EE.UU-Latinoamérica:Intervención militar

ESTADOS UNIDOS PODRÍA INSTALAR OTRA BASE EN AYACUCHO. MIEMBROS DEL GOBIERNO DEL PERÚ CALIFICAN PÚBLICAMENTE DE NECESARIA LA PRESENCIA MILITAR NORTEAMERICANA EN EL TERRITORIO NACIONAL


El Ministro de Defensa del Perú Rafael Rey ha dado el aldabonazo, al confirmar este domingo o que ya se rumoreaba hace meses, que Estados Unidos tenía la vista puesta en Perú para instalar allí una base militar en sustitución de la de Manta en Ecuador. El rumor se desvaneció al anunciarse el acuerdo con Colombia, para la presencia militar norteamericana en siete bases de ese país. Pero por estar militarmente presentes, parece ser que, en el Perú, también va a ser.

El ministro Rey dio a conocer que en los últimos meses ha hablado con distintos funcionarios norteamericanos, como son miembros de la Cámara de Representantes, senadores y algunos embajadores para hacerles ver la necesidad, según su opinión de una "corresponsabilidad en esta lucha contra el narcotráfico". Aunque horas más tarde, mediante comunicado, Rey intentó aclarar que no sugirió la instalación de una base militar de EE.UU. en el Perú, terminó ratificando que es "su deseo" que los norteamericanos "participen en la lucha antisubversiva en el VRAE". (Valles de los ríos Ene y Apurímac, donde tiene presencia militar Sendero Luminoso)

El ministro de Defensa peruano Rafael Rey, dijo además que lamentaba que el Perú no cuente con ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que, dijo, ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

“En el Perú, la colaboración de los norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico es muy positiva, y lamentablemente no contamos con la ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en la zona del VRAE”, dijo el ministro en una radio local.

Tras este primer tanteo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez confirmó de alguna forma la noticia, al asegurar que el Ejecutivo podría debatir la posibilidad de una instalación de bases militares de Estados Unidos en el Perú, aunque, matizó aun no se ha abordado.

Reacciones en contra

Las declaraciones han provocado reacciones de diversos sectores; algunos le recomendaron que se informe mejor antes de hablar y que deje el cargo a una persona preparada en temas de defensa y seguridad nacional. Otros llegaron a pedirle que se vaya a vivir a Estados Unidos si le gusta tanto ese país.

El legislador Daniel Abugattás dijo, comentando que no le extrañaría que pronto el ministro pida que el Perú se convierta en una colonia de Estados Unidos y que las palabras de Rey demuestran "su afán entreguista en desmedro de la soberanía nacional". Este congresista de la oposición no descartó que detrás de lo manifestado por el titular de Defensa esté la intención del gobierno de medir la reacción pública ante la posibilidad de permitir presencia militar estadounidenses en el Perú .

Por su parte, el ex comandante general del Ejército, general José Graham rechazó lo dicho por Rey en su condición de ministro de Defensa, y enfatizó que Rey, con sus declaraciones, pone en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas del Perú para luchar contra la subversión. Agregó que las fuerzas castrenses están preparadas para hacer frente a los remanentes terroristas que operan en el VRAE y lamentó las palabras de Rey.

El ex titular de Defensa, David Waisman, dijo por su parte que Rafael Rey carece de información necesaria para opinar sobre seguridad nacional y lucha contrasubversiva y no es un persona adecuada para ostentar el cargo confiado por el presidente Alan García.

Aeropuerto militar en Ayacucho

Estados Unidos busca cercar los procesos políticos progresistas que se están desarrollando en estos momentos en América con la instalación de nuevas bases ahora también en Perú, según Carolus Wimmer, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista de Venezuela.

“Barack Obama persigue recolonizar y disciplinar su tradicional patio trasero, que se le había ido de las manos por haberse distraído en otras regiones como el Medio Oriente y ahora pretende recolonizar el hemisferio con las bases en Colombia, Guyana Francesa e incorporando ahora a Perú en este plan”, agrega.

El diputado comunista asegura que los Estados Unidos pretenden instalar un aeropuerto militar en Ayacucho, ubicado a 575 kilómetros al sudeste de Lima.
“Esto no es un invento de nosotros, acaba de ser confirmado por el jefe del Ejército peruano, general Edwin Donayre, y de concretarse esta negociación, Washington podría sumar otro punto de utilidad geopolítica y militar en un futuro cercano en nuestra región”, asegura.

