Miles de campesinos colombianos han sido asesinados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según lo publicado por el diario Washington Post en un informe enviado por su corresponsal en Bogotá.
Cerca de un millar de campesinos fueron asesinados por los militares colombianos en los últimos cinco años, reveló el Washington Post, que cita informes de grupos de derechos humanos y testimonios de familias de las víctimas.
En el informe, los testimonios de familias campesinas o de bajos recursos afirmaron que vieron en fotos los cadáveres de sus familiares desaparecidos vestidos con la indumentaria de camuflaje que porta la guerrilla.
Según varias organizaciones humanitarias citadas por el diario, desde mediados de 2002 hasta mediados de 2007, unos 955 civiles han sido asesinados y clasificados como guerrilleros caídos en combate.
Estas cifras suponen un incremento del 65 por ciento sobre las cifras registradas en los cinco años anteriores.
Este incremento coincide con la ofensiva que inició el Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, hace seis años contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que ha sido financiada en parte por los Estados Unidos.
El diario señaló que el aumento de la presión que sufren los militares colombianos para acabar con la guerrilla ha provocado un aumento en la muerte de campesinos pobres, a los que hacen pasar como guerrilleros.
El diario también destacó el gran incremento en la dotación de las fuerzas armadas colombianas, que han crecido hasta alcanzar los 270.000 miembros, la segunda más grande de América Latina.
"Antes lo veíamos (estos asesinatos) como algo aislado, como si se tratara de una patrulla militar que ha perdido el control, pero ahora vemos que es algo sistemático", declaró al diario norteamericano Bayron Gongora, de la organización Libertad Judicial, que representa en Medellín a familiares de 110 asesinados en estas circunstancias.
El diario narró que el ejercito suele abrir investigaciones sobre estos asesinatos, pero cuando se convierte en un caso criminal, pasa a los juzgados ordinarios.
Pero las organizaciones de derechos humanos denunciaron que cuando los casos llegan a los juzgados, las pruebas son manipuladas, y en muchas ocasiones los jueces sufren presiones de los militares para dictaminar a su favor.
El gobierno colombiano lo niega casi todo
El presidente Álvaro Uribe Vélez se ha defendido a sí mismo de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoce muertes de civiles y ha tomado una serie de pasos que incluyen nuevas normas de combate, asignación de inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorar el entrenamiento en derechos humanos de los soldados, dice el Post.
El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, acusó a organizaciones no gubernamentales (ONG) de mentir al diario The Washington Post. "De eso siempre se ha hablado. Cuando muere un guerrillero salen a decir que se trataba de un santo barón, que era un trabajador o un campesino pero en realidad son historias repetitivas", manifestó el ministro a Caracol Radio.El ministro Holguín se refirió a casos de muertos en el departamento colombiano de Córdoba y aseguró que las víctimas son parte de los enfrentamientos de narcotraficantes que se disputan el control de una zona de cultivos ilícitos
El diario norteamericano asegura que "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate", según grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia.
"Bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, aseguran grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia", escribe el Washington Post. Esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano entre los generales tradicionales que están a favor de una agresiva campaña que se centre en el recuento de cuerpos y los reformistas que dicen que el Ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.
"Los asesinatos, llevados a cabo por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post.
Pero con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido marcadamente desde el 2004, de acuerdo con grupos de derechos humanos, investigadores de las Naciones Unidas y la agencias del mismo Gobierno, citados por el periódico.
El aumento ha venido durante el proceso de fortalecimiento militar que han visto duplicar hasta en 270.000 efectivos su pie de fuerza durante los últimos seis años, lo que lo ha convertido en el segundo más grande América Latina.
"Hay variados recuentos del número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de humanitarios dijo que 955 civiles fueron matados entre mediados del 2002 y el 2007 y clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que los cinco años anteriores, cuando 577 fueron reportados como muertos por las tropas", publica el diario.
