El Senado colombiano aprobó este martes con,62 votos a favor y 5 cinco en contra, un proyecto de referéndum constitucional para la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2010. Los senadores opositores del Partido liberal y del Polo Democrático se retiraron de la sesión momentos antes de la votación en señal de rechazo. El proyecto deberá ser conciliado entre el Senado y la Cámara Baja. Si es aprobado definitivamente, pasará a la Corte Constitucional que determinará si se inscribe en los marcos legales de Colombia.
Entonces podrá ser fijada la fecha para realizar la consulta ciudadana. La oposición anuncia que llamarán a la población a abstenerse o a votar en contra para impedir el tercer mandato consecutivo de Uribe.
Sospechas y escándalos sobre la reelección
Entonces podrá ser fijada la fecha para realizar la consulta ciudadana. La oposición anuncia que llamarán a la población a abstenerse o a votar en contra para impedir el tercer mandato consecutivo de Uribe.
Sospechas y escándalos sobre la reelección
En el proceso de revisión de la Corte Constitucional, que podría durar de tres a seis meses, se tomarán en cuenta los procedimientos usados para la recolección de firmas , los que se utilizaron para someter a discusión el proyecto, así como los recursos empleados para realizar todo este proceso. Y esto porque algunos altos funcionarios del gobierno se han visto envueltos en escándalos por las denuncias de la oposición que aseguran que en esas campañas se han usado fondos de las estafas piramidales descubiertas y de otros orígenes no legales.
En caso de que la Corte Constitucional de su visto bueno a la propuesta, el Gobierno tendrá entonces convocar a un referéndum en el que deberán participar por lo menos 7,2 millones de personas, de las cuales la mitad más uno deberá respaldar la propuesta de la reelección de Uribe. En el año 2004, el presidente colombiano logró cambiar un artículo de la Constitución para poder postularse a un segundo mandato en los comicios que se celebraron en el año 2006.
Álvaro Uribe ganó la presidencia de Colombia en 2002 con el 53% de los votos. Tres años después se conoció que su campaña obtuvo 100 millones de pesos de la empresaria de apuestas de Enilce López, condenada en 2006 por lavado de dinero. Otro dadivoso, David Murcia Guzmán, el encarcelado jefe del conglomerado DMG, dijo que él aportó 2 millones de dólares para llevar hasta Bogotá las firmas que apoyaron la ley.
Álvaro Uribe ganó la presidencia de Colombia en 2002 con el 53% de los votos. Tres años después se conoció que su campaña obtuvo 100 millones de pesos de la empresaria de apuestas de Enilce López, condenada en 2006 por lavado de dinero. Otro dadivoso, David Murcia Guzmán, el encarcelado jefe del conglomerado DMG, dijo que él aportó 2 millones de dólares para llevar hasta Bogotá las firmas que apoyaron la ley.
Uribe fue reelegido en 2006 con el 62.35% de los votos, gracias a que en 2005 el Congreso había aprobado una reforma constitucional que le permitía postularse nuevamente al cargo, pero ésta nueva victoria de Uribe se vio opacada por el escándalo de la Parapolítica; nombre que se le dio a los nexos entre funcionarios de su Gobierno y congresistas uribistas con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Unos 39 congresistas de su coalición han sido detenidos por este escándalo y uno de sus colaboradores más cercanos, el ex-director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicios secretos, Jorge Noguera, está procesado por homicidio y concierto para delinquir.
En abril de 2008 otro escándalo arrojó dudas sobre la legitimidad del gobierno de Uribe, cuando la congresista Yidis Medina confesó haber votado a favor de la reelección a cambio de prebendas. Ésta ex parlamentaria participó en la Comisión Primera de la Cámara de Diputados , donde se debatía el proyecto de reelección presidencial, y en la que su voto fue decisivo.
En abril de 2008 otro escándalo arrojó dudas sobre la legitimidad del gobierno de Uribe, cuando la congresista Yidis Medina confesó haber votado a favor de la reelección a cambio de prebendas. Ésta ex parlamentaria participó en la Comisión Primera de la Cámara de Diputados , donde se debatía el proyecto de reelección presidencial, y en la que su voto fue decisivo.
Uribe, más cerca de un tercer mandato
"La ley de referendo aumenta la incertidumbre", declara el candidato presidencial Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, y el más firme rival de Uribe, según varias encuestas . Añade que "una segunda reelección afecta a la democracia como sistema y al equilibro de poderes".
