Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU

En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó

La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>

http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799

CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros

Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:

"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.

El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796

La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.

Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

Colombia:Conflicto interno

INDIGNACIÓN POR LA DOS MATANZAS CONSECUTIVAS DE INDÍGENAS AWÁ PERPETRADAS POR GUERRILLEROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOGRAR UNA SALIDA NEGOCIADA A LA GUERRA PIDEN EXPLICACIONES A LAS FARC

En total serían 27 los indígenas awá asesinados presuntamente por las FARC en el sureño departamento de Nariño, según denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La última masacre fue perpetrada contra diez indígenas que huían tras la matanza de 17 de sus compañeros a manos de las FARC.
"Recibimos información de autoridades de la región que en el día de ayer diez personas que venían desplazadas, huyendo de la masacre anterior, fueron asesinadas a la altura de la comunidad de Guangarial", denunció este jueves Luis Evelis Andrade, líder de la ONIC.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, antiguo dirigente de la guerrilla del M-19, confirmó que miembros de la etnia Awá le comunicaron "que en la madrugada del miércoles habían matado a diez personas" en el municipio de Ricaurte, detallando "el sitio exacto de la matanza y el nombre del dueño de la casa donde se produjo".
"Nos dicen que fueron las FARC las que igualmente cometieron estos crímenes", indicó Andrade, mientras que Navarro afirmó no tener aun información sobre los responsables del hecho, cuyas circunstancias se desconocen.

"No sé si fueron las FARC, la persona que me dio la información no me lo dijo, pero fue en el área general donde se cometió la primera masacre", el 4 de febrero en la localidad de Barbacoas, declaró el gobernador a radio Caracol.
"De la primera (matanza) estoy totalmente seguro que fueron las FARC, en este segundo caso no puedo todavía confirmar el autor material", subrayó Navarro.

La ONIC y las autoridades civiles de Nariño denunciaron que los guerrilleros torturaron y asesinaron el 4 de febrero a por lo menos 17 indígenas Awá, acusándolos de cooperar con el Ejército al no comunicar a los rebeldes la presencia de militares en la zona.

Con alrededor de 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento del suroeste de Colombia que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado.
En los últimos dos años, desde Nariño se han registrado más de un 10 por ciento de los casos de nuevos desplazamientos forzados en este país de alrededor de 44 millones de habitantes que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas.

Los Awá son unos de los 87 pueblos indígenas de Colombia y está entre los que enfrentan peligro de extinción como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La crisis humanitaria y territorial del pueblo Awá

“El arraigo a su territorio, el concebirse como un pueblo con autonomía, con gobierno propio y su identidad son los pilares de la cosmovisión del Pueblo Awá; no estar sometidos a ninguna ideología, a ningún actor armado, sino basados en la autodeterminación”. Son palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC, pronunciadas en la conferencia de prensa en la que denunció estas matanzas.

Luis Evelis Andrade, considera estos actos de las FARC como 'demenciales' y lamenta que aunque era algo que se venía denunciando, el gobierno no haya tomado las medidas de prevención para salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo que desde hace décadas viene padeciendo el rigor del conflicto armado que vive Colombia.

Sólo al pueblo Awá, desde septiembre del 2008, que comenzó la movilización de los indígenas colombianos en la denominada Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, les han asesinado 44 de sus miembros, cifra que puede aumentar con las masacres de esta semana. En los 43 primeros días del 2009, han sido asesinados más de 58 indígenas en todo el país.

Los más recientes ocurrieron este miércoles 11 de febrero, cuando en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego, fueron masacrados más de 10 indígenas cuando se aprestaban a desplazarse, del territorio. “No es fácil el acceso, son dos días de camino de herradura hasta Tangarial, y otras dos comunidades más que hacen parte del resguardo El Sande, como El Recodo y Charco Largo, donde viven más de 400hermanos, de quienes no sabemos su suerte”, según el informe de una autoridad indígena de la zona. Por lo que ninguna comisión ha podido llegar al lugar para conocer con certeza la dimensión de la masacre. Tampoco han sido rescatados los cadáveres ni de los 10 últimos ni de 17 primeros. Además hay 5 desaparecidos, "tres indígenas que se arriesgaron a entrar al territorio en busca de sus familiares y que no han regresado”.

