EE.UU-Latinoamérica:Intervención militar

ESTADOS UNIDOS PODRÍA INSTALAR OTRA BASE EN AYACUCHO. MIEMBROS DEL GOBIERNO DEL PERÚ CALIFICAN PÚBLICAMENTE DE NECESARIA LA PRESENCIA MILITAR NORTEAMERICANA EN EL TERRITORIO NACIONAL


El Ministro de Defensa del Perú Rafael Rey ha dado el aldabonazo, al confirmar este domingo o que ya se rumoreaba hace meses, que Estados Unidos tenía la vista puesta en Perú para instalar allí una base militar en sustitución de la de Manta en Ecuador. El rumor se desvaneció al anunciarse el acuerdo con Colombia, para la presencia militar norteamericana en siete bases de ese país. Pero por estar militarmente presentes, parece ser que, en el Perú, también va a ser.

El ministro Rey dio a conocer que en los últimos meses ha hablado con distintos funcionarios norteamericanos, como son miembros de la Cámara de Representantes, senadores y algunos embajadores para hacerles ver la necesidad, según su opinión de una "corresponsabilidad en esta lucha contra el narcotráfico". Aunque horas más tarde, mediante comunicado, Rey intentó aclarar que no sugirió la instalación de una base militar de EE.UU. en el Perú, terminó ratificando que es "su deseo" que los norteamericanos "participen en la lucha antisubversiva en el VRAE". (Valles de los ríos Ene y Apurímac, donde tiene presencia militar Sendero Luminoso)

El ministro de Defensa peruano Rafael Rey, dijo además que lamentaba que el Perú no cuente con ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que, dijo, ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

“En el Perú, la colaboración de los norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico es muy positiva, y lamentablemente no contamos con la ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en la zona del VRAE”, dijo el ministro en una radio local.

Tras este primer tanteo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez confirmó de alguna forma la noticia, al asegurar que el Ejecutivo podría debatir la posibilidad de una instalación de bases militares de Estados Unidos en el Perú, aunque, matizó aun no se ha abordado.

Reacciones en contra

Las declaraciones han provocado reacciones de diversos sectores; algunos le recomendaron que se informe mejor antes de hablar y que deje el cargo a una persona preparada en temas de defensa y seguridad nacional. Otros llegaron a pedirle que se vaya a vivir a Estados Unidos si le gusta tanto ese país.

El legislador Daniel Abugattás dijo, comentando que no le extrañaría que pronto el ministro pida que el Perú se convierta en una colonia de Estados Unidos y que las palabras de Rey demuestran "su afán entreguista en desmedro de la soberanía nacional". Este congresista de la oposición no descartó que detrás de lo manifestado por el titular de Defensa esté la intención del gobierno de medir la reacción pública ante la posibilidad de permitir presencia militar estadounidenses en el Perú .

Por su parte, el ex comandante general del Ejército, general José Graham rechazó lo dicho por Rey en su condición de ministro de Defensa, y enfatizó que Rey, con sus declaraciones, pone en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas del Perú para luchar contra la subversión. Agregó que las fuerzas castrenses están preparadas para hacer frente a los remanentes terroristas que operan en el VRAE y lamentó las palabras de Rey.

El ex titular de Defensa, David Waisman, dijo por su parte que Rafael Rey carece de información necesaria para opinar sobre seguridad nacional y lucha contrasubversiva y no es un persona adecuada para ostentar el cargo confiado por el presidente Alan García.

Aeropuerto militar en Ayacucho

Estados Unidos busca cercar los procesos políticos progresistas que se están desarrollando en estos momentos en América con la instalación de nuevas bases ahora también en Perú, según Carolus Wimmer, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista de Venezuela.

“Barack Obama persigue recolonizar y disciplinar su tradicional patio trasero, que se le había ido de las manos por haberse distraído en otras regiones como el Medio Oriente y ahora pretende recolonizar el hemisferio con las bases en Colombia, Guyana Francesa e incorporando ahora a Perú en este plan”, agrega.

El diputado comunista asegura que los Estados Unidos pretenden instalar un aeropuerto militar en Ayacucho, ubicado a 575 kilómetros al sudeste de Lima.
“Esto no es un invento de nosotros, acaba de ser confirmado por el jefe del Ejército peruano, general Edwin Donayre, y de concretarse esta negociación, Washington podría sumar otro punto de utilidad geopolítica y militar en un futuro cercano en nuestra región”, asegura.

Dice que la zona seleccionada por el Comando Sur fue el epicentro de la guerra de contrainsurgencia que vivió Perú en los años 80 y 90, y que guarda una importancia geopolítica de primer orden, pues está equidistante del conflicto interno colombiano, la llamada Media Luna boliviana y la amazonía brasileña.

Recuerda que los Estados Unidos ya tienen presencia militar en Ayacucho, donde vienen realizando las maniobras “Nuevos Horizontes” con las Fuerzas Armadas peruanas y que además, cuentan con una base naval en Iquitos, región amazónica estratégica del norte peruano, en la cual disponen de lanchas de combate.

Para Wimmer el plan con Perú persigue instalar nuevas bases militares para los Estados Unidos aunque lo digan en estos momentos sea que quieren es un aeropuerto militar.

Perú-Colombia, la vanguardia andina de Washington

No se trata de ninguna sorpresa. Perú y Colombia son, en este momento, los primeros aliados de Estados Unidos en Suramérica y sus presidentes, Alan García Pérez (AGP)y Álvaro Urive Vélez (AUV) sus primeros adalides. AGP, por el Perú ha sido y es el único país de la región en apoyar a Uribe ante la Unasur y, previamente en la fracasada gira del presidente colombiano para convencer a sus vecinos de la necesidad que tiene Colombia de permitir a EE.UU el uso de siete bases militares colombianas.

