Bolivia:Terrorismo

LÍDERES 'CÍVICOS' Y EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ, ACUSADOS DE PROMOVER Y FINANCIAR EL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA EVO MORALES. LA FISCALÍA IMPLICA TAMBIÉN A LA ONG NORTEAMERICANA FHR, VINCULADA A GRUPOS ANTICASTRISTAS



La Fiscalía de Distrito de La Paz citó este lunes al ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic; al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar; y al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovía; por financiar presuntamente a la “célula terrorista” desmantelada la madrugada del pasado 16 de abril y que, según el gobierno boliviano, pretendía asesinar al presidente Evo Morales.

Marinkovic es un empresario de ascendencia croata y uno de los más duros opositores al gobierno de Evo Morales. Durante su gestión como presidente cívico se produjeron violentos enfrentamientos entre oficialistas y opositores en Santa Cruz, en los meses de agosto y septiembre de 2008. Marinkovic declara que la investigación "es un montaje", niega haber financiado a terroristas y pide una investigación internacional y transparente.

El actual presidente de los cívicos, Luis Núñez, anuncia que las instituciones de Santa Cruz crearán una comisión de defensa de los derechos humanos ante los ataques del gobierno de Morales.

El pasado 16 de abril, en un operativo en Santa Cruz , la policía mató al boliviano húngaro-croata, Eduardo Rózsa, presunto líder del grupo, así como Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y a Michael Martin Dwyer (irlandés). Además, fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elod Toasó (húngaro.

El fiscal Marcelo Sosa asegura que, de acuerdo a las primeras investigaciones estos tres empresarios cruceños, junto a Hugo Achá, miembro de la Fundación Human Right (FHR), eran los que financiaban al grupo liderado por Jorge Eduardo Rózsa Flores, que tenía planificado cometer el magnicidio.

La fiscalía asegura que los dos unionistas detenidos la semana pasada, Juan Carlos Geber Bruno y Alcides Mendoza, señalan a Marinkovic, Nayar, Yovía y Achá como los principales financiadores de las actividades de Rózsa y su grupo paramilitar compuesto por 13 personas. Eduardo Rózsa, dejó grabada una entrevista en la que revela que su fin era organizar una milicia para defender Santa Cruz de los ataques del gobierno de Evo Morales.

Según el Ministerio Público, el grupo sostenía reuniones secretas con sus financiadores en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y en un stand del campo ferial cruceño. A juicio del fiscal Sosa, esta oficina era el cuartel general de los terroristas.

De acuerdo a la confesión del unionista Mendoza, Branko Marinkovic entregó a la “banda terrorista” 200 mil dólares para la compra de armamento y que con un monto desconocido lo mismo hicieron , Guido Nayar, Pedro Yovía y Hugo Achá, este último salió del país con destino a Estados Unidos.

El prefecto de Santa Cruz, acusado también

El fiscal Marcelo Sosa incrimina también al prefecto del departamento de Santa Cruz Rubén Costas. Según la declaración del testigo clave Ignacio Villa Vargas el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, en contacto telefónico con Guido Nayar, ofreció casa y otras propiedades a los supuestos terroristas, para que cometieran atentados contra el viceministro de Autonomías, Saúl Avalos; y el senador disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Guido Guardia.

La fiscalía considera que la presunta célula terrorista estaba integrada por Jorge Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi (rumano), Michael Martín Dwyer (irlandés), Elod Toaso (húngaro), Alcides Mendoza (boliviano), Juan Carlos Geber Bruno (boliviano), Juan Alberto Kudelka Zalles (boliviano), Hugo Antonio Achá Melgar (boliviano), Alejandro Melgar Pereira (boliviano), Luis Hurtado Vaca (boliviano), Lorgio Balcazar Arroyo y dos prófugos: Daniel Gaspar (húngaro) y Gabor Dudog (húngaro).

La fiscalía boliviana inicia este martes interrogatorios a propietarios de hoteles y entidades acusadas de estar vinculadas a la banda terrorista neutralizada el 16 de abril en Santa Cruz. De acuerdo con el fiscal Marcelo Sosa, uno de los primeros en declarar será Miguel Salek, dueño de la compañía Falcón, encargada de la seguridad de Fexpocruz, en cuyo stand de la Cooperativa de Comunicaciones (COTAS) hallaron un arsenal de armas y explosivos.

