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7.7.08

Argentina:Protesta agraria

EL CONFLICTO AGRARIO A LA ESPERA DE LO QUE DECIDA EL SENADO, TRAS EL APOYO DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN DE SOJA. LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO, DECIDIDOS A SEGUIR GOLPEANDO

El Senado argentino comienza a debatir el proyecto de impuestos a las exportaciones ('retenciones') de soja, que se ha convertido en el pulso más difícil que afronta el gobierno de Cristina Fernández . Los dirigentes rurales más intransigentes reiteraron ayer que la protesta continuará contra el incremento de las retenciones, aunque por ahora desistieron de retomar los cortes de ruta.

Centenares productores de soja volverán a desembarcar el martes en el Congreso de Buenos Aires, esta vez con la intención de influir en los senadores. La votación del proyecto en la Cámara de Senadores resultará aún más ardua que en la de los Diputados para el gobierno, pues por lo menos seis legisladores oficialistas ya han adelantado que no van a apoyar la medida. Además, el presidente del Senado y vicepresidente del país, Julio Cobos, se ha cambiado de bando en este contencioso y ha sido virtualmente expulsado del círculo de podre en el gobierno. Pese a los rumores, ayer dijo, para acallarlos que "no voy a renunciar", pese a las críticas que en público y sin tregua le prodigan algunos de los ministros .
Aunque el oficialismo tiene mayoría en el Senado, carece de suficientes legisladores en las comisiones de Agricultura y Presupuesto, como para obtener sin debate y sin sobresaltos un dictamen favorable.

Ajustado triunfo del Gobierno en la Cámara de Diputados

El gobierno consiguió una ajusta victoria el sábado en la Cámara de Diputados por apenas siete votos de diferencia y tras 19 horas de sesión, en cuyo transcurso se produjo una grave ruptura entre los miembros de la bancada oficialista.
El oficialismo sumó 129 votos favorables frente a 122 en contra y dos abstenciones.
"Este es el primer tiempo. El segundo tiempo lo jugamos en el Senado la semana que viene", advirtía el dirigente agrario Eduardo Buzzi tras la decisión en Diputados, quien consideró "un triunfo" haber recibido el respaldo de 122 legisladores.
Tras la aprobación del proyecto, los productores de soja que habían amenazado con volver al lock-out dijeron que esperarán el debate en la Cámara alta para decidir eventuales nuevas protestas.
"De ninguna manera iniciamos un plan de lucha gremial porque están funcionando las instituciones", aseguró Buzzi, aunque admitió que hay "estado de alerta y asambleas de productores" en todo el país.

El proyecto aprobado ratifica el esquema gubernamental de tributos móviles a las exportaciones de soja y cereales, que aumentó de 35% a 47% los aranceles, que se ajustan según el precio internacional de los granos.
El oficialismo aceptó incluir modificaciones que tienden a compensar con reintegros a los pequeños y medianos productores frente a los grandes pooles sojeros.
Así, quienes exporten hasta 300 toneladas al año pagarán 30% de retenciones (impuestos) y hasta 750 toneladas al año, 35%, lo que beneficiará a entre el 85% y 90% de los productores, según el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi.

El proyecto también prevé la creación de un fondo para utilizar parte de la recaudación de las retenciones en la construcción de hospitales, caminos rurales y escuelas.

División en el kirchnerismo

Durante tres semanas de puja parlamentaria, el oficialismo tuvo complicaciones para conciliar posiciones en su propio seno y con sus aliados.
Hubo proyectos disidentes dentro del gubernamental peronismo, en particular entre parlamentarios de provincias de la rica Pampa húmeda, el mayor polo agroindustrial del país, sobre quienes pesaba la mirada de sus eventuales electores.
La aplicación del aumento impositivo por pregorrativa presidencial desencadenó en marzo un inédito conflicto del agro, con un lock-out de productores de cien días que afectó las exportaciones, así como el abasto de insumos y materias primas en Argentina.
En plena rebeldía fiscal, el agro sumó el respaldo de la oposición neoliberal, socialdemócrata y hasta de fuerzas de izquierda, y tuvo el apoyo de descontentos sectores medios urbanos, lo que enrareció el clima político y llevó al gobierno a buscar una ratificación parlamentaria de su medida.
Durante el lock out de cien días, los productores suspendieron la comercialización de granos para exportación en un país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo y bloquearon decenas de rutas afectando el abasto de materia primas e insumos en el mercado interno.
Argentina es líder mundial en exportaciones de harinas y aceites de soja, tercero por sus ventas externas de granos de la leguminosa, cuya cosecha actual está valuada en 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno aspira a recaudar 11.000 millones a través de impuestos.
Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías
Por Raúl A. Montenegro y Mirta Masip (*)


Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías. Qué duro es ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan entre sí cuando son cómplices necesarios del país sojero. Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja RR en el asfalto civilizado de Buenos Aires. Qué duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra de los campesinos de Santiago del Estero.

