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15.1.09

Venezuela: Reelección

EL CONGRESO INTRODUCE LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE TODOS LOS CARGOS PÚBLICOS, DE PRESIDENTE A CONCEJAL, DESPUÉS DE RECIBIR CERCA DE 6 MILLONES DE FIRMAS A FAVOR DE LA ENMIENDA. EL ACUERDO SE SOMETERÁ A REFERÉNDUM EN 30 DÍAS



La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en segunda y definitiva discusión una propuesta de enmienda constitucional para permitir la reelección ilimitada a la todos los cargos de elección popular. El proyecto, aprobado en su primer debate el 18 de diciembre, será llevado este viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a consulta popular en un plazo de 30 días, según anunció la presidenta del parlamento, Cilia Flores.
La propuesta fue lanzada a finales del año pasado por el presidente Hugo Chávez, quien con este cambio podría optarun tercer período de gobierno a partir del 2013, cuando concluye su actual mandato, el último según lo que ahora manda la constitución bolivariana.

La enmienda propuesta fue sancionada con el respaldo del oficialismo que domina la Cámara y el rechazo del grupo opositor Podemos, tras un debate en que ambas partes ratificaron sus argumentos. Los defensores de la enmienda sostienen que "amplíalos poderes del pueblo" al levantar la restricción sobre la reelección y no afecta la alternancia en el poder, porque el elector decidirá si reelige o no a quien ocupe en cada momento el cargo electo de presidente, gobernador, diputado o concejal.


La oposición afirma que la enmienda es ilegal porque ya fue rechazada el año pasado dentro de un proyecto de reforma constitucional y que sí viola la alternancia, porque los gobernantes tendrían ventaja al postularse desde el poder.

La votación en la Asamblea se produjo horas después de que fueran entregadas en la cámara un millón de firmas en defensa de la propuesta de enmienda, recogidas en todo el país en una segunda operación que duró tres días leada por el denominado Comando de Campaña Simón Bolívar. Se sumaron a las 4,76 millones reunidas en diciembre y que ya fueron entregadas en la Asamblea Nacional.

Una enmienda polémica

Para el diputado oficialista Mario Isea (PSUV) "la enmienda constitucional respeta cabalmente el principio de alternabilidad o alternancia. Venezuela fue víctima de una falsa alternabilidad durante décadas, que se expresó en la instauración de un régimen bipartidista".

La propuesta de cambiar la constitución de Venezuela para permitir la reelección indefinida del primer mandatario ya fue sometida a consulta popular en 2007, bajo la figura de una reforma constitucional. El "No" se impuso por estrecho margen.

Ismael García, diputado del Partido Podemos y crítico del chavismo, indica que en América Latina los "dos únicos proyectos de reelección indefinida están en Colombia y Venezuela porque el resto de los gobernantes progresistas y democráticos han dicho que no es necesario porque además un demócrata le es suficiente el tiempo establecido por la Constitución".

Este jueves hubo manifestaciones en la ciudad de Caracas tanto a favor como en contra de la enmienda constitucional. En diferentes puntos de la capital se produjeron protestas en rechazo a la iniciativa del gobierno por parte de grupos de estudiantes de varias universidades. Sin embargo, en otras zonas hubo concentraciones de estudiantes quienes respaldan la propuesta de cambio en la constitución.

De aquí a la celebración del nuevo referéndum, se esperan movilizaciones populares de apoyo y de rechazo a la reforma.
La pregunta que -según la versión actual- se le hará a los venezolanoses la siguiente:
"¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 164, 194 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplia los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata, para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?".

Varias organizaciones políticas antichavistas aseguran que la pregunta es confusa y que no menciona específicamente la reelección indefinida.
El sector oficial considera que se menciona el hecho de permitir a los funcionarios electos postularse sin más restricciones que el voto popular.
Todos los cargos, a reelección indefinida



Primero se planteó la reelección presidencial indefinida. Tras el triunfo, aunque por un margen escaso, del 'No', el oficialismo replanteó la cuestión. Hace unos meses Hugo Chávez, dijo que se estudiaba extender la propuesta de reelección presidencial indefinida a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. El presidente venezolano señaló que la iniciativa buscaba "ampliar el derecho del pueblo a elegir cuántas veces quiera" con el fin de premiar "al buen gobierno".
La oposición también cambió de argumentos y dijo que se oponía a una nueva consulta porque la propuesta también sería ilegal, porque implicaría una reforma de la Constitución y no una enmienda, como está estipulado.
La extensión de la reelección indefinida a gobernadores, diputados y concejales, podría propiciar un claro triunfo , al lograr que la campaña por el 'Sí' sea más unida que la del 2007 y mejor coordinada a nivel local y nacional.
La propia oposición admite que esto daría un aliciente a los gobernadores oficialistas para activar la maquinaria partidista en las regiones del país donde gobiernan. Y está por ver con que convicción llaman al 'No' los actuales cargos electos de la oposición.
Venezuela y Bolivia rompen relaciones diplomáticas con Israel


El Gobierno venezolano rompió este jueves las relaciones diplomáticas con Israel debido a su "comportamiento infame" en la Franja de Gaza, donde más de mil palestinos han muerto desde que comenzó la ofensiva el pasado 27 de diciembre. Tras el inicio de los ataques, Caracas expulsó al embajador israelí.
El Gobierno venezolano da a conocer la ruptura oficial en un comunicado en el hace pública "
su indignación por el reiterado desacato del Gobierno de Israel de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, colocándose al margen del derecho internacional".
"Israel ha hecho caso omiso, sistemáticamente, a las llamadas de Naciones Unidas, violando de manera reiterada y desvergonzada las resoluciones aprobadas por la abrumadora mayoría de sus miembros, y colocándose cada vez más al margen del derecho internacional"
Este anuncio coincide con el lanzado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien también reveló la ruptura de las relaciones con Israel por "la agresión salvaje" a Gaza.

Frente a estos hechos de grave atentado contra la vida, a la humanidad, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel”, afirmó el presidente Evo Morales al anunciar la ruptura en un acto con el cuerpo diplomático en La Paz Además anunció que su gobierno presentará una denuncia de genocidio ante la Corte Penal Internacional “Hacemos el llamado, adjunto con muchos estados y organismos internacionales, especialmente organismos que defienden la vida para que a partir de este momento trabajemos para defender a la humanidad. Los crímenes del Gobierno de Israel afectan la estabilidad y paz mundial y han hecho retroceder al mundo a la peor etapa de los crímenes de lesa humanidad que no se habían vivido sino en la segunda guerra mundial y en los últimos años en la ex Yugoslavia y Ruanda”, señaló .

(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo, Adital, ABN-Venezuela, Prensa Latina, Europa Press, ABI-Bolivia)

29.4.08

Bolivia:Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES TRATA DE EVITAR EL REFERENDUM DE SANTA CRUZ MEDIANTE EL DIÁLOGO. LOS AUTONOMISTAS RADICALES LLAMAN A LUCHAR PARA QUE NO GOBIERNE 'UN INDIO IGNORANTE'

El secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, visita hoy Bolivia y, en La Paz, va a recibir una propuesta de diálogo del presidente Evo Morales, informaron fuentes del Palacio de Gobierno. Caputo regresa a Bolivia de nuevo, después de que el canciller boliviano, David Choquehuanca, denunciara la rxistencia de una presunta conspiración contra el Gobierno de Morales en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el sábado en Washington. Después de visitar La Paz, Dante Caputo viajará a Santa Cruz, donde el próximo domingo 4 de mayo se realizará el referendo del Estatuto Autonómico cruceño, impulsado por el prefecto (gobernador) Rubén Costas y el Comité Cívico presidido por Branko Marinkovic.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, comisionó a Caputo para realizar gestiones de acercamiento entre el Gobierno y la oposición, lo que podría facilitarse con la propuesta que hoy le presentará el presidente Evo Morales. No obstante, hasta unas horas antes de viajar, el diplomático argentino no había logrado obtener respuesta del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien aceptó verbalmente la petición de dialogar formulado por la OEA, pero no formalizó la cita. Costas es el líder del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), instancia que hasta el momento se negó sistemáticamente a acudir al diálogo antes del referendum.
Políticos, cívicos y empresarios cruceños llevan adelante una consulta sobre el estatuto autonómico cruceño al margen de la legalidad boliviana, por lo que no contará con observadores ni de la OEA ni de la Unión Europea.
El sábado pasado, el pleno del Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad, incluido el representante de Estados Unidos, una resolución que ratifica su más firme respaldo al gobierno boliviano legalmente constituido y que emplaza a los opositores a sentarse en una mesa de negociación. Sin embargo, los líderes regionales de Santa Cruz rechazaron esa iniciativa y ratificaron la realización de la consulta, cuyos resultados pretenden utilizar, según el Gobierno boliviano, como un instrumento de presión contra la nueva carta magna que elabora la Asamblea Constituyente.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, planteó ayer la urgencia de entablar un diálogo para conciliar las diferencias sobre el tema autonómico entre el Gobierno y los dirigentes del departamento de Santa Cruz. El viceministro considera que las divergencias existentes respecto a la legalidad del referendum del próximo domingo han llegado a tal punto, que sólo pueden ser resueltas por el camino de la negociación. Asegura que el gobierno del presidente Evo Morales reconoce el derecho de cada región a lograr una mayor descentralización a través de los estatutos de autonomía, pero ese proceso debe realizarse bajo el amparo de las leyes del país.
Por su parte, Evo Morales asegura que su gobierno desestimará los resultados de la consulta por considerarla una violación de la Constitución y una maniobra de sus opositores para entorpecer el proceso de cambio que vive la sociedad boliviana.
Autonomistas radicales no quieren que gobierne un “indio ignorante”


Los discursos políticos suben de tono a medida que se acerca la consulta autonomista del 4 de mayo en Santa Cruz. Dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista prometen defender con sus vidas la autonomía y repudian en público que un “indio ignorante” gobierne el país. Y por el otro lado, líderes sociales de las tierras altas del departamento llaman a enfrentar a la burguesía separatista con las armas e iniciar la revolución.
Todo indica que ni la OEA ni la Iglesia Católica podrán instalar una negociación política antes del referéndum cruceño.
Pablo Mamani, Oscar Olivera y Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi y líder de los “ponchos rojos”, y otros representantes de la Coordinadora de movimientos sociales de Cochabamba convocaron a los bolivianos a tomar las armas e impulsar una revolución social desde el 4 de mayo. Estos sectores decidieron no atender el llamamiento del Presidente Evo Morales, quien pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen contra el referéndum en Santa Cruz.
La cúpula de la Central Obrera Regional de El Alto confirmó que ya está en Santa Cruz una comisión que participará en las movilizaciones contra el referéndum y en la campaña por la abstención.
Nicanor Muñoz, dirigente vecinal del populoso barrio cruceño Plan 3000 invitó a organizaciones sociales de El Alto, a los cocaleros de Cochabamba, al sindicato campesino CSUTCB, a los colonizadores y a otros sectores a una reunión el primero de mayo para delinear una estrategia que permita alcanzar una abstención mayor al 50 por ciento. En el Plan 3000 habitan 243.750 personas en 114 barrios.
Una virtual dictadura autonomista declarada en la capital cruceña está fermentando resentimientos que podrían degenerar en choques violentos. La campaña del miedo de los cívicos y sus grupos de choque y las amenazas de “limpiezas étnicas” luego del 4 de mayo ya no sólo atemorizan a los disidentes sino que también multiplican las broncas.
Ayer los jóvenes cruceñistas salieron a marchar a las calles de la capital oriental en apoyo al estatuto autonómico, motivando a los jóvenes opositores a organizar una caravana contra la autonomía de los patrones para este martes desde la plaza del Estudiante. Los críticos están dispuestos a responder a cualquier tipo de ataque de los unionistas y responsabilizan al prefecto Rubén Costas si se produce derramamiento de sangre.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba observa con preocupación que Bolivia puede ingresar en una espiral de violencia si no se instala el diálogo entre el oficialismo y la oposición antes de este 4 de mayo.
El diálogo, en punto muerto


El gobierno dejó en manos de los prefectos opositores la decisión de fijar hora, fecha y lugar para reanudar el diálogo recomendado por la OEA. Los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz se niegan a dialogar antes del 4 de mayo.“Haremos todo lo que sea necesario para que se pueda instalar cualquier tipo de conversación antes, durante o después del 4 de mayo”, dijo el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, quien pidió una vez más a los opositores que revisen su posición y busquen la forma de armonizar la nueva Constitución Política del Estado y los estatutos autonómicos.
El jefe nacional de Poder Democrático y Social-PODEMOS(derecha), Jorge Tuto Quiroga, señaló que la establecimiento de un diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política será posible sólo con la mediación de la Iglesia Católica y con el acompañamiento de la Unión Europea y países amigos como Argentina, Brasil, Colombia y México. Según el jefe de Podemos, la OEA no merece ninguna confianza por su falta de neutralidad y credibilidad. “El Secretario General y la misión que envía con el señor Enrique Correa, que es el operador político chileno del señor Insulza, que es el que redacta los informes, no nos merece ninguna confianza; es hasta una falta de tacto y de sensibilidad… el señor Insulza, que se auto-descalificó por su parcialización y falta de neutralidad y credibilidad… nos llenan de insultos y de injurias y la OEA no dice nada sobre las violaciones al Tribunal Constitucional, ataques a medios de comunicación, cómo se ha golpeado a diputadas, cómo se ha acuartelado la Asamblea, cómo se la ha llevado a la UTO en Oruro para causar hechos de violencia”, resaltó Quiroga.
El diputado de Podemos Fernando Messmer aseguró que el canciller David Choquehuanca le mintió a la comunidad hemisférica “de una manera absolutamente desvergonzada”, queriendo mostrar el 4 de mayo como un acto separatista, divisionista, que busca derrocar al régimen del Presidente Evo Morales. Lo que esta claro, dijo Messmer, es que más allá de que se instala o no el diálogo antes del 4 de mayo, “el referéndum del 4 de mayo se va a llevar a cabo indefectiblemente”.

El MAS, el partido de Evo Morales, descarta la posibilidad de dialogar sobre los resultados de referéndum del 4 de mayo. Los diputados Jorge Silva y Gustavo Torrico advirtieron que no reconocerán un acto ilegal y fuera de la Constitución Política del Estado. En criterio de Silva, por cálculo político, la oposición espera que los resultados del referéndum legitimen un acto político concebido al margen de la ley, para posteriormente negociarlo con el proyecto de la nueva Constitución. "Es imposible negociar después del 4 de mayo porque existirá una Constitución Política del Estado y unos estatutos ilegales imposibles de compatibilizar", comentó Torrico.

Las organizaciones sociales importantes del país coinciden en que pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria fomentan la confrontación violenta entre bolivianos, con el apoyo militante de legisladores de derecha, especialmente de Podemos.
El diputado Ronald Moreno advirtió hace poco que si el gobierno “quiere atropellar” sus haciendas “van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos”.
El senador Jorge Aguilera advirtió que después del referendo del 4 de mayo comenzará el desacato a la Constitución Política del Estado. “Si el Poder Ejecutivo no hizo caso a las consultas populares, lamentablemente creemos que no está aplicando las normas vigentes en el país, es decir, la Constitución, entonces que no nos obligue a que las regiones y los ciudadanos a acatar la Carta Magna porque la desacatemos para llevar adelante nuestra autonomía.”.El prefecto Costas anunció que después de la consulta se comenzará a construir una “segunda República”.