Dice que la zona seleccionada por el Comando Sur fue el epicentro de la guerra de contrainsurgencia que vivió Perú en los años 80 y 90, y que guarda una importancia geopolítica de primer orden, pues está equidistante del conflicto interno colombiano, la llamada Media Luna boliviana y la amazonía brasileña.

Recuerda que los Estados Unidos ya tienen presencia militar en Ayacucho, donde vienen realizando las maniobras “Nuevos Horizontes” con las Fuerzas Armadas peruanas y que además, cuentan con una base naval en Iquitos, región amazónica estratégica del norte peruano, en la cual disponen de lanchas de combate.

Para Wimmer el plan con Perú persigue instalar nuevas bases militares para los Estados Unidos aunque lo digan en estos momentos sea que quieren es un aeropuerto militar.

Perú-Colombia, la vanguardia andina de Washington

No se trata de ninguna sorpresa. Perú y Colombia son, en este momento, los primeros aliados de Estados Unidos en Suramérica y sus presidentes, Alan García Pérez (AGP)y Álvaro Urive Vélez (AUV) sus primeros adalides. AGP, por el Perú ha sido y es el único país de la región en apoyar a Uribe ante la Unasur y, previamente en la fracasada gira del presidente colombiano para convencer a sus vecinos de la necesidad que tiene Colombia de permitir a EE.UU el uso de siete bases militares colombianas.

El Gobiern canciller peruano, José Antonio García Belaúnde reafirmaba en una entrevista publicada del diario limeño El Comercio, esa posición. "Respetamos y creemos conveniente que los países sientan que la decisión colombiana no es una amenaza", dijo García Belaúnde, al referirse a la posición peruana en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se celebró en Bariloche para debatir sobre el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que causado tanta preocupación en la región.

Ambos países, Perú y Colombia, hicieron causa común y quedaron en minoría en la reunión de Bariloche , a la que, con la compañía de Alan García, sí acudió Uribe, quien se abstuvo de ir a la de Quito del pasado día 10 de agosto.

Ahora el gobierno del Perú muestra cómo, defendiendo la decisión colombiana, se estaba defendiendo a sí mismo. Este mismo domingo, el ministro de Defensa peruano, Rafael Rey volvió a repetir que "las bases militares que Estados Unidos planea instalar en Colombia no significan una amenaza para la región" , tal como manifestaron algunos países en Bariloche.

UNASUR:

¿Empate técnico?

Por Miguel Guaglianone (*)

Culminó una muy difícil y compleja reunión de Unasur cuyo tema principal fue el acuerdo realizado entre Colombia y Estados Unidos para la instalación en territorio colombiano de un número no determinado de bases militares (u operaciones militares) de las fuerzas armadas de EE.UU. Tan compleja fue esta reunión, que rompió varios paradigmas en eventos de este tipo. Diez minutos antes de finalizar, todavía nadie tenía claro cual iba a ser la resolución final, o si siquiera habría una. El primer acuerdo al que se llegó apenas iniciada la sesión fue que el debate sería público, con la manifiesta disconformidad del presidente Lula de Brasil, quien argumentó que no se podría llegar a soluciones concretas, ya que todas las intervenciones estarían (incluida la suya) condicionadas a ser destinadas a un público. Lo que además olvidó -o no quiso- mencionar es que en las reuniones cerradas es posible manejar razones y argumentos que generalmente no pueden hacerse públicos por razones de seguridad de estado.