Qué duro es ver a los estudiantes de universidades argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralistas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran darse la mano. Qué duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movilizados y esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron a la calle cuando los terratenientes de este siglo XXI expulsaron a familias y pueblos enteros para plantar su soja maldita.


Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de reyes sojeros como el Grupo Grobocopatel. Qué duro es ver el rostro reseco de Doña Juana expulsada, de doña Juana sin tierra, de doña Juana con sus muertos bajo la soja. Qué duro es ver que se cortan las rutas para que China y Europa no dejen de tener soja fresca, y para que Monsanto no deje de vender sus semillas y susagroquímicos.

Qué duro es comprobar, con los dientes apretados, y con el corazón desierto y sin bosques, que nadie habló en nombre de los indígenas expulsados de sus territorios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de su tiempo para que la soja y el glifosato sean los nuevos algarrobos y los nuevos duendes del monte.


Qué duro es ver con las manos y tocar con los ojos que nadie habló en nombre de los campesinos echados a topadora limpia, a bastonazos y a decisiones judiciales sin justicia para que ingresen el endosulfán, las promotoras de Basf y las palas mecánicas con aire acondicionado.

Qué duro es saber que nadie habló en nombre del suelo destruido por la soja y por el cóctel de plaguicidas. Qué duro es comprobar quemuchos productores, gobiernos y ciudadanos no saben que los suelos solo son fabricados por los bosques y ambientes nativos, y nunca por los cultivos industriales. Qué duro es saber que para fabricar 2,5 centímetros de suelo en ambientes templados hacen falta de 700 a 1200 años, y que la soja los romperá en mucho menos tiempo.
Qué duro es recordar que el 80% de los bosques nativos ya fue destrozado, y que funcionarios y productores no ven o no quieren ver que la única forma de tener un país más sustentable es conservar al mismo tiempo superficies equivalentes de ambientes naturales y de cultivos diversificados.

Qué duro es observar cómo se extingue el campesino que convivía con el monte, y cómo lo reemplaza una gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus actividades destruyendo ese monte. Qué duro es ver que el monocultivo de la soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud de los funcionarios públicos y el silencio de la gente buena.
Qué duro es saber que miles de Argentinos están expuestos a las bajas dosis de plaguicidas, y quemiles de personas enferman y mueren para que China y Europa puedan alimentar su ganado con soja. Qué duro es saber que las bajas dosis de glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal de bebés,niños, adolescentes y adultos, y que no sabemos cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa de las bajas dosis porque el estado no hace estudios epidemiológicos. Qué duro es saber que los bosques y ambientes nativos se desmoronan, que las cuencas hídricas donde se fabrica el agua son invadidas por cultivos, y que Argentina está exportando su genocidio sojero a la Amazonia Boliviana.



Qué duro es comprobar que las cacerolas relucientes son más fáciles de sacar que las topadoras y el monocultivo. Qué duro es comprobar que en nombre de las exportaciones se violan todos los días, impunemente, los derechos de generaciones de Argentinos que todavía no nacieron. Qué duro es ver las imágenes por televisión, los piquetes y las cacerolas mientras las almas sin tierra de los campesinos y los indígenas no tienen imágenes, ni piquetes, ni cacerolas que los defiendan.

Qué duro es comprobar que estas reflexiones escritas a medianoche solo circularán en la casi clandestinidad mientras Monsanto gira sus divisas a Estados Unidos, mientras las topadoras desmontan miles de hectáreas en nuestro chaco semiárido para que rápidamente tengamos 19 millones de hectáreas plantadas con soja, y mientras miles de niños argentinos duermen sin saber que su sangre tiene plaguicidas, y que su país alguna vez tuvo bosques que fabricaban suelo y conservaban agua.

