Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?

Colombia: Cuatro muertos en la represión de la huelga campesina del Catatumbo

MIENTRAS EL GOBIERNO NEGOCIA LA PAZ EN CUBA, EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA SIGUEN ASESINANDO CAMPESINOS 

 

La Policía y el Ejército colombiano asesinó a dos campesinos e hirió al menos a 13 este martes durante la represión de una marcha campesina que se dirigía hacia el municipio de Ocaña. departamento de Norte de Santander, para exiigirle al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que atendiera las necesidades de los campesinos de la zona del Catatumbo.

 Con ellos son ya cuatro

los muertos registrados desde que el 10 de junio comenzó el paro campesino en la región.

   Según César Jerez, un de los portavoces campesinos, la masacre se produjo en el lugar conocido como "La Y", una intersección de carreteras en la salida de Ocaña hacia la costa Atlántica y los municipios vecinos de Convención y Teorama. Los huelguistas habían bloqueado la carretera. Los disparos contra los manifestantes salieron desde la posición que mantenían entre 500 y 1000 unidades del Ejército y de la Esmad (Ecuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía). "No eran disparos al aire sino en contra de la población”, denuncian los campesinos.

Uno de los líderes del movimiento campesino, Jhony Orril, detalló que los efectivos de la fuerza pública arremetieron contra ellos sin compasión, por lo que repudió el hecho. “Este gobierno no quiere la paz, ellos quieren la represión, repudiamos y responsabilizamos a la cúpula militar y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos” dijo.

Contra la erradicación de cultivos ilícitos

El sábado la protesta se cobró las dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomar el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.

   Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.

La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.

Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".

"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.

Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este miércoles en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.

Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento. 

Militarización de la zona

 Los campesinos del municipio de Ocaña denuncian la militarización de la zona como parte de la política represiva emprendida por el Gobierno de Santos. Los habitantes de la zona informan sobre la presencia de varios aviones que transportaron aproximadamente a 200 efectivos castrenses del escuadrón antidisturbios, que arribaron acompañados de la Policía Nacional para reprimir las protestas que llevan a cabo -desde el pasado 11 de junio- agricultores que han salido a la calle a pronunciarse por el abandono estatal.

  Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.

“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.

Bogotá apoya protestas campesinas

   

Mientras tanto, frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá,  se concentraron unas 100 personas para apoyar las protestas de los campesinos del Catatumbo , quienes llevan aproximadamente quince días esperando que el Gobierno los atienda.

La intención es lograr un impacto político y hacer un llamado de atención de las autoridades, según indicaron los portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes portaban pancartas con lemas como “El Catatumbo resiste y persiste”, “Sí a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” y “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el terreno”.

COMUNICADO DE LA MARCHA PATRIÓTICA DE ANTIOQUIA

Ante la arremetida del régimen de Santos contra los campesinos del Catatumbo

Marcha Patriótica Antioquia manifiesta su más enérgico rechazo a la represión militar que lleva a cabo el gobierno de la “prosperidad democrática” que dice querer la paz, pero que en los hechos hace la guerra frontal contra el pueblo. Hasta hoy tras 13 días de legítima protesta campesina las balas, granadas y ataques del régimen policial han causado dos muertos, ocho heridos con balas de fusil, más de una decena de heridos y cerca de treinta detenidos.

Los campesinos del Catatumbo, Norte de Santander y los municipios de Hacarí, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Tibú, organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) llevan a cabo una justa protesta demandando el cumplimiento de acuerdos incumplidos por el gobierno.

El pliego de 10 puntos que reclaman al Estado incluye que se decrete la Zona de Reserva del Catatumbo, en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER; la suspensión de la erradicación forzosa de los cultivos de coca a cambio de un programa de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito;  subsidio durante dos años a las familias afectadas por la erradicación y fumigación de los cultivos de coca; la suspensión de los planes minero energéticos que se quiere adelantar en la región; suspender la política del plan de consolidación en la ZRC del Catatumbo que solo trae represión y desplazamiento para los campesinos; la conformación de una comisión de verificación que aborde las violaciones a los derechos humanos y los graves ataques con armas de fuego y abusos policiales contra los manifestantes; el respeto y garantías a la vida, la dignidad e integridad de los manifestantes; hospital, universidad, suministro de gas, agua potable, electricidad y vías para Tibú y los municipios aledaños, etc.

Marcha Patriótica Antioquia expresa igualmente la más franca y sentida solidaridad con el campesinado del Catatumbo que protesta justamente por sus derechos y reivindicaciones y hace una llamado a todos y todas las integrantes de Marcha a difundir y denunciar ampliamente el brutal atropello a que son sometidos los campesinos de Norte de Santander, y sus municipios.

Igualmente respaldamos íntegramente el pliego de diez puntos que exigen con justa protesta al gobierno que dice querer la paz pero responde con la guerra.