Presunto implicado, huído a Uruguay

El abogado boliviano Alejandro Melgar Pereira, alias "Lucas", escapó a Uruguay donde entró el 19 de abril y no hay registro de su salida, según el diario La República. Melgar llegó al aeropuerto capitalino de Carrasco el 19 de abril, tres días después de que se desarticulara la banda que presuntamente planeaba asesinar a Evo Morales. El abogado abandonó su país el 13 de abril por la frontera de Yacuiba con Argentina y el 19 llegó a Uruguay para participar "en un torneo internacional de tiro deportivo". Melgar Pereira, "no tiene orden de captura" por parte de Interpol, según las autoridades uruguayas.

Melgar Pereira está acusado en Bolivia de ser uno de los que financiaron el comando que presuntamente tramaba matar al presidente Morales . Según la Fiscalía , fue también quien contrató al dueño del vehículo con el que se dinamitó el 14 de abril la casa del cardenal Julio Terrazasa, en Santa Cruz.

El jefe del comando, un nazi húngaro

Eduardo Rózsa Flores, abatido el 16 de abril en un hotel de Santa Cruz, pertenecía a círculos de extrema derecha de Hungría cercanos al partido neonazi Jobbik, que mantiene ilegalmente una organización paramilitar, la Guardia Húngara.

Según informa la página web Hungarian Spectrum, Flores se sumó al principio de los años 90 al ejército de Croacia, participó en varios combates y fue herido en tres oportunidades. Sus cómplices también presentan biografías que culminan en los círculos de extrema derecha.

En septiembre de 2008 la televisión húngara ofreció una entrevista con Eduardo Rózsa Flores , en la que señalaba su apoyo a las pretensiones secesionistas en Bolivia, y sus planes de resistencia contra el Gobierno boliviano. Estas son algunas de las declaraciones efectuadas al periodista húngaro Andras Kepes y publicadas recientemente por el diario boliviano La Razón.

"Me llamaron para organizar o ayudar a organizar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, así como la de la provincia" contra "la actuación del Gobierno central, con la intervención del Ejército y diferentes milicias indígenas, las que fueron movilizadas contra Santa Cruz varias veces en la historia", señalaba en la entrevista.

En la región brasileña de Matto Grosso, "me esperarán con un automóvil. Me llevarán a un sitio concreto, cerca de la frontera verde, donde pasaremos la frontera con personas contrabandistas".

"Estamos preparados para que, dentro de un par de meses lleguemos a que, si no hay autonomía (de Santa Cruz), si no hay convivencia con autonomía, proclamaremos la independencia y fundaremos un país nuevo".

"Aunque se guarda secreto, hasta ayer (7 de septiembre 2008) sólo sabían cinco personas de mi llegada (a Santa Cruz)".

La fecha de la llegada de Rózsa coincide con el máximo estallido de violencia en Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, los departamentos opuestos al gobierno de Evo Morales, conocidos como la 'Media Luna', donde se dieron tomas de aeropuertos, saqueos de oficinas públicas y violencia de diversa magnitud que el Ejecutivo calificó de "golpe cívico-prefectural".

En la jornadas de violencia opositora de mediados de septiembre en Pando, al menos 16 campesinos partidarios el presidente Morales fueron emboscados y masacrados a tiros por adversarios del gobierno.

La agencia de cooperación estadounidense FHR

Antes de que el fiscal incriminara a la Fundación Human Rights (FHR), el gobierno boliviano y la abogada estadounidense, Eva Golinger, señalaron su implicación en la red terrorista. En la operación policial del 16 de abril, uno de los detenidos , Juan Carlos Gueder, señaló al presidente de la Fundación , Hugo Achá Melgar, como financiador de las actividades subversivas.

El secretario general de FHR, el ex preso cubano Armando Valladares, fue observador del referendo autonómico ilegal organizado por los líderes 'cívicos'de Santa Cruz, el 4 de mayo de 2008.

Desde Estados Unidos donde se encuentra, en declaraciones a un canal privado de televisión de La Paz, Achá rechazó las denuncias pero confesó que se reunió con el jefe de la banda , el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores, en cuatro o cinco ocasiones.

