México-EE.UU-Canadá

LA CUMBRE DE GUADALAJARA NO HARÁ NADA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES DE LA REGIÓN Y SE REÚNE BAJO LA SOMBRA DEL RETORNO DEL GOLPISMO Y LAS REPÚBLICAS BANANERAS PARA IMPEDIR LAS REFORMAS

La Cumbre de Líderes de América del Norte, que se abrió este domingo en Guadalajara, México, no aportará soluciones a los problemas de la región, según opinan expertos locales.

La cumbre reúne a los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, Barack Obama, junto al premier canadiense, Stephen Harper, en una cita donde el golpe en Honduras es "tema prominente".

Entre los asuntos que "aún no se plantean soluciones conjuntas son migración y superación de la crisis económica, como zona comercial, principalmente", opina la directora del Centro de Análisis Económico del prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, Leticia Armenta. "Son asuntos que afectan a las tres economías", dice la investigadora.

Calderón, Obama y Harper cerrarán este lunes la Cumbre en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde el domingo hablaron de narcotráfico y migración. Este lunes los tres abordaban temas centrales de la cumbre, ente ellos seguridad, crisis económica y la pandemia de gripe A, en el marco de la revisión de las agendas multilaterales en medio de una crisis financiera que ha retrasado las conversaciones y alentado un proteccionismo económico duramente criticado por grupos empresariales.

Los expertos consideran que Calderón, Obama y Harper "deben iniciar un diálogo para conformar un plan económico que atraiga las inversiones y la derrama económica que China dará en los próximos años".

Obama impuso su agenda a Calderón

Los mandatarios de Estados Unidos, Barack Obama, y México, Felipe Calderón, se reunieron en la Cumbre de América del Norte, sin lograr darle respuesta a los problemas más apremiantes. Obama priorizó dos cuestiones en la agenda bilateral con el anfitrión, Felipe Calderón, salud y energía, desplazando el asunto de la reforma migratoria.

Aunque las primeras reuniones del domingo se mantuvieron a puertas cerrada, el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, dio a la prensa un panorama general de las conversaciones. Según sus declaraciones, Obama reiteró que los primeros asuntos de importancia ahora en el Congreso de su país serán las reformas en materia de salud y energía, y quizás para fin de año se analice la migratoria, que ahora mismo no es para EE.UU la más urgente.

Acciones de ambos países ante la crisis global, la pendiente modernización fronteriza, los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y el asunto de la seguridad sanitaria, eran los temas propuestos en la agenda entre las dos naciones fronterizas.

La Influenza A(H1N1) que azota fuertemente a la región, fue destacada por el temor de los gobiernos a un rebrote esperado para la temporada invernal. Por ello, en la declaración conjunta, habrá un anexo específico en el que se delineará la estrategia trilateral para enfrentar las diferentes dimensiones de la enfermedad y sus riesgos de contagio. Esto tendrá en cuenta no sólo lo que concierne a la cooperación de los sistemas de salud pública, sino las garantías para mantener el comercio, el transporte y el flujo de personas entre los tres países.

Sin embargo, miembros mexicanos que trabajan los mecanismos trilaterales de seguridad sanitaria hace cinco años, denunciaron que el acuerdo no prevé la cooperación de Canadá y Estados Unidos con México para asistirlo ante su evidente desventaja.

Calderón y Obama volvieron sobre el tema del conflicto hondureño y le dieron connotación de "prominente", aunque no se sabe en qué sentido- Esta semana el presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, visitó México.

Acuerdos que ya se conocen de antemano

No hay que esperar a que concluya la Quinta Cumbre de Líderes de América del Norte, la primera con presencia de Barack Obama, para saber que no habrá ningún impedimento para que se apruebe un convenio para que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá den entrenamiento básico a 1.500 policías federales de México. El borrador del documento final de la cita, aún pendiente de ser aprobado, señala que se reforzarán los lazos en esta materia "para hacer frente a la delincuencia organizada que tiene alcances trasnacionales", según adelanta en su edición "on line" el diario local El Universal. En septiembre próximo, una delegación de funcionarios mexicanos visitarán las instalaciones, en Canadá, de la Real Policía Montada en Ottawa para abordar el tema de la profesionalización y el servicio de entrenamiento en áreas como la financiera y el tráfico de drogas ilegales, según las fuentes.

La reunión entre los mandatarios de los tres países de la región, que en 1994 crearon una zona de libre comercio (TLCAN o NAFTA en inglés) debatirá, además sobre el texto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a la luz del incumplimiento estadounidense del capítulo del transporte pesado transfronterizo, que tantos disgustos y reacciones de rechazo ha causado en México.

