El brigadier Pedro Espinoza, procesado en esta causa, reveló ayer la existencia del documento que confirma la vinculación del Ejército chilenoen el asesinato en Buenos Aires en 1974 del general Carlos Prats, quien fue jefe del Ejército con el Presidente Salvador Allende. Prats vivía exiliado en Buenos Aires y allí fue asesinado junto a su esposa Sofía Cuthbers E l documento oculto en dependencias del Ejército chileno hasta el 2004, confirma seguimientos realizados a Prats, previos a su asesinato en Argentina.
Espinoza fue agente de la policía secreta DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente cumple condena por el homicidio en 1976 del ex canciller de Allende Orlando Letelier, perpetrado también por la DINA.
El archivo está firmado por el ex agente de la DINA, Juan Morales, y fue remitido al entonces director de esa institución, el hoy general Manuel Contreras.
El juez ha procesado ya a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.
El general Carlos Prats fue Vicepresidente del derrocado gobierno chileno presidido por Salvador Allende y era considerado una amenaza para la dictadura de Pinochet.
Espinoza fue agente de la policía secreta DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, y actualmente cumple condena por el homicidio en 1976 del ex canciller de Allende Orlando Letelier, perpetrado también por la DINA.
El archivo está firmado por el ex agente de la DINA, Juan Morales, y fue remitido al entonces director de esa institución, el hoy general Manuel Contreras.
El juez ha procesado ya a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.
El general Carlos Prats fue Vicepresidente del derrocado gobierno chileno presidido por Salvador Allende y era considerado una amenaza para la dictadura de Pinochet.
Un documento muy revelador
El documento señala el seguimiento al general Carlos Prats previo al crimen. Incluso indica su domicilio, el vehículo que usaba y el lugar donde trabajaba, entre otros detalles.
Los abogados de la familia Prats y su hija Angélica hicieron la denuncia. El documento confidencial está fechado del 26 de junio de 1974 por la agrupación Lautaro de la DINA, dirigido a Manuel Contreras por el capitán Juan Morales. Según señalaron los abogados de la familia, este documento se habría mantenido en los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército hasta el año 2004, sin que fuese entregado a las autoridades judiciales. Por eso solicitan una serie de diligencias.
"Estamos impactados de ver un documento oficial del gobierno de Chile que da cuenta del seguimiento que se le hizo al general Prats en Buenos Aires. Un documento oficial que da cuenta de dónde vivía para definir dónde Michael Townley podía estacionarse para detonar la bomba", explicó Angélica Prats.
Agregó, además, que "este escrito ha estado en las oficinas del Ejército hasta el año 2004. Sentimos que el Ejército nos debe una explicación".
Hernán Quezada, abogado de la familia Prats, considera que " este documento abre perspectivas importantes no sólo para esta causa, sino que para muchas otras en el sentido de que puede haber información relevante en los organismos de seguridad del Ejército hasta el día de hoy".
A raíz de esta situación el juez a cargo de la investigación Alejandro Solís, reabrió la investigación del asesinato del general Prats y su esposa, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Hay que recordar que fue precisamente un nieto del general Prats, quien, a la muerte de Pinochet, logró entrar en la capilla ardiente, instalada en el Hospital Militar de Santiago y allí protagonizó un altercado al insultar al finado y escupir sobre su féretro, delante de conmilitones y huestes del sanguinario dictador.
En Chile se encuentran procesadas nueve personas, encabezadas por el general Manuel Contreras.
Los abogados de la familia Prats y su hija Angélica hicieron la denuncia. El documento confidencial está fechado del 26 de junio de 1974 por la agrupación Lautaro de la DINA, dirigido a Manuel Contreras por el capitán Juan Morales. Según señalaron los abogados de la familia, este documento se habría mantenido en los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército hasta el año 2004, sin que fuese entregado a las autoridades judiciales. Por eso solicitan una serie de diligencias.
"Estamos impactados de ver un documento oficial del gobierno de Chile que da cuenta del seguimiento que se le hizo al general Prats en Buenos Aires. Un documento oficial que da cuenta de dónde vivía para definir dónde Michael Townley podía estacionarse para detonar la bomba", explicó Angélica Prats.
Agregó, además, que "este escrito ha estado en las oficinas del Ejército hasta el año 2004. Sentimos que el Ejército nos debe una explicación".
Hernán Quezada, abogado de la familia Prats, considera que " este documento abre perspectivas importantes no sólo para esta causa, sino que para muchas otras en el sentido de que puede haber información relevante en los organismos de seguridad del Ejército hasta el día de hoy".
