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9.7.14

EE.UU.-LATINOAMÉRICA

MILES DE NIÑOS CENTROAMERICANOS SE HACINAN DETENIDOS EN REFUGIOS Y BASES MILITARES, EN UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES NORTEAMERICANAS. DENUNCIAS DE MALTRATOS Y ABUSOS SEXUALES


 No es la primera vez que sucede, pero sí la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se ve desbordado. La llegada masiva de niños migrantes, mayoritariamente centroamericanos y en una gran mayoría hondureños, es ya una verdadera tragedia. Desde octubre de 2013 se calcula que más de 50.000 niños y adolescentes han cruzado cruzaron la frontera sur. El gobierno de Obama se ve desbordado y mantiene alojados a miles de estos pequeñosen condiciones de hacinamiento, sin una alimentación adecuada y en instalaciones poco adecuadas, como centros de refugiados y bases militares. Ya se han registrado denuncias por maltratos y abusos sexuales.
  Las imágenes que tomaron los medios que ingresaron a los centros de Brownsville (Texas) y Nogales (Arizona) amplificaron la dimensión del conflicto migratorio. Miles de niños duermen en el piso envueltos en cobertores de aluminio, y en lo que se asemejan a pajareras iluminadas por tubos fluorescentes, los más pequeños descansan unos sobre otros. Se ven también bebés con sus madres, baños químicos, integrantes de las patrullas fronterizas y muchos adolescentes solos. Ese es el principal problema. Que viajan sin la compañía de un mayor a Estados Unidos o con hermanos menores y ahora, la gran mayoría, espera por la deportación.
    Según la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU), una activa ONG que denuncia los atropellos contra los inmigrantes en proceso de ser deportados,denuncia “ la forma terrible de cómo los menores están siendo abusados sexual y físicamente, con agresiones verbales; no les dan tratamiento médico y obviamente los niños están en condiciones terribles e inhumanas. Es un problema que hemos documentado por años”, explicó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU.
“Había, por ejemplo, una chica de 16 años con un bebé de 2 años, y no le querían dar leche al niño. Otra chica tenía un ataque asmático y no era atendida”, agregó la representante de la ONG en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre, de Guatemala. Once mil niños detenidos en EE.UU. son oriundos de ese país.
Honduras es otra de las naciones más afectadas por la migración de sus menores indocumentados. La embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, lejos de aportar una solución civilizadora, declaró: “No tienen status legal para quedarse en los Estados Unidos. Y punto. No importa si son niños o adultos, serán deportados”. 
El consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, relevó que en esa ciudad había 1154 menores indocumentados, de los cuales 379 eran de ese país.  La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, constató que al menos en un centro de recepción, los menores “están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos. Es en el Centro McAllen de la Patrulla Fronteriza”.
  Los menores capturados en la frontera –se estima que por día unos 400 intentan entrar a EE.UU.–, son por lo general retenidos 72 horas en centros como los de Brownsville y Nogales. Muchos de ellos, vencido ese plazo ya son enviados a bases militares en California, Oklahoma y Texas. El 60 por ciento terminarán deportados, según la ONG Niños en Necesidad de Defensa (KIND). México, por donde necesariamente deben pasar los menores indocumentados, también deporta: 8577 fueron expulsados del país en 2013. En los primeros cuatro meses de este año, Estados Unidos tomó una medida semejante con niños mexicanos. Rechazó a unos seis mil.
Es un círculo vicioso que relató con agudeza el escritor hondureño Roberto Quesada, un especialista en temas migratorios y autor de la novela Nunca entres por Miami: “Estados Unidos debe recordar que Centroamérica no es Afganistán, ni Irak, ni esos países lejanos en donde se va a promover el caos, sino los vecinos inevitables, y ante la catástrofe local, el destino se llama Estados Unidos. Si continúan patrocinando y respaldando la antidemocracia, los fraudes electorales, la impunidad, entonces abran espacio que masivamente se moverán los centroamericanos hacia los Estados Unidos”.
Una bomba de tiempo
El padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los derechos de los emigrantes y director en México del albergue Hermanos en el camino, alerta de que si el gobierno de Estados Unidos elude darle un trato humanitario a la crisis de los niños migrantes no acompañados, ésta se le revertirá.“Esto es una bomba de tiempo. Se pueden quitar a los niños de enfrente y tomarse la foto, pero será un bumerán y será un problema social incontenible, no nada más para ese país, sino para toda la región”.
Solalinde, señaló que los gobiernos "lo asumen todo como una cuestión de seguridad y su perspectiva no es realmente humanitaria, sólo la revisten de humanitaria...el fenómeno de los niños migrantes no acompañados va a crecer, pero sólo los están exponiendo a la delincuencia, los están poniendo de pechito, los están entregando para que formen parte del crimen organizado”.