La incertidumbre por la aprobación de la ley que convoca al referendo se debe, sobre todo, a que Uribe sigue sin decir si opta o no a la reelección y cuando hace unos días que su Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha renunciado para optar a la presidenca "por si Uribe no se presenta".
El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, quien ya comenzó su campaña a la presidencia, cree que esta vez, que son necesarios 7,4 millones de votantes, Uribe no lo tiene tan fácil. "Por eso es muy previsible que el gobierno engrase toda la maquinaria para convocar a esos electores a las urnas y que, además, las autoridades electorales depuren el censo electoral y reduzcan el número de votantes habilitados".
"La ley de referendo aumenta la incertidumbre", declara el candidato presidencial Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, y el más firme rival de Uribe, según varias encuestas . Añade que "una segunda reelección afecta a la democracia como sistema y al equilibro de poderes".
La incertidumbre por la aprobación de la ley que convoca al referendo se debe, sobre todo, a que Uribe sigue sin decir si opta o no a la reelección y cuando hace unos días que su Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha renunciado para optar a la presidenca "por si Uribe no se presenta".
El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, quien ya comenzó su campaña a la presidencia, cree que esta vez, que son necesarios 7,4 millones de votantes, Uribe no lo tiene tan fácil. "Por eso es muy previsible que el gobierno engrase toda la maquinaria para convocar a esos electores a las urnas y que, además, las autoridades electorales depuren el censo electoral y reduzcan el número de votantes habilitados".
Otra aspirante presidencial, como la senadora Cecilia López, del Partido Liberal, destaca la complejidad del sistema colombiano."La situación se le está complicando al gobierno por los escándalos de los hijos del presidente -acusados de haber sido favorecidos en sus negocios por decisiones del gobierno nacional- y por los efectos de la crisis económica". López, cree que a Uribe, le afectará tarde o temprano el frenazo de la economía y el aumento del desempleo, evidentes en los últimos meses.
¿La democracia, en peligro?
¿La democracia, en peligro?
En este contexto, varios líderes políticos, de la derecha al centro-izquierda, algunos de ellos aspirantes a la presidencia han elaborado un documento en el que advierten que lo aprobado el martes por el Senado "debilita la democracia y acaba con el pluralismo político".
Los firmantes son tres ex alcades de Bogotá, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón, la candidata presidencial y senadora Martha Lucía Ramírez y el candidato presidencial y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo , quienes hacen un llamamiento a "la sociedad colombiana para que exija el respeto de los principios rectores del Estado Social de Derecho".
Su documento de nueve puntos alertan, por ejemplo, de que el proyecto del Senado:
-No contempla "sanciones severas para los partidos y sus miembros que tengan relación con grupos al margen de la ley...".
- "Los aumentos de umbrales de votación... contradicen el espíritu pluralista de la Constitución.."
-"El Congreso se rehusó a aprobar la propuesta de hacer obligatorias las consultas populares para elegir los candidatos de cada partido...se excluye la participación ciudadana en el proceso de selección...
- "Se constitucionaliza el transfuguismo político...un artículo transitorio que permite a los Congresistas cambiarse de colectividad por una sola vez, sin la necesidad de renunciar ...
- "Se prohíben las coaliciones entre grupos significativos de ciudadanos y partidos y movimientos... se atenta contra el principio de igualdad y se propina un duro golpe a los proyectos políticos independientes...
- "Se rompe el principio de igualdad en perjuicio de las minorías étnicas, ya que a los partidos de las circunscripciones especiales indígena y afrodescendiente se les exigen requisitos adicionales ...
- "La reforma prohíbe que Diputados, Concejales y Ediles se postulen al Congreso, con lo cual se bloquea la renovación política...
Los firmantes son tres ex alcades de Bogotá, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón, la candidata presidencial y senadora Martha Lucía Ramírez y el candidato presidencial y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo , quienes hacen un llamamiento a "la sociedad colombiana para que exija el respeto de los principios rectores del Estado Social de Derecho".
Su documento de nueve puntos alertan, por ejemplo, de que el proyecto del Senado:
-No contempla "sanciones severas para los partidos y sus miembros que tengan relación con grupos al margen de la ley...".
- "Los aumentos de umbrales de votación... contradicen el espíritu pluralista de la Constitución.."