Comité de Impulso de Marcha Patriótica Antioquia

Medellín, 24 de junio del 2013

(Fuentes: EFE, LibreRed, Agencia Prensa Rural y Marcha Patriótica)

Argentina-Lucha por la tierra

LA GUERRA POR EL METRO CUADRADO

“Toda esa sangre en el monte”: Vídeo sobre la lucha por la tierra en Santiago del Estero, Argentina

Una excelente producción audiovisual del equipo de la revista argentina Crisis sobre la lucha de las familias campesinas indígenas organizadas por sus tierras, enfrentando a latifundistas y empresarios que no dudan en apelar a la violencia cuando de defender sus intereses se trata.

En apenas once meses fueron asesinados dos jóvenes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI-Vía Campesina). Ellos son: Miguel Galván y Crystian Ferreira.

La misma motivación, el mismo método: empresarios sedientos de tierras convencen a unos pocos pobladores, los convierten en sicarios, y los arrojan contra comunidades que resisten, ante la pasividad cómplice del Estado desarrollista. No hay errores, no hay excesos. Son los mojones de una matriz productiva que aniquila.

El video “Toda esa sangre en el monte” grafica los intereses en pugna sobre casi diez millones de hectáreas en esa provincia central de la República Argentina, así como las amenazas que pesan sobre unas 64 mil familias campesino-indígenas en ese país.

(Fuente: RadioMundoReal.fm)

Paraguay:Cambio y crisis

LOS CAMPESINOS EXIGEN LA REFORMA AGRARIA Y AMENAZAN CON GRANDES MOVILIZACIONES. EL VICEPRESIDENTE SE ENFRENTA AL PRESIDENTE LUGO, EN UNA NUEVA MUESTRA DE LAS PUGNAS EN EL INTERIOR DEL GOBIERNO

Tras las movilizaciones la semana pasada, con miles de agricultores en las calles de Asunción, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) advirtie ahora al Gobierno de Fernando Lugo que si no avanza la reforma agraria intensificarán sus medidas. La organización campesina anunció que bloquearán rutas nacionales y ocuparán propiedades privadas si antes del 30 de abril próximo no hay respuestas claras del Gobierno.
Pablo Ojeda, dirigente de la Mesa, recordó que el actual presidente Fernando Lugo se comprometió, durante su campaña electoral, a realizar la reforma agraria en el país.
"Hasta el momento Lugo no dio señales de sus planes de reforma agraria", sostuvo el campesino. Argumentó que la gente que trabaja la tierra "sigue siendo tan pobre como antes". Agregó, además, que "lo peor" es que "no recuperó tierras entregadas a personas no beneficiadas por leyes agrarias, como los extranjeros".
La Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) le reclama al Gobierno que expulse por decreto a los empresarios sojeros brasileños, a los que se entregó ilegalmente tierras boscosas, en el pasado.

La conflictividad en el campo es una herencia de los 61 años de los anteriores gobiernos 'colorados', que repartieron tierras a aquellos que no eran beneficiarios de la reforma agraria, conocidas como tierras malhabidas o mal adjudicadas; en donde se ha deforestado más del 90% de la masa boscosa en los últimos 50 años en la Región Oriental para la implementación de ganadería y agricultura empresarial; y se acelera el proceso de deforestación en la Región Occidental-Chaco.

En este periodo se ha instalado un modelo extractivo de los recursos naturales caracterizado por el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, destrucción de bosques y consiguiente pérdida de biodiversidad, sin ningún tipo de planificación, zonificación, hechos que en los últimos años provocó la expulsión de las comunidades campesinas y de las comunidades de los pueblos indígenas.

Honda división en el seno del gobierno

El vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, acusa al mandatario, Fernando Lugo, de gobernar "para sus amigos", en una profundización de las diferencias políticas entre ambos. La acusación se produce, además, cuando Lugo se halla fuera del país, en visita oficial a Qatar.

La crisis tiene que ver con el uso de un subsidio por 8 millones de dólares prometido por Lugo a productores de sésamo de San Pedro, el departamento en el que fue obispo, a través de la organización que encabeza el dirigente campesino Elbio Benítez, amigo de Lugo. El vicepresidente Franco cuestionó severamente a Benítez, como lo había hecho antes una cámara de empresarios agropecuarios. Franco es presidente del Partido Liberal, hasta ahora el soporte principal de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que llevó al poder a Lugo y aportó el mayor caudal de votos (alrededor del 70%) dentro de la coalición.

Desde la toma de posesión de ambos, en agosto de 2008, se produjeron numerosos roces, por ejemplo por el hecho de que Lugo nombró como ministros a dirigentes liberales opuestos a la corriente oficialista que preside Franco. Posteriormente, Lugo excluyó a Franco en varias negociaciones clave.

En el caso del subsidio a los productores de sésamo el vicepresidente Federico Franco sostiene que favorecerá solo al 8 por ciento de los cultivadores. El vicepresidente Franco y asegura que se opone a la subvención porque "no se puede gobernar para los amigos, hay que gobernar para todos los paraguayos". Con el vicepresidente Franco y contra el presidente Lugo se alía también el ministro de Agricultura, Cándido Vera, que califica de "delincuente" al dirigente campesino Elbio Benítez y que, para no avalar el subsidio, ha tomado unas 'vacaciones' de 10 días.