El Gobiern canciller peruano, José Antonio García Belaúnde reafirmaba en una entrevista publicada del diario limeño El Comercio, esa posición. "Respetamos y creemos conveniente que los países sientan que la decisión colombiana no es una amenaza", dijo García Belaúnde, al referirse a la posición peruana en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se celebró en Bariloche para debatir sobre el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que causado tanta preocupación en la región.

Ambos países, Perú y Colombia, hicieron causa común y quedaron en minoría en la reunión de Bariloche , a la que, con la compañía de Alan García, sí acudió Uribe, quien se abstuvo de ir a la de Quito del pasado día 10 de agosto.

Ahora el gobierno del Perú muestra cómo, defendiendo la decisión colombiana, se estaba defendiendo a sí mismo. Este mismo domingo, el ministro de Defensa peruano, Rafael Rey volvió a repetir que "las bases militares que Estados Unidos planea instalar en Colombia no significan una amenaza para la región" , tal como manifestaron algunos países en Bariloche.

UNASUR:

¿Empate técnico?

Por Miguel Guaglianone (*)

Culminó una muy difícil y compleja reunión de Unasur cuyo tema principal fue el acuerdo realizado entre Colombia y Estados Unidos para la instalación en territorio colombiano de un número no determinado de bases militares (u operaciones militares) de las fuerzas armadas de EE.UU. Tan compleja fue esta reunión, que rompió varios paradigmas en eventos de este tipo. Diez minutos antes de finalizar, todavía nadie tenía claro cual iba a ser la resolución final, o si siquiera habría una. El primer acuerdo al que se llegó apenas iniciada la sesión fue que el debate sería público, con la manifiesta disconformidad del presidente Lula de Brasil, quien argumentó que no se podría llegar a soluciones concretas, ya que todas las intervenciones estarían (incluida la suya) condicionadas a ser destinadas a un público. Lo que además olvidó -o no quiso- mencionar es que en las reuniones cerradas es posible manejar razones y argumentos que generalmente no pueden hacerse públicos por razones de seguridad de estado.

El desarrollo del debate

Uribe comenzó la discusión con un extenso discurso muy razonado y elaborado. Presentó allí la posición tradicional de su gobierno respecto a la situación en su país. Fundamentó el tratado militar con los Estados Unidos basado en una tradición de ayuda que viene desde 1952, y en la necesidad de esta ayuda para solucionar los problemas de Colombia, que estarían centrados en la acción de los grupos irregulares, a los que no sólo calificó como terroristas, sino que además conminó a la Unasur a definirlos como tales, tal como lo hicieran Europa y EE.UU. Como novedad (por lo menos es la primera vez que tenemos noticia de que lo explique así) usó por igual la calificación de terroristas tanto para los grupos guerrilleros como para los paramilitares. En el caso de la guerrilla explicó que las razones de su existencia nacieron de la concepción de la lucha armada de clases, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en "mercenarios narcotraficantes". La misma adjetivación fue utilizada para los paramilitares. Con la vieja técnica de "encender el ventilador", distribuyó acusaciones a sus países vecinos, "protectores de terroristas", advirtió el peligro de su "creciente armamentismo", denunció que sus gobiernos suministran armamento a estos grupos "terroristas", se quejó de que Estados Unidos es el único país que ha ayudado a Colombia a combatir estos flagelos, y llegó a pedir a la Unasur la condena del consumo personal de drogas como delito, como forma de combatir el problema. En definitiva, elogió a su gobierno y sus acciones, nos mostró una Colombia de maravillas, adalid de libertades y paraíso de los derechos humanos, cuyos graves problemas tienen como única causa la existencia de los grupos armados que se oponen al gobierno quienes son además los únicos responsables del grave problema del narcotráfico. Llegó inclusive a afirmar, que ya no son los Estados Unidos el principal consumidor de la droga que se produce en su país, sino el consumo ha aumentado intensamente en América Latina. Apelando a una cierta teatralidad, hablo de masacres y mostró fotos (que no se diferencian en nada del horror de cualquiera de las actuales guerras) de víctimas de la guerrilla (no mostró fotos de víctimas de los paramilitares).
Esta intervención fue el disparador de la discusión. Tabaré Vázquez explicó que para su gobierno y su pueblo, es de principios oponerse a la instalación de bases militares extranjeras. El próximo en hablar sería el presidente Hugo Chávez, pero antes que lo hiciera la presidenta Cristina Kitchner pidió moderación en las respuestas, temiendo que la controversia desbordara las posibilidades de que el encuentro llegara a conclusiones necesarias. El presidente Chávez fue realmente muy concreto y directo. Leyó partes de un documento del "Libro Blanco del Comando Sur" de las fuerzas armadas estadounidenses, en las cuales se muestra claramente que los planes estratégicos para la instalación de bases norteamericanas en el exterior, responde fundamentalmente a las políticas generales de los EE.UU. Inclusive en ese documento se muestran mediciones que determinan un alcance de intervención de sus aviones C-17, desde la base de Palanquero en Colombia, cubriendo prácticamente todo el territorio sudamericano (quedando sólo fuera de su alcance operativo la región más Sur del continente, el Cabo de Hornos). Intervino luego el presidente Evo Morales, con una declaración principista, su país y su gobierno condenan la instalación de bases militares, y así debería hacerlo la Unasur. El presidente Alan García realizó una intervención muy inteligente, aparentemente muy preocupada por el destino de Unasur, pero basada en que la condena o no de las bases estadounidenses debería realizarse según el tipo de operaciones y el tipo de equipos que se utilicen. El presidente Rafael Correa, que delegó en la presidenta de Argentina la dirección del debate para poder intervenir, advirtiendo su formación académica, realizó una prolija exposición apoyada por imágenes, en la que mostró con números, gráficas y mención de sus fuentes, como muchas de las afirmaciones del presidente Uribe no eran ciertas, sobre todo aquellas que implican a los países vecinos en los problemas de Colombia. Mostró además como las inmensas inversiones del plan Colombia no habían logrado cumplir los objetivos de reducción de áreas sembradas de coca, y que si bien había una cierta reducción, la producción total había no disminuido sino aumentado. Mostró además con cifras oficiales de varios países respecto a la compra de armas y al gasto militar en relación con sus respectivos PBI, como la "carrera armamentista" que denunciara Colombia no estaba en sus países vecinos, sino que el mayor gasto, el mayor porcentaje sobre PBI y la mayor cantidad de tropas está precisamente en Colombia. Explicó además (dando siempre cifras y fuentes) como Ecuador, Venezuela y Bolivia habían aumentado la captura de cargamentos ilegales de droga, después de haber quitado a la DEA (la agencia norteamericana antidrogas) la conducción de la lucha contra el narcotráfico en sus territorios. La presidenta Michelle Bachelet intervino explicando que las formas de combate al narcotráfico son diferentes para cada país, pero que será necesario activar la comisión de Unasur creada en la reunión anterior, para coordinar la acción de sus miembros al respecto. El presidente Fernando Lugo intervino, explicando la posición de su país, contraria a la instalación de bases militares extranjeras, y aprovechó para desmentir la matriz internacional de opinión, de que existiera en Paraguay alguna base norteamericana. Intervino también el presidente de Surinam, dando la posición de su país frente a la instalación de bases extranjeras en el continente. Lula da Silva realizó una exposición donde destacó la necesidad (que ya había sido expuesta por algunos de los anteriores expositores) de recurrir al ya creado pero todavía inoperante Consejo de Seguridad de Unasur, quien según el sería el organismo adecuado para evaluar la peligrosidad o no de las bases.
Este debate duró varias horas, luego contestó nuevamente Uribe, intentando descalificar el documento del Comando Sur que mostrara Chávez y que Correa usara en su exposición, y desmintiendo algunas de las cifras que diera el presidente de Ecuador, y otra vez se intentó comenzar una nueva ronda de intervenciones en nueva respuesta. En medio de ésta, al intentar un receso por parte de la presidencia de debates recuperada por Correa, nuevamente el presidente Lula mostró su malestar por la forma en que se condujo la discusión, que según el tuvo una excesiva extensión que ninguno de los asistentes podía permitirse. Allí se limitó el resto del debate, con una intervención final de Evo Morales quien volvió a explicar el principio de no aceptar bases imperiales en el territorio sudamericano, y de Hugo Chávez que realizó algunas precisiones a su intervención anterior.
Inmediatamente se realizó (en una especie de tiempo récord) una redacción de declaración final, que con mínimas modificaciones fue rápidamente aceptada por los presentes.

