Argentina: Movimiento campesino

EL NORTE ARGENTINO ES UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA. LOS CAMPESINOS DENUNCIAN DECENAS DE DETENCIONES ARBITRARIAS, PALIZAS Y DESTRUCCIONES DE CASAS Y COSECHAS POR LA POLICÍA

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC) asegura que en el último mes, al menos 35 personas fueron detenidas en tres provincias de la Argentina.

La organización de pequeños productores ha instalado una Carpa Negra frente a los Tribunales de la norteña provincia de Santiago del Estero, para reclamar por la liberación de los detenidos.
En la mayor parte de los casos, los campesinos son liberados pocas horas después de su detención, pero antes suelen ser golpeados y destruidas sus pertenencias; aunque dos miembros del Mocase-Vía Campesina, permanecen presos hace más de 40 días.

Se trata de Luís y Santos González, dos de los 29 campesinos detenidos en Santiago del Estero durante el mes de septiembre y primeros días de octubre.
Además, el Mocase dio a tiene conocimiento de al menos 50 'pedidos de captura' contra militantes campesinos que, a su vez, son sometidos a tormentos, saqueo de sus pertenencias por parte de la policía, simulacros de fusilamientos, golpes y torturas.
A la situación que viven las familias campesinas de Santiago del Estero, se suman las de las provincias de Formosa y Mendoza. En total, el número de detenciones asciende a 35, y las órdenes de detención al menos a 95.
Ricardo Cuellar, del Mocase VC, asegura que hay más de 95 'pedidos de captura', , y pide al Gobierno Nacional que acabe con esta política con los campesinos y los pueblos originarios

AUDIOS: Ricardo Cuellar, MOCASE VC (detención)22 seg. (178 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (causa inventada)40 seg. (315 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (Justicia)44 seg. (348 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (pedidos de captura)57 seg. (451 KB)


El norte argentino en una espiral de violencia

El martes pasado nada más comenzar la noche, en la localidad de Ingeniero Juarez, provincia de Formosa, un campesino comprometido con la lucha de criollos e indígenas fue nuevamente detenido. Luis Montes, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (Mo.Ca.For) y del Frente Nacional Campesino (F.N.C.) fue sólo uno de los 7 que serían privados de su libertad posteriormente. Las organizaciones campesinas venían repudiando los desalojos, infamias y atropellos que se llevan adelante contra las comunidades wichís y criollas, incluyendo la quema de sus viviendas y campos.
Para conocer mejor la situación que se vive en la región, transcribimos la conversación de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, con Benigno Lopez, militante del Mo.Ca.For y el F.N.C.

-RMR: Hay varios compañeros detenidos, ¿cuál es la razón?
-Benigno Lopez: Hay dos conflictos bien marcados, uno es contra de una comunidad wichí que tiene conflicto de viviendas que fueron construidas en tierras ancestrales que ellos reivindican, y hubo represión contra ellos de 270 efectivos de la policía de la provincia que participaron. Eso fue en la localidad de Ingeniero Juárez. Estos intensos ataques contra esa comunidad, con mucha violencia, fue resistido.

Por otro lado, primero el juez ordenó y fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60 mil a 90 mil hectáreas de tierras de los criollos que hace más de 150 años que habitan esa zona. Hoy apareció un empresario que reclama la propiedad de esas tierras.
El juez actúa como un empleado más del empresario, juntamente con el intendente, y la respuesta es mandar a amedrentar, a patotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos, y después bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención de 7 compañeros, entre ellos una compañera, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas por orden del Juez Pedro Gustavo Schaefer. Aparte ordenó la detención de 11 compañeros más.

En estos momentos la abogada hizo la presentación de la excarcelación de los compañeros y va a presentar la eximición de prisión para el resto de los compañeros, pero el juez expresó que el no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que puede recibir.

Es una situación muy complicada, muy tensa, más aún es llamativo cuando la Presidenta de la Nación viene a hacer anuncios a los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más cuando justamente acá en el oeste los campesinos y los dirigentes del Mo.Ca.For. son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados. En estos últimos 8 días de cara a la visita de la presidenta se acentuó muchísimo más. Entendemos que es un problema de querer enfrentarnos con el Gobierno Nacional también de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.

-RMR: Esta situación de persecusión y represión la vienen sufriendo no sólo allí en Formosa, sino también en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba los movimientos campesinos, ¿qué lectura política hacen de todo este conflicto territorial que se está dando a nivel nacional?

