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20.2.09

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS


Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.


Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas


El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.
"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".
Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares


Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.
Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.
También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.
El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que Méxicosiga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

28.1.09

México:Derechos Humanos

MILES DE DENUNCIAS CONTRA LOS MILITARES EN OCHO AÑOS DE GOBIERNOS PANISTAS: TORTURAS,VIOLACIONES, DESAPARICIONES, DETENCIONES ARBITRARIAS, ROBOS Y AMENAZAS



Los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, reveló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que será presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y al ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

Una situación que persiste


El ombudsman mexicano considera que “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.

Ante los periodistas, Soberanes Fernández afirma que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones"

No obstante recuerda cómo cuando comenzó su trabajo al frente de la CNDH " ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno."

Sobre su relación con el Procurador General de la República (Fiscal General) Medina Mora, dice: " Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”. El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”. Preguntado si
con la llegada del Presidente Calderón notó algún cambio, responde:"Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal."

HRW denuncia impunidad militar


En su informe sobre 2008, Human Rights Watch también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos.

En México, "el sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos" Este problema, según la organización , responde a diversas causas, como corrupción, capacitación, recursos insuficientes y prácticas abusivas de la policía, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas. Por ello también "la tortura continúa siendo un problema generalizado", se asegura en el informe presentado a mediados de mes en Washington.

HRW asevera que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

Esta organización no gubernametal internacional anota que con frecuencia los niños son detenidos en condiciones deficientes en estaciones policiacas y otras instituciones. En muchas no tienen acceso a programas educativos.
También hace notar que el presidente Felipe Calderón desapareció la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que iba a investigar los abusos cometidos en la guerra sucia. Hasta hoy no se han obtenido avances significativos en las investigaciones.
En relación con los derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual, HRW asevera que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, y subraya incluso que algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a las normas internacionales.

El Plan México, para fortalecer a los militares



El Senado de EEUU aprobó en 2008 la Iniciativa Mérida (mejor conocida como Plan México) pero condicionándola. El senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean condicionadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policíacas de México. Otorgó 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos. “Durante años hemos capacitado fuerzas policíacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”, dijo Leahy.
El ejército y las policías mexicanas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos. Pero, pese a ello Bush firmó el Plan México de “ayuda militar”bajo el supuesto de que se trata de combatir al narcotráfico y la delincuencia.

Con el Plan México los EEUU , atan más al gobierno y al ejército para ser incondicionales a sus políticas. Los asesores militares norteamericanos conocen la enorme importancia que tiene que el ejército, apoyado por el gobierno, esté ocupando decenas de estados de la República y miles de poblados. Un ejemplo: En Mérida,Yucatán el martes 13 de marzo de 2007, el ejército disfrazado de policía custodiaba la ciudad porque Bush y Calderón estaban reunidos en la hacienda Temozón Sur firmando ese Plan México. Los soldados reprimieron y encarcelaron, con gran brutalidad, a 48 jóvenes y adultos que protestaban contra la presencia del presidente 'gringo'.

Mérida es la ciudad capital del estado de Yucatán. Cuenta con 900 mil habitantes de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza y la miseria; es una de las ciudades más conservadoras de la República en las que las protestas políticas son escasas y de muy poca participación. Por eso Calderón escogió a esta ciudad, a mil 500 kilómetros de la Ciudad de México, para recibir a Bush.


El Plan México puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar a la sociedad civil frente al sector militar. El plan de “cooperación” se basa en entregar el primer año 400 millones de dólares, 350 millones a México y 50 millones a Centroamérica.

El Plan se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción.

El Plan Colombia ha demostrado que estos planes disfrazados de ayuda son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico. El plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Sin embargo ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza.

Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos directos del ejército en México durante más de 18 meses, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

Hay que reconocer que sí hay combate contra el narcotráfico pero buscando la espectacularidad y la publicidad; sin embargo la realidad dice otra cosa: encarcelamiento de cientos de humildes indígenas que por desempleo, hambre y miseria se ven obligados a colaborar como asalariados; pero, por otro lado, protección militar y policíaca abierta a los más altos jefes del narcotráfico. Mientras tanto se construye, como en Colombia, la teoría de la unión del narcotráfico con la guerrilla o con las luchas campesinas y ciudadanas de masas como las de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.

(Fuentes: ANSA-Latina, Infodemex, La Jornada-México y Alainet)

23.7.08

México: Derechos Humanos

NUEVAS DENUNCIAS DE TORTURAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y OTRAS VIOLACIONES COMETIDAS POR MILITARES DESDE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE CALDERÓN



Un informe presentado por diversas organizaciones de Derechos Humanos, da cuenta de las reiteradas violaciones cometidas por militares mexicanos desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia. La investigación publicada, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, analiza las políticas de seguridad del Gobierno de México. El informe relata que siete civiles perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos "por actos de tortura, detención arbitraria, incomunicación y allanamiento de morada, realizados en su contra por efectivos militares".
Según el Defensor del Pueblo Mexicano, José Luis Soberanes Fernández, se trató de "hechos que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando".
La mayoría de estos hechos ocurrieron en operativos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se trató de hechos que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando.
El texto afirma que "Con la llegada del Presidente Felipe Calderón al poder en México en diciembre del 2006, se puso en marcha numerosos operativos militares de seguridad pública en territorio mexicano".
Explica que "Tales operativos buscaban atacar al crimen organizado, incluso al narcotráfico, así como reducir la inseguridad en diversos estados, mandando el Ejército para llevar a cabo tareas jurídicamente reservadas a la policía".
También detalla que los "militares han realizado patrullajes y han operado retenes ubicados en carreteras y a la entrada de diversas ciudades para revisar automóviles y personas en el marco de operativos en los que participan miles de soldados mexicanos".
Según el informe "en el contexto de los operativos militarizados se han disparado los niveles de violaciones a los derechos humanos de los civiles por parte de elementos militares, las cuales casi siempre permanecen en la impunidad".

Nuevos casos denunciados


A comienzos de mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció ocho nuevos casos de abuso y tortura cometidos por militares que participan en operativos de combate al narcotráfico, y llamó al Ejecutivo a fijar una fecha para que los soldados dejen de realizar labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles.
Entre las violaciones, que el organismo atribuyó en parte a la ignorancia del marco jurídico, destaca el caso de un inmigrante que al parecer fue confundido con un traficante de drogas por los militares que lo detuvieron y torturaron mediante la introducción de astillas de madera en las uñas de pies y manos.
En un hecho ocurrido el 7 de junio del 2007 en el desierto del estado de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, a un hombre identificado como José Fausto Gálvez Munguía también le introdujeron un tubo a la boca para obligarlo a ingerir una bebida alcohólica que le provocó vómitos. Fue abandonado inconsciente en el desierto, aunque sobrevivió.
Otros tres casos ocurrieron en el estado occidental de Michoacán entre junio y octubre del 2007, cuando los militares allanaron casas ydetenciones efectuaron arbitrarias.
En dos casos torturaron con choques eléctricos en los testículos a dos hombres y en un tercero, otro hombre recibió descargas en el estómago. Según el informe, algunas de las torturas se realizaron en instalaciones militares. En ellas, el señor Jesús Picazo Gómez fue desnudado, golpeado y le dieron choques eléctricos en el estómago.
Otros casos denunciados tuvieron lugar en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, donde los militares dispararon contra autos de civiles que consideraban sospechosos.
La CNDH informó que una de las agresiones en Sinaloa, en la que murieron cuatro personas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le comunicó que iniciaron proceso contra un teniente, un cabo y tres soldados. En los otros casos, las fuerzas armadas no han respondido.
"Consideramos urgente una intensa cruzada educativa y de capacitación al interior del ejército, que comprometa a la tropa, jefes y oficiales, a respetar siempre la ley", dijo el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, al presentar los casos y añadió que "el ejército no puede actuar como los delincuentes".
Reconoció que la violencia vinculada con el narcotráfico se ha incrementado y sería "una imprudencia" retirar a los militares del combate contra el flagelo, pero afirmó que el presidente debe fijar una fecha para que eso ocurra.
La CNDH, informó que desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha el organismo ha recibido 983 quejas contra el ejército, el 75 por ciento de las cuales están relacionadas con los operativos contra el crimen en los que participan las fuerzas armadas.

