo), los condenan a volver al hambre y la desesperación".

También por carta, el presidente boliviano Evo Morales, dijo que las medidas discriminatorias "que quieren implementar contra los inmigrantes de todos los países, del llamado tercer mundo -con prisión y deportación- son medidas salvajes". Además de criminalizar a la persona humana, la directiva priva a los seres humanos de su libertad, detiene a las personas en lugares inhumanos y degradantes, sin que ellas hayan cometido ningún delito.

De la Europa de las luces a la de las tinieblas

Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Louise Arbour en un comunicado oficial divulgado en la sede central de la ONU en Nueva York, urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de esas personas, “cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección”.
En ese sentido, censuró que las potencias europeas, que suelen entender mejor las violaciones de derechos civiles y políticos, no actúan de igual manera cuando se tratan de derechos económicos y sociales. A juicio de la titular de Derechos Humanos de la ONU, el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales. Al cumplirse 60 años de esta Declaración, es necesario reagrupar estos derechos, dice.

Así, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tilda la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal". "La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas", señaló un comunicado de la Asociación.

También desde Madrid, Wilfredo Contreras de la Coordinadora de Inmigrantes dijo en el informativo de radio Más Voces que la Directiva marca "un retroceso para la civilización".

Cárcel para inocentes y niños

La Directiva de Retorno aprobada por el parlamento europeo permite a los gobiernos mantener hasta 18 meses detenidos a inmigrantes clandestinos o solicitantes de asilo rechazados, antes de su deportación.

El europarlamentario izquierdista italiano Giusto Catania reflejó los sentimientos de activistas por los derechos de los inmigrantes, al considerar que la votación en Estrasburgo marca uno de los "días más oscuros" de la Unión Europea.

La directiva establece a los 27 países del bloque un criterio común sobre el tiempo en que los inmigrantes que afrontan la expulsión pueden estar detenidos. Hasta ahora, en siete de los estados no regía un límite obligatorio. Según la nueva norma, debería establecerse un máximo de detención de seis meses, aunque puede extenderse por otros 12 en una amplia gama de circunstancias.

Como denunció en su carta de advertencia antes de que se aprobara uno de los principales críticos de la directiva, el presidente de Bolivia, Evo Morales, "Existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos que ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios", escribió Morales. "¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose?", preguntó el mandatario. "La inmensa mayoría de los migrantes vienen a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos", anotó.

Otro motivo de conflicto es la prohibición por cinco años del reingreso a territorio de la UE de un expulsado, lo cual, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, constituye "un ejemplo extremadamente malo para otras regiones del mundo". Además, advirtió Amnistía, la norma no contiene garantías de que se satisfagan las necesidades de los niños y niñas inmigrantes que no estén acompañados por sus padres.

¿Deportaciones a países donde se tortura y desaparece?

Otras organizaciones alertaron que la directiva permitiría deportaciones a países donde los migrantes podrían sufrir tortura, hostigamiento e incluso la muerte. En algunos casos, el traslado sería a países que no son los suyos, según diversas interpretaciones. "El texto admite implícitamente que un menor no acompañado por sus padres nacido en el país A sea expulsado al país B", dice Patrick Peugeot, presidente de la organización francesa de defensa de los refugiados Cimade. "¿Cómo es posible imaginar algo así?"
Para el europarlamentario Catania, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, los gobiernos que apoyaron la directiva asumen un "enfoque autoritario". "Éste será recordada como uno de los días más oscuros en la historia de la UE", dice el legislador italiano. "Estas medidas serán decisivas para los ocho millones de migrantes irregulares hoy residentes en Europa, decisivas para esos hombres y mujeres que, escapando de las guerras y del hambre, tratan de alcanzar nuestras costas."