-Benigno: Por un lado usted sabe que el sector campesino ha ganado un pequeño paso que es la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural que fue lanzada hace muy poco tiempo, que ese es un espacio por construir, es un espacio por llenar, es un espacio por diseñar y ejecutar, pero es un espacio que el Gobierno Nacional al final apoyó. Y al mismo tiempo, desde los feudos locales y provinciales se da el paso contrario a estos pasos nacionales y se acentúa la represión y la persecución contra los campesinos, y principalmente se lo quiere expulsar de sus tierras y grandes empresas quieren quedarse con las tierras de los campesinos, criollos y de los indígenas de la Argentina.

-RMR: ¿De qué se trata el anuncio que la presidenta tiene que dar?, ¿por qué crees que está tan ligado a esta persecución política?

-Benigno: Nosotros, por lo que pudimos enterarnos, viene para anunciar líneas de crédito para los pequeños productores, y también quiere hablar de la cuestión de la tenencia y uso de la tierra. Justamente en este momento en que nosotros tenemos expectativa, y hay un sector político que evidentemente maneja la justicia, la policía y todo en estas tierras acentúa la represión contra nosotros, para que nosotros reaccionemos y nos enfrentemos al Gobierno Nacional. Creemos que buscan eso.

-RMR: En un comunicado de prensa que ustedes circularon hablaban también de quema de viviendas y campos, ¿cómo han vivido esta situación?

-Benigno: Sí, en el campo La Florencia mismo, civiles armados que son empleados del empresario o patoteros de él, estuvieron quemando casas, cercos de los campesinos, que hace más de 100 años viven en ese lugar.

-RMR: ¿Cuántos días llevan detenidos los 7 compañeros?

-Benigno: Los detuvieron en diferentes etapas. Primero fue uno detenido el martes a la tardecita en la localidad de Ingeniero Juárez, y luego el miércoles otros.

-RMR: ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr la liberación de todos sus compañeros?

-Benigno: Nosotros creemos que necesitamos que si hay leyes que rigen en la Argentina, necesitamos que se apliquen las leyes en Buenos Aires como también en Formosa. Este juez dice que no le interesan las leyes, pero nosotros creemos que si tenemos leyes hay que respetarlas. Por otro lado, creemos y le decimos al señor Gobernador Gildo Insfrán y a todas las autoridades que nosotros creemos en el diálogo. Nosotros no creemos que el garrote, la quema de casas, la tortura de mujeres y niños, traiga como fruto algo bueno, para nada. Creemos que eso puede empezar a construir una espiral de violencia, y nosotros realmente apostamos al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos una mesa donde esté el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional.

-RMR: ¿Hay algo que quieras agregar?

-Benigno: Simplemente esto, esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Nosotros estamos evaluando tomar otras medidas si hace falta.

-RMR: Benigno, gracias por la charla y esperamos que pronto se tranquilice la situación en Formosa para ustedes y sus comunidades que están resistiendo.
-Benigno: Sí, esperamos buenas noticias, así que esperaremos la visita de la Presidenta y ver qué resultados hay.

Formosa, la más pobre y atrasada de la Argentina

Por primera vez se hizo un ranking basado en la calidad de vida de las ciudades argentinas. Lo elaboró un equipo de investigadores en geografía y demografía del Conicet y de seis universidades públicas nacionales. En el primer lugar quedó la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el 78% goza de cobertura médica y menos del 3% vive sin baño.

En el otro extremo, se encuentran los que viven en General Mosconi, en el noroeste de la provincia de Formosa, donde hay una comunidad de la etnia wichí. Allí, sólo el 13% de la población accede a una cobertura social y el 97% habita en una casa sin baño.

El investigador principal que lideró el trabajo, Guillermo Velázquez, director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, informa que el estudio, elaborado en base al censo nacional de 2001, toma como indicadores los datos de mortalidad infantil, el acceso a la cobertura médica y el nivel de educación, las condiciones de las viviendas, e incluyeron un índice de desastres.

Entre las 5 localidades con peores datos, se situan varias del Norte argentino: General Mosconi, (Formosa), Valle Grande y Rinconada, en Jujuy, Laguna Yema (Formosa) y Santa Catalina (Jujuy).

Allí, más del 80% de la población no tiene baño en su casa y menos del 1% llegó a cursar la universidad.

"La ubicación tan baja del Norte argentino se debe a que el proceso histórico casi lo dejó al margen. No recibió las grandes inversiones en industrialización que tuvieron otras regiones como la Pampeana. También el Norte fue afectado por inundaciones y sequías", explica el investigador.Velázquez dice que hay una "distancia sideral" entre las ciudades de Punta Alta y General Mosconi. "La primera es comparable al Primer Mundo y la segunda, a las zonas más postergadas del planeta. Se debe a la fragmentación socio-territorial del país durante las décadas pasadas".