La tendencia -según el Post- ha provocado la preocupación entre algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El senador Patrick J. Leathy (demócrata), que preside el subcomité del senado de apropiaciones para operaciones en el extranjero, dijo que está reteniendo 23 millones de dólares en ayuda militar hasta que vea progresos en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el Estado.
"Hemos tenido en seis años 5.000 millones de dólares para ayuda. La mitad de ella ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando más civiles, no menos. Por todas las cuentas, todos los conteos independientes, encontramos que los civiles son tomados, ejecutados y vestidos con uniformes de forma tal que pueden reclamar los cuerpos como guerrilleros muertos", dijo al Post.
La oficina del Fiscal General dijo que más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos mientras los fiscales investigan su participación en los asesinatos de civiles, con 13 condenados el año pasado.
"He dicho esto claramente: el soldado que comete un crimen llega a ser un criminal, y debe ser tratado como tal", dijo Santos, ministro de Defensa.
Santos también ha dicho, en discursos y directivas, que las fuerzas antiguerrilla deberían estar más enfocadas en generar deserciones que en acumular muertos en combate, el método tradicional de medir el éxito. "He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero una guerrilla desmovilizada, o capturada, que a una guerrilla muerta", dijo Santos al Post.
Pero no opinan igual los generales: "¿Cuál es resultado de las ofensivas? Combate. Si hay combate, hay muertos en combate", dice el comandante general de las Fuerzas Armadas, Mario Montoya, en una entrevista citada por el Post.
Militares igual que paramilitares
Los grupos de derechos humanos -según el Washington Post- ven una tendencia perturbadora, diciendo que las tácticas usadas por algunas unidades militares son similares a aquellas utilizadas por escuadrones de la muerte para aterrorizar civiles. Un alto investigador de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades militares portan 'kits' que incluyen granadas y pistolas que pueden ser plantadas cerca de los cuerpos.
"El método de matar gente percibida como colaboradores de la guerrilla es todavía vista como legítima por muchos miembros del ejército", dice Lisa Haugaard, directora de Latin America Working Group, una coalición de grupos humanitarios con sede en Washington.
Después de entrevistar a un número de familiares de víctimas, determinó que en muchos de los casos soldados "parecían estar en misiones, no accidentalmente deteniendo y matando gente".Los campesinos pobres, principales víctimas del terrorismo de estado
El vendedor ambulante Israel Rodríguez salió a pescar el mes pasado y nunca volvió. Dos días después, su familia encontró su cuerpo enterrado, envuelto en una bolsa de plástico, y clasificado por el ejército colombiano como un guerrillero muerto en combate.
Activistas de derechos humanos dicen que la muerte del 17 de febrero es parte de un mortífero fenómeno llamado "falsos positivos" en el que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los clasifican como guerrilleros de izquierda. Un macabro aspecto de un aumento general de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ cometidas por las fuerzas armadas, los ‘falsos positivos’ son el resultado de la intensa presión de parte de Estados Unidos para que Colombia muestre progresos contra los insurgentes de izquierda, dicen los activistas.
La hermana de Rodríguez, Adelaida, dice que Israel había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. "Nunca le hizo ningún problema a nadie", dice, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para "ganar puntos".
Adelaida Rodríguez dice que pese a las iniciativas del gobierno, ella y su familia no querían insistir en que se investigara su homicidio. Refiriéndose a su hermano, dice: "Si hacemos ruido, terminaremos como él".
Estos asesinatos han sembrado el terror aquí en el departamento central de Meta. El año pasado, este departamento tuvo el récord en Colombia en casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, con 287 civiles asesinados por los militares, de acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo de defensa de los derechos humanos. Eso es un diez por ciento de aumento con respecto al año anterior.
Aunque no hay cifras oficiales -ni independientes- de los ‘falsos positivos’, activistas de derechos humanos dicen que creen que esos incidentes están aumentando, junto con un aumento general de los asesinatos cometidos por militares, basándose en informaciones proporcionadas por las familias de las víctimas y el análisis de las circunstancias que rodean los casos individuales. 
