Lo que la justicia española no ha sido capaz de hacer, lo ha tenido que hacer la jueza argentina María Servini de Cubría, quien tras admitir la querella presentada por víctimas de la dictadura franquista y asociaciones, ha dictado cuatro órdenes de detención internacional vía Interpol contra cuatro torturadores de la dictadura franquista "para declaraciones indagatorias". Son un comisario de la policía política fascista, la Brigada Político Social, un escolta de Franco y de la Casa Real española, uno de los policías con más denuncias por torturas, y un guardia civil que participó con Tejero en el intento de golpe de estado de febrero de 1981, el 23F. 
Casi 38 años después de la muerte de Franco, la impunidad del régimen dictatorial que dirigió con mano de hierro España comienza a resquebrajarse. La jueza bonaerense ha dictado cuatro órdenes de detención internacional contra tres miembros de la Brigada Político y Social de la dictadura(Juan Antonio González Pacheco-'Billy el niño', Celso Galván y Giralte González) y contra el ex guardia civil Jesús Muñecas, golpista del 23-F. Así, la Justicia argentina también emitirá un exhorto para reclamar la colaboración del Gobierno y de la Justicia del Estado español.
"Es un día histórico. La resolución de la jueza es, además, fundamental no sólo por lo que representa sino porque nos permite entrar en la segunda parte del proceso: en el juicio contra el franquismo", aseguraba Ana Messuti este jueves 19, nada más conocer la noticia.
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Los querellantes han solicitado también la detención, entre otros, de tres exministros: Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga general en Vitoria , de José Utrera Molina (suegro del actual Ministro de Justicia Ruiz Gallardón), por firmar la condena a muerte del anarquista Puig Antich, ejecutado a garrote-vil; y de Fernando Suárez, exministro de Trabajo, por las cinco últimas ejecuciones del franquismo, el 27 de septiembre de 1975.
Este es el perfil de los cuatro torturadores que, desde hoy, están en búsqueda y captura:
Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño
Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño está considerado como uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por torturas en los últimos años del franquismo. Su implicación en las torturas es testificada en la querella presentada en Argentina por 17 damnificados.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de Amnistía. El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley".
Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional en Madrid por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha -crimen de las tramas negras fascistas en enero de 1977- y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Para mayor escarnio, el 1 de julio de 1977, dos años después de la muerte de Franco, el Ministro del Interior del gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista con gobiernos del PSOE. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actuó como segundo del comisario Roberto Conesa, que también fue su superior en la policía política franquista, la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Peugeot-Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
Celso Galván Abascal, acusado de asesinar al estudiante Enrique Ruano
Fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Ha sido denunciado por haber diseñado diversas estrategias de tortura. Fue acusado por el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 17 de enero de 1969 cuando era inspector de la Brigada Político-Social del franquismo.
Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió su absolución por "falta de pruebas", si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante. Tras dictarse la resolución de la jueza argentina, se ha sabido que falleció en 2009.
Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro (Madrid). En el intento de golpe del 23-F, fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento. Fue condenado "delito consumado de rebelión militar" a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena .
Jesús Muñecas, quien disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas.
José Ignacio Giralte González
Fue miembro destacado de la Brigada Político Social hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos, cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.
Rueda de prensa de los querellantes para anunciar las órdenes de detención
La impunidad del franquismo se quiebra en Argentina
Por Emilio Silva (*)
Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Desde ese contundente argumento, la jueza argentina, María Servini de Cubría, ha dictado una orden internacional de detención contra cuatro torturadores de la dictadura del general Francisco Franco. Su auto relata y argumenta con contundencia la actividad represiva del régimen franquista y explica someramente por qué la justicia argentina es competente para investigación de esos crímenes.
La que se conoce entre las víctimas de la dictadura franquista como Querella Argentina, fue presentada el 14 de abril de 2010, centrada fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario que reside en Argentina desde los años treinta del pasado siglo, cuyo padre fue ilegalmente detenido, asesinado y hecho desaparecer por un grupo de falangistas.
Desde el momento en que la justicia argentina acepto el casó, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación. Primero el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después el actual Gobierno que bloqueó hace unas semanas unas vídeoconferencias que se iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.
En estos casi tres años y medio se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas, que tratan de obtener la verdad, la justicia y a la reparación a la que tiene derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos.