Pero el jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel López Perito, defiende la legalidad de la ayuda de ocho millones de dólares que Lugo ratificó antes de viajar a Qatar , tras reunirse con el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma, y el líder campesino de la zona, Elvio Benítez. Ledesma y Benítez apoyan la movilización de los productores de San Pedro, la región más pobre del país, donde Lugo fue obispo durante una década, para que el Estado financie la comercialización de sésamo y asuma las pérdidas causadas por la sequía.

Algunos legisladores y dirigentes políticos liberales de la corriente oficialista se refieren ya en los últimos días a la necesidad de reconsiderar el apoyo parlamentario al presidente Lugo.

Esta dependencia rales le esta causando serios problemas a Fernando Lugo y la situación puede ir empeorando si no lograr crear una base política que apoye sus iniciativas, lo que no es fácil. Incluso sumando a todos los sectores que conformaron la Alianza Patriótica para el Cambio, el mandatario no contaría con la mayoría.

La colombianización de Paraguay

Por Ricardo Steimberg (*)

La producción de marihuana en Paraguay, es un problema mucho más grave de lo que se cree y los números que se manejan no son reales. Existe un supuesto combate a la marihuana, al menos como marketing, pero en realidad, lo único que se ha logrado, hasta ahora, fue justificar una impresionante cantidad de gastos y conservar ciertos puestos claves, en lugares de muy alto nivel. Quienes se beneficiaron con los tibios intentos por contener el constante aumento de hectáreas sembradas, son todos los intermediarios que intervienen en este sucio negocio.

Desde el proveedor de la semilla, hasta el más encumbrado de los parlamentarios, que sin su protección, las plantaciones y la cadena de distribución, no sería posible.Los operativos que se realizan son más cinematográficos que efectivos, sin embargo la publicidad deja a todo el mundo contento.

En realidad no hay mucho dinero que venga del exterior, para combatir a este flagelo, ya que la marihuana no figura como prioridad de este o cualquier otro gobierno que hayamos nosotros tenido.

Esa subestimación hacia esta creciente actividad delictiva ha permitido que ella creciera hasta dimensiones impensadas.Y ha nacido como consecuencia de la desprotección que el campesino paraguayo sufrió a través de toda su historia.

No se le ayudó jamás a estructurar una línea de distribución donde no hubiera terceros codiciosos. Nunca se propició desde el Estado, una política de desarrollo rural, o una mínima infraestructura, ni la capacitación técnica al campesinado, para que este obtuviera su auto-abastecimiento. Es más, a eso jamás se le dio importancia.

Hoy se sufre el empobrecimiento del pequeño productor, que nunca aceptó cooperativizarse, por lo que la necesidad, la desesperación y la miseria lo llevaron directo hacia las garras de los carteles de la marihuana paraguaya. Según las Naciones Unidas, Paraguay es el segundo productor mundial con 6 mil toneladas al año, siguiéndole muy de cerca a México con 7 mil toneladas y media, habiendo desplazado al tercer lugar a Colombia.

Todos estos datos son muy relativos, ya que nunca se han hecho mediciones precisas y generalmente se tiran cifras al aire y manejado variables poco certeras, como que la marihuana se cultiva dos veces por año, y rinde de 3 toneladas por hectárea, que en Paraguay existen 30.000 hectáreas plantadas y que tiende a crecer el área cultivable.

Habiéndose iniciado los primeros cultivos con fines comerciales en San Pedro, fue expandiéndose luego por Canindeyú, Amambay y Concepción. Para su cuidado, se establecieron muchos asentamientos campesinos armados hasta los dientes. Muy bien entrenados, con equipos de comunicación que hasta la misma policía los envidia. Se movilizan en camionetas 4 x 4 nuevas, sin mucha dificultad, ni ser detenidos por ninguna barrera.Los mismos traficantes cuentan que de diez cargamentos, dos caen y ocho llegan. De esos dos, algo siempre se pierde por el camino, como parte de ciertos favores recibidos, justamente por esa misma protección que las fuerzas del orden le dan al brillante negocio.

En Colombia, se está erradicando los cultivos de marihuana con fumigaciones intensivas de glifosato, justamente el mismo agro-tóxico que en Paraguay se usa para la soja. Actualmente en aquel país 16 de los 23 departamento están tomados por los traficantes disfrazados de guerrilleros. En Paraguay 4 departamentos es poco para la avidez de un comercio que crece a pasos agigantados. Brasil no puede abastecerse por lo que, los traficantes ya piensan incrementar su comercio.De diez a doce mil guaraníes por kilo cosechado y óptima calidad es una cifra demasiado tentadora para comunidades aisladas y muy pobres. No existe un producto hortigranjero que pueda llegar a equipararse. Por lo tanto ya se tiene otro problema social en puerta.Estamos aún a tiempo de cortar de raíz todo el circuito, solo depende de los nuevos funcionarios que ya le otorguen el rótulo de máxima prioridad, pasando a segundo plano las continuas rencillas políticas de conventillo.
(*) Artículo publicado en Neike.com.py

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, RadioViva, ANSA-Latina, EFE, AbcColor, jakueke.com y Neike)

Argentina: Movimiento campesino

EL NORTE ARGENTINO ES UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA. LOS CAMPESINOS DENUNCIAN DECENAS DE DETENCIONES ARBITRARIAS, PALIZAS Y DESTRUCCIONES DE CASAS Y COSECHAS POR LA POLICÍA

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC) asegura que en el último mes, al menos 35 personas fueron detenidas en tres provincias de la Argentina.