La declaración final(1)


Era mucho lo que se estaba jugando en esta reunión de Unasur. Si el novel mecanismo interamericano no lograba resolver con precisión el problema de la instalación de un número indefinido de bases militares extranjeras (de características operativas también indefinidas) en su territorio; corría el riesgo de convertirse en un mero foro declarativo, sin capacidad real para enfrentar los problemas que sacuden a la región. De eso estaban claros todos los asistentes, aquellos cuyo interés está centrado en la integración, y también aquellos cuyos intereses son los exactamente opuestos. Inclusive, esta situación pudo traslucirse en los discursos de varios de los mandatarios, cuando hablaron de que las decisiones a tomar irían más allá de la situación coyuntural, y estarían generando doctrina para el mecanismo de integración colectivo.

A primera vista la declaración final de la reunión parece ser de una tibieza extraordinaria. Escasos cinco puntos, de los cuales los tres primeros son meras declaraciones generales de principios, aparentemente no responden a las expectativas creadas por muchos de nosotros en el continente. Una condena expresa a la instalación de bases militares, tal como lo propusiera Evo Morales, hubiera sido una decisión más acorde con esas expectativas y con la necesidad de la Unasur de consolidarse como un verdadero mecanismo multinacional efectivo. Máxime cuando no parecen haberse cumplido requisitos básicos, como el conocimiento público del acuerdo firmado entre Colombia y los Estados Unidos, cosa a la cual el presidente Uribe se resistió, a pesar de haber nombrado en sus intervenciones más de uno de los puntos de este convenio.

Considerando además que ya la Unasur había sido efectiva en dos ocasiones anteriores. Respondió inmediatamente y con firmeza al intento separatista en Bolivia, y condenó rápidamente el golpe de estado en Honduras (del cual también se habló lateralmente en esta ocasión, como punto en consideración permanente de la Unasur).

Muchos entonces pueden pensar que este es un triunfo para las derechas en el continente, o que Uribe logró en esta ocasión salirse con la suya, colocando al mecanismo multinacional en una difícil situación de supervivencia.

¿Quién dijo que todo está perdido?

¡Yo vengo a entregar mi corazón!(2)

Sin embargo, si nos ponemos a hilar fino vemos que no ha sido tan así. Es posible que por el contrario, el resultado de la reunión, aunque no lo aparente, haya sido un rotundo triunfo para la vocación progresista e integracionista que es hoy mayoría en la región. Veamos por qué:

1) A pesar que las declaraciones de principios pueden ser consideradas en general como saludos a la bandera (máxime en situaciones como ésta en que el peligro militar está presente) sin embargo la claridad expresada en el tercer punto de la declaración sienta un principio de doctrina. La Unasur declara que, aún existiendo la presencia de bases militares extranjeras, esto no puede afectar la soberanía e integridad de ninguna de las naciones miembros, ni la paz y seguridad del continente.