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero

Por Patricia Durand

1. Las primeras luchas

Si bien el Movimiento Rural de la Acción Católica había actuado en la provincia de Santiago del Estero, no llegaron a formarse Ligas Agrarias en ese territorio, probablemente porque el principal conflicto que atravesaba a los campesinos de esta provincia era la lucha por la tierra, mientras que en las provincias donde las Ligas fueron más dinámicas -Chaco, Misiones y Santa Fe-, el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos “gringos” –inmigrantes europeos-. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla”, formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente. Un primer antecedente de lucha campesina para resistir un intento de desalojo se registró en la década de 1960 y tuvo lugar en el paraje de Suncho Pozo, dentro de la Zona Este de la Santiago del Estero (1).

El origen de los pobladores de Suncho Pozo, asentados desde hacía más de dos generaciones en la zona, databa de la época en que esa zona de la provincia era el centro de la actividad obrajera para extracción de quebracho colorado y demás maderas duras para la producción de durmientes y postes. Los padres y abuelos de los miembros de la comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia, 1996). La actividad depredadora de las empresas obrajeras fue dejando a su paso desiertos y fachinales, ya que era una actividad caracterizada por la tala indiscriminada de las especies arbóreas. Además de los árboles talados para durmientes y postes, se cortaban otras especies para producir carbón y leña, que se imponían como combustible en esa época (Dargoltz, 1980).

A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte (2). Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. Esto hicieron los pobladores de Suncho Pozo en la segunda mitad de la década del ´40, limpiando el fachinal para tener un lugar donde levantar su vivienda y cultivar algo para vivir. Con el tiempo estos antiguos trabajadores rurales se fueron transformando en campesinos en la medida en que el mercado les permitía la entrada como productores marginales, por ejemplo de algodón. La tarea en la propia explotación se alternaba con ocupaciones diversas en el área o fuera de ella. En la década del 60, cuando estos productores habían demostrado que en esas tierras se podía cultivar, y en un momento en que el algodón era rentable, comenzaron los reclamos por parte de una compañía que había comprado las tierras al antiguo dueño. La empresa inició un juicio por desalojo y los campesinos, ante una amenaza concreta sobre sus tierras, comenzaron a organizarse. Las familias formaron comisiones, se constituyeron en asambleas, organizaron grupos de vigilancia y de resistencia, y delegaron las acciones legales en un abogado que los mantuvo informados sobre las distintas instancias del juicio -que se extendió desde 1963 hasta 1973- (Benencia, 1996)....(SIGUE)

(PARA LEER COMPLETO AQUÍ )

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Radio Mundo Real, Diario Opinión Ciudadana-Formosa y Prensa del Frente)

México-España: Sucesos de San Salvador Atenco

EL GOBIERNO MEXICANO DENUNCIADO POR TORTURA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, POR LA REPRESIÓN DE UNA PROTESTA POPULAR QUE CAUSÓ DOS MUERTOS, MUJERES VIOLADAS Y DECENAS DE DETENIDOS

a26 personas siguen en prisión y hay más de 200 procesos aun abiertos.

Este viernes (25), se presentaba en la Audiencia Nacional española una denuncia por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco (Mexico) en mayo de 2006.

En mayo de 2006, más de 200 personas fueron detenidas, entre los días 3 y 4, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores.
En la intervención policial, de la que participaron más de 3.000 agentes, murieron dos personas: Javier Cortés, de 14 años, por herida de bala de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y Alexis Benhumea, al que le fue negada la atención médica imprescindible tras el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno.

En Atenco hubo detenciones ilegales y registros irregulares de domicilios. Los policías ejercieron contra toda la población, no solo contra las personas detenidas, tratos crueles y degradantes, tortura psicológica y física, incluyendo la tortura sexual y la violación a la mayoría de las mujeres. Cinco personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país.
A día de hoy sigue manteniéndose la impunidad de los responsables de dichos sucesos. Mientras tanto, de las personas detenidas dichos días, 26 siguen en prisión, 3 de ellas en un penal de máxima seguridad, con una sentencia de 67 años, y más de 200 procesos judiciales continúan abiertos, plagados de anomalías y carentes de las mínimas garantías jurídicas.
Hace más de un año el equipo jurídico Women´s Link Worldwide ha estado construyendo la denuncia jurídica de este hecho. Este último año se ha creado el grupo 'Atenco somos Todas' con el deseo de que la denuncia vaya más allá de lo jurídico y sea una denuncia colectiva, política y social, de la represión sobre los movimientos y luchadores sociales.
"Sin embargo, nos parecía importante estar allí ese día para expresar lo que queremos, para que se vea que este tema está en la cabeza y los corazones de mucha gente, y reafirmar que no nos van a callar. Sentimos esto como parte de un proceso de reflexión y acción a largo plazo, que queremos construir con otras, apoyándonos y reforzando las redes de movimientos sociales existente", dijeron los organizadores del acto convocado ante la Audiencia Nacional en Madrid (España).

