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12.6.09

Ecuador-EE.UU

ESTADOS UNIDOS HABRÍA USADO LA BASE DE MANTA PARA LUCHAR MILITARMENTE CONTRA LAS MIGRACIONES . EL GOBIERNO Y LA ASAMBLEA ECUATORIANA INVESTIGAN LAS DESAPARICIONES DE UNAS MIL PERSONAS


Un estudio realizado por organizaciones de derechos humanos señala que, supuestamente, mil personas desaparecieron durante los 10 años de permanencia del Puesto de Operaciones Avanzadas del Comando Sur de EE.UU, como se denominan las instalaciones militares de Estados Unidos en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, que se desmantelarán este año, al no ser renovado el contrato en cumplimiento de lo que determina la nueva Constitución del país, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en territorio nacional.
La Comisión de Legislación recibió esa nueva denuncia que señala que los principales afectados fueron inmigrantes que salieron con rumbo a Centroamérica y a los Estados Unidos. Incluso, resume el documento, las familias de los desaparecidos no han tenido información de su paradero durante los 10 últimos años.

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos informó que no se opone a las investigaciones que se realizan en la Comisión de Legislación. Advirtió que se dedicaron a las tareas de control de antinarcóticos, pero que varias embarcaciones sospechosas de traficar drogas llevaban a emigrantes ilegales.

El reporte de los DD.HH. será entregado el 15 de julio al presidente, Rafael Correa; al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, y al fiscal general, Washington Pesántez, para que se continúe con las investigaciones.

Además, el Gobierno creará una comisión que será encargada de fiscalizar y auditar el trabajo de la Base de Manta durante la permanencia de EE.UU. El comité será civil y militar y recopilará la información necesaria para emitir un informe.

Según el informe que prepara la Subcomisión de Relaciones Internacionales, el Ejército de los Estados Unidos habría violado el convenio que suscribió ese país con el Estado ecuatoriano en relación al uso de las instalaciones de la Base de Manta.
El documento, incluirá las declaraciones de los pescadores de la zona, de autoridades locales, de organizaciones de los derechos humanos e, inclusive, de ex funcionarios de la Embajada estadounidense.
El presidente de la Subcomisión, Marcos Martínez, señala que en el convenio suscrito entre ambos países no estaba estipulado el combate al "coyotaje" (inmigración ilegal). En declaraciones la ex embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, Cristy Kenny, reconoció que el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en ingles) ubicado en la Base Aérea de Manta era utilizado para combatir el coyotaje.
La Comisión analiza la posibilidad de aplicar la figura jurídica de "Traición a la Patria" a las personas que permitieron la violación del convenio. Entre los posibles imputados bajo esta causa estarían el ex presidente de la República, Jamil Mahuad; el ex presidente del desaparecido Congreso Nacional, Juan José Pons; y el ex canciller, Heinz Moeller.


El Gobierno respalda la investigación


El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, respaldó la investigación que realiza la Comisión Legislativa a la Base de Manta, donde están desplegadas tropas estadounidenses desde 1999. Hay "algunas sombras" en la actividad de las fuerzas norteamericanos que se deben aclarar, resaltó Ponce en declaraciones a un canal de televisión.

Estoy a favor de esa pesquisa, pues ese es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país; fue una base entregada sin beneficio de inventario y el país "nunca tuvo un control directo sobre la información que se generó en las acciones de la Base de Manta", subrayó.

"Todo lo que sea transparentar un proceso es válido", aseveró el titular, al aclarar que su Ministerio no planteó una indagación a la base, pero entregó la información requerida por la subcomisión de Relaciones Internacionales del Legislativo.

Ponce señaló que los militares norteamericanos no entregan información a los ecuatorianos sobre los vuelos que se realizan desde el enclave, ni había participación nacional en los vuelos.

Al momento, la Subcomisión de Relaciones Internacionales realiza una investigación de las actividades de las tropas estadounidense, después de recibir varias denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y desapariciones de marinos por el hundimiento de embarcaciones pesqueras por parte de fuerzas castrenses de Estados Unidos.

El convenio para el uso de la base fue firmado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad y concluirá este año, tras la negativa del actual mandatario, Rafael Correa, de renovar dicho acuerdo.


“Desde la base de Manta combatían coyoterismo”



Entrevista a Marcos Martínez, presidente de la subcomisión de Relaciones Internacionales

Por E.Zambrano
El Telégrafo



La Subcomisión de Relaciones Internacionales realizó una fiscalización sobre el Acuerdo de Uso de la Base de Manta y sus repercusiones en los diez años de vigencia. Las consecuencias respecto a los barcos hundidos tienen varias aristas. El informe se presentará el 15 de junio.

-¿Hubo mil desaparecidos en Manta?
-Son personas que partieron en barcos desde el puerto de Manta y que no han reportado su llegada. Eso en consideración de que un barco puede hacinar de 100 a 200 personas. Vamos a convocar a las organizaciones de derechos humanos para que nos den luces sobre este tema, porque son las que nos han presentado este dato, pero no todas manejan el mismo número.

-¿Esos mil desaparecidos son por barcos hundidos y migrantes?
-Son personas que se sabe llegaron a las costas de Ecuador, que se embarcaron y que durante estos diez años no se han reportado como vivas con ninguno de sus familiares. Una opción es que estuvieron en los barcos hundidos, que migraron, que están en Centroamérica detenidos o que, simplemente, no quieren reportarse a sus familiares porque rehicieron su vida allá. Eso lo debe investigar la Comisión Auditora de la Base de Manta que integre el Ejecutivo.

-¿No es por la presencia de la FOL?
-Exactamente. Pero, hay personas que aseguran que sus familiares salieron de Manta por vía marítima. ¿Qué pasó con esas personas? Necesitamos investigar con datos más precisos como el día que salieron, nombres y lugares a donde viajaron. Debemos investigar si las embarcaciones fueron hundidas, si estas personas están detenidas y fueron llevadas a cárceles fuera del país.

-¿Hubo varios usos de la Base de Manta?
-La Base de Manta no fue utilizada solo para el monitoreo del narcotráfico, sino para otros fines. Tengo declaraciones de la ex embajadora Kristy Keney, en la que afirmó que desde ahí combatían el coyoterismo, cuando eso no contemplaba el convenio.

Al parecer sirvió para el control de los coyoteros y se agredió a los derechos humanos y se hundieron barcos, atentando contra las normas de derechos naturales e internacionales.

-¿Han recabado más información que la entregada por las organizaciones de derechos humanos?
-Hemos recogido mucha información proporcionada por la sociedad civil y unos pocos casos más. Además, hay documentos en los que los marinos se responsabilizan del hundimiento de barcos y piden que vayan a reclamar a la embajada, pero nunca han logrado la reparación ni la indemnización.

-¿Son muchos los casos pendientes de un arreglo en la justicia?
-El más claro es el del atropellamiento del ciudadano Víctor Hugo Mieles por parte de Demon Flyer, quien se refugió en la FOL y de allí partió para Estados Unidos. Tenemos a pesqueros y mujeres que quedaron solas, hay una señora que se presentó como la viuda del Jorge IV (nombre de una embarcación). Hay una falla del Estado al no haber amparado a las víctimas.

-¿Cuáles podrían ser los efectos de una comisión auditora, si los marines ya se van?
-Los marines tienen responsabilidades ante los tribunales de los Estados Unidos, como personas y como país por la violación de los derechos humanos y la extralimitación y violación del acuerdo de uso de la Base. Ese acuerdo fue inconstitucional y fue violado. Cometieron delitos comunes.
Ela Zambrano

ezambrano@telegrafo.com.ec
Periodista - Quito


El extraño inquilino se va de Manta
Por Ana María Acosta
INREDH(Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-Ecuador)

En 1999, un extraño visitante cargado de aviones, radares y militares bien uniformados llegó a la casa de la señora Manta, quería alquilar un lugar donde instalar su base y así controlar a los narcotraficantes terroristas, según él, de los países latinoamericanos. La señora Manta nunca había visto un terrorista y no sabía nada de sustancias estupefacientes, pero por buena gente dejó que un extraño ingrese a su casa; es que el problema era que el dueño del condominio, Jamil Mahuad, por tener una amistad directa con el extraño visitante, firmó un convenio, sin preguntar a nadie, para que el extraño ocupase 10 años la casa de la Señora Manta… Después de 10 años el inquilino ha sido es expulsado de la casa de la Señora Manta ¿Cómo dejó la casa? ¿Cuál fue su relación con los vecinos? ¿Qué hizo en estos 10 años? Estas son las preguntas que ahora se hace Manta.

Antecedentes

En 1999, pocas fueron las voces que advertían sobre la instalación de la Base Militar Norteamericana en territorio ecuatoriano, pocos decían que era una pérdida de soberanía y una complicidad con el Plan Colombia que Estados Unidos empezaba a implantar en la zona, para el control del narcotráfico y la desarticulación de movimientos subversivos colombianos.

La información sobre las condiciones del convenio era escasa, no lo supo ni el Congreso Nacional; todo se hizo con total servilismo del gobierno de Jamil Mahuad y su amigo socialcristiano Heinz Moeler. Era el auge del neoliberalismo en nuestro país, los partidos de derecha tenían copados los espacios de poder, con un gobierno que se esforzaba por salvar a los banqueros llevando al país a la mayor crisis económica de su historia. Así que, el 12 de noviembre de 1999, en busca de apoyo de la Embajada Norteamericana, el tambaleante gobierno de Mahuad firmó el convenio para que Estados Unidos instale el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location), nombre con el que se maquilló a la Base Militar Norteamericana en Manta.