2) La diferencia entre este caso y los dos anteriores que mencionamos, es que aquí estuvo siempre pendiente (y Uribe estuvo manejándolo por debajo), la posible salida de Colombia del mecanismo regional. El haber podido llegar a una declaración final que, véase bien, no contempló ninguno de los puntos, propuestas o peticiones de Uribe, sin producir una ruptura interna, es ya de por sí un logro importante. La estrategia de ruptura oculta es conveniente para la visión hegemónica, es la aplicación del viejo principio de "divide y vencerás".

3) Es también importante haber podido llegar (y esto fue una especie de prueba de fuego) a una declaración final sin recurrir a ninguno de los mecanismos habituales en este tipo de reunión (conversaciones y acuerdos previos, lobbys, diplomacia de pasillos). El haber llegado a un acuerdo en una reunión pública, transmitida en vivo por los medios, es algo insólito e inusual que quizás haya sido logrado a partir del "nuevo trato" de acercamiento y relación personal que se trasluce públicamente entre los mandatarios sudamericanos (estilo que inaugurara y aparentemente lograra generalizar, al principio con grandes resistencias, el presidente Hugo Chávez).

4) Pero el punto fundamental está en el párrafo cuatro de la declaración final. El llamado a reunión para la primera quincena de septiembre (de inmediato) del Consejo Suramericano de Defensa, recién creado por la Unasur y compuesto de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los países del bloque, y el mandato expreso para que "…diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad…incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extrarregionales…" constituye la puesta en marcha de un mecanismo, que en los hechos evaluará el convenio entre Colombia y Estados Unidos, y propondrá las formas para el control de la situación por parte de la Unasur. Elaborado precisamente por los especialistas diplomáticos y militares, quienes están en la mejor capacidad de evaluar y proponer frente a esta situación. De esta manera, se realiza un desplazamiento de la confrontación, a un ámbito dónde Colombia tendrá una mucho menor capacidad de movimiento (recuérdese que fue el gobierno de Uribe quien más resistencia ejerció ante la creación del Consejo de Defensa). De igual manera, el encargo expreso de que el Consejo de Defensa evalúe el Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea, documento clave para demostrar las intenciones estratégicas detrás de la instalación de las bases en Colombia, constituye un avance más hacia una decisión irrefutable de condena del convenio. Es muy posible que la molestia del presidente Lula durante toda la reunión tuviera que ver con una evaluación previa de Itamaraty (que sabemos es siempre muy diligente en estos análisis) de la situación, y de que estuviera claro para el gobierno de Brasil que el pasaje del problema a manos del Consejo de Defensa era el paso más adecuado. La discusión que se dio entonces no constituiría lo fundamental para tomar decisiones. Según este enfoque, la reunión debía haber concentrado desde el principio todo el esfuerzo en activar el mecanismo del Consejo de Defensa.

5) El último punto de la declaración tiene también su importancia. El narcotráfico, además de las implicaciones en el caso colombiano, es un problema creciente en el continente. El llamado a la urgente activación del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico representa un esfuerzo de comenzar a generar mecanismos comunes de enfrentar este problema, incluido el lograr generar mecanismos propios, que vayan mucho más allá de la "ayuda" ofrecida por EE.UU. y la DEA.

6) Finalmente, desde el punto de vista político, quedó claramente al descubierto el aislamiento de Uribe y su gobierno dentro del contexto continental. La tímida intervención de Alan García, que en principio pudo echar agua a ese molino, se disolvió en la indefinición, máxime cuando el presidente del Perú abandonó la reunión mucho antes de su final.

En conclusión, es muy posible que el aparente "empate" pueda volverse una goleada a favor de la integración suramericana, si los mecanismos diplomáticos operan con inteligencia y logran posible una condena final por parte de la Unasur a las bases norteamericanas, sin permitir escisiones en su seno.

Notas:
(1) Ver en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/56683-NN/unasur-reafirma-compromiso-con-defensa-de-la-soberania-regional/

(2) Fito Páez
(*) Jefe de Redacción de Barómetro Internacional

(Fuentes: La Primera, LibreRed, Peru.com, EFE y Adital)

Perú:Violencia y narcotráfico

LA POBREZA EXTREMA, EN ALGUNAS REGIONES SUPERIOR AL 97% , ES LA CAUSA ÚLTIMA DEL RESURGIR DE SENDERO LUMINOSO Y DE LA EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN

Pobres entre Sendero y el narcotráfico

Por Ángel Páez

(Agencia IPS)

Seis de los 10 distritos más pobres de Perú se ubican en el mayor centro de producción de cocaína del país, escenario de la más vasta ofensiva gubernamental para neutralizar a remanentes de la organización maoísta armada Sendero Luminoso.

Tintay Puncu es uno de los distritos más pobres de Perú, según la recién difundida evaluación del estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que investigó las condiciones de vida de la población en 1.832 de esas jurisdicciones Esta localidad se ubica en la provincia de Tayacaja, en la región surandina de Huancavelica. Noventa y siete por ciento de los 8.511 habitantes viven en condiciones de pobreza, y 92,3 por ciento en extrema pobreza. Tintay Puncu es un punto obligado de los narcotraficantes tanto para el ingreso de insumos químicos utilizados en el procesamiento de clorhidrato de cocaína como para sacar la droga del área de influencia del valle de los ríos Apurimac y Ene, conocido por sus siglas VRAE. Pobladores del distrito y de otros aledaños, ante la escasez de empleos, se transforman en "mochileros" que sacan a cuestas la droga del VRAE por caminos secretos para eludir el control de las fuerzas de seguridad. Otros se dedican al cultivo ilegal de hoja de coca. Los distritos adyacentes al VRAE son escenario del conflicto entre los remanentes senderistas y las fuerzas del gobierno participantes en la contrainsurgente "Operación Excelencia". Eso quedó en evidencia el 10 de octubre, cuando se registró en Tintay Puncu una emboscada guerrillera que acabó con la vida de 12 soldados del ejército y dos civiles. Los otros distritos cercanos al VRAE que figuran entre los 10 más pobres del país son San Antonio de Antaparco (97,9 por ciento de la población vive en la pobreza), Salcahuasi (96,5), Anchonga (96,1), Surcubamba (95,8) y Chinchihuasi (94,9 por ciento), todos pertenecientes a la región de Huancavelica.