Estados Unidos viola sus propias leyes

La política del Gobierno de Estados Unidos de detener a niños y adolescentes migrantes no acompañados y someterlos a procedimiento inadecuado, como un largo período de reclusión, ha puesto a esos niños y niñas en peligro. La evaluación es de Human Rights Watch (HRW), organización estadounidense de derechos humanos, que sostiene que el Congreso debería proteger en vez de castigar a esa clase de migrantes. 
   El Gobierno de Estados Unidos estima que 90 mil niños no acompañados van a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante 2014, 10 veces más que en 2011.
"La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple normas internacionales”, evalúa Clara Long, investigadora de la HRW. "El Congreso debería explorar alternativas a la detención, como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en cruzamientos fronterizos de este tipo”, agrega Long.

   La legislación de Estados Unidos permite la detención de adolescentes por un lapso máximo de 72 horas. Sin embargo, el reciente aumento de jóvenes que llegan al territorio estadounidense no acompañados ha servido de justificación para detenciones más prolongadas, registrando casos de 10 días o de hasta dos semanas de privación de libertad. Después de ese período, los jóvenes son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

  Las normas internacionales de derechos humanos, sin embargo, prevén la detención, únicamente, como último recurso y por un período de tiempo corto. Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños y niñas, incluyendo daños que perduran más allá de los períodos de detención. Y los jóvenes no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.
De acuerdo con la organización, las actuales políticas de Estados Unidos que se aplican a quienes cruzan la frontera no cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los adolescentes en favor de sus intereses, ya que pueden ser víctimas de tráfico humano, ser refugiados, pueden enfrentar represalias de traficantes o de violadores de derechos cuando sean regresados. "A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio, ni tutores, aunque ambas cosas sean sugeridas por las normas internacionales”, señala HRW.

Medidas de cambio


En ese contexto, HRW solicitó al Gobierno de Estados Unidos que implemente alternativas a la detención para todos los adolescentes migrantes no acompañados, como por ejemplo ponerlos en libertad bajo supervisión de tutores aprobados o situando a los jóvenes en centros con pleno acceso a la educación, nutrición, saneamiento, integración social y esparcimiento adecuados. Pide también que se asegure que la detención sea aplicada solamente en casos excepcionales.
La organización defiende también que, en el caso que haya una real necesidad de detención, que se realice por el período más breve posible y que se efectúe en ambiente apropiado. Solicita además que el Gobierno  proporcione exámenes completos y justos a adolescentes migrantes proporcionados por un especialista en bienestar infantil. Se suma a esto la necesidad de asegurar que los jóvenes no acompañados, especialmente aquellos que necesitan asilo, reciban asistencia de abogado y tutor encargado de representar sus intereses.