La organización de pequeños productores ha instalado una Carpa Negra frente a los Tribunales de la norteña provincia de Santiago del Estero, para reclamar por la liberación de los detenidos.
En la mayor parte de los casos, los campesinos son liberados pocas horas después de su detención, pero antes suelen ser golpeados y destruidas sus pertenencias; aunque dos miembros del Mocase-Vía Campesina, permanecen presos hace más de 40 días.

Se trata de Luís y Santos González, dos de los 29 campesinos detenidos en Santiago del Estero durante el mes de septiembre y primeros días de octubre.
Además, el Mocase dio a tiene conocimiento de al menos 50 'pedidos de captura' contra militantes campesinos que, a su vez, son sometidos a tormentos, saqueo de sus pertenencias por parte de la policía, simulacros de fusilamientos, golpes y torturas.
A la situación que viven las familias campesinas de Santiago del Estero, se suman las de las provincias de Formosa y Mendoza. En total, el número de detenciones asciende a 35, y las órdenes de detención al menos a 95.
Ricardo Cuellar, del Mocase VC, asegura que hay más de 95 'pedidos de captura', , y pide al Gobierno Nacional que acabe con esta política con los campesinos y los pueblos originarios

AUDIOS: Ricardo Cuellar, MOCASE VC (detención)22 seg. (178 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (causa inventada)40 seg. (315 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (Justicia)44 seg. (348 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (pedidos de captura)57 seg. (451 KB)


El norte argentino en una espiral de violencia

El martes pasado nada más comenzar la noche, en la localidad de Ingeniero Juarez, provincia de Formosa, un campesino comprometido con la lucha de criollos e indígenas fue nuevamente detenido. Luis Montes, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (Mo.Ca.For) y del Frente Nacional Campesino (F.N.C.) fue sólo uno de los 7 que serían privados de su libertad posteriormente. Las organizaciones campesinas venían repudiando los desalojos, infamias y atropellos que se llevan adelante contra las comunidades wichís y criollas, incluyendo la quema de sus viviendas y campos.
Para conocer mejor la situación que se vive en la región, transcribimos la conversación de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, con Benigno Lopez, militante del Mo.Ca.For y el F.N.C.

-RMR: Hay varios compañeros detenidos, ¿cuál es la razón?
-Benigno Lopez: Hay dos conflictos bien marcados, uno es contra de una comunidad wichí que tiene conflicto de viviendas que fueron construidas en tierras ancestrales que ellos reivindican, y hubo represión contra ellos de 270 efectivos de la policía de la provincia que participaron. Eso fue en la localidad de Ingeniero Juárez. Estos intensos ataques contra esa comunidad, con mucha violencia, fue resistido.

Por otro lado, primero el juez ordenó y fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60 mil a 90 mil hectáreas de tierras de los criollos que hace más de 150 años que habitan esa zona. Hoy apareció un empresario que reclama la propiedad de esas tierras.
El juez actúa como un empleado más del empresario, juntamente con el intendente, y la respuesta es mandar a amedrentar, a patotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos, y después bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención de 7 compañeros, entre ellos una compañera, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas por orden del Juez Pedro Gustavo Schaefer. Aparte ordenó la detención de 11 compañeros más.

En estos momentos la abogada hizo la presentación de la excarcelación de los compañeros y va a presentar la eximición de prisión para el resto de los compañeros, pero el juez expresó que el no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que puede recibir.

Es una situación muy complicada, muy tensa, más aún es llamativo cuando la Presidenta de la Nación viene a hacer anuncios a los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más cuando justamente acá en el oeste los campesinos y los dirigentes del Mo.Ca.For. son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados. En estos últimos 8 días de cara a la visita de la presidenta se acentuó muchísimo más. Entendemos que es un problema de querer enfrentarnos con el Gobierno Nacional también de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.

-RMR: Esta situación de persecusión y represión la vienen sufriendo no sólo allí en Formosa, sino también en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba los movimientos campesinos, ¿qué lectura política hacen de todo este conflicto territorial que se está dando a nivel nacional?

-Benigno: Por un lado usted sabe que el sector campesino ha ganado un pequeño paso que es la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural que fue lanzada hace muy poco tiempo, que ese es un espacio por construir, es un espacio por llenar, es un espacio por diseñar y ejecutar, pero es un espacio que el Gobierno Nacional al final apoyó. Y al mismo tiempo, desde los feudos locales y provinciales se da el paso contrario a estos pasos nacionales y se acentúa la represión y la persecución contra los campesinos, y principalmente se lo quiere expulsar de sus tierras y grandes empresas quieren quedarse con las tierras de los campesinos, criollos y de los indígenas de la Argentina.

