Peru:

VUELVEN LAS PROTESTAS, CON HUELGAS, CORTES DE CARRETERAS Y MARCHAS PACÍFICAS EN TODO EL PAÍS TRAS LAS MATANZAS DE INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA. ALAN GARCÍA SE VE OBLIGADO A CAMBIAR EL GOBIERNO QUE PERPETRÓ LA MASACRE

El gobierno peruano enfrenta desde el martes tres días de paros y protestas sindicales y regionales, por una variada plataforma de demandas, que incluye la renuncia del presidente Alan García. En la ciudad amazónica de Bagua, fueron masacradas, según las cifras del gobierno, 34 personas el 5 de junio tras, en la represión policial y militar de las protestas indígenas contra los decretos para la privatización y exploytación de los territorios amazónicos.

En las nuevas jornadas de protestas covocadas para el 7,8 y 9 de Julio, las mayores movilizaciones tuvieron lugar este martes en las regiones de Arequipa (sur del país), en la centroandina de Junín y en la surandina de Puno, por demandas sociales contra la política económica y las concesiones mineras y por derogación de la ley de recursos hídricos, que introduce la gestión privada del uso del agua.

La primera de las tres jornadas se desarrolló también en otras regiones del Perú hoy de manera pacífica, con paros regionales y bloqueos viales. El presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, uno de los dirigentes de las protestas, calificó de falsedad las afirmaciones en los mensajes televisivos de propoaganda del gobernante Partido Aprista que acusaban a Venezuela de estar detrás de las manifestaciones.

Palacín reivindicó como un éxito, la huelga agraria y campesina que, según dijo, se cumplió en 13 regiones del país.

La CAOI, junto a la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y otras organizaciones sociales y partidos, integran el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía, organizadora de las protestas.

Entretanto, la región de Arequipa fue escenario de un paro general con cierres de vías y calles, y algunos incidentes, como el registrado en la localidad de La Joya, cuando la policía intentó desalojar a los bloqueadores de una ruta y dejó un herido.

La región surandina de Puno inició un paro parcial con bloqueo de carreteras que cerró escuelas, universidades y otras actividades. Esta protesta impidió el tránsito hacia el colindante territorio de Bolivia y los dirigentes sociales aseguran que mañana será más intensa.

La ausencia del transporte urbano e interprovincial y el cierre de los mercados de abastos y las escuelas fueron decisivos para la efectividad de un paro similar en la centro andina región de Ayacucho.

Los productores algodoneros de la sureña y costera región de Ica bloquearon la carretera que lleva a la región andina de Ayacucho y en la ciudad de Ica hubo un paro parcial que puede intensificarse desde mañana.

La Federación Departamental de Trabajadores de la sur andina región de Cusco anunció que este miércoles iniciará un paro general de 48 horas con marchas y otras protestas. También para este día, el movimiento sindical de la ciudad de Iquitos, principal de la Amazonía, anunció un paro de 24 horas y en otros puntos del país se alistan paralizaciones similares. El miércoles también va a ser el día central de las protestas, con una marcha sindical y popular contra el modelo económico neoliberal en Lima, donde un gremio de transportistas urbanos iniciará una huelga de 48 horas. La marcha se celebrará ambié en otras ciudades en lo que han venido a llamar "una jornada nacional de lucha", para poner fin a la disputa en torno a la explotación de los recursos naturales de las regiones indígenas.

Derogar los decretos, asamblea constituyente e investigación de las muertes en Bagua

El Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía pide, entre otras reivindicaciones, la derogación de los decretos, además de la renuncia del gabinete de Alan García, una nueva constitución y una investigación independiente que aclare los violentos hechos acontecidos ocurridos en la zona de Bagua el pasado 5 de junio..

Estas organizaciones, conformadas por grupos de izquierda, indígenas y nacionalistas, exigen al gobierno cesar la "criminalización" de los líderes nativos peruanos y permitir la vuelta del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien recibió asilo político en Nicaragua tras ser acusado de traición y sedición.

Además, el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) llamó a un paro de transportistas y de profesores de escuelas para el miércoles para reclamar mejoras laborales.

Ante esta sucesión de protestas, el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en apoyo a la policía, para "garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados", según reza una declaración oficial.

"Las Fuerzas Armadas están preparadas para una guerra, y esto no es ninguna guerra, es sólo una medida de protesta reconocida por la Constitución", dijo el coordinador del Frente, Miguel Palacín.