Se piden medidas urgentes


   Desde Honduras se pide al gobierno estadounidense que se cumplan los derechos humanos de esos adolescentes, se vele por su libertad, integridad física, psíquica y moral. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavon Murillo, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la adopción inmediata y urgente de medidas cautelares en favor de más de 2 mil jóvenes en esas condiciones.
Según Murillo, entre esos adolescentes hay hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que se encuentran en diferentes casas de detención en Estados Unidos. Él entiende que tales detenciones no están reguladas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. "Esos niños hicieron el viaje en busca de sus padres que, de antemano, estaban radicados en Estados Unidos; muchos de ellos andan en busca de una oportunidad económica que les permita enviar dinero a casa”, afirmó en documento enviado a la CIDH.
"Los índices de pobreza todavía son perceptibles en los países centroamericanos, conocidos como los países del triangulo norte de América Central, donde mucha gente quiere huir de la violencia o del abuso”, complementó. Según él, se suma a esto el riesgo de tráfico de personas. "Lo que obliga a la solidaridad con esos países para evitar que continúe creciendo el delito amparado en la impunidad”, defendió Murillo.

Serán deportados

La Casa Blanca aseguró este lunes 7 de agosto que la "mayoría" de los niños inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos serán deportados.
Es "improbable" que estos niños "puedan cumplir los requisitos para la asistencia por razones humanitarias, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en una rueda de prensa.
Earnest aseguró que estas declaraciones no deben interpretarse como un intento de "juzgar de antemano" el resultado del proceso judicial que atraviesan estos menores y que se evalúa caso por caso.
El Gobierno estadounidense presentará  al Congreso su plan definitivo para acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera.
(Fuentes: Página12, La Jornada, Adital y BBC Mundo) 

27.6.08

Latinoamérica-UE

LATINOAMÉRICA EN PIE DE LUCHA CONTRA LA 'DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA'. LA OEA LA RECHAZA Y PIDE A LA UNIÓN EUROPEA RECAPACITAR ANTES DE APLICARLA
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó enviar una misión de "alto nivel" a Europa para negociar un trato mejor a los millones de latinoamericanos que se verán afectados por la nueva ley de deportación de inmigrantes.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien encabezará la delegación, dijo que el tema de la inmigración es "muy sensible" y "no puede ser enfocado solamente desde un punto de visto juridico", pues tambien debe ser tratado en el plano "económico-social". Insulza informó que la disposición adoptada por el Parlamento Europeo la semana pasada "es muy compleja desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos" y a modo de ejemplo criticó "los 18 meses de cárcel", llamada oficialmente por la UE "internamiento", que pueden padecer inmigrantes indocumentados "antes de su expulsión".
La resolución del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada por aclamación y contó con el respaldo de todos los países que integran el organismo, aunque con matices. Mientras el vicecanciller de Paraguay, Antonio Rivas, y los representantes de Venezuela y Bolivia, expresaron que la medida europea es "xenófoba y racista", la delegación de Costa Rica afirmó que América Latina tiene responsabilidad por la emigración de sus ciudadanos y pidió tratar el tema con "mesura". El representante de la Unión Europea, John Bruton, dijo que la resolución trata de construir "un marco" para unificar una política hacia los inmigrantes y las personas indocumentadas en particular. "Los inmigrantes son bienvenidos en Europa", aseguró Bruton y agregó que la Unión Europea está dispuesta a dialogar con la OEA sobre su política migratoria.

La resolución de la OEA también expresa la "preocupación" de los 34 estados miembros "por las leyes y medidas adoptadas por algunos estados que pueden restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes".
La OEA pedirá a la UE recapacitar


La Directiva de Retorno ó De la Vergüenza , bautizada así por quienes consideran que acaba con la tradición europea de defensa de los derechos humanos, un concepto que nació precisamente en Europa durante la Revolución Francesa afectará 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina.