EE.UU. congeló los fondos del Plan Mérida en vísperas de la cumbre

La decisión dejó en suspenso la entrega a México de 100 millones de dólares. El envío de una parte de los fondos estadounidenses a México para la lucha contra el narcotráfico fue bloqueado por un influyente senador demócrata, tras rechazar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. La estrategia militar mexicana para combatir los carteles de la droga "no es suficiente" dijo como razón el oficialista Patrick Leahy, al explicar por qué frenó la entrega del dinero para la Iniciativa Mérida."Yo sigo apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, pero la sola estrategia militar no es una solución en el largo plazo ni tampoco está claro que puede lograr en el corto plazo", explicó Leahy, quien preside el subcomité senatorial que maneja las ayudas al exterior.

Anteriormente, Leahy impidió que el Departamento de Estado presentara al Congreso un informe en el que se alababa el respeto a los derechos humanos logrados por las fuerzas de seguridad mexicanas.Ese visto bueno era esperado para que el Congreso estadounidense liberara un 15% de los fondos destinados al plan. El 85% restante no depende de condición alguna.

Leahy se hizo eco de la preocupación expresada por varias organizaciones de derechos humanos por los excesos que cometidos por el ejército y la policía mexicana en su lucha contra los carteles de la droga, sobre todo en el norte del país.
"México necesita una fuerza de policía efectiva y un sistema de justicia que funcione", explicó Leahy en su comunicado y añadió que "mientras la demanda de drogas en EE.UU. y el flujo de armas hacia México continúe en estos niveles, será difícil neutralizar a los carteles".

La Iniciativa Mérida fue negociada en 2007 por el entonces presidente George W. Bush y contempla la entrega de 1.700 millones de dólares hasta el 2010.En abril pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, justificó en el Congreso el retraso de la liberación de fondos, asegurando que EE.UU. debe asegurarse de que el dinero reflejado se dedique a proyectos correctos, aunque reconoció cierto retraso burocrático.

México ya cuenta con la aprobación de los recursos para el 2009 y el 2010, que ascienden a 720 millones de dólares. El gobierno mexicano ha invertido unos 7.000 millones en su campaña militar contra los carteles de la droga.

Cumbre alternativa de los movimientos sociales

Aprovechando el momento, organizaciones y redes de la sociedad civil realizan actos paralelos para, de forma alternativa, participar en las discusiones de la Cumbre. Las entidades que integran las c ampañas "Sin Maíz no hay País" y "Vamos al Grano", además de la "Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio" (RMALC), entregarán una carta a los presidentes Barack Obama, Felipe Calderón y al premier Stepehen Harper. En la misiva, relatan la necesidad de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y presentan propuestas para una cooperación entre los pueblos que respete la soberanía, la dignidad y el desarrollo sustentable de las naciones.
Además de la entrega de la carta, las redes y organizaciones sociales realizan actividades paralelas al encuentro. La intención es debatir acciones que deberían ser llevadas a cabo por los presidentes para cambiar el futuro de la sociedad del Norte de América.

De acuerdo con la convocatoria de los "Eventos civiles alternativos frente a la Cumbre de América del Norte", el TLCAN no alcanzó los objetivos de desarrollo económico de los pueblos, y sí insistió en su modelo de explotación de los recursos naturales. "Se constatan más de medio millón de mexicanos obligados a emigrar a Estados Unidos cada año, y que reciben como respuesta un infame y vergonzoso muro fronterizo y los millones de pobres agravados por el neoliberalismo en contraste con un puñado de empresarios que viven en la más insultante de las opulencias", afirma el informe presentado a la contra-cumbre.

Para cambiar la realidad, la cumbre paralela discute sobre migración interna y externa de América Central hacia Estados Unidos; minería; defensa de los ríos; impacto de la política neoliberal, salud y seguridad social; y derechos humanos. Además, se realizan foros como el "Forum de la Reforma Laboral" y el "Intercambio Informativo y Reflexivo con Jóvenes sobre Violencia, Derechos Humanos y Medio Ambiente" o el "Forum Civil Trinacional Alternativo".

En la mañana del domingo,se celebró la "Marcha Otro Mundo Mejor es Posible. Contra el neoliberalismo, por la soberanía, por la paz, y por la autodeterminación de los Pueblos". "Demandamos a los gobernantes que atiendan los reclamos populares y comiencen a repensar integralmente las relaciones internorteamericanas en función de los intereses generales de la mayoría", comentan desde las organizaciones civiles.