Amnistía Internacional denunció la impunidad

En Mayo pasado, al cumplirse un año de los hechos, Amnistía Internacional emitió un imforme que tituló: "El primer aniversario de San Salvador Atenco. ¿Impunidad intocable?", aun, desgraciadamente, de validez plena. Este es el texto:

"A un año del operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y violaciones al derecho a un juicio justo, la impunidad sigue rampante.

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Estas violaciones, que han sido incluso reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún no han sido debidamente investigadas.Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público y la necesidad de procesar a las personas responsables por los actos de violencia que ocurrieron en los disturbios en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006.

Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en estos hechos de violencia. En este sentido, el caso de la indígena Mazahua Magdalena García Durán es emblemático. A pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo Magdalena García Durán sigue encarcelada injustamente.

La actuación del Ministerio Público y el poder judicial del Estado de México en este caso, así como en otros, indica una alarmante tendencia a instrumentalizar la justicia sin sustento legal. Según la información constada por Amnistía Internacional, Magdalena García Duran no ha promovido ni participado en actos de violencia, por lo tanto la organización la considera un preso de consciencia.La conducta del Estado y sus funcionarios siempre debería ser acorde a las normas internacionales de derechos humanos adscritas por México. El gobierno federal debería demostrar su liderazgo y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, garantizando la investigación de funcionarios federales, estatales y municipales de manera pronta, imparcial y exhaustiva.

Los pocos avances en las investigaciones para esclarecer las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea son motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres debería ejercer la acción penal en los casos de las varias mujeres que, como Bárbara Italia Méndez, con gran valor denunciaron haber sido objeto de tortura, incluyendo violencia sexual, por parte de policías. Estas mujeres aún no han recibido contestación adecuada.

Amnistía Internacional ve con preocupación que a pesar de la evidencia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra detenidos/as, las autoridades estatales sólo han acusado a un policía de actos libidinoso y a otros 20 de abuso de autoridad, todos estos delitos menores. Tales acusaciones no reflejan ni la magnitud ni gravedad de las violaciones sufridas por mujeres y hombres detenidos.

La impunidad por violaciones de derechos humanos es uno de los factores más arraigados en México que obstaculiza la mejora en la protección de estos derechos. Los hechos de San Salvador Atenco no deberían ser otro caso más en esta larga historia de impunidad.

Informacion general

El 3 y 4 de mayo 2006 cerca de 3000 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas. Al menos 165 de las personas detenidas siguen enfrentando procesos por el delito agravado de ataques a las vías de comunicación, 24 de los cuales siguen detenidas con el cargo adicional de secuestro equiparado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido."

Para obtener más información de éste u otros casos, se puede visitar el Centro de Documentación de AI
(Fuentes: Adital, Amnistía Internacional)

Chile: Los Mapuche

LOS CARABINEROS MATAN A TIROS A UN ESTUDIANTE INDÍGENA AL REPRIMIR UNA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE

Los Carabineros chilenos mataron en la mañana de este jueves a un joven mapuche en el marco de una represión en una finca de la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.

Matías Catrileo Quezada, estudiante universitario y miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, fue asesinado mientras realizaba un reclamo por la propiedad de un campo en manos de un empresario.
La Policía de Investigaciones y los Carabineros se presentaron en el campo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger, donde reprimieron con balas de metralla.
"Intentamos hacer una recuperación pacífica e ingresamos al fundo. Ibamos andando y carabineros reprimió con disparos de ametralladoras, resultando un hermano muerto", manifestó un portavoz de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco. Uno de los integrantes del grupo mapuche, identificado como "Rodrigo", quien se enfrentó a la policía, dijo a Radio Bío Bío que "Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras. En eso, nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".

"Pretendíamos declarar el conflicto abiertamente, pero llegó carabineros y nos comenzó a disparar con ametralladoras", agrego el portavoz.

La muerte del joven mapuche elevó la tensión en la región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.

Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la universidad de La Frontera de Temuco, participaba junto a otros 30 indígenas en esa acción dentro de la llamada "recuperación de tierras ancestrales", impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco. El grupo mapuche logró huir del lugar, evitó el cerco policial y llevó consigo el cadáver de Catrileo, que no quieren entregar ni a la policía ni a las autoridades. Sixto Parsinger, obispo de la Araucanía, inició un trabajo de "garante" para conseguir la entrega de los restos de Catrileo.