Temores de expulsión de 1 millón de latinos, la mitad en España

Aunque no existen cifras aproximadamente exactas sobre el número de ciudadanos latinoamericanos residiendo irregularmente en los 27 países miembros de la UE, se estima que al menos superan el millón.
No obstante, "la población más afectada no es la latinoamericana, sino los inmigrantes a los que se aplicará un retorno forzoso; detenidos senegaleses, bengalíes, kasajos e iraquíes", explica el eurodiputado español Ignasi Guardans, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Guardans basa su apreciación en que los inmigrantes latinoamericanos en la UE no son mayoría, en que los detenidos para expulsión son relativamente pocos y en que muchos están en proceso de regularizar su situación y a ellos no los afecta la norma.
Según la norma, a los inmigrantes irregulares, se les invitará a regresar y para ello tendrán un plazo, que como mínimo será de cuatro semanas.
Pero por su propia naturaleza de irregulares, no hay cifras oficiales disponibles y los números son estimativos que en ocasiones pueden ser especulativos.
"Todo parece indicar que la mayoría de irregulares están en España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Suiza", según el representante para América Latina de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en Ginebra, Suiza.

España es uno de los primeros destinos, con una cifra estimada de entre un millón y un millón y medio de ilegales, de los cuales unos 450 mil serían latinoamericanos, según la OIM.
Pero en ese país, las cifras se han calculado sobre la base del empadronamiento del año 2005 en el que figuran tanto residentes legales como una buena parte de irregulares que creen que ese hecho les puede facilitar en el futuro su normalización.

Sin embargo, no todos los latinoamericanos irregulares se registraron en España "por temor o por desconocimiento", explica Manuel Pombo Bravo, Jefe de la Oficina Internacional de las Migraciones en Madrid. Para Pombo la población de ilegales es fluctuante y los latinoamericanos irregulares son el tercer grupo más numeroso en España. Para él, en la práctica la puesta en vigor de la normativa será complicada "porque no es de aplicación inmediata en vista de que primero deberá ser trasladada al derecho interno de cada país, y además no hay sitio para mantener y alimentar a todos los irregulares que serían expulsados".

Según los estimativos, la primera comunidad de inmigrantes en España es la de rumanos, seguida de los marroquíes y luego en su orden ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos, y en los últimos tiempos, brasileños.
Y las bolsas de inmigrantes ilegales se nutren fundamentalmente de ecuatorianos, rumanos, colombianos y argentinos.

Como dice Leon Gieco en "De igual a igual":

Soy bolita en Italia, soy colombo en Nueva York

soy sudaca por España y paragua de Asunción.

Español en Argentina, alemán en Salvador
un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.

El mundo está amueblado con maderas del Brasil
y hay grandes agujeros en la selva misionera.

Europa no recuerda de los barcos que mandó.

Gente herida por la guerra esta tierra la salvó.

Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país.

Y así será de igual a igual .

Y así será de igual a igual.

Tico, nica, el boricua, arjo, mejo, el panameño

hacen cola en la Embajada para conseguir un sueño.

En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes,

si lo para Inmigración pide por el presidente.

Los llamados ilegales que no tienen documentos

son desesperanzados sin trabajo y sin aliento.

Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet

Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley.
(PARA VER Y ESCUCHAR)

(Fuentes:ABI-Agencia Boliviana de Información, Adital, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, IPS y Bolpress)

Colombia:Conflicto interno

COLOMBIA SUPERA YA LOS TRES MILLONES DE DESPLAZADOS INTERNOS Y LOS 550.000 REFUGIADOS SEGÚN EL ACNUR, UNA DE LAS MAYORES CRISIS DEL MUNDO

Según el informe mundial sobre desplazamiento presentado ayer por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Colombia alcanzó el primer lugar en número de desplazados en el mundo, seguida por Iraq y El Congo.

Los datos presentados en Londres por el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, el exprimer ministro portugués Antonio Guterres, confirman que Colombia es el país que cuenta con el mayor número de desplazados en el mundo 3.281.000 seguido por Iraq que tiene 2.600.000 y Congo con 2.060.000 personas en esta condición.