El desarrollo del debate

Uribe comenzó la discusión con un extenso discurso muy razonado y elaborado. Presentó allí la posición tradicional de su gobierno respecto a la situación en su país. Fundamentó el tratado militar con los Estados Unidos basado en una tradición de ayuda que viene desde 1952, y en la necesidad de esta ayuda para solucionar los problemas de Colombia, que estarían centrados en la acción de los grupos irregulares, a los que no sólo calificó como terroristas, sino que además conminó a la Unasur a definirlos como tales, tal como lo hicieran Europa y EE.UU. Como novedad (por lo menos es la primera vez que tenemos noticia de que lo explique así) usó por igual la calificación de terroristas tanto para los grupos guerrilleros como para los paramilitares. En el caso de la guerrilla explicó que las razones de su existencia nacieron de la concepción de la lucha armada de clases, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en "mercenarios narcotraficantes". La misma adjetivación fue utilizada para los paramilitares. Con la vieja técnica de "encender el ventilador", distribuyó acusaciones a sus países vecinos, "protectores de terroristas", advirtió el peligro de su "creciente armamentismo", denunció que sus gobiernos suministran armamento a estos grupos "terroristas", se quejó de que Estados Unidos es el único país que ha ayudado a Colombia a combatir estos flagelos, y llegó a pedir a la Unasur la condena del consumo personal de drogas como delito, como forma de combatir el problema. En definitiva, elogió a su gobierno y sus acciones, nos mostró una Colombia de maravillas, adalid de libertades y paraíso de los derechos humanos, cuyos graves problemas tienen como única causa la existencia de los grupos armados que se oponen al gobierno quienes son además los únicos responsables del grave problema del narcotráfico. Llegó inclusive a afirmar, que ya no son los Estados Unidos el principal consumidor de la droga que se produce en su país, sino el consumo ha aumentado intensamente en América Latina. Apelando a una cierta teatralidad, hablo de masacres y mostró fotos (que no se diferencian en nada del horror de cualquiera de las actuales guerras) de víctimas de la guerrilla (no mostró fotos de víctimas de los paramilitares).
Esta intervención fue el disparador de la discusión. Tabaré Vázquez explicó que para su gobierno y su pueblo, es de principios oponerse a la instalación de bases militares extranjeras. El próximo en hablar sería el presidente Hugo Chávez, pero antes que lo hiciera la presidenta Cristina Kitchner pidió moderación en las respuestas, temiendo que la controversia desbordara las posibilidades de que el encuentro llegara a conclusiones necesarias. El presidente Chávez fue realmente muy concreto y directo. Leyó partes de un documento del "Libro Blanco del Comando Sur" de las fuerzas armadas estadounidenses, en las cuales se muestra claramente que los planes estratégicos para la instalación de bases norteamericanas en el exterior, responde fundamentalmente a las políticas generales de los EE.UU. Inclusive en ese documento se muestran mediciones que determinan un alcance de intervención de sus aviones C-17, desde la base de Palanquero en Colombia, cubriendo prácticamente todo el territorio sudamericano (quedando sólo fuera de su alcance operativo la región más Sur del continente, el Cabo de Hornos). Intervino luego el presidente Evo Morales, con una declaración principista, su país y su gobierno condenan la instalación de bases militares, y así debería hacerlo la Unasur. El presidente Alan García realizó una intervención muy inteligente, aparentemente muy preocupada por el destino de Unasur, pero basada en que la condena o no de las bases estadounidenses debería realizarse según el tipo de operaciones y el tipo de equipos que se utilicen. El presidente Rafael Correa, que delegó en la presidenta de Argentina la dirección del debate para poder intervenir, advirtiendo su formación académica, realizó una prolija exposición apoyada por imágenes, en la que mostró con números, gráficas y mención de sus fuentes, como muchas de las afirmaciones del presidente Uribe no eran ciertas, sobre todo aquellas que implican a los países vecinos en los problemas de Colombia. Mostró además como las inmensas inversiones del plan Colombia no habían logrado cumplir los objetivos de reducción de áreas sembradas de coca, y que si bien había una cierta reducción, la producción total había no disminuido sino aumentado. Mostró además con cifras oficiales de varios países respecto a la compra de armas y al gasto militar en relación con sus respectivos PBI, como la "carrera armamentista" que denunciara Colombia no estaba en sus países vecinos, sino que el mayor gasto, el mayor porcentaje sobre PBI y la mayor cantidad de tropas está precisamente en Colombia. Explicó además (dando siempre cifras y fuentes) como Ecuador, Venezuela y Bolivia habían aumentado la captura de cargamentos ilegales de droga, después de haber quitado a la DEA (la agencia norteamericana antidrogas) la conducción de la lucha contra el narcotráfico en sus territorios. La presidenta Michelle Bachelet intervino explicando que las formas de combate al narcotráfico son diferentes para cada país, pero que será necesario activar la comisión de Unasur creada en la reunión anterior, para coordinar la acción de sus miembros al respecto. El presidente Fernando Lugo intervino, explicando la posición de su país, contraria a la instalación de bases militares extranjeras, y aprovechó para desmentir la matriz internacional de opinión, de que existiera en Paraguay alguna base norteamericana. Intervino también el presidente de Surinam, dando la posición de su país frente a la instalación de bases extranjeras en el continente. Lula da Silva realizó una exposición donde destacó la necesidad (que ya había sido expuesta por algunos de los anteriores expositores) de recurrir al ya creado pero todavía inoperante Consejo de Seguridad de Unasur, quien según el sería el organismo adecuado para evaluar la peligrosidad o no de las bases.
Este debate duró varias horas, luego contestó nuevamente Uribe, intentando descalificar el documento del Comando Sur que mostrara Chávez y que Correa usara en su exposición, y desmintiendo algunas de las cifras que diera el presidente de Ecuador, y otra vez se intentó comenzar una nueva ronda de intervenciones en nueva respuesta. En medio de ésta, al intentar un receso por parte de la presidencia de debates recuperada por Correa, nuevamente el presidente Lula mostró su malestar por la forma en que se condujo la discusión, que según el tuvo una excesiva extensión que ninguno de los asistentes podía permitirse. Allí se limitó el resto del debate, con una intervención final de Evo Morales quien volvió a explicar el principio de no aceptar bases imperiales en el territorio sudamericano, y de Hugo Chávez que realizó algunas precisiones a su intervención anterior.
Inmediatamente se realizó (en una especie de tiempo récord) una redacción de declaración final, que con mínimas modificaciones fue rápidamente aceptada por los presentes.