-"El Congreso se rehusó a aprobar la propuesta de hacer obligatorias las consultas populares para elegir los candidatos de cada partido...se excluye la participación ciudadana en el proceso de selección...
- "Se constitucionaliza el transfuguismo político...un artículo transitorio que permite a los Congresistas cambiarse de colectividad por una sola vez, sin la necesidad de renunciar ...
- "Se prohíben las coaliciones entre grupos significativos de ciudadanos y partidos y movimientos... se atenta contra el principio de igualdad y se propina un duro golpe a los proyectos políticos independientes...
- "Se rompe el principio de igualdad en perjuicio de las minorías étnicas, ya que a los partidos de las circunscripciones especiales indígena y afrodescendiente se les exigen requisitos adicionales ...
- "La reforma prohíbe que Diputados, Concejales y Ediles se postulen al Congreso, con lo cual se bloquea la renovación política...
Y entre tanto, continúan los asesinatos de indígenas, sindicalistas, periodistas...
Pueblos originarios del Cauca, en el suroeste colombiano, denunciaron las muertes de otros dos dirigentes indígenas. El número de víctimas aumenta semana a semana. Representantes de organizaciones indígenas de Colombia que habían recibido amenazas en reiteradas oportunidades, fueron asesinados pese a que advirtieron que sus vidas corrían peligro.
Roberth Guachetá, líder indígena y gobernador del resguardo de la etnia Páez de Honduras, en el Departamento del Cauca, contaba con la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según informó en un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca, el representante indígena fue asesinado este lunes por desconocidos tras recibir varias amenazas. El texto detalla que Roberto Guachetá "había manifestado su rechazo a la implementación de cultivos de uso ilícito en la zona y criticado la política de entrega territorial que realiza el Estado colombiano a las empresas mineras de explotación aurífera".
Por otra parte, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció ante la opinión pública el asesinato del gobernador indígena Manuel Martínez Velásquez del Pueblo Zenú. El asesinato fue perpetrado en el municipio de Caucasia, Comunidad "El Tigre Dos", región del Bajo Cauca Antioqueño. Allí, en la noche del 13 de mayo, un grupo armado entró a la vivienda del gobernador indígena solicitando hablar con él, y luego se lo llevaron en contra de su voluntad. El 14 de mayo fue hallado su cuerpo sin vida en la carretera que conduce de la comunidad el Tigre Dos al municipio de Caucasia con seis tiros en diferentes partes del cuerpo.
La CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento),denuncia el asesinato de otros dos indígenas del pueblo Awá en Barbacoas , Departamento de Nariño y el estado de gravedad de una mujer del mismo pueblo, por la acción de los grupos ilegales que operan en la zona y que permanentemente realizan hostigamientos contra los indígenas.
Pueblos originarios del Cauca, en el suroeste colombiano, denunciaron las muertes de otros dos dirigentes indígenas. El número de víctimas aumenta semana a semana. Representantes de organizaciones indígenas de Colombia que habían recibido amenazas en reiteradas oportunidades, fueron asesinados pese a que advirtieron que sus vidas corrían peligro.
Roberth Guachetá, líder indígena y gobernador del resguardo de la etnia Páez de Honduras, en el Departamento del Cauca, contaba con la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según informó en un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca, el representante indígena fue asesinado este lunes por desconocidos tras recibir varias amenazas. El texto detalla que Roberto Guachetá "había manifestado su rechazo a la implementación de cultivos de uso ilícito en la zona y criticado la política de entrega territorial que realiza el Estado colombiano a las empresas mineras de explotación aurífera".
Por otra parte, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció ante la opinión pública el asesinato del gobernador indígena Manuel Martínez Velásquez del Pueblo Zenú. El asesinato fue perpetrado en el municipio de Caucasia, Comunidad "El Tigre Dos", región del Bajo Cauca Antioqueño. Allí, en la noche del 13 de mayo, un grupo armado entró a la vivienda del gobernador indígena solicitando hablar con él, y luego se lo llevaron en contra de su voluntad. El 14 de mayo fue hallado su cuerpo sin vida en la carretera que conduce de la comunidad el Tigre Dos al municipio de Caucasia con seis tiros en diferentes partes del cuerpo.
La CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento),denuncia el asesinato de otros dos indígenas del pueblo Awá en Barbacoas , Departamento de Nariño y el estado de gravedad de una mujer del mismo pueblo, por la acción de los grupos ilegales que operan en la zona y que permanentemente realizan hostigamientos contra los indígenas.
