Colombia: Cuatro muertos en la represión de la huelga campesina del Catatumbo

MIENTRAS EL GOBIERNO NEGOCIA LA PAZ EN CUBA, EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA SIGUEN ASESINANDO CAMPESINOS 

 

La Policía y el Ejército colombiano asesinó a dos campesinos e hirió al menos a 13 este martes durante la represión de una marcha campesina que se dirigía hacia el municipio de Ocaña. departamento de Norte de Santander, para exiigirle al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que atendiera las necesidades de los campesinos de la zona del Catatumbo.

 Con ellos son ya cuatro

los muertos registrados desde que el 10 de junio comenzó el paro campesino en la región.

   Según César Jerez, un de los portavoces campesinos, la masacre se produjo en el lugar conocido como "La Y", una intersección de carreteras en la salida de Ocaña hacia la costa Atlántica y los municipios vecinos de Convención y Teorama. Los huelguistas habían bloqueado la carretera. Los disparos contra los manifestantes salieron desde la posición que mantenían entre 500 y 1000 unidades del Ejército y de la Esmad (Ecuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía). "No eran disparos al aire sino en contra de la población”, denuncian los campesinos.

Uno de los líderes del movimiento campesino, Jhony Orril, detalló que los efectivos de la fuerza pública arremetieron contra ellos sin compasión, por lo que repudió el hecho. “Este gobierno no quiere la paz, ellos quieren la represión, repudiamos y responsabilizamos a la cúpula militar y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos” dijo.

Contra la erradicación de cultivos ilícitos

El sábado la protesta se cobró las dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomar el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.

   Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.

La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.

Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".

"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.

Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este miércoles en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.

Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento. 

Militarización de la zona

 Los campesinos del municipio de Ocaña denuncian la militarización de la zona como parte de la política represiva emprendida por el Gobierno de Santos. Los habitantes de la zona informan sobre la presencia de varios aviones que transportaron aproximadamente a 200 efectivos castrenses del escuadrón antidisturbios, que arribaron acompañados de la Policía Nacional para reprimir las protestas que llevan a cabo -desde el pasado 11 de junio- agricultores que han salido a la calle a pronunciarse por el abandono estatal.

  Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.

“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.

Bogotá apoya protestas campesinas

   

Mientras tanto, frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá,  se concentraron unas 100 personas para apoyar las protestas de los campesinos del Catatumbo , quienes llevan aproximadamente quince días esperando que el Gobierno los atienda.

La intención es lograr un impacto político y hacer un llamado de atención de las autoridades, según indicaron los portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes portaban pancartas con lemas como “El Catatumbo resiste y persiste”, “Sí a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” y “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el terreno”.

COMUNICADO DE LA MARCHA PATRIÓTICA DE ANTIOQUIA

Ante la arremetida del régimen de Santos contra los campesinos del Catatumbo

Marcha Patriótica Antioquia manifiesta su más enérgico rechazo a la represión militar que lleva a cabo el gobierno de la “prosperidad democrática” que dice querer la paz, pero que en los hechos hace la guerra frontal contra el pueblo. Hasta hoy tras 13 días de legítima protesta campesina las balas, granadas y ataques del régimen policial han causado dos muertos, ocho heridos con balas de fusil, más de una decena de heridos y cerca de treinta detenidos.

Los campesinos del Catatumbo, Norte de Santander y los municipios de Hacarí, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Tibú, organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) llevan a cabo una justa protesta demandando el cumplimiento de acuerdos incumplidos por el gobierno.

El pliego de 10 puntos que reclaman al Estado incluye que se decrete la Zona de Reserva del Catatumbo, en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER; la suspensión de la erradicación forzosa de los cultivos de coca a cambio de un programa de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito;  subsidio durante dos años a las familias afectadas por la erradicación y fumigación de los cultivos de coca; la suspensión de los planes minero energéticos que se quiere adelantar en la región; suspender la política del plan de consolidación en la ZRC del Catatumbo que solo trae represión y desplazamiento para los campesinos; la conformación de una comisión de verificación que aborde las violaciones a los derechos humanos y los graves ataques con armas de fuego y abusos policiales contra los manifestantes; el respeto y garantías a la vida, la dignidad e integridad de los manifestantes; hospital, universidad, suministro de gas, agua potable, electricidad y vías para Tibú y los municipios aledaños, etc.