-RMR: ¿De qué se trata el anuncio que la presidenta tiene que dar?, ¿por qué crees que está tan ligado a esta persecución política?

-Benigno: Nosotros, por lo que pudimos enterarnos, viene para anunciar líneas de crédito para los pequeños productores, y también quiere hablar de la cuestión de la tenencia y uso de la tierra. Justamente en este momento en que nosotros tenemos expectativa, y hay un sector político que evidentemente maneja la justicia, la policía y todo en estas tierras acentúa la represión contra nosotros, para que nosotros reaccionemos y nos enfrentemos al Gobierno Nacional. Creemos que buscan eso.

-RMR: En un comunicado de prensa que ustedes circularon hablaban también de quema de viviendas y campos, ¿cómo han vivido esta situación?

-Benigno: Sí, en el campo La Florencia mismo, civiles armados que son empleados del empresario o patoteros de él, estuvieron quemando casas, cercos de los campesinos, que hace más de 100 años viven en ese lugar.

-RMR: ¿Cuántos días llevan detenidos los 7 compañeros?

-Benigno: Los detuvieron en diferentes etapas. Primero fue uno detenido el martes a la tardecita en la localidad de Ingeniero Juárez, y luego el miércoles otros.

-RMR: ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr la liberación de todos sus compañeros?

-Benigno: Nosotros creemos que necesitamos que si hay leyes que rigen en la Argentina, necesitamos que se apliquen las leyes en Buenos Aires como también en Formosa. Este juez dice que no le interesan las leyes, pero nosotros creemos que si tenemos leyes hay que respetarlas. Por otro lado, creemos y le decimos al señor Gobernador Gildo Insfrán y a todas las autoridades que nosotros creemos en el diálogo. Nosotros no creemos que el garrote, la quema de casas, la tortura de mujeres y niños, traiga como fruto algo bueno, para nada. Creemos que eso puede empezar a construir una espiral de violencia, y nosotros realmente apostamos al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos una mesa donde esté el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional.

-RMR: ¿Hay algo que quieras agregar?

-Benigno: Simplemente esto, esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Nosotros estamos evaluando tomar otras medidas si hace falta.

-RMR: Benigno, gracias por la charla y esperamos que pronto se tranquilice la situación en Formosa para ustedes y sus comunidades que están resistiendo.
-Benigno: Sí, esperamos buenas noticias, así que esperaremos la visita de la Presidenta y ver qué resultados hay.

Formosa, la más pobre y atrasada de la Argentina

Por primera vez se hizo un ranking basado en la calidad de vida de las ciudades argentinas. Lo elaboró un equipo de investigadores en geografía y demografía del Conicet y de seis universidades públicas nacionales. En el primer lugar quedó la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el 78% goza de cobertura médica y menos del 3% vive sin baño.

En el otro extremo, se encuentran los que viven en General Mosconi, en el noroeste de la provincia de Formosa, donde hay una comunidad de la etnia wichí. Allí, sólo el 13% de la población accede a una cobertura social y el 97% habita en una casa sin baño.

El investigador principal que lideró el trabajo, Guillermo Velázquez, director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, informa que el estudio, elaborado en base al censo nacional de 2001, toma como indicadores los datos de mortalidad infantil, el acceso a la cobertura médica y el nivel de educación, las condiciones de las viviendas, e incluyeron un índice de desastres.

Entre las 5 localidades con peores datos, se situan varias del Norte argentino: General Mosconi, (Formosa), Valle Grande y Rinconada, en Jujuy, Laguna Yema (Formosa) y Santa Catalina (Jujuy).

Allí, más del 80% de la población no tiene baño en su casa y menos del 1% llegó a cursar la universidad.

"La ubicación tan baja del Norte argentino se debe a que el proceso histórico casi lo dejó al margen. No recibió las grandes inversiones en industrialización que tuvieron otras regiones como la Pampeana. También el Norte fue afectado por inundaciones y sequías", explica el investigador.Velázquez dice que hay una "distancia sideral" entre las ciudades de Punta Alta y General Mosconi. "La primera es comparable al Primer Mundo y la segunda, a las zonas más postergadas del planeta. Se debe a la fragmentación socio-territorial del país durante las décadas pasadas".

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero

Por Patricia Durand

1. Las primeras luchas

Si bien el Movimiento Rural de la Acción Católica había actuado en la provincia de Santiago del Estero, no llegaron a formarse Ligas Agrarias en ese territorio, probablemente porque el principal conflicto que atravesaba a los campesinos de esta provincia era la lucha por la tierra, mientras que en las provincias donde las Ligas fueron más dinámicas -Chaco, Misiones y Santa Fe-, el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos “gringos” –inmigrantes europeos-. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla”, formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente. Un primer antecedente de lucha campesina para resistir un intento de desalojo se registró en la década de 1960 y tuvo lugar en el paraje de Suncho Pozo, dentro de la Zona Este de la Santiago del Estero (1).