El nuevo Miami
“Aquí en Manta ofrecieron un Miami. A las élites de la ciudad les entusiasmó eso, y formaron un grupo Pro Manta. Los gobiernos en esa época no hacían nada por las provincias, por eso, en vista del abandono gubernamental, dijeron que esa era la salida. Así, el dólar se convirtió en todo, nos volvimos occidentales, aunque en la zona sur de Manabí siempre hubo resistencia”, dijo Miguel Morán a la Comisión Especializada de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, que ahora está interesada en saber qué hicieron los gringos en Manta.


Miguel Morán, abogado sindicalista y catedrático de derecho, es dirigente del Movimiento Antiimperialista Thoallí, y es una de las pocas voces disidentes que se escuchó desde 1999 en oposición a la instalación de la Base, en una época en que la mayoría de la población veía en su llegada la esperanza de crecimiento económico. Él cuenta que varios mitos se construyeron en torno a la instalación de la Base. Los medios de comunicación, las autoridades locales pertenecientes a partidos de la derecha Social Cristiana, anunciaban la llegada del bienestar norteamericano a Manta. “Los gringos van a traer dólares”, decían.

Pero, al pasar los años el sueño americano llegó a Manta con otro rostro. Los bares, discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon en la FOL tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea 8 meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los norteamericanos. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos. Así lo cuenta un anciano de 90 años, el capitán retirado Jacobo Jara, quien en su largo camino de vida, vio los cambios que sufrió Manta:
“Yo he sido uno de los que ha sufrido. En la avenida Flavio Reyes mi familia y algunas docenas de personas más, tenían pequeños negocios. Antes de llegar los norteamericanos, los arriendos eran de 50 dólares, por un local, donde tenían sus negocios y vivían con decencia, ganaban con decencia. Pero llegaron los norteamericanos, no digo que sean ellos los que impusieron el precio, pero por la influencia de ellos, apenas llegaron y pagaban 1.500 dólares en el oro verde, los arriendos subieron de 50 a 500 dólares cada mes. Nuestros pequeños negocios salieron derrotados. Llegaron otros con alguna relación económica más poderosa, más grande, y personas humildes fueron despojados de sus sitios y dados a la quiebra, los pequeños comerciantes que ahí habían trabajado por tanto tiempo honorablemente perdieron sus negocios”

Según la Embajada de Estados Unidos “El FOL inyecta más de 6.5 millones de dólares anualmente a la economía local de Manta”. Esto según el Dr. Miguel Morán no es dinero que beneficia a la población de Manta, ya que: “los militares norteamericanos durante su estadía no consumieron productos locales, y el dinero se movió en un reducido círculo social alto, entre bares de lujo y sitios reservados. El crecimiento de Manta, si se puede llamar así, se debe a otras razones y no a la presencia de militares extranjeros”.


Además la Embajada afirma que la inversión que hicieron en Manta “incluye un componente importante en costos de operación del aeropuerto, con más de 2 millones para la operación del Departamento de Bomberos del FOL de Manta y aproximadamente 200.000 en costos de mantenimiento del aeropuerto”. Pero el jefe de Bomberos de Manta, Sofonías Rezabala, confronta este argumento y asegura que su trabajo es autónomo y que no han recibido algún vehículo por parte de la FOL, como afirmaron en un medio de comunicación local, además cuenta que “cuando hubo el incendio en el centro, todos los criollos de Manta estuvimos, los de la FOL llegaron ya para recoger las cenizas”.

Los ofrecimientos de “bienestar” derivados de la instalación de la base, creados por los medios de comunicación, por las autoridades locales y por la Embajada de Estados Unidos, ocultaban la incidencia geopolítica de esta base en el Ecuador. Es así, que organizaciones locales y nacionales empezaron a colocar en su agenda política la lucha contra la presencia de militares extranjeros en la FOL, más allá de un inocente Puesto de Operaciones de Avanzada, y se empezaron a preguntar sobre el rol de esta base en las nuevas políticas de seguridad de los Estados Unidos y su intención de tener libre acceso a los recursos naturales, en especial, a los recursos energéticos y a la biodiversidad; además se preguntaban cuál era su rol en el panorama de la implementación del Plan Colombia, ya que el propio Ex Comandante del Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos, Javier Delucca declaró: “La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”
Este peso de la Base de Manta en la militarización de la región, llamó la atención de organización internacionales antimilitaristas, convirtiendo al tema en un emblema de resistencia a la hegemonía militar norteamericana en el mundo.
En el 2003 empezó el trabajo de la Coalición No Bases Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones que, a través de acciones, debates y educación, permitieron posicionar al tema y colocar en la agenda pública la no renovación del contrato de utilización de la Base Aérea Eloy Alfaro.
En el 2008 la Coalición propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que incorporara en la Constitución el siguiente texto:

“El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios con otros Estados”.
La esencia de esta propuesta fue aceptada por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el Artículo 5.- de la nueva Constitución aprobada dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
En cumplimiento de la Constitución y de su ofrecimiento de campaña, el Presidente Rafael Correa anunció que no renovará el convenio con Estados Unidos para la utilización de la Base de Manta, de esta forma, la FOL y sus inquilinos deberán dejar la Base Aérea Eloy Alfaro antes de noviembre del 2009. Pero, previa a su salida, como cualquier inquilino que arrienda una casa, los militares norteamericanos deberán rendir cuentas sobre qué actividades realizaron en estos 10 años. Por tal razón, la Coalición No Bases Ecuador antes que los militares abandonen Manta, pidió a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional que se investigue las operaciones realizadas desde Manta por las tropas extranjeras y que se verifique si son fundadas las sospechas que tienen diversos sectores gubernamentales y sociales de que el bombardeo colombiano de Marzo del 2008 en Angostura, en Ecuador, contó con ayuda logística o informativa proporcionada por aviones estadounidenses que decolaron desde Manta, la noche del 28 de febrero de 2008. La Comisión aceptó la propuesta, por lo que el 21 de Mayo, acompañada de representantes de la Coalición No Bases y de organización de Derechos Humanos, llegó a Manta para realizar una visita previa a una Auditoria Pública.
Después de 10 años que la Base Militar Norteamericana se instaló en Manta, el silencio con el que se aprobó el convenio ha sido roto. Organizaciones sociales, colectivos juveniles, asociaciones de pescadores, mujeres y personas particulares, recobraron la palabra para contar a la Comisión y al mundo los impactos de la presencia de militares extranjeros en Manta.

Testimonios de la Audiencia Pública: “Los radares no me devuelven a mi esposo”

En una casa de caña guadua, en las afueras de Manta, donde no existen edificios enormes, ni sucursales de bancos internacionales, tampoco restaurantes de lujo y se percibe el aliento de la boca abierta de una fábrica empacadora de pescado; en este sitio fue donde mujeres, ancianos, jóvenes, todos pescadores, se reunieron para expresar su rechazo a la base militar estadounidense, en la Audiencia Pública que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional instaló.
A pesar del pequeño espacio estaban todas y todos reunidos, no era para menos, era la primera vez que representantes del Estado los visitaban sin ser época de campaña electoral. Así, la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, como si fuera una sesión normal, tomó el quórum y abrió la Audiencia.
El primero en tomar la palabra fue Milton Ayala Castro, Vicepresidente de la Asociación de Pescadores Autónomos Artesanales de Manabí, Miramar, quien todavía no creía que una Comisión entera estuviera presente para escucharlos. Después, impulsada por una fortaleza notable, una mujer con manos curtidas, mirada que guarda tristeza, pero con una voz de retumbar de olas, tomó la palabra. Ella es María Urgilés, esposa de uno de los 18 pescadores desaparecidos el 15 de junio del 2003. Su esposo y 17 pescadores más, salieron de su casa como todas las semanas a pescar en el barco “Jorge IV”, pero nunca regresaron.

El Jorge IV desapareció en el 2003, en un periodo en el que se dieron el mayor número de interdicciones de barcos. Existen indicios de que fue embestido por alguna nave muy grande, pero no se puede determinar con veracidad los hechos. Las mujeres de los pescadores y sus hijos aducen que este barco fue embestido por una nave estadounidense, de ahí la demora en iniciar un proceso de búsqueda, pues hasta dos días después de la desaparición, aún la Capitanía del Puerto y el propietario del barco Jorge Corral aseguraban a los familiares que el barco estaba bien y que habían hablado con la tripulación. Al final los radares, los satélites y la tecnología de punta con la que cuentan los Militares Norteamericanos en la Base de Manta no dieron respuesta sobre el barco y hasta el momento no existen rastros.
Los pescadores, las viudas y las madres piden que se investigue cuál es la información qué tiene la FOL sobre el hundimiento y desaparición del Barco y preguntan ¿Cómo pueden desaparecer 18 personas en el mar sin dejar huellas? ¿Cómo puede un Centro de Operaciones de Avanzada con toda la tecnología de punta no saber lo sucedido con un barco? En torno a este testimonio, los asambleístas decidieron extender esta investigación a la Capitanía de Puerto y a los propietarios del Jorge IV para saber si las comunicaciones existieron realmente o porqué no se dio paso a los operativos de búsqueda de manera oportuna. María quiere hacer un trato con el gobierno de Estados Unidos: que se lleve la FOL, los radares y aviones y le devuelvan a su esposo.