También denuncia amenazas contra la hija de la miembro del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca )Ayda Qilcué, en Popayán , quién en diciembre pasado perdió a su padre Edwin Legarda "víctima de un falso positivo" (Es decir asesinado por el Ejército y presentado, después, como guerrillero caído en combate).
Los paramilitares siguen muy activos, pese a las entregas
El recién dimitido Ministro de Defensa , Juan Manuel Santos, anunciaba este miércoles a bombo y platillo que 112 paramilitares se rindieron en el departamento de Chocó, "tras verse presionados por el ejército". Pertenecen Los Rastrojos, una banda de mercenarios al servicio de los narcotraficantes que, además, han sido acusado por el gobierno de haber acordado pactos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el suroeste del país. Una noticia que, de paso, le viene muy bien a la propaganda de la 'seguridad democrática' uribista para tapar otras, como la denuncia presentada por la revista Semana, sobre la actividad de la denominadas "Aguilas Negras"
Dice Semana que, "en Bogotá, Cesar, Magdalena y Bolívar, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Acción Social, personerías, y abogados y líderes de víctimas están recibiendo panfletos amenazantes con información sorprendemente detallada".
La revista añada que después de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) el gobierno de Uribe ha dado por eliminado el paramilitarismo y asegura que lo que queda son bandas residuales dedicadas al narctoráfico. Sin embargo, los ataques de carácter político e ideológico contra organizaciones sociales y civiles no han cesado. Las llamadas Águilas Negras están amenazando a funcionarios de la instituciones oficiales como la Defensoría del Pueblo y Acción Social, que dependen de la Presidencia, y a varios funcionarios municipales. Pero la cosa no queda en eso. "Los panfletos no sólo develan que el carácter de estas 'Aguilas Negras' no es meramente de delincuencia común, sino que además muestran que están teniendo acceso a información que normalmente circula sólo en el mundo de la protección y apoyo institucional a las víctimas y a otras poblaciones vulnerables".
Las amenazas más graves han ocurrido en los últimos días en Bogotá y en los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar, en la costa caribe y contienen informaciones secretas que no suele conocer cualquier ciudadano.
Dice Semana que, "en Bogotá, Cesar, Magdalena y Bolívar, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Acción Social, personerías, y abogados y líderes de víctimas están recibiendo panfletos amenazantes con información sorprendemente detallada".
La revista añada que después de la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) el gobierno de Uribe ha dado por eliminado el paramilitarismo y asegura que lo que queda son bandas residuales dedicadas al narctoráfico. Sin embargo, los ataques de carácter político e ideológico contra organizaciones sociales y civiles no han cesado. Las llamadas Águilas Negras están amenazando a funcionarios de la instituciones oficiales como la Defensoría del Pueblo y Acción Social, que dependen de la Presidencia, y a varios funcionarios municipales. Pero la cosa no queda en eso. "Los panfletos no sólo develan que el carácter de estas 'Aguilas Negras' no es meramente de delincuencia común, sino que además muestran que están teniendo acceso a información que normalmente circula sólo en el mundo de la protección y apoyo institucional a las víctimas y a otras poblaciones vulnerables".
Las amenazas más graves han ocurrido en los últimos días en Bogotá y en los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar, en la costa caribe y contienen informaciones secretas que no suele conocer cualquier ciudadano.
En Bogotá, el grupo paramilitar 'Bloque Metropolitano' puso a circular desde el 9 de mayo un panfleto firmado por ‘el comandante Camilo’, en él, las Águilas Negras dicen que han iniciado el “total rearme de las fuerzas paramilitares" y que seguirán “recurriendo al exterminio de toda clase de escoria social”.
En el panfleto dicen que su lista de objetivos militares está conformada por la senadora Piedad Córdoba, el Movimiento Juvenil Bolivariano, Guardias Rojos, Brigadas Antiimperialistas, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otros muchos (y escriben las direcciones exactas de los amenazados), .
Dice Semana que "Muchas de estas organizaciones han sido ampliamente reconocidas internacionalmente y valoradas por decenas de colombianos por su valiosa y valiente tarea de desarrollo social o de protección y apoyo a las víctimas del conflicto. Pero desconociendo su legitimidad social, y apelando al único argumento que suelen tener estos grupos criminales, la violencia y el amedrentamiento, los panfletos de las Águilas les dicen “guerrilleros de civil” y “estafetas de la guerrilla”. Y dejan claro al final de su amenaza que “no somos bandas emergentes. Somos Águilas Negras y estamos presentes, somos el ejército de la restauración social”.