En cuanto a los refugiados en el exterior, Colombia también está entre los primeros ocupando el tercer puesto con 552.000. ACNURse basa en los datos revelados por la Corte Constitucional y los estudios que esa institución. El portavoz de ACNUR en Bogotá aseguró a los medios de comunicación que utilizaron la cifra de la Corte por ser la media entre lo que asegura en Gobierno y los datos que manejan las ONG y la iglesia católica.

El Gobierno discrepa con las cifras de ACNUR y rebaja el número de desplazados a 2.5 millones de personas. Mientras que la Consultoría para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, organización que maneja el sistema alterno Sisdhes, que contabiliza los desplazados en Colombia asegura que la cifra es mucho mayor y que entre 1985 y el primer trimestre de 2008 el número de desplazados en Colombia asciende a 4.361.355.

Jorge Rojas, Director de CODHES, asegura que la impactante situación revelada por ACNUR corresponde a nuevas realidades que están aumentando vertiginosamente el fenómeno y que demuestran que ahora más que nunca el conflicto armado colombiano esta vigente: “La fumigación de cultivos de uso ilícito, la persistencia de grupos paramilitares en varios departamentos y los enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército son la causa de este flagelo crónico y demuestran que la Seguridad Democrática del gobierno funciona solo en algunas partes”.

Uno de los puntos críticos del planeta

Con 3 millones de desplazados internos y 552.000 refugiados, Colombia es uno de los puntos más preocupantes del último informe del ACNUR.
"El número de desplazados en 2006 era de 200.000 y en 2007 se reportaron 250.000. En los últimos cinco años estamos hablando de un millón de personas", dice Jean Hilene Verney, responsable del ACNUR en Bogotá.
El último informe de este organismo alertó que las cifras de refugiados en el mundo crecieron por segundo año consecutivo en 2007.
En el caso colombiano, se reconoció por primera vez en calidad de "refugiados" asistidos por el ACNUR a un total de 250.000 personas huidas a Ecuador y a 200.000 a Venezuela, lo que sitúa al país por delante de Sudán, que pasó de 635.000 refugiados en 2006 a 523.000.
Les siguen Somalia (457.000), Burundi (376.000) y República Democrática del Congo (370.000).

"Pero Colombia no es el país con más desplazados internos sino Sudán con 5 millones, pero sí es el país donde el ACNUR trabaja con más desplazados", aclaró Verney.
La situación (en Colombia) sigue complicada especialmente en zonas alejadas. Todavía hay grupos irregulares (paramilitares) activos en el país y hay informes sobre el hecho de que se están formando nuevos grupos.

Pero las cifras en Colombia son contradictorias, "por un lado tenemos a la Iglesia que dice que hay unos 4 millones de desplazados, al gobierno que habla de 2,5 millones y a la Corte Constitucional que cuenta unos 3 millones", dice Jean Hilene Verney.
A la hora de explicar el aumento de desplazados Verney destaca que aunque la situación bajó en algunas zonas del país, "sigue complicada especialmente en zonas alejadas. Lo que hemos visto es que todavía hay grupos irregulares activos en el país y hay informes sobre el hecho de que se están formando nuevos grupos".
Colombia también figura entre los cuatro países con mayor cantidad de peticiones de asilo durante 2007 con un total de 23.000 solicitudes, por detrás de Iraq (52.000), Somalia (46.000) y Eritrea (36.000).

Del total de solicitudes colombianas, 11.600 son de colombianos huidos a Ecuador y 2.600 a Canadá.

El número de refugiados ha dado un salto muy grande respecto al año pasado, debido a la lista de personas que no estaban registradas oficialmente como tales, como los 450.000 colombianos en Ecuador y Venezuela.
"El año pasado había 80.000 colombianos registrados, pero ahora hemos incluido en la lista a los que nosotros estamos asistiendo en Ecuador y Colombia, a pesar de que aún no han sido registrados oficialmente", explica.
"El problema es que hay muchas personas cruzando la frontera por miedo y que nunca inician el procedimiento porque piensan que no tienen derecho a quedarse en el país".