El origen de los pobladores de Suncho Pozo, asentados desde hacía más de dos generaciones en la zona, databa de la época en que esa zona de la provincia era el centro de la actividad obrajera para extracción de quebracho colorado y demás maderas duras para la producción de durmientes y postes. Los padres y abuelos de los miembros de la comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia, 1996). La actividad depredadora de las empresas obrajeras fue dejando a su paso desiertos y fachinales, ya que era una actividad caracterizada por la tala indiscriminada de las especies arbóreas. Además de los árboles talados para durmientes y postes, se cortaban otras especies para producir carbón y leña, que se imponían como combustible en esa época (Dargoltz, 1980).

A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte (2). Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. Esto hicieron los pobladores de Suncho Pozo en la segunda mitad de la década del ´40, limpiando el fachinal para tener un lugar donde levantar su vivienda y cultivar algo para vivir. Con el tiempo estos antiguos trabajadores rurales se fueron transformando en campesinos en la medida en que el mercado les permitía la entrada como productores marginales, por ejemplo de algodón. La tarea en la propia explotación se alternaba con ocupaciones diversas en el área o fuera de ella. En la década del 60, cuando estos productores habían demostrado que en esas tierras se podía cultivar, y en un momento en que el algodón era rentable, comenzaron los reclamos por parte de una compañía que había comprado las tierras al antiguo dueño. La empresa inició un juicio por desalojo y los campesinos, ante una amenaza concreta sobre sus tierras, comenzaron a organizarse. Las familias formaron comisiones, se constituyeron en asambleas, organizaron grupos de vigilancia y de resistencia, y delegaron las acciones legales en un abogado que los mantuvo informados sobre las distintas instancias del juicio -que se extendió desde 1963 hasta 1973- (Benencia, 1996)....(SIGUE)

(PARA LEER COMPLETO AQUÍ )

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Radio Mundo Real, Diario Opinión Ciudadana-Formosa y Prensa del Frente)

Perú: Agitación social

REPRIMIDAS A BALAZOS LAS PROTESTAS CAMPESINAS CONTRA LA 'LEY DE LA SELVA', QUE PRETENDE PRIVATIZAR LAS TIERRAS COMUNALES DEL AMAZONAS

Los agricultores peruanos de la región amazónica cumplieron el lunes y el martes un paro en rechazo a la denominada "Ley de la Selva". El desalojo policial a un bloqueo en la localidad de Pichanaki (Junín) terminó con cinco agricultores heridos de bala. La medida de fuerza manifiesta el rechazo a la ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería" y la decisión de defender el patrimonio amazónico, el medio ambiente y las comunidades nativas.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone autorizar la venta a perpetuidad de tierras amazónicas sin cubierta boscosa con capacidad de uso forestal.
La propuesta contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
La huelga fue ampliamente acatada por campesinos de distintas localidades de la amazonía peruana con manifestaciones y bloqueos de carreteras. El paro macroregional fue convocado por la denominada Primera Cumbre Amazónica, que reunió a representantes campesinos de las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco.

Seis heridos en total

El director del hospital de apoyo de la ciudad de Pichanaki, Gabriel La Torre, informó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que cinco de los heridos sufrieron lesiones de bala, pero que su situación es estable. Estos cinco heridos fueron identificados por RPP como agricultores, mientras que el sexto es un suboficial de la policía peruana que sufrió golpes en la cabeza.

Los campesinos se enfrentaron con la policía en un puente de Pichanaki, que había sido bloqueado por los manifestantes para hacer efectiva una huelga de 48 horas convocada por organizaciones de agricultores en rechazo a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.

Durante los violentos enfrentamientos, un camión de la policía fue quemado por los manifestantes.

Los agricultores de Pichanaki se oponen a la denominada 'ley de la selva' que, en su opinión, busca poner en venta la selva amazónica. Luis Camacho Cristina, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo, una de las organizaciones que convocó al paro, advirtió, que si el Gobierno insiste en aprobar la norma, 15.000 ronderos (guardianes civiles) de la selva central defenderán con sus armas las tierras y los bosques forestales.'De ser necesario, los ronderos asháninkas que luchamos contra el terrorismo y derrotamos a Sendero Luminoso, nos levantaremos e iremos hasta Lima para exigir a (el presidente Alan) García la derogación de todas estas normas', remarcó.

El ministro del Interior, Luis Alva, declaró a los periodistas que ya se había restablecido el orden en la región y que todo 'está bajo control'.'Tengo entendido que hay algunos heridos, no de gravedad, que están siendo tratados', agregó Alva. El ministro dijo que Perú necesita que sus regiones 'presenten escenarios de paz y tranquilidad, que garanticen las inversiones y el libre tránsito de las personas para desarrollar sus actividades'.

Loreto también rechaza "Ley de la Selva"

La población del departamento de Loreto rechazó en forma abrumadora durante la consulta popular de febrero último el proyecto de la llamada "Ley de la Selva" que propone la venta de tierras forestales sin cobertura boscosa. El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Alto Amazonas, Fernando Fernández, aseguró que el 99 por ciento de la población de Loreto rechazó el proyecto de ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", denominada "Ley de la Selva", en la consulta del 24 de febrero.
El proyecto de ley debe ser analizado por el Parlamento y contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
El presidente del Movimiento Ecológico "Alternativa Verde", Alex Gonzáles, expresó que el presidente de Perú, Alan García "ha cedido al tema del medio ambiente por el compromiso asumido con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC)"

El Gobierno peruano, preocupado

El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, garantizó al 'cien por cien' la seguridad durante las cumbres de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que acogerá Lima este año, pese a las incesantes amenazas de protestas.