El Gobierno amenaza

El gobierno rechazó la decisión de los comuneros de exigir la mediación de la Iglesia Católica, para devolver el cuerpo e iniciar la investigación del fallecimiento.“Nosotros agradecemos todas las mediaciones que se hacen históricamente y que han ayudado a muchas cosas, pero en Chile existe un estado de derecho y aquí no se puede entrar a negociar la entrega de un cadáver”, enfatizó el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.

Mientras los diálogos para la devolución del cadáver se mantienen en la escuela San Martín de Porres, en el límite de las comunas de Vilcún y Padre las Casas, en la zona se concentran operativos policiales por tierra y aire.

Este hecho se suma a la muerte del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, registrado el 7 de noviembre de 2003 que se registró en el fundo Santa Alicia perteneciente a la foestal Mininco. Lemún fue herido por un balín metálico disparado con una escopeta antidisturbios en un enfrentamiento entre comuneros y la policía uniformada, también durante una ocupación de terrenos por parte de un grupo mapuche. Tras permanecer cinco días internado en Temuco, Lemún murió.

Tras los atentados incendiarios provocados las últimas semanas contra dos camiones, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, indicó que los autores de cualquier incidente deben atenerse a las consecuencias, infomó la radsioemisora."Una vez capturados y procesados, como corresponde en un estado de derecho, después no me vengan con huelgas de hambre", fustigó el ministro.

Huelga de hambre y solidaridad

El pasado 19 de diciembre, unos cien manifestantes llevaron a cabo una marcha por el centro de Santiago, en solidaridad con las personas que aun se mantienen en huelga de hambre en Angol, en la provincia de Malleco. Además de la liberación de los presos políticos mapuche, los manifestantes solicitan la desmilitarización de las comunidades en el sur del país.
Los manifestantes marcharon repartiendo volantes, con pancartas y gritando consignas como: "En huelga de hambre, están los comuneros, porque el estado los tiene prisioneros", "liberar liberar, al mapuche por luchar". Lienzos de color negro con letras blancas señalaban: "Resistencia, no es terrorismo", y un blanca de letras negras con el texto: "Fin a la ley antiterrorista".
Una de las huelguistas, Patricia Troncoso fue trasladada de urgencia desde la cárcel a un hospital no determinado de la zona, con una grave descompensación originada por los efectos de 72 días de huelga de hambre. Su padre, don Roberto Troncoso y la esposa de Llaitul - quien continúa hoy en huelga en la cárcel de Angol - regresaron al sur luego de permanecer en Santiago sin que se concretara el diálogo comprometido por el gobierno a través del obispo de Temuco, Camilo Vial.
En carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, Patricia Troncoso culpa el gobierno chileno por las injusticias cometidas contra los dirigentes: "El gobierno es el único culpable de todas las injusticias que ha cometido a lo largo de todo este período, no solamente el encarcelamiento de los dirigentes sino que la persecución a través de las violentas represiones que ha hecho en nuestras comunidades, utilizando todo tipo de medidas y artimañas para hacerlo".

La democracia también reprime a los mapuche

Amnistía Internacional (AI) expresaba en 2006 al gobierno chileno su preocupación por las detenciones de mapuches y la gravísima situación de Juana Calfunao Paillalef y la Comunidad Juan Paillalef, en la comuna de Cunco, de la Novena Región.

El 21 de diciembre de 2005, un grupo de mapuches bloqueó un camino del sector Laureles, en la comuna de Cunco, en protesta por la construcción estatal de un camino privado que cruza los terrenos donde está asentada la Comunidad Paillalef. Los carabineros arremetieron contra los comuneros mapuches usando bombas lacrimógenas y disparando balas a quemarropa contra de manifestantes desarmados. Varias personas resultaron heridas.