El gobierno y movimientos sociales piden la abstención


La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. Pero el gobierno prefiere la vía de convocar a abstenerse de participar en lo que llama una “mañosa encuesta sin valor legal” para aprobar un estatuto autonómico que, dice, está hecho a la medida de los grupos de poder y que es reproductor del modelo racista, excluyente y neoliberal.
La consulta convocada para el 4 de mayo no tiene efecto vinculante y no pasa de ser “una encuesta cara”, según el Vicepresidente Alvaro García Linera, porque viola la Ley 2769 del Referéndum (mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales), y disposiciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), la única instancia que puede administrar referendos.

Un estatuto separador

El texto del estatuto que será sometido a referendum este domingo en el departamento de Santa Cruz arrebata al Estado boliviano las competencias establecidas por la actual Constitución. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en el régimen electoral, administración de justicia, educación en todos los niveles, regímenes laboral, tierras, agua, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial, entre otras 40 competencias “exclusivas”.
La norma autonómica le atribuye a la Prefectura (Gobierno) de Santa Cruz el dominio pleno sobre los recursos naturales, económicos y humanos. Las disposiciones del gobierno departamental tienen preferencia respecto de las nacionales (que son “subsidiarias”) incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, mediante la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental.
La Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de “cosa juzgada” en temas de competencia exclusiva. Eso significa, por ejemplo, que la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
El estatuto cruceño establece que sólo los ciudadanos cruceños pueden ejercer derechos políticos como el sufragio, la elección de autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En los hechos, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña.

Todo el poder al gobernador… y a los latifundistas

Buscando equilibrios, la democracia reparte el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el estatuto cruceño concentra todo en la Asamblea Departamental, que tendría competencias para nombrar a los funcionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces.

Semejante concentración se evidencia en la política agraria que impulsan los grupos de poder cruceños. Según su estatuto, el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz serían regulados por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto significa que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social para cada forma de propiedad agraria.
El gobernador firmaría “todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales”.
El estatuto cruceño propugna una política agraria que combata el minifundio, no que luche contra el latifundio. El gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el “reagrupamiento, distribución y redistribución” de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo. Incluso se quiere revertir parcelas de tierra “improductivas” para concentrarlas luego en haciendas “productivas”. En el fondo, los autonomistas pretenden mantener latifundios y tierras de engorde.
El Vicepresidente boliviano García Linera considera que el estatuto sería el único en el mundo que plantea anular la pequeña propiedad y fomentar la concentración de la propiedad agraria. “Si ve por ahí 50, 100, 200 o 300 hectáreas y las considera pequeñas, están obligados a reconcentrarlas en pocas manos”.No estamos de acuerdo con que se expropie la tierra al pequeño o mediano campesino por capricho prefectural, o con el hecho de que sea un Prefecto el que emita los títulos de propiedad (de la tierra) a quien quiera, a sus amigos, conocidos, comparsas, vecinos, de una manera arbitraria”, observa el Presidente Morales.“El gobierno quiere autonomía y estatuto autonómico, pero no quiere que unas cuantas familias, por orden del Prefecto, se distribuyan las tierras como les da la gana”, dice García Linera.


(Fuentes:Radio Erbol, ABI-Agencia Boliviana de Información, Bolpress, Prensa Latina y ANSA-Latina)

25.3.08

Bolivia: Crisis política

LOS EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE SE SUMAN A LA GUERRA DEL ACEITE Y AMENAZAN CON PARALIZAR EL PAÍS. EL EJÉRCITO ADVIERTE, ANTE EL REFERENDUM AUTONOMISTA, QUE NO PERMITIRÁ LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

La prohibición temporal de exportar aceite comestible se convirtió en un nuevo tema de enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y la oposición, que ha llamado a desobedecer la medida, mientras el transporte pesado amenaza con una huelga desde el miércoles próximo.

Los transportistas amenazan con bloquear con sus vehículos los puntos de control aduanero si no se levanta la prohibición que, según el gobierno, busca contrarrestar el alza de precios pero que los productores dicen que es sólo una represalia política. La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en su mayoría de oposición, convocó a su vez a desacatar la prohibición y anunció que promoverá una interpelación a la ministra Susana Rivera que dictó la medida la semana pasada.
El diputado opositor Pedro Pablo Klinsky señaló que el bloque considera que la medida busca "destruir" a la economía de Santa Cruz, que se ha convertido en bastión de la oposición ideológica al presidente Evo Morales y principal promotor de las autonomías.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, dijo que el veto es "un golpe artero" a la región ante la decisión de sus dirigentes políticos, cívicos y empresariales de realizar el 4 de mayo un referéndum para aprobar sus estatutos autonómicos.
El presidente Evo Morales, quien considera que la consulta es "ilegal y separatista", ha convocado a un nuevo diálogo con la oposición --con la Iglesia Católica como facilitadora-- y ha pedido que para ello Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija frenen sus convocatorias a referendos autonomistas.
La oposición condiciona el diálogo a que el oficialismo anule su proyecto de constitución y devuelva recursos a las prefecturas recortados por el gobierno para pagar el Salario Dignidad, una renta para la tercera edad. La medida afecta fundamentalmente al sector agropecuario de Santa Cruz, principal región económica de Bolivia que es ahora bastión opositor y lidera la demanda de autonomías departamentales. El Comité Cívico de Santa Cruz encabeza los movimientos cívicos de otros cinco de los nueve departamentos que rechazan el proyecto oficial de nueva Constitución.
Pero el gobierno insiste en que mantendrá la "prohibición temporal" mientras el precio de los aceites no baje en el mercado local, al acusar a los productores de haberlos incrementado para dañar políticamente al Ejecutivo, que enfrenta un creciente brote inflacionario, y de especular para ganar más.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que las fuerzas armadas "reforzarán" puntos de control de la policía y la aduana ante la eventualidad, insinuada por los productores, de intentos de desacatar la prohibición.
El lunes, los empresarios del transporte advirtieron al gobierno, tras una reunión de emergencia, que con sus unidades bloquearán las fronteras de Bolivia con los países vecinos y lo recintos aduaneros desde el miércoles.

El presidente de la Asociación del Transporte Nacional e Internacional, Raúl Medrano, dijo a la prensa que la decisión obedece a que el decreto del gobierno, dictado la semana pasada, "ha empezado a paralizar" al sector, que está conformado por 4.000 camiones a nivel nacional. Agregó que la protesta es "irrevisable".
Los productores de aceites, los de la soja y girasol --su materia prima--, los transportistas y los sindicatos de trabajadores del agro se reunirán este martes en la ciudad de Santa Cruz para articular sus protestas contra el gobierno, según dirigentes de los sectores afectados.
La fabricación de aceites comestibles es una de las principales actividades económicas del departamento oriental de Santa Cruz, el mayor productor de alimentos del país.


El aceite se vende en Bolivia por encima de los precios internacionales

El Gobierno boliviano denunció este lunes que los productores de aceite en el país elaboran el producto con soja barata, pero lo venden por encima de los precios internacionales, lo que considera "inadmisible" porque afecta directamente a la economía de la población.