Mientras María hablaba, un anciano escuchaba conmovido el testimonio de María y en una hoja de papel arrugada como su piel, escribía con letra manuscrita: “Imperio Norteamericano… Ministra Larriva… Colombia Ataque Angostura… Soberanía ecuatoriana… pescadores nobles…” Eran palabras claves para recordar lo que diría cuando tomara la palabra. Él es el Capitán retirado Jacobo Jara, del Comité Patria Tierra Sagrada, tiene 90 años de edad y cuando tomó la palabra un silencio solemne ingresó en la casa de caña guadua: “Ya son 10 años, ¿qué hemos sacado, qué beneficio nos han dado los norteamericanos? Por la presencia de ello, hay un grande e inmenso perjuicio. En primer lugar, aquí porque están ellos no pueden aterrizar aviones norcoreanos, no pueden aterrizar aviones vietnamitas, de Irán, aquí no pueden aterrizar aviones que sean enemigos de ellos, pero que de nosotros no son enemigos, entonces ¿qué beneficios nos trae cuando ellos son los que escogen los amigos que pueden venir a nuestra patria a visitar o a hacer comercio?, solo lo que ellos les convenga, ese es un gran perjuicio”
Después el miedo a hablar se perdió, mujeres, madres, hijas tomaron la palabra, querían contar sobre su esposo, su padre, su hijo desaparecido, mientras los pescadores querían saber quién les reconocerá los daños a sus barcos, quién sacará su barco del fondo del mar, quién les devolverá la libertad de pescar en su mar, donde también pescaron sus padres y abuelos.

En la tarde, la Audiencia Pública se abrió en la Sala de Postgrados de la Universidad Laica Eloy Alfaro, donde más organizaciones y personas particulares acudieron al llamado de la Comisión de la Asamblea. Todos y todas querían hablar, parecía que esta vez, a diferencia de años atrás, el silencio no había sido invitado.
Poco a poco los testimonios comenzaron a evidenciarse, algunos mostraban su rechazo desde una visión política-ideológica, mientras que otros, aún con temor, contaban sus encuentros en el mar con militares extranjeros. Uno de ellos, fue el Capitán del Barco “Ochossi”, otro de los barcos afectados por la presencia de militares extranjeros, quien contó: “En el 2005 militares extranjeros nos abordaron, y un avión nos sobrevoló 8 horas, nos arrinconaron en un hueco, nos pusieron armas, nos hicieron tomar fotografías con nombre y apellido como narcotraficantes, al siguiente día recién nos dieron de comer, destruyeron nuestras lanchas, ingresaron material para perforaciones, al no encontrar nada, se fueron. Cuando le preguntamos que quién pagaba los daños, nos entregaron una hoja y nos dijeron que vayamos a la embajada, nos dejaron a la deriva”.
Luego, siguieron los testimonios de más pescadores, de pequeños barcos, de grandes buques, jóvenes, mujeres, contando las violaciones a los derechos humanos, barcos abordados, controles exagerados, incluso torturas. Sólo una profesora, de una escuela para niños con capacidades especiales, contó la ayuda que recibió de la FOL norteamericana. En total se recibieron denuncias de: 14 barcos hundidos, 4 barcos dañados y sin posibilidades de reparación, 1 barco desaparecido, 125 migrantes sometidos a tratos inhumanos y degradantes, reñidos incluso con la moral, 2 personas detenidas y desaparecidas. Todos estos testimonios se presentaron con la documentación requerida, incluso con fotografías y evidenciaron una realidad ocultada durante 10 años por medios de comunicación, autoridades locales, en complicidad con las autoridades de turno.

Estos testimonios, que confirman que la FOL durante su estadía en Manta realizó otras acciones, fuera de las bases del convenio, tendrán que ser investigados con mayor profundidad a través de la auditoría que propone la Comisión de Asuntos Internacionales, que se espera de respuestas a Manta y al Ecuador, para que los culpables sean sancionados y las personas afectadas sean reparadas física, económica y moralmente.

En busca de respuestas…


El tercer día de estadía en Manta, La Comisión de la Asamblea junto con organizaciones de Derechos Humanos y la Coalición NoBases visitó La Base Aérea Eloy Alfaro, donde tuvo un encuentro con los militares ecuatorianos y con funcionarios estadounidenses, el Teniente Coronel Jared Curtis, Comandante del FOL, el agregado militar de la Embajada y una oficial política.

Eduardo Cárdenas, Comandante de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta explicó que el control de la mayoría de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro está en manos de militares ecuatorianos y que las actividades se limitan a facilitar información, como manda el convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos que dice “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos”

Así también, la Embajada Norteamericana en su página web dice que el trabajo de la FOL está limitada al campo de antinarcóticos y que las misiones aéreas proporcionan información para las operaciones de interdicción marítima de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de los países socios, pero no intervienen directamente en las operaciones y afirma que: “La información que recogen estos vuelos antinarcóticos que salen del FOL es analizada por la “Joint Interagency Task Force South (JIATF-South), una fuerza de tarea internacional y multilateral con base en Key West, Florida, que está formada por diferentes departamentos del Gobierno de los Estados Unidos y tiene funcionarios de coordinación de 12 países, incluso del Ecuador”

Pero Comandante de Base Aérea Eloy Alfaro afirmó que “La información es algo intangible que no se puede tocar y el valor de esa información es el procesamiento y lo que se hace con esa información. Se podría decir que esa información si la tuviéramos aquí no serviría para nada. Cada información está relacionada con un montón de cosas”
Entonces, la información viaja por el aire hacia Estados Unidos y los militares ecuatorianos no tienen conocimiento, ya que “es tecnología avanzada que no sabemos cómo funciona” Entonces. ¿Qué sucede con la información que se obtiene en territorio ecuatoriano? ¿Cuáles es el fin último?

Según la Embajada de Estados Unidos “Basándose en la información recibida desde el FOL y de otras fuentes, la JIATF-South puede proporcionar guías a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas para que puedan realizar operaciones de intercepción de drogas? En la Hoja Informativa, Contribución del FOL de Manta a la lucha antinarcóticos y a la comunidad de Manta, se dice que durante el 2008, con el personal de apoyo a las operaciones antidrogas del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL) localizado en la Base Aérea Eloy Alfaro “se respaldó 822 misiones antinarcóticos, contribuyendo al decomiso de 229 toneladas métricas de cocaína, que habrían tenido un precio estimado de 4.570 millones de dólares en las calles”

Según los norteamericanos en la FOL, se han capturado casi 1800 toneladas de cocaína. Estos datos no concuerdan con la información que tienen el CONSEP, por lo que cuando la Comisión le preguntó esto, el agregado militar tuvo que aceptar que esta cantidad de droga corresponde a operaciones de las tres FOL instaladas en América Latina y en operativos combinados con 11 países.

Los medios de comunicación nacionales que son llevados con frecuencia a visitar la FOL aceptan sin chistar los datos que les proporcionan los militares estadounidenses. A ningún reportero se le ocurrió preguntar dónde estaba la droga decomisada o dónde estaban los juicios y personas detenidas por estos operativos. Ahora resulta que toda la infraestructura militar estadounidense de tres FOL de América Latina, y la acción combinada de 11 países logró la captura de las 1756 toneladas de cocaína de la que habla la embajada estadounidense; esto quiere decir que sólo se tiene un grado de efectividad de alrededor de 15 toneladas de cocaína capturadas por año en cada país participante; esta es una efectividad nula, incluso ridícula, si se considera el número de misiones aéreas, el personal destinado y las inversiones realizadas. Si son tan poco eficientes en el control del tráfico de drogas, cabe la pregunta ¿qué más hicieron en Manta?

Pero hay otro tema que queda pendiente de ser investigado. Si la FOL se limitaba al control aéreo antinarcóticos ¿qué sucede con los abordajes, hundimientos y controles a pescadores en el mar de Manta?

Sobre esto el Comandante de las Fuerzas Armadas afirmó que “A nosotros nos compete solo el control del espacio aéreo todo lo que pase en el mar es responsabilidad de la marina ecuatoriana nosotros controlamos el espacio aéreo y eso es lo que hace el convenio. Entonces ¿qué papel jugó la Marina del Ecuador en los abordajes, interceptación de barcos de pescadores y migrantes? ¿Cuál fue el papel de los militares extranjeros acantonados en Manta? Estas son algunas de las preguntas que quedan flotando en el aire y que deben responderse lo más pronto posible.

La visita de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, recopiló abundante información para fundamentar la necesidad de realizar una auditoría, no solo para que las acciones de los soldados estadounidenses no queden en la impunidad, sino también para dar un ejemplo a los demás países sobre las formas en que un pueblo digno puede ejercer su soberanía.

La auditoría deberá encaminarse a buscar la real dimensión de las acciones estadounidenses, pero además, deberá establecer responsabilidades políticas y penales por los daños causados, tanto a las personas afectadas, como a todo un pueblo al que un sector político entreguista le impuso una base militar extranjera
La Comisión de la Asamblea deberá ahora llamar a comparecencia a quienes hicieron posible la firma del convenio y luego presentar un informe al Presidente Rafael Correa para que él haga realidad esta auditoría, no solo deseada por los ecuatorianas y ecuatorianos amantes de la paz, sino por todas las organizaciones que buscan construir un mundo sin armamentos y sin acciones militares.