Marcha Patriótica Antioquia expresa igualmente la más franca y sentida solidaridad con el campesinado del Catatumbo que protesta justamente por sus derechos y reivindicaciones y hace una llamado a todos y todas las integrantes de Marcha a difundir y denunciar ampliamente el brutal atropello a que son sometidos los campesinos de Norte de Santander, y sus municipios.

Igualmente respaldamos íntegramente el pliego de diez puntos que exigen con justa protesta al gobierno que dice querer la paz pero responde con la guerra.

Comité de Impulso de Marcha Patriótica Antioquia

Medellín, 24 de junio del 2013

(Fuentes: EFE, LibreRed, Agencia Prensa Rural y Marcha Patriótica)

Colombia:FARC

LAS FARC HABÍAN ACEPTADO LIBERAR A LOS REHENES ANTES DEL ASALTO DEL EJÉRCIT0

El colectivo de Colombianas y Colombianos por la Paz condenó en un comunicado la muerte de retenidos por la guerrilla y reveló una carta de este grupo insurgente, en la que anunciaban la liberación unilateral de seis rehenes, con la intención de hacer un gesto humanitario que diera pie a un diálogo para la reconciliación nacional.

“Anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba, previa precisión de los protocolos de seguridad”, precisaba el comunicado del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El órgano guerrilero lamentó  los acontecimientos de este sábado, extendió sus condolencias a los familiares de los retenidos fallecidos y remarcó que “los hechos de guerra no abren ninguna puerta de la paz”.
“El conflicto armado interno debe parar !!! ya!!!. Los esfuerzos de todas y todos nos exigen convocar de inmediato a la construcción de una fuerza ética para poner fin a este desangre”, se demandó en el texto del ente humanitario.

  A continuación, el texto íntegro del comunicado de Colombianas y Colombianos por la Paz:

La muerte de integrantes de la fuerza pública es un doloroso hecho que nos exige convocar a una fuerza ética por la paz

Colombianas y Colombianos por la Paz expresa nuestra solidaridad a la familia del coronel Edgar Yesid Duarte Valero; del mayor, Elkín Hernández Rivas; del sargento, José Libio Martínez Estrada y del intendente Álvaro Moreno, que se encontraban en poder de la guerrilla de las FARC.
Queremos arroparlos en un gran abrazo de hermanos y hermanas en estos momentos de dolor y de pérdida de la esperanza. La muerte de sus seres queridos, nuestros compatriotas, no puede ser una muerte más. Los hechos de guerra no abren ninguna puerta de la paz.
Colombianas y Colombianos por la Paz recibe con mucha tristeza esta noticia y comparte a Colombia y el mundo, que el pasado jueves 24 de noviembre, al finalizar la tarde, conocimos que venía en camino la carta de respuesta de las FARC, a la misiva que mujeres del mundo hicieran pública meses atrás solicitando la liberación unilateral. Para tales efectos, algunos integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz, nos reunimos en el apartamento de la lideresa, Piedad Córdoba, antes de su viaje a Europa, para preparar la presentación pública cuando llegara dicho mensaje.
Efectivamente, en la noche de ayer se recibió la carta con la respuesta de las FARC, que se adjunta, y de la cual se empezó a informar a las mujeres firmantes de varios países, tal como ellas dan fe, y a convocarlas para estar presentes en Bogotá en los próximos días y compartirla con las familias de ASFAMIPAZ.
Estas muertes violentas y la de Guillermo León Sáenz, “Alfonso Cano”, y los dolorosos hechos que vivimos día a día, muchos de ellos silenciados, los que vive la población y millares de personas combatientes de ambos bandos, nos motivan desde la conmoción que generan, a insistir en la necesidad urgente de abrir espacios humanitarios y el diálogo político.
El conflicto armado interno debe parar!!! ya!!!. Los esfuerzos de todas y todos nos exigen convocar de inmediato a la construcción de una fuerza ética para poner fin a este desangre.
Nos sumamos a las voces de familiares de las personas que aún se encuentran en poder de la guerrilla de las FARC, para que el gobierno acepte la posibilidad de cese de operaciones militares que permitan la salvaguarda de su vida, habilitando así un espacio para la puesta en libertad del resto de policías y militares, sanos y salvos.
Llamamos a todos los sectores de la sociedad para que generemos con compromiso, imaginación y creatividad una fuerza ética pro activa, deliberante y pluralista, que haga posible la democracia con justicia social e impensable la guerra. Nos merecemos un presente y un futuro en paz. La llave de la paz la tiene el pueblo.