La Policía será investigada por torturas

La Defensoría de los Derechos Humanos de México investigará la utilización de métodos de tortura en entrenamientos de la policía de todo el país.La investigación fue anunciada tras el escándalo suscitado por la emisión de un vídeo grabado en la comisaría de la ciudad de León (Guanajuato) en el que se registraron imágenes donde un grupo especial de la policía, es sometido a diversas vejaciones.
En el video se puede observar que los 26 oficiales responden a las órdenes de un instructor que habla inglés y entre otras cosas, los obliga a revolcarse en lo que parece su propio vómito.
También se ve cómo dos agentes meten la cabeza de otro en un recipiente que estaría lleno de excremento y después le ponen en la nariz una botella con agua gasificada para que sienta que se está ahogando.
Las autoridades locales justificaron las torturas diciendo que buscaban entrenar a los agentes para enfrentarse a situaciones difíciles y manejar el estrés.






"El gobierno debe una explicación sobre curso para torturar"



El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que el gobierno federal y autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial sobre “el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base de técnicas brutales se puedan mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes”.
Lo que hasta el momento han dicho las autoridades, añadió en entrevista, es que “no son entrenamientos para que practiquen la tortura, sino para preparar a los policías en caso de que sean víctimas de tratos duros si caen en poder de mafiosos, pero esa explicación genera muchas dudas e interrogantes. Lo que observamos en la cinta puede servir tanto para uno como para otro objetivos. Si lo que se busca es capacitar a los agentes, no creemos que de esa manera se logre”.
El video, a juicio de HRW "genera no sólo interrogantes, sino dudas serias respecto del compromiso de las autoridades federales para mejorar el rendimiento de los policías”.
Vivanco añadió que “hay una línea divisoria muy tenue entre capacitar para resistir tortura y entrenar para que torturen. Es muy difícil hacer una diferencia. Es jugar con fuego, especialmente tratándose de fuerzas policiales que no tienen mecanismos de control externos ni internos”.
" Por ello, que se diga que ese entrenamiento no es para que torturen a los detenidos, sino para que resistan, es difícil de entender”.
Vivanco cuestionó también que “ya se ha hecho práctica común, utilizada por militares y policías, desnudar a detenidas. Todo eso genera grandes preocupaciones. ¿Para qué desvestirlas? Parece un patrón generalizado en el trato que dan soldados y agentes a los arrestados. No entendemos cuál es la explicación”.
El director de HRW insiste en que las violaciones a los derechos humanos por militares “deben ser sancionadas de manera ejemplar. Las autoridades castrenses deben asumir una actitud de que no van a tolerar esos delitos, sino que se va a investigar y sancionar a los responsables”.
Involucrar a los soldados en la lucha contra el narcotráfico “no parece ser la solución adecuada. Ordinariamente esa tarea la realizan los policías. Sin embargo, como desempeñan esa labor, hay que asegurarse de que la lleven a cabo de manera profesional, respetando los derechos humanos. Y cuando cometan abusos, sancionar a los responsables... No es noticia que los militares cometan gravísimas violaciones a los derechos. Lo relevante aquí sería que las denuncias del ombudsman terminen en investigaciones transparentes y creíbles, y que los responsables sean sancionados”.

(FUENTES: Agencia PÚLSAR, AP-El Dia-Texas, BBC-Mundo, La Jornada-México)

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