"En resumen (los productores) compran y producen toneladas de soya baratas, a precio de Bolivia y nos venden aceite más caro que en Chicago y eso el Gobierno no lo puede permitir porque trabajamos para proteger la economía de todos los bolivianos", dijo la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, en entrevista con radio Erbol. La ministra explicó que durante esta jornada el precio referencial de la tonelada de aceite en Chicago (Estados Unidos) se encuentra en 1.295 dólares, en Rosario (Argentina) 1.243 dólares, mientras que en el país la misma tonelada de aceite se vende en 1.690 dólares. De acuerdo con estos datos, la tonelada de aceite boliviano se vende 395 dólares por encima del precio de Chicago y 447 dólares del precio de Rosario. No obstante de la ganancia que les supone a los productores la venta del aceite a precios internacionales (más caros), éstos se benefician porque la materia prima, en este caso la soja, que emplean para la fabricación corresponde a la campaña de verano e invierno 2006 -2007.
La ministra de Desarrollo Rural señaló que en la campaña de verano 2006 y 2007 la tonelada de soja costaba en Bolivia 215 dólares y en Chicago 261 dólares. En la campaña de invierno de 2007 la tonelada de soja costaba 280 dólares en Bolivia, 370 en Rosario y 356 en Chicago. Asimismo, en la última campaña la tonelada de soja costaba 420 dólares mientras que en Rosario 462. "Han cerrado negocios de exportación de absolutamente todo el cupo para exportar en la primera gestión, al año hay dos campañas de soya, una de verano y de invierno y contratos adelantada ya han cerrado cupo para todo el año", dijo. Sin embargo, pese a esta situación la ministra indicó que el diálogo con los exportadores de aceite está abierto y aclaró que no hay ningún ataque a ese sector o intenciones de destruir su economía, porque la prohibición decretada para la exportación del producto es temporal. Además indicó que el aceite sólo representa el 15 por ciento de la producción de soja, el resto no la harina, la torta de soja se continúa exportando. "No hay ningún ataque al sector exportador, ni agroindustria cruceña porque exportarán derivados de soya, apenas el 15 por ciento se convierte en aceite lo demás es harina de soya torta de soya y derivados", dijo.

El diálogo reconciliador tropieza con los intentos separatistas

El diálogo conciliador que impulsa el gobierno boliviano con la oposición tropieza con intentos separatistas de los partidos tradicionales, según denuncias del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
De acuerdo con el diputado Gustavo Torrico, es vital explicar por todas las vías los peligros que entraña la reciente propuesta del senador Roberto Ruiz, de la alianza Poder Democrático Social (PODEMOS), de crear una federación de departamentos autonómicos.
Según Torrico, el ejecutivo acepta las autonomías, pero con solidaridad, no para fraccionar a la nación.
Sin embargo, la iniciativa de PODEMOS buscaría la secesión del país al insistir que se conforme una Bolivia de siete departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, a fin de aislar a La Paz y Oruro.
Esa estrategia de la llamada Media Luna ampliada, es vista por varios sectores como extremadamente peligrosa para la integridad territorial y la unidad nacional.

También el diputado René Martínez (MAS) manifestó que las declaraciones del senador Ruíz constituyen una actitud sediciosa contra la democracia, y debe ser sancionada, pues atenta contra Constitución Política del Estado.
Mientras, el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, aseveró que la propuesta del senador opositor apunta hacia una posición ridícula que intenta bloquear las conversaciones iniciadas por Palacio Quemado con los nueve prefectos.
Sin embargo, el presidente del Senado, Oscar Ortiz (PODEMOS), dijo que Bolivia es una sola y seguirá unida, aunque opinó que "lo único que pasará es que los departamentos que apuesten por la autonomía se desarrollarán más".
Al respecto, la Iglesia Católica, que se brindó como facilitadora del diálogo, solicitó crear un clima favorable para el intercambio entre ambas partes, cuya agenda podría estar lista la próxima semana.
Según el documento de la secretaría general de Conferencia Episcopal Boliviana(CEB), actitudes de paciencia y serenidad de la población contribuirán significativamente a llevar adelante ese proceso.
También el propio presidente Evo Morales aceptó la participación de la Iglesia como mediadora para salir de la actual crisis política que atraviesa el país y llamó a la reflexión en Semana Santa por la unidad de todos los bolivianos.


Advertencia de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas advirtieron a la denominada "media luna" que harán respetar al gobierno legalmente constituido y no permitirán la desintegración del país a través de referéndums autonómicos al margen de la Constitución Política del Estado.
El comandante General de la Policía, General Miguel Vásquez dijo que su institución "respetará la institucionalidad, la legalidad dentro del marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía y otras normas que regulan su misión constitucional".
El ministro de Gobierno Alfredo Rada comentó que no corresponde a instituciones como la Policía resguardar el orden público y realizar algún tipo de apoyo a consultas populares que están fuera de la ley.
"Lo que puedo asegurar como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que seremos muy enérgicos en hacer cumplir lo que establece los artículos 208 y 210 de nuestra Constitución Política del Estado", apuntó el general Luis Trigo Antelo. El artículo 208 señala que "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país". El artículo 210 de la Carta Magna indica que "las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, y en lo técnico, del Comandante en Jefe".
Trigo aseguró que no dudará en ningún momento en hacer respetar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y preservar la unidad del país. "Para las Fuerzas Armadas la unidad del país no esta en discusión y toda persona que hable de la desintegración de Bolivia es un delito que puede ser sancionado, ya sea por la vía militar o civil".
Trigo manifestó que los militares continúan apostando por el diálogo convocado por el gobierno, pues la mejor solución a los problemas políticos es el diálogo, con el cual todos ganamos, mientras que en el enfrentamiento no existen ganadores ni perdedores.

La 'media luna', adelante con el referendum

El prefecto (gobernador) de Santa Cruz , Rubén Costas, anunció que conformará brigadas de seguridad civil para que cuiden las urnas el 4 de mayo, día del referéndum del estatuto autonómico. Convocará a universitarios, sectores sociales, trabajadores, entre otros, para que custodien un "derecho democrático"."Pedimos a nuestros universitarios, trabajadores, sectores sociales que conformen una policía civil para resguardar las ánforas el 4 de mayo, ante la posible ausencia de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló. El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, quien emplazó a los policías a trabajar el 4 de mayo, no sólo en el orden de la seguridad ciudadana, sino también en el resguardo de las urnas. "El Gobierno de Evo Morales a toda costa quiere impedir la llegada del 4 de mayo, pido a la Policía a que no se preste a este tipo de abusos", expresó Núñez.
La representante presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, comentó que "no puede ser posible, nunca se vio en ninguna parte del mundo que el voto del ciudadano esté custodiado por un grupo de personas x ó z, quienes además están parcializados con una de las opciones a ser elegidas".
Aclaró que la Policía está llamada por ley a garantizar procesos eleccionarios que hayan sido convocados de manera legal y Constitucional, "no se le puede exigir a la verde olivo que rompa la institucionalidad yendo a proteger un proceso eleccionario que no es legal".
El ministro Rada declaró que cualquier grupo paralelo a la Policía Nacional es absolutamente ilegal.

Bolivia y el retorno de la extrema derecha
Por James Petras, Econoticiasbolivia

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.
El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera.
El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

(Fuentes: ANSA-Latina, AP, ABI-Agencia Boliviana de Información, Prensa Latina, Bolpress, Adital y Rebelión)

8.1.08

Bolivia:Crisis política

EVO MORALES OFRECE A LOS PREFECTOS UN ACUERDO NACIONAL. LOS DEPARTAMENTOS 'REBELDES' Y EL GOBIERNO MANTIENEN SUS POSICIONES

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso este lunes a los nueve prefectos(gobernadores) del país un acuerdo nacional para conjurar la crisis que recrudeció en el último medio año.
Los nueve prefectos ­cinco de los cuales son opositores­ dijeron estar de acuerdo con avanzar hacia un pacto nacional, pero las negociaciones apenas comenzaron.
"Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país", dijo Morales en la primera intervención, que fue secundada por los nueve gobernadores regionales.

Una comisión trabajará ese acuerdo sobre los siguientes temas: defensa de la unidad del país, respeto a la democracia, primacía de la legalidad, estatización de la economía, adhesión al proceso de cambio social, autonomías departamentales, renta dignidad para los ancianos, transparencia de la gestión, respeto a la propiedad privada y referéndum revocatorio.