Para que los huidos no pierdan sus tierras

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, firmaron hace unos meses un convenio para asesorar a las personas desplazadas con el fin de que puedan recuperar sus tierras. En muchos casos, los desplazamientos se producen porque llegan grupos paramilitares a un lugar y amenazan a los pobladores, con el objetivo de que huyan y abandonen el territorio, del que se apropian los terratenientes que financian a esos grupos armados.

El Acnur estima que la población desplazada en Colombia perdió entre 4 y 6 millones de hectáreas de tierras; mientras, entre los años de 2002 y 2006, les fueron devueltos apenas unas 22 mil hectáreas. En este sentido, el objetivo del convenio es ayudar a cerrar esa brecha.

Para el delegado en Colombia del Acnur, Jean Noël Wetterwald, eso sólo será logrado con la restitución "a las personas desplazadas las mismas tierras que les quitaron y mejorando las políticas de reubicación".
Según un estudio publicado por la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento a la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el 78% de las personas desplazadas procede de zonas rurales, el 70% dejó tierras abandonas, y el 82% no ha tenido acceso a programas de generación de ingresos. Además del acceso a tierra, para tener éxito se necesita de mayores avances en relación al acceso a vivienda y la generación de ingresos de las personas desplazadas.
"El acceso a tierras no es sólo un tema de generación de ingresos, sino de restitución de bienes en el caso de las personas desplazadas. El elemento de restitución es central", añadió Wetterwald.

¿Cohesión o fragmentación social?

Informe de la CODEHS (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) correspondiente al primer trimestre de 2008.

Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.
¿Por qué hay más desplazados si hay seguridad democrática?
Seguridad democrática, confianza inversionista, transparencia y cohesión social, constituyen los referentes principales del estado comunitario que promueve el gobierno nacional desde 2002. En forma reiterada y unánime, los representantes del alto gobierno hacen alusión a la combinación estratégica de estas claves del desarrollo que garantizan el crecimiento económico, la democracia y la gobernabilidad.
La disminución de los asesinatos y masacres, la derrota estratégica de las guerrillas y la desmovilización paramilitar, harían parte de esa confianza inversionista nacional y extranjera y crean un clima de cohesión social en el que la población asume una identidad y unos objetivos comunes, gracias a la seguridad y tranquilidad que ofrece este modelo de Estado, que el gobierno prefiere no rotular en los sesgos ideológicos de izquierda o de derecha.
En estas circunstancias, no cabe la idea de que en Colombia hay un conflicto armado interno, que su degradación provoca víctimas civiles y que la mayoría de estas víctimas son personas desplazadas que por su número, precariedad de sus condiciones de vida e incapacidad del Estado para atenderlas, están en el centro de una grave y prolongada crisis humanitaria.
Tal vez por esta visión o quizás por la percepción de seguridad que existe en el país, es difícil creer que en Colombia todavía hay desplazados por el conflicto armado y, peor aún, que el número de personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia o de trabajo por causas de violencia e inseguridad para su vida y su libertad, sigue creciendo.
País virtual y país real
Por eso se toma con sorpresa el informe más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que otorga a Colombia el lamentable segundo lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el tercer país de origen de solicitantes de refugio en el mundo.
La misma reacción puede causar el anuncio del Comité Internacional de la Cruz Roja, que da cuenta de un incremento hasta del 45% en el total de personas desplazadas y atendidas por ese organismo humanitario entre octubre y diciembre de 2007 y el primer trimestre de 2008. Otro tanto ocurre en el caso de la preocupación expresada por la Iglesia Católica por el aumento de personas que llegan a las oficinas de Pastoral Social y Movilidad Humana en busca de apoyo y refugio o el anuncio de Amnistía Internacional de que el desplazamiento sigue siendo el principal problema de derechos humanos en Colombia.
Esta realidad, que va más allá de las estadísticas y que refleja el drama humano de quienes padecen la tragedia del desplazamiento, el destierro y el despojo, motivó la sentencia de la Corte Constitucional en la que declaró, desde enero de 2004, la existencia de un estado de cosas inconstitucional, que cinco años después sigue sin resolverse.
Los propios funcionarios de Acción Social se ven en problemas para admitir en el registro oficial a la población desplazada, toda vez que los niveles de rechazo superan el 50% en el promedio nacional. Es decir, por cada persona registrada en el sistema oficial hay por lo menos otra que no es reconocida, según el criterio subjetivo y la lectura restringida del funcionario encargado.
Así, miles de personas desplazadas en 2007 y durante los primeros meses de 2008, que huyeron por causa de aspersiones aéreas o erradicación manual de cultivos de uso ilícito no fueron incluidas en el registro oficial, no obstante que la salida forzada se produjo en medio de enfrentamientos armados y operativos militares.
Otro tanto ha ocurrido con personas que señalan como presunto responsable de su desplazamiento a grupos paramilitares, dada le versión oficial de que este actor armado es “cosa del pasado” y que los llamados grupos de “nueva generación” son delincuentes comunes asociados al narcotráfico.
A pesar de estas restricciones, el gobierno admite en su registro un total de 2.500.962 personas (Acción Social, abril de 2008) desde 1999, de las cuales, alrededor de 1.410.935, el 56.4%, fueron desplazadas durante el período de la llamada “seguridad democrática” (2002-2008).
Radiografía de la crisis
Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.
Esto significa que en los primeros tres meses del año un promedio de 1.256 personas por día fueron desplazadas en flujos migratorios forzados que llegaron a 510 municipios de 32 departamentos del país.
Los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (24.652 personas), Bogotá (20.630), Arauca (7.874) y Meta (7.660), Bolívar (4793), Cauca (4092), Valle del Cauca (3696), Córdoba (3633).
Alrededor de 27.216 personas se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen de manera masiva en 28 eventos de éxodo. Esto quiere decir que del total de personas desplazadas un 24% salieron de forma masiva. Los Departamentos afectados por desplazamientos masivos fueron: Antioquia con 6 éxodos, Arauca 4, Chocó 3, Nariño 3, Córdoba 2, Cauca 3 y Guaviare, Meta, Huila, Putumayo, Tolima, Vichada y Cesar con un evento respectivamente.
Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país.
Los Departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquetá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta, Caldas y Nariño. Algunos de estos Departamentos coinciden con las principales zonas de recepción de población desplazada, esto indica que los principales Departamentos expulsores son a la vez receptores de la gran mayoría de personas víctimas del delito de desplazamiento forzado.
Para este período el departamento de Antioquia se constituyó como el departamento más afectado por los fenómenos de expulsión y recepción de población desplazada, debido a los éxodos provocados por fumigaciones indiscriminadas y erradicación manual de cultivos de coca, las amenazas directas de la guerrilla, asesinatos selectivos y el incremento de las acciones armadas intimidatorias por parte de las estructuras paramilitares y bandas de narcotraficantes.
Desplazados y perseguidos
En el primer trimestre del año 2008, se incrementaron en forma considerable las amenazas contra los líderes de población desplazada, en todo el territorio nacional, particularmente después de la marcha de las víctimas realizada el 6 de marzo.
Alrededor de 250 personas que participaron en la marcha nacional de desplazados que se realizo en el marco de esta movilización ciudadana, han sido amenazadas por grupos que se identifican como “águilas negras”. Esta situación provocó nuevos desplazamientos de, por lo menos, 30 líderes dentro y fuera del país.
La situación más grave se presentó en el norte del departamento del Valle del Cauca, en donde fue asesinado el 9 de mayo Cesar Julio Molina, líder de la población desplazada del municipio de Anserma Nuevo, y miembro de la Fundación Humanitaria Desplazados Nuevo Amanecer, una organización que agrupa a familias que intentan posesión en fincas adjudicadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER de las cuales están siendo expulsados, otra vez, por paramilitares y narcotraficantes.