El gobierno de Alan García desplegó en 2007 el Plan VRAE, agresivo programa económico, social y militar para acabar con Sendero Luminoso y el narcotráfico en el el valle. Pero los seis distritos más pobres de Huancavelica no están comprendidos en la estrategia porque geográficamente son aledaños al VRAE y no figuran en los ubicados en los valles productores de cocaína. En los 13 distritos considerados en el programa del VRAE también cunde la pobreza, pero no tanto como en los seis de Huancavelica. Por ejemplo, son pobres 92,4 por ciento de los pobladores de Chungui, 8,4 por ciento de la de Anco, 86,4 por ciento de la de Ayahuanco, 83,9 por ciento de la de San Miguel, 74 por ciento de la de Pichari, y 73,2 por ciento de la de Kimbiri. El resto de distritos abarcados por el programa del VRAE (Pangoa, Rio Tambo, Santa Rosa, Mazamari, Sivia y Llochegua) registran niveles de pobreza entre 67 y 37 por ciento, muy por debComisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)ajo del promedio de 95 por ciento de los seis distritos de Huancavelica. Un funcionario experto en lucha contra la pobreza, Iván Hidalgo Romero, explicó a IPS que al Ministerio de Defensa le correspondió concentrarse en los distritos del VRAE que requerían prioridad. El proyecto consiste en fortalecer el plan de inversiones en el VRAE para luego ampliar su radio de acción, con la finalidad de alcanzar a distritos adyacentes como los de Huancavelica. Hidalgo es el coordinador nacional de Crecer, uno de los principales programas de lucha contra la pobreza, y presidente de Juntos, un proyecto de apoyo directo a los más pobres. También es secretario técnico de la . "El Ministerio de Defensa primero identificó 13 distritos y ahora son 31, lo que demuestra un gran esfuerzo", dijo Hidalgo a IPS. "Nadie duda de que existe más pobreza en los distritos de Huancavelica que en los del VRAE, pero conforme avance la ejecución del plan se irán incorporando más. No hay nada cerrado ni nada que no se pueda perfeccionar."

El 14 de noviembre de 2007, un grupo senderista atacó la comisaría del distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que sirve como vía de acceso al VRAE. Los insurgentes mataron al comisario y se llevaron un cargamento de droga que la policía se había incautado. De los 4.900 habitantes de Huachocolpa, según INEI, 93,5 por ciento viven en pobreza y 77,9 por ciento en extrema pobreza. Pero este distrito no está integrado al Plan VRAE de lucha contra la pobreza. Hidalgo reconoció que se deben afinar los programas, pero acotó que es preciso admitir también que la pobreza se ha reducido notablemente. Al inicio de la presidencia de Alberto Fujimori, en 1991, y en 2001, cuando comenzaba la de Alejandro Toledo, la pobreza afectaba a 54 por ciento de la población peruana, recordó. En 2006, al comenzar el gobierno de Alan García, "no recibimos un país rico sino un país pobre con problemas estructurales de inequidad y desigualdad de ingresos, pero estamos avanzando", sostuvo Hidalgo. La pobreza bajó de 48,5 a 39,3 por ciento en todo el país. "Muchas fallas hemos tenido, pero ha bajado la pobreza y la pobreza extrema. Hasta el Banco Mundial dice que Perú es uno de los 10 países del mundo donde la pobreza ha bajado con mayor velocidad", argumentó. "Ahora bien, que falta rebajar más la pobreza, claro que sí, y estamos haciendo todo el esfuerzo. Los problemas de Perú son seculares y estructurales y no se van a resolver en uno o dos años. Debemos tener mirada a largo plazo para poder fijar políticas públicas que sostenidamente disminuyan la pobreza y todos sus factores determinantes", dijo.

Si algo explica que Tintay Puncu, San Antonio de Antaparco, Salcahuasi, Anchonga, Surcubamba y Chinchihuasi se encuentren entre los 10 distritos más pobres del país es que estas localidades son víctimas de la injusta distribución del presupuesto que asigna el Estado peruano a Huancavelica. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año que pasó el distrito de San Antonio de Antaparco recibió una transferencia de 280.000 dólares, 0,33 por ciento del presupuesto de toda la región de Huancavelica. O sea, 91 dólares para cada uno de los 3.055 habitantes del distrito, 97,9 por ciento de los cuales viven en la pobreza. La situación es similar en el resto de los 10 distritos más pobres de Perú. Salcahuasi obtuvo en 2008 nada más que 633.000 dólares (0,73 por ciento del presupuesto), Surcubamba, 826.000 (0,95 por ciento), Tintay Puncu, 839.000 (0,96 por ciento), y Anchonga, un millón de dólares (1,22 por ciento). En promedio, la inversión estatal por habitante en esos distritos no supera los 100 dólares al año.

"Es incomprensible que seis de los distritos más pobres del país, escenarios de episodios de violencia por parte de Sendero Luminoso y zonas de influencia del narcotráfico, no estén incorporados al Plan VRAE", dijo a IPS al consultor internacional Jaime Antezana, experto en estudios sobre violencia política y drogas. "Dada la extrema pobreza de los distritos de Huancavelica en las vías de acceso al VRAE, los pobladores consideran natural la presencia del narcotráfico y Sendero Luminoso en la zona. Incluso se suman a las actividades de las organizaciones criminales porque no tienen otra opción", explicó. "Son distritos pobres histórica y estructuralmente. No se podrá derrotar al narcotráfico ni a la subversión si no se acaba con los siglos de miseria, exclusión y desigualdad en esa zona", apuntó Antezana, coautor del ensayo "Narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú".