Temas en los que hay coincidencias
Los nueve prefectos del país y el Gobierno identificaron seis ejes de interés para el debate que permita allanar un acuerdo nacional, planteado por el presidente, Evo Morales, que pasan por la unidad del país, la legalidad de la nueva Constitución y estatuto autonómico, el régimen económico, el cambio, las autonomías y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos(IDH). "En Bolivia no hay dos proyectos de país confrontados. Prefectos y Gobierno comparten seis principios del país", señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera, tras escuchar las intervenciones de los nueve prefectos y el Presidente de la República. El primer punto convergente es la unidad del país "no es un tema en debate, es un tema de compromiso reafirmado por el Gobierno y en acompañamiento con los prefectos", afirmó García Linera. El segundo tema referido a la democracia, el respeto a la institucionalidad y legalidad en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos. Un tercero, es sobre el papel rector que debe ejercer el Estado en el campo económico y con el cual las prefecturas están siendo favorecidas. Un cuarto tema identificado es que los prefectos reafirman su compromiso por el cambio, "nadie quiere retroceder", añadió. Un quinto punto referido al referéndum sobre autonomías departamentales. "Ni el Gobierno ni las prefecturas han puesto en debate a la democracia y reafirmaron que se debe respetar el voto ciudadano tanto en los departamentos que se votó por el sí y por el no", agregó el Vicepresidente. Un sexto tema en cuestión es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años a partir de febrero próximo.

Y las mayores divergencias
Los prefectos opositores al Gobierno mostraron divergencias principalmente en el IDH para el pago de la renta Dignidad, la nueva Constitución y las autonomías departamentales. Por su parte, el ejecutivo mantuvo la posició de la ilegalidad de los estatutos autonómicos, sino se sujetan a la nueva Carta Magna, pues la actual no contempla este régimen. Ante esta posición, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que con esas posiciones no se pueden avanzar, pues ellos siempre defenderán la legalidad de los estatutos autonómicos y observarán la ilegalidad de la nueva Carta Magna.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó la viabilidad del pago de la renta Dignidad con la nueva distribución del IDH, además demostró el mantenimiento de importantes ingresos de recursos para las regiones. Este hecho también fue rebatido por los prefectos opositores que lamentaron la explicación del titular de Hacienda y la calificaron de mentirosa, además de ilegal por asumir una medida de esa naturaleza.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que la Constitución vigente respalda el pago de la renta Dignidad como medida social para proteger el capital humano. La autoridad gubernamental explicó que por primera vez, después de muchos años, este sector del pueblo (ancianos) forma parte de un beneficio vitalicio que siempre se les negó.

"El país nos quiere ver juntos", dijo un Evo Morales conciliador. Sus opositores también bajaron las armas verbales y acudieron con ideas para resolver la crisis.
Más de siete horas de debate fueron transmitadas por televisión abierta y, para afinar los anuncios y elaborar la metodología, los medios fueron invitados a abandonar el salón.

El gobierno está empeñado en consolidar el proyecto de Constitución que aprobó la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente, para lo cual inició el sábado la campaña por el Sí, con miras al referéndum constitucional a convocarse recién para este semestre. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando reivindican las autonomías regionales por las que se pronunciaron sus habitantes en el referéndum de 2006. Esos cuatro prefectos, junto a los de La Paz y Cochabamba, rechazan el proyecto oficialista de nueva Constitución y exigen la devolución del 70 por ciento de un impuesto sobre hidrocarburos que el gobierno les recortó para financiar una renta de vejez.

(Fuentes: BBC-Mundo, ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información)

UNA GUERRA ENTRE RICOS Y POBRES
Por Javier Sáenz Munilla(*)
Latinoamérica es la región de mayor desigualdad social de la Tierra y Bolivia, junto a Brasil y Colombia, el país más desigual -injusto- de América Latina. Por mucho que crezcan estos países y toda la región, en las condiciones de producción actuales serán necesarias décadas para reducir algo esa desigualdad. Lo que pretende el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, mediante la elaboración de una nueva Constitución o con leyes como la de los Hidrocarburos es, precisamente, revertir esa ecuación maléfica, que mantiene en la exclusión a la mayor parte de la población boliviana. Y lo que busca la derecha, agrupada en PODEMOS o en la llamada 'media luna'-los departamentos ricos que lideran los terratenientes de Santa Cruz-, es evitarlo; por todos los medios, además, como demuestran los recientes acontecimientos. Pero, ¿desde cuando la burguesía -supongo que podemos llamar así aún a los grandes propietarios- cede la más mínima parte de sus beneficios a cambio de nada y de forma voluntaria y pacífica?

En Latinoamérica un 10 por ciento de ricos se lleva, de media, el 36 por ciento de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40 por ciento. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre. Muchos de ellos se mueren antes de cumplir los cinco años. Y eso que se ahorran.
El 60 por ciento de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: Hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16 por ciento de su población en el extranjero.

Pero llegó Evo y mandó a parar

El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54 por ciento, algo inusual en la democracia bo
liviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como “el país que quiere existir”.

Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.

La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90 por ciento de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. “Nacionalizaciones, no expropiaciones”, como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.

Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia -recordamos, 60 por ciento de pobres- en los últimos 25 años. No sólo el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada 'Goni', quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.
¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.
El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin “agua de boca” y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.
Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.

Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.

El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó “Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural”.

¿Y cómo lo hacemos?

En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Esos, repito ¡cinco millones de hectáreas! o bien es que sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas....

El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.
La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada “Media Luna”, los departamentos ricos y 'rebeldes', que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado 'Salario Dignidad' establecido por el Gobierno para los ancianos. Y que están proclamando sus 'autonomías' de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95 por ciento de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese 'neolatifundio' improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60 por ciento de la población en la pobreza.

Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el 'empleo sostenible' de la tierra y definen su 'función económico social' y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada...hasta hoy.
Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.

Recuperar los recursos naturales

Bolivia fue expoliada por la metrópoli española, que vació sus minas de plata (¡vale un Potosí!) en las que dejaron la vida miles de indios. Y otros chupasangres criollos (¡Patiño!) se ventilaron el estaño. Ahora a Bolivia le estaban succionando el gas y el crudo y no daban ni las gracias. Por eso la revolución democrática que llevó 'al Evo' hasta el Palacio Quemado, tenía que evitar que el latrocinio culminara, dejando a Bolivia completamente exangüe.

La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país. Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.
Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.

Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo. En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.

La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.

El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación....El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.

(*)Este artículo se publica en la edición de Enero de Mundo Obrero

24.12.07

Bolivia: Constituyente y crisis política

EN AUMENTO LOS ATAQUES VIOLENTOS DERECHISTAS. DANIELLE MITTERRAND ADVIERTE DEL PELIGRO MORTAL QUE CORRE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA Y SU PRESIDENTE EVO MORALES

La ex primera dama de Francia, Danielle Miterrand, cree que la "democracia boliviana corre un peligro mortal" y pide que no se permita que el presidente Evo Morales sufra "la misma suerte" que el ex mandatario de Chile, Salvador Allende. "Las grandes orientaciones políticas de este Gobierno han sido aprobadas masivamente por referéndum antes de la elección en donde el presidente Evo Morales ganó por más del 50 por ciento de votos. Hoy llamo a nuestros dirigentes y a nuestros grandes órganos de prensa porque las democracias de deben a asistencia mutua", señala un comunicado publicado este domingo.
La viuda del Presidente Francoise Miterrand, y actual presidenta de la Fundación France Libertés, activista de causas sociales, expresa su postura en favor de las reformas y del proyecto constitucional impulsado por Morales y critica a sus opositores. Miterrand remarcó que una nueva Constitución es necesaria porque la actual data de 1967, una época en que las poblaciones indígenas "vivían totalmente excluidas de toda ciudadanía". También asegura, que en las regiones ricas del país, como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, renacen "amenazas separatistas", que además "rechazan el juego democrático y no quieren pagar para ayudar a las regiones pobres". Señala que grupos "de activistas neofascistas y bandas de paramilitares subvencionadas por la gran burguesía y ciertos intereses extranjeros, instalan un clima de miedo en las comunidades indígenas". También indica que la desinformación puede "matar" la democracia y rechaza que Evo Morales sea calificado como un "dictador" o esté a la cabeza de "un sindicato de traficantes de cocaína". Y añade: "¿Vamos a esperar que Evo Morales corra la misma suerte que Salvador Allende para llorar sobre la tumba de la democracia boliviana?" para concluir que la "democracia vale para todos o no vale para nadie".
"No me sacarán ni muerto"

El presidente Evo Morales, se dirigió a la oposición derechista violenta para asegurar que mientras sea presidente constitucional, no lo sacarán del palacio 'ni muerto' y calificó la actual situación política del país como 'una guerra entre ricos y pobres'.

