Los Carabineros chilenos mataron en la mañana de este jueves a un joven mapuche en el marco de una represión en una finca de la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.
Matías Catrileo Quezada, estudiante universitario y miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, fue asesinado mientras realizaba un reclamo por la propiedad de un campo en manos de un empresario.
La Policía de Investigaciones y los Carabineros se presentaron en el campo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger, donde reprimieron con balas de metralla.
"Intentamos hacer una recuperación pacífica e ingresamos al fundo. Ibamos andando y carabineros reprimió con disparos de ametralladoras, resultando un hermano muerto", manifestó un portavoz de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco. Uno de los integrantes del grupo mapuche, identificado como "Rodrigo", quien se enfrentó a la policía, dijo a Radio Bío Bío que "Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras. En eso, nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".
La Policía de Investigaciones y los Carabineros se presentaron en el campo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger, donde reprimieron con balas de metralla.
"Intentamos hacer una recuperación pacífica e ingresamos al fundo. Ibamos andando y carabineros reprimió con disparos de ametralladoras, resultando un hermano muerto", manifestó un portavoz de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco. Uno de los integrantes del grupo mapuche, identificado como "Rodrigo", quien se enfrentó a la policía, dijo a Radio Bío Bío que "Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras. En eso, nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".
"Pretendíamos declarar el conflicto abiertamente, pero llegó carabineros y nos comenzó a disparar con ametralladoras", agrego el portavoz.
La muerte del joven mapuche elevó la tensión en la región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.
Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la universidad de La Frontera de Temuco, participaba junto a otros 30 indígenas en esa acción dentro de la llamada "recuperación de tierras ancestrales", impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco. El grupo mapuche logró huir del lugar, evitó el cerco policial y llevó consigo el cadáver de Catrileo, que no quieren entregar ni a la policía ni a las autoridades. Sixto Parsinger, obispo de la Araucanía, inició un trabajo de "garante" para conseguir la entrega de los restos de Catrileo.
El Gobierno amenaza
El gobierno rechazó la decisión de los comuneros de exigir la mediación de la Iglesia Católica, para devolver el cuerpo e iniciar la investigación del fallecimiento.“Nosotros agradecemos todas las mediaciones que se hacen históricamente y que han ayudado a muchas cosas, pero en Chile existe un estado de derecho y aquí no se puede entrar a negociar la entrega de un cadáver”, enfatizó el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Mientras los diálogos para la devolución del cadáver se mantienen en la escuela San Martín de Porres, en el límite de las comunas de Vilcún y Padre las Casas, en la zona se concentran operativos policiales por tierra y aire.
Este hecho se suma a la muerte del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, registrado el 7 de noviembre de 2003 que se registró en el fundo Santa Alicia perteneciente a la foestal Mininco. Lemún fue herido por un balín metálico disparado con una escopeta antidisturbios en un enfrentamiento entre comuneros y la policía uniformada, también durante una ocupación de terrenos por parte de un grupo mapuche. Tras permanecer cinco días internado en Temuco, Lemún murió.
Tras los atentados incendiarios provocados las últimas semanas contra dos camiones, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, indicó que los autores de cualquier incidente deben atenerse a las consecuencias, infomó la radsioemisora."Una vez capturados y procesados, como corresponde en un estado de derecho, después no me vengan con huelgas de hambre", fustigó el ministro.
Huelga de hambre y solidaridad
El pasado 19 de diciembre, unos cien manifestantes llevaron a cabo una marcha por el centro de Santiago, en solidaridad con las personas que aun se mantienen en huelga de hambre en Angol, en la provincia de Malleco. Además de la liberación de los presos políticos mapuche, los manifestantes solicitan la desmilitarización de las comunidades en el sur del país.
Los manifestantes marcharon repartiendo volantes, con pancartas y gritando consignas como: "En huelga de hambre, están los comuneros, porque el estado los tiene prisioneros", "liberar liberar, al mapuche por luchar". Lienzos de color negro con letras blancas señalaban: "Resistencia, no es terrorismo", y un blanca de letras negras con el texto: "Fin a la ley antiterrorista".
Una de las huelguistas, Patricia Troncoso fue trasladada de urgencia desde la cárcel a un hospital no determinado de la zona, con una grave descompensación originada por los efectos de 72 días de huelga de hambre. Su padre, don Roberto Troncoso y la esposa de Llaitul - quien continúa hoy en huelga en la cárcel de Angol - regresaron al sur luego de permanecer en Santiago sin que se concretara el diálogo comprometido por el gobierno a través del obispo de Temuco, Camilo Vial.
En carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, Patricia Troncoso culpa el gobierno chileno por las injusticias cometidas contra los dirigentes: "El gobierno es el único culpable de todas las injusticias que ha cometido a lo largo de todo este período, no solamente el encarcelamiento de los dirigentes sino que la persecución a través de las violentas represiones que ha hecho en nuestras comunidades, utilizando todo tipo de medidas y artimañas para hacerlo".
La democracia también reprime a los mapuche
Amnistía Internacional (AI) expresaba en 2006 al gobierno chileno su preocupación por las detenciones de mapuches y la gravísima situación de Juana Calfunao Paillalef y la Comunidad Juan Paillalef, en la comuna de Cunco, de la Novena Región. El 21 de diciembre de 2005, un grupo de mapuches bloqueó un camino del sector Laureles, en la comuna de Cunco, en protesta por la construcción estatal de un camino privado que cruza los terrenos donde está asentada la Comunidad Paillalef. Los carabineros arremetieron contra los comuneros mapuches usando bombas lacrimógenas y disparando balas a quemarropa contra de manifestantes desarmados. Varias personas resultaron heridas.
Apenas dos días después -23 de diciembre-, unos doscientos efectivos de Carabineros ingresaron nuevamente a la comunidad disparando bombas lacrimógenas y balines. Esta vez, allanaron las viviendas sin que existiera una orden judicial. La casa de Juana Calfunao fue prácticamente destruida. Durante el allanamiento ilegal la policía causó destrozos en las viviendas y enseres, destruyó alimentos, generadores y confiscó herramientas de uso agrícola. Juana Calfunao y su hermana Ana Luisa fueron golpeadas y trasladadas, en calidad de detenidas, a la Tercera Comisaría de la localidad de Padre Las Casas.
Al día siguiente -24 de diciembre-, se les dejó en libertad por orden de la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, quien señaló que "el procedimiento de la detención se había realizado en forma ilegal e irracional". La jueza Luz Mónica Madariaga observó las heridas que presentan las hermanas Calfunao en el rostro y extremidades, lesiones que fueron constatadas ante el Servicio Médico Legal (SML) por disposición de la jueza, quien ordenó iniciar una investigación.
En una misiva enviada al gobierno chileno Amnistía Internacional señala: "Nuestro organismo se ha dirigido a las autoridades en varias ocasiones respecto a las situaciones de amenazas, hostigamiento y malos tratos denunciados a las autoridades por Juana Calfunao. Ha sido motivo de grave preocupación para la organización el que, según la información recibida por parte de las autoridades chilenas, las investigaciones no han concluido a pesar de que algunas de esas denuncias datan desde el 2000". Agrega: "Preocupa que agentes encargados de controlar el orden, en este caso Carabineros de Chile de la IX Región, hagan uso de armas de fuego para dispersar protestas en bloqueos de caminos. Es importante que las autoridades pongan en práctica la aplicación de normas internacionales a este respecto. Igualmente, Amnistía considera que el accionar de las fuerzas de seguridad se debe apegar a las disposiciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas".
Al día siguiente -24 de diciembre-, se les dejó en libertad por orden de la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, quien señaló que "el procedimiento de la detención se había realizado en forma ilegal e irracional". La jueza Luz Mónica Madariaga observó las heridas que presentan las hermanas Calfunao en el rostro y extremidades, lesiones que fueron constatadas ante el Servicio Médico Legal (SML) por disposición de la jueza, quien ordenó iniciar una investigación.
En una misiva enviada al gobierno chileno Amnistía Internacional señala: "Nuestro organismo se ha dirigido a las autoridades en varias ocasiones respecto a las situaciones de amenazas, hostigamiento y malos tratos denunciados a las autoridades por Juana Calfunao. Ha sido motivo de grave preocupación para la organización el que, según la información recibida por parte de las autoridades chilenas, las investigaciones no han concluido a pesar de que algunas de esas denuncias datan desde el 2000". Agrega: "Preocupa que agentes encargados de controlar el orden, en este caso Carabineros de Chile de la IX Región, hagan uso de armas de fuego para dispersar protestas en bloqueos de caminos. Es importante que las autoridades pongan en práctica la aplicación de normas internacionales a este respecto. Igualmente, Amnistía considera que el accionar de las fuerzas de seguridad se debe apegar a las disposiciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas".