(Fuentes:ANSA-Latina, Prensa Latina, BBC-Mundo y Adital)

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.

En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.

El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad

Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.

Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS

Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.

Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas

El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.

"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".

Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares

Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.

En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.

El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.

El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que México “siga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

México:Derechos Humanos

MILES DE DENUNCIAS CONTRA LOS MILITARES EN OCHO AÑOS DE GOBIERNOS PANISTAS: TORTURAS,VIOLACIONES, DESAPARICIONES, DETENCIONES ARBITRARIAS, ROBOS Y AMENAZAS

Los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, reveló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que será presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y al ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

Una situación que persiste

El ombudsman mexicano considera que “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.

Ante los periodistas, Soberanes Fernández afirma que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones"

No obstante recuerda cómo cuando comenzó su trabajo al frente de la CNDH " ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno."

Sobre su relación con el Procurador General de la República (Fiscal General) Medina Mora, dice: " Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”. El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”. Preguntado si
con la llegada del Presidente Calderón notó algún cambio, responde:"Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal."

HRW denuncia impunidad militar

En su informe sobre 2008, Human Rights Watch también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.

En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.

El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos.

En México, "el sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos" Este problema, según la organización , responde a diversas causas, como corrupción, capacitación, recursos insuficientes y prácticas abusivas de la policía, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas. Por ello también "la tortura continúa siendo un problema generalizado", se asegura en el informe presentado a mediados de mes en Washington.

HRW asevera que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

Esta organización no gubernametal internacional anota que con frecuencia los niños son detenidos en condiciones deficientes en estaciones policiacas y otras instituciones. En muchas no tienen acceso a programas educativos.
También hace notar que el presidente Felipe Calderón desapareció la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que iba a investigar los abusos cometidos en la guerra sucia. Hasta hoy no se han obtenido avances significativos en las investigaciones.

En relación con los derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual, HRW asevera que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, y subraya incluso que algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a las normas internacionales.

El Plan México, para fortalecer a los militares

El Senado de EEUU aprobó en 2008 la Iniciativa Mérida (mejor conocida como Plan México) pero condicionándola. El senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean condicionadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policíacas de México. Otorgó 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos. “Durante años hemos capacitado fuerzas policíacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”, dijo Leahy.

El ejército y las policías mexicanas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos. Pero, pese a ello Bush firmó el Plan México de “ayuda militar”bajo el supuesto de que se trata de combatir al narcotráfico y la delincuencia.

Con el Plan México los EEUU , atan más al gobierno y al ejército para ser incondicionales a sus políticas. Los asesores militares norteamericanos conocen la enorme importancia que tiene que el ejército, apoyado por el gobierno, esté ocupando decenas de estados de la República y miles de poblados. Un ejemplo: En Mérida,Yucatán el martes 13 de marzo de 2007, el ejército disfrazado de policía custodiaba la ciudad porque Bush y Calderón estaban reunidos en la hacienda Temozón Sur firmando ese Plan México. Los soldados reprimieron y encarcelaron, con gran brutalidad, a 48 jóvenes y adultos que protestaban contra la presencia del presidente 'gringo'.

Mérida es la ciudad capital del estado de Yucatán. Cuenta con 900 mil habitantes de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza y la miseria; es una de las ciudades más conservadoras de la República en las que las protestas políticas son escasas y de muy poca participación. Por eso Calderón escogió a esta ciudad, a mil 500 kilómetros de la Ciudad de México, para recibir a Bush.

El Plan México puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar a la sociedad civil frente al sector militar. El plan de “cooperación” se basa en entregar el primer año 400 millones de dólares, 350 millones a México y 50 millones a Centroamérica.

El Plan se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción.

El Plan Colombia ha demostrado que estos planes disfrazados de ayuda son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico. El plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Sin embargo ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza.

Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos directos del ejército en México durante más de 18 meses, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

Hay que reconocer que sí hay combate contra el narcotráfico pero buscando la espectacularidad y la publicidad; sin embargo la realidad dice otra cosa: encarcelamiento de cientos de humildes indígenas que por desempleo, hambre y miseria se ven obligados a colaborar como asalariados; pero, por otro lado, protección militar y policíaca abierta a los más altos jefes del narcotráfico. Mientras tanto se construye, como en Colombia, la teoría de la unión del narcotráfico con la guerrilla o con las luchas campesinas y ciudadanas de masas como las de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.