 Con dolor de humanidad
Colombianas y colombianos por la paz
Bogotá, D.C. noviembre 26 de 2011


(Fuente: LibreRed)

Colombia:Terrorismo de Estado

LOS DEFENSORES DE DD.HH. DE LOS LLANOS DENUNCIAN QUE LOS MILITARES SIGUEN ACOSANDO A LOS CAMPESINOS TRAS EL SECUESTRO, TORTURA, VIOLACIÓN Y ASESINATO DE TRES NIÑOS

El día 14 de octubre, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron enterrados en dos fosas entre los matorrales cercanos a la cabaña donde vivían. Se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación.

Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Se trata de una región especialmente estigmatizada. Y la presión del Ejército sobre los campesinos se acrecienta después del descubrimiento de la fosa común de La Magdalena, la mayor de Latinoamérica.

El opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) condenó el asesinato de los tres hermanos menores de edad secuestrados, torturados, violados y asesinados. Su presidenta, Clara López, pidió también garantías para los defensores de derechos humanos que hacen seguimiento a ese triple homicidio, que conmocionó a la sociedad y que siguen pidiendo su eclarecimiento.

"El Estado colombiano tiene que solicitar perdón por tamaño despropósito criminal y afinar los procesos investigativos para juzgar con prontitud y garantizar la labor de los organismos de derechos humanos que denuncian este tipo de atropellos", dijo la dirigente del PDA.

Las autoridades investigan a unos 60 militares de dos batallones que operaban cerca del lugar donde se produjo el múltiple crimen, mientras otros ocho uniformados fueron destituidos por fallos en los procesos de control y mando de personal.

Si bien el gobierno y los altos mandos militares condenaron los hechos y pidieron perdón a las familias de las víctimas, el desconsolado padre ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.

Aún está presente en la memoria colectiva el escándalo que envuelve al Ejército, luego que hace dos años fueran reveladas a la opinión pública prácticas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados, en hechos considerados como crímenes de Estado, eufemísticamente conocidos aquí como "falsos positivos".

Continúan los crímenes extra-legales



Ramiro Orjuela, abogado defensor de Derechos Humanos, denuncia la agudización de las violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en los departamentos de los llanos orientales, detenciones arbitrarias y toda clase de vejámenes contra líderes campesinos que organizaron la audiencia pública sobre fosas comunes realizada el 22 de julio 2010 en el municipio de la Macarena, en el departamento del Meta.

El Ejército presiona a la familia de los niños asesinados

El Ejército y otras instituciones del Estado colombiano ejercen presión para que la familia de la niña violada y asesinada junto a sus dos hermanitos en una vereda de Tame conceda "perdón", en contraste con el poco apoyo estatal que recibe la familia ante su desplazamiento forzado

Así lo denuncia la asociación de defensa de los Derechos Humanos de Arauca Humanidad Vigente, en el siguiente comunicado

Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Comité Permanente Para La Defensa De Los Derechos Humanos-Capítulo Arauca, manifiestan a la opinión pública regional, nacional e internacional:

Que rechazamos con profunda preocupación las acciones de presión de instituciones del Estado, del Ejército y de algunos medios de comunicación sobre el señor JOSÉ ALVARO TORRES y su familia para que concedan el perdón por la muerte de su hija e hijos, y la estigmatización que el general ALEJANDRO NAVAS hace de las Organizaciones de derechos humanos acompañantes y representantes de las víctimas.

Como representantes judiciales del señor JOSÉ ALVARO TORRES, enérgicamente rectificamos la información que se ha venido suministrando por los medios masivos de comunicación, sobre la reunión de "perdón" sostenida el pasado jueves 04 de noviembre, entre el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, padre de la niña y los niños asesinados en la vereda El Temblador del municipio de Tame (Arauca) y Comandantes de la Octava División y Brigada XVIII del Ejército Nacional en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Si bien dicha reunión se realizó a puerta cerrada, ésta se hizo sin el consentimiento previo e informado del señor TORRES, quien acudió a las instalaciones del I.C.B.F de manera ingenua, en el entendido de que la reunión trataría sobre las diligencias que venía adelantando con el ICBF a fin de garantizar condiciones de dignidad para él y sus hijos, debido a su actual situación de desplazamiento forzado.