La declaración final(1)


Era mucho lo que se estaba jugando en esta reunión de Unasur. Si el novel mecanismo interamericano no lograba resolver con precisión el problema de la instalación de un número indefinido de bases militares extranjeras (de características operativas también indefinidas) en su territorio; corría el riesgo de convertirse en un mero foro declarativo, sin capacidad real para enfrentar los problemas que sacuden a la región. De eso estaban claros todos los asistentes, aquellos cuyo interés está centrado en la integración, y también aquellos cuyos intereses son los exactamente opuestos. Inclusive, esta situación pudo traslucirse en los discursos de varios de los mandatarios, cuando hablaron de que las decisiones a tomar irían más allá de la situación coyuntural, y estarían generando doctrina para el mecanismo de integración colectivo.

A primera vista la declaración final de la reunión parece ser de una tibieza extraordinaria. Escasos cinco puntos, de los cuales los tres primeros son meras declaraciones generales de principios, aparentemente no responden a las expectativas creadas por muchos de nosotros en el continente. Una condena expresa a la instalación de bases militares, tal como lo propusiera Evo Morales, hubiera sido una decisión más acorde con esas expectativas y con la necesidad de la Unasur de consolidarse como un verdadero mecanismo multinacional efectivo. Máxime cuando no parecen haberse cumplido requisitos básicos, como el conocimiento público del acuerdo firmado entre Colombia y los Estados Unidos, cosa a la cual el presidente Uribe se resistió, a pesar de haber nombrado en sus intervenciones más de uno de los puntos de este convenio.

Considerando además que ya la Unasur había sido efectiva en dos ocasiones anteriores. Respondió inmediatamente y con firmeza al intento separatista en Bolivia, y condenó rápidamente el golpe de estado en Honduras (del cual también se habló lateralmente en esta ocasión, como punto en consideración permanente de la Unasur).

Muchos entonces pueden pensar que este es un triunfo para las derechas en el continente, o que Uribe logró en esta ocasión salirse con la suya, colocando al mecanismo multinacional en una difícil situación de supervivencia.

¿Quién dijo que todo está perdido?

¡Yo vengo a entregar mi corazón!(2)

Sin embargo, si nos ponemos a hilar fino vemos que no ha sido tan así. Es posible que por el contrario, el resultado de la reunión, aunque no lo aparente, haya sido un rotundo triunfo para la vocación progresista e integracionista que es hoy mayoría en la región. Veamos por qué:

1) A pesar que las declaraciones de principios pueden ser consideradas en general como saludos a la bandera (máxime en situaciones como ésta en que el peligro militar está presente) sin embargo la claridad expresada en el tercer punto de la declaración sienta un principio de doctrina. La Unasur declara que, aún existiendo la presencia de bases militares extranjeras, esto no puede afectar la soberanía e integridad de ninguna de las naciones miembros, ni la paz y seguridad del continente.