La dura represión que permitió al dictador Francisco Franco morir en la cama abarca innumerables delitos. Desde las más de 113.000 desapariciones forzadas, pasando por el robo de bebés a las familias republicanas, la negación de derechos a las mujeres, la persecución de homosexuales, los miles de presos y presas por razones políticas, los niños y niñas que contrajeron la poliomielitis por ser hijos de la “antiespaña” y no poder acceder a las vacunas o los miles de presos políticos que trabajaron como esclavos para enriquecer en sus orígenes a algunas de las constructoras más importantes que hoy cotizan en el IBEX 35.
Todas aquellas inmensas e incontables violaciones de derechos humanos quedaron supuestamente saldadas en la transición. Con la colaboración de la izquierda parlamentaria que aceptó la amnistía y el secuestro del debate sobre el modelo de Estado, la dictadura franquista quedó convertida en el crimen perfecto. El Estado comenzó a fabricar ignorancia, secuestrando de los centros de enseñanza el conocimiento de ese pasado y numerosos franquistas han podido morir en estos años enterrados como progenitores de la democracia.
Nuestra élite política convivió con la impunidad, como un precio que se pagaba para obtener desarrollo económico y ni siquiera la Unión Europea le puso como condición al Estado español en su ingreso las mínimas prácticas de higiene democrática. Lo mismo ocurrió con las élites académicas y culturales, formadas mayoritariamente por las universidades de la dictadura a las que habían tenido acceso en la mayoría de los casos por pertenecer a familias del régimen.
La orden de detención que ha cursado la justicia argentina es un gran paso contra la impunidad que ocurre después de más de una década de intenso trabajo de la sociedad civil. Las exhumaciones de fosas, la labor de investigación del Canal de los Presos de Andalucía o el conocimiento del robo de bebés a las presas republicanas que podían contagiar a sus hijos el gen marxista han ido cambiando la mirada hacia el pasado y construyendo la idea del fin de la impunidad.
En ese proceso ha sido muy importante la aparición de los presos y presas del último franquismo, cuyos testimonios han sido la base para la imputación de los cuatro torturadores a los que la Interpol ordenará su detención que finalmente dependerá del Gobierno español.
Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica.
De los cuatro torturadores cuyos crímenes considera perseguibles la justicia argentina viven tres. Alguno de ellos, José Antonio González Pacheco alias Billy el niño, ha sido condecorado tras la muerte del dictador e incluso podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura.
Durante mucho tiempo la élite franquista ha disfrutado de la posibilidad que le dio la transición de blanquear su biografía. El actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, afirmó hace algunos años que la transición española había sido un ataque contra los derechos. Añadía que un modelo de recuperación de la democracia como el nuestro parecía a corto plazo solucionar los problemas pero el coste que supone dejar toda esa impunidad impregnando el sistema político suponía un enorme lastre.
El cierre de puertas que el sistema judicial español ha reiterado a las víctimas de la dictadura franquista ha propiciado la oportunidad que ahora surge en Argentina. Tras estas imputaciones puede que ocurran otras a responsables políticos del franquismo, algo que removerá la tranquilidad de esa élite que ha vivido a sus anchas en una democracia que para buena parte de la ciudadanía resulta demasiado estrecha.
El Poder Judicial español aceptó la persecución de delitos similares cometidos a miles de kilómetros; en Chile, Argentina o Guatemala. Ahora vamos a comprobar si la Justicia Universal que tanto avanzó gracias a esa labor lo es realmente o era simplemente una forma de simular que aquí las cosas ya estaban resueltas.
(*)Asociación para la recuperación de la memoria histórica.
Carlos Slepoy, abogado querellante, habla en Buenos Aires sobre la orden le la jueza Servini de Cubría
"España está obligada a extraditar o juzgar" a los torturadores franquistas
Por Natalia Chientaroli (*)
El prestigioso jurista Joan Garcés, que se puso al frente de la defensa de Herve Falciani, sostiene que la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de imputar y pedir la captura internacional de cuatro de los acusados en la querella contra los crímenes franquistas abre horizontes políticos y judiciales inexplorados para las víctimas de la dictadura.
¿Cuál es la importancia de este auto de la juez Servini de Cubría para la justicia internacional y para las víctimas de delitos cometidos durante el franquismo en España?
Abre la protección del espacio judicial del Convenio Americano de Derechos Humanos a las víctimas republicanas cuyos crímenes siguen impunes en España, después de que entre 2008 y 2013 acciones coordinadas desde el Estado español les cerraran el espacio del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La querella inicial fue interpuesta en Buenos Aires un 14 de abril (de 2010), en homenaje al aporte que los juristas republicanos hicieron a la nación argentina, entre ellos el penalista Prof. Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución de la República española de 1931.