El presidente de la República suscribió además un decreto de urgencia instando a las empresas públicas, "de manera excepcional y por única vez", a evitar el absentismo laboral durante los días de marcha a través de incentivos económicos.

"Al gobierno no le queda otra alternativa que atender nuestras demandas. Si éstas no se dan llegamos a un periodo sumamente delicado, y (el gobierno) se deslegitima cada día más porque vulnera la constitución y los tratados internacionales". "Cambia el modelo o cambia el gobierno", advirerte el coordinador del Frente.

Otros dos líderes indígenas piden asilo en Nicaragua

Dos dirigentes indígenas peruanos, los hermanos Servando y Saúl Puerta Peña ingresaron a la embajada de Nicaragua en Lima y solicitaron asilo político, informó este martes Tacha del Pozo, secretaria de la embajada nicaragüense en Perú.

Una juez de Lima, Carmen Araujo, había dictado contra ellos orden de captura,acusados de presuntos delitos contra la tranquilidad pública y apología de la sedición y el motín. El sumario está relacionado con las masacres de Bagua .

Los hermanos Puerta siguen los pasos de Alberto Pizango, principal líder amazónico que encabezó una protesta indígena que duró dos meses, quien se refugió en esa sede diplomática el 8 de junio y obtuvo el asilo un día después del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Ahora los hermanos Puerta "están en calidad de refugiados bajo la protección del gobierno de Nicaragua que está evaluando el pedido de asilo presentado por ellos". Cuando se resuelva el caso la embajada comunicará su decisión a la cancillería peruana, agregó.

Servando y Saúl Peña son integrantes de la dirigencia de la Asociación Interétnica de la Selva peruana (Aidesep), que representa a las etnias amazónicas y que era dirigido por Pizango.

Otros dos dirigentes indígenas, Marcial Mudarra Taki y Teresita Antaza López, también son acusados de los mismos cargos que los hermanos Puerta, pero "están a buen recaudo" en algún lugar de la selva peruana, dijo Marco Barreto, abogado de Aidesep.

Cae el gobierno de Yehude Simón

El presidente peruano confirmó la salida del jefe del gabinete Yehude Simón, quien ya había anunciado su intención de renunciar. Después de más de un mes de presiones por las matanzas de Bagua, Alán García, anunció el cambio "Les puedo decir que al fin de semana tendremos nuevo Gabinete, esto significa nuevo premier".

García no dio más detalles sobre quién asumiría este puesto, ni si será un independiente, como Simón, o un miembro de su Partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

Hace apenas dos semanas, García había apoyado a su jefe de gobierno, quien había puesto su renuncia a disposición del mandatario. "No creo que ante cualquier circunstancia hay que quemar a las personas", dijo entonces.

Ahora también se espera la sustitución de los titulares de Defensa e Interior, sobre todo tras la contestada decisión de permitir que las Fuerzas Armadas supervisen las manifestaciones.

Las encuestas de opinión no dejan en buen lugar al presidente, que en este tercer año de mandato vivió la peor crisis de su mandato. Según los últimos sondeos, la mayoría de los peruanos culpan a García de los resultados violentos de las marchas de Bagua, en la que los indígenas rechazaban unos polémicos decretos firmados por el presidente para favorecer la implementación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

(Fuentes: ANSA-Latina,Prensa Latina AFP y BBC-Mundo)

Perú:Movilización indígena

LA MOVILIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS EN DEFENSA DE LA AMAZONÍA CONTRA EL TLC CON ESTADOS UNIDOS CUMPLE 50 DÍAS. LA JORNADA NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y PROTESTA SE DESARROLLÓ EN TODO EL PAÍS CON MARCHAS, MANIFESTACIONES Y ENFRENTAMIENTOS QUE DEJARON HERIDOS Y DETENIDOS

Miles depersonas se manifestaron este miércoles en distintas ciudades de Perú convocados por el mayor sindicato del país para exigir mejoras en su situación económica y apoyar las reivindicaciones de los indígenas amazónicos, que protagonizan protestas desde hace 49 días contra varios decretos gubernamentales.

En Lima, la marcha organizada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a unas 5.000 personas y se desarrolló pacíficamente, pero en Cuzco la ciudad quedó paralizada por las movilizaciones y los transportes públicos y el transporte de turistas al complejo de Machu Picchu, motor turístico de la región, fue suspendido. En Iquitos hubo incidentes que se saldaron con 15 heridos y varias decenas de detenidos.