Antiguas y nuevas denuncias y los terratenientes en medio
Durante los meses de octubre y noviembre de 2005, Juana Calfunao visitó varios países europeos, en el marco de una gira de denuncia pública y presentación de su caso ante organismos internacionales, con el objetivo de denunciar la persistente campaña de persecución política de que sería objeto por parte de la institucionalidad chilena, además de las amenazas de muerte y hostigamientos cotidianos de parte de latifundistas locales que se empeñan -según denuncia- en arrebatarle las reducidas tierras de su comunidad. Uno de los puntos de su visita fue Ginebra, Suiza, y desde allí el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Estos organismos solicitaron al gobierno chileno "tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de la Sra. Juana Calfunao, de su esposo, sus hijos y todos lo miembros de su familia, incluyendo la asistencia médica urgente, apropiada y gratuita que ella y su familia necesiten". La petición internacional ha sido completamente desechada por las autoridades chilenas.A pesar de la preocupación manifestada por los organismos internacionales y otras organizaciones de derechos humanos, el 4 de enero de 2006, nuevamente funcionarios de Carabineros -esta vez con orden judicial de detención, registro y allanamiento- detuvieron a Juana Calfunao y a otras seis mujeres, incluyendo a su hija, Relmutray Cadin Calfunao, de siete años, y las menores Carolina Landero Calfunao -17 años-, Rosnelia Neculmán Calfunao -17 años-, Catalina Ramírez Calfunao -tres años-, y Mercedes Paillalef Moraga, de 71 años. Después de un control de identidad, se les dejó en libertad, mientras que Juana Calfunao era trasladada bajo "prisión preventiva" al Centro de Reclusión Femenino de Temuco, acusada de "desórdenes públicos" y "amenazas a Carabineros".
Según Amnistía Internacional "la detención de Juana Calfunao puede estar vinculada al uso de su legítimo derecho de protesta pacífica y por lo tanto sería una presa de conciencia. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a aquellas personas privadas de su libertad en cualquier parte del mundo a causa de la expresión de sus convicciones, sin utilizar la violencia".
En junio de 2004, Juana Calfunao denunció el asesinato de su tío Basilio Coñoenao y el incendio provocado en su vivienda. Las comunidades Juan Paillalef y Juan Pichunlaf mantienen disputas con terratenientes locales, las familias: García, Ríos y Muñoz. La madrugada del 26 de junio de 2004, se desencadenó un incendio en la casa de Juana Calfunao, que se quemó totalmente. En su interior se descubrió el cadáver calcinado de su tío, Basilio Coñoenao, lonko de la vecina comunidad Juan Pichunlaf. Ambas comunidades creen que fue asesinado en otro lugar y, posteriormente, dejaron su cuerpo en la casa para encubrir el crimen. Días antes, Basilio Coñoenao y su sobrino recibieron amenazas de terratenientes que les exigían que abandonara la propiedad. Coñoenao denunció los hechos ante la Fiscalía Regional.
AI señala: "No existe información acerca de alguna investigación que hayan realizado las autoridades por las amenazas o el incendio. Juana Calfunao y su familia fueron objeto de amenazas e intimidación en cuatro ocasiones durante el mes de julio de 2004. Arrojaron piedras contra su casa provisoria y efectuaron disparos al aire frente a ella. Los afectados denunciaron estos hechos a los Carabineros de la ciudad de Los Laureles, a ocho kilómetros de Juan Paillalef".
La lucha de los mapuche por sus tierras
Las comunidades y los terratenientes mantienen desde hace tiempo una disputa por la demarcación de las tierras. Según informes de organismos de derechos humanos, los terratenientes han intimidado a mapuches de las comunidades en reiteradas ocasiones. Una demanda contra varios terratenientes locales se tramita el Primer Juzgado Civil de Temuco. Juana Calfunao también denunció que en mayo de 2000, fue detenida por carabineros de civil. Durante los tres días que permaneció en el cuartel de la policía sufrió agresiones que le provocaron un aborto. "Tampoco se sabe si ha habido avances en las investigaciones sobre este caso, que está en manos de la fiscalía militar de Valdivia", señala AI.En una misiva desde el interior de la prisión, Calfunao anunciaba el inició de una huelga de hambre desde el 10 de enero de 2006: "Fui encarcelada por la jueza de garantía María Elena Llanos a petición del fiscal Alberto Chiffelle. Se considera que soy un 'peligro para la sociedad' como supuesta autora de los delitos de desórdenes públicos y amenazas a carabineros de servicio. En la audiencia realizada el día señalado el fiscal se atrevió a llamar a mi comunidad indígena como una 'pandilla' y a mí como 'la jefa de ella'. Ese es el respeto que muestran los representantes del Estado de Chile por sus habitantes de origen mapuche que reclaman y luchan por sus legítimos derechos".