Narcotraficantes y senderistas captan a jóvenes de los distritos más pobres de Huancavelica para convertirlos en "traqueteros" --acopiadores de droga-- y "mochileros" --transportadores de droga e insumos químicos--, a quienes les pagan en dólares, indicó el experto. "Excluir de los programas de lucha contra la pobreza a esos distritos, que además son los más míseros del país, es como castigarlos por el simple hecho de ser pobres", dijo Antezana. "Lo que se necesita es un programa con un presupuesto autónomo y exclusivo para el VRAE y las zonas aledañas, que incorpore a todas las localidades afectadas por el narcotráfico y el senderismo", recomendó.

En 2008, el gobierno invirtió en el programa Crecer 906,2 millones de dólares. Para este año ha previsto un presupuesto de 1.145,9 millones. "La exclusión social, la desnutrición, el analfabetismo y la carencia de servicio básicos son problemas que no se van a resolver en uno o dos años. Pero hemos comenzado a hacerlo gradualmente", señaló Hidalgo: "El gobierno tiene la voluntad expresa de invertir en programas sociales."

Perú: Fujimori

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PRETENDE QUE LA AMNISTÍA PARA MILITARES IMPLICADOS EN MASACRES PERDONE TAMBIÉN A FUJIMORI

El Congreso peruano estudia la iniciativa impulsada por la Comisión de Defensa para otorgar amnistía a militares y policías que violaron los Derechos Humanos. Uno de los beneficiados sería Alberto Fujimori. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, sostiene que el proyecto de Ley pretende minimizar la sentencia al dictador Fujimori.

Pero no sería el único, ya que la iniciativa busca la amnistía para todo el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía, procesados por violaciones a los derechos Humanos.

Según explica Miguel Jugo, "El principal favorecido sería Alberto Fujimori, pues si se releva de responsabilidad a los autores materiales, el autor intelectual, obviamente tendría una pena menor".
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.

Miguel Jugo añade que este tipo de proyectos son inviables legalmente porque contravienen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Dice que las amnistías sólo son factibles si éstas consolidan la inviolabilidad de los derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías deben ser para perfeccionar la justicia no para escamotearla”. De darse una amnistía a los procesados por crímenes de lesa humanidad, éstos serían perjudicados porque si salen libres por una ley, sin habérsele comprobado debidamente su inocencia, quedarían estigmatizados socialmente como culpables, según el Director de APRODEH.

AUDIO DECLARACIONES: Miguel Jugo, APRODEH (amnistía)

Fujimori, está siendo juzgado por la autoría intelectual de crímenes como los de Barrios Altos y la Cantuta. .
Un proyecto que consagraría la impunidad

La propuesta del gobierno y del APRA para amnistiar a unos 600 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante veinte años de conflicto interno, ha credao ya la consabida preocupación entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que la consideran inaceptable, porque consagraría la impunidad.

El congresista oficialista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, fue el encargado de anunciar que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto con el fin de favorecer al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y policiales que, por haber obedecido órdenes superiores, tienen juicios abiertos.

"Es un proyecto multipartidario; estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad", dijo Núñez, al diario Perú21.

El anuncio generó de inmediato la reacción de los grupos defensores de los derechos humanos.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.

El primer ministro, en contra; Alan, a favor

Interrogado el primer ministro Yehude Simon, más a la izquierda que el APRA dice que no cree que el Estado peruano pueda indultar o amnistiar casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud", asevera.
"Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", añadió.
Simon, de 61 años, pasó ocho años en la cárcel condenado sin pruebas por vínculos con la guerrilla guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hasta que fue indultado en 2000. Un tribunal militar lo había condenado a 20 años de cárcel en 1992.

El proyecto de amnistía se presenta después de que Alan García dijera a comienzos de mes que hay una persecución contra las Fuerzas Armadas. "¿Qué esperan para poner fin a la persecución contra las FFAA? Ya está bueno que a quienes han ayudado a la patria a triunfar sobre el terror se les continúe persiguiendo año tras año", dijo en un acto público.

En 1994 una ley del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, dictó una controvertida ley de amnistía que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares del Ejército, denominado Grupo Colina.
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Crece el rechazo a la propuesta de amnistía

La propuesta de impulsar una amnistía para militares y policías procesados por casos de derechos humanos encontró una fría respuesta. Para el Defensor del Pueblo adjunto, Eduardo Vega, "no hay razones jurídicas ni éticas que fundamenten en este momento una amnistía". Al rechazo que se sumó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto, para quien, de acuerdo con la doctrina jurídica internacional, no es lícito dictar una amnistía cuando se trata de ese tipo de delitos. El proyecto ha sido rechazado además por el ex jefe del Ejército José Graham, quien dice que lo pertinente es garantizar juicios justos a los militares acusados de violaciones de derechos humanos y que los responsables paguen sus culpas.
En la prensa, además, surgieron especulaciones respecto a que el congresista proponente, Edgar Núñez, vinculado a la universidad Alas Peruanas, de propiedad de militares, podría tener interés en salvar a procesados específicos. Núñez dijo que su iniciativa obedece a que miembros de las Fuerzas Armadas le expresaron temor a participar en combates contra los grupos ultraizquierdistas armados por posibles juicios futuros, y citó como ejemplo lo ocurrido con los 142 militares que participaron en el rescate de 72 secuestrados por el MRTA en 1997, de quienes afirmó que ahora son procesados. Al respecto, en el programa de televisión "Prensa Libre" se le recordó que no hay ningún militar enjuiciado por participar en combates y que en el caso del MRTA sólo hay tres procesados, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza y un coronel, a los que se atribuyen las muertes de al menos tres secuestradores a los que testigos vieron vivos tras la operación