El mandatario hizo esa advertencia durante un encuentro con mineros en el sur del país. 'A mí no me asustan las provocaciones de los grupos oligárquicos. Más bien me siento fortalecido porque tenían que venir; estaría preocupado si vinieran de los campesinos o de los indígenas', dijo, y agregó: 'Mientras sea presidente electo constitucionalmente, ni muerto me sacarán del palacio, porque se trata de garantizar este proceso de cambio'. Morales repitió que sus opositores buscan 'tumbarlo' porque no aceptan que un 'indio gobierne' y menos los cambios que promueve su Gobierno. 'Esta es una guerra entre ricos y pobres. O ganan los ricos, o ganan los pobres', sentenció.

Este domingo, Evo Morales Ayma, deseó a las familias bolivianas que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo y convocó a reflexionar sobre la realidad económica, política y social del país. Así lo expresó al inaugurar en Viacha a 64 kilómetros de La Pazuna una nueva estación ferroviaria del circuito turístico que lleva a las ruinas incas de Tihuanacu'. También pasó revista a la Primera División de las Fuerzas Armadas que tiene allí su sede. "Aprovecho esta oportunidad para desearles en estas fiestas de fin de año y pedirles hacer una profunda reflexión sobre nuestra realidad cultural, social, económica y política fundamentalmente", dijo. "Que la pasemos en paz, tranquilidad, en familia y con nuestra familia grande que es nuestra querida Bolivia. Decirles muchas felicidades en estas fiestas de fin de año, que pasemos todos en paz queridos hermanos y hermanas. A su llegada centenares de campesinos le rodearon y vitorearon.
Queman vivienda de un constituyente en Santa Cruz

Un grupo de desconocidos, presuntamente vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista, (grupo de extrema derecha vinculado a los grandes propietarios de Santa Cruz) quemaron la madrugada del sábado en la ciudad de Santa Cruz la vivienda del constituyente del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Romero. El afectado, en declaraciones al Periódico Digital de la Red Erbol, dijo que el hecho ocurrió aproximadamente a las 03.00 horas de hoy, cuando un grupo de jóvenes le prendieron fuego a la fachada del inmueble ubicado calle Buenos Aires y luego lanzaron en su interior un artefacto explosivo y una llanta ardiendo. Relató que los agresores se encontraban en 10 vehículos, dos ellos radiotaxis, probablemente contratados, en cuyo interior había personas que portaban banderas de la Falange.

Romero señaló que los vecinos lograron sofocar el fuego a pesar de la intimidación del grupo de “pirómanos”, que desde los vehículos los iluminaban con reflectores para impedir que logren su cometido de apagar las llamas.
Los daños ocasionados a la vivienda son importantes, están carbonizados los portones, la fachada presenta varios destrozos, lo mismo que en el patio, se tiene que hacer muchas reparaciones, indicó Informó que a la hora en la que ocurrió el atentado no se encontraba en el domicilio ninguna persona y responsabilizó del incidente al Comité Cívico Pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista. El constituyente masista demandó de la Fiscalía de Distrito iniciar lo más pronto posible las investigaciones, porque con este atentado son varios los hechos violentos registrados en la capital cruceña sin que , hasta ahora. se haya pronunciado del Ministerio Público.
La "media luna" impulsa una Constitución paralela

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, denunció este domingo que los departamentos de la denominada "media luna" propugnan una Carta Magna paralela al presentar sus estatutos autonómicos y que demuestran intenciones separatistas. "El plantear (este estatuto autonómico), desconociendo la Constitución vigente y a la nueva Carta Magna, un documento de esta naturaleza, no es otra cosa que plantear una Constitución paralela (...) es una especie de seudo Constitución", afirmó Arce .
El pasado 15 de diciembre los prefectos de la Tarija, Santa Cruz y Benipresentaron sus estatutos autonómicos que contemplan una serie de atribuciones que hasta ahora las tiene el Gobierno como es el caso de la entrega de tierras. El viceministro señaló que en los hechos los estatutos autonómicos y en especial del departamento de Santa Cruz, descubren intereses de los pequeños grupos que los han elaborado que pretenden suplantar a la Constitución Política del Estado y establecer su propia Carta magna. Ello, indicó, rompe el dicho de que donde hay Estado hay Constitución "aquí estaríamos hablando de un Estado paralelo y demuestra intenciones separatistas", advirtió Arce. Y recordó que la actual Constitución no da lugar a las autonomías departamentales, y que, como se aprobó en el referéndum sobre las autonomías departamentales del 2 de julio de 2006, estas han sido desarrolladas por la Asamblea Constituyente en el proyecto de nueva Carta Magna. "Esta propuesta de constitución cumple con ese mandato vinculante que se le ha dado y genera el marco constitucional para que en el país puedan darse las autonomías en el marco de la unidad nacional", afirmó el Viceministro. Arce explicó que los estatutos autonómicos, carecen de legitimidad democrática porque todas las autoridades que han participado en la Asamblea Preautonómica eran personas que fueron elegidas para otros fines. Y también explicó que esos departamentos 'rebeldes' no pueden ahora convocar un referendum para aprobar sus 'estatutos' "El Referéndum es un instrumento democrático válido, pero recordemos que el referéndum del 2006 el pueblo cruceño, pandino, beniano y tarijeño ha concedido vincular su decisión a la Asamblea, el mandato de generar una Constitución en las que exista autonomías" Y añadió que el referéndum departamental debe ser convocado por el Congreso Nacional y que el Tribunal Constitucional debe avalar el contenido de la pregunta
(Fuentes: ABI-Agencia Boliviana de Información, Red Erbol, Europa Press, AP y EFE)

12.12.07

Bolivia: Crisis política

NUEVE PAÍSES LATINOAMERICANOS EXIGEN RESPETO A LA DEMOCRACIA BOLIVIANA. EVO MORALES PIDE UNA TREGUA NAVIDEÑA Y LA OPOSICIÓN DERECHISTA LA RECHAZA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió una tregua política por la Navidad y diálogo para solucionar el enfrentamiento político en el país, pero los prefectos (gobernadores) de seis departamentos dijeron que dudan de su sinceridad y le reclamaron que apure el referendo revocatorio de los mandatos.

Morales hizo la demanda frente a la amenaza de cuatro de los nueve prefectos (gobernadores) de declarar el sábado, por cuenta propia, la autonomía de sus departamentos, basándose en que el sí a esa propuesta ganó en sus regiones en el referendo de 2006. Con esa posición y contra al proyecto de Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente, en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando están en huelga de hambre un millar de personas y hay algunas oficinas públicas ocupadas.