En la capital, los manifestantes, marcharon hasta el Congreso de la República con lemas como "El pueblo unido jamás será vencido" y con carteles que rezaban "Que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo".
El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, destacó que el principal objetivo de la movilización es exigir al Gobierno "la solución de la huelga amazónica y la derogación de los decretos" que los indígenas consideran lesivos a sus derechos sobre la tierra.

"Si el Gobierno no soluciona los diversos conflictos que existen a nivel nacional, vamos a radicalizar las medidas de lucha", advirtió.

Heridos, bloqueos y movilizaciones

Los hechos más graves ocurrieron en Iquitos, la principal ciudad selvática, donde 15 obreros de la construcción resultaron heridos en choques con la Policía. La situación fue controlada.

Cusco fue el departamento en que más se sintió la protesta, pues la población suspendió sus actividades normales en cerca de un 50 por ciento. También allí, indígenas machiguengas rodearon la ciudadela inca Machu Picchu e impidieron las actividades en esa zona, la de mayor atractivo turístico en el Perú.

Grupos de trabajadores y campesinos dejaron aislada entretanto a la ciudad de Abancay, capital del departamento andino Apurímac, al impedir el paso de vehículos, y lo mismo ocurrió parcialmente con la carretera que une a los departamentos sureños de Arequipa y Puno.

La mayor tensión se concentró en los departamentos selváticos orientales Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali, donde los indígenas se mantienen en huelga en demanda de que se deroguen diez decretos legislativos que consideran dañinos.

La huelga indígena incluye bloqueos de vías terrestres y fluviales y tomas de centros petroleros y mantiene paralizadas a ciudades como Yurimaguas y Bagua.

Los nativos buscan la caída de diez decretos legislativos que el gobierno introdujo por vía de facultades extraordinarias para adecuar la legislación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En opinión de los indígenas, esos decretos limitan sus derechos sobre la tierra y le abren las puertas sin cortapisas a las transnacionales.

Importante carretera troncal, bloqueada

La Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas con sede en Jaén cumple el tercer día de paralizaciones en apoyo a las comunidades indígenas. Este miércoles las rondas bloquearon la carretera Fernándo Belaunde Terry a la altura del cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén). El bloqueo impide el pase vehicular hacia Tarapoto, Jaén, Chiclayo y Piura. Mientas en la ciudad de Jaén, el sindicato únitario de trabajadores de Educacion y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.

El presidente de las rondas regionales de Cajamarca, Idelso Hernández, en un breve mitin en Chamaya, proclamó el paro "en apoyo a la lucha de los hermanos indígenas y también contra la persecución judicial de líderes ronderos y dirigentes sindicales del país".

"Nuestra lucha no es solamente por el paro de los hermanos amazónicos, sino también para reclamar la libertad de nuestros hermanos ronderos", arengó durante el mitin, tras informar que el poder judicial en Cajamarca ha abierto casos en contra de 500 ronderos y que el dirigente regional de la provincia de Santa Cruz cumple condena desde el pasado 22 de diciembre.

Además del bloqueo por parte de los ronderos, en la frontera entre Cajamarca y Bagua más de 1500 indígenas Awajún y Wampis impiden el paso de vehículos en la carretera Fernándo Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo.

Los pueblos reunidos en este bloqueo anunciaron hoy la conformación del Comité de Lucha de los Pueblos Jíbaros, como medida para reforzar el paro indefinido, que cumple su día número 49. En esta plataforma se agrupan los pueblos indígenas de las cuencas del río Nieva, Santiago, Cenepa y Marañón y también se incluyen los pueblos de la región Amazonas.

El Comité de Lucha Jíbaro anunció que continuará con el paro hasta que el gobierno derogue el paquete de decretos legislativos que consideran que atenta contra sus derechcos ancestrales sobre las tierras que habitan.

Desde el pasado 9 de abril, las 1200 comunidades indígenas que integran la Asociación Interétnica de la Selva Peruana matienen un paro en exigencia de la derogatción del paquete de 9 decretos promulgados en el marco del Tratado de Libre Comercio con EE.UU, 2 de los cuales (el 1090 y el 994) ya han sido declarados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del Congreso.
300 efectivos policiales de la DINOES se concentran en Corral Quemado, lugar en el que el pasado 10 de mayo la policía intervino para permitir el paso de vehículos con el saldo de 4 nativos heridos y 7 dirigentes detenidos.

Las razones de la protesta amazónica

Los indígenas amazónicos peruanos continuarán con las medidas de fuerza iniciadas hace 49 días, hasta que el gobierno derogue los decretos que, según entienden, atentan contra sus tierras, aseguró la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reúne a más de mil comunidades nativas.