(Fuentes: ANSA-Latina, Infodemex, La Jornada-México y Alainet)

México: Corrupción policial

EL REINO DE LA IMPUNIDAD CRIMINAL

Por Joaquim Ibarz (*)

El brutal secuestro y asesinato por una banda de policías de un joven de 14 años ha provocado la rabia e indignación de los mexicanos. "¡Basta ya!", proclaman los ciudadanos que se sienten indefensos ante la impunidad de los criminales.

Aunque en México se producen cada año centenares de asesinatos y secuestros, la muerte de Fernando Martí puso en pie a una sociedad civil que pide justicia ante tanta impunidad. Decenas de agrupaciones e instituciones hacen oír su voz para que se ponga fin a las mafias organizadas o amparadas por los cuerpos de seguridad. Al conocer que los jefes de la policía que debían investigar el crimen de Fernando eran los capos de la banda de secuestradores, la desprotegida población no sabe a quién acudir.

Fernando Martí era un joven deportista de 14 años, aplicado en los estudios. Como hijo de un acaudalado empresario dueño de una cadena de gimnasios y tiendas de artículos deportivos, el muchacho vivía con todos los peligros que implica pertenecer a una familia acaudalada en un país que está a merced de la delincuencia. Sus padres, conscientes de la inseguridad que reina en el país, pusieron a disposición de Fernando un coche blindado, un chofer y un guardaespaldas. No fue suficiente. El pasado 6 de junio fue secuestrado en un falso retén policial.

Durante casi dos meses, los padres del chico padecieron la angustia de tratar de negociar el rescate con los secuestradores. No dieron parte a la policía porque no se fiaban de las complicidades de agentes y maleantes. Como suele hacerse en este país, contrataron a un negociador privado. Desesperados por la falta de resultados, finalmente acudieron a las autoridades. Tras pagar un cuantioso rescate, pasaron semanas sin saber de la banda de secuestradores. Hasta el pasado 1 de agosto, cuando el cadáver de Fernando apareció en el portaequipajes de un vehículo abandonado. Fue el olor del cuerpo en descomposición lo que llamó la atención de los vecinos e hizo que se abriera el maletero del automóvil. Hacía más de un mes que el joven había sido secuestrado.

Doce muertos en una redada a la discoteca News Divine

Los asesinos de Fernando pertenecen a la misma policía de la capital que en una redada provocó doce muertes (nueve jóvenes y tres uniformados) en la discoteca News Divine, frecuentada por chicos de familias humildes. Con el brutal operativo tan sólo se buscaba robar a los chicos y extorsionar a sus padres para que pusieran en libertad a los hijos sin cargos inventados. La tragedia del News Divine destapó una cloaca de corrupción, impunidad, insensibilidad y brutalidad policial, y puso en evidencia la baja calidad humana y profesional de los funcionarios políticos y policiales. Fueron 24 horas de horrores para los muchachos detenidos. Hubo vejaciones a las chicas, golpes a menores, malos tratos.

El dramático desenlace del secuestro de Fernando indignó a México y volvió a poner los reflectores sobre el enemigo número uno que enfrenta el gobierno para combatir al crimen: la corrupción dentro de la policía, aunada a su ineficiencia. En el secuestro de Fernando estuvieron implicados varios policías; la falta de comunicación entre los cuerpos de seguridad capitalinos y federales complicó la investigación.

La red de corrupción de la policía de la capital provoca pavor. El analista Pablo Hiriart escribe en el diario "Excelsior" que los hechos muestran que Marcelo Ebrard, alcalde del Distrito Federal (DF), "está rodeado de criminales, no se puede creer que el edil no sabía nada de que los mandos de la policía judicial son los cabecillas de los secuestros y de la delincuencia".

José Luis Romero Ángel, comandante de la Policía Judicial de la capital, está acusado por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Hace menos de dos meses fue ascendido como comandante en jefe de la policía judicial. El alcalde Marcelo Ebrard y el en aquel entonces fiscal general de la capital, Rodolfo Félix, felicitaron a Romero como agente ejemplar cuando el adolescente ya había sido secuestrado por su banda.

El secuestrado está condenado a muerte

No sólo la policía está corroída por la corrupción, ya que el sistema judicial también está penetrado por los criminales. La sociedad está conmocionada por la muerte del joven Martí. Este crimen ha provocado un clamor de peticiones para que se castigue a jueces, fiscales y policías que están al servicio del hampa. María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada por la madre de un secuestrado asesinado, exige un "compromiso de Estado" para que las autoridades se pongan de acuerdo para atender el incremento de los secuestros y el salvajismo con que ahora operan los secuestradores. "Ya no es tan sólo la mutilación, quien es secuestrado está de antemano condenado a la pena de muerte", señala Morera.