Apenas dos días después -23 de diciembre-, unos doscientos efectivos de Carabineros ingresaron nuevamente a la comunidad disparando bombas lacrimógenas y balines. Esta vez, allanaron las viviendas sin que existiera una orden judicial. La casa de Juana Calfunao fue prácticamente destruida. Durante el allanamiento ilegal la policía causó destrozos en las viviendas y enseres, destruyó alimentos, generadores y confiscó herramientas de uso agrícola. Juana Calfunao y su hermana Ana Luisa fueron golpeadas y trasladadas, en calidad de detenidas, a la Tercera Comisaría de la localidad de Padre Las Casas.
Al día siguiente -24 de diciembre-, se les dejó en libertad por orden de la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, quien señaló que "el procedimiento de la detención se había realizado en forma ilegal e irracional". La jueza Luz Mónica Madariaga observó las heridas que presentan las hermanas Calfunao en el rostro y extremidades, lesiones que fueron constatadas ante el Servicio Médico Legal (SML) por disposición de la jueza, quien ordenó iniciar una investigación.
En una misiva enviada al gobierno chileno Amnistía Internacional señala: "Nuestro organismo se ha dirigido a las autoridades en varias ocasiones respecto a las situaciones de amenazas, hostigamiento y malos tratos denunciados a las autoridades por Juana Calfunao. Ha sido motivo de grave preocupación para la organización el que, según la información recibida por parte de las autoridades chilenas, las investigaciones no han concluido a pesar de que algunas de esas denuncias datan desde el 2000". Agrega: "Preocupa que agentes encargados de controlar el orden, en este caso Carabineros de Chile de la IX Región, hagan uso de armas de fuego para dispersar protestas en bloqueos de caminos. Es importante que las autoridades pongan en práctica la aplicación de normas internacionales a este respecto. Igualmente, Amnistía considera que el accionar de las fuerzas de seguridad se debe apegar a las disposiciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas".

Antiguas y nuevas denuncias y los terratenientes en medio

Durante los meses de octubre y noviembre de 2005, Juana Calfunao visitó varios países europeos, en el marco de una gira de denuncia pública y presentación de su caso ante organismos internacionales, con el objetivo de denunciar la persistente campaña de persecución política de que sería objeto por parte de la institucionalidad chilena, además de las amenazas de muerte y hostigamientos cotidianos de parte de latifundistas locales que se empeñan -según denuncia- en arrebatarle las reducidas tierras de su comunidad. Uno de los puntos de su visita fue Ginebra, Suiza, y desde allí el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Estos organismos solicitaron al gobierno chileno "tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de la Sra. Juana Calfunao, de su esposo, sus hijos y todos lo miembros de su familia, incluyendo la asistencia médica urgente, apropiada y gratuita que ella y su familia necesiten". La petición internacional ha sido completamente desechada por las autoridades chilenas.
A pesar de la preocupación manifestada por los organismos internacionales y otras organizaciones de derechos humanos, el 4 de enero de 2006, nuevamente funcionarios de Carabineros -esta vez con orden judicial de detención, registro y allanamiento- detuvieron a Juana Calfunao y a otras seis mujeres, incluyendo a su hija, Relmutray Cadin Calfunao, de siete años, y las menores Carolina Landero Calfunao -17 años-, Rosnelia Neculmán Calfunao -17 años-, Catalina Ramírez Calfunao -tres años-, y Mercedes Paillalef Moraga, de 71 años. Después de un control de identidad, se les dejó en libertad, mientras que Juana Calfunao era trasladada bajo "prisión preventiva" al Centro de Reclusión Femenino de Temuco, acusada de "desórdenes públicos" y "amenazas a Carabineros".
Según Amnistía Internacional "la detención de Juana Calfunao puede estar vinculada al uso de su legítimo derecho de protesta pacífica y por lo tanto sería una presa de conciencia. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a aquellas personas privadas de su libertad en cualquier parte del mundo a causa de la expresión de sus convicciones, sin utilizar la violencia".

En junio de 2004, Juana Calfunao denunció el asesinato de su tío Basilio Coñoenao y el incendio provocado en su vivienda. Las comunidades Juan Paillalef y Juan Pichunlaf mantienen disputas con terratenientes locales, las familias: García, Ríos y Muñoz. La madrugada del 26 de junio de 2004, se desencadenó un incendio en la casa de Juana Calfunao, que se quemó totalmente. En su interior se descubrió el cadáver calcinado de su tío, Basilio Coñoenao, lonko de la vecina comunidad Juan Pichunlaf. Ambas comunidades creen que fue asesinado en otro lugar y, posteriormente, dejaron su cuerpo en la casa para encubrir el crimen. Días antes, Basilio Coñoenao y su sobrino recibieron amenazas de terratenientes que les exigían que abandonara la propiedad. Coñoenao denunció los hechos ante la Fiscalía Regional.

AI señala: "No existe información acerca de alguna investigación que hayan realizado las autoridades por las amenazas o el incendio. Juana Calfunao y su familia fueron objeto de amenazas e intimidación en cuatro ocasiones durante el mes de julio de 2004. Arrojaron piedras contra su casa provisoria y efectuaron disparos al aire frente a ella. Los afectados denunciaron estos hechos a los Carabineros de la ciudad de Los Laureles, a ocho kilómetros de Juan Paillalef".