INREDH y la Coalición No Bases - Ecuador, seguirán de cerca el proceso de la auditoría y realizarán acciones masivas como repudio y despedida a las tropas extranjeras, estas acciones se darán en el marco de una campaña nacional a la que hemos denominado “Lluksi Yanquis Forever”, en la que habrá conciertos, graffitis, foros y el acondicionamiento de una barco dañado que permanece en la playa de Tarqui, en Manta.

(Fuentes: El Comercio-Quito, CRE-Satelital, El Telégrafo-Guayaquil, Prensa Latina y LibreRed-INREDH)

12.2.09

Ecuador:Relaciones con EE.UU.

LA EMBAJADA NORTEAMERICANA OBLIGADA A DEVOLVER INFORMACIÓN RESERVADA EXTRAÍDA DE LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA, DÍAS DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE UN DIPLOMÁTICO POR SU INJERENCIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL ECUATORIANO

El Gobierno ecuatoriano denuncia que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Quito sustrajeron información de los computadores de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional. La denuncia fue revelada por el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien calificó el hecho como “inaceptable”. El incidente, según Carvajal, afecta la seguridad nacional

El gobierno también exigirá una explicación a la Policía sobre los convenios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, investigaciones especiales y otras áreas.
“Si esa ha sido una práctica durante algunos años, exigimos a la Policía que nos diga desde cuándo y a base de qué aprobaciones de nivel político se han ejecutado estos convenios”, dijo Carvajal.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que “se presentarán los reclamos dignos” a los funcionarios extranjeros que “osaron y tuvieron la audacia de realizar aquello”.
Correa denunció que la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando de los Estados Unidos sustrajo la información entre el miércoles y jueves de la semana pasada.
Por esta razón, el gobierno del Ecuador expulsó esta semana al funcionario de la embajada norteamericana Armando Astroga.

Finalmente, este miércoles, personal de la Embajada de Estados Unidos entregó a la Policía de Ecuador la información sustraída de unos ordenadores de la unidad contra el contrabando, que obtuvo luego de que suspendiera la financiación que entregaba a esa oficina. Así lo confirmó el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien señaló que la información recibida por la Policía ecuatoriana será revisada para descartar una posible manipulación.
"La Policía nacional está haciendo una investigación informática sobre lo que se ha entregado", señaló Carvajal ."Esperamos que no haya sido manipulada" dicha información, añadió Carvajal, quien recordó que la embajada de EE.UU. obtuvo los ordenadores tras decidir suspender la ayuda financiera a la unidad contra el contrabando.

La embajada participaba en el nombramiento de policías


La situación trae cola. Previamente, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, Armando Astorga, había escrito una carta al comandante de Policía Jaime Hurtado, haciéndole conocer que su gobierno suspendía el convenio de apoyo logístico y operativo a la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando del Ecuador. Esta unidad pertenece, a su vez, a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. El argumento que esgrimió el funcionario de los Estados Unidos fue que no funcionaba satisfactoriamente la coordinación entre la Embajada y la Policía para decidir el personal que se asignaba al Centro de Operaciones Anticontrabando.

La comunicación del diplomático estadounidense da a conocer un hecho sorprendente, que los EE.UU. han tenido injerencia en el nombramiento de policías ecuatorianos. Para Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el asunto es tan dramático que permite la existencia de un convenio que otorga esa posibilidad. "No solamente la relación fue política e informal, sino que fue tan grave que el gobierno ecuatoriano suscribió por error, por descuido o voluntariamente un convenio que permitió esa barbaridad".

Por esta acción, el domingo pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, para informarle "la indignación del Gobierno ecuatoriano y el rechazo a los términos con que Astorga se dirigió al comandante de Policía".

Para Adrián Bonilla, lo que existe es un convenio que revela una relación de subordinación histórica por parte de ciertos organismos del Estado ecuatoriano a entidades de fuera del país, que ha marcado las formas de procesar los temas de seguridad a lo largo de los últimos 30 años. Este convenio, según Bonilla, estaba en vigencia y fue renovado recientemente.

Según el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, dicho convenio era verbal, no escrito. Sobre esto, el ministro Carvajal expresó que, en adelante, todo tipo de acuerdo tiene que realizarse por escrito sobre la base del respeto a la soberanía. También manifestó que la Policía tendrá que dar explicaciones sobre este tipo de prácticas.

Bonilla opina que si el convenio, en efecto, fue verbal, hay responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales en aquellas personas que transfirieron la información. "Esto, sin embargo, tiene que verificarse, porque tanto el presidente de la República, Rafael Correa, como la Policía y los funcionarios de la Embajada norteamericana mencionaron siempre la existencia de un convenio ".

Correa ordena investigar y despedir a los policía implicados


El Presidente Rafael Correa, arremetió ayer contra la Policía y ordenó a su nuevo Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, que averigüe los nombres de los oficiales que entregaron información de inteligencia a la Embajada de Estados Unidos, para sacarlos de la institución. El diplomático estadounidense Armando Astorga solicitó al comandante de Policía, Jaime Hurtado, el 8 de enero pasado, que devuelva los equipos, vehículos y computadoras que donó su gobierno al Centro de Operaciones de Contrabando (COAC), por no ser consultado en la designación del comandante de esta unidad.

El gobierno expulsó el sábado pasado del país a Astorga por considerar su misiva una ofensa a la soberanía. El presidente Correa dijo entonces que “Policías obsecuentemente se prestaron para eso. Tal vez están confundidos y creen que trabajan para una embajada y no para su propia patria; entregaron todos esos equipos e información de quince años de unidades especiales sobre redes delictivas, etcétera. Eso no lo vamos a tolerar. Quiero saber quiénes son los policías que se prestaron para inmediatamente separarlos de la institución". Calificó de “un hecho gravísimo” que la Policía no haya informado que en las computadoras había información clasificada:“Hay enemigos desde adentro que están enquistados tratando de torpedear este cambio para boicotearlo y desestabilizar al Gobierno. Se acostumbraron a vivir de la limosna del poderoso”, denunció.

Por su parte, el Ministro de Gobierno ,Gustavo Jalkh ,calificó al hecho como un acto de traición a la Policía y se comprometió a cumplir con la disposición presidencial. Dijo que revisará el informe de la Comisión civil-militar, creada por el Gobierno para que investigue la supuesta infiltración de la CIA en las Fuerzas Armadas y Policía, en cuyo informe final sugiere la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía. A finales de 2008, el gobierno de Correa denunció una infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia del Ecuador. También denunció que la CIA conocía previa y detalladamente el bombardeo y la invasión colombiana del 1º de marzo contra una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano. Este incidente provocó una crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Entre tanto, el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, confirmó que la Embajada de EE.UU. devolvió la información robada tras una enérgica protesta diplomática. “Esta información fue devuelta ayer (martes) al mediodía, pero evidentemente es un hecho que tiene que ser explicado”, aseguró el ministro.

La ruptura del conveno policial



Rafael Correa, explicó la expulsión del agregado de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Armando Astorga Junior, quien dirigió una carta al Comandante General de la Policía, Jaime Hurtado Vaca, dando por terminado “el entendimiento de apoyo logístico brindado a la Unidad del Centro de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional del Inteligencia de la Policía Nacional”.

Según el Presidente de Ecuador el agregado estadouniense actuó con insolencia al pretender que Ecuador es “colonia de Estados Unidos”, al no permitir que se designe al personal que dirige esa Unidad. Según Correa, Astorga dio por terminado el convenio porque “ellos ya no seleccionan el personal, sino que lo seleccionamos como país soberano” y que antes quien lo hacía era la Embajada.

La conclusión del convenio suspende la financiación de 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo; y 160.000 dólares anuales que se iban a entregar a la Unidad Nacional de Trata de Personas.“Señor Astorga quédese con su sucio dinero. No lo necesitamos. Aquí hay soberanía y dignidad”, dijo el mandatario, tras ordenar al Comandante de la Policía entregar “inmediatamente” todos los equipos que hayan recibido. “Que se queden con sus cosas. Ecuador no necesita de caridad de nadie”, afirmó Correa. Visiblemente molesto, el Presidente añadió que propondrá la donación de los 160.000 d´lares anuales para que Estados Unidos financie proyectos para evitar la tortura en cárceles como la de Guantánamo.


Una base en Colombia para sustituir a la de Manta


El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, confirmó que ha conversado con el gobierno colombiano sobre la posibilidad de trasladar a ese país la base militar estadounidense ubicada en el puerto ecuatoriano de Manta. El convenio sobre esta instalación concluye este año y el gobierno del Ecuador no aceptó renovarlo. La nueva Constitución ecuatoriana prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo nacional.

"Estamos en conversaciones para ver cuales son las opciones y alternativas para el futuro . Colombia es uno los gobiernos con los cuales estamos conversando", declaró Brownfield a la prensa. Brownfield anticipó que la iniciativa podría definirse en el encuentro entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas de abril próximo en Trinidad y Tobago; aunque no existe confirmación del encuentro. Anteriormente se filtró la posibilidad de que fuera Perú el país que albergará las instalaciones que sustituyan a las de Manta.