2) La diferencia entre este caso y los dos anteriores que mencionamos, es que aquí estuvo siempre pendiente (y Uribe estuvo manejándolo por debajo), la posible salida de Colombia del mecanismo regional. El haber podido llegar a una declaración final que, véase bien, no contempló ninguno de los puntos, propuestas o peticiones de Uribe, sin producir una ruptura interna, es ya de por sí un logro importante. La estrategia de ruptura oculta es conveniente para la visión hegemónica, es la aplicación del viejo principio de "divide y vencerás".

3) Es también importante haber podido llegar (y esto fue una especie de prueba de fuego) a una declaración final sin recurrir a ninguno de los mecanismos habituales en este tipo de reunión (conversaciones y acuerdos previos, lobbys, diplomacia de pasillos). El haber llegado a un acuerdo en una reunión pública, transmitida en vivo por los medios, es algo insólito e inusual que quizás haya sido logrado a partir del "nuevo trato" de acercamiento y relación personal que se trasluce públicamente entre los mandatarios sudamericanos (estilo que inaugurara y aparentemente lograra generalizar, al principio con grandes resistencias, el presidente Hugo Chávez).

4) Pero el punto fundamental está en el párrafo cuatro de la declaración final. El llamado a reunión para la primera quincena de septiembre (de inmediato) del Consejo Suramericano de Defensa, recién creado por la Unasur y compuesto de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los países del bloque, y el mandato expreso para que "…diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad…incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extrarregionales…" constituye la puesta en marcha de un mecanismo, que en los hechos evaluará el convenio entre Colombia y Estados Unidos, y propondrá las formas para el control de la situación por parte de la Unasur. Elaborado precisamente por los especialistas diplomáticos y militares, quienes están en la mejor capacidad de evaluar y proponer frente a esta situación. De esta manera, se realiza un desplazamiento de la confrontación, a un ámbito dónde Colombia tendrá una mucho menor capacidad de movimiento (recuérdese que fue el gobierno de Uribe quien más resistencia ejerció ante la creación del Consejo de Defensa). De igual manera, el encargo expreso de que el Consejo de Defensa evalúe el Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea, documento clave para demostrar las intenciones estratégicas detrás de la instalación de las bases en Colombia, constituye un avance más hacia una decisión irrefutable de condena del convenio. Es muy posible que la molestia del presidente Lula durante toda la reunión tuviera que ver con una evaluación previa de Itamaraty (que sabemos es siempre muy diligente en estos análisis) de la situación, y de que estuviera claro para el gobierno de Brasil que el pasaje del problema a manos del Consejo de Defensa era el paso más adecuado. La discusión que se dio entonces no constituiría lo fundamental para tomar decisiones. Según este enfoque, la reunión debía haber concentrado desde el principio todo el esfuerzo en activar el mecanismo del Consejo de Defensa.

5) El último punto de la declaración tiene también su importancia. El narcotráfico, además de las implicaciones en el caso colombiano, es un problema creciente en el continente. El llamado a la urgente activación del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico representa un esfuerzo de comenzar a generar mecanismos comunes de enfrentar este problema, incluido el lograr generar mecanismos propios, que vayan mucho más allá de la "ayuda" ofrecida por EE.UU. y la DEA.

6) Finalmente, desde el punto de vista político, quedó claramente al descubierto el aislamiento de Uribe y su gobierno dentro del contexto continental. La tímida intervención de Alan García, que en principio pudo echar agua a ese molino, se disolvió en la indefinición, máxime cuando el presidente del Perú abandonó la reunión mucho antes de su final.

En conclusión, es muy posible que el aparente "empate" pueda volverse una goleada a favor de la integración suramericana, si los mecanismos diplomáticos operan con inteligencia y logran posible una condena final por parte de la Unasur a las bases norteamericanas, sin permitir escisiones en su seno.