"Es probable, porque se repite el mismo esquema una y otra vez en los casos que estoy revisando", dice John Lindsay-Poland, de Fellowship of Reconciliation, de Nueva York. "Víctimas vistas por última vez con ropas civiles, son encontradas más tarde muertas y vestidas con uniformes de camuflaje y presentadas como bajas de la guerrilla".
Los asesinatos han aumentado en los últimos años junto con un énfasis en las bajas mortales de rebeldes como el principal indicador del éxito militar, dicen grupos de derechos humanos. Incluso funcionarios colombianos reconocen que los soldados y sus comandantes han estado prometiendo dinero y ascensos para aumentar el número de víctimas de sus unidades.
Desde que asumiera el presidente Álvaro Uribe en 2002, las fuerzas armadas han producido impresionantes resultados en la recuperación de territorios controlados por grupos rebeldes y mejorado la situación de seguridad, animadas por los miles de millones de dólares en ayuda militar norteamericana bajo el Plan Colombia, el programa que combate el tráfico de drogas y el terrorismo.
Pero al mismo tiempo el historial de las fuerzas armadas en cuanto al respeto a los derechos humanos ha empeorado, dice una coalición de grupos colombianos y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Y nuevas investigaciones de dos grupos pacifistas norteamericanos sobre los asesinatos plantea serias interrogantes sobre si Estados Unidos está haciendo lo suficiente, legalmente, para prohibir el financiamiento norteamericano de unidades militares colombianas que han sido acusadas de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional de Estados Unidos y la Fellowship of Reconciliation han descubierto que el gobierno norteamericano "autorizó" o aprobó la ayuda militar a al menos once unidades militares colombianas el año pasado pese a "acusaciones verosímiles de asesinatos, desapariciones y colaboración con las fuerzas paramilitares ilegales", dijo Renata Rendon, de Amnistía Internacional de Estados Unidos, este mes en Washington.
"Lo que está pasando es escandaloso. El gobierno norteamericano debe cerciorarse de que no está entregando ayuda a unidades renegadas", dijo Rendon.
Aunque no respondió específicamente a ninguna de las acusaciones, un funcionario de la embajada norteamericana en Bogotá dijo este mes que los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas armadas colombianas eran "un problema grave, una preocupación grave".
Para abordar el tema de la impunidad, el fiscal general de Colombia formó el año pasado equipos de investigación especial en los departamentos de Meta y Antioquia, que tenían las cifras más altas de abusos cometidos por los militares. En noviembre, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos envió una directriz a los comandantes militares ordenando importantes cambios, incluyendo otorgar a las cortes civiles más jurisdicción para la investigación de ese tipo de incidentes.
Pero los asesinatos aun siembran el terror aquí en el estado de Meta. Ramiro Orjuela Aguilar, un abogado bogotano de derechos humanos que representa a veinte familias de posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en Meta, responsabiliza de muchos de los asesinatos al hecho de que los militares utilizan los datos de informantes pagados o guerrilleros desmovilizados. "Tienen un incentivo para denunciar a gente acusándolas de ser rebeldes debido a que son pagados independientemente de si la información es correcta", dijo Orjuela.
Varias de las víctimas en Meta el año pasado eran jóvenes que vivían en Granada y alrededores, el centro de una región agrícola-ganadera que ha sido ferozmente disputada en los últimos años por las guerrillas , las fuerzas armadas y los paramilitares. Es también la sede de la Brigada Móvil 12, una unidad que según Orjuela está implicada en muchos de los asesinatos.
Orjuela dice que el ejército está implementando una ‘limpieza social’ en Meta, la sede de cuatro de las cinco municipalidades que componen la llamada zona neutral ocupada por las guerrillas colombianas entre 1998 y 2002. Los asesinatos y desplazamientos masivos de los habitantes aquí son intentos de privar de simpatizantes a las guerrillas, dice Orjuela. "Están tratando de quitar el agua a los peces", añade.