Dice Semana que "Muchas de estas organizaciones han sido ampliamente reconocidas internacionalmente y valoradas por decenas de colombianos por su valiosa y valiente tarea de desarrollo social o de protección y apoyo a las víctimas del conflicto. Pero desconociendo su legitimidad social, y apelando al único argumento que suelen tener estos grupos criminales, la violencia y el amedrentamiento, los panfletos de las Águilas les dicen “guerrilleros de civil” y “estafetas de la guerrilla”. Y dejan claro al final de su amenaza que “no somos bandas emergentes. Somos Águilas Negras y estamos presentes, somos el ejército de la restauración social”.
La Federación Colombiana de Periodistas exige respeto profesional al presidente Uribe
Las denuncias hechas en diferentes medios de comunicación sobre las interceptaciones ilegales de comunicaciones hechas por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende la Presidencia de la República a varios periodistas, ha motivado que la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER exija al Gobierno y a las autoridades judiciales un pronto y completo pronunciamiento que determine los responsables, en todos los niveles, de esta flagrante violación a derechos fundamentales.
Las “chuzadas” (pinchazos), además de configurar el delito de “violación ilícita de comunicaciones”, son una vulneración a las libertades de expresión e información, pues atentan contra el mandato constitucional de garantizar la libertad e independencia de los periodistas, señala FECOLPER en un comunicado.
FECOLPER señala además que el hecho de que miembros de organismos de seguridad del Estado conozcan, de manera ilegal, las conversaciones de periodistas, afecta el secreto profesional, internacionalmente reconocido como elemento fundamental del trabajo periodístico, y pone en riesgo la seguridad de sus fuentes de información.
La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que cualquier presión directa o indirecta sobre las expresiones, opiniones o informaciones difundidas a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.
También califica como violatorio de los derechos fundamentales de las personas la intimidación a los periodistas.
FECOLPER pide por ello que se “investigue y juzgue de manera pronta, real y eficaz a todos los responsables de estas interceptaciones ilegales”, y llama a las autoridades y en especial a los organismos de seguridad del Estado, para que actúen en consonancia con los postulados de un Estado Social de Derecho.
“Que el primer director del DAS de este gobierno, esté detenido y siendo juzgado por su presunta autoría intelectual en asesinatos de sindicalistas y que hoy, ese mismo organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, quede al descubierto por las “chuzadas” a periodistas, juristas y líderes de oposición, muestra la calidad de nuestra democracia”, declara Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER. “Pero igualmente, el valeroso trabajo de periodistas que denunciaron estos nuevos atropellos, es evidencia de la vital importancia que una prensa libre tiene en una sociedad tan convulsa como la nuestra, donde el Estado comete tantos excesos”, concluye.
CÉSAR GAVIRIA: “ÁLVARO URIBE QUIERE ACABAR CON LA DEMOCRACIA”
Las “chuzadas” (pinchazos), además de configurar el delito de “violación ilícita de comunicaciones”, son una vulneración a las libertades de expresión e información, pues atentan contra el mandato constitucional de garantizar la libertad e independencia de los periodistas, señala FECOLPER en un comunicado.
FECOLPER señala además que el hecho de que miembros de organismos de seguridad del Estado conozcan, de manera ilegal, las conversaciones de periodistas, afecta el secreto profesional, internacionalmente reconocido como elemento fundamental del trabajo periodístico, y pone en riesgo la seguridad de sus fuentes de información.
La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que cualquier presión directa o indirecta sobre las expresiones, opiniones o informaciones difundidas a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.
También califica como violatorio de los derechos fundamentales de las personas la intimidación a los periodistas.
FECOLPER pide por ello que se “investigue y juzgue de manera pronta, real y eficaz a todos los responsables de estas interceptaciones ilegales”, y llama a las autoridades y en especial a los organismos de seguridad del Estado, para que actúen en consonancia con los postulados de un Estado Social de Derecho.