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Crónica Digital-Radio Cooperativa y La Insignia)
4 comentarios:
Como Chileno y militante socialista, estoy en absoluto desacuerdo con tu artículo.
No existe la represión que denuncias en contra del Pueblo Mapuche.
Chile es un país que posee un Estado de Derecho sólido, donde el hecho de pertenecer a una minoría étnica no faculta a portar armas ni enfrentar a carabineros.
Sé que a la comunidad Internacional le puede parecer extraño que socialistas defendamos a la policía, cuando éste fue un órgano de represión y tortura durante la dictadura de Pinochet.
Pero hoy los tiempos son otros, y la labor que ellos realizan, merece al menos todo mi respeto.
El problema de la causa mapuche es más profundo y digno de formar parte de nuestras banderas de lucha. Pero, de la misma forma que a nosotros nos parece justa la causa vasca, no por eso apoyamos las acciones violentistas de la ETA. Entonces, concordemos en que: en democracia nadie puede respaldar a grupos que utilicen la violencia como medio de acción política. Y esa es la impresión que me dio tu artículo.
dos cosas.
algo esta claro. la causa mapuche lleva demasiado tiempo sin solucionar. Si bien las ideas no han encontrado una correcta forma de canalizarse, tampoco ha habido un intento digno para reconocer sus demandas. Pero eso tampoco da el derecho de emplear violencia. Nadie tiene ese derecho.
segundo. el hecho de que la policia fue un organo de represion o que no lo fue es totalmente circunstancial. antes de 1973 eran policias y despues de eso lo siguieron siendo. La culpa no es del carabinero, es del jefe de la institucion durante el periodo en cuestion. Es lo mismo que reprochar a las fuerzas armadas hoy en dia cuando si te acercas a hablar con un militar, por lo general, no tiene opinion politica sobre lo que sucedio en 1973, y poco sobre lo coyuntural.
Os agradezco, como siempre, los comentarios. El artículo expone hechos bajo el punto de vista de las fuentes que se citan al final del mismo. Lógicamente, Pepitorias elige las fuentes, selecciona los párrafos y los agrupo según su criterio. Es una forma de opinar.También titula y, de esa forma, opina igualmente.
Esperemos que el problema Mapuche deje de serlo y que esas comunidades, como el resto de los 'desheredados de la Tierra' alcancen a ser tratadas con respeto y dignidad en el año qe hemos empezado. Pero los problemas, si no se airean ni se discute sobre ellos, si se ocultan, no sólo no se resuelven sino que se agravan.
Con los mejores deseos de paz con justicia.
Y añadimos, porque es información reciente, la siguiente nota de la Agencia PÚLSAR:
CHILE-ASESINATO
Observatorio denuncia abusos policiales en Chile
El Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Chile denunció el pasado viernes que carabineros allanaron casas de familias mapuches, sin autorización y con tratos abusivos, en la región de la Araucanía, luego del asesinato de Matías Catrileo.
La denuncia fue realizada luego de escuchar los testimonios de familias mapuches del sector Yeupeko, cercano al predio Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, donde el pasado jueves fue asesinado el joven mapuche Matías Catrileo.
El Observatorio explicó que los allanamientos fueron realizados por carabineros que actuaron sin autorización escrita, causaron destrozos en viviendas y sembrados, y practicaron tratos abusivos y degradantes contra las familias mapuches.
La denuncia sostiene que los allanamientos tuvieron lugar inmediatamente después del asesinato Matías Catrileo Quezada y fueron realizados con desproporcionada violencia física contra las familias.
De este modo, el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas condenó "estos hechos delictivos e inmorales de parte de la policía de carabineros" y hizo "un llamado a las autoridades de gobierno a objeto de que ponga término a este tipo de actuaciones carentes de toda legalidad y violatorias de derechos humanos básicos".
Un portavoz de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco expresó que carabineros dispararon contra Catrileo mientras realizaba un reclamo pacifico por tierras ancestrales.(PULSAR)
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