El señor TORRES nos ha manifestado, a las organizaciones de Derechos Humanos que le acompañamos, que el Ejército Nacional en ningún momento le manifestó solicitud de perdón por los execrables crímenes cometidos por uno o varios de sus miembros, sino que la actitud de los miembros del Ejército Nacional buscaba que el señor JOSE ALVARO TORRES diera su consentimiento para grabar una entrevista en la cual accediera a conceder el perdón al ejército nacional y luego ser presentados a los medios de comunicación masivos. Situación que quedó en evidencia cuando el señor Torres solicitó a la Fiscalía General de la Nación su intervención ante la comandancia del Ejército Nacional para que cesaran las continuas y reiteradas llamadas telefónicas que le hicieran el día viernes 5 de noviembre, con el fin de que manifestara a los medios la aceptación del perdón.

Respecto a esta tragedia que le ocurrió al señor JOSE ALVARO TORRES y a su familia exigimos que sean las investigaciones penales y disciplinarias las que hagan justicia y revelen no sólo a él y a su familia, sino a la comunidad nacional e internacional, quiénes son los responsables del abuso sexual y homicidio de su hija y de sus dos hijos, qué sucedió en estos hechos, se dé un castigo ejemplar no sólo a quienes cometieron dichos crímenes, sino a quienes tenían el mando y el control efectivo sobre la tropa.

Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de los directores de las regionales en el departamento de Arauca, para que cumplan con los deberes que constitucional y legalmente tienen en materia de prevención, protección y defensa de los derechos humanos, con preferencia y prevalencia de los derechos de los niños y las niñas. Así mismo, para que adopten una posición de respeto de la dignidad de las víctimas y no sólo enderecen su acción a buscar el acercamiento entre las víctimas - el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, así como con las y los familiares de la otra niña víctima de abuso sexual- insistiendo en que se debe procurar una conciliación, cuando dichos crímenes no tienen vocación de conciliación y sus funciones constitucionales son las de velar por los intereses superiores de los niños y niñas.

Ante semejante tragedia que conmovió a toda la sociedad cualquier persona pensaría que los familiares de las víctimas, estarían recibiendo una atención digna e integral por parte del estado y sus instituciones, pero la realidad no es así, don ALVARO y su familia están viviendo en condiciones indignas en la casa de un familiar, donde los pocos enseres que le han entregado son producto de colectas realizadas por algunos funcionarios; por ejemplo, el ventilador se lo regaló un periodista, la estufa una recolecta que hicieron unos funcionarios públicos, las camas de segunda y en mal estado, las donó otra institución etc.

Humanidad Vigente Corporación jurídica y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos capitulo Arauca, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS las irresponsables e intimidantes afirmaciones del comandante del Ejército Nacional ALEJANDRO NAVAS, en la entrevista realizada para el Diario El Tiempo, el día, 07 de noviembre de 2010, en las que estigmatiza la labor que hemos venido realizando organizaciones defensoras de derechos humanos reconocidas en el departamento de Arauca y a nivel nacional e internacional, al decir que "organizaciones extrañas se han apoderado de él -refiriéndose al señor JOSÉ ÁLVARO TORRES – para desorientarlo y formular estas denuncias, que no hacen cuando asesinan y maltratan a miles de niños. Qué mejor oportunidad que esta para enlodar el nombre del Ejército".

Le recordamos al Comandante del Ejército Nacional y a la opinión pública nacional e internacional que quienes han enlodado el nombre de dicha institución han sido sus mismos miembros que estando en servicio activo han convertido el crimen y la violación de derechos en una práctica sistemática y generalizada a lo largo y ancho del país, tal como lo demuestra los graves casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido de público conocimiento.

Consideramos que las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Nacional, en este caso, no deben ser calificadas como simples fallas institucionales, y que la responsabilidad de un crimen tan atroz como el de esta niña y niños, se quiera mostrar que es obra de una sola persona, de una "manzana podrida" como es usual que lo hagan los altos mandos militares en los graves casos de violaciones de derechos humanos en los que se ha visto comprometida la Fuerza Pública, y que han sido denunciados y conocidos públicamente.

Las fallas institucionales que han sido referidas por el ente militar, se presentaron a partir de la no atención a las denuncias y solicitudes que las comunidades de la vereda Caño Camame y El Temblador realizaron por el caso de abuso sexual presentado en el sector, así como por no haber atendido la solicitud de apoyo ante la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los niños TORRES JAIMES; cuestiones que generan responsabilidad a la luz del derecho penal colombiano (artículo 25 de la Ley 599 de 2000)1, tal como lo establece el artículo 161 del Código Penal que habla sobre la omisión de medidas de protección a la población civil, en ocasión y en desarrollo de conflicto armado y el artículo 417 sobre abuso de autoridad por omisión de denuncia.