“Que el primer director del DAS de este gobierno, esté detenido y siendo juzgado por su presunta autoría intelectual en asesinatos de sindicalistas y que hoy, ese mismo organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, quede al descubierto por las “chuzadas” a periodistas, juristas y líderes de oposición, muestra la calidad de nuestra democracia”, declara Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER. “Pero igualmente, el valeroso trabajo de periodistas que denunciaron estos nuevos atropellos, es evidencia de la vital importancia que una prensa libre tiene en una sociedad tan convulsa como la nuestra, donde el Estado comete tantos excesos”, concluye.
CÉSAR GAVIRIA: “ÁLVARO URIBE QUIERE ACABAR CON LA DEMOCRACIA”
La aprobación por el Senado del referéndum para una segunda reelección presidencial crea una crisis institucional en Colombia
Por JOAQUIM IBARZ (*) 
MEXICO (CORRESPONSAL)
MEXICO (CORRESPONSAL)
El Senado de Colombia ha dado luz verde a una nueva reforma de la Constitución que facilite la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. La polémica medida ha provocado una crisis institucional; la oposición del Partido Liberal y del Polo democrático se ausentó del hemiciclo cuando se produjo la votación “para no descuartizar la democracia”.
El Congreso colombiano, cuya legitimidad se discute ya que tiene a la tercera parte de sus miembros en la cárcel por nexos con el narcotráfico y con paramilitares responsables de matanzas atroces, respaldó la convocatoria de un referéndum –para que tenga validez sólo se exige el voto del 25 % del electorado- para que la población se pronuncie sobre la segunda reelección de Uribe.
Álvaro Uribe sigue los pasos del presidente venezolano Hugo Chávez para seguir en el poder. Pretende cambiar por segunda vez la Constitución a su conveniencia en contra de los dictados de la Corte Constitucional, que sólo aprobó una reelección.
La oposición califica de bochornosa la votación en el Senado. “Nos vamos para no ser cómplices de una medida que da paso a la dictadura; no nos vamos a prestar a aprobar un proyecto que deja abierta la puerta a una dictadura y a la instauración de un gobierno plutocrático”, dijo el senador Luis Carlos Arellano, portavoz del Polo. El partido liberal calificó de “abiertamente inconstitucional e ilegal” la aprobación del referéndum.
Los caminos del autoritarismo
El ex presidente César Gaviria recalcó que una nueva reelección generaría "una incertidumbre política sin antecedentes" que podría conducir a Colombia "a transitar los caminos del autoritarismo". Gaviria, quien fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004, manifestó que la aprobación del referéndum es un “acto que coloca en peligro la democracia colombiana y el equilibrio de poderes”. El ex presidente, que ahora asume la dirección del Partido Liberal, dejó ver su malestar al advertir que “Uribe quiere acabar con la democracia". Según Gaviria, el proyecto de referéndum "convoca a un referendo para cambiar de nuevo las reglas de juego, que además de inconveniente, es abiertamente inconstitucional".
Al argumentar que una segunda reelección de Uribe sería ilegal, Gaviria recordó que la Corte Constitucional en su fallo sobre el acto legislativo que permitió la primera reelección "fue totalmente clara al señalar que solo era aceptable un periodo presidencial de ocho años", por lo que esta nueva modificación a la constitución "se desconoce abiertamente la jurisprudencia" del alto tribunal.
“El ministro del Interior va de escaño en escaño comprando votos”
La senadora liberal, Cecilia López denunció que el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossío, iba “de escaño en escaño comprando la votación”. “Deje de comprar los votos", le dijo en la cara el senador Héctor Helí Rojas a al ministro, puntal del gobierno de Uribe. El senador liberal le pidió expresamente a Valencia Cossío que dejara de recorrer las sillas de los senadores en el Salón Boyacá del Capitolio. "Lo que está haciendo usted de curul en curul es una muestra más de que la votación de este referéndum es sucia por la financiación de David Murcia (joven empresario que estafó a miles de colombianos por el método de la pirámide financiera) y por la abierta intervención de los ministros, como lo está haciendo Valencia Cossio en esta sesión", exclamó el senador Rojas.
El Congreso colombiano, cuya legitimidad se discute ya que tiene a la tercera parte de sus miembros en la cárcel por nexos con el narcotráfico y con paramilitares responsables de matanzas atroces, respaldó la convocatoria de un referéndum –para que tenga validez sólo se exige el voto del 25 % del electorado- para que la población se pronuncie sobre la segunda reelección de Uribe.
Álvaro Uribe sigue los pasos del presidente venezolano Hugo Chávez para seguir en el poder. Pretende cambiar por segunda vez la Constitución a su conveniencia en contra de los dictados de la Corte Constitucional, que sólo aprobó una reelección.