La condena de la sociedad civil a la policía, que se sirve de la información interna para planear sus desmanes, es unánime. Los políticos intentan aparentar que hacen algo para combatir a la delincuencia. Alguno incluso pidió que se reinstaure la pena de muerte. La propuesta es un auténtico disparate en un país con un sistema judicial tan corrupto y politizado, que obliga a purgar condena a muchos inocentes, encarcelados por la misma policía que protege a los grandes delincuentes y que en algún momento necesitaron un chivo expiatorio.

La industria del secuestro florece no porque sean pocos los años de prisión para un secuestrador (a los de Fernando Martí les corresponderían, en caso de ser sentenciados, por lo menos 50 años), sino porque los criminales saben que es muy baja la probabilidad de que sean atrapados y sentenciados. La cadena perpetua no cambiaría esta ecuación. Como no lo ha alterado el aumentar las penas para este crimen. El secuestro y asesinato del joven Martí tuvo que convertirse en escándalo mediático para que se destapara la cloaca de la policía judicial.

Muchas veces se ha dicho que hay que profesionalizar a la policía, pero nada cambia. No se ha podido construir ni un cuerpo de élite para atender los crímenes más odiosos. Tienden a corromperse muy rápido.

Sólo se denuncia un secuestro de cada cinco

En 2007 se denunciaron en México 751 secuestros, un 60 % más que en 2006. En 2008 el incremento es aún mayor. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es comunicado a las autoridades. La familia no los denuncia por el temor a las complicidades entre malhechores y policías. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438 secuestros; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y aún más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.

El flagelo afecta ya a todos los niveles sociales. Según un informe oficial de la fiscalía general de la República, dos mexicanos son secuestrados en promedio cada día. El delito se ha incrementado a nivel nacional 9.1 por ciento entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo de 2007. El Distrito Federal, el estado de México, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Michoacán son los puntos del país donde se registran más crímenes de este tipo.

Marcelo de Fuentes, director de la encuestadora Merc GfK, afirma que un mexicano de cada tres ha sufrido en carne propia los embates de los delincuentes. También asegura que las cifras oficiales de secuestros están muy por debajo de la realidad; según él, en el último año se habrían cometido cerca de siete mil secuestros en todo México.

Un Estado impotente frente a la delincuencia

Las autoridades federales, las de los estados y las de los municipios, son las principales responsables del crecimiento de la delincuencia, con su secuela de crueldad y terror. La complicidad de la policía con narcotraficantes y secuestradores afecta a muchas ciudades mexicanas. El resultado de esta suma de ineptitudes y complicidades es un Estado impotente frente a la delincuencia organizada, y ante la desorganizada también. Las críticas a los policías -no sólo ineficientes, sino criminales y desleales, al servirse de los datos internos para planear sus desmanes- es unánime, sin distinción de partidos. En Jalisco hubo otro caso terrible en el que un jefe policial fue parte activa del delito. Toda la familia Bautista Campos fue asesinada por orden del policía que negociaba el pago de un secuestro. No se salvaron ni los tres niños. Al darse cuenta de que había más dinero del ya abonado, el comisario decidió buscar un mecanismo atroz para obtenerlo.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, comentarista del diario "Reforma", señala que una posible razón de la incapacidad para mejorar la policía "es la falsa confianza, sobre todo en los grupos más influyentes, de que a nosotros no nos va a pasar lo que a otros". El analista recalca que una policía corrupta tiene sus ventajas: "Cuando un hijo de alguien influyente mata por exceso de velocidad y alcohol a un peatón inocente, es muy poco probable que pase algunos años en la cárcel, como sucedería en un país donde las policías sí funcionan".

El presidente Felipe Calderón se subió al carro del populismo al pedir cadena perpetua a los secuestradores de menores y a los criminales que son policías o ex policías. Pero ni la pena de muerte ni el endurecimiento de sanciones para determinados delitos van a resolver el problema del aumento de la criminalidad, que tiene su principal origen en la impunidad de la que gozan los delincuentes. El problema en México es de impunidad, no de contar con leyes más rígidas. La criminalidad aumenta por la corrupción de jueces, magistrados y policías. Aunque hay funcionarios honestos, resultan horripilantes los grados de vileza que se acumulan en juzgados, fiscalías y comisarías.