En el marco de las disposiciones vinculantes para el Estado colombiano del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del Estatuto penal internacional, las omisiones en el mando y control efectivo sobre las tropas, también generan responsabilidad en materia penal, disciplinaria y administrativa, a los superiores de las mismas, respecto de crímenes cometidos por sus subordinados.

Alertamos sobre la intimidación, insultos, largos interrogatorios, empadronamientos o censos ilegales, que vienen realizando la fuerza pública (ejército y policía), en las comunidades de las veredas cercanas donde ocurrió la masacre (veredas la Holanda y la Esperanza), que puede conllevar a que potenciales víctimas y testigos abandonen la zona o se muestren renuentes a acudir ante las autoridades para esclarecer los crímenes.

Dejamos claro ante la opinión pública regional, nacional e internacional que la labor de acompañamiento que le hemos venido realizando al señor JOSE ALVARO TORRES y su familia, se realiza en el marco de las acciones de defensa de derechos humanos que estamos exigiendo ante las diferentes autoridades del orden local, nacional e internacional, y en nuestra condición de representantes judiciales. No somos "organizaciones extrañas", sino organizaciones defensoras de la vida, la dignidad, los derechos humanos y de los derechos de las víctimas a la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN INTEGRAL.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

1. A la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de la investigación que se adelanta, sean llamados por su responsabilidad por su conducta omisiva en los presentes hechos, a los miembros del Ejército Nacional destituidos el pasado martes 2 de noviembre de 2010, puesto que conforme a los preceptos que son vinculantes para Colombia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos; y, en especial del derecho penal internacional.

2. Que en su función constitucional y legal adelante la investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades penales a que haya lugar, y no se cese en su labor de consecución de la verdad real en estos atroces crímenes por la vinculación de un solo supuesto autor material e intelectual.

3. A la Procuraduría que radique la competencia de las investigaciones disciplinarias adelantadas en el marco del presente caso en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos que es la competente para adelantar las pesquisas conducentes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los militares implicados en el caso.

4. A los diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas para que se pronuncien sobre las acciones de intimidación que autoridades civiles y militares del orden local y nacional vienen haciendo sobre los familiares de estos dos casos y que comprometen su integridad emocional y su seguridad, así como sobre la legítima labor que las organizaciones sociales y de derechos humanos venimos haciendo en aras de esclarecer los hechos y acompañar en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

5. A Acción Social, Bienestar Familiar, a la Gobernación de Arauca y al Alcalde de Tame, que asuman su deber constitucional y legal de brindar condiciones de subsistencia digna y de manera integral al señor JOSE ALVARO y su familia. No se trata de asistencialismo de caridad, sino de una obligación del Estado cuya responsabilidad está comprometida en este grave crimen.

6. A todas las instituciones que tiene la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la seguridad, el buen nombre y la libertad de las personas, les exigimos verdaderas medidas de protección para la familia Torres, para los testigos y que cesen los hostigamientos, mal trato y empadronamientos a las comunidades de las veredas cercanas a donde ocurrió la horrible masacre de los niños (la Holanda y la Esperanza).

7. A los medios de comunicación del orden nacional e internacional para que se siga informando con objetividad siempre respetando la dignidad de las víctimas, la memoria de las niñas y niños violados y asesinados y se presente la información de manera mucho más objetivamente y veraz.

Corporacion Juridica Humanidad Vigente

(Fuentes: Prensa Latina, ACIN y Oiga Hermano)

Bolivia:Militares

EL EJÉRCITO BOLIVIANO SE DECLARA "SOCIALISTA, ANTIIMPERIALISTA Y ANTICAPITALISTA". EVO MORALES PODRÍA PRESENTARSE A LAS ELECCIONES DE 2014

El Ejército boliviano, que celebró este domingo sus 200 años de creación, se declaró “socialista”, “antiimperialista” y “anticapitalista”.

El comandante nacional del Ejército, el General Antonio Cueto, afirmó que la Constitución promulgada en 2009 “da lugar a que el Ejército surja como una institución socialista, comunitaria”.

“Nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad. También nos declaramos anticapitalistas porque este sistema está destruyendo a la madre tierra”, afirmó, durante un acto por el bicentenario del Ejército. Esa institución asume como año de creación 1810, cuando comenzaron las revoluciones independentistas en el actual territorio boliviano contra la corona española.

Cueto criticó a los “Gobiernos neoliberales” bolivianos que “pactaron con el sistema capitalista, buscando la destrucción de las Fuerzas Armadas” del país, “con planes que disminuían progresivamente su capacidad operativa”.