En una reunión con la prensa extranjera en Lima, Del Castillo minimizó el impacto del anuncio de los gremios agrarios, sindicatos y asociaciones civiles de proseguir con las movilizaciones y se limitó a tildar a estos grupos de 'ollantistas y comunistas despistados'.Con 'ollantistas despistados' se refirió a los seguidores del líder opositor Ollanta Humala, quién si bien perdió las elecciones presidenciales de 2006 sus partidarios se hicieron con varios gobiernos regionales en el sur andino, la zona más pobre de Perú.

Los últimos paros de febrero se saldaron con la muerte de cuatro campesinos y con la decisión del Gobierno de retirar a la turística ciudad de Cuzco como sede de una cita de ministros de APEC, prevista para abril, como consecuencia de los disturbios.

Del Castillo volvió a decir ayer que las muertes no fueron causadas por la policía, de acuerdo a un informe médico al que hizo referencia, y aclaró que la decisión de excluir a Cuzco de APEC fue una 'medida preventiva'.'Hubiera sido una irresponsabilidad que un ministro de Turismo hubiera sido herido, que hubieran tomado el aeropuerto; eso mata al Cuzco como destino turístico', comentó, al insistir en que la situación está bajo control porque esa 'minoría recalcitrante ha sido aislada', en referencia a los convocantes de aquella protesta.

Del Castillo tuvo duras palabras para los convocantes de los paros: 'La CGTP (Confederación General de los Trabajadores del Perú) es un organismo del Partido Comunista Peruano. Tienen una orientación política clarísima, están buscando a ver con quién se asocian para encontrarse en el camino del conflicto'.Pero insistió en que 'el Gobierno es absolutamente tolerante con las movilizaciones. Cualquier organización, de cualquier color, que quiera hacer una movilización alterna a las cumbres, tiene el derecho a hacerlo, tiene que comunicarlo, conforme a la ley'.

Criticó también la huelga convocada por el Frente Patriótico de Loreto, en la Amazonía, había contra la 'Ley de la Selva' y minimizó también la huelga que la CGTP podría convocar para una fecha aún desconocida. Esta última protesta se uniría a otras que se han venido desarrollando en Perú contra otra ley que permite la inversión privada en zonas adyacentes a yacimientos arqueológicos e históricos, así como a las protagonizadas por los agricultores, maestros e indígenas.

La Ley de la selva para vender la Amazonía
Por Luis Vittor, Rebelión

La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva. Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de la amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las tierras. Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”, presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil hectáreas.

La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil hectáreas la extensión a adjudicarse. La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía (octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria, recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado, existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras subastadas.

La Comisión de Economía considera que, también, podría generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares.

Además, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse, lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un recurso del subsuelo.

Parece que esta vez la obsesión de García por la inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía concesión, establecido para otros sectores. De la selva, sus voces Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la amazonía han manifestados su oposición al proyecto de ley.

El 24 de enero, en la ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la amazonía.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, EFE y Rebelión)

México: TLCAN

LOS CAMPESINOS MEXICANOS, INERMES DESDE EL UNO DE ENERO ANTE MÁS DE 100 PRODUCTOS DEL NORTE SIN ARANCELES, PROMETEN EXTENDER LA PROTESTA A TODO EL PAÍS

Tras las protestas de este jueves, las organizaciones campesinas de México anuncian movilizaciones permanentes durante todo el año que comienza contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), con el fin de lograr la renegociación de su capítulo agropecuario.
Los trabajadores rurales de organizaciones nacionales y regionales refrendaron el Plan de El Chamizal como eje de lucha para excluir del tratado comercial a los granos estratégicos como el maíz y el frijol.
Los grupos campesinos aseguraron que durante este año realizarán distintas acciones de protesta que comenzarán el próximo 31 de enero con una marcha en la Ciudad de México y que repetirán en Jalisco, Morelos y Michoacán.
"Los campesinos nos negamos a desaparecer y a morir por decreto de los poderosos", expresó Gabino Gómez, productor de El Barzón.