Al respecto, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa reveló que la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges le pidió que, tras la salida norteamericana este año de la Base de Manta, se permita el aterrizaje de aviones de control antidrogas. Correa aseguró que Ecuador aceptará los aterrizajes, pero con una condición: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país” "Nosotros calificaremos a los pilotos si no, no me aterriza ningún avión norteamericano", afirmó.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Universo-Guayaquil, Radio Nederland, El Ciudadano-Ecuador, El Comercio-Quito y Confirmado.net)

14.8.08

Ecuador: Constituyente

CORREA SE PONE AL FRENTE DE LA CAMPAÑA POR EL SÍ EN EL REFERENDUM DEL 28 DE SEPTIEMBRE. MÁS DEL 62 % APOYA LA NUEVA CARTA QUE DEFINE UN PAÍS PLURICULTURAL Y SOBERANO, SIN PRESENCIA MILITAR EXTRANJERA



Comenzó la campaña por el referendo del 28 de septiembre sobre la nueva Constitución de Ecuador, con la que el presidente Rafael Correa busca instaurar el "socialismo del siglo XXI", y en ella están inscriptos 128 partidos y agrupaciones. El Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente al referendo en la noche del miércoles a través de un mensaje en cadena de radio y televisión. La prensa local publicó este jueves 14 la convocatoria oficial con la única pregunta que llevará la papeleta de votación: "¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?" .
La campaña durará 44 días, hasta el 25 de septiembre, 72 horas antes de la elección, y están convocados 9,7 millones de ecuatorianos, de un total de 13,8 millones de habitantes. Para la aprobación, el sí deberá reunir 50 por ciento más un voto. El ejecutivo asegura que cuenta con 65% de las intenciones a favor. Aunque las encuestadoras privadas hablan de un apoyo de apenas el 47% y de que la suma de votos en contra, nulos y blancos da un 51% la encuesta que mantiene 'on line' el diario El Comercio de Quito, le concede al SÍ más del 62 %.

Los obispos, al frente de la Contra

Aunque la campaña comienza formalmente ahora, en realidad ya está en marcha desde hace semanas, al menos para la jerarquía de la Iglesia Católica, que no cesa de atacar el proyecto constitucional, especialmente por el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos también dicen que la nueva constitución 'concentra' todos los poderes en el Presidente

El Presidente Rafael Correa llamó "mentirosos" a los obispos y texto en mano ha tratado de desmentirles. El artículo más cuestionado por la Iglesia Católica reza de manera textual: "El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción", según el proyecto difundido por la Asamblea.
Pero para el presidente de la Conferencia Episcopal , el arzobispo Antonio Arregui, , el párrafo es ambiguo y contradictorio con otro artículo que "reconoce a toda persona el poder de decidir cuándo y cuántos hijos tener, asumiendo así la aceptación del aborto".
En comandita con los jerarcas católicos, la derecha y los empresarios de oposición respaldan esos cuestionamientos y acusan a Correa de hacer una Constitución a su medida para extender su mandato, concentrar el poder y 'estatizar' la economía. Algunas figuras políticas de peso como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y los asambleístas de oposición también lideran el discurso en contra del actual texto constitucional

Además del gobierno, grupos como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que reúne a 190 alcaldías del Ecuador, así como 23 prefecturas han manifestado su apoyo al Sí.
Acuerdo País inicia la campaña por el SÍ


El partido del presidente Correa no ha perdido ni un segundo en iniciar la campaña por el SÍ. Acuerdo País comenzaba a desplegar su maquinaria electoral este mismo miércoles 13, a las 17:00, en su sede principal de Quito, aunque sin la presencia del presidente Correa, de gira por el Cono Sur. Al lanzamiento asistieron miembros de la Asamblea Constituyente, que acabó a finales de julio de redactar el texto que será sometido a referendum el 28 de septiembre. El movimiento Alianza País planea realizar una campaña de puerta a puerta, para promocionar el texto constitucional. En el lanzamiento de la campaña se insistió en que la figura del presidente Correa será su eje.
El Gobierno deberá tener cuidado con su participación en la campaña. El artículo 21 de la Ley de Control del Gasto Electoral prohíbe “a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público, la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos a su cargo”. La sanción para el incumplimiento es la destitución del cargo. Y la oposición cree que Correa utilizará el aparato estatal para hacer campaña por el Sí.

Orlando Pérez, secretario de prensa de la Asamblea Constituyente y uno de los coordinadores del buró de campaña del movimiento oficialista Alianza País, cree que es "legítimo" que el presidente haga campaña por el Sí, siempre y cuando no se usen recursos públicos. "Me parece que legítimamente los actores políticos deben actuar, pero también encontramos a alcaldes utilizando recursos públicos que siguen haciendo campaña por el No" dice Pérez.
Por su parte Jorge Acosta presidente del Tribunal Supremo Electoral opina que "es normal" que el presidente realice campaña: "
Él pidió la consulta, él patrocinó todo el tema de la Asamblea... he estado en muchos, muchos países como observador internacional (en procesos electorales), y jamás he visto que el presidente de la república se abstenga de participar por lo que él considera apoyo a su voto".

El apoyo a la nueva Carta Magna, en aumento



La nueva Constitución tenía a finales de Julio un apoyo de sólo el 41 por ciento de los votantes, según la encuesta de Cedatos-Gallup Internacionacional. Pero dos semanas antes, el "Sí" contaba con apenas un 32 por ciento. A día de hoy, según el Gobierno, el apoyo es ya del 65 por ciento, lo que parece algo exagerado y más bien el objetivo a lograr en el referendum de septiembre. El diario de Quito 'El Comercio' le da´al SÍ el 62 por ciento, en una encuesta abierta en su edición digital.
La propuesta constitucional, que se someterá a la aprobación de los ecuatorianos el 28 de septiembre fue aprobada el 23 de Julio por 94 votos a favor sobre 126 asambleístas presentes.
La Asamblea, que sesionó desde noviembre en el pueblo costero de Montecristi aprobó finalmente un texto que incluye cambios como la reelección presidencial inmediata por una sola vez, además de plantear cambios en las estructuras estatales y aumentar el poder del presidente y la presencia del Estado en áreas estratégicas. Igualmente, prohíbe la presencia militar extanjera en el territorio ecuatoriano, como son las instalaciones que Estados Unidos tiene en la base aeronaval de Manta, en el Pacífico. Como el gobierno del presidente Rafael Correa ya ha informado a Washington que no renovará el acuerdo militar que concluye en 2009, aun en el hipotético caso de que la nueva Constitución no fuera refrendada en septiembre, el Pentágono Estados Unidos tendría que sacar , igualmente, sus hombres y pertrechos de Manta.


¿Constitución de Correa?


Por Guido Proaño (*)

No. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente no es de Rafael Correa, pertenece al pueblo. Ha sido escrita en el transcurso de varios años de resistencia y lucha de los pueblos del Ecuador en contra de gobiernos neoliberales, fue concebida al tiempo que el anhelo de cambio se fortalecía en la conciencia de miles de ecuatorianos.
La propuesta de nueva Constitución, la instauración de la Asamblea Constituyente y el mismo gobierno de Rafael Correa no pueden ser explicados y comprendidos por sí mismos; es necesario mirar hacia atrás para entender que son el resultado de un proceso incubado durante años, en el que las organizaciones populares y las fuerzas de izquierda tienen responsabilidad directa.
El incansable bregar de los pueblos del Ecuador produjo un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país: la derecha y el populismo perdieron espacios, la socialdemocracia ha mediatizado su acción, la oligarquía (pelucones como ahora son identificados) está en la mira de millones de ecuatorianos reconocida como corrupta y responsable de la crisis del país; en contraparte, se consolida una franja político-social -que se eleva a la condición de mayoritaria- animada por ideales progresistas, democráticos y de izquierda, que mantiene la iniciativa política y prefigura el cambio en tres palabras: la patria nueva.
Esa circunstancia explica lo que ahora ocurre en el país. El movimiento de masas arrinconó a las clases dominantes y abrió el camino para que Montecristi alumbre la nueva Constitución. Los asambleístas cumplieron el mandato popular: desbaratar el andamiaje neoliberal y elaborar una Constitución que genere condiciones para un cambio positivo, progresista. Las dificultades fueron diversas, se debió sobrepasar los obstáculos puestos por la derecha, y aún las inconsecuencias de algunos asambleístas de PAIS que, por error o 'convicción' pretendieron, por ejemplo, introducir la municipalización de la educación y la salud, separar el Seguro Social Campesino de la estructura general del IESS, desconocer el carácter plurinacional del país o impedir la gratuidad de la educación a nivel universitario.
Ahora tenemos una Constitución que, en esencia, responde al anhelo del pueblo; las limitaciones políticas que esa puede tener reflejan los límites organizativos y políticos del movimiento popular para avanzar más. En todo caso, esta nueva Carta expresa, justamente, ese cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales del país.
Finalizado el trabajo de la Asamblea empieza una nueva y no menos dura batalla, el referéndum del 28 de septiembre. Ganar en el referéndum con el SÍ es obligatorio para el movimiento popular en su propósito de afirmar el proyecto político en curso y para cerrar otros espacios a la burguesía. ç
Pero aún ganando en esa lid, el cambio no vendrá fácil. Habrá que pelear para que los elementos progresistas de la Constitución se cumplan; las fuerzas del viejo país que manejan hilos incluso desde altas esferas harán todo lo posible para impedir que las cosas cambien. De manera que no hay espacio para bajar la guardia. Así de agitada es la lucha de clases.
(*)Articulista del periódico Opción

(Fuentes: ANSA-Latina, AFP,El Comercio-Quito, BBC-Mundo, Reuters, La Jornada y Adital)

29.5.08

Ecuador: Constituyente

CORREA PIDE APOYO PARA LA CONSTITUYENTE, QUE TIENE UN BAJO RESPALDO POPULAR Y RECLAMA A LA ASAMBLEA QUE ACELERE EL RITMO DE TRABAJO

aTres desaparecidos en un nuevo ataque desde Colombia

La Asamblea Constituyente ecuatoriana cumple hoy seis meses, con cerca de 60 artículos aprobados y más de 200 aun pendientes. Es decir, que apenas ha cumplido un tercio del recorrido que deberá concluir el 26 de Julio, lo que no parece muy probable. Hay que recordar, no obstante, que desde que la constituyente decidió eliminar la cámara de diputados, realiza también esa tarea legislativa. Y así, en este período fueron votados además 10 mandatos constituyentes y dos leyes.