Notas:
(1) Ver en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/56683-NN/unasur-reafirma-compromiso-con-defensa-de-la-soberania-regional/

(2) Fito Páez
(*) Jefe de Redacción de Barómetro Internacional

(Fuentes: La Primera, LibreRed, Peru.com, EFE y Adital)

Perú:Violencia y narcotráfico

LA POBREZA EXTREMA, EN ALGUNAS REGIONES SUPERIOR AL 97% , ES LA CAUSA ÚLTIMA DEL RESURGIR DE SENDERO LUMINOSO Y DE LA EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN

Pobres entre Sendero y el narcotráfico

Por Ángel Páez

(Agencia IPS)

Seis de los 10 distritos más pobres de Perú se ubican en el mayor centro de producción de cocaína del país, escenario de la más vasta ofensiva gubernamental para neutralizar a remanentes de la organización maoísta armada Sendero Luminoso.

Tintay Puncu es uno de los distritos más pobres de Perú, según la recién difundida evaluación del estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que investigó las condiciones de vida de la población en 1.832 de esas jurisdicciones Esta localidad se ubica en la provincia de Tayacaja, en la región surandina de Huancavelica. Noventa y siete por ciento de los 8.511 habitantes viven en condiciones de pobreza, y 92,3 por ciento en extrema pobreza. Tintay Puncu es un punto obligado de los narcotraficantes tanto para el ingreso de insumos químicos utilizados en el procesamiento de clorhidrato de cocaína como para sacar la droga del área de influencia del valle de los ríos Apurimac y Ene, conocido por sus siglas VRAE. Pobladores del distrito y de otros aledaños, ante la escasez de empleos, se transforman en "mochileros" que sacan a cuestas la droga del VRAE por caminos secretos para eludir el control de las fuerzas de seguridad. Otros se dedican al cultivo ilegal de hoja de coca. Los distritos adyacentes al VRAE son escenario del conflicto entre los remanentes senderistas y las fuerzas del gobierno participantes en la contrainsurgente "Operación Excelencia". Eso quedó en evidencia el 10 de octubre, cuando se registró en Tintay Puncu una emboscada guerrillera que acabó con la vida de 12 soldados del ejército y dos civiles. Los otros distritos cercanos al VRAE que figuran entre los 10 más pobres del país son San Antonio de Antaparco (97,9 por ciento de la población vive en la pobreza), Salcahuasi (96,5), Anchonga (96,1), Surcubamba (95,8) y Chinchihuasi (94,9 por ciento), todos pertenecientes a la región de Huancavelica.

El gobierno de Alan García desplegó en 2007 el Plan VRAE, agresivo programa económico, social y militar para acabar con Sendero Luminoso y el narcotráfico en el el valle. Pero los seis distritos más pobres de Huancavelica no están comprendidos en la estrategia porque geográficamente son aledaños al VRAE y no figuran en los ubicados en los valles productores de cocaína. En los 13 distritos considerados en el programa del VRAE también cunde la pobreza, pero no tanto como en los seis de Huancavelica. Por ejemplo, son pobres 92,4 por ciento de los pobladores de Chungui, 8,4 por ciento de la de Anco, 86,4 por ciento de la de Ayahuanco, 83,9 por ciento de la de San Miguel, 74 por ciento de la de Pichari, y 73,2 por ciento de la de Kimbiri. El resto de distritos abarcados por el programa del VRAE (Pangoa, Rio Tambo, Santa Rosa, Mazamari, Sivia y Llochegua) registran niveles de pobreza entre 67 y 37 por ciento, muy por debComisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)ajo del promedio de 95 por ciento de los seis distritos de Huancavelica. Un funcionario experto en lucha contra la pobreza, Iván Hidalgo Romero, explicó a IPS que al Ministerio de Defensa le correspondió concentrarse en los distritos del VRAE que requerían prioridad. El proyecto consiste en fortalecer el plan de inversiones en el VRAE para luego ampliar su radio de acción, con la finalidad de alcanzar a distritos adyacentes como los de Huancavelica. Hidalgo es el coordinador nacional de Crecer, uno de los principales programas de lucha contra la pobreza, y presidente de Juntos, un proyecto de apoyo directo a los más pobres. También es secretario técnico de la . "El Ministerio de Defensa primero identificó 13 distritos y ahora son 31, lo que demuestra un gran esfuerzo", dijo Hidalgo a IPS. "Nadie duda de que existe más pobreza en los distritos de Huancavelica que en los del VRAE, pero conforme avance la ejecución del plan se irán incorporando más. No hay nada cerrado ni nada que no se pueda perfeccionar."