A raíz de esta situación el juez a cargo de la investigación Alejandro Solís, reabrió la investigación del asesinato del general Prats y su esposa, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Hay que recordar que fue precisamente un nieto del general Prats, quien, a la muerte de Pinochet, logró entrar en la capilla ardiente, instalada en el Hospital Militar de Santiago y allí protagonizó un altercado al insultar al finado y escupir sobre su féretro, delante de conmilitones y huestes del sanguinario dictador.
En Chile se encuentran procesadas nueve personas, encabezadas por el general Manuel Contreras.
Se reabre la investigación y se retrasa el proceso
Este documento, 'descubierto' por el Brigadier Espinoza, aparece en un momento procesal importante. Cuando el tribunal trataba de evitar toda una serie de maniobras dilatorias de los procesados y se disponía a citar a unos cuarenta testigos, entre militares y civiles, que debían comparecer en la fase probatoria. Las audiencias, a las que debían concurrir los ocho acusados, se iban a celebrar en una sala del palacio de tribunales acondicionada especialmente para acoger a la prensa, ante la gran expectación suscitada.
Pero el juez Alejandro Solís se veía en mil y una dificultades para cumplir los trámites antes de poder llegar a la fase de dictar sentencia. Los acusados han utilizado acciones dilatorias de todo tipo. La última de ellas corrió por cuenta de la ex agente DINA y ex mujer de Michael Townley, Mariana Callejas y su defensa. La ex agente, que según declaraciones del mismo Townley activó junto a él el dispositivo electrónico que en Buenos Aires hizo estallar la bomba en el auto del general Prats y su esposa, interpuso un recurso en el que alegó inocencia y solicitó por ello su sobreseimiento definitivo .
El recurso fue denegado por el juez Solís, por lo que Callejas se fue a la Corte de Apelaciones. Previo a resolver esta petición, ese tribunal decidió pedirle al juez los cuarenta tomos del expediente (le pidió el original), lo que dejó al magistrado de manos cruzadas para seguir avanzando en la causa.
Por el mismo método había demandado igual inocencia el ex jefe de la DINA, el General Manuel Contreras, lo que también retardó la evolución de la causa.
El recurso fue denegado por el juez Solís, por lo que Callejas se fue a la Corte de Apelaciones. Previo a resolver esta petición, ese tribunal decidió pedirle al juez los cuarenta tomos del expediente (le pidió el original), lo que dejó al magistrado de manos cruzadas para seguir avanzando en la causa.
Por el mismo método había demandado igual inocencia el ex jefe de la DINA, el General Manuel Contreras, lo que también retardó la evolución de la causa.
El magistrado ya cerró la investigación y dictó las acusaciones que proceden contra los ocho procesados. Ahora el ministro se aprestaba a abrir la fase probatoria, que ha quedado, de nuevo, retrasada con la 'aparición' de ese documento que añade un nuevo procesado y obliga a reabrir la investigación.
El general Prats y su esposa fueron asesinados por agentes DINA la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo de Buenos Aires. La orden emanó del dictador Augusto Pinochet, quien también con argucias procesales fue excluido del juicio donde seguramente sería condenado.
Los procesados ya debidamente acusados según el antiguo sistema procesal penal son (todos en situación de retiro) el general Manuel Contreras, el general Raúl Iturriaga Neumann y su hermano Jorge Iturriaga(ex agente civil), los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y José Zara Holger, el coronel Christoph Willikie Flöl, el suboficial Reginaldo Valdés y Mariana Callejas.
Los procesados ya debidamente acusados según el antiguo sistema procesal penal son (todos en situación de retiro) el general Manuel Contreras, el general Raúl Iturriaga Neumann y su hermano Jorge Iturriaga(ex agente civil), los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y José Zara Holger, el coronel Christoph Willikie Flöl, el suboficial Reginaldo Valdés y Mariana Callejas.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR-ANSA LATINA, La Nación de Chile y Radio Cooperativa)
1 comentario:
SOBRE EL TERRORISMO AUTORIZADO Y LA PRENSA VENAL DE PARAGUAY(Por Luis Agüero Wagner- (http://itaipuecidos.zoomblog.com)
A raìz de nuestra posición sobre la no renovación de la licencia a RCTV en
Venezuela, fuimos aludidos con innumerables inexactitudes en
el diario dirigido por Aldo Zuccolillo, hermano de un delator de la policía
polìtica de Stroessner y cuñado de una de las piezas claves del asesinato de
Orlando Letelier en Washington en los años 70 (Conrado Pappalardo), asì como
gran benefactor del centro de detenciòn y tortura
de la dictadura paraguaya con donaciones de dinero.