La Constituyente tiene dos meses para finalizar su trabajo y entregar la futura Carta Magna, que entre otras novedades, establecerá un nuevo concepto de economía “social y solidaria” y otorgará al Estado el control exclusivo de los recursos naturales, incluido el agua. Además, prohíbe la existencia de instalaciones militares extranjeras en suelo ecuatoriano, con lo que añade una razón más a la no renovación del contrato de la base militar que Estados Unidos mantiene en Manta y que cumple en 2009.

Acelerar los trabajos

Al resumir en días pasados la labor de la Constituyente, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó la atención sobre la necesidad de acelerar el trabajo, dejar a un lado temas fuera de agenda y concentrar la labor en la redacción de la Legislación.
Porque, según Correa, la Constituyente ha estado enfrascada en asuntos como el aborto, el placer sexual y la sugerencia de cambiar los símbolos patrios, que no son percibidos como prioritarios y que han afectado a la confianza de la ciudadanía en la Constituyente. El Presidente señaló que las dilatadas sesiones e intervenciones de los representantes de los partidos de oposición contribuyeron igualmente al desgaste de la Asamblea.

El mandatario se pronunció por recuperar la eficiencia y la confianza de ese órgano.
En este contexto, el vicepresidente de la Constituyente afirmó que esa institución entregará la nueva normativa nacional el 26 de julio próximo.
Una vez concluida su redacción, la Constitución deberá ser ratificada por los ecuatorianos en un referéndum, que se celebraría a principio de septiembre .

Durante el tiempo transcurrido, los asambleístas han discutido temas polémicos y picantes, que han generado intensas discusiones internas y externas.
Para este jueves se prevé la continuación del análisis en primer debate del articulado de Propiedad, elaborado por la mesa seis de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, que preside Pedro de la Cruz.
Según el texto propuesto, se garantizan diversas formas de propiedad, como la privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta, pero todas en su conjunto deben tener un función social y ambiental.
La inclusión de un párrafo que otorga al Estado la facultad de expropiar tierras o bienes motivó ayer el rechazo de representantes de partidos de derecha, lo cual dio lugar a amplias deliberaciones, la suspensión y aplazamiento de las discusiones para este día.

Ecuador avanza hacia una 'economía social y solidaria'

Un nuevo concepto de economía social y solidaria, que desplazará al de mercado, esta hoy listo para pasar a primer debate en el pleno de la Asamblea Constituyente. El asambleísta Norman Wray, de la mayoría gubernamental Alianza País, destacó ayer que la definición de economía social y solidaria modificará al concepto de régimen mercado vigente en la actual Constitución, elaborada en 1998. Dijo que se trata de avanzar hacia un sistema nuevo, en el cual el ser humano aparezca como sujeto y fin, y no como mercancía. Con esto, aclaró, se busca “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir”.
Según el texto acordado, “el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”.

La discusión levantó una de las mayores polvaredas desde el inicio de las sesiones. La oposición cree que el artículo pone en peligro la propiedad privada. Así, Carlos Fadul (PSC), dijo que “Se dice que la propiedad privada debe cumplir su función social de acuerdo con la ley. Eso quiere decir que se deberá hacer una ley que regule la función social (...) a través de ese esquema se puede expropiar lo que les parezca”. Y sostiene que la nueva Constitución debe señalar en qué consiste la función social de los distintos tipos de propiedad, sin dejar rendijas para interpretaciones legales posteriores.

El oficialismo defendió el articulado, al señalar que las críticas de la minoría obedecen a una visión neoliberal del mundo, que combatirá la nueva Constitución. Así dijo Pedro de la Cruz, miembro de la Mesa 6, que las tierras cumplen su función social cuando están cultivadas y respetan el medioambiente. “Si una tierra está abandonada, el Estado tiene capacidad de expropiar para que los campesinos trabajen”.César Rodríguez (A. País) añadió que el objetivo es evitar que haya sectores de propietarios “que no cumplen la función social, mientras hay gente que no tiene un centímetro de tierra para trabajar y producir”.
Los asambleístas definieron igualmente la política fiscal, la cual “tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de adecuadas transferencias, tributos y subsidios".Establecieron asimismo 11 sectores como estratégicos, que serán controlados de manera exclusiva por el Estado y que son: energía, telecomunicaciones, vías de comunicación, recursos naturales no renovables, lminerales, hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, espectro electromagnético, espacio radioeléctrico y el agua.
La aprobación en el pleno de estos articulados constituirá un paso importante para Ecuador, que busca avanzar hacia un modelo denominado Socialismo del siglo XXI.

Bajo apoyo e indecisos


El Sí a la nueva Carta Magna alcanza el 41% de apoyo, según una encuesta difundida por la empresa Cedatos, sobre la intención del voto para el referendun constitucional que deberá celebrarse en septiembre. Cedatos cifra el No en un 31% y los indecisos en un 78%. Según este estudio, el mayor apoyo a la Constitución se registra en Quito, con el 44% y el más bajo en el feudo opositor Guayaquil, con el 39%.
Otras consultoras dan datos parecidos. Así, Informe Confidencial reduce la cifra de indecisos al 67 por ciento, y la firma Santiago Pérez, 68 por ciento.
Sobre el SÍ, para Informe Confidencial logra el 41 por ciento y para Santiago Pérez será del 42 por ciento.
Santiago Nieto, de Informe Confidencial, atribuye el alto porcentaje de indecisos a la falta de interés de los electores en la constituyente. "La gente pensó que la asamblea iba a hacer otra cosa (dar empleo o bajar el costo de la vida) y las campañas de los asambleístas fueron ofreciendo agua, escuelas. Nadie dijo voy a hacer la constitución. Los expertos creen que la mayoría de ecuatorianos empezará a tomar una decisión a fines de julio o agosto, cuando el trabajo de la asamblea esté avanzado.
La consultora Santiago Pérez afirma que la confianza de los electores en la constituyente ha caído en los últimos meses de 22 por ciento en enero a 5 por ciento en mayo. La constituyente ocupa el tercer lugar de confianza después del gobierno y las fuerzas armadas, seguida de los consejos provinciales, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de justicia, según esta firma.
Para Informe Confidencial existe un empate de 46 por ciento entre los que aprueban y desaprueban la gestión de la asamblea.
Estado ecuatoriano tendrá control exclusivo del agua


En otro paso más destinado a desterrar el neoliberalismo, la mesa siete de la Asamblea Constituyente propuso el martes incluir en la futura Carta Magna el acceso libre de todos los ciudadanos al agua.
Tal proposición "inválida toda posibilidad de privatizar" el preciado líquido, que será controlado por el Estado, resaltó la víspera el asambleísta del movimiento Alianza País, Norman Wray. "Reconocemos al agua como un derecho humano y un bien estratégico, no por sus razones económicas, sino para la supervivencia", subrayó.
Este proyecto de artículo se incluye entre los 35 sancionados por esta mesa de Régimen de Desarrollo y que deberán ser discutidos en breve por el pleno de la Constituyente.
Con su futura aprobación por todos los asambleístas será responsabilidad del Estado la provisión del servicio de agua potable, la cual no será susceptible de privatización. De este modo, serían suspendidas las concesiones entregadas a empresas privadas para administrar este líquido en Guayaquil y Machala, capitales de las provincias de Guayas y El Oro, respectivamente.

Nueva incursión armada desde Colombia

Ecuador investiga una incursión armada a su territorio en la frontera con Colombia, después de que pobladores ecuatorianos denunciaran el ingreso violento de personas "uniformadas" a sus pequeñas propiedades.
Los habitantes de San Martín, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, denunciaron que el lunes un grupo de personas, con uniformes militares y armados con fusiles, ingresaron a la empobrecida población y se llevaron a tres personas de origen colombiano. Los testigos recordaron que la arremetida ocurrió a las 18:30 del pasado lunes. Fueron unos 30 sujetos armados los que ingresaron a la zona. Ellos cruzaron desde Colombia, por el río San Miguel, en tres botes tipo militar.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, informó que Quito envió una misión militar al pueblo fronterizo -ubicado en la ribera del río San Miguel, límite con Colombia- para verificar la denuncia de los pobladores.