De momento no hay una orden de extradición sino un pedido de detención preventiva (en el marco del procedimiento de extradición previsto en el tratado de extradicion y asistencia penal...).
Las etapas subsiguientes están normadas en los convenios bilaterales y multilaterales vigentes entre España y Argentina, que vinculan a ambos países.
¿Este procedimiento necesita una decisión política para activarse?
La decisión de solicitar la detención a efectos de extradición es judicial, y ha sido tomada el 18 de septiembre por la Juez Federal de Argentina.
A los cuatro imputados por la juez se les pretende juzgar por el delito de torturas, tipificado en el Código Penal argentino, y que es delito también en España. Pero si España no cumple con la extradición y no van a declarar a Argentina no se les puede juzgar, ¿verdad?
España está obligada a respetar y aplicar el principio jurídico que dice "o los extraditas o los juzgas", que busca evitar la impunidad.
Los argumentos de la denuncia se basan en el principio de justicia universal y en los acuerdos a los que España está suscrito, como el convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. ¿Un país puede incumplir deliberadamente con este pedido? ¿Con qué argumentos?
La decisión de la justicia argentina es trascendente en sí misma y abre horizontes políticos y judiciales inexplorados más trascendentes aún. Según cómo se desarrollen los hechos, cabría la posibilidad de que, en su momento, algún Estado de la Comunidad Iberoamericana, en el interés de sus propios miembros y de la Humanidad, pudiera demandar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el incumplimiento por España, hoy, de sus obligaciones según el Convenio sobre la prevención y sanción del genocidio en relación con la destrucción del grupo nacional republicano español. Esa sería una decisión política soberana. O también que se inicien acciones de compensación económica ante Tribunales de América contra empresas españolas, hoy con inversiones en América, sucesoras de las que se beneficiaron del trabajo esclavo de republicanos españoles entre 1936 y los años cincuenta. Esa es una iniciativa que está en manos de los familiares herederos de los trabajadores forzados. Existe una jurisprudencia internacional al respecto desde que Krupp, Farben y otras grandes empresas privadas fueron juzgadas y sancionadas por explotar a trabajadores forzados en Alemania
La Ley de Amnistía es desmontada con argumentos jurídicos por la juez Servini de Cubría. ¿El Gobierno se podría amparar en ella?
La ley española de amnistía de 1977, si se interpreta y aplica conforme al derecho internacional vinculante para España, no hace falta ni abrogarla ni modificarla. No cubre los delitos de genocidio ni de lesa humanidad prohibidos desde antes de 1936.
¿Por qué cree que no han prosperado las denuncias presentadas por crímenes franquistas en los tribunales españoles desde 2006?
Por razones conocidas. Entre otras, porque fueron resueltas en último extremo por la cúspide del Tribunal Supremo cuando la mayor parte de los integrantes que la formaban eran, y son hoy, magistrados que juraron lealtad a los Principios del Partido Único Fascista y al Caudillo y que rechazaron ser recusados cuando se les hizo presente este aparente conflicto de intereses.
¿Y tampoco en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Sucesivas resoluciones del TEDH en 2012-2013 han negado a admitir a trámite denuncias de matanzas y crímenes de lesa humanidad cometidos de manera continuada contra españoles entre 1936 y 1977. En contraste, el tribunal condenó a Rusia por negarse a investigar la matanza de los bosques de Katin en 1940. No se puede perder de vista que entre 1936 y 1939 cuerpos del Ejército profesional de Alemania e Italia mataron a miles de civiles desarmados en Barcelona, Mallorca, Valencia, Guernica y muchos otros lugares de España.
No atender este exhorto por parte del Gobierno español ¿en qué lugar dejaría a España?
La tramitación de la petición argentina ofrece a España una oportunidad para actualizarse y dejar de ser el único país de Europa que no ha investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Siglo XX.
(*) Entrevista publicada en el digital Eldiario.es. Joan Garcés, asesor de Salvador Allende, facilitó a Garzón la documentación que permitió la detención en Londres del general Pinochet.
Carne Cruda 2.0 (20/09/13) - Los crímenes del franquismo se juzgan en
Argentina
Programa de radio "Carne Cruda" de la Cadena Ser dedicado a la memoria histórica con familiares y víctimas directas de la represión fascista y con Ana Messuti, una de las abogadas de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Carne Cruda 2.0 en su edición extendida
del viernes 20 de septiembre de 2013