El presidente boliviano dijo que una huelga de hambre de cívicos del rico distrito petrolero de Santa Cruz no se justifica porque las autonomías están garantizadas en el nuevo texto fundamental, que todavía debe pasar por dos referendos.
"Sería importante que nuestras autoridades, nuestros dirigentes, puedan considerar mi propuesta de paz para pasar las fiestas de Navidad y que no engañen, que no mientan (diciendo) que va a haber estado de sitio," declaró Morales a reporteros en el palacio de La Paz.

En Chuquisaca, los dirigentes opositores a Morales recolectan firmas para que sea convocada también una consulta autonómica. Los partidos de oposición reiteraron sus críticas al proyecto de Constitución y anunciaron campañas para votar por el no cuando se la someta a referendo el próximo año.

Casi de inmediato, prefectos opositores restaron credibilidad a la convocatoria presidencial, ratificando su plan de "resistencia" a los cambios impulsados por el Gobierno nacional.
El influyente senador derechista Walter Guiteras dijo que los prefectos de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba "no acudirán a ningún llamado del jefe de Estado" ni pedirán el levantamiento de la huelga de hambre.
El prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, calificó a la invitación presidencial como "cinismo" y como "una maniobra para jugar con la inteligencia de los bolivianos."
"Ya es tarde, nada nos va a parar (...) las autonomías no son concesión de nadie, nos las hemos ganado en referéndum y las vamos a ejecutar," afirmó el prefecto del departamento de Beni, Ernesto Suárez.

Piden respeto para la democracia boliviana

Los presidentes de nueve países latinoamericanos expresaron su "permanente solidaridad con el pueblo y el gobierno de Bolivia" y rechazaron "todo intento que vulnere la estabilidad de las instituciones y del gobierno elegido democráticamente". La declaración de apoyo al gobierno del presidente Evo Morales fue adoptada en Buenos Aires, donde los mandatarios coincidieron para la ceremonia de asunción de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner. La Cancillería argentina, afirmó hoy en un comunicado oficial que los presidentes de los nueve países "confiaron en la capacidad de las fuerzas políticas bolivianas para mantener un clima de diálogo y entendimiento" entre las fuerzas políticas del país.

La declaración fue subscrita por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Qué pasa realmente en Bolivia

El siguiente texto ha sido escrito por el joven politólogo español IÑIGO ERREJÓN, quien ha trabajado con la Asamblea Constituyente en Bolivia. El artículo ha sido publicado, originalmente, en la revista digital KAOS EN LA RED

(Para contactar con el autor: ierrejon@cps.ucm.es )

Notas apresuradas sobre la situación actual del proceso constituyente boliviano

Por Iñigo Errejón

No hace tanto nos llegaban de Bolivia imágenes de barricadas, huelgas, marchas y gases lacrimógenos. Entonces las mirábamos con esperanza, y con la certeza de saber quién ocupaba qué lugar: resultaba fácil identificarse con quienes inundaban las plazas y los cerros de Bolivia para decretar el fin de la subordinación


En estos días, sin embargo, y con un sospechoso vigor, los medios de comunicación empresariales nos muestran imágenes similares, pero con juicios de valor diferentes: esta vez los manifestantes son “demócratas”.¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Quiénes son los que están en la calle ahora? Ha cambiado mucho, tanto como una reordenación drástica del escenario político boliviano. Fundamentalmente ha sucedido la reorganización de la derecha boliviana, y su recuperación de la iniciativa política situando el conflicto político sobre bases desde las cuales sí puede aspirar a una cierta capacidad de masas, que había perdido en el desplome del régimen neoliberal propiciado por las luchas de las clases subalternas.


Entre la reacción y la insurrección: el gobierno del MAS


En Diciembre de 2005 el Movimiento Al Socialismo gana las elecciones con un resultado histórico, aupando a Evo Morales Ayma, un antiguo sindicalista cocalero, a la Presidencia del país. Aquellas elecciones supusieron una salida intermedia entre una imposible restauración del orden liberal y colonial, y una cristalización de poder revolucionario que no llega. Las numerosas experiencias de contrapoder hacen imposible el mando capitalista, no sólo bloqueándolo sino organizando los sectores y lugares conquistados de forma autónoma y horizontal. Sin embargo, las multitudes bolivianas no son capaces de articular la potencia que han desplegado en las movilizaciones, y así se quedan las puertas de abrir un proceso constituyente insurreccional. La salida de ese empate la proporciona el Movimiento Al Socialismo, nacido como “Instrumento Político” de las federaciones de sindicatos cocaleros, que si bien había estado presente, no podía reclamar el protagonismo de las luchas que hacen quebrar el proyecto neoliberal en Bolivia. No obstante, consigue desempeñar un papel de desbloqueo de la situación, y se presenta asumiendo el programa de los movimientos sociales -como el “ariete” de los movimientos, si se quiere- para abrir los cerrojos institucionales que cerraron durante décadas el sistema político boliviano a las clases subalternas e indígenas.

Si el MAS es entonces un límite o una apertura a la transformación social de Bolivia es algo que los movimientos discuten en el país andino desde hace al menos tres años. Lo que en este momento nos importa es que, el precio que la oligarquía paga por una solución no revolucionaria, es la absoluta cesión de la iniciativa política. El nuevo gobierno nace con un amplio apoyo de los sectores populares del país, y con la legitimidad inicial de su parte. Sin embargo, el poder económico y mediático, si bien impotentes de momento, se muestran dispuestos a impedir una reordenación del equilibrio de fuerzas en el país favorable a la fuerza de trabajo boliviana, que ponga en peligro sus intereses.


De entre todas las demandas de las multitudes bolivianas, es sin duda la Asamblea Constituyente la que concentra la conflictividad latente en el país, puesto que es el momento constituyente el que está llamado a producir una estructura legal y política que consolide la nueva hegemonía indígena-popular en el país, desmontando para ello la arquitectura legal del estado liberal, colonial y racista.


Los poderosos en la oposición: líneas de reconstrucción de la derecha


Las elecciones a la Asamblea Constituyente arrojan un resultado contradictorio: por una parte, el Movimiento Al Socialismo obtiene unos amplísimos resultados, que junto con pequeñas formaciones aliadas, le otorgan la mayoría absoluta. Sin embargo, las reclamaciones de la oposición exigen que impere la regla de los 2/3 en la adopción de la nueva constitución. Aún a sabiendas de que la razón de esa petición es que otorga a la derecha la posibilidad de bloquear el proceso constituyente, el MAS, tal vez temeroso de perder legitimidad democrática en las esferas internacionales que le son abiertamente hostiles, acepta e instituye esta reivindicación en el Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente. La aritmética que se le exige a la nueva constitución boliviana es significativamente más alta que la de los procesos constituyentes anteriores en América Latina (Venezuela o Colombia, por ejemplo) y añade al referéndum un derecho de veto de facto de la derecha boliviana.

A la vez, las elecciones departamentales reflejan una polarización del país entre el Occidente más pobre y ampliamente alineado con el Gobierno, y el Oriente en el que la oligarquía retiene el poder, con una base de masas en absoluto despreciable. De los nueve departamentos bolivianos, cuatro, significativamente los más ricos, quedan en manos de la oposición al MAS. Desde allí se organizará la feroz resistencia al proceso constituyente abierto en el país.

La oligarquía financiera y terrateniente encabeza, arropada por sectores atemorizados de clase media y grupos desclasados e inmersos en redes de clientelismo político e identificación étnica regional y racista –virulentamente antiindia-, una feroz ofensiva destinada no sólo a tumbar al gobierno del Movimiento Al Socialismo, sino a reestablecer el status quo anterior a la emergencia política de los sectores populares, abortando cualquier intento de alterar la composición clasista y racista del estado boliviano.Esta ofensiva supone un auténtico rearme ideológico y de masas de la derecha, y se articula en torno a dos líneas:
·Por una parte, la reivindicación de autonomía regional y el escrupuloso respeto a la regla de una mayoría de 2/3 en la Asamblea Constituyente, es decir, su derecho de veto. Un derecho de veto francamente peligroso en manos de sectores que desde el comienzo se fijaron como objetivo el fracaso o cierre en falso del proceso constituyente.A la vez que se le somete a un continuo hostigamiento, el gobierno de Evo Morales queda obligado a dar permanentes pruebas de respeto a la democracia formal. La derecha combina luchas ilegales con la permanente exigencia de respeto a las garantías reglamentarias pensadas precisamente para obstruir el proceso constituyente.
.Por otra, en torno a la polarización de la fractura política regional del país, la derecha ha sido capaz de conformar desde el oriente Boliviano, con Santa cruz como centro, un potente contrapeso regional, administrativo y económico al gobierno central. Este contrapeso trata de bloquear todas sus iniciativas de transformación social, dejándolas inoperativas en la mayor parte del territorio, en especial en los departamentos de más peso en la economía boliviana.

Pero el refugio en las regiones orientales también proporciona un vehículo indentitario y un potente artefacto político a la oposición, que le permite dotarse de una base de masas de la que nunca gozó mientras la confrontación se libró en torno a la fractura de clase y étnica. Las élites tradicionales, desacreditadas como “antinacionales” y subordinadas a las multinacionales extranjeras, corruptas, y autoritarias, recomponen un cierto liderazgo oponiendo las regiones orientales como ejemplo de desarrollo frente a las regiones occidentales que son feudos de la izquierda, en un imaginario fuertemente racista. De este imaginario beben los grupos parafascistas que brotan tras la estela de la oposición.La crisis actual: ¿La Moneda en La Paz?

Significativamente, los dos estallidos de violencia importantes en este año se han producido en los dos departamentos cuya alineación política es menos clara: a finales del año pasado en Cochabamba, donde las comunidades campesinas son un bastión del gobierno frente a una cierta pujanza de fenómenos reaccionarios y racistas en la ciudad; ahora en Chuquisaca, cuya capital, Sucre, es también capital Judicial y Constituyente de Bolivia. El conflicto se territorializa en los espacios que pueden decantar la balanza en uno y otro sentido, con La Paz y Santa Cruz como polos de agregación simbólica.

Chuquisaca, pese a tener un prefecto masista, la región ha sido incorporada al bloque de la derecha azuzando su rivalidad con La Paz (incuestionable feudo de los sectores populares) por la capitalidad. De nuevo las demandas regionales parten el espinazo del bloque indígena-popular. Así ha intentado también operar la oligarquía frente a la aprobación de la Renta Dignidad –bono que avanza en el camino de garantizar la pensión de jubilación universal a tod@s l@s bolivian@s- con la que el Gobierno ha tratado de recuperar la iniciativa política: no se ha tratado sólo de una oposición por razones de clase, sino para no perder recursos de poder regional, pues la financiación de la medida saldrá de regalías del gas hasta ahora en manos de los departamentos.

Se repite el esquema: atrincheramiento regional de la derecha frente a la hegemonía nacional del MAS, en un juego de desgaste en el que el tiempo corre en contra del Gobierno.
Por eso es tan importante lo que sucede en Sucre: En medio del bloqueo de las instituciones y el hostigamiento en la calle que las clases dominantes han desatado contra el gobierno, la ciudad se ha convertido en una pieza clave de la confrontación. Como capital de la Asamblea Constituyente, y de una región cuyo desplazamiento político hacia el oriente opositor supone un serio golpe contra el gobierno, los enfrentamientos en sus calles cobran una especial importancia, y atrapan al gobierno en una espiral de violencia que sólo puede servir para desprestigiarle y sugerir la pertinencia de su deposición o incluso el fantasma del golpe de estado, que si aún no ha sido muy evidente es por la escasa disposición que el ejército (con una tropa fundamentalmente indígena) ha mostrado hasta el momento. No obstante, si el peligro de golpe de estado no es, al menos, inminente, los episodios de hostigamiento y desestabilización frente al gobierno no son en absoluto cuestiones menores, sino los zarpazos de la oligarquía que se repone y presenta batalla para no ceder ni un milímetro de su poder tradicional.

Los movimientos y el proceso constituyente.


Pese a sus limitaciones y sus deficiencias, el proceso constituyente representa la posibilidad de alterar el equilibrio de poderes produciendo un escenario jurídico más proclive al avance de la fuerza de trabajo colectiva boliviana. La futura constitución no es un punto de llegada, sino de partida. Su derrota, por la que claramente apuesta la oligarquía y los capitales extranjeros -con el apoyo de todos los medios de comunicación privados de Bolivia, y la práctica totalidad de los grandes grupos multinacionales de la comunicación- sólo puede abrir paso a una desarticulación y dispersión del bloque indígena-popular.
De la misma manera que el poder constituyente desplegado no se agota en el gobierno del MAS, así la contraofensiva de la derecha no sólo busca tumbar a Evo Morales, sino clausurar el horizonte histórico de transformación abierto por los movimientos sociales.

Tumbar la Asamblea Constituyente se ha convertido de esa forma en la condición sine qua non para la derrota del bloque indígena-popular, y la reinstauración del “orden”: el de siempre, el de la sumisión y la miseria.
Los movimientos sociales se han mantenido, desde que Evo Morales asumiese la Presidencia en un cierto letargo vigilante, con un apoyo al gobierno supeditado a que no retrocediese lo más mínimo en su programa de transformación social. Este impasse, y las inercias y diferentes tiempos del estado con respecto a los de los movimientos, parecen haber destensado las membranas de las redes sociales. No obstante, el gobierno de Evo Morales, conviene recordarlo, fue la salida a una situación de profundas contradicciones sociales en Bolivia, marcada por la emergencia de las clases subalternas. Ahí reside su fuerza.

Su función, en consecuencia, debiera ser la de de facilitar un proceso constituyente que se generó mucho antes de su convocatoria formal: en las luchas y contrapoderes que impugnaban el estado liberal y colonial. Sólo la concurrencia de los movimientos populares, a través de sus múltiples articulaciones barriales, comunitarias y sindicales, puede salvar el proceso constituyente, y empujarlo en un sentido radical que haga imposible una vuelta al pasado. Del resultado de la batalla que se libra actualmente en Bolivia no depende sólo el futuro del pueblo boliviano y su “ejemplo”. En un plano global identificamos al menos dos cuestiones:
.Por una parte el proceso de integración contrahegemónica en América Latina necesita la consolidación de las transformaciones en Bolivia, para avanzar en una alianza que fragüe un modelo de desarrollo rupturista con los procesos de periferia que subordinan los países sudamericanos a las multinacionales de los países centrales de la economía-mundo.
.Por otra parte, es actualmente –aún con todas sus deficiencias- un laboratorio de experimentos punteros de intervención y gestión política por parte de las redes sociales. Sus límites, sus posibilidades y sus aciertos, son de extraordinaria utilidad para conectar las diferentes experiencias de luchas anticapitalistas en el globo, y para permitirnos pensar más allá del horizonte de la resistencia.

El 14 de Diciembre es la fecha límite para que la Asamblea Constituyente presente un borrador proyecto de Constitución del Estado Boliviano. Ningún avance emancipador puede imaginarse a partir de la derrota de las clases populares bolivianas, y la batalla no se libra en un tablero ideal, sino en el realmente existente en la confrontación de clases en Bolivia: ahora, fundamentalmente, en torno a la ofensiva de la oligarquía contra el proceso constituyente.
Lo que está en juego no es sólo un texto legal o un gobierno, es la oportunidad histórica en manos de l@s que acostumbraban a callar,para comenzar a caminar por encima de 500 años de silencio.

(Fuentes: ANSA-Latina, Reuters y Kaos en la Red)

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