Ratificó que el Estado boliviano “es pacifista”, pero también se reserva “el legítimo derecho a la defensa” de su territorio y agregó que los militares “no van a permitir bajo ninguna circunstancia la instalación de bases extranjeras” en su territorio.

El general Cueto indicó que la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero del año pasado, ha hecho que el Ejército surja como una institución socialista, comunitaria “y como tal nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad”.

“También –acotó– nos declaramos anticapitalistas, porque este sistema está destruyendo a la madre tierra, es por eso que debemos unir todos nuestros esfuerzos y capacidades para defenderla.

A su vez, Morales pidió a los militares que estén “preparados” para defender la soberanía de Bolivia, ante la posibilidad de que “cualquier imperio” intente “intervenir militarmente” su país, como lo hicieron hace 200 años para “combatir el dominio español”.

“La historia demuestra que el Ejercito nace con una posición antiimperialista porque ha combatido el imperio europeo desde 1810″, afirmó Morales, al destacar que el “nacionalismo militar” de las Fuerzas Armadas no fue “importado ni impuesto”, sino que nació tras la Guerra del Chaco librada contra Paraguay entre 1932 y 1935.

El Ejército boliviano ratificó su compromiso con el “proceso de cambio” que impulsa el Gobierno y resaltó el lema “Patria o muerte, venceremos. Subordinación y constancia, viva Bolivia” en el himno que estrenó este domingo en conmemoración de su bicentenario.

El Ejército pide sanciones por el caso de los misiles

El comandante general del Ejército, general Antonio Cueto Calderón, pidió a las autoridades del gobierno nacional aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra quienes colaboraron con Estados Unidos para la salida de misiles chinos de Bolivia con destino a ese país.

“Con la finalidad de lavar el honor del Ejército, solicitamos a las autoridades pertinentes que, a través de la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, se actúe en consecuencia con quienes entregaron para desactivar misiles que fueron adquiridos para la defensa del Estado”, aseveró el jefe militar en su discurso en el acto de conmemoración del Bicentenario del Ejército Nacional.

En diciembre de 2005, el actual mandatario Evo Morales, en ese entonces candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) y al que se daba por ganador, denunció la desaparición de 28 misiles tierra-aire MHN-5 de fabricación china que se encontraban en los arsenales bolivianos y que fueron entregados a Estados Unidos para ser “desactivados”.

Morales anunció en esa oportunidad su intención de llevar ante los tribunales al ex presidente interino, Eduardo Rodríguez, y a su ministro de Defensa, Gonzalo Méndez Gutiérrez, por “traición a la Patria”. Para justificar el envío de los misiles chinos a Estados Unidos, las autoridades bolivianas afirmaron que aquellos equipos eran obsoletos y que su manipulación se había hecho peligrosa. Todo parece indicar, sin embargo, que fueron adquiridos en China a principios de los años 90 y que estaban en perfecto estado. Se trataba además de los únicos misiles que poseía el ejército boliviano.

Reformas en la estructura y estrategias del ejército boliviano

El Ejército boliviano aspira a profundizar en cambios profundos en sus estructuras y estrategias. El general Antonio Cuesto, dirigió en julio pasado un foro mediante videoconferencias virtuales con la participación de representantes de las regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. A las deliberaciones asistieron miembros del gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como expertos en seguridad, defensa, ciencia, tecnología y política internacional.

"A partir del intercambio de criterios entre los expositores y participantes, se podrá disponer de conceptos y decisiones y consensuarlas, por parte de los actores que influyen en la vida institucional del Ejército", dijo el general entonces.

El seminario pretendía elaborar planes, proyectos y programas que posibiliten en los próximos años un proceso de transformación de la institución, para favorecer especialmente el apoyo militar a la nueva Constitución, vigente desde febrero de 2009.

A partir de la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, con activa participación de los militares, el presidente Evo Morales llamó al Ejército a desempeñar un papel social en beneficio de todos los bolivianos. Actualmente, los uniformados participan, entre otras, en políticas públicas como la distribución de ayuda económica mediante bonos a sectores desprotegidos históricamente, como ancianos, escolares y mujeres embarazadas.

En su condición de Capitán general de las Fuerzas Armadas, Morales ha llamado a desarrollar una doctrina propia de defensa, sin tener que recurrir, como antes, a potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos. Morales insiste también en mejorar las condiciones de vida y el equipamiento de las unidades militares.