El consejero Mayor de la ONIC, afirma que el exterminio 'de los hermanos Awá', ocurre , “en el marco de la Política de Seguridad Democrática que no protege a los indígenas, sino que ha llevado la guerra a sus territorios ancestrales. El Pueblo Awá ha sido además sometido a bombardeos, ametrallamientos por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, a fumigaciones aéreas sin aviso, cuyos comandantes niegan incluso los combates previos y posteriores a la masacre cometidas por las FARC, o por otro actor armado en la zona”. Así mismo, denuncia que “los militares violan los derechos humanos de las comunidades Awa y en general de los pueblos indígenas y el DerechoInternacional Humanitario. Violan el principio a la proporcionalidad de fuerzas y el principio del respeto por la población civil, incluso sus propias directivas diferenciales”.

¿ Qué hay detrás de esta masacre?

Luis Evelis Andrade explica que el departamento de Nariño es una zona estratégica de frontera donde están en marcha muchos proyectos económicos y de infraestructura, además del control territorial que se disputan los actores armados legales e ilegales, y que también es corredor de tráfico de drogas.

Por la zona, donde viven los indígenas se proyecta incluso el paso de una línea de infraestructura como es el IIRSA, un ambicioso megaproyecto que vendría desde el Caribe, “una serie de intereses sobre los recursos naturales existentes se juegan allí y esto hace que haya una fuerte militarización para proteger la entrada de las multinacionales que vienen a explotar las riquezas. A esto se suma los constantes enfrentamientos entre guerrillasde las FARC y ELN, entre estas y el Ejercito nacional, entre guerrillas y paramilitares, entre narcotraficantes, que cada cual quiere controlar elterritorio, irrespetando la Autonomía y el Gobierno Propio de los Indígenas, violando así sus derechos como pueblos, los humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

La ONIC le exige a las FARC que entreguen los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para ser juzgados por la Justicia Indígena y pide la solidaridad nacional e internacional , para que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá. También exige que todos los actores armados sin excepción desmilitaricen y acaben con la ocupación de sus territorios indígenas.

El ACNUR se muestra conmocionado

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pide una rigurosa investigación de los hechos, el respeto a todas las partes involucradas del Derecho Internacional Humanitario y exhorta al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena.

El ACNUR informa que en la zona de Nariño donde se produjeron los crímens, la población se encuentra extremadamente atemorizada, lo cual incrementa la preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo en los próximos días. La zona, ubicada a lo largo del río Telembi, entre los pueblos de Ricaurte y Barbacoas, se encuentra considerablemente aislada y es dedifícil acceso, con presencia de minas antipersonales.

La oficina del ACNUR en la zona ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, que como muchos grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto. Esta oficina considera que el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, aunque vive en un territorio protegido, eso no ha impedido el ingreso de los grupos armados a sus tierras. Y los indígenas Awá han sufrido graves violaciones de sus derechos , incluyendo constante presión y persecución, reiterados asesinatos y desplazamientos forzados. En los últimos años, ellos han sido forzados a abandonar sus tierras enrepetidas ocasiones. Algunos indígenas han cruzado la frontera para buscar refugio en Ecuador.

"El ACNUR se encuentra conmocionado, lamentamos profundamente los asesinatos y ofrecemos las más sinceras condolencias al pueblo Awá, reiterando nuestro apoyo a su derecho a vivir en paz en su territorio y reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando con ellos. Además, hacemos un llamado para realizar una investigación urgente e independiente a cerca de los hechos ocurridos, y a tomar medidas deprevención, rápidas y efectivas, como seguir las alertas tempranas que repetidamente emite la Defensoría del Pueblo del departamento deNariño", dice esta organizacón de la ONU en un comunicado.

Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenasa lo largo del país. Parte del esfuerzo que se esta llevando a cabo consiste en aumentar la conciencia acerca de la magnitud de la crisis que vive el país .

La senadora Piedad Córdoba pide el esclarecimiento de los hechos

El grupo de intelectuales "Colombianos y Colombianas por la Paz" pide a la jefatura de las FARC que se pronuncie sobre el asesinato de indígenas de la comunidad Awá presuntamente por guerrilleros de esa agrupación.

En un comunicado, exigen a las autoridades el "esclarecimiento total de los hechos" y al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "un pronunciamiento publico respecto de ese vergonzoso" suceso.

El documento, suscrito por 125.000 personas, entre ellas la senadora de oposición Piedad Córdoba, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el sur de Colombia.

El grupo de intelectuales y las FARC mantienen un intercambio epistolar desde hace varios meses y, gracias a él, la guerrilla liberó de forma incondicional a dos políticos, tres policías y un militar entre el 1 y el 5 de febrero.
Por petición de esa guerrilla, la senadora Córdoba encabezó la comisión humanitaria, en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brasil.

(Fuentes: AFP, Reuters, ONIC, EFE y Codhes)

Colombia:Corrupción, Parapolítica, DD.HH.

EL EXMINISTRO DEL INTERIOR DE URIBE, PRIMERA VÍCTIMA JUDICIAL EN EL PROCESO POR EL PRESUNTO COHECHO EN LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE. SIGUEN LAS MATANZAS PARAMILITARES Y AUMENTA LA VIOLENCIA EN MEDELLÍN

La Fiscalía de Colombia ha abierto una investigación formal y ha citado a declarar al antiguo dirigente empresarial, ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, por presunto cohecho para lograr en 2005 la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.
Firma la indagatoria el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien investiga si varios funcionarios, entre ellos Pretelt, ofrecieron dádivas a la ex congresista Yidis Medina, detenida desde abril , para que diera su voto para que la reforma saliera adelante .'El vicefiscal comisionó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que realice la diligencia de indagatoria por el delito de cohecho', indicó la Fiscalía en un comunicado.
Pretelt está acusado de haber ofrecido en nombre del Gobierno prebendas burocráticas a Yidis Medina a cambio de que votara a favor de la reelección presidencial, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. También deberá aclarar si ofreció dádivas gubernamentales a otro ex miembro de la Cámara baja, Teodolindo Avendaño, preso desde mayoy quien se ausentó el día de la votación, pese a que había anunciado su voto en contra, con lo que ayudó así a aprobar la reforma.

El escándalo de la 'Yidispolítica'

Estos hechos dieron lugar al escándalo conocido como la 'yidispolítica', dentro del cual también fue detenido el ex congresista Iván Díaz Mateus por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Yidis Medina denunció que el entonces Ministro del Interior y Justicia fue uno de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que le ofreció o entregó prebendas a cambio de su voto positivo en el proyecto de reelección presidencial.
Específicamente, Medina aseguró que un día en que el titular de la curul (escaño) que ella ocupaba en su momento, Iván Díaz Mateurs, la citó en la oficina de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó Sabas Pretelt de la Vega, quien "le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos".
Añadió la ex congresista que en otra reunión, esta vez en la Casa de Nariño (Palacio presidencial), participó también el entonces Ministro del Interior quien junto con el secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez, el Presidente Álvaro Uribe y varios de sus asesores quienes "le manifestaron la preocupación por su voto y le preguntaron qué quería a cambio de su apoyo al proyecto". Dice también Yidis Medina que específicamente Sabas Pretelt le habló de la posibilidad de entregarle un consulado.
Pretelt ha negado en repetidas ocasiones que se hubieran hecho ofrecimientos ilegales a los dos exparlamentarios. que funcionarios del Gobierno le ofrecieron prebendas como puestos oficiales, en tanto que el Ejecutivo la acusa de presionar para que le concedieran contratos oficiales a allegados suyos. El presidente Uribe, quien ganó los comicios generales en 2002, fue reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años, gracias a esa reforma a la Carta Magna.

El ex ministro Sabas Pretelt es economista, durante más de diez años presidió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y fue ministro del Interior desde noviembre de 2003 hasta junio de 2006. A finales de mayo pasado Pretelt declaró en el proceso contra Yidis Medina. Entonces, dijo que 'la elección del presidente Uribe fue transparente'. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, que en la fecha en la que se aprobó la reforma constitucional sobre reelección era viceministro de Justicia, se declaró impedido para fallar en el caso de Pretelt, quien era su superior.Dentro del mismo proceso son investigados el actual ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y asesores del presidente Uribe.

Pretelt, 'con un pie en la cárcel'. Uribe, en la mira

La decisión de la Fiscalía produce ya lecturas encontradas. Por un lado, y con cierto nerviosismo, el ex ministro Pretelt dice que espera "aclararlo todo". El consejero presidencial José Obdulio Gaviria añade que en el gobierno están "totalmente tranquilos" con la decisión. "La indagatoria es un medio de defensa judicial y él mismo (Pretelt) había pedido que lo escucharan", dice el consejero de Uribe.

En cambio, críticos del gobierno, como el abogado y columnista Ramiro Bejarano, consideran que la decisión de la Fiscalía es un hecho "gravísimo".
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito", declara Bejarano y añade que el ex ministro "tiene un pie en la cárcel".

Bejarano estima que la decisión de la Fiscalía "indirectamente siembra un manto de duda sobre el proceso de la reelección presidencial". Según este abogado, el hecho de que Uribe haya conseguido casi 7 millones de votos cuando fue reelegido en mayo de 2006 "no purga la ilegalidad de un acto que estuvo precedido por un delito". Después de que la Fiscalía escuche en indagatoria a Pretelt, decidirá si hay méritos para detenerlo o no y si la investigación debe continuar o no.
La Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía que evaluara si había méritos para investigar a Pretelt y a los demás funcionarios acusados por Yidis Medina.
Entre tanto, ya la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación disciplinaria contra esos funcionarios.

Campesinos de Nariño denuncian ejecuciones paramilitares

Los campesinos organizados de la región sur occidental de Colombia, exigen al gobierno departamental y nacional mayor atención para la zona que sufre ataques armados y extrema pobreza. La Asociación de Porvenir Campesino (ASPORCA) y la Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), se manifestaron frente a la gobernación de Nariño.
Allí reclamaron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Durante la década del 90 esas comunidades aumentaron su población por el creciente trabajo derivado del cultivo de hoja de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo antes de la erradicación y denuncian que son acusados de "guerrilleros" por los paramilitares que asesinan a sus dirigentes comunales.
En diálogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano (RPASUR), Alirio Nastacuas, poblador de la zona, denunció la muerte de un niño como consecuencia de las fumigaciones en el departamento de Nariño.
También denunció los continuos asesinatos selectivos de los que vienen siendo victimas los lideres comunitarios, a manos de los paramilitares en zonas en donde la presencia de al fuerza pública es numerosa.

Investigación trata sobre la creciente violencia en Medellín

A pesar de que el número es muy inferior al constatado a comienzos de la década del 90 -cuando, sólo en 1991, 6.349 personas fueron asesinadas-, sorprende el aumento del 14% en relación con el año pasado. Además, el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se mostró preocupado por el hecho de que, por lo menos, 126 asesinatos tuvieron marcas de crueldad.

De esos 126 asesinatos, 102 fueron cometidos con armas de fuego de pistolas 9 milímetros con silenciador, que es de uso exclusivo de las fuerzas públicas. Para el IPC, no hay explicaciones únicas para el aumento en el número de asesinatos, pero la impunidad y la falta de explicaciones concretas y satisfactorias por parte de las autoridades locales civiles y policiales agravan el problema de la violencia.
También hay que tener en cuenta el "reacomodamiento", como las autoridades lo llaman, de las pandillas al servicio del narcotráfico y la permanencia del proyecto paramilitar. Actualmente, la violencia en la ciudad es para conquistar el monopolio de la criminalidad y dar continuidad a la delincuencia comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como don Berna, que fue extraditado hacia Estados Unidos el último mes de mayo.
Esos traficantes quieren el control territorial y el dominio de los negocios legales e ilegales, "que permiten el flujo de capitales relacionados con el narcotráfico, tanto en su relación con la producción y comercialización de coca como en la irrigación de sus lucros", dice el IPC.

En los barrios, la búsqueda es por el monopolio de recursos para el financiamiento de las estructuras ilícitas. Así, ellos cometen extorsiones a comerciantes, transportadores y vecinos, y hacen contratos comunitarios con el Estado.
"El aumento de homicidios y los modos en que se expresa la violencia requieren intervenciones no sólo de índole policial y coercitiva, sino de una verdadera política pública de convivencia ciudadana que desmonte imaginarios asociados del poder de los grupos armados ilegales y ofrezca a las poblaciones más vulnerables espacios para su transformación social, económica, política y cultural", dice el IPC.

De esta violencia que afecta a Medellín, muchos homicidios se destacan por el perfil político de las víctimas. Uno es un recién formado estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que tuvo relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); cuatro reinsertados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y también 24 reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

ASÍ SE DESCUARTIZA LA TIERRA EN COLOMBIA:

INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINOS POBRES, EN LA MIRA.

Por Diego Mejía(*)

De vieja data es la lógica violenta de acumulación originaria de capital en Colombia. Desde hace muchos años, gobierno tras gobierno se ha venido descuartizando la propiedad de los campesinos, afro colombianos e indígenas.

Hoy, bajo el régimen Uribista como era de esperarse, se pretende legalizar el fruto de más de veinte años de terror paramilitar con reformas a las leyes poniendo la propiedad de los miles de desarraigados en manos de aquellos que los desplazaron e incentivaron la llegada de hordas de asesinos a sueldo que los sacaron de sus tierras a punta de motosierra.

Álvaro Uribe Vélez como gobernador del occidental departamento de Antioquia, fue el fundador de las Cooperativas Rurales de Seguridad conocidas popularmente como las tenebrosas Convivir que les dio abrigo a los “paras”. Asi, el campo colombiano se encuentra desolado. La guerra hoy se ubica principalmente en los territorios ancestrales de indígenas, afros y campesinos pobres. Sus terrenos son el objetivo de las multinacionales que van tras los recursos naturales, las plantas aromáticas y la biodiversidad con un socio ejemplar como el presidente.La seguridad alimentaria entre tanto se ve seriamente amenazada porque con la promoción e instalación de gigantescas plantaciones de palma africana, los monocultivos y la producción de biocombustibles, resulta incierto saber si habrá o no habrá suficiente comida a futuro cercano.

Las hojas de coca mimetizadas entre palmas y camaroneras en la costa pacífica, con énfasis en el departamento de Nariño, se han convertido, como hace casi 30 años, en el amortiguador económico de pago para estos grupos paramilitares que con su presencia armada garantizan la expropiación de tierras y el desalojo de cientos de indígenas, afros y campesinos pobres.

Según la Organización de Naciones Unidas, aunque no le guste a Uribe Velez, las estadísticas del último año, le demuestran en su cara que las hectáreas cultivadas de plantas de coca han aumentado en un 30 por ciento, al pasar de 68 mil a 98 mil y los desplazados internos alcanzan la nefasta cifra de los 4 millones, al lado de países como Sudan, Irak y Afganistán.

Y juran que no hay conflicto. Junto a esta problemática se presenta el abandono sistemático por parte del Estado a las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, sin garantizarles al menos una forma digna de vida a quienes aun viven en los territorios afectados a la espera del retorno de sus familias y sus vecinos.Las zonas de la llanura del pacifico, los llanos orientales, el macizo colombiano y el departamento del Putumayo, entre otros, están listos de esta manera para los mega proyectos de las multinacionales además de convertirse de inmediato, en blanco de los paramilitares aupados por la presencia militar oficial, bajo el pretexto de hacer parte del llamado Plan Colombia, convertido después en Plan Patriota, remedo de los modelos montados por Bush para la supuesta lucha contra las drogas.

Muchas de estas zonas, particularmente las que están en la llanura del pacifico poseen niveles de un 95% de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI. La corrupción llega a niveles macondianos y al gobierno dichas poblaciones le interesan solo para negociar con las multinacionales con el silencio que deben guardar los gobiernos de países donde tienen sus casas matrices.Así las atrocidades quedan en la penumbra de la impunidad, las multinacionales explotan a su gusto y criterio nuestros territorios y el gobierno sigue ganando a punta de mentiras y negociaciones perversas el favor del silencio de los gobiernos de Europa y el mundo, dejando a las victimas de toda esta actividad a la vera del camino.

Entonces en Colombia, mediante el uso de la fuerza bruta como muestra clara de la concepción política y militar de la derecha y la extrema derecha, en asocio con la mafia, nació el paramilitarismo que ha conseguido expropiar alrededor de cinco millones de hectáreas a las comunidades mencionadas, todas estás hoy en manos de testaferros de los grupos paramilitares y mafiosos, lo mismo que una franja amplia de terratenientes provenientes de castas tradicionales que actúan en sociedad para proteger sus intereses.

La mejor muestra de lo anterior es el caso de la actual parapolítica fenómeno que demuestra que los dineros provenientes de la mafia sirvieron para reglamentar desde el poder legislativo las leyes que les eran cómodas a los cabecillas paramilitares para entregarse y ganar la posibilidad de legalizar sus bienes mal habidos, igual como hacen al lavar miles de millones de dólares a través de esos proyectos asociados al sector agroindustrial. La parapolitica que en el colmo del cinismo llego a poner en el congreso a aquellos que les servían a sus intereses mezquinos hizo bien la tarea, ubicando también como en realidad ha ubicado a su amigo incondicional en la Presidencia. Como anillo al dedo este gobierno ha realizado las privatizaciones de la salud y la educación, privatizaciones estratégicas como Telecom y ahora ECOPETROL.

Ni que decir del bajo presupuesto para saneamiento básico frente a los altos índices de inversión en la guerra, de gasto infructuoso en la guerra diríamos mejor, sumado al juego que hacen los medios de comunicación proclives al régimen, al decir que ahora son las águilas negras o los grupos emergentes de las AUC las que defienden esos proyectos y territorios y no que se trata de los mismos paramilitares legitimados por Uribe Velez a través de la falacia de la desmovilización.

Todas estas barbaridades y violaciones al Estado Social de Derecho, al derecho del pueblo colombiano de vivir en paz, se han dado tan solo en los dos periodos de gobierno de Uribe Vélez, y también, es en este periodo en el que más se ha polarizado el país en torno a la posible reelección. De aquello que la Constitución de 1991 llamo Estado Social de Derecho solo queda el nombre, y el sagrado derecho universal a oponerse a la locura de la dictadura actual presentada y reconocida por otros países del mundo como una democracia, se paga con el destierro o la eliminación física.

Hoy solo nos queda seguir en la lucha de mantener en alto la bandera por una Colombia distinta, esa Colombia del color de su gente, la Colombia del tamaño de nuestros sueños que camina y se arma de valor para construir un futuro distinto, la Colombia de su pueblo pluricultural indígena, mestizo, afro, blanco, honesto, luchador y trabajador. Una Colombia con justicia social y sin impunidad.

(*) Este artículo ha sido publicado por la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano en http://www.rpasur.com

(Fuentes:El Espectador, EFE-Terra, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR, Adital y rpasur.com)