La OEA emitió su rechazo , en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú, que congregó a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde.También a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y de México, Lourdes Aranda, así como a un grupo de observadores de la Unión Europea. En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma y consideró "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada".Además, expresó su inquietud por las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva, tales como la detención de inmigrantes irregulares sólo con una orden administrativa y por periodo de hasta 18 meses en centros penitenciarios corrientes. El ministro peruano aseguró que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte". Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de que la normativa entre en vigor en 2010.
Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario y facilitando el intercambio de información.
La propuesta presentada por Perú obtuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes.
El vicecanciller paraguayo mostró su "profunda decepción por la medida adoptada por la UE", que "no se corresponde con el espíritu de derecho humanitario, ni con el derecho internacional, y criminaliza la condición del inmigrante irregular". La experiencia demuestra que "las políticas de restricción de la inmigración no han funcionado anteriormente y sólo han provocado un clima propicio para prácticas xenófobas y trata de personas", apuntó Rivas. Por ello, invitó a las autoridades europeas a dialogar para revisar la normativa de retorno "antes de que sus efectos entren en vigor y puedan subsanarse sus deficiencias".
La vicecanciller mexicana demandó que se tenga en cuenta los derechos humanos, "con especial relevancia hacia mujeres y niños".
Más allá de las críticas en el seno de la OEA, la protesta luce más simbólica que otra cosa y nadie cree que vaya a tener algún éxito esta visita de alto nivel a Europa.
La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza la directiva








La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, el rechazo a la disposición de retorno de inmigrantes ilegales, aprobada por el Parlamento Europeo, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Asimismo, el parlamento se solidariza con la postura manifestada por el presidente Hugo Chávez en contra de esta resolución que "significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea", además de "vulnerar el principio de reunificación familiar". La Asamblea Nacional también exige al Parlamento Europeo un "tratamiento justo" para los inmigrantes y solicita a la OEA) y a la ONU "claras definiciones ante la grave situación suscitada por la aprobación del Parlamento Europeo de esta resolución que pretende criminalizar a los inmigrantes y vulnerar sus derechos humanos".
América Latina, en pie contra la directiva de la vergüenza


Antes que la OEA los organismos comunes latinoamericanos ya habían manifestado su rechazo a la directiva.
También lo habían hecho los mandatarios. El pasado martes, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil aseguró que con esta medida "el viento frío de la xenofobia sopla otra vez (...) es el prejuicio contra la inmigración". Rafael Correa, de Ecuador, dijo que la norma era una "vergüenza", como también lo afirmó Evo Morales, de Bolivia. Felipe Calderón, presidente de México, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, en una declaración conjunta del lunes, hicieron "un llamado a evitar medidas que criminalicen a los migrantes". El nicaragüense, Daniel Ortega, la calificó de 'ley terrorista'. Hugo Chávez, de Venezuela, la llamó "la directiva del bochorno" y aseguró que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien preside la Comunidad Andina, condicionó la negociación de ese bloque con la UE.
El Mercosur anunciará oficialmente su rechazo y las medidas a tomar la cumbre del próximo martes en la ciudad argentina de Tucumán. Se espera que la posición del bloque tenga un tono de protesta, luego de las afirmaciones del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Álvarez, quien esta semana dijo que la medida es "abiertamente violatoria de los derechos humanos", al tiempo que recordó a los europeos cuando millones de emigrantes del Viejo Continente llegaron a Sudamérica y jamás tuvieron restricción alguna.
Los 21 países del Grupo de Río ya expresaron su "preocupación" al respecto. Para este bloque deben estar por encima la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el tema debe ser objeto de un "enfoque integral que considere las contribuciones positivas que realizan los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen".Igualmente, recuerdan los recientes compromisos para que la migración sea un tema de mutuo beneficio
Según el diario bogotano El Tiempo, un ex diplomático colombiano en España, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que el mensaje contra Europa debe ser contundente: "Toca venirse muy duro, porque no podemos tolerar ese cuento de que los latinos sirven para cuidar a los niños, pero a la hora de la verdad no les dan el tratamiento que se merecen"...Mensajes anónimos que suelen quedar en nada.
La canciller ecuatoriana María Isabel Salvador anunció que su país condicionará el Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la Unión Europea a la discusión de la 'Directiva de Retorno'."El tema migratorio es una parte fundamental de uno de los pilares que estamos negociando (...) es indispensable que, en el marco de esas negociaciones se revise esta directiva".Ayer, Ecuador pidió "la apertura urgente de un diálogo franco entre los países de origen, tránsito y destino de los procesos migratorios".