Muy cerca de ellos las cacerolas abolladas vuelven a la cocina.

(*)Raul A. Montenegro, Biólogo, Presidente de FUNAM ,Premio Nobel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia). Profesor Titular de BiologiaEvolutiva, Universidad Nacional de Cordoba (Argentina).

-Mirta Masid, Departamento de Historia,Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).

(Fuentes: ANSA-Latina y AFP)

10.6.08

Bolivia:Protestas

LA POLICÍA IMPIDE QUE LOS MANIFESTANTES ASALTEN LA EMBAJADA NORTEAMERICANA. MILES DE PERSONAS RECLAMAN LA EXTRADICIÓN DE SÁNCHEZ DE LOZADA Y DE SÁNCHEZ BERZAÍN POR LAS MATANZAS DE OCTUBRE DE 2003


La policía boliviana reprimió hoy y dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua a miles de manifestantes que pretendían tomar la embajada de Estados Unidos en La Paz lanzando piedras y petardos de dinamita, indignados por el asilo político concedido al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio por la muerte de 65 personas en 2003, (posteriormente murieron 9 de los heridos) durante la represión de las movilizaciones contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como 'Goni'. Los policias actuaron después de dos horas de presión de los manifestantes que cercaron la embajada en pleno centro de La Paz tras marchar desde la ciudad vecina de El Alto.

Sánchez Berzaín huído como 'Goni' a los Estados Unidos, volvió a la actualidad política la semana pasada cuando en unas inesperadas declaraciones por teléfono a una radio boliviana informó que recibió asilo político en Estados Unidos en marzo de 2007.
La justicia boliviana reclama tanto al ex ministro como el ex presidente Sánchez de Lozada para que declaren sobre los hechos de octubre de 2003, en los que murieron 65 personas y unas 300 quedaron heridas.

Ayer, los manifestantes rodearon el edificio cercado por un muro y se concentraron frente a las rejas gruesas de la entrada exigiendo la expulsión del embajador Philip Goldberg y gritando consignas contra "el imperialismo norteamericano".

El presidente Evo Morales ha acusado en varias ocasiones al embajador de apoyar a la oposición y ha denunciado que la ayuda norteamericana es destinada a financiar programas contrarios al gobierno. El domingo, en el intervalo de un partido de fútbol en el que participó, Morales pidió la extradición de Sanchez Berzaín. "Quisieramos que el gobierno de Estados Unidos, no sólo el embajador, ayuden a hacer justicia contra quienes hicieron mucho daño a Bolivia, daño a los derechos humanos", declaró. Según Goldberg, el gobierno no ha presentado hasta ahora ninguna petición formal de extradición.

En octubre de 2003, la rebelión comenzó también en El Alto. Y se desató para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno; negocio que sólo beneficiaba a las transnacionales y dejaba migajas para Bolivia.
Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Marcha desde El Alto

Ayer El Alto se movilizó con la proclamación de un paro general y desde allí se inició la multitudinaria marcha que descendió hasta La Paz, donde paralizó por completo el tráfico La muchedumbre cercó la legación diplomática y comenzó a gritar misma y dejó escuchar su voz de protesta. El paro cívico fue convocado también contra las "actitudes racistas y xenofóbicas en el país", en referencia a las agresiones que el pasado 24 de mayo sufrieron grupos de campesinos de Sucre a manos de contrarios a Evo Morales.
En conjunto, al menos 50 mil personas recorrieron las calles de la ciudad sede de Gobierno gritando estribillos como “justicia”, “justicia para los caídos en la masacre de 2003”, “que no protejan a Sánchez Berzaín”, “abajo la media luna” (en referencia a los rebeldes departamentos ricos del país), “Yanquis fuera de Bolivia”, “Estados Unidos asilo de asesinos”, entre otros.
El secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Gregorio Coronel, manifestó que la marcha también exigió respeto para los campesinos que estos días sufren acosos racistas en Sucre y pidió la cárcel para quienes enlutaron a las familias de El Alto: “Queremos igualdad y estamos de acuerdo con los procesos de cambio que esta llevando adelante Evo Morales y dentro de esos cambios se tiene que enjuiciar a los responsables que ahora de manera descarada están siendo protegidos por el gobierno norteamericano”, dijo.