Agricultores y sindicatos mexicanos piden al Congreso cancelar TLCAN

Organizaciones agrícolas y sindicatos mexicanos, apoyados por agrupaciones políticas, marcharán hoy hasta el Congreso para reclamar la inmediata cancelación del TLCAN.
Los manifestantes, integrados en el denominado Diálogo Nacional y quienes ya protestaron por la misma causa el pasado miércoles frente a la embajada de Estados Unidos, difundieron un documento en el cual recuerdan que el Tratado, en vigor desde 1994, no trajo nada bueno al país.
El desempleo, el aumento de la emigración, la destrucción de las actividades agrícolas, la concentración y acumulación de la riqueza, la extrema pobreza y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se agudizaron desde su firma, puntualizaron.
El documento que entregarán a los congresistas dice que no es posible hablar de justicia social en el campo si no se garantizan los derechos sociales de millones de indígenas y campesinos, y anuncia un proceso de lucha colectiva para defenderlos.
La apelación al Congreso tuvo eco en las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, quien demandó la formación de un frente común con el Senado para exigir al gobierno la renegociación del TLCAN.
Zavaleta consideró que uno de los puntos fundamentales de esa acción debe ser la eliminación de la desgravación arancelaria a los subsidiados alimentos y otros productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, por el daño que causa al agro mexicano.
Por otra parte, el Frente Democrático Campesino, integrado por unas 300 organizaciones y autor del bloqueo de 36 horas hecho en la frontera entre Ciudad Juárez y Texas, anunció que realizará manifestaciones y otras protestas en los próximos días.
Entre ellas cuenta una caravana de centenares de tractores que, partiendo desde el estado de Chihuahua, arribará a esta capital para demandar la renegociación del TLCAN para evitar la ruina del campo mexicano.

Más de mil 100 productos agropecuarios libres de impuestos por TLCAN

Desde el primer minuto de 2008 entró en vigor el anexo 302 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que libera de impuestos la comercialización de productos agropecuarios entre México, Canadá y Estados Unidos. El anexo dispone la liberalización arancelaria de productos agropecuarios, entre ellos, el maíz, el frijol, el azúcar y la leche.
El Frente Democrático Campesino (FDC) presentó este martes el denominado "Plan del Chamizal" que llama "a la nación para comenzar una nueva etepa de lucha para preservar la soberanía alimentaria".
El FDC exige al gobierno federal que renegocie el tratado para excluir de la desgravación impositiva a los productos estratégicos de la canasta alimentaria, como el maíz y el fríjol.
El FDC explicó que el "gobierno no tomó las previsiones ni adoptó los cambios necesarios para poder contrarrestar la entrada de la producción de estos dos gigantes norteamericanos".
Por su parte, la Confederación Nacional Campesina explicó que mientras un agricultor de Estados Unidos es apoyado en el año con unos 20 mil dólares, un trabajador rural mexicano recibe en el mismo tiempo unos 770 dólares.
Para el dirigente del PRD, Alejandro Encinas con la apertura a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se evidenciará la “enorme asimetría entre las economías de los países asociados en el TLC, y la discrecionalidad con la que Estados Unidos, México y Canadá subsidian a sus productores agrícolas". Y añadió que esto redundará en el incremento de la desigualdad, y en una mayor brecha económica que, “lejos de integrar a los países de la región, los divide”.

El Gobierno ofrece diálogo a los campesinos.

El gobierno de México ofreció hoy "diálogo" a los campesinos, pero les pidió más esfuerzos para mejorar la productividad. "Hoy la tarea fundamental que tenemos en este país en todos los rubros es elevar la productividad", declaró el ministro de Agricultura, Alberto Cárdenas.

En tanto, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, calificó de "leonino" al tratado comercial signado por México, Estados Unidos y Canadá desde enero de 1994 y pidió solicitar su nulidad ante instancias internacionales. Miranda explicó que la petición de nulidad, además de presentarse ante la justicia local, debe consignarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener más posibilidad de conseguir un fallo positivo.
El TLCAN vulnera los conceptos de soberanía alimentaria, autodeterminación e independencia económica consagrados en la constitución mexicana, sentenció.
Desde el martes 1º de enero se han intensificado las protestas de los agricultores mexicanos por la apertura comercial total desde esa fecha a las importaciones de maíz, frijoles, leche y azúcar, entre otro productos agrícolas. Pequeños productores cerraron por horas el cruce de la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, Texas. Además amenazaron con tomar puertos y ferrocarriles como protesta por la apertura pactada en el TLCAN.

Los campesinos interpondrán amparos contra TLCAN

El próximo lunes se presentarán, de manera masiva, las primeras demandas de amparo en el palacio de justicia federal de San Lázaro, para intentar frenar por un tiempo indefinido la aplicación del capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo informó Román Díaz, integrante del grupo de abogados que elaboran los documentos jurídicos y que colaboran para apoyar a agrupaciones campesinas de todo el país.
Los litigantes coinciden en que el TLCAN viola principalmente el artículo 27 de la Constitución, fracción vigésima, el cual obliga al Estado a otorgar apoyos al sector campesino.
Ante la preocupación del sector campesino por la entrada de maíz, frijol y leche libre de aranceles que inició el pasado primero de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará mañana viernes un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón para que “plantee de manera urgente” una revisión a dicho acuerdo.
También incluye un llamado a las secretarias de Economía, Agricultura, Desarrollo Social y de Hacienda para que instalen una mesa de negociación con autoridades estatales y organizaciones campesinas, para definir apoyos urgentes a los productores.
De acuerdo con el dirigente del Partido del Trabajo, José Narro, los productores mexicanos no están en condiciones de competir con sus homólogos del norte, entre otras razones, porque los apoyos federales han servido sólo para su supervivencia y no para mejorar su competitividad.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Prensa Latina, ANSA-Latina, La Jornada y Proceso)