La lucha de los mapuche por sus tierras

Las comunidades y los terratenientes mantienen desde hace tiempo una disputa por la demarcación de las tierras. Según informes de organismos de derechos humanos, los terratenientes han intimidado a mapuches de las comunidades en reiteradas ocasiones. Una demanda contra varios terratenientes locales se tramita el Primer Juzgado Civil de Temuco. Juana Calfunao también denunció que en mayo de 2000, fue detenida por carabineros de civil. Durante los tres días que permaneció en el cuartel de la policía sufrió agresiones que le provocaron un aborto. "Tampoco se sabe si ha habido avances en las investigaciones sobre este caso, que está en manos de la fiscalía militar de Valdivia", señala AI.
En una misiva desde el interior de la prisión, Calfunao anunciaba el inició de una huelga de hambre desde el 10 de enero de 2006: "Fui encarcelada por la jueza de garantía María Elena Llanos a petición del fiscal Alberto Chiffelle. Se considera que soy un 'peligro para la sociedad' como supuesta autora de los delitos de desórdenes públicos y amenazas a carabineros de servicio. En la audiencia realizada el día señalado el fiscal se atrevió a llamar a mi comunidad indígena como una 'pandilla' y a mí como 'la jefa de ella'. Ese es el respeto que muestran los representantes del Estado de Chile por sus habitantes de origen mapuche que reclaman y luchan por sus legítimos derechos".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Crónica Digital-Radio Cooperativa y La Insignia)

Argentina: Cárceles

AL MENOS 31 MUERTOS EN EL MOTÍN DE LA PRISIÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO, SUPERPOBLADA Y CON MAYORÍA DE NO PENADOS, COMO EN EL RESTO DEL PAÍS

.Un muerto más en una prisión de Formosa

Al menos 31 reclusos de una cárcel de la ciudad de Santiago del Estero murieron anoche asfixiados o quemados en un incendio, provocado por los presos, al iniciar un motín en demanda de mejores condiciones y la agilización de sus causas. En el penal, la mayoría están a la espera de ser juzgados.

Un incedio de gran magnitud se desató en los pabellones 2 y 3 del Penal de Varones, el mayor de la provincia, que alberga a 467 reclusos. Todo comenzó con la quema de colchones. El ministro de Justicia provincial , Ricardo Daives, precisó esta mañana a Radio 10 que si bien hay “29 muertos registrados”, cuenta con “versiones que podría haber uno o dos más” fallecidos.

El motín estalló alrededor de las 18.30 del domingo en un pabellón del Penal , que alberga a 467 reclusos, la mayoría procesados sin condena, según informaron autoridades gubernamentales y judiciales. "Se trató de un motín con intento de fuga que se originó en el pabellón 2, donde había 42 internos procesados", afirmó el director del establecimiento, Rodolfo Camaño, quien aseguró que ninguno logró fugarse. El episodio se inició poco después del horario de visitas, cuando presos del pabellón 2 comenzaron a quemar colchones y muebles contra las rejas de acceso, iniciando un siniestro que terminó siendo mortal para la mayoría de ellos.

Los esfuerzos de los bomberos que acudieron ante la emergencia se vieron dificultados por el mal funcionamiento de la autobomba .El motín se extendió a otros dos pabellones, en particular al 3, contiguo del devastado 2, que continuaba fuera del control de las autoridades después de la pasada medianoche.

Los reclusos pedían la agilización de los procesos judiciales, rebajas de condenas y mejoras en el régimen de visitas y en la alimentación. Algunos familiares también se quejaron de lo que describieron como inacción de las autoridades ante el tráfico de drogas en el interior de la cárcel. Bajo las órdenes del juez Ramón Tarchini Saavedra, unos doscientos efectivos del cuerpo de infantería y de la policía montada de la provincia fueron desplegados en torno del penal para reforzar a los agentes del Servicio Penitenciario Federal que está a cargo del establecimiento.

Muertos por asfixia o quemaduras graves

Muchos de los muertos fueron encontrados en el baño del pabellón, con pañuelos o trapos mojados improvisados como máscaras contra los gases tóxicos de la combustión. El hospital regional "Ramón Carrillo" atendió además a once reclusos y cuatro carceleros con principio de asfixia o quemaduras, y a una media docena de familiares de las víctimas con crisis nerviosas.

Unos doscientos familiares de los presos se congregaron en las inmediaciones del penal procurando información sobre la suerte de sus parientes detenidos, y decenas de ellos participaron en tres escaramuzas con las fuerzas de seguridad, que llegaron a usar gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos.

