CADENA PERPETUA AL GENERAL OMAR RIVEROS, RESPONSABLE DEL CENTRO DE EXTERMINIO DE CAMPO DE MAYO, EN EL JUICIO POR EL ASESINATO POR TORTURAS Y EMPALAMIENTO DEL ADOLESCENTE FLOREAL AVELLANEDA. 33 AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE, ES LA ÚNICA CONDENA SOBRE EL MAYOR CENTRO CLANDESTINO DE LA DICTADURA
Se trata de procesos que se sustancian en todo el país. La cifra surge de un estudio de la unidad de seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. El dato surge de un informe de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para el seguimiento de esos procesos.
“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”
El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.
A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenóeste miércoles a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto.
Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra.
El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista(FJC), fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo.
Con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.
La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala.
El tribunal desbarató uno a uno los planteamientos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.
A las 20.43, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.
La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.
La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas.
Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.
Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.
Una sentencia emblemática
"Nos quedamos conformes, pero debe cumplir la condena en una cárcel común. Por más que se muera en prisión, nunca van a sufrir lo que sufrimos nosotros", dijo Floreal Avellaneda padre a los periodistas tras conocerse la sentencia. El ex sindicalista del Partido Comunista agregó que "se trata de un juicio emblemático porque es el primero por los crímenes cometidos en Campo de Mayo", el mayor cuartel del ejército en Argentina.
El adolescente Floreal Avellaneda, fue detenido junto a su madre en su casa un mes después del golpe de marzo de 1976, fue torturado, al igual que su madre, Iris Pereyra, para que revelara dónde se encontraba su padre. "Me aplicaban electricidad en las axilas, los pechos, la boca, los genitales y al 'Negrito' le hacían exactamente lo mismo. Yo empecé a gritar y me lo trajeron. Entonces él me pidió llorando que dijera dónde estaba su padre, pero yo no lo sabía", reveló la madre ante los jueces.
El padre había logrado huir de su domicilio saltando por los tejados vecinos cuando le advirtieron que la policía llegaba a su casa a buscarlo.
Finalmente, el cadáver del menor apareció "en una costa uruguaya atado de pies y manos, con una profunda herida en una pierna y señas de empalamiento", según consta en el expediente. La madre fue liberada después de casi tres años de detención.
En el Juicio la defensa de los militares justificó la tortura
Para la defensa del genocida Omar Riveros la tortura es discutible. En la primera audiencia del juicio por el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda y el secuestro y torturas de su madre, Iris Pereyra, los defensores oficiales del general retirado, que también representaban a los demás represores imputados, plantearon que “enviarlos a prisión es llevarlos a la muerte”. Y le pidieron al tribunal que a la hora de la sentencia, tenga en cuenta la edad de los acusados, su estado de salud, el tiempo transcurrido sin juicio y “su accionar en una gesta patriótica, como dijo el Estado que los educó, los adoctrinó y ahora los juzga”.
“El problema sobre la tortura es complejo”, afirmó el defensor Carlos Palermo al comenzar su justificación de este delito aberrante, en la que apeló a palabras del jurista Günter Jakobs. Este especialista alemán en teoría del derecho en una reciente entrevista había mencionado la posibilidad de “conminar de manera enérgica” a un sujeto cómplice de un delito para que confiese, como en el caso del secuestro del hijo de un banquero alemán en el que un policía torturó a una persona que permitió salvarlo pero fue condenado por hacerlo.
Los abogados querellantes precisaron que Palermo olvidó que en el caso Avellaneda los torturadores siempre supieron el paradero del niño secuestrado porque “lo tenían ellos y lo torturaron ellos”.
El defensor había comenzado su alegato con una larga lista de “no está probado que...” algún integrante de la familia Avellaneda estuviese afiliado al Partido Comunista, que Floreal e Iris Avellaneda hayan estado detenidos en Campo de Mayo, que hayan sido torturados, que el cuerpo haya sido el de Floreal. Sostuvo que la identificación del cadáver mediante las huellas dactiloscópicas es insuficiente, y se preguntó si habría sido desidia de la Justicia o desinterés de la familia no haber recurrido a las fotos del rostro del joven para su reconocimiento. En esa línea de razonamiento llegó a negar que Floreal hubiera sido empalado y que la aparición del cadáver mutilado y atado de pies y manos pudo deberse a un “accidente”.
Palermo y Marcelo Galleta cuestionaron el testimonio del cabo Víctor Ibáñez, que declaró haber visto al Negrito (Floreal Avellaneda, hijo) en Campo de Mayo, al decir que no tenía forma de relacionar el nombre que vio en una lista con la cara del chico, a quien además habría visto con capucha. También afirmaron que es inverosímil que un cabo talabartero como Ibáñez haya tenido acceso a una lista secreta, y pidieron que fuera indagado por falso testimonio. En defensa de Verplätsen dijeron que padece de una enfermedad mental diagnosticada como “disfunción y trastorno psicogénico”, y si bien tres peritos coincidieron en que está en condiciones de psíquicas de enfrentar el juicio, pidieron que se suspendiera el proceso respecto de este represor.
Hay 72 causas elevadas a juicio por delitos de lesa humanidad
Se trata de procesos que se sustancian en todo el país. La cifra surge de un estudio de la unidad de seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. El dato surge de un informe de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para el seguimiento de esos procesos.
Entre las causas están ESMA, donde se juzgará a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, y un nuevo proceso por delitos cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo, donde se investiga la participación del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, juicios que comenzarán en octubre próximo.
También, la que sigue contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados en Santa Fe, y aquellas en las que se investiga la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone y la masacre en Margarita Belén, en Chaco.
Del total de causas, hay seis que ya tienen fecha confirmada de inicio del debate. .
(Fuentes:Página 12, AFP, EFE y RNMA-Red Nacional de Medios Alternativos/Argentina)