Evo Morales "puede" buscar la reelección
Hugo Chávez la ha logrado varias veces, a Álvaro Uribe se la negaron y a Manuel Zelaya lo sacaron en pijama de su país por creer que la buscaría. Es la reelección presidencial.

En América Latina, la posibilidad de reelegirse a un cargo público es algo limitado en unos países y que ha sido objeto de controversiales reformas en otros. Pero en todo caso es un tema álgido que suele generar fuertes debates cuando aparece en la agenda política.

Y es lo que pasa actualmente en Bolivia. El presidente Evo Morales coquetea con la idea, pero no termina de confirmar que sí buscará un nuevo período en el poder.

Quién mejor que el vicepresidente boliviano, señalado de ser su más cercano aliado, para aclarar qué pasa por la mente del mandatario.

"La nueva Constitución de 2009 habilita (…) a una segunda reelección si el voto ciudadano le permite. Entonces constitucionalmente no hay ninguna limitación para que el presidente Morales acuda a las urnas en el 2014", señaló Álvaro García Linera en entrevista en Londres con BBC Mundo.

El vicepresidente de Bolivia evita confirmar algo que probablemente haga Morales en un futuro, pero sí muestra claramente su opinión.

"Es importante que el presidente Morales continúe en el proceso, porque desmontar las estructuras de discriminación que han prevalecido en Bolivia durante siglos no se hace en dos o tres años", aseveró.

Pero, el presidente boliviano no tiene "dos o tres años" en el poder. Asumió como mandatario en enero de 2006, pero tras haberse reformado la constitución en 2009 sus partidarios dicen que apenas ahora está en el primer año de gobierno.

Sus críticos dentro de Bolivia, por ende, alegan que ya tuvo un primer mandato, que se encuentra en medio del segundo y que el tercero no está permitido legalmente.

Sin embargo, en la dirigencia del gobierno boliviano no hay dudas sobre las opciones.

"El presidente no está en campaña ni tomó la decisión, pero hemos reafirmado que la Constitución habilita y permite ir a la reelección", dijo a BBC Mundo García Linera.

La reelección promete ser un nuevo episodio turbulento en la política boliviana.

El país goza hoy en día de una estabilidad no vista en la última década. Entre 2000 y 2005 hubo cinco presidentes, hasta que Morales fue elegido a la primera magistratura.

Y según García Linera, la continuidad del actual jefe de Estado es clave para "lograr los objetivos de justicia e igualdad en la sociedad boliviana".


En el salar de Uyuni se estima que Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo.
Pero para ello Bolivia necesita del gas, en especial el ingreso que se deriva de su explotación.

El país hasta el momento ha sido catalogado como una potencia gasífera en el continente, pero un estudio efectuado por una consultora privada y comisionado por el gobierno reveló hace algunas semanas que en el subsuelo boliviano habría apenas un tercio de las trillones de toneladas de gas natural que se creía.

¿Peligra entonces la estructura de gasto social que emprende Morales? No, dice García Linera.

"Bolivia tiene mucho gas, pero sólo se ha explorado un 5% del territorio potencialmente gasífero (…) y queremos llevar adelante una política agresiva para explorar al menos 40% del territorio gasífero", afirma.

La diferencia de lo que se creía había en reservas de gas impactó al país, sobre cuando el informe de la consultora Ryder Scott reveló que los 26,7 trillones de pies cúbicos de gas natural que se estimó en 2004, realmente eran 8,35 trillones de pies cúbicos, es decir, menos de un tercio.

El vicepresidente boliviano dice saber por qué semejante diferencia de valores entre el gas que se creía que había y el que aparentemente hay.

"Las empresas inflaron las cifras para elevar sus acciones en la bolsa de valores", aseveró aludiendo (pero no señalando directamente) a los inversionistas extranjeros que explotaron el gas antes de la nacionalización decretada en 2006.

"Nosotros no necesitamos inflar los precios, hemos sincerado las reservas hasta ahora encontradas. Pero paralelamente tenemos otras riquezas, como litio (…), hierro, oro y un sector agrícola con grandes capacidades de abastecer de alimentos al continente y al mundo", asegura .

Bolivia tiene importantes contratos de exportación de gas con Argentina y Brasil, y el recurso natural ha atraído a empresas europeas, venezolanas, chinas, rusas e iraníes. Eso, además del consumo interno que precisa de uno de los países más pobres del continente.

Y aunque el gobierno se apura para garantizar el suministro a futuro, la situación del gas es seguida de cerca dentro y fuera del territorio boliviano.