(Fuentes:CODHES-Colombia, ACNUR, BBC-Mundo y Adital)

Colombia: Derechos Humanos

COMIENZAN LOS ASESINATOS DE LOS LÍDERES QUE PARTICIPARON EN LAS MARCHAS DEL 6 DE MARZO CONTRA LOS CRÍMENES DE ESTADO Y QUE FUERON SEÑALADAS POR EL GOBIERNO DE URIBE COMO 'CONVOCADAS POR LAS FARC'

Las organizaciones colombianas de derechos humanos denuncian y la ONU muestra su preocupación por los asesinatos de al menos cuatro dirigentes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país, en su mayoría destacados promotores de la gran movilización del pasado 6 de marzo. Además son continuas las amenazas directas contra otros líderes sociales que participaron en las marchas masivas que se celebraron ese día en las principales ciudades de Colombia, contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Las organizaciones atribuyen estos hechos a los grupos paramilitares que fueron denunciados durante las marchas. Las denuncias fueron presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las protestas, denuncia los asesinatos y señala que el pasado 12 de marzo le llegaron amenazas contra 28 defensores de los derechos humanos. Las amenazas están firmadas por un grupo denominado "Águilas Negras", que sustituye en varias regiones a las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Movice pide la destitución del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por afirmar públicamente que las marchas del 6 de marzo fueron convocadas por la guerrilla.

El gobierno Uribe señala y los 'paras' ultiman

Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas asegura que "el Gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera discienten de las posturas oficiales y eso coloca, como hemos visto en esta semana, en grave riesgo a muchas personas y en este caso eso ha costado vidas ya".
"Hay líderes sindicales asesinados, víctimas de atentados, en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones", sostiene Cepeda.

Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y apoyaron en sus regiones de origen, las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en el país suramericano.
July González, miembro de la directiva de la CUT, dice que "nosotros hemos tenido 10 víctimas este año. Como pueden observar, son dos meses y medio lo que va corrido de este año y el número es bastante alto, pero igual, permanentemente los líderes activistas, afiliados e incluso que no están dentro de las organizaciones sindicales, reciben amenazas, hostigamientos y algunos han sido asesinados".

También mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria han sido amenazadas a través de panfletos intimidatorios que están firmados por los paramilitares de las "Águilas Negras".
Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de Mujeres indica que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su "profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo".
Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".
El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".
Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía abrir una decidida investigación de los hechos.

ONGs piden la destitución de un consejero presidencial

Las organizaciones sociales y políticas colombianas ligadas a la marcha contra la violencia paramilitar y los crímenes de Estado del pasado 6 de marzo reclamaron la destitución de un consejero presidencial.
'Hemos acordado que las organizaciones que preparamos el 6 de marzo vamos a presentarle al presidente de la República un derecho de petición en el cual le solicitamos, respetuosamente, que renuncie el consejero presidencial José Obdulio Gaviria', informaba Iván Cepeda, portavoz de esos movimientos. Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las marchas, denunció las muertes de los sindicalistas Leónidas Gómez Rozo, Carlos Burbano, Antonio Pedrozo y Gildardo Gómez Alfate.

Según el líder del Movice, 'la responsabilidad de estos hechos tan graves recae, en primer lugar en la persona del consejero presidencial (Gaviria) al afirmar que la convocatoria (de la marcha del 6 de marzo) era de las FARC'. El gobierno 'no rectificó estas afirmaciones pese a la insistencia nuestra', y ante ello, presentamos a Uribe esa acción 'tendente a buscar la destitución del consejero presidencial', añadió Cepeda.