Orjuela dice que los casos de ‘falsos positivos’ disminuyeron después de que el ejército colombiano emitiera en noviembre una directriz a todos los comandantes ordenando que oficiales y tropas debían recordar que las mediciones normales de éxito son los desmovilizaciones y la captura de guerrilleros, y sólo después el número de víctimas. Pero dijo que últimamente había observado un aumento, mencionando el asesinato de Rodríguez.
Las ONGs exigen a Uribe que frene los asesinatos
Las recientes declaraciones de un asesor cercano al Presidente de Colombia Álvaro Uribe contribuyeron a crear “un clima de intolerancia política que fomenta la violencia” poco antes de desatarse una ola de asesinatos, ataques y amenazas contra sindicalistas y activistas de derechos humanos, afirma un grupo de 22 organizaciones internacionales de derechos humanos en una carta enviada a Uribe.
Cuatro sindicalistas colombianos –algunos de los cuales participaron en una marcha el 6 de marzo en contra de violaciones de derechos humanos por parte del estado y de grupos paramilitares– fueron asesinados entre el 4 y el 11 de marzo. Miembros de organizaciones de derechos humanos han sido objeto en las últimas semanas de ataques físicos, hostigamientos, ingresos forzados a oficinas y robos de documentos.
Más de dos docenas de organizaciones y personas han recibido amenazas de muerte firmadas por supuestos grupos paramilitares operando en la capital, Bogotá. Poco antes de los ataques, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hizo una serie de declaraciones difundidas por radio a nivel nacional, vinculando al reconocido representante de víctimas, Iván Cepeda, y a otros organizadores de la marcha del 6 de marzo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 11 de febrero, un día después de las primeras declaraciones de José Obdulio Gaviria, las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) divulgaron una declaración haciendo eco a las imputaciones de Gaviria. “Comentarios sin fundamentos como éste dañan profundamente a la democracia y a los derechos humanos en Colombia, y ponen a todos aquellos contra quienes están dirigidos en peligro directo de ser víctimas de violencia”, señaló la coalición de ONGs en la carta dirigida al Presidente Uribe. “Estas declaraciones estigmatizan el trabajo legítimo de miles de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y víctimas, y pueden tener un efecto paralizante sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación”. La coalición de ONGs instó al Presidente Uribe a:
Repudiar públicamente las declaraciones de Gaviria y otros que han vinculado a los organizadores de la marcha con las guerrillas;
Rechazar la reciente ola de ataques y reafirmar el apoyo de su gobierno a la protección del trabajo legítimo de los sindicalistas y defensores de derechos humanos;
Garantizar una investigación pronta e imparcial de cada uno de los ataques recientes, juzgar a los responsables, y emprender acciones decisivas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con funcionarios gubernamentales.
La carta, de la cual se envió también una copia al gobierno de Estados Unidos, señalaba que “esta serie de amenazas y ataques pone directamente en duda la efectividad del proceso de desmovilización de los paramilitares”. Precisamente en estos días el gobierno Bush presiona al Congreso estadounidense para que ratifique el Tratado de Libre Comercio con Colombia. “En el debate sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el Presidente Uribe ha sostenido en reiteradas ocasiones que él protege los derechos de los trabajadores”, dicen las ONGs. “Pero que el Presidente Uribe haya permitido que su asesor presidencial continúe con sus acusaciones, incluso mientras sindicalistas y defensores de humanos son asesinados y amenazados, sugiere una verdadera desconexión entre el discurso de Uribe y sus acciones”.
La carta está firmada por Human Rights First, Human Rights Watch, Amnistía Internacional EEUU, Refugees International, Lutheran World Relief, Mercy Corps, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights o el Colombia Human Rights Committee, entre otras organizaciones.