El 14 de noviembre de 2007, un grupo senderista atacó la comisaría del distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que sirve como vía de acceso al VRAE. Los insurgentes mataron al comisario y se llevaron un cargamento de droga que la policía se había incautado. De los 4.900 habitantes de Huachocolpa, según INEI, 93,5 por ciento viven en pobreza y 77,9 por ciento en extrema pobreza. Pero este distrito no está integrado al Plan VRAE de lucha contra la pobreza. Hidalgo reconoció que se deben afinar los programas, pero acotó que es preciso admitir también que la pobreza se ha reducido notablemente. Al inicio de la presidencia de Alberto Fujimori, en 1991, y en 2001, cuando comenzaba la de Alejandro Toledo, la pobreza afectaba a 54 por ciento de la población peruana, recordó. En 2006, al comenzar el gobierno de Alan García, "no recibimos un país rico sino un país pobre con problemas estructurales de inequidad y desigualdad de ingresos, pero estamos avanzando", sostuvo Hidalgo. La pobreza bajó de 48,5 a 39,3 por ciento en todo el país. "Muchas fallas hemos tenido, pero ha bajado la pobreza y la pobreza extrema. Hasta el Banco Mundial dice que Perú es uno de los 10 países del mundo donde la pobreza ha bajado con mayor velocidad", argumentó. "Ahora bien, que falta rebajar más la pobreza, claro que sí, y estamos haciendo todo el esfuerzo. Los problemas de Perú son seculares y estructurales y no se van a resolver en uno o dos años. Debemos tener mirada a largo plazo para poder fijar políticas públicas que sostenidamente disminuyan la pobreza y todos sus factores determinantes", dijo.

Si algo explica que Tintay Puncu, San Antonio de Antaparco, Salcahuasi, Anchonga, Surcubamba y Chinchihuasi se encuentren entre los 10 distritos más pobres del país es que estas localidades son víctimas de la injusta distribución del presupuesto que asigna el Estado peruano a Huancavelica. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año que pasó el distrito de San Antonio de Antaparco recibió una transferencia de 280.000 dólares, 0,33 por ciento del presupuesto de toda la región de Huancavelica. O sea, 91 dólares para cada uno de los 3.055 habitantes del distrito, 97,9 por ciento de los cuales viven en la pobreza. La situación es similar en el resto de los 10 distritos más pobres de Perú. Salcahuasi obtuvo en 2008 nada más que 633.000 dólares (0,73 por ciento del presupuesto), Surcubamba, 826.000 (0,95 por ciento), Tintay Puncu, 839.000 (0,96 por ciento), y Anchonga, un millón de dólares (1,22 por ciento). En promedio, la inversión estatal por habitante en esos distritos no supera los 100 dólares al año.

"Es incomprensible que seis de los distritos más pobres del país, escenarios de episodios de violencia por parte de Sendero Luminoso y zonas de influencia del narcotráfico, no estén incorporados al Plan VRAE", dijo a IPS al consultor internacional Jaime Antezana, experto en estudios sobre violencia política y drogas. "Dada la extrema pobreza de los distritos de Huancavelica en las vías de acceso al VRAE, los pobladores consideran natural la presencia del narcotráfico y Sendero Luminoso en la zona. Incluso se suman a las actividades de las organizaciones criminales porque no tienen otra opción", explicó. "Son distritos pobres histórica y estructuralmente. No se podrá derrotar al narcotráfico ni a la subversión si no se acaba con los siglos de miseria, exclusión y desigualdad en esa zona", apuntó Antezana, coautor del ensayo "Narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú".

Narcotraficantes y senderistas captan a jóvenes de los distritos más pobres de Huancavelica para convertirlos en "traqueteros" --acopiadores de droga-- y "mochileros" --transportadores de droga e insumos químicos--, a quienes les pagan en dólares, indicó el experto. "Excluir de los programas de lucha contra la pobreza a esos distritos, que además son los más míseros del país, es como castigarlos por el simple hecho de ser pobres", dijo Antezana. "Lo que se necesita es un programa con un presupuesto autónomo y exclusivo para el VRAE y las zonas aledañas, que incorpore a todas las localidades afectadas por el narcotráfico y el senderismo", recomendó.