Por su parte, la escritora norteamericana radicada en Venezuela, Eva Golinger, asegura que Human Rights Foundation fue creada por Thor Halvorssen Mendoza, en 2005, para atacar y desacreditar los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La escritora dice que Halvorssen Mendoza es miembro de una de las familias más ricas de Venezuela, y que trabajó con la CIA en El Salvador y en Nicaragua.

Reforzada la presencia militar en Santa Cruz

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de un cuartel en el departamento opositor de Santa Cruz para fortalecer la presencia militar.

El mandatario boliviano dijo que tomó la decisión "después de escuchar la información" sobre "la presencia de algunos separatistas, terroristas en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz", en alusión a una célula de croatas, húngaros y de un irlandés, abatida a tiros hace dos semanas en la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento secesionista.
Morales entregó 1,8 millones de bolivianos (unos 254.000 dólares) a las Fuerzas Armadas para construir un Comando Militar Conjunto en el poblado amazónico de San Ignacio de Velasco, cercana a la frontera con Brasil. El presidente dijo que la nueva gran unidad militar también combatirá el narcotráfico y el contrabando.

El presidente boliviano, que ya movilizó el fin de semana a tropas del Ejército a la frontera boliviano-brasileña, dijo que los militares "no pueden permitir ninguna división" del territorio boliviano, e insistió en que su vida corre peligro.

"No importa que maten al Evo Morales, ustedes (las Fuerzas Armadas) no pueden permitir el decuartizamiento del territorio nacional", dijo durante el acto castrense en San Ignacio .

(Fuentes: Red Erbol, Prensa Latina, ABI- Agencia Boliviana de Información, BBC-Mundo, ANSA-Latina, Madrid Digital, Agencia PÚLSAR y AFP)

Bolivia: Crisis política

LOS EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE SE SUMAN A LA GUERRA DEL ACEITE Y AMENAZAN CON PARALIZAR EL PAÍS. EL EJÉRCITO ADVIERTE, ANTE EL REFERENDUM AUTONOMISTA, QUE NO PERMITIRÁ LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

La prohibición temporal de exportar aceite comestible se convirtió en un nuevo tema de enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y la oposición, que ha llamado a desobedecer la medida, mientras el transporte pesado amenaza con una huelga desde el miércoles próximo.

Los transportistas amenazan con bloquear con sus vehículos los puntos de control aduanero si no se levanta la prohibición que, según el gobierno, busca contrarrestar el alza de precios pero que los productores dicen que es sólo una represalia política. La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en su mayoría de oposición, convocó a su vez a desacatar la prohibición y anunció que promoverá una interpelación a la ministra Susana Rivera que dictó la medida la semana pasada.

El diputado opositor Pedro Pablo Klinsky señaló que el bloque considera que la medida busca "destruir" a la economía de Santa Cruz, que se ha convertido en bastión de la oposición ideológica al presidente Evo Morales y principal promotor de las autonomías.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, dijo que el veto es "un golpe artero" a la región ante la decisión de sus dirigentes políticos, cívicos y empresariales de realizar el 4 de mayo un referéndum para aprobar sus estatutos autonómicos.
El presidente Evo Morales, quien considera que la consulta es "ilegal y separatista", ha convocado a un nuevo diálogo con la oposición --con la Iglesia Católica como facilitadora-- y ha pedido que para ello Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija frenen sus convocatorias a referendos autonomistas.
La oposición condiciona el diálogo a que el oficialismo anule su proyecto de constitución y devuelva recursos a las prefecturas recortados por el gobierno para pagar el Salario Dignidad, una renta para la tercera edad. La medida afecta fundamentalmente al sector agropecuario de Santa Cruz, principal región económica de Bolivia que es ahora bastión opositor y lidera la demanda de autonomías departamentales. El Comité Cívico de Santa Cruz encabeza los movimientos cívicos de otros cinco de los nueve departamentos que rechazan el proyecto oficial de nueva Constitución.
Pero el gobierno insiste en que mantendrá la "prohibición temporal" mientras el precio de los aceites no baje en el mercado local, al acusar a los productores de haberlos incrementado para dañar políticamente al Ejecutivo, que enfrenta un creciente brote inflacionario, y de especular para ganar más.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que las fuerzas armadas "reforzarán" puntos de control de la policía y la aduana ante la eventualidad, insinuada por los productores, de intentos de desacatar la prohibición.
El lunes, los empresarios del transporte advirtieron al gobierno, tras una reunión de emergencia, que con sus unidades bloquearán las fronteras de Bolivia con los países vecinos y lo recintos aduaneros desde el miércoles.