El secretario de Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero, presbítero Sergio Lamberti, intentó organizar un intercambio de información entre reclusos y familiares a través de un megáfono. Apostado sobre uno de los muros de la cárcel, el sacerdote reproducía por el aparato los nombres que le daban los familiares y desde adentro del penal los reclusos informaban qué sabían de ellos.Una fuente judicial proporcionó a la agencia Télam una nómina con los nombres de 30 fallecidos. La fuente indicó que un cuerpo permanecía sin identificar en la morgue del hospital, cuya capacidad para atender heridos, almacenar los cadáveres y efectuar las autopsias fue desbordada, por lo que hubo derivaciones al hospital Independencia."Se están haciendo las autopsias y los cadáveres serán entregados en pocas horas a las familias", dijo el ministro provincial de Justicia, Ricardo Daives.

En Formosa, la revuelta dejó un muerto

Un recluso de avanzada edad falleció anoche de un paro cardíaco y fue la única víctima del motín de la Alcaidía Policial de Formosa. La revuelta que comenzó cerca de las 22 horas y, a primeras horas de hoy, fue controlado . No descartan que las noticias del motín de Santiago hayan influido en la actitud de los detenidos.
En el motín participaro los presos del sector de Condenados del establecimiento, situado en el barrio San Antonio, en las afueras de la ciudad de Formosa, que alberga entre doscientos y trescientos presos. Fuentes policiales no descartaron que las noticias del motín en Santiago del Estero, hayan influido en la actitud de los detenidos en Formosa. Los presos quemaron colchones y otros elementos, pero el fuego no se descontroló como ocurrió en la capital santiagueña. El establecimiento fue rodeado por fuerzas policiales que concurrieron en apoyo del personal penitenciario, para prevenir intentos de fuga, informó el jefe de la policía provincial, comisario Crisanto Ortiz.

Superpoblación carcelaria y elevado número de preventivos

El último informe sobre el sistema penitenciario argentino del Defensor del Pueblo de la Nación, que es del año 2006, dice textualmente en su prólogo:"La mayoría de las cárceles del país cuentan con superpoblación, existiendo duras condiciones de hacinamiento que nunca terminan de resolverse".

El informe revela además que la superpoblación carcelaria esta estimada en un 14.5% y que, "de un colectivo de alrededor de 63.000 personas privadas de libertad, sólo el 39% de ellos tiene condenas efectivas." En el Sistema Penitenciario Federal los presos infectados con el virus HIV ascienden al 4.5%.
"Estos datos, por sí solos-dice el informe-, demuestran que el sistema carcelario es un medio violento, en el que tienen lugar diferentes formas de degradación de los derechos humanos. Sus falencias parecen encontrar una única forma de escape a través de nuevas manifestaciones de violencia, como lo ponen en evidencia los reiterados y cruentos motines que se producen en las unidades penitenciarias.
La problemática apuntada es histórica, incluso se puede calificar como endémica. La realidad carcelaria se revela como una sistemática violación de parte del Estado de la norma constitucional, de los compromisos internacionales y de las regulaciones legales."

Larga historia de motines y de pésimas condiciones carcelarias

En septiembre de 2005, un incendio en la cárcel de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, dejó 33 internos muertos, la mayor parte de ellos procesados sin condena. La tragedia sirvió para que se supiera eso y, además, que el 90% de los presos de la cárcel de Magdalena se encontraban en iguales condiciones. Y no sólo eso sino que el 62% de los 62.500 internos del país no tenían condena.

El grave motín de hoy en Santiago del Estero sirve, de nuevo, para saber que nada ha cambiado desde entonces.

El problema de los presos sin condena no es único de Argentina, sino que también se repite en otros países de América Latina. Lo que llama la atención de Argentina es la gran cantidad de presos que está en esta condición.
En la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el mayor número de internos, la situación es especialmente preocupante. Allí, el 75% de los presos no tiene condena.

La mayoría de los prisioneros en las cárceles argentinas aguardan un fallo judicial. La prisión preventiva se basa en dos cuestiones fundamentales: que la persona no se fugue durante el proceso y que no entorpezca la investigación.

Si bien no existen cifras oficiales, se estima que el 30% de los presos termina absuelto una vez que se celebra el juicio. En la gran mayoría de los casos, quienes salen libres no reciben ningún tipo de compensación por parte del Estado, aún después de haber pasado dos o tres años en prisión.
A todo esto se suma el hecho de que, al igual que en otros países latinoamericanos, las cárceles argentinas están superpobladas y las condiciones de vida en ellas deja mucho que desear.

(Fuente: Agencia TÉLAM, Defensor del Pueblo de la Nación y BBC-Mundo)