Como un "engañamuchachos" califica el especialistas en temas militares, José Robles Montoya, la propuesta .“Esta propuesta en un engañamuchachos para con los militares y lo único que se busca es darle un mensaje de que se está preocupado por ellos, pero resulta siendo un ofrecimiento demagógico que no ayuda a los militares”, asegura a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). Señala que los congresistas saben muy bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los delitos lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables; además, si eso ocurre, los familiares de las víctimas pueden ir a la Corte y reabrir nuevamente los procesos. En ese sentido, Robles Montoya recuerda que el comandante general del Ejército dijo que no buscan amnistías, sino justicia y que existen varios militares que son investigados en el Poder Judicial. Y añade que el argumento de que la propuesta de ley busca proteger a los oficiales que participaron en la operación "Chavín de Huantar"(por la que fueron eliminados varios de los guerrilleros del MRTA que ya se habían rendido en la residencia de la embajada del Japón) no es creíble porque tan sólo están denunciadas tres personas: el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el ex asesor presidencial del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos; y el coronel Jesús Zamudio Aliaga, quien lideró el grupo encargado de las ejecuciones extrajudiciales Indicó que la iniciativa del congresistas oficialista apunta más a congraciarse con algunos militares que en todo caso están comprometidos en ese tipo de procesos y que tratan de esconderse detrás de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para salir librados.

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Fujimori no podría ser amnistiado

El pasado 29 de septiembre José Peláez Bardales, fiscal en el caso los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta en el que el expresidente está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que ante una eventual condena, Alberto Fujimori no podría ser beneficiado con una ley de amnistía o con un indulto presidencial del actual o de otro régimen, pues estas figuras no se aplican en los casos de homicidio, desapariciones forzadas u otra forma de violación de los derechos humanos, según la justicia penal internacional a la cual el Perú está sujeto.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que viene juzgando a Fujimori por violaciones a los derechos humanos tiene previsto emitir su resolución, en primera instancia, antes de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final.

El próximo año, el ex presidente afrontará otros dos juicios: por corrupción y por peculado. La Fiscalía pediría por estos casos entre ocho 12 años de prisión.

Por su parte, el fiscal Avelino Guillén, afirmó este martes que el ex mandatario Alberto Fujimori daba ordenes verbales concretas y directas a miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en actividad durante su Gobierno.
Guillén lanzó esta acusación en la etapa de pruebas documentarias en la cual se encuentra el juicio al ex jefe de Estado. Según el representante del Ministerio Público, Fujimori tenía la potestad de emitir órdenes operativas a militares en actividad para llevar a cabo la lucha natisubversiva . Para defender esta posición, Guillén afirmó que las sentencias en primera y segunda instancia contra Alberto Fujimori por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, pues le ordenó al teniente Manuel Ulises Ubillus hacerse pasar por fiscal para lograr este objetivo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Perú, AFP, El Comercio-Lima, Prensa Latina, 24 Horas Libre-Perú)

Perú: Guerra Sucia

LA MATANZA DE PUTIS FUE MAYOR AUN DE LO QUE SE CREÍA. LOS CAMPESINOS EXIGEN NUEVAS INVESTIGACIONES Y ELEVAN EL NÚMERO DE MUERTOS A 420, ENTRE ELLOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

a El Gobierno y los militares, autores de la mayor masacre de la guerra sucia, reticentes a colaborar

La Asociación de Afectados de la matanza de Putis ha proporcionado nuevos datos sobre las víctimas de la violencia en esa localidad surandina. Nolberto Lamilla, director regional de la Asociación Paz y Esperanza de Perú, indicó que tras una nueva investigación el número de campesinos asesinados por militares en 1984 en la comunidad de Putis, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, ascendería a 420.

Lamilla indicó que "los deudos han solicitado a las autoridades correspondientes que se amplíe el proceso de investigación, a fin de tomar en cuenta estos datos y dar con el paradero de más víctimas de este crimen, cuyo número originalmente se creyó era de un centenar".

Respecto a los trabajos de exhumación en la zona, el representante de Paz y Esperanza en Ayacucho precisó que "en esta primera etapa de las investigaciones se realizarán excavaciones a cinco fosas, de un total de 14, para encontrar los restos de más víctimas".
Así mismo, Lamilla respaldó la demanda de los deudos para que "se les facilite ataúdes donde puedan enterrar los restos de sus familiares, debido a la precaria situación económica de la mayoría de estos campesinos".
A fines de mayo, se inició la exhumación de la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de Huanta.
Hasta la fecha, se han desenterrado los restos óseos de unas 60 personas, entre ellos niños y niñas de 6 a 12 años de edad.
Las primeras indagaciones apuntan a que las víctimas procederían de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha.

Los militares les obligaron a cavar su propia tumba

En 1984, centenares de hombres, mujeres y niños fueron fusilados por miembros del ejército, tras obligarles a cavar sus propias tumbas. No era difícil ubicar los cuerpos que se encontraban a flor de tierra, pero los campesinos de la sureña comunidad peruana de Putis tuvieron que porfiar 24 años para que les permitieran exhumarlos.

La masacre más grande de civiles de la guerra interna peruana (1980-2000), salió a luz por el empeño de los familiares de los caídos. Se han desenterrado desde el 17 de mayo 60 cuerpos, entre ellos 10 de niñas y niños de entre seis y 12 años de edad.
Hasta este momento, los deudos deambulaban por oficinas públicas pidiendo que desenterraran a los muertos de la masacre de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, en la andina región de Ayacucho.