El paramilitarismo, en alza

Iván Cepeda denunció, asimismo, que el 12 de marzo recibieron por correo electrónico amenazas (a varias organizaciones) de un grupo que 'se hace llamar 'Águilas Negras, bloque metropolitano de Bogotá''.Las intimidaciones, precisó, 'traían una lista de 28 personas, en su mayoría mujeres, 17 en total, todas defensoras de derechos humanos, y en las amenazas se dice que ese grupo será 'implacable' con las personas que organizaron la marcha del 6 de marzo'.
Las amenazas no solamente fueron dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también a medios de comunicación como la revista Semana, señaló el líder de Movice.

Cepeda reveló que van a solicitar 'para esas personas amenazadas medidas de protección cautelar' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). l organismo interamericano. También, agregó, se solicitará ante la CIDH, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora de las Naciones Unidas que exijan al Estado colombiano que adopte mecanismos para desmantelar grupos paramilitares.'Es muy difícil asegurar que no existen grupos paramilitares después de la lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos', subrayó Cepeda.

60.000 colombianos huidos a Ecuador en busca de protección internacional

Actualmente existen unos 60 mil colombianos con necesidad de protección internacional desplazados a las provincias del norte de Ecuador, de acuerdo con los primeros resultados de un estudio que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó en febrero pasado al gobierno de Quito.

La información fue publicada en el portal web de Acnur y es atribuida al portavoz de la organización, Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 14 de marzo de 2008 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

El comunicado destaca que la gran mayoría de estas familias emigró al vecino país, provenientes de la costa pacífica de Colombia, a consecuencia del conflicto armado interno, situación que ha ocasionado que teman por su integridad física y por sus vidas.

Igualmente, estiman que unos 10 mil de ellos han buscado asilo en la provincia de Esmeraldas, una de las regiones más pobres de Ecuador, y que limita con el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. A su vez, Acnur resalta que Nariño es la localidad con la peor tasa de desplazamiento forzado dentro del país durante 2007, ya que el Gobierno colombiano reportó que más de 22 mil personas huyeron de sus casas. Al estudiar las causas de este desplazamiento, Acnur atribuye el movimiento al alto índice de violencia, lucha armada, asesinatos selectivos y persecución de civiles; “de los peores en Colombia”.

No obstante, agrega que, a pesar de este desplazamiento forzado de personas, hay casos de familias que ni siquiera tienen la opción de huir, debido a que grupos armados irregulares siembran un elevado número de “minas anti personales” para mantenerlas incomunicadas del resto del mundo.

Conflictos interétnicos

La situación humanitaria y violatoria de los derechos humanos existente en Colombia se ve aún más agravada debido a los conflictos interétnicos e interraciales que afrontan las comunidades indígenas, que se ven obligadas a huir de su país por miedo a ser perseguidos. Tal como lo destaca Prensa Latina, esta discriminación data del año 2006, cuando comenzaron las represalias contra los campesinos e indígenas colombianos que protestaron por el incumplimiento de la entrega de tierras y la firma del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ante estas manifestaciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud ocasionando lesiones y muertes innecesarias de ciudadanos que exigen se respeten sus derechos económicos y humanos.

Es importante reseñar que Acnur también condenó estas acciones violentas de la fuerza pública colombiana, y los exhortó a respetar los principios básicos de los derechos humanos y a restringir el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.

Homicidios políticos

Otro momento grave tensión se vivió durante la campaña de elecciones regionales del año 2007, cuando alrededor de 30 candidatos perdieron la vida; asesinatos que se atribuyen fuerzas paramilitares en supuesto apoyo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El portal web Tribuna Popular publicó que el presidente Uribe quizo contrarrestar peso a estos hechos violentos ofreciendo recompensas millonarias a quien diera información sobre fraudes o actos violentos contra aspirantes, insistiendo en responsabilizar a la guerrilla de las acciones violentas ya que, según él, no hay paramilitarismo. Contrariamente, la Dirección de la Policía Judicial (DIJIN) aseguró que grupos paramilitares actuaban en por lo menos seis departamentos del país, intimidando a los candidatos para que al ser elegidos les adjudiquen contratos en sus respectivos territorios.

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, TeleSur,Europa Press, Adital, EFE, Movice-Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)