Yurimaguas, región Loreto, es una de la más afectada con las protestas, ya que los nativos han bloqueado los tres puntos de ingreso a la ciudad, evitando la entrada de combustible y alimentos, lo que ha originado desabastecimiento.

"Las movilizaciones no son para reclamar la instalación de una mesa de diálogo, sino por la derogatoria de nueve decretos legislativos", dice Alberto Pizango, presidente de la Aidesep."Si el Legislativo y el Ejecutivo deciden no derogar va haber problemas, nosotros lucharemos hasta el final por la derogatoria de esas leyes", advierte el dirigente que ha sido denunciado penalmente ante la fiscalía por llamar a la insurgencia. Pizango afirma que esa denuncia "es un proceso de amedrentamiento del gobierno" y explica que la Aidesep y la Defensoría del Pueblo acordaron que las comunidades nativas se comprometen a deponer el llamamiento a la insurgencia y a desarrollar su protesta dentro del marco del estado de derecho.

Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, hizo el domingo un llamamiento al gobierno y al Congreso para que atienda a las comunidades nativas en lucha, y a que se tiendan puentes hacia ese sector "abandonado históricamente". Indicó que el conflicto se veía venir y la defensoría lo advertía hace ocho meses por la aprobación de normas sin consultarlos, pese a existir un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que pide consultar a las comunidades amazónicas cuando se pretenda implantar leyes que les afecten. "Lo único que piden es respétame porque soy digno y tengo derecho, consúltame porque es tu obligación como Estado hacerlo cuando des normas que vas a afectar derechos que me corresponden", dijo Merino en declaraciones al diario limeño El Comercio.

Por su parte, Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, dice que "a las comunidades las están engañando". El gobierno mantiene el estado de emergencia en algunos distritos amazónicos de los departamentos de Cusco, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali .

En su llamamiento a las etnias amazónicas, Aidesep asegura que los decretos del gobierno ,permiten privatizar la selva y atentan contra su hábitat. Para los indígenas el gobierno de Alan García es “entreguista” y lo acusan de pretender arrebatar a los amazónicos sus territorios y el agua de sus ríos para “entregarlos a las grandes empresas extranjeras, como lo ha hecho con el petróleo, la madera, el oro y todo aquello que ambicionan los ricos del mundo”.

En el documento se reitera que la legislación impugnada, que el Ejecutivo considera parte de la aplicación del TLC con Estados Unidos, atenta contra la Constitución y contra el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre las decisiones que afecte su vida.

Pizango resalta que si las normas objetadas no son derogadas, no habrá diálogo. Los movimientos aborígenes consiguieron en agosto del año pasado, con una protesta similar, que el Parlamento derogara dos decretos y se comprometiera a revisar otros nueve, rechazados por la comisión legislativa a cargo del tema, pero todavía no fueron anulados.

En esta ocasión, el Partido Nacionalista, de Ollanta Humala, el principal grupo de la oposición, respalda la protesta amazónica y ha instruido a sus legisladores a trasladarse a las zonas de conflicto para interceder por los indígenas ante una probable operación represiva a gran escala.

La ONU enviará un relator a Perú

La ONU enviará una comisión especial a Perú para evaluar la situación del paro que llevan adelante hace 49 días las comunidades indígenas en defensa de la Amazonia. El presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, informó que la decisión se tomó luego de la intervención de dirigentes indígenas y congresistas peruanos en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, que se reúne estos días en Nueva York.

Palacín asistió a la asamblea del Foro junto con las congresistas peruanas Gloria Ramos y María Sumire. Los dirigentes indígenas expusieron ante la ONU la situación de las comunidades de la amazonía peruana tras la promulgación los decretos legislatvos que consideran lesivos.

Los asistentes al Foro se solidarizaron el pasado viernes con las demandas de las comunidades de la amazonía de Perú y contra de la política de explotación de recursos naturales del Gobierno de Alan García.

Los representantes indígenas de varios países latinoamericanos indicaron en un manifiesto que "el desarrollo de la amazonía se viene dando de espaldas a los pueblos indígenas".

IV Cumbre Continental Indígena en Puno

La IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas comenzó este miércoles en Puno, Perú. La inauguración fue un ritual de tributo a la Pachamama (Madre Tierra).
La tradicional ceremonia se realizó en el campus de la Universidad estatal de Puno, a orillas del lago Titicaca. La cumbre congrega a alrededor de 5 mil delegados de pueblos y naciones indígenas del Abya Yala, nombre que utilizan los Kuna de Panamá para referirse al territorio que la colonización europea denominó América.