"Investigan a mi familia, incluso a un hijo con síndrome de Down, por denunciar a funcionarios secuestradores"

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señala con dedo acusador: "Cuando yo denuncié a funcionarios por estar involucrados con secuestradores, el investigado fui yo junto con mis hijos, entre ellos Juan José, que tenía 16 años y síndrome de Down. Persiguen a mi familia en lugar de investigar las denuncias, formuladas incluso por secuestradores detenidos que declararon haber sido extorsionados por funcionarios". Ortega Sánchez dice que desconoce cuántos secuestradores operan en la Ciudad de México, pero sabe bien que muchos actúan con protección policial. "Ya habíamos presentado una denuncia contra la banda que, haciendo pasar a sus miembros como policías judiciales, secuestraba sin correr ningún riesgo. No descarto que este grupo sea el mismo que privó de la libertad y de su vida a Fernando Martí", dice Ortega.

Los mexicanos se preguntan cómo es posible que, en el caso del secuestro y asesinato del joven Martí, hayan podido confabularse policías para montar un retén en plena capital, justo en el tiempo y el lugar por el que iba a pasar su víctima. Existe la certeza de que una extensa red de uniformados está colaborando para delinquir. ¡Desde los propios despachos de los comisarios preparan los delitos!

El articulista Martín Moreno se muestra indignado en el diario "Excelsior" al denunciar sin tapujos: "Tenemos una policía preventiva del DF corrompida y desprestigiada. Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales". El comentarista aún se muestra más duro al señalar la negligencia del alcalde capitalino: "Esta criminalidad sin control es la consecuencia de tener un alcalde, Marcelo Ebrard, empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de dedicar recursos e inteligencia a construir policías más eficaces y confiables".

Los interrogantes sin respuesta son muchos. ¿Por qué México, como hacen la gran mayoría de países, no prohíbe la compra de bienes inmuebles o de automóviles en efectivo? ¿Por qué en México se siguen vendiendo celulares de prepago sin una identificación confiable del comprador? ¿Por qué no se limita el uso de efectivo en ciertas transacciones? Todo contribuye a la impunidad, sin que el presidente, el Congreso, los gobernadores y las autoridades locales hagan algo.

En México no existe una policía nacional

Los delincuentes tienen una gran ventaja inicial al no existir en México una policía nacional. Cada municipio tiene su propio cuerpo de seguridad, sin que se haya creado una base confiable de datos para identificar a los agentes con antecedentes penales y, cotejando antecedentes, evitar que sean contratados por otra corporación en el estado vecino o en la ciudad más cercana. Tampoco existe una eficaz coordinación entre entidades. Simplemente basta con cruzar una frontera estatal o trabajar en otra población para que se pierda la pista de los criminales. Por otro lado, el secuestro no está considerado como delito federal, por lo que sólo la policía local puede investigar este tipo de fechoría. La Agencia Federal de Investigación (AFI) puede intervenir en el caso de que los familiares requieran su ayuda sin que hayan metido mano los agentes municipales.

Todo este desbarajuste policial contribuye a que la probabilidad de impunidad sea de 98.7%. Al tener la certeza los criminales de que no hay riesgo de ser detenidos y juzgados, los criminales no dejarán de delinquir por la simple amenaza de que se aumentan las penas de cárcel. Ni piensan en que pueden acabar entre rejas ya que sólo una ínfima parte recibe una condena. En México se denuncia sólo uno de cada ocho delitos, y de los casos conocidos sólo el 10% culmina en sentencia.

Decepciona el presidente Felipe Calderón

El presidente Felipe Calderón decepcionó cuando al proponer cadena perpetua a los secuestradores no hizo ninguna referencia a la red de complicidades de jueces y policías. Buscó el aplauso fácil, sin combatir las causas de tanta delincuencia.

Los políticos no toman medidas efectivas para crear un cuerpo policial honesto porque hacen lo que les resulta más rentable y visible. Es más sencillo impulsar una reforma legal para ampliar las penas de los malhechores, que la construcción de cuerpos policiales efectivos.

"La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad. La condena perpetua no sirve, pero se oye bien", escribió el comentarista Jorge Zepeda Patterson en el diario "El Universal".

Según Zepeda Patterson, dar más poder a los cuerpos de seguridad sobre la sociedad "es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes".

(*) Joaquim Ibarz es corresponsal de La Vanguardia en México. Este artículo fue publicado en ese diario catalán este 11 de agosto.