Deuda europea con la comunidades indígenas

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) pide que los Estados de Europeos reconozcan la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y que se constituya un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los delitos económicos y ambientales cometidos.
La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima (Perú), dictaminó que los europeos son culpables. Durante los días 13 y 14 de mayo, el Tribunal escucho a los testigos que denunciaron las violaciones contra los derechos humanos y el medioambiente cometidas por las empresas multinacionales europeas en América Latina.
Ahora, con el dictamen del TPP, los indígenas piden que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la ONU, para que debata la "propuesta de establecer el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para la CAOI, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron robados las tierras, se impuso la esclavitud a los indígenas, se cometió el genocidio de los pueblos originarios, además del genocidio cultural. Según el TPP, en la actualidad la invasión la protagonizan grandes empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, vierten productos químicos en el suelo y contaminan las aguas.



El TPP incluyó en la lista de culpables a las siguientes empresas: Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca. La Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.
El TPP acusa a las transnacionales de ser responsables también de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, con la colaboración violenta de ejército, policía y grupos armados irregulares. En este aspecto se señala de nuevo a Unión Fenosa en operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, por no cumplir con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es considerada responsable de la represión ilegal a comunidades en Brasil y, en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda.
La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de los indios Mapuche, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La CAOI mantiene que la actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los campesinos son los más perjudicados, pues la biodiversidad, su hábitat, está en peligro. El comportamiento de las empresas, para la CAOI, va a llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido de "consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".

(Fuentes: ANSA-Latina, EFE, BBC-Mundo, El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina y Adital)

17.6.08

Latinoamérica-Bolivia-UE: Migraciones

CARTA ABIERTA A LA UNIÓN EUROPEA SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA
Por Evo Morales Ayma (*)



Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas.
Hoy estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada “directiva retorno”. El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento Europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión de los migrantes indocumentados, cualquiera que sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como es el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.
Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo, lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la Unión Europea para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico de este continente, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posibles sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la Unión Europea.


Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los europeos no nos dan –ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo de 0.7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68 mil millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A escala mundial alcanzan 300 mil millones de dólares, que superan los 104 mil millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió más de 10 por ciento del PIB en remesas (mil 100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.
Es decir que los flujos de migración son benéficos para los europeos y de manera marginal para nosotros del tercer mundo, ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de “directiva retorno” complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada Estado o grupo de estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La “directiva retorno” prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión (o “alejamiento”, según el término de la directiva). ¡Dieciocho meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy, el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular, el artículo 13 de la declaración reza:
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
“2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”
Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado está hoy el deber de injerencia humanitaria? ¿Dónde está la “libertad de circular”, la protección contra encarcelamientos arbitrarios?
Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un “Acuerdo de Asociación” que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que impone Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos.
Además, a título de la protección jurídica, se nos presiona por los procesos de nacionalización del agua, el gas y las telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso, ¿dónde está la “seguridad jurídica” para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras enfrente vemos encarcelamientos sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.
Bajo estas condiciones, de aprobarse esta “directiva retorno” estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la Unión Europea.
El orbe, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades mundiales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta, pero segura, de recursos energéticos y biodiversidad, mientras aumentan el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.


En nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente y regiones del mundo, como el Maghreb, Asia y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la “directiva retorno”.
Tal cual la conocemos hoy es una directiva de la vergüenza.
Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del tercer mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus “políticas de integración” como han fracasado con su supuesta “misión civilizadora” del tiempo de las colonias.
Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros, saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los “clandestinos”.
(*) Esta carta del Presidente de Bolivia a la UE fue publicada en el diario mexicano La Jornada el pasado 14 de junio

CARTA ENVIADA AL DIRECTOR DE 'EL PAÍS' POR LA INFORMACIÓN SESGADA PUBLICADA EN ESE DIARIO ESPAÑOL SOBRE BOLIVIA

Por Bartolomé Clavero del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la ONU (*)


Estimado Sr. Director,

No le escribo, señor director, esta carta con ruego de publicación, como tampoco le envío copia al Defensor del Pueblo de su diario para que reflexione sobre su contenido, pues lo uno como lo otro bien me consta que sería inútil a estas alturas.

Respecto a América Latina, es notorio el sesgo de su política no sólo editorial, como todavía podría ser legítimo, sino también en lo que interesa a todas las secciones de opinión y a buena parte de las de información.

El día de hoy, lunes 2 de junio, se publica la usual crónica sobre Bolivia: noticia trufada de apoyo a los llamados "comités cívicos" que han emprendido una carrera de consumación de hechos contra las reivindicaciones y esperanzas de una clara mayoría de la ciudadanía y además con el despliegue en colores a media plana de una foto de quema de urnas por parte de indígenas, urnas de un referéndum convocado y realizado al margen de la Constitución en vigor y frente al nuevo proyecto constitucional.

No es la primera vez que hacen ustedes, señores de El País, esta especie de montaje. Hace sólo una semana tuvieron fotos, pues han llegado a todas las redacciones, de indígenas torturados públicamente en las calles de Sucre por las juventudes de los comités cívicos y no dieron ni siquiera la noticia. ¿No existe para ustedes una diferencia entre quemar cosas y torturar personas? Piensan por lo visto que es más grave lo primero si son indígenas quienes lo hacen.


Lo que se ve que definitivamente no existe en "El País" es la separación entre información y opinión, por la que tanto luchó este periódico en otros tiempos, como tampoco el mínimo código moral que proscribe el doble baremo. Las iniciativas de referéndum para autonomía departamentales que intentan cortocircuitar las autonomías indígenas en Bolivia coinciden en el tiempo con la decisión similar del gobierno vasco de proceder a una consulta ciudadana al margen igualmente de la correspondiente Constitución, la española en el caso, a lo cual ustedes, señores de El País, se oponen frontalmente en sus secciones tanto editorial y de opinión como de información.
Sólo me ocupo ahora del caso boliviano, que es mucho más grave por el contenido discriminatorio de los estatutos que se proponen, por el contexto de agresividad racista de los grupos que los propugnan y por el objetivo de impedir la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas. Dicho de otra forma, los comités cívicos encabezan un movimiento de restauración colonialista que el periódico español "El País" está abiertamente alentando.
Sus corresponsales, quienes no parece que estén recorriendo Bolivia o que ni siquiera se encuentren allí, han acabado alguna crónica con el augurio de un "estallido étnico" por culpa, naturalmente, indígena. ¿Es que no tienen ustedes ya límites en la manipulación? Tienen intereses económicos por supuesto y no sólo además en el sector mediático.

Permítanme que les haga una recomendación. Abandonen el doble baremo, lo más vergonzoso de todo por ser lo más caracterizadamente colonialista. Pueden hacerlo de dos formas. Apliquen su entusiasmo a respaldar y animar al gobierno vasco en su iniciativa de consulta al margen de la Constitución española. También pueden aplicar su riguroso escrutinio de la política vasca al caso de las iniciativas bolivianas. Hagan una cosas o la otra, pero dejen, por favor, de trufar las noticias y de manipular las imágenes.
Atentamente,
Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Tf. (34) 954551304
(*) Bartolomé Clavero, miembro independiente del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas y catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, conocido por sus publicaciones sobre mayorazgo y economía en la Edad Moderna y más recientente por un polémico estudio sobre Derechos Indígenas en América (publicado por la editorial española Marcial Pons en 2003).

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