También se realizan en esta fecha la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas y el Segundo Encuentro de Niñez y Adolescencia Indígena.

Los participantes de la cumbre buscan construir una agenda común de los pueblos originarios del continente. El responsable de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), anfitriona del encuentro, Miguel Palacín, señala que discutirán las propuestas denominadas "El Buen Vivir " y "El Estado Plurinacional". La primera de estas propuestas se orienta a la construcción de sociedades equitativas y respetuosas del ambiente, y la segunda a la presencia, la identidad y la voz de los indígenas en dichas sociedades.

Los pueblos originarios que participarán acuden desde Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, así como de la mayoría de las naciones sudamericanas, especialmente de Bolivia, país gobernado Evo Morales, el primer indígena que llega al poder en América Latina. Tanto el mandatario boliviano, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, han sido invitados a la cumbre.

Los delegados originarios propondrán el establecimiento de “comunidades plurinacionales indígenas” con libre determinación y gobiernos propios, además de abordar el tema de la “crisis de la civilización capitalista y su modelo de desarrollo” y abrirán el debate sobre la “deuda ecológica y la hecatombe ambiental”.

En la cumbre se expondrán distintos casos como el de Brasil, donde se calcula que hay cerca de un millón de indígenas (cerca de 0,5% de la población de 190 millones), distribuidos por todo el país, y donde el Estado les reconoce un 12% del territorio nacional.

La región de Puno, al sudeste de Perú y escenario de la cumbre indígena, es una de las regiones más pobres del país, donde predominan los idiomas quechuas y aymara. El primero lo hablan tres millones 300 mil personas de un total de 28 millones de habitantes en tierras peruanas, mientras que en Bolivia es utilizado por dos millones 500 mil sobre un total de 10 millones de habitantes.

(Fuentes:Aidesep, Agencia PÚLSAR, EFE, AFP, DPA,C NR-Perú y ABN)

Perú: Derechos Humanos

OLEADA DE CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA POR LA LEY QUE PERMITE A LAS FUERZAS ARMADAS INTERVENIR, E INCLUSO DISPARAR CONTRA LA POBLACIÓN PARA REPRIMIR HUELGAS Y PROTESTAS

La controversia por la legislación que autoriza el uso militar de las armas contra civiles va en aumento y a ella se suman dirigentes sociales y analistas peruanos. En los años 80 y 90, durante la guerra entre Sendero Luminoso, el grupo guerrillero MRTA y las Fuerzas Armadas, fueron asesinadas más de 60.000 personas. La llama Ley del uso de la fuerza, recien aprobada coincidiendo con un espectacular aumento de las protestas sociales contra el gobierno, fue justificada por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, quien sostuvo que la norma especifica en qué circunstancias los militares, si son llamados a reforzar a la policía, pueden disparar.

El opositor diario La Primera acusa a Flores-Aráoz de defender lo indefendible, cuando el ministro alega que el reglamento precisa en cuáles condiciones las fuerzas armadas pueden usar armas letales o no letales. Para elperiódico, eso equivale a decir “en qué circunstancias pueden matar y en qué circunstancia sólo pueden lisiar o malherir”, y añade que el gobierno “ha logrado que el asesinato y la impunidad sean legalizados”.

El dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Olmedo Auris, dice que la ley forma parte de “una estrategia maquiavélica y macartista del gobierno”, por su incapacidad para resolver las demandas sociales.

El presidente del Frente de Defensa de organizaciones sociales de la región centro andina de Ayacucho, Iver Maraví, critica también esta legislación por considerar que sólo tiene fines represivos.
El titular del Frente de Defensa de la región sur amazónica de Madre de Dios, Luis Zegarra, quien dijo que se trata de “una reacción desmesurada del gobierno, que aumenta la represión, sin argumentos, para intimidar al pueblo”.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advierte que el reglamento puede dar luz verde al “uso arbitrario, excesivo y anticonstitucional de armas de fuego contra la población, en casos de protesta social, y en zonas no declaradas previamente en estado de emergencia" y añade que la ley viola el artículo 137º de la Constitución, según el cual las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir en el control del orden interno previa declaración del Estado de Emergencia.
lac/mrs

Lo que dice la nueva ley

La nueva norma legal autoriza a las Fuerzas Armadas a emplear fuerza "letal" cuando participen en operaciones de apoyo a la Policía Nacional para prevenir saqueos, vandalismo y garantizar el orden interno. La ley de uso de la fuerza para personal militar permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas de Perú en zonas no declaradas en Estado de Emergencia "para restablecer el orden interno" y autoriza a emplear fuerza mortal "en legítima defensa, ante actos hostiles" y "en cumplimiento de la misión asignada".