En virtud de normas dispuestas por el gobierno para las víctimas de un conflicto que dejó casi 70 mil muertos, para conseguir justicia y reparación, los deudos deben acreditar primero la muerte de sus seres queridos.
Gerardo Fernández, uno de los sobrevivientes, desesperado por el olvido de las autoridades, consiguió después de años elaborar un registro de los muertos, entre los que se encontraban su madre y su hijo de tres años. Él fue uno de los que contribuyó a la ubicación de las tumbas clandestinas.
"La exhumación de Putis es un caso muy especial por su carácter humanitario: nadie escuchaba a los pobladores, en su mayoría quechuahablantes. Además, el desentierro no lo está haciendo una entidad del Estado sino de la sociedad civil, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)", explica el presidente de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, Norberto Lamilla, que coordina las labores.
"Es al Instituto de Medicina Legal (IML, dependiente de la fiscalía), al que le corresponde esa tarea", dice Lamilla. "Pero, por la falta de colaboración, por la negativa del IML, tuvimos que recurrir al EPAF", agrega.
"El IML decía que no tenía fondos, que no contaban con tiempo y al final salieron con el pretexto de que era una zona distante y peligrosa y que primero necesitaban un informe de inteligencia para viajar. No les importaba que se tratara de la fosa más grande de que se tiene recuerdo", añade.
"Los restos de los cuerpos estaban a la vista y, con el paso del tiempo, habían comenzado a perderse", manifestó Lamilla.
"Los campesinos necesitaban cerrar el duelo, identificar a sus familiares y enterrarlos cristianamente. Pero ver los huesos a la intemperie sin que el Estado hiciera nada, los afectaba mentalmente", explica.

La masacre de Putis está consignada en el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003, que recomendó exhumar los cadáveres, investigar y sancionar a los culpables.
Sólo se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de "capitán Baretta", "comandante "Óscar" y "teniente Lalo". El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.
"Los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar una fosa y luego acribillados por los agentes del orden", en diciembre de 1984, sostiene el reporte de la CVR.

El ejército combatía a la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero sobre todo al más poderoso Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta muy activa en esa zona.
"En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se habían convertido en una zona de activa presencia de militantes de Sendero Luminoso, pues éstos constantemente ingresaban solicitando apoyo a los campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada.
Frente a tal situación, se instaló una base militar en la comunidad de Putis, que comenzó a operar a partir de noviembre de 1984", relata el informe.

Los campesinos, víctimas de senderistas y soldados

Los militares acusaban a los pobladores de apoyar a Sendero Luminoso cuando en realidad los campesinos vivían bajo el temor de la guerrilla, por su práctica de asesinatos a los que no se sumaban a sus filas o colaboraban con el ejército.
Ante el doble hostigamiento, muchos pobladores abandonaron sus viviendas y se dispersaron en distintas comunidades de esa zona ubicada a más de tres mil 500 metros de altitud. Pero el ejército los convenció de que regresaran a Putis bajo resguardo militar.
"La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de cooperar con la subversión", señala informe de la CVR.
"Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, acosados por los subversivos por un lado, y por las fuerzas del orden, del otro, los comuneros aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando todas sus pertenencias", agrega.
"Los efectivos del orden recibieron a los pobladores" y "los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población", prosigue el relato de la CVR.
"Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja (sic) en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas", continúa el informe.
"Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar", afirma.

Los militares se apropiaron y vendieron los animales de las víctimas. Para encubrir el crimen, filtraron a la prensa información de un presunto enfrentamiento en el que cayeron 15 guerrilleros.
Durante la exhumación, los peritos del EPAF han hallado proyectiles de armas largas de uso militar.
En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no existía información.
"Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político Militar de Huamanga, Ayacucho", dice Lamilla.

El general Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. "Estamos en proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de los oficiales", agrega Lamilla.

Las víctimas, campesinos pobres

El titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, se encuentra en Putis supervisando la exhumación. La tarea es penosa porque la tumba está emplazada en una zona difícil. El primer día de labores, los peritos encontraron restos óseos de 25 personas y 15 casquillos de bala.
Los familiares participan de las labores para ayudar a identificar los restos por sus ropas, anillos, calzado, o algún otro objeto personal.
"La extrema pobreza en Putis es clamorosa. La gente no tiene para comer y mucho menos para pagar un ataúd, así que estamos convocando a todos los interesados en colaborar con la sepultura de las víctimas de este pueblo", dice Lamilla.
"En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Cente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco", dice Gerardo Fernández en Santillana, un familiar. "¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?", se pregunta.

Falta de colaboración del Gobierno para esclarecer matanza

El director nacional adjunto de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, critica la falta de colaboración del Gobierno en las investigaciones sobre la matanza de Putis a manos de miembros del Ejército Peruano.“La Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo no se proporcionó nada con el argumento que siempre se usa en estos casos de que no hay información o de que se trató de una base militar itinerante. Entonces desde nuestro punto de vista, hay una intención de encubrir las responsabilidades criminales que venían del Ejército”, señaló a CNR Noticias”.

“Se trata de un hecho perpetrado por militares en circunstancias deplorables porque se trató de comuneros que habían acudido a la base militar de Putis solicitando protección, pero ésta se tradujo más bien en la traición y asesinato de familias enteras”, manifestó.

Vargas Farías indicó que, al igual que esta fosa común, habrían otras cuatro más, en donde según familiares de las víctimas, se encontrarían enterradas unas 200 personas de la misma comunidad.Ante esta penosa situación, el representante de la Asociación Paz y Esperanza lamentó que las autoridades, pese al tiempo transcurrido desde aquella tragedia, no hayan podido emitir justicia en este caso.

Por otro lado, Vargas Farías dijo que sería grave y lamentable que el gobierno decida abandonar el Pacto de San José para no abordar este tipo de temas en los tribunales internacionales.“Sería sumamente grave y lamentable porque seria anular la posibilidad defender nuestros derechos, entonces se está haciendo copiar este libreto que tuvo la dictadura fujimorista y eso no es nuevo. Creo que con ello estamos conociendo la tendencia autoritaria del actual gobierno, cada vez más dura”.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Coordinadora Nacional de Radio (Perú) y La Jornada-IPS)