La denuncia se produce en momentos en que Ecuador y Colombia mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde la agresión de m
arzo, ocurrida también en Sucumbíos. Militares y policías colombianos atacaron un campamento de la guerrilla de las FARC en el caserío de Angostura, cerca de la frontera.
La semana pasada los militares de los dos países acordaron activar temporalmente una cartilla de seguridad, para mejorar el control en la frontera.

Un ataque de militares o paramilitares colombianos


Por la forma de actuar parece un ataque de militares o paramilitares. En San Martín entraron a la casa Almer Ordóñez, un colombiano que es refugiado, y supuestamente interrogaron a sus parientes sobre la guerrilla colombiana. “Encañonaron a los varones, niños, mujeres y luego los golpearon hasta cansarse”, contó Giovanni Castillo, un testigo y hermano de uno de los desaparecidos. Los armados se llevaron retenidos a Adelmar Castillo, Jairo Santander y a un tercer hombre de quien no se conoce su nombre. Solo el primero era refugiado. Diana Rodríguez, familiar de Castillo, contó que los hombres fueron llevados a Barranca Bermeja, una comunidad cercana a San Martín. Además, dijo que los armados los golpearon hasta dejarlos inconscientes. “A Aldemar le culparon de ayudar a la guerrilla, lo golpearon y torturaron”.Ahora, sus familiares temen que hayan sido asesinados y que sus cuerpos sean arrojados al río para no dejar evidencias. Por eso, rompieron su recelo a los militares y denunciaron lo ocurrido el lunes.
San Martín es un caserío ecuatoriano se encuentra en medio de las veredas colombianas El Ají y Puerto Bello, separado por el río San Miguel. Miguel Lapo, dirigente de Barranca Bermeja, sostiene que no se trata de la primera incursión que se registra en esa zona. “Hace dos años ya atacaron a los pobladores de este sector y el pasado 8 de febrero último se registró un intenso combate entre soldados y la guerrilla colombiana que sacó corriendo a los civiles”, comentó.
Mientras tanto, el recinto de Santa Rosa (Cascales), un poblado adyacente a Barranca Bermeja, se convirtió en el punto de llegada para los desplazados que prefirieron protegerse. Allí se produjo la llegada de unos ocho habitante de Barranca, Providencia y San Martín, pero no se descarta que el número llegue a los 20. Ramiro Casanova, un finquero de Barranca, contó que ayer conoció el hecho y por ello decidió abandonar sus tierras hasta que la situación se normalice.“Existen amenazas en contra de todos los pueblos fronterizos de este sector, por cuanto nos tachan de cómplices de la guerrilla”. Antes de huir para salvar la vida, logró llevarse a su nieta y recoger dos mudas de ropa.
(Fuentes: Prensa Latina, Reuters, El Comercio-Quito y Agencia Xinhua)

23.5.08

Colombia-EE.UU.

URIBE ADMITE LA POSIBLE INSTALACIÓN DE UNA BASE MILITAR DE LOS EE.UU. JUSTO CUANDO LA CUMBRE DE UNASUR SE DISPONE A CREAR UN CONSEJO SURAMERICANO DE DEFENSA AL MARGEN DE WASHINGTON


El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos instale otra base militar en su país, aunque negó que por el momento exista un plan en tal sentido o que se proyecte hacerlo en la frontera con Venezuela, como aseguró el embajador norteamericano en Bogotá.“Todo lo que podamos hacer para fortalecer la ayuda de Estados Unidos a fin de que podamos derrotar al narcotráfico, lo seguiremos haciendo”, dijo. Sin embargo, aclaró que por ahora no hay conversaciones al respecto, y que Colombia siempre “ha sido cuidadosa”, por lo que no asumirá posiciones desafiantes con los países vecinos al amparo de su alianza con Washington.Ecuador no renovará la base militar que Estados Unidos mantiene en el puerto ecuatoriano de Manta y el embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, sugirió la semana pasada que esa base en el Pacífico sea trasladada al departamento colombiano de La Guajira, fronterizo con Venezuela.El presidente venezolano Hugo Chávez rechazó tal posibilidad en su frontera, y advirtió que de concretarse reclamará la soberanía sobre parte de ese territorio que, dijo, en el pasado perteneció a Venezuela.Uribe anunció, además, que Colombia, no va a participar en un Consejo Sudamericano de Defensa, una propuesta de Brasil , que debería crearse en el marco del UNASUR, cuya cumbre se inicia hoy en Brasilia, donde se planteará la formación del que sería el primer organismo militar panamericano sin presencia de Estados Unidos. Una idea que no gusta nada en Washington. Esta iniciativa brasileña surgió del incidente del ataque colombiano a un campamento guerrillero en suelo ecuatoriano, y ha sido bien recibida por al menos diez países de la región.
El mandatario colombiano agregó que hará todo lo posible "para fortalecer la ayuda de los Estados Unidos" parea derrotar el narcotráfico. Aclaró que "no se ha hablado" con Estados Unidos sobre la construcción de una base, y por lo tanto tampoco de que vaya a ser instalada en la frontera con Venezuela, pero tampoco negó esa opción. Para la senadora y ex ministra colombiana de Defensa Martha Lucía Ramírez, la instalación de una base sería objeto de un detallado análisis y consultas no sólo con la parte militar sino "con todo el análisis político que eso supondría". Ramírez considera que de llevarse a cabo un proyecto así, a "uno no le debería dar tanta preocupación de lo que digan los vecinos".
Uribe, un extraño en UNASUR
Álvaro Uribe anunciaba ayer que no presidirá la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) antes de viajar a Brasil, donde participará de la Cumbre de este organismo. Uribe explicó que ya adelantó a Lula Da Silva su intención. En declaraciones a RCN radio, explicó que mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, pero reconoció no tener deseos de viajar.
Uribe sostuvo que el probable presidente de la Unasur será Chile y no Colombia por la crisis política que se vive en la región tras el ataque militar colombiano contra Ecuador.

La Cumbre que hoy se inicia en Brasilia puede calificarse de hecho histórico. Los jefes de Estado de 12 naciones firmarán el Acuerdo Constitutivo de la Unión de Naciones Suraméricanas UNASUR, cuyas bases se vienen estableciendo desde 2004 a instancias de Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador.

Sus áreas de acción, definidas en 2005 son el diálogo político, la integración física, el medio ambiente, la integración energética, los mecanismos financieros suramericanos, las asimetría, la promoción de la cohesión social, la inclusión social, la justicia social y las telecomunicaciones. Y una alianza militar sin EE.UU.

En abril de 2007 los presidentes acordaron firmar el tratado final en la cumbre que debería haberse celebrado en Colombia en diciembre de 2007. Y ahí es donde Uribe comenzó a dar largas. Tras varios aplazamientos, la cancillería colombiana fijo el encuentro para el 28 y 29 de marzo en Cartagena de Indias. Pero la agresión el ataque militar colombiano contra territorio de Ecuador enturbió de nuevo el ambiente. Brasil, entonces, movió todos sus hilos para salvar la iniciativa logrando un consenso para reunir a los 12 presidentes de Suramérica este 23 de mayo.

El Consejo Suramericano de Defensa

Punto crucial de la cumbre fundacional de UNASUR será la creación de un Consejo Suramericano de Defensa, en momentos en que Estados Unidos decide restablecer la IV Flota militar en los mares de América Latina y que entrará a operar plenamente en julio próximo. Dicha flota nació en 1943, durante Segunda Guerra Mundial, para reforzar la defensa del continente contra ataques de aviones y submarinos alemanes y japoneses, pero fue disuelta cinco años después de terminado el conflicto.

El ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, autor de la iniciativa y que en las últimas semanas visitó todos los países suramericanos para exponer la propuesta de integración militar, ya anticipó que el presidente Lula da Silva someterá la propuesta a los demás jefes de Estado de UNASUR.
El Consejo Suramericano de Defensa, según lo concibe Brasil, no supone una alianza militar convencional, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino un foro para promover el diálogo entre los ministerios de Defensa de la región.
La propuesta es crear un mecanismo de integración que permita discutir las realidades y necesidades de Defensa de los países suramericanos; reducir los conflictos y desconfianzas, y sentar las bases para la futura formulación de una política común de Defensa.
Jobim, al ser interrogado por el secretario de defensa norteamericano sobre qué pudieran hacer los EE.UU. frente a la creación del comando de defensa suramericano, contestó sin pestañear: "mantenerse a distancia".
El mecanismo, según el ministro, puede garantizar la estabilidad en una región codiciada por sus importantes reservas de agua, recursos energéticos y alimentos, así como "prevenir" situaciones como la crisis provocada por la reciente incursión de tropas de Colombia en territorio ecuatoriano.
En cuanto a la receptividad de la idea, Jobim dijo que ha recibido respuestas entusiastas de países como Venezuela, Ecuador y Chile, especialmente de los presidentes Hugo Chávez y Michele Bachelet, pero también dudas de otros.

Las cautelas de Uribe suenan a rechazo


Jobim indicó que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aunque fue "muy cauteloso", "no rechazó la propuesta" y prometió "estudiarla detenidamente", y agregó que el país andino tiene que tener en cuenta de que podría quedar aislado.