Colombia es el buque insignia de la intervención norteamericana en Sudamérica
Por Javier Sáenz Munilla (*)
Un insigne y esforzado sacerdote colombiano, destacado defensor de los derechos humanos, de visita reciente a Madrid, decía que si algo bueno había tenido la agresión militar de Colombia al Ecuador, es que había sacado a la superficie todo lo cuanto ocurría por debajo. El episodio que acabó con las vidas de los miembros de una Comisión de la guerrilla de las FARC, encabezada por Raúl Reyes y, de paso, de varios universitarios mexicanos y de un civil ecuatoriano que nada tenían que ver en el conflicto, además de poner en un brete el inestable equilibrio de la región Andina, ha dejado al descubierto, como apuntaba el sacerdote, que el llamado Plan Colombia –hoy rebautizado como Plan Patriota- no se limita al territorio estrictamente colombiano. Que el conflicto, cuya existencia misma tanto niega el presidente Álvaro Uribe, además de existir, es un polvorín que puede hacer estallar, como mínimo, todo el Norte de Sudamérica. Que los Estados Unidos, por mucho que estén bien enfrascados en sus guerras particulares de Iraq y Afganistán, no se olvidan ni un segundo de sus intereses en el traspatio del patio trasero y que no están dispuestos a que nadie, ni desde París ni, mucho menos, desde Quito o Caracas, ose plantear en él propuestas que no cuenten con el marchamo imperial.
La agresión militar lanzada desde Colombia contra el territorio ecuatoriano es, en primer lugar, una advertencia a Ecuador. Una advertencia, claro está, de los Estados Unidos, directamente relacionada con la decisión del presidente ecuatoriano Raf
ael Correa de sacar a las tropas norteamericanas de la base aéreo naval de Manta, vital para el control por Washington de la región Andina. Correa dijo al poco de llegar al poder, que el contrato de Manta, que caduca en 2009, no se va a renovar. Y no lo dijo en vano, ni para hacer un quiebro y forzar mejores condiciones en una hipotética negociación. Lo dijo para reafirmar un punto importante de su programa electoral y de la coalición que le llevó hasta la Presidencia, en la que se incluye al arraigado movimiento nacional contra las bases. Y la desaparición de las bases extranjeras está, también, en la Constitución que elabora la Asamblea Constituyente.
Lógicamente la llamada Operación Fénix, el ataque en el que fue asesinado Raúl Reyes, no se preparó en un santiamén, como pretendió colar el mentiroso Uribe en su primera explicación pública. Pudieron acelerarse sus movimientos, pero el Plan, para meter aviones y helicópteros en el Ecuador, después de lanzar un misil a 1.800 metros y en un punto determinado del lado ecuatoriano de la frontera o para hacerlo en cualquier otro punto, era parte de la planificada intervención en la región que, con la excusa de Reyes o con otra cualquiera, diseñan y actualizan de forma permanente los estrategas estadounidenses. Desde la base de Manta, en territorio ecuatoriano o desde Tres Esquinas, en el Caquetá colombiano, y seguramente desde el propio Bogotá. No en vano, Colombia se ha convertido en el buque insignia de la intervención norteamericana en Sudamérica, gracias al vasallaje al que se somete con gusto el presidente Uribe, al frente del histórico proyecto paramilitar al que nunca ha renunciado la gran burguesía de Colombia. De hecho, además, ese proyecto paramilitar, que sigue campando a sus anchas en el territorio colombiano –no sin planes expansionistas allende las fronteras- necesita como la tierra a la lluvia, de la aquiescencia y el apoyo de los gringos.
No parece, pues, una casualidad que el almirante Joseph Nimmich, director de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de los Estados Unidos, se trasladara a Colombia para reunirse en Bogotá el 28 de febrero, el mismo día que iba a comenzar la Operación Fénix, con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante David René Moreno.