Más de dos horas duró la protesta que puso en tensión a la sede de gobierno. Finalmente, la policía dispersó a los concetrados con gases lacrimógenos.
La embajada prácticamente suspendió sus actividades puesto que la marcha estaba anunciada desde la semana pasada.

Paros mineros y del transporte


Los cooperativistas mineros y el sector de autotransporte departamental de Potosí inician este martes a un paro indefinido con bloqueo de carreteras en contra de las medidas impositivas del Gobierno de Evo Morales. Pese a las gestiones del ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, durante el fin de semana para evitar el paro, el sector minero y el autotransporte acordaron de manera conjunta la medida de presión, y no descarta la toma de instituciones estatales.

El presidente de la Asociación de Ingenios Mineros en Potosí, René Cruz, dijo que apoyarán y colaborarán todas las medidas de presión que se adopten en defensa de toda la cadena productiva minera.El ex presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Benedicto Llano, manifestó que en la misma línea, el sector de los chóferes también se movilizará en contra de los nuevos impuestos que el Ejecutivo intenta imponer. Los representantes de los chóferes señalaron, asimismo, que respaldarán todas las acciones emprendidas la semana pasada por el transporte pesado, que pide la anulación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. El ministro de Minería asegura que a través de estas medidas impositivas se pretende hacer “justicia” con el Estado boliviano y captar los ingresos para la inversión en la actividad minera.
Los nuevos impuestos a la minería privada

El aumento de tributos para el sector minero incrementará los ingresos del Estado por este concepto hasta situarlos en 202 millones de dólares en 2008. El principal aumento afecta al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), que subió desde el 25 por ciento, que es universal en todos los sectores, al 37,5 por ciento para el caso de la minería. Además, el IUE ya no compensará el pago de la regalía que también se cobra a las mineras en rango entre 1 y 7 por ciento, sobre el valor de su producción.
Con esas reformas, el Estado boliviano comenzará a recibir hasta un 55 por ciento del valor de la producción de la minería privada, frente al 32 que percibía hasta ahora, según explicó anoche el vicepresidente, Álvaro García Linera. Con las mismas reformas, pero en empresas mixtas, con contratos de riesgo compartido, el Estado subirá sus ingresos hasta en un 75 por ciento. Según el Gobierno, las perspectivas del sector son alentadoras porque se incrementó la producción en casi un 30 por ciento, gracias al repunte en la explotación de zinc, wolframio, plata y estaño.Los cálculos oficiales señalan que las exportaciones del sector se situarán a fines de este año entre los 1.800 y 2.000 millones de dólares.
Comienza la campaña del referendo revocatorio


Las inscripciones en el censo para participar del Referendo Revocatorio terminaron en la medianoche del domingo. La consulta celebraráel día 10 de agosto y servirá para fefinir el sistema de revocación de los mandatos del presidente, Evo Morales, del vicepresidente y de los prefectos (gobernadoresl) de los departamentos.

La asistencia para realizar la inscripción para votar ha sido baja. Las inscripciones se abrieron el 19 de mayo, pero hasta principios de junio, en algunos lugares, no había más de cinco electores registrados. El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), trató de lograr una prórroga con el argumento de que en algunos lugares de registro, no se cumplía el horario de atención a la población. El miércoles comienza la campaña electoral sobre la consulta y la campaña estará centrada en la información a los ciudadanos. También esta semana será divulgada la Codificación Electoral y la lista de medios de comunicación habilitados para la emisión de propaganda electoral. Al contrario de lo ocurrido con el Referendo realizado el 4 de mayo, éste estará organizado por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Además, contará con observadores de 17 países americanos y de tres organizaciones especializadas en procesos electorales. Los observadores realizarán el seguimiento del referendo a partir de las actividades preelectorales y se quedarán en el país hasta después de la votación. La observación internacional es una búsqueda de lograr transparencia en el proceso electoral.
Participan de la fiscalización, representantes de la Cámara Nacional Electoral argentina, del Tribunal Superior Electoral brasileño, del Servicio Electoral de Chile, del Consejo Nacional Electoral de Colombia, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, del Tribunal Supremo Electoral ecuatoriano, del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, entre otros.
Como representantes de las organizaciones sociales, habrá observadores del Consejo de Especialistas Electorales de América Latina (CEELA), del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y del Consejo Electoral Andino (CEA).
(Fuentes:ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información, BBC-Mundo,Red Erbol,El Mundo-La Paz, Terra-EFE y Adital)

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