La oposición califica de bochornosa la votación en el Senado. “Nos vamos para no ser cómplices de una medida que da paso a la dictadura; no nos vamos a prestar a aprobar un proyecto que deja abierta la puerta a una dictadura y a la instauración de un gobierno plutocrático”, dijo el senador Luis Carlos Arellano, portavoz del Polo. El partido liberal calificó de “abiertamente inconstitucional e ilegal” la aprobación del referéndum.
Los caminos del autoritarismo
El ex presidente César Gaviria recalcó que una nueva reelección generaría "una incertidumbre política sin antecedentes" que podría conducir a Colombia "a transitar los caminos del autoritarismo". Gaviria, quien fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004, manifestó que la aprobación del referéndum es un “acto que coloca en peligro la democracia colombiana y el equilibrio de poderes”. El ex presidente, que ahora asume la dirección del Partido Liberal, dejó ver su malestar al advertir que “Uribe quiere acabar con la democracia". Según Gaviria, el proyecto de referéndum "convoca a un referendo para cambiar de nuevo las reglas de juego, que además de inconveniente, es abiertamente inconstitucional".
Al argumentar que una segunda reelección de Uribe sería ilegal, Gaviria recordó que la Corte Constitucional en su fallo sobre el acto legislativo que permitió la primera reelección "fue totalmente clara al señalar que solo era aceptable un periodo presidencial de ocho años", por lo que esta nueva modificación a la constitución "se desconoce abiertamente la jurisprudencia" del alto tribunal.
“El ministro del Interior va de escaño en escaño comprando votos”
La senadora liberal, Cecilia López denunció que el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossío, iba “de escaño en escaño comprando la votación”. “Deje de comprar los votos", le dijo en la cara el senador Héctor Helí Rojas a al ministro, puntal del gobierno de Uribe. El senador liberal le pidió expresamente a Valencia Cossío que dejara de recorrer las sillas de los senadores en el Salón Boyacá del Capitolio. "Lo que está haciendo usted de curul en curul es una muestra más de que la votación de este referéndum es sucia por la financiación de David Murcia (joven empresario que estafó a miles de colombianos por el método de la pirámide financiera) y por la abierta intervención de los ministros, como lo está haciendo Valencia Cossio en esta sesión", exclamó el senador Rojas.
De inmediato, el senador liberal fue respaldado por otros parlamentarios liberales y del Polo como Jaime Dussán, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Guevara. Rojas pidió a sus colegas de la oposición que "si el ministro sigue de curul en curul nos retiremos”.
Para realizar el referéndum, aún se requiere el visto bueno de la Corte Constitucional, la máxima instancia para decidir asuntos relacionados a la Carta Magna. El tribunal puede tomar unos tres meses para decidir si la consulta popular aprobada por el congreso respeta o viola principios constitucionales.
La oposición anunció que en caso de que la Corte Constitucional diera su visto bueno a la consulta, el Partido Liberal y el Polo pedirían a la población a abstenerse o votar en contra.
Algunos políticos y periodistas aseguran que Colombia se acerca cada vez más a una autocracia. Uribe aún no ha dicho si quiere o no ser candidato a una tercera legislatura y, como ocurrió la vez anterior, simplemente deja hacer. Es una ambigüedad calculada para favorecer su propósito de volver a modificar la Constitución como si se tratara de una camisa hecha a la medida.
Unos cinco millones de colombianos firmaron la petición de celebrar un referéndum para volver a cambiar la Constitución y permitir la segunda reelección de Uribe. Sin embargo un error de sintaxis en el texto fue suficiente para que los opositores a la reelección cambiaran el significado de la pregunta. El texto que aprobaron los que pidieron el referéndum fue éste: “¿Está usted de acuerdo con que un mandatario que ha cumplido dos períodos se presente a un tercero?”
El Senado cambia el texto de la pregunta del referéndum que aprobaron los colombianos
Apegándose al sentido estricto de ese ha cumplido, los opositores dijeron que como Uribe no terminaba su segundo mandato hasta el 7 de agosto del 2010, no se podría presentar a las elecciones de ese año, sino a las del 2014. Los legisladores uribistas modificaron la pregunta, que quedó así: Está de acuerdo o no con que “quien haya sido elegido” por dos períodos...