Con su golpe, ejecutado en apariencia por tropas colombianas, aunque planificado por el Pentágono y sus “contratistas” sobre el terreno -Dyncorp & CIA, entre otros-, Washington y el pequeño Uribe han querido también zanjar, de un plumazo, el camino iniciado por las FARC e impulsado por Hugo Chávez, hacia la búsqueda de una salida negociada del conflicto, esta vez con implicación internacional. En este proyecto se estaban ya alineando en el ámbito latinoamericano, además de Ecuador y Venezuela, sustancialmente Brasil y la Argentina. Y en Europa, Francia y Suiza, en razón de su papel mediador por el Acuerdo Humanitario. La Francia de Sarkozy –en busca de la libertad para Ingrid Betancourt- utilizaba ya a sus diplomáticos de forma muy activa. Así vimos cómo tres enviados franceses en la zona, que iban a entrevistarse con Raúl Reyes el mismo día de su asesinato en el campamento bombardeado, suspendieron la cita al ser avisados por el Gobierno de Bogotá del peligro que corrían. Y París parecía dispuesto a estudiar y plantear en la Unión Europea la petición de Chávez para que se considerara a los grupos guerrilleros colombianos como ‘parte beligerante’ en el conflicto y no ‘grupos terroristas’. Era el primer paso para dar un reconocimiento internacional al conflicto y, a partir de ahí, plantear su humanización, mediante la exigencia de la aplicación de los Acuerdos de Ginebra, para acabar instalando una mesa negociadora con veeduría internacional. Estados Unidos –ya se sabía- no estaba dispuesto a consentir esa ‘intromisión’ en su patio y –ya hemos visto- lo dijo de la forma más clara y contundente; como suele hacerlo.
En este sentido, es de entender que Insulza, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saltara como un resorte para decir que no veía factible la propuesta de Correa para que una fuerza multinacional vigilara la frontera común entre Colombia y Ecuador. Eso Washington no lo va a consentir nunca.
Washington utiliza, ahora de forma casi pública, el conflicto de Colombia, para defender su poder hegemónico en la Región Andina, que ve peligrar, en primer lugar con la consolidación del proyecto bolivariano en Venezuela y con los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador. Así es que, el ataque contra el campamento fariano es un atisbo de ‘Guerra Preventiva’, una advertencia a todos esos gobiernos. Y la declaración de Bush de que está con Uribe, una proclama guerrerista en
toda regla, con el aderezo ultra que el tejano no quiere ni sabe evitar, al añadir que los suramericanos tienen que optar entre estar ‘con el terrorismo y la demagogia’, o sea con Chávez y las FARC o ‘con la libertad’, representada al parecer por Álvaro Uribe.
Aunque, tras la visita a la zona del ataque de la comisión de la OEA y la aparente firma de la paz escenificada por los presidentes en Santo Domingo y por los cancilleres en Washington pueda inducir a creerlo, la fase de guerra abierta iniciada con la agresión contra Ecuador y el asesinato de Reyes y sus compañeros no ha sido clausurada. El ‘poderoso amo del Norte’ sigue en sus trece y no va a parar.
En su reciente gira la Secretaria de Estado Condoleezza Rice trató de ganarse al presidente Lula da Silva para que aceptara una ‘flexibilización de fronteras’ a fin de que se pueda ‘combatir a la guerilla más allá de los límites territoriales colombianos’. Se lo planteó a Lula, que lo rechazó y sondeó también a Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, porque Estados Unidos quería que la OEA aprobara tal exabrupto jurídico, que anularía el artículo 21 de la Carta de la organización, uno de sus principios básicos, para dar carácter legal a las agresiones que, como en Ecuador, está dispuesto a seguir cometiendo quizás, en una próxima ocasión, contra Venezuela.
(*)Este artículo se publica en el número de abril de Mundo Obrero
(Fuentes: EFE-El Universal-Caracas, El Tiempo-Bogotá, Los Ángeles Times, y HRW-Human Rights Watch)
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares.
El Gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entregaran las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