El presidente de la Asociación del Transporte Nacional e Internacional, Raúl Medrano, dijo a la prensa que la decisión obedece a que el decreto del gobierno, dictado la semana pasada, "ha empezado a paralizar" al sector, que está conformado por 4.000 camiones a nivel nacional. Agregó que la protesta es "irrevisable".
Los productores de aceites, los de la soja y girasol --su materia prima--, los transportistas y los sindicatos de trabajadores del agro se reunirán este martes en la ciudad de Santa Cruz para articular sus protestas contra el gobierno, según dirigentes de los sectores afectados.
La fabricación de aceites comestibles es una de las principales actividades económicas del departamento oriental de Santa Cruz, el mayor productor de alimentos del país.

El aceite se vende en Bolivia por encima de los precios internacionales

El Gobierno boliviano denunció este lunes que los productores de aceite en el país elaboran el producto con soja barata, pero lo venden por encima de los precios internacionales, lo que considera "inadmisible" porque afecta directamente a la economía de la población.

"En resumen (los productores) compran y producen toneladas de soya baratas, a precio de Bolivia y nos venden aceite más caro que en Chicago y eso el Gobierno no lo puede permitir porque trabajamos para proteger la economía de todos los bolivianos", dijo la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, en entrevista con radio Erbol. La ministra explicó que durante esta jornada el precio referencial de la tonelada de aceite en Chicago (Estados Unidos) se encuentra en 1.295 dólares, en Rosario (Argentina) 1.243 dólares, mientras que en el país la misma tonelada de aceite se vende en 1.690 dólares. De acuerdo con estos datos, la tonelada de aceite boliviano se vende 395 dólares por encima del precio de Chicago y 447 dólares del precio de Rosario. No obstante de la ganancia que les supone a los productores la venta del aceite a precios internacionales (más caros), éstos se benefician porque la materia prima, en este caso la soja, que emplean para la fabricación corresponde a la campaña de verano e invierno 2006 -2007.

La ministra de Desarrollo Rural señaló que en la campaña de verano 2006 y 2007 la tonelada de soja costaba en Bolivia 215 dólares y en Chicago 261 dólares. En la campaña de invierno de 2007 la tonelada de soja costaba 280 dólares en Bolivia, 370 en Rosario y 356 en Chicago. Asimismo, en la última campaña la tonelada de soja costaba 420 dólares mientras que en Rosario 462. "Han cerrado negocios de exportación de absolutamente todo el cupo para exportar en la primera gestión, al año hay dos campañas de soya, una de verano y de invierno y contratos adelantada ya han cerrado cupo para todo el año", dijo. Sin embargo, pese a esta situación la ministra indicó que el diálogo con los exportadores de aceite está abierto y aclaró que no hay ningún ataque a ese sector o intenciones de destruir su economía, porque la prohibición decretada para la exportación del producto es temporal. Además indicó que el aceite sólo representa el 15 por ciento de la producción de soja, el resto no la harina, la torta de soja se continúa exportando. "No hay ningún ataque al sector exportador, ni agroindustria cruceña porque exportarán derivados de soya, apenas el 15 por ciento se convierte en aceite lo demás es harina de soya torta de soya y derivados", dijo.

El diálogo reconciliador tropieza con los intentos separatistas

El diálogo conciliador que impulsa el gobierno boliviano con la oposición tropieza con intentos separatistas de los partidos tradicionales, según denuncias del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
De acuerdo con el diputado Gustavo Torrico, es vital explicar por todas las vías los peligros que entraña la reciente propuesta del senador Roberto Ruiz, de la alianza Poder Democrático Social (PODEMOS), de crear una federación de departamentos autonómicos.
Según Torrico, el ejecutivo acepta las autonomías, pero con solidaridad, no para fraccionar a la nación.
Sin embargo, la iniciativa de PODEMOS buscaría la secesión del país al insistir que se conforme una Bolivia de siete departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, a fin de aislar a La Paz y Oruro.
Esa estrategia de la llamada Media Luna ampliada, es vista por varios sectores como extremadamente peligrosa para la integridad territorial y la unidad nacional.

