Colombia: Conflicto interno

LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS FARC NEGOCIA CON DELEGADOS DE FRANCIA Y SUIZA NUEVAS LIBERACIONES DE REHENES Y LA APERTURA DE UN PROCESO QUE LLEVE A UN ACUERDO HUMANITARIO

-Las ONG's cifran ya en más de 30.000 los desaparecidos; el 97% a manos de militares y paramilitares.

El delegado del gobierno de Francia, Noel Sáenz, y del de Suiza, Jean Pierre Gontard, han logrado ya contactar con el Secretariado de las FARC y negociarían ya un canje de rehenes. En Bogotá, el secretario de prensa del palacio presidencial, César Mauricio Velásquez, réconoció que desde el pasado viernes los delegados extranjeros estaban en territorio colombiano en busca de ese contacto, con el consentimiento del presidente Uribe.
"Los dos delegados europeos ingresaron en los últimos días a Colombia, pidieron al Gobierno autorización para desplazarse a ese encuentro directo con el Secretariado de las FARC, la cual el Gobierno concedió, y ha dado todas las garantías de seguridad para sus desplazamientos", dijo el portavoz presidencial.

El máximo líder de las FAR, Alfonso Cano, estaría reunido desde hace ya tres o cuatro dias con delegados de Francia y Suiza, según el diario El Espectador, que recuerda que se trata del primer encuentro con el grupo guerrillero después de la muerte de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', para el logro de un acuerdo humanitario.

La guerrilla de las FARC mantiene la disposición a canjear a 40 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (de doble nacionalidad, colombiana y francesa) , tres 'contratistas' estadounidenses, y varios políticos, policías y miembros del Ejército colombiano, por cerca de 500 rebeldes presos. Exige la desmilitarizació de dos municipios en el Sur a lo que se opone el Gobierno Uribe.

Según el diario El Tiempo que cita fuentes del gobierno colombiano, los dos diplomáticos extranjeros van a solicitar a las FARC "que acepten la propuesta de una zona de encuentro para iniciar diálogos en torno a un eventual intercambio humanitario". El gobierno exige que el sitio de encuentro debe estar alejado de zonas pobladas y no debe implicar un despeje militar. Exige además que los guerrilleros deben permanecer desarmados, que los rebeldes que sean liberados tienen que comprometerse a no volver a la guerrilla, que el encuentro tenga un plazolimitado y que haya observadores internacionales.

Piedad Córdoba denuncia maltrato en EE.UU.

La senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, qien ha actuadoi de 'facilitadora' en las últimas liberaciones de secuestrados por las FARC, ha denunciado que fue detenida y maltratada por funcionarios de la aduana estadounidenses, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Córdoba dice que la retuvieron e interrogaron durante más de tres horas y que los agentes "querían saber qué hacía, por qué trabaja por el acuerdo humanitario, por qué iba a reuniones relacionadas con el conflicto y los derechos humanos en Colombia y su relación con las FARC".

La senadora dice que considera que "el artífice de esta detención arbitraria es el cónsul colombiano en Nueva York, Francisco Noguera, y que todo tiene que ver con una carta de protesta que envió en días pasados a su colega venezolana por la invitación que este país le hiciera para participar en un foro en conmemoración de los 197 años de la independencia de Venezuela".
Para la congresista "resulta curioso que sean los mismos temas planteados por Noguera en su misiva, sobre los que el director de aduanas de Nueva York la interrogó".
El cónsul Francisco Noguera negó esta parte de la denuncia de Piedad Córdoba

¿Más de 30.000 desaparecidos?

Las desapariciones forzadas están ya en los titulares y las informaciones de la prensa colombiana en los últimos meses. Algo que no era habitual, pese a que el fenómeno no es nuevo en Colombia. Pero bajo el gobierno de Uribe las cifras se desatan.

Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía.

Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.

"Seguramente van a ser más de 30.000", dice Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en Bogotá para asistir a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir basta a esta realidad".

Militares y paramilitares perpetraron el 97% de los casos

Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la Comición Colombiana de Juristas (CCJ), dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.

Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.

Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.

Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente

Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alto Comisionad de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".

Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".

La Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, desarrolla en la actualidad 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército. En ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.

En el 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal. Pero la Procuraduría admite que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.

(Fuentes:El Tiempo, DPA, El Espectador, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR)

Colombia: Violaciones a los derechos humanos

DENUNCIAS CONTRA EL EJÉRCITO POR DESAPARECER A UN CAMPESINO EN EL MAGDALENA MEDIO Y TORTURAR, APALEAR Y ROBAR ALIMENTOS, ANIMALES Y DINERO A LOS POBLADORES EN LA COSTA PACÍFICA DE TUMACO


Se trata de la primera denuncia del nuevo año, con fecha primero de enero, contra los uniformados colombianos. La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, una región muy golpeada desde decenios por los paramilitares, denuncia la desaparición de un campesino y acusa al ejército.

La denuncia detalla que "a las cinco de la mañana del 28 de diciembre de 2007 tropas del Batallón Calibío del Ejército Nacional bajo el mando del teniente Páez allanaron ilegalmente la casa del señor Manuel Parminio Hernández Anaya, ubicada en la vereda La Poza, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar). Los soldados sacaron a su familia de su vivienda y los amenazaron con que los iban a matar. Se los llevaron a todos y pasadas varias horas soltaron a su esposa e hijos, reteniendo únicamente al señor Manuel. Hasta el momento no se sabe de su paradero, su familia teme por él.
Exigimos que sea liberado y que sea respetada su vida. La integridad del señor Manuel es responsabilidad del Ejército Nacional y del Estado colombiano.
Denunciamos y reprochamos los actos de barbarie que cometen las tropas del Ejército en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, pues han venido amenazando, desplazando y asesinando varios campesinos, quienes son presentados como "guerrilleros dados de baja en combate".