La presencia de Uribe, quien decidió asistir a última hora a la cumbre, quizá para no desoír el consejo de Jobim, va a ser muy incómoda, sobre todo de cara a la creación de este mecanismo de defensa. Prefiere mantenerse en la OEA y echar mano al desprestigiado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, creado en 1947, fruto de la guerra fría y al que México renunció en septiembre de 2002 sin que otras naciones siguieran el sabio paso.
En una entrevista publicada por The Miami Herald, el 22 de septiembre de 2002, apenas se conoció la decisión azteca, Uribe consideró necesario modernizar el TIAR, centrándolo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, ya que, según su punto de vista, la mayor amenaza para la región es en la actualidad la violenta oposición interna.
Dos años más tarde, el 19 de noviembre de 2004 en Quito, en la VI Conferencia de ministros de defensa de las Américas, que contó con presencia del secretario norteamericano Donald Rumsfeld, el mismo que dirigió la invasión a Iraq, Jorge Alberto Uribe, ministro de defensa de Colombia, retomó la iniciativa de su mentor cosechando el mayor aislamiento en un foro de esa naturaleza.
Los ministros evitaron que EE.UU. y Colombia impusieran el criterio de convertir al continente en un bloque antiterrorista con el aporte militar de todos los países. Y menos tuvo eco la propuesta de Uribe de confeccionar una lista de organizaciones terroristas de la región que debían ser combatidas con el esfuerzo militar conjunto. Brasil señaló en aquella ocasión a través de su vicepresidente, José Alençar, que “las Fuerzas Armadas no pueden cambiar su papel constitucional de defensa de la soberanía para dedicarse al combate al terrorismo y los ilícitos transnacionales como el narcotráfico. “Es necesario que se mantenga el derecho de cada Estado de identificar sus prioridades”, recalcó.

Uribe ya ha optado por el aislamiento

Muchos se preguntaban si el presidente colombiano firmaría el tratado de constitución de UNASUR, si iba a firmar un tratado que crea una alianza militar de la que se descarta a EE.UU., el país que ha puesto todos sus ojos para el dominio de la región a través del Plan Colombia, y con una “ayuda” militar que pasa en la última década de los 6.000 millones de dólares. Si Uribe podría ser signatario del acuerdo a pesar del millar de asesores y militares norteamericanos que se mueven como Pedro por su casa en bases y guarniciones de Colombia, sabiendo que el eje doctrinal expuesto por Brasil, con el respaldo casi unánime de las cancillerías de Suramérica, no es integrar las fuerzas armadas de los dos países, sino de converger en una estrategia defensiva regional común, que tiene como uno de sus principales objetivos mantener a los militares de EEUU fuera de la región.
Y un día antes de viajar a una cumbre en la que no será arte ni parte, Uribe declaró que Colombia no integrará el Consejo Suramericano de Defensa, ni tampoco asumirá la Presidencia de UNASUR, como estaba previsto. "Colombia tiene dificultades para participar", justificó. "Colombia, en las presentes circunstancias tiene que dejar unos puntos de vista claros y no es el momento para que Colombia participe en esa oficina de seguridad", aseveró el mandatario. Prefiere no enemistarse con Washington y seguir recibiendo sus generosas dádivas.
Colombia, por decisión y financiación de los Estados Unidos, posee el primer ejército de la región, por su tropa y flota de helicópteros, con más de 400 mil hombres en armas y el mayor presupuesto de guerra del mundo per cápita.
El regreso de la IV Flota:
Un mensaje de guerra a América Latina
Por Raúl Zibechi.(*)


El próximo primero de julio, la Armada USA reactivará la IV Flota con la intención de " combatir el terrorismo", las " actividades ilegales " y enviar un "mensaje" a Venezuela y al resto de la región.
Se trata de la primera reacción por una proyección de largo aliento por parte de Washington, despues del ataque al campamento de las FARC ( en Ecuador) el mes de marzo último, que hizo temblar el tablero regional y puso en evidencia la debilidad de la superpotencia y el aislamiento de sus aliados en la región.
El comunicado del Pentágono, emitido el 25 de abril, pone en valor que la reactivación de la IV Flora - creada en 1943 para hacer frente a la amenaza de los submarinos nazis en el Caribe y América del Sur y disuelta en 1950- servirá para " demostrar el compromiso de USA y de sus aliados regionales".
La Flota será comandada por el Contralmirante Joseph D. Kernan, actual Jefe de Comando de la Guerra especial naval, y tendrá su base en Mayport, en Florida; dependerá del Comando Sur con base en Miami. Once navíos, de los cuales un porta-aviones y un submarino nuclear, constituyen el nucleo inicial de la flota.
La decisión del Pentágono interviene en un momento de particular tensión en América del Sur y de extrema volatilidad sobre los mercados de materias primas. No podemos olvidar que un tercio de las importaciones de petróleo de USA provienen de Venezuela, de México y de Ecuador, lo que hace que la región sea un espacio estratégico para mantener la supremacía económica y militar del principal país del planeta.
En segundo lugar, el Imperio viene de sufrir una serie de derrotas en la región: el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, la inminente creación del Consejo Suramericano de Defensa a petición de Brasil y de Venezuela, la consolidación del proceso conducido por Rafael Correa en Ecuador, que implica reveses para las multinacionales petroleras y mineras, y la consolidación de la independencia económica de un país como Brasil , que va a reforzar un Mercosur cada vez menos dependiente de economías del primer mundo, entre las más significativas.
A todo esto debemos agregar, en tercer lugar, las fuertes tendencias a la inestabilidad en la región, como lo muestran las recientes revueltas en Haití, el conflicto intenso por la hegemonía en Bolivia y la ofensiva de secto
res del gran patronato contra el gobierno de Cristina Fernández en Argentina.
Ante este panorama, en el cual la inestabilidad tiende a ser acentuada por la especulación feroz del capital que provoca alzas espectaculares de los precios de los alimentos, la reactivación de la IV Flota significa que los Estados Unidos apuntan a un intervencionismo de tipo aeronaval y no terrestre, como lo reconoce el analista conservador argentino Rosendo Framboisier ("La IV Flota y los submarinos de Chavez", 28 de abril 08 en "Nueva Mayoría")
En efecto, empantanado en Irak y en Afganistan, como está el Pentágono no dispone de fuerzas terrestres a "distraer" en otros teatros de operaciones. De allí su opción de fortificarse con medios aéreos y navales para controlar una región que promete ser más hostil. Pero el despliegue de la IV Flota no es solamente una advertencia, es sobre todo una amenaza.
Aunque Hugo Chávez haya declarado que "el viejo imperio no mete miedo ya", lo que es sin lugar a dudas verdad de manera general en la escena Latino Americana, concretamente Washington es todavía capaz de fabricar crisis, como lo demuestra estos días en Bolivia.
En ese país andino se instala una estrategia planificada de larga data, que pretende aprender de los "errores" cometidos en Venezuela, cuyo fracaso del Golpe de Estado de abril 2002 estuvo en la base de la radicalización del proceso.
En Bolivia, por el contrario, se pone en acción una estrategia menos estridente pero tan destructiva como el golpismo, basada sobre una demanda de autonomía que en realidad forma parte del proyecto estratégico de Evo Morales pero que es utilizada con fines opuestos: en vez de dar poder a los movimientos sociales y a la sociedad civil, busca blindar los intereses de la oligarquía de la provincia de Santa Cruz y frenar el pro
ceso de cambios comenzado por el gobierno de La Paz. El resultado, en los menos malos escenarios, es la fabricación de un proceso que puede llevar el gobierno de Evo a una crisis de Estado, que lo forzaría a negociar a la baja el programa de cambios o que provocaría su dimisión para evitar una guerra o la división del país.
En este momento, valdría la pena tener en cuanta las reflexiones del geógrafo US Davis Harvey, quien sostiene que el neoliberalismo se caracteriza por lo que él llama " acumulación de posesiones", dicho de otra manera, la apropiación de bienes comunes, empresas, y hasta Estados. En un artículo reciente ("El neoliberalismo como destrucción reactiva"), Harvey sostiene que para "restaurar el poder de clase" -amenazado por las rebeliones a partir de los años 60- se fabrican crisis para poder imponer las recetas neoliberales. Estas crisis pueden tomar formas muy diversas: golpe de Estado, como en Chile, en 1973; la invasión, como en Irak; o la amenaza de bancarrota, como se hizo con la ciudad de New York en 1975, para llevar al fracaso a los sindicatos municipales.
Lo cierto es que la acumulación por posesiones no puede hacerse sin violencia, material, simbólica, o las dos a la vez, en un proceso totalmente antidemocrático de imposición vertical de un modelo de sociedad. Ya no se trata solamente de defender los privilegios de una clase social, como ocurrió en los años 60 y 70 por medio de Golpes de Estado en toda la región. Digamos que esto era una táctica de "defensa" de los de arriba para mantener sus privilegios.
Ahora las cosas son enteramente diferentes: se busca remodelar el Mapa de la región y del mundo, para las multinacionales y el Imperio, desplazando poblaciones enteras de territorios donde hay riquezas naturales o allí donde el capital busca tierras para producir mercancías por medio de monocultivos. Y, para esto, barrer por medio de la corrupción, o de la fuerza, a los gobiernos que molestan.
La IV Flota es una pieza más de este engranaje
.
(*)Este artículo fué publicado en Marea Socialista -órgano del PSUV- el pasado 20/05/08

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, DPA, Reuters, AP, El Universal-México, ANNCOL-Pacocol y Marea Socialista)

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