También el diputado René Martínez (MAS) manifestó que las declaraciones del senador Ruíz constituyen una actitud sediciosa contra la democracia, y debe ser sancionada, pues atenta contra Constitución Política del Estado.
Mientras, el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, aseveró que la propuesta del senador opositor apunta hacia una posición ridícula que intenta bloquear las conversaciones iniciadas por Palacio Quemado con los nueve prefectos.
Sin embargo, el presidente del Senado, Oscar Ortiz (PODEMOS), dijo que Bolivia es una sola y seguirá unida, aunque opinó que "lo único que pasará es que los departamentos que apuesten por la autonomía se desarrollarán más".

Al respecto, la Iglesia Católica, que se brindó como facilitadora del diálogo, solicitó crear un clima favorable para el intercambio entre ambas partes, cuya agenda podría estar lista la próxima semana.
Según el documento de la secretaría general de Conferencia Episcopal Boliviana(CEB), actitudes de paciencia y serenidad de la población contribuirán significativamente a llevar adelante ese proceso.
También el propio presidente Evo Morales aceptó la participación de la Iglesia como mediadora para salir de la actual crisis política que atraviesa el país y llamó a la reflexión en Semana Santa por la unidad de todos los bolivianos.

Advertencia de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas advirtieron a la denominada "media luna" que harán respetar al gobierno legalmente constituido y no permitirán la desintegración del país a través de referéndums autonómicos al margen de la Constitución Política del Estado.

El comandante General de la Policía, General Miguel Vásquez dijo que su institución "respetará la institucionalidad, la legalidad dentro del marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía y otras normas que regulan su misión constitucional".
El ministro de Gobierno Alfredo Rada comentó que no corresponde a instituciones como la Policía resguardar el orden público y realizar algún tipo de apoyo a consultas populares que están fuera de la ley.
"Lo que puedo asegurar como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que seremos muy enérgicos en hacer cumplir lo que establece los artículos 208 y 210 de nuestra Constitución Política del Estado", apuntó el general Luis Trigo Antelo. El artículo 208 señala que "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país". El artículo 210 de la Carta Magna indica que "las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, y en lo técnico, del Comandante en Jefe".

Trigo aseguró que no dudará en ningún momento en hacer respetar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y preservar la unidad del país. "Para las Fuerzas Armadas la unidad del país no esta en discusión y toda persona que hable de la desintegración de Bolivia es un delito que puede ser sancionado, ya sea por la vía militar o civil".

Trigo manifestó que los militares continúan apostando por el diálogo convocado por el gobierno, pues la mejor solución a los problemas políticos es el diálogo, con el cual todos ganamos, mientras que en el enfrentamiento no existen ganadores ni perdedores.

La 'media luna', adelante con el referendum

El prefecto (gobernador) de Santa Cruz , Rubén Costas, anunció que conformará brigadas de seguridad civil para que cuiden las urnas el 4 de mayo, día del referéndum del estatuto autonómico. Convocará a universitarios, sectores sociales, trabajadores, entre otros, para que custodien un "derecho democrático"."Pedimos a nuestros universitarios, trabajadores, sectores sociales que conformen una policía civil para resguardar las ánforas el 4 de mayo, ante la posible ausencia de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló. El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, quien emplazó a los policías a trabajar el 4 de mayo, no sólo en el orden de la seguridad ciudadana, sino también en el resguardo de las urnas. "El Gobierno de Evo Morales a toda costa quiere impedir la llegada del 4 de mayo, pido a la Policía a que no se preste a este tipo de abusos", expresó Núñez.

La representante presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, comentó que "no puede ser posible, nunca se vio en ninguna parte del mundo que el voto del ciudadano esté custodiado por un grupo de personas x ó z, quienes además están parcializados con una de las opciones a ser elegidas".

Aclaró que la Policía está llamada por ley a garantizar procesos eleccionarios que hayan sido convocados de manera legal y Constitucional, "no se le puede exigir a la verde olivo que rompa la institucionalidad yendo a proteger un proceso eleccionario que no es legal".

El ministro Rada declaró que cualquier grupo paralelo a la Policía Nacional es absolutamente ilegal.

Bolivia y el retorno de la extrema derecha
Por James Petras, Econoticiasbolivia

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.

El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera.

El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

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(Fuentes: ANSA-Latina, AP, ABI-Agencia Boliviana de Información, Prensa Latina, Bolpress, Adital y Rebelión)