(Fuentes:EFE, Red Erbol, y BBC-Mundo)

Chile:Tras el terremoto

EL PRESIDENTE PIÑERA APROVECHA LOS PLANES DE RECONSTRUCCIÓN PARA ANUNCIAR NUEVAS PRIVATIZACIONES Y DEJAR AL EJÉRCITO EN LAS ZONAS AFECTADAS. CONTINÚA LA OLEADA DE DESPIDOS SIN INDEMNIZACIÓN

Más de ocho mil personas fueron despedidas a causa del terremoto en Chile. La Región Metropolitana y Bío Bío son las más afectadas por los despidos. Las empresas se ampararon en el artículo 159 del Código Laboral para despedir a los trabajadores. El Gobierno asegura que intenta frenar el desempleo en las zonas castigadas, pero los despidos no cesan.

Según cifras reconocidas por el Ministerio de Trabajo, son ya ocho mil cuatrocientas las personas desempleadas a causa del terremoto. La mayoría de las empresas se ampararon en el artículo 159 del Código Laboral. Éste artículo faculta a las empresas a despedir a sus trabajadores por "causas de fuerza mayor". Además, estipula que los despedidos no tienen derecho a indemnización.

Las zonas más afectadas son la Región Metropolitana donde la cifra llega a las 3.651 desvinculaciones. En tanto, en Bío Bío los despidos por este motivo ascendían a 3.450.

La Ministra del Trabajo, Camila Merino, anunció que la semana próxima el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para "atenuar la cantidad de despidos en las zonas devastadas".

Piñera analiza privatizar empresas para la reconstrucción

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que analiza la privatización de las empresas estatales del país. Es una de las posibles medidas para financiar la reconstrucción, tras el terremoto del pasado 27 de febrero. Piñera señaló que analiza el caso de algunas empresas, aunque remarcó que la Corporación del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no se encuentran entre las empresas que pueden ser privatizadas.

El mandatario hizo las declaraciones en la Televisión Nacional. Allí expresó que el comienzo de su mandato ha sido difícil ya que debió hacer frente a los estragos del terremoto de 8,8 grados Ritcher que azotó al país.

Al mismo tiempo, Piñera destacó que otra de las medidas que permitirá recaudar fondos para la reconstrucción son los ajustes en materia tributaria. Aunque señaló que esto no afectará a las personas ni a las pequeñas y medianas empresas.

Además, hizo referencia a la austeridad fiscal, la reasignación de recursos que no sean prioritarios y el uso de los ahorros de Chile en el exterior. Piñera estimó que la reconstrucción le costará a Chile unos 30 mil millones de dólares, lo que equivale al 17% de su Producto Bruto Interno.

Y planteó que el proceso constará de 3 etapas. La primera es la emergencia y se espera que finalice a fin de mes. Luego hay una etapa de 6 meses durante el otoño e invierno, y finalmente será la etapa de la reconstrucción total hasta el fin de su mandato.

Los militares seguirán en las zonas afectadas

El gobierno chileno mantendrá militares en las zonas afectadas por el terremoto de febrero para que colaboren en tareas humanitarias, a pesar de poner fin al estado de excepción que limita algunas libertades públicas.

La edición digital del diario La Nación destaca este jueves que la decisión del presidente Sebastián Piñera de no renovar el estado de catástrofe decretado a comienzos de marzo en las zonas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero último. En tanto, ratificó que las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, del Maule, el Biobío y La Araucanía, siguen declaradas como zonas afectadas con el fin de facilitar la implementación de los planes de ayuda. En ellas se mantendrá la presencia del contingente de las Fuerzas Armadas para que siga colaborando en labores humanitarias de apoyo y ayuda a la población afectada.

Además, recalcó Piñera, para que faciliten la reconstrucción de lo destruido por el terremoto y el maremoto, tarea que durará años.

Según se reportó ayer, el seismo de 8,8 grados en la escala de Richter y el tsunami que le siguió dejaron 432 muertos y 98 desaparecidos, 800.000 damnificados y pérdidas materiales cuya recuperación demandará 30.000 millones de dólares, el equivalente al 17 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por otro lado, más de 200.000 viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas, 2. 750 escuelas inhabilitadas y 35 hospitales inutilizables. A ello se suma la pérdida de unos 20.000 empleos en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, tardarán entre tres o cuatro años en recuperarse.


(Fuentes: Agencia PÚLSAR y Prensa Latina)

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.

En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.

El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad

Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.

Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)