En 2008, el gobierno invirtió en el programa Crecer 906,2 millones de dólares. Para este año ha previsto un presupuesto de 1.145,9 millones. "La exclusión social, la desnutrición, el analfabetismo y la carencia de servicio básicos son problemas que no se van a resolver en uno o dos años. Pero hemos comenzado a hacerlo gradualmente", señaló Hidalgo: "El gobierno tiene la voluntad expresa de invertir en programas sociales."

Perú: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA ACUSADO DE VARIAS DESAPARICIONES FORZADAS DE CAMPESINOS EN OPERACIONES ANTITERRORISTAS DEL EJÉRCITO EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

El presidente, Alan García, el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz y las Fuerzas Armadas del Perú han sido denunciados como responsables de la desaparición de unas 11 personas, entre las que habría al menos 2 niños.

Habitantes de la comunidad de Pichis Río Seco, en la provincia de Huanta, brindaron su testimonio a Radio Amauta sobre el secuestro y desaparición de personas el pasado 14 de septiembre.
Según informó la peruana Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas explicó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.

Después del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, y muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad, sostuvo la testigo. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay 11 personas desaparecidas, y se ignora si alguna de ellas sigue viva.
Además, anunció que abogados de los familiares de asesinados y desaparecidos el pasado 14 de septiembre, han interpuesto un hábeas corpus contra el Presidente de la República, Alan García y el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz.

Reiteran denuncia por desapariciones tras la incursión militar

El consejero regional por Huanta, Zacarías Morales reiteró las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, luego de la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, solicitando al presidente de la República, al Comandante General del Ejército, Edwin Donayre y al ministro de Defensa que expliquen lo sucedido. Así mismo, Zacarías Morales presentó una denuncia ante la segunda Suprafiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, pidiendo que se envíe personal que investigue el caso.

El representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Dávila, ha enviado representantes a la zona para investigar los sucesos denunciados por la señora Pichardo. Y el gobernador del distrito de Llochegua, Edgar Ricra ha elaborado un informe dando cuenta a la gobernación regional de los hechos.

Los pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco de la provincia de Huanta, denunciaron a través de Radio Amauta, la desaparición de cuatro personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona. Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas acompañada por el teniente gobernador de la zona, llegaron hasta la provincia de Huanta para poner en conocimiento que el pasado 14 de septiembre fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.L uego del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, generando confusión y temor entre la población, donde muchos de ellos optaron por salir de la comunidad. Las personas que fueron declaradas como desaparecidas, producto de esta operación fueron identificados como: Los hermanos Máximo y Jesús Pichardo Fernández, Félix Canchanya Limache y Rosa Chávez, quien estuvo acompañada de sus dos menores hijos Moisés y Fresalinda.

(PARA ESCUCHAR LA CRÓNICA RADIAL: Real Win MP Saúl Montero - Radio Cultural Amauta)

El Gobierno y los generales, lo niegan todo y tratan de criminalizar a los pobladores

El Ministro de Defensa Antero Flores Araoz negó que hayan existido detenidos o desaparecidos durante las últimas operaciones militares en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Flores Araoz insinuó, sin pruebas, que los pobladores de las comunidades de Huanta, quienes afirman haber sido desplazados por la milicia, habrían huido del lugar porque estarían involucrados con el narcotráfico o con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las acusaciones son negadas también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Otto Guibovich.
"No hay detenciones arbitrarias, no hay secuestros, declaramos esto categóricamente. Lo que hay es un intento por los narcoterroristas de sacarnos de su territorio", afirma el alto militar.
Guibovich dice que existe una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas en la mente de la población local.
Aunque el Ejército peruano tiene una larga trayectoria en violaciones, incluso tan documentadas como su alta responsabilidad en las masacres y desapariciones durante la guerra interna con Sendero Luminoso en los 80 y los 90, que dejó más de 60.000 muertos, el general dice que ahora la institución sí respeta los derechos humanos.
Sin embargo, las acusaciones están siendo investigadas por el defensor del pueblo y por la oficina del fiscal regional.
Los operativos militares continúan