Las Reglas de Empleo de la Fuerza constan de 14 artículos que establecen los niveles de intensidad del empleo de la fuerza letal y no letal, y se definen los escenarios de participación y las acciones ante actitudes hostiles. Las FF.AA.podrán emplear sus armas para detener a personas que usen la fuerza contra militares o civiles que estén bajo protección militar. El ministro peruano de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, explicaba así el propósito de la ley por si quedaba alguna duda:"Evitar el uso discrecional de la fuerza por quienes la emplean. Ahora ya todos saben a qué atenerse: las FF.AA. sabrán cómo actuar y los ciudadanos conocerán las ocasiones en las que intervendrá el Ejército".

Para la responsable del área de Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal (IDL), Ana María Tamayo, esta norma es "incompatible con la democracia".
"Con esta ley están creando una fuerza armada para policial, están desnaturalizándola y politizándola para que ingresen a espacios ambiguos", afirma.
También el ex ministro del Interior, Fernando Rospiglios muestra su disconformidad porque considera que "las fuerzas armadas no poseen capacidad para actuar en conflictos de carácter interno por lo que deberían limitarse a actuar en casos de terrorismo".

Alan García militarizó ya el último Paro Nacional

Aunque ya desplegó a los militares en el pasado Paro Nacional de primeros de Julio, ahora el gobierno asegura que no se dispone a la militarización del país frente a las protestas sociales. La nueva ley "no implica sacar los tanques a las calles", dice, para acallar las ñprotestas el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien califica de "falsas" las versiones según las cuales el gobierno del presidente Alan García se propone militarizar el país y recordó que durante la huelga nacional del 9 de julio pasado los militares garantizaron el funcionamiento de los servicios esenciales, como el suministro de electricidad y agua.

Pero el diputado Víctor Mayorga, del opositor Partido Nacionalista Peruano, opina que, con el nuevo reglamento, el gobierno "ha creado los instrumentos legales que criminalizan la protesta social, convirtiendo al Ejército en una nueva policía".

Mucho más radical, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, asegura que las autoridades pretenden usar a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo e instaurar un régimen fascista.

El paro nacional fue convocado el 9 de julio por la CGTP y un frente de organizaciones sociales y políticas, pero las confederaciones campesinas y la región centroandina de Ayacucho convocaron con antelac ión una huelga de 48 horas y varias regiones selváticas otra de 72 horas. En esas circunstancias y ante la confluencia de protestas contra las políticas neoliberales, el gobierno decidió movilizar a los militares. La Constitución peruana establece que las fuerzas armadas pueden intervenir en asuntos civiles solamente cuando se decreta el estado de emergencia. Con la norma, Alan García elude esa declaración y, al poner en manos de los militares la custodia del orden público, les exime de responsabilidad penal por los desmanes que pudieran causar.

(Fuentes: EFE, Agencia PÚLSAR, Prensa Latina,El Comercio-Lima y La República-Lima)

Perú: Agitación social

REPRIMIDAS A BALAZOS LAS PROTESTAS CAMPESINAS CONTRA LA 'LEY DE LA SELVA', QUE PRETENDE PRIVATIZAR LAS TIERRAS COMUNALES DEL AMAZONAS

Los agricultores peruanos de la región amazónica cumplieron el lunes y el martes un paro en rechazo a la denominada "Ley de la Selva". El desalojo policial a un bloqueo en la localidad de Pichanaki (Junín) terminó con cinco agricultores heridos de bala. La medida de fuerza manifiesta el rechazo a la ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería" y la decisión de defender el patrimonio amazónico, el medio ambiente y las comunidades nativas.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone autorizar la venta a perpetuidad de tierras amazónicas sin cubierta boscosa con capacidad de uso forestal.
La propuesta contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
La huelga fue ampliamente acatada por campesinos de distintas localidades de la amazonía peruana con manifestaciones y bloqueos de carreteras. El paro macroregional fue convocado por la denominada Primera Cumbre Amazónica, que reunió a representantes campesinos de las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco.

Seis heridos en total

El director del hospital de apoyo de la ciudad de Pichanaki, Gabriel La Torre, informó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que cinco de los heridos sufrieron lesiones de bala, pero que su situación es estable. Estos cinco heridos fueron identificados por RPP como agricultores, mientras que el sexto es un suboficial de la policía peruana que sufrió golpes en la cabeza.