Las alusiones se dieron en una columna del
periodista Edwin Brítez, ex jefe de la sección política de Abc Color,
cercano colaborador del filizzolismo (se le conoce como ayudante del senador
José Nicolás Morínigo en varias publicaciones) y pareja de la directora de
comunicación social de la Presidencia de la República Alicia de Brítez, que
con frecuencia integra la comitiva oficial de Nicanor Duarte Frutos en sus
frecuentes excursiones recreativas por cuenta del Estado.
.Dice Aldo Zuccolillo -por intermedio de Brítez- que es víctima
de nuestras campañas, confundiendo los roles
desempeñados. Para ser víctima se requiere de una situación injusta, que no
se da en este caso, pues todo lo que hemos publicado sobre el aludido
personaje está perfectamente documentado y no escapa un milímetro a la
verdad. Todo el Paraguay sabe que el amo de Abc Color se autodefine en su
delirio como luchador contra la dictadura, siendo que apoyó a la misma por
casi dos décadas de manera abyecta e incondicional, llegando a jactarse
muchas veces de haber recibido a Stroessner en el local de su diario, y
habiéndole dedicado loas suficientes desde sus editoriales como para
empapelar toda la ciudad. También menciona como víctima a Alcibíades González
Delvalle, como si hubiésemos inventado su paso por las ensangrentadas
dependencias del Ministerio del Interior en tiempos de Édgar L. Ynsfrán. Lo
que puedo añadir al respecto es que probablemente allí el defenestrado
director de Cultura de la Municipalidad se inició como campeón de la
libertad de expresión, obligando a "hablar" y expresarse libremente a los
presos políticos mientras eran torturados en ese lugar.
Sobre los enredos de estos personajes con su otrora gran benefactor Alfredo Stroessner, resulta
cada vez más evidente que respondieron a desacuerdos particulares o de
negocios y no ideológicos o políticos, dado el rabioso anticomunismo y
maccartismo del que hacen gala, que alcanza en sus escritos un admirable
vuelo que hubiera envidiado el mismo Stroessner.No pretendo pontificar sobre
los asuntos de Venezuela, que en realidad preocupan poco a la sociedad
paraguaya, que tiene sus propios problemas y mucho más acuciantes que la
libertad para ver telenovelas de mal gusto de los venezolanos, aunque
reconozco que deben ser muy preocupantes para los intocables padres de la
patria periodística que lograron su tajada del espectro radioeléctrico por
decreto de Stroessner, o montaron sus diarios con dinero público o del
narcotráfico. No el balde el mismo senador Jesse Helms enviò a sus
emisarios a solicitar protecciòn de algunos de estos personajes cuando
instalò su empresa de telefonìa celular en Paraguay, en sociedad con otros
grandes filántropos como Jorge Mas Canosa. Negar en principio privilegios a estos ilustres personajes por desinformado le costò por entonces al gobierno paraguayo permanecer dos años sin embajador norteamericano (que en un paìs como Paraguay, con polìticos sin autonomìa de pensamiento, es como estar a la deriva).
Sobre el tema de los
estudiantes venezolanos que se manifiestan "espontáneamente" contra Chávez
como pretende hacer creer el recadero de Zuccolillo, me permito informarle
que los fondos que pagan la insurgencia universitaria en Caracas provienen
-según lo han informado ellos mismos- de La Pequeña Habana de Miami, asiento
de la terrorífica colonia batistiana.Para más detalles,
en esta sobresale como ilustre miembro el terrorista Luis Posada Carriles,
quien confesó a la periodista venezolana Alicia Herrera haber sido el autor
del atentado con bomba contra el vuelo Cu 455 de Cubana de Aviación, que el
6 de octubre de 1976 costó la vida a los 77 pasajeros y tripulantes de
varias nacionalidades que llevaba a bordo cuando estalló sobre las islas
Barbados.Con toda seguridad, Aldo Zuccolillo y sus asalariados están
absolutamente de acuerdo con que Posada Carriles haya sido liberado "por
razones humanitarias" hace unas semanas, dado lo mucho que aprueban la
política del presidente W. Bush, al punto de promover su trasnochado
bushismo pro ALCA en Paraguay utilizando como pretexto el tema de
Itaipú para disparar contra el Mercosur.
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