Aunque la modificación tiene la intención de interpretar lo que realmente deseaban las personas que con sus firmas respaldaron el proyecto, la enmienda es otra ilegalidad. La oposición denuncia que haber cambiado el texto inicial del referéndum, que fue aprobado el 26 de noviembre de 2008 en Comisión Primera de Cámara, "viola abiertamente la Constitución y la ley".
Como el Senado ha aprobado un texto que permite la reelección de Uribe en 2010, y la Cámara aprobó otro que la autoriza en 2014, se tendrá que nombrar una comisión de conciliación. Como primera medida, que muestra su nerviosismo, los uribistas han recusado al presidente de la Cámara, Germán Barón, por haber expresado su oposición a que Uribe pueda reelegirse en 2010. Los partidarios del jefe de Estado temen que si Varón designa conciliadores que compartan su posición, el desacuerdo con los representantes del Senado -quienes defenderían la reelección inmediata- desembocaría en el archivo del proyecto. De esta manera, la atención ahora se centra en la Comisión de Ética de la Cámara, que deberá decidir si la recusación contra Varón prospera o no.
(*)Corresponsal del diario catalán La Vanguardia, que publica este jueves el reportaje.
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, LibreRed, BBC-Mundo, Adital, Codhes, Periodistas-es, Semana.com y La Vanguardia-Barcelona)
Para realizar el referéndum, aún se requiere el visto bueno de la Corte Constitucional, la máxima instancia para decidir asuntos relacionados a la Carta Magna. El tribunal puede tomar unos tres meses para decidir si la consulta popular aprobada por el congreso respeta o viola principios constitucionales.
La oposición anunció que en caso de que la Corte Constitucional diera su visto bueno a la consulta, el Partido Liberal y el Polo pedirían a la población a abstenerse o votar en contra.
Algunos políticos y periodistas aseguran que Colombia se acerca cada vez más a una autocracia. Uribe aún no ha dicho si quiere o no ser candidato a una tercera legislatura y, como ocurrió la vez anterior, simplemente deja hacer. Es una ambigüedad calculada para favorecer su propósito de volver a modificar la Constitución como si se tratara de una camisa hecha a la medida.
Unos cinco millones de colombianos firmaron la petición de celebrar un referéndum para volver a cambiar la Constitución y permitir la segunda reelección de Uribe. Sin embargo un error de sintaxis en el texto fue suficiente para que los opositores a la reelección cambiaran el significado de la pregunta. El texto que aprobaron los que pidieron el referéndum fue éste: “¿Está usted de acuerdo con que un mandatario que ha cumplido dos períodos se presente a un tercero?”
El Senado cambia el texto de la pregunta del referéndum que aprobaron los colombianos
Apegándose al sentido estricto de ese ha cumplido, los opositores dijeron que como Uribe no terminaba su segundo mandato hasta el 7 de agosto del 2010, no se podría presentar a las elecciones de ese año, sino a las del 2014. Los legisladores uribistas modificaron la pregunta, que quedó así: Está de acuerdo o no con que “quien haya sido elegido” por dos períodos...
Aunque la modificación tiene la intención de interpretar lo que realmente deseaban las personas que con sus firmas respaldaron el proyecto, la enmienda es otra ilegalidad. La oposición denuncia que haber cambiado el texto inicial del referéndum, que fue aprobado el 26 de noviembre de 2008 en Comisión Primera de Cámara, "viola abiertamente la Constitución y la ley".
Como el Senado ha aprobado un texto que permite la reelección de Uribe en 2010, y la Cámara aprobó otro que la autoriza en 2014, se tendrá que nombrar una comisión de conciliación. Como primera medida, que muestra su nerviosismo, los uribistas han recusado al presidente de la Cámara, Germán Barón, por haber expresado su oposición a que Uribe pueda reelegirse en 2010. Los partidarios del jefe de Estado temen que si Varón designa conciliadores que compartan su posición, el desacuerdo con los representantes del Senado -quienes defenderían la reelección inmediata- desembocaría en el archivo del proyecto. De esta manera, la atención ahora se centra en la Comisión de Ética de la Cámara, que deberá decidir si la recusación contra Varón prospera o no.
(*)Corresponsal del diario catalán La Vanguardia, que publica este jueves el reportaje.
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, LibreRed, BBC-Mundo, Adital, Codhes, Periodistas-es, Semana.com y La Vanguardia-Barcelona)