Bloqueo económico sobre los pobladores de Guamocó



La misma asociación afirma que, en el municipio de El Bagre (Antioquia) el ejércitro mantiene 'bloqueos de alimentos y combustible' sobre los sectores rurales, obligando a los campesinos a sacar un permiso en la base militar de la zona, para poder pasar sus mercancias.
Así, se les prohíbe transportar productos enlatados y medicinas, porque el Ejército dice que son víveres para las guerrillas que operan allí. El Ejército determina asimismo el valor del mercado y el combustible que el campesino puede comprar.


Los habitantes de la región de Guamocó, en el sur del departamento de Bolívar, se están viendo muy afectados por estas nuevas limitaciones que el Ejército impoe también en la región. Si las personas llevan una cantidad de mercado que al parecer de los militares es excesivo, se les hurta y nadie le responde a estas familias por lo que le los soldados decomisan.
Los habitantes de Guamocó hacen el esfuerzo de salir cada mes al municipio de El Bagre para adquirir el mercado destinado a la alimentación de sus familias, ya que las vías de entrada en la zona son pésimas.

Estas prácticas, violatorias del Derecho Internacional Humanitario, generan más desplazamientos. Al quitarles sus alimentos, los campesinos optan por huir de la región la región y convertirse en desplazados. E Colombia se elevan ya a tres millones los desplazados por el conflicto. Esas personas huyen dejando sus tierras atrás, que les son arrebatadas. En muchas ocasiones las presiones militares o paramilitares tienen como objetivo robar las tierras.


En el Suroccidente, torturas y robos a mano armada


En la frontera colombo-ecuatoriana, los militares desarrollan operativos antiguerrilla, pero quien paga son los campesinos, apaleados, torturados y robados por los soldados que debían defenderlos, según las denuncias de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Isaías Cifuentes". Los hechos se desarrollan en la región de la Costa Pacífica cercana a la ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, una zona habitada por ind´`igenas, mestizos y comunidades afroamericanas. Las vejaciones y robos dennciados por la Red afectan al corregimiento de Llorente en las veredas de Corosala, Mugui y El Azúcar, en la rivera del río Mira
Allí, desde el mes de Marzo de 2007, las operaciones antiguerrilla no dejan de afectar negativamente a las poblaciones. Una situación que no cesa pese a las denuncias presentadas tras la visita a la zona de ua Comisión Interinstitucional el pasado 13 de Agosto.
Los actores en la zona son los Batallones Contraguerrillas números 113 y 116, pertenecientes a la Brigada Móvil nº19 y del Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos, adscritos a la III División del Ejército de Colombia

La Red Isaías Cifuentes asegura que los componentes de esas unidades: "Torturan campesinos", les acusan indiscriminadamente de "pertenecer a la insurgencia", "roban alimentos, animales y dinero propiedad de las familias asentadas en la zona", destruyen sus bienes "muebles e inmuebles, dan malos tratos y golpean campesinos"



Denuncias detalladas en la región de Tumaco
Esta es la lista de agravios presentada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano:

-Lunes 17 de diciembre de 2007: Hace presencia un grupo de militares Colombianos al mando del coronel Jerez, pertenecientes a los Batallones de contraguerrillas No.113 y 116, de la Brigada Móvil No. 19, y del Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos, adscritos a la III División del Ejército de Colombia.

-Martes 18 de diciembre de 2007: Cerca de las 4:00 de la tarde un grupo de militares colombianos pertenecientes al Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos , hacen presencia en el lugar de habitación de los ciudadanos colombianos JORGE LUIS CUAJIBIOY e IVAN VELAZCO. Posteriormente los señalaron de pertenecer a las FARC-EP, y procedieron a golpearlos y a quitarles y destruirles sus prendas de vestir. Minutos mas tarde los obligaron a abrir un hueco y los encañonaron con fusiles Galil y les dijeron que los iban a matar. Finalmente se burlaron de su condición de indefensión, les tomaron fotografías y se les comieron 7 gallinas de su propiedad.

-Miércoles 19 a sábado 29 de diciembre de 2007: Continúan las agresiones y extralimitaciones del grupo de militares colombianos en contra de campesinos e indígenas asentados en la zona, en abierta violación a la normatividad Colombiana, a tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.


-Del accionar del grupo de Militares Colombianos, se destacan:
1. Señalan indiscriminadamente a humildes campesinos de pertenecer a la insurgencia colombiana de las FARC-EP.
2. Se roban alimentos, animales y dinero de propiedad de las familias asentadas en la zona.
3. Destruyen bienes muebles e inmuebles de propiedad de los campesinos.
4. Dan malos tratos y golpean campesinos.
5. En ocasiones sacan a campesinos de su lugar de residencia a altas horas de la noche, los ubican en filas y realizan disparos cerca de la humanidad de los campesinos. Con el pretexto de buscar información sobre el paradero de la insurgencia colombiana.
6. En algunas ocasiones hacen presencia en la zona sin distintivos ni insignias (apellidos y rango).
7. Recopilan material fotográfico de comuneros sin autorización.
8. Realizan censos ilegales.
9. Amenazan con "que pronto llegaran los paras, que la gente no se preocupe, que continúe sin colaborar".

Demandas a la ONU y al Estado colombiano
Los defensores de los derechos humanos del Soroccidente de Colombia pide a la Oficina en Colombia del Alto Cominisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los derechos internacionales de los derechos Humanos"

Al Estado Colombiano le solicitan, "El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco Departamento de Nariño por parte de las Fuerzas Militares.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano".
(Fuentes: Prensarural.org y Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano)