La Fiscalía de Colombia ha abierto una investigación formal y ha citado a declarar al antiguo dirigente empresarial, ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, por presunto cohecho para lograr en 2005 la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.
Firma la indagatoria el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien investiga si varios funcionarios, entre ellos Pretelt, ofrecieron dádivas a la ex congresista Yidis Medina, detenida desde abril , para que diera su voto para que la reforma saliera adelante .'El vicefiscal comisionó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que realice la diligencia de indagatoria por el delito de cohecho', indicó la Fiscalía en un comunicado.
Pretelt está acusado de haber ofrecido en nombre del Gobierno prebendas burocráticas a Yidis Medina a cambio de que votara a favor de la reelección presidencial, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. También deberá aclarar si ofreció dádivas gubernamentales a otro ex miembro de la Cámara baja, Teodolindo Avendaño, preso desde mayoy quien se ausentó el día de la votación, pese a que había anunciado su voto en contra, con lo que ayudó así a aprobar la reforma.
Firma la indagatoria el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien investiga si varios funcionarios, entre ellos Pretelt, ofrecieron dádivas a la ex congresista Yidis Medina, detenida desde abril , para que diera su voto para que la reforma saliera adelante .'El vicefiscal comisionó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que realice la diligencia de indagatoria por el delito de cohecho', indicó la Fiscalía en un comunicado.
Pretelt está acusado de haber ofrecido en nombre del Gobierno prebendas burocráticas a Yidis Medina a cambio de que votara a favor de la reelección presidencial, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. También deberá aclarar si ofreció dádivas gubernamentales a otro ex miembro de la Cámara baja, Teodolindo Avendaño, preso desde mayoy quien se ausentó el día de la votación, pese a que había anunciado su voto en contra, con lo que ayudó así a aprobar la reforma.
El escándalo de la 'Yidispolítica'
Estos hechos dieron lugar al escándalo conocido como la 'yidispolítica', dentro del cual también fue detenido el ex congresista Iván Díaz Mateus por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Estos hechos dieron lugar al escándalo conocido como la 'yidispolítica', dentro del cual también fue detenido el ex congresista Iván Díaz Mateus por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yidis Medina denunció que el entonces Ministro del Interior y Justicia fue uno de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que le ofreció o entregó prebendas a cambio de su voto positivo en el proyecto de reelección presidencial.
Específicamente, Medina aseguró que un día en que el titular de la curul (escaño) que ella ocupaba en su momento, Iván Díaz Mateurs, la citó en la oficina de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó Sabas Pretelt de la Vega, quien "le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos".
Añadió la ex congresista que en otra reunión, esta vez en la Casa de Nariño (Palacio presidencial), participó también el entonces Ministro del Interior quien junto con el secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez, el Presidente Álvaro Uribe y varios de sus asesores quienes "le manifestaron la preocupación por su voto y le preguntaron qué quería a cambio de su apoyo al proyecto". Dice también Yidis Medina que específicamente Sabas Pretelt le habló de la posibilidad de entregarle un consulado.
Pretelt ha negado en repetidas ocasiones que se hubieran hecho ofrecimientos ilegales a los dos exparlamentarios. que funcionarios del Gobierno le ofrecieron prebendas como puestos oficiales, en tanto que el Ejecutivo la acusa de presionar para que le concedieran contratos oficiales a allegados suyos. El presidente Uribe, quien ganó los comicios generales en 2002, fue reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años, gracias a esa reforma a la Carta Magna.
Específicamente, Medina aseguró que un día en que el titular de la curul (escaño) que ella ocupaba en su momento, Iván Díaz Mateurs, la citó en la oficina de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó Sabas Pretelt de la Vega, quien "le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos".
Añadió la ex congresista que en otra reunión, esta vez en la Casa de Nariño (Palacio presidencial), participó también el entonces Ministro del Interior quien junto con el secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez, el Presidente Álvaro Uribe y varios de sus asesores quienes "le manifestaron la preocupación por su voto y le preguntaron qué quería a cambio de su apoyo al proyecto". Dice también Yidis Medina que específicamente Sabas Pretelt le habló de la posibilidad de entregarle un consulado.
Pretelt ha negado en repetidas ocasiones que se hubieran hecho ofrecimientos ilegales a los dos exparlamentarios. que funcionarios del Gobierno le ofrecieron prebendas como puestos oficiales, en tanto que el Ejecutivo la acusa de presionar para que le concedieran contratos oficiales a allegados suyos. El presidente Uribe, quien ganó los comicios generales en 2002, fue reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años, gracias a esa reforma a la Carta Magna.
El ex ministro Sabas Pretelt es economista, durante más de diez años presidió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y fue ministro del Interior desde noviembre de 2003 hasta junio de 2006. A finales de mayo pasado Pretelt declaró en el proceso contra Yidis Medina. Entonces, dijo que 'la elección del presidente Uribe fue transparente'. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, que en la fecha en la que se aprobó la reforma constitucional sobre reelección era viceministro de Justicia, se declaró impedido para fallar en el caso de Pretelt, quien era su superior.Dentro del mismo proceso son investigados el actual ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y asesores del presidente Uribe.
Pretelt, 'con un pie en la cárcel'. Uribe, en la mira
La decisión de la Fiscalía produce ya lecturas encontradas. Por un lado, y con cierto nerviosismo, el ex ministro Pretelt dice que espera "aclararlo todo". El consejero presidencial José Obdulio Gaviria añade que en el gobierno están "totalmente tranquilos" con la decisión. "La indagatoria es un medio de defensa judicial y él mismo (Pretelt) había pedido que lo escucharan", dice el consejero de Uribe. En cambio, críticos del gobierno, como el abogado y columnista Ramiro Bejarano, consideran que la decisión de la Fiscalía es un hecho "gravísimo".
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito", declara Bejarano y añade que el ex ministro "tiene un pie en la cárcel".
Bejarano estima que la decisión de la Fiscalía "indirectamente siembra un manto de duda sobre el proceso de la reelección presidencial". Según este abogado, el hecho de que Uribe haya conseguido casi 7 millones de votos cuando fue reelegido en mayo de 2006 "no purga la ilegalidad de un acto que estuvo precedido por un delito". Después de que la Fiscalía escuche en indagatoria a Pretelt, decidirá si hay méritos para detenerlo o no y si la investigación debe continuar o no.
La Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía que evaluara si había méritos para investigar a Pretelt y a los demás funcionarios acusados por Yidis Medina.
Entre tanto, ya la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación disciplinaria contra esos funcionarios.
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito", declara Bejarano y añade que el ex ministro "tiene un pie en la cárcel".
Bejarano estima que la decisión de la Fiscalía "indirectamente siembra un manto de duda sobre el proceso de la reelección presidencial". Según este abogado, el hecho de que Uribe haya conseguido casi 7 millones de votos cuando fue reelegido en mayo de 2006 "no purga la ilegalidad de un acto que estuvo precedido por un delito". Después de que la Fiscalía escuche en indagatoria a Pretelt, decidirá si hay méritos para detenerlo o no y si la investigación debe continuar o no.
La Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía que evaluara si había méritos para investigar a Pretelt y a los demás funcionarios acusados por Yidis Medina.
Entre tanto, ya la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación disciplinaria contra esos funcionarios.
Campesinos de Nariño denuncian ejecuciones paramilitares
Los campesinos organizados de la región sur occidental de Colombia, exigen al gobierno departamental y nacional mayor atención para la zona que sufre ataques armados y extrema pobreza. La Asociación de Porvenir Campesino (ASPORCA) y la Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), se manifestaron frente a la gobernación de Nariño.Allí reclamaron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Durante la década del 90 esas comunidades aumentaron su población por el creciente trabajo derivado del cultivo de hoja de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo antes de la erradicación y denuncian que son acusados de "guerrilleros" por los paramilitares que asesinan a sus dirigentes comunales.
En diálogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano (RPASUR), Alirio Nastacuas, poblador de la zona, denunció la muerte de un niño como consecuencia de las fumigaciones en el departamento de Nariño.
También denunció los continuos asesinatos selectivos de los que vienen siendo victimas los lideres comunitarios, a manos de los paramilitares en zonas en donde la presencia de al fuerza pública es numerosa.
Investigación trata sobre la creciente violencia en Medellín
A pesar de que el número es muy inferior al constatado a comienzos de la década del 90 -cuando, sólo en 1991, 6.349 personas fueron asesinadas-, sorprende el aumento del 14% en relación con el año pasado. Además, el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se mostró preocupado por el hecho de que, por lo menos, 126 asesinatos tuvieron marcas de crueldad.
A pesar de que el número es muy inferior al constatado a comienzos de la década del 90 -cuando, sólo en 1991, 6.349 personas fueron asesinadas-, sorprende el aumento del 14% en relación con el año pasado. Además, el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se mostró preocupado por el hecho de que, por lo menos, 126 asesinatos tuvieron marcas de crueldad. De esos 126 asesinatos, 102 fueron cometidos con armas de fuego de pistolas 9 milímetros con silenciador, que es de uso exclusivo de las fuerzas públicas. Para el IPC, no hay explicaciones únicas para el aumento en el número de asesinatos, pero la impunidad y la falta de explicaciones concretas y satisfactorias por parte de las autoridades locales civiles y policiales agravan el problema de la violencia.
También hay que tener en cuenta el "reacomodamiento", como las autoridades lo llaman, de las pandillas al servicio del narcotráfico y la permanencia del proyecto paramilitar. Actualmente, la violencia en la ciudad es para conquistar el monopolio de la criminalidad y dar continuidad a la delincuencia comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como don Berna, que fue extraditado hacia Estados Unidos el último mes de mayo.
Esos traficantes quieren el control territorial y el dominio de los negocios legales e ilegales, "que permiten el flujo de capitales relacionados con el narcotráfico, tanto en su relación con la producción y comercialización de coca como en la irrigación de sus lucros", dice el IPC.
También hay que tener en cuenta el "reacomodamiento", como las autoridades lo llaman, de las pandillas al servicio del narcotráfico y la permanencia del proyecto paramilitar. Actualmente, la violencia en la ciudad es para conquistar el monopolio de la criminalidad y dar continuidad a la delincuencia comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como don Berna, que fue extraditado hacia Estados Unidos el último mes de mayo.
Esos traficantes quieren el control territorial y el dominio de los negocios legales e ilegales, "que permiten el flujo de capitales relacionados con el narcotráfico, tanto en su relación con la producción y comercialización de coca como en la irrigación de sus lucros", dice el IPC.
En los barrios, la búsqueda es por el monopolio de recursos para el financiamiento de las estructuras ilícitas. Así, ellos cometen extorsiones a comerciantes, transportadores y vecinos, y hacen contratos comunitarios con el Estado."El aumento de homicidios y los modos en que se expresa la violencia requieren intervenciones no sólo de índole policial y coercitiva, sino de una verdadera política pública de convivencia ciudadana que desmonte imaginarios asociados del poder de los grupos armados ilegales y ofrezca a las poblaciones más vulnerables espacios para su transformación social, económica, política y cultural", dice el IPC.
De esta violencia que afecta a Medellín, muchos homicidios se destacan por el perfil político de las víctimas. Uno es un recién formado estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que tuvo relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); cuatro reinsertados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y también 24 reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ASÍ SE DESCUARTIZA LA TIERRA EN COLOMBIA:
INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINOS POBRES, EN LA MIRA.
Por Diego Mejía(*)
De vieja data es la lógica violenta de acumulación originaria de capital en Colombia. Desde hace muchos años, gobierno tras gobierno se ha venido descuartizando la propiedad de los campesinos, afro colombianos e indígenas.
Hoy, bajo el régimen Uribista como era de esperarse, se pretende legalizar el fruto de más de veinte años de terror paramilitar con reformas a las leyes poniendo la propiedad de los miles de desarraigados en manos de aquellos que los desplazaron e incentivaron la llegada de hordas de asesinos a sueldo que los sacaron de sus tierras a punta de motosierra.
Álvaro Uribe Vélez como gobernador del occidental departamento de Antioquia, fue el fundador de las Cooperativas Rurales de Seguridad conocidas popularmente como las tenebrosas Convivir que les dio abrigo a los “paras”. Asi, el campo colombiano se encuentra desolado. La guerra hoy se ubica principalmente en los territorios ancestrales de indígenas, afros y campesinos pobres. Sus terrenos son el objetivo de las multinacionales que van tras los recursos naturales, las plantas aromáticas y la biodiversidad con un socio ejemplar como el presidente.La seguridad alimentaria entre tanto se ve seriamente amenazada porque con la promoción e instalación de gigantescas plantaciones de palma africana, los monocultivos y la producción de biocombustibles, resulta incierto saber si habrá o no habrá suficiente comida a futuro cercano.
Las hojas de coca mimetizadas entre palmas y camaroneras en la costa pacífica, con énfasis en el departamento de Nariño, se han convertido, como hace casi 30 años, en el amortiguador económico de pago para estos grupos paramilitares que con su presencia armada garantizan la expropiación de tierras y el desalojo de cientos de indígenas, afros y campesinos pobres.
Según la Organización de Naciones Unidas, aunque no le guste a Uribe Velez, las estadísticas del último año, le demuestran en su cara que las hectáreas cultivadas de plantas de coca han aumentado en un 30 por ciento, al pasar de 68 mil a 98 mil y los desplazados internos alcanzan la nefasta cifra de los 4 millones, al lado de países como Sudan, Irak y Afganistán.
Y juran que no hay conflicto. Junto a esta problemática se presenta el abandono sistemático por parte del Estado a las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, sin garantizarles al menos una forma digna de vida a quienes aun viven en los territorios afectados a la espera del retorno de sus familias y sus vecinos.Las zonas de la llanura del pacifico, los llanos orientales, el macizo colombiano y el departamento del Putumayo, entre otros, están listos de esta manera para los mega proyectos de las multinacionales además de convertirse de inmediato, en blanco de los paramilitares aupados por la presencia militar oficial, bajo el pretexto de hacer parte del llamado Plan Colombia, convertido después en Plan Patriota, remedo de los modelos montados por Bush para la supuesta lucha contra las drogas. Muchas de estas zonas, particularmente las que están en la llanura del pacifico poseen niveles de un 95% de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI. La corrupción llega a niveles macondianos y al gobierno dichas poblaciones le interesan solo para negociar con las multinacionales con el silencio que deben guardar los gobiernos de países donde tienen sus casas matrices.Así las atrocidades quedan en la penumbra de la impunidad, las multinacionales explotan a su gusto y criterio nuestros territorios y el gobierno sigue ganando a punta de mentiras y negociaciones perversas el favor del silencio de los gobiernos de Europa y el mundo, dejando a las victimas de toda esta actividad a la vera del camino.
Entonces en Colombia, mediante el uso de la fuerza bruta como muestra clara de la concepción política y militar de la derecha y la extrema derecha, en asocio con la mafia, nació el paramilitarismo que ha conseguido expropiar alrededor de cinco millones de hectáreas a las comunidades mencionadas, todas estás hoy en manos de testaferros de los grupos paramilitares y mafiosos, lo mismo que una franja amplia de terratenientes provenientes de castas tradicionales que actúan en sociedad para proteger sus intereses.
La mejor muestra de lo anterior es el caso de la actual parapolítica fenómeno que demuestra que los dineros provenientes de la mafia sirvieron para reglamentar desde el poder legislativo las leyes que les eran cómodas a los cabecillas paramilitares para entregarse y ganar la posibilidad de legalizar sus bienes mal habidos, igual como hacen al lavar miles de millones de dólares a través de esos proyectos asociados al sector agroindustrial. La parapolitica que en el colmo del cinismo llego a poner en el congreso a aquellos que les servían a sus intereses mezquinos hizo bien la tarea, ubicando también como en realidad ha ubicado a su amigo incondicional en la Presidencia. Como anillo al dedo este gobierno ha realizado las privatizaciones de la salud y la educación, privatizaciones estratégicas como Telecom y ahora ECOPETROL.
Ni que decir del bajo presupuesto para saneamiento básico frente a los altos índices de inversión en la guerra, de gasto infructuoso en la guerra diríamos mejor, sumado al juego que hacen los medios de comunicación proclives al régimen, al decir que ahora son las águilas negras o los grupos emergentes de las AUC las que defienden esos proyectos y territorios y no que se trata de los mismos paramilitares legitimados por Uribe Velez a través de la falacia de la desmovilización.
Todas estas barbaridades y violaciones al Estado Social de Derecho, al derecho del pueblo colombiano de vivir en paz, se han dado tan solo en los dos periodos de gobierno de Uribe Vélez, y también, es en este periodo en el que más se ha polarizado el país en torno a la posible reelección. De aquello que la Constitución de 1991 llamo Estado Social de Derecho solo queda el nombre, y el sagrado derecho universal a oponerse a la locura de la dictadura actual presentada y reconocida por otros países del mundo como una democracia, se paga con el destierro o la eliminación física.
Hoy solo nos queda seguir en la lucha de mantener en alto la bandera por una Colombia distinta, esa Colombia del color de su gente, la Colombia del tamaño de nuestros sueños que camina y se arma de valor para construir un futuro distinto, la Colombia de su pueblo pluricultural indígena, mestizo, afro, blanco, honesto, luchador y trabajador. Una Colombia con justicia social y sin impunidad.
(*) Este artículo ha sido publicado por la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano en http://www.rpasur.com
(Fuentes:El Espectador, EFE-Terra, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR, Adital y rpasur.com)
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