Los campesinos se enfrentaron con la policía en un puente de Pichanaki, que había sido bloqueado por los manifestantes para hacer efectiva una huelga de 48 horas convocada por organizaciones de agricultores en rechazo a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.

Durante los violentos enfrentamientos, un camión de la policía fue quemado por los manifestantes.

Los agricultores de Pichanaki se oponen a la denominada 'ley de la selva' que, en su opinión, busca poner en venta la selva amazónica. Luis Camacho Cristina, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo, una de las organizaciones que convocó al paro, advirtió, que si el Gobierno insiste en aprobar la norma, 15.000 ronderos (guardianes civiles) de la selva central defenderán con sus armas las tierras y los bosques forestales.'De ser necesario, los ronderos asháninkas que luchamos contra el terrorismo y derrotamos a Sendero Luminoso, nos levantaremos e iremos hasta Lima para exigir a (el presidente Alan) García la derogación de todas estas normas', remarcó.

El ministro del Interior, Luis Alva, declaró a los periodistas que ya se había restablecido el orden en la región y que todo 'está bajo control'.'Tengo entendido que hay algunos heridos, no de gravedad, que están siendo tratados', agregó Alva. El ministro dijo que Perú necesita que sus regiones 'presenten escenarios de paz y tranquilidad, que garanticen las inversiones y el libre tránsito de las personas para desarrollar sus actividades'.

Loreto también rechaza "Ley de la Selva"

La población del departamento de Loreto rechazó en forma abrumadora durante la consulta popular de febrero último el proyecto de la llamada "Ley de la Selva" que propone la venta de tierras forestales sin cobertura boscosa. El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Alto Amazonas, Fernando Fernández, aseguró que el 99 por ciento de la población de Loreto rechazó el proyecto de ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", denominada "Ley de la Selva", en la consulta del 24 de febrero.
El proyecto de ley debe ser analizado por el Parlamento y contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
El presidente del Movimiento Ecológico "Alternativa Verde", Alex Gonzáles, expresó que el presidente de Perú, Alan García "ha cedido al tema del medio ambiente por el compromiso asumido con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC)"

El Gobierno peruano, preocupado

El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, garantizó al 'cien por cien' la seguridad durante las cumbres de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que acogerá Lima este año, pese a las incesantes amenazas de protestas.

En una reunión con la prensa extranjera en Lima, Del Castillo minimizó el impacto del anuncio de los gremios agrarios, sindicatos y asociaciones civiles de proseguir con las movilizaciones y se limitó a tildar a estos grupos de 'ollantistas y comunistas despistados'.Con 'ollantistas despistados' se refirió a los seguidores del líder opositor Ollanta Humala, quién si bien perdió las elecciones presidenciales de 2006 sus partidarios se hicieron con varios gobiernos regionales en el sur andino, la zona más pobre de Perú.

Los últimos paros de febrero se saldaron con la muerte de cuatro campesinos y con la decisión del Gobierno de retirar a la turística ciudad de Cuzco como sede de una cita de ministros de APEC, prevista para abril, como consecuencia de los disturbios.

Del Castillo volvió a decir ayer que las muertes no fueron causadas por la policía, de acuerdo a un informe médico al que hizo referencia, y aclaró que la decisión de excluir a Cuzco de APEC fue una 'medida preventiva'.'Hubiera sido una irresponsabilidad que un ministro de Turismo hubiera sido herido, que hubieran tomado el aeropuerto; eso mata al Cuzco como destino turístico', comentó, al insistir en que la situación está bajo control porque esa 'minoría recalcitrante ha sido aislada', en referencia a los convocantes de aquella protesta.

Del Castillo tuvo duras palabras para los convocantes de los paros: 'La CGTP (Confederación General de los Trabajadores del Perú) es un organismo del Partido Comunista Peruano. Tienen una orientación política clarísima, están buscando a ver con quién se asocian para encontrarse en el camino del conflicto'.Pero insistió en que 'el Gobierno es absolutamente tolerante con las movilizaciones. Cualquier organización, de cualquier color, que quiera hacer una movilización alterna a las cumbres, tiene el derecho a hacerlo, tiene que comunicarlo, conforme a la ley'.

Criticó también la huelga convocada por el Frente Patriótico de Loreto, en la Amazonía, había contra la 'Ley de la Selva' y minimizó también la huelga que la CGTP podría convocar para una fecha aún desconocida. Esta última protesta se uniría a otras que se han venido desarrollando en Perú contra otra ley que permite la inversión privada en zonas adyacentes a yacimientos arqueológicos e históricos, así como a las protagonizadas por los agricultores, maestros e indígenas.

La Ley de la selva para vender la Amazonía
Por Luis Vittor, Rebelión

La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva. Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de la amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las tierras. Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”, presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil hectáreas.

La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil hectáreas la extensión a adjudicarse. La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía (octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria, recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado, existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras subastadas.

La Comisión de Economía considera que, también, podría generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares.

Además, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse, lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un recurso del subsuelo.

Parece que esta vez la obsesión de García por la inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía concesión, establecido para otros sectores. De la selva, sus voces Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la amazonía han manifestados su oposición al proyecto de ley.

El 24 de enero, en la ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la amazonía.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, EFE y Rebelión)

Perú: Agitación social

COMIENZA UNA OLEADA DE HUELGAS Y PROTESTAS EN TODO EL PAÍS Y EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA TRATA DE CRIMINALIZARLA

Más de 20.000 médicos de la salud pública iniciaron ayer un paro de protesta de 48 horas, mientras 300.000 campesinos cocaleros de 18 valles del país declararon una huelga general indefinida. Los médicos piden un aumento de salarios y rechazan el proyecto de municipalizar la salud pública, según la Federación Médica Peruana.

Y los cocaleros rechazan la erradicación forzosa de sus cultivos de coca.

La oleada de huelgas se incrementará con la paralización anunciada para el 5 de noviembre por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos que incluirá marchas hacia la capital desde diversos centros mineros.

Las medidas de fuerza forman parte de una serie de protestas sindicales, gremiales y regionales en contra del gobierno del presidente Alan García, a quien acusan de aplicar políticas económicas y sociales "erradas", en beneficio de pequeños grupos de poder económico y financiero. Los dirigentes de la poderosa Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) entregaron el lunes en el Congreso un pliego de demandas que sustenta lo que será una Jornada de Protesta Nacional programada para el 8 de noviembre. Ese día los trabajadores de diversos gremios -mineros, estudiantes, obreros de la construcción civil, profesores universitarios, campesinos cocaleros- realizarán movilizaciones en todo el país sin que ello implique un paro de 48 horas.

Mario Huamán, secretario general de la CGTP, que agrupa a un millón de afiliados, anunció una movilización en las calles de Lima dice que en esa jornada, "vamos a expresar nuestra protesta contra el modelo neoliberal y contra el desempleo", dice Huamán.

El gobierno denuncia que, detrás de estas jornadas de protesta, "existe algo extraño" . El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, va más lejos y, sin atreverse a citar al Presidente de Venezuela, dice que hay una "aparente vinculación" de las protestas con ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas que promueve Hugo Chávez.

El gobierno llama 'terroristas' a los campesinos

La protesta cocalera se desarrolla con el bloqueo de algunos tramos de la carretera Marginal de la selva en la región Pucallpa, unos 840 kilómetros al noreste de Lima, donde los agricultores han colocado troncos y piedras.

El ministro del Interior, Luis Alva, en la misma línea que el jefe del Gobierno, puso en marcha la especie de que hay "indicios" que señalan que la guerrilla maoísta Sendero Luminoso respalda los cultivos de coca. Y lanzó una inquietante amenaza: "Se cuenta con un plan para romper esta alianza de cocaleros y terroristas, y se realiza un trabajo estratégico. Estamos atentos y actuaremos con firmeza para mantener la seguridad y orden del país".

Mientras, centenares de médicos estatales se congregaron ayer en las puertas del hospital Loayza, en el centro de Lima, donde realizaron una manifestación pacífica.
La protesta ha paralizado los hospitales donde la atención es restringida, sin que ello afecte los servicios de emergencia.
El ministro de Salud, Carlos Vallejos, calificó de "político" el paro de los médicos, pero demandó a los dirigentes gremiales suspender la huelga y continuar con el diálogo que -según el ministro- los médicos rompieron de manera unilateral.

A mediados de octubre, los profesores universitarios iniciaron una huelga indefinida en la que participaron más de 20 mil docentes de las universidades públicas, en demanda de mejoras salariales.La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) logró con esta convocatoria cerrar 24 universidades públicas, ante el incumplimiento del compromiso gubernamental de igualar los sueldos de los profesores con los de los jueces.
(Fuentes :ANSA-Latina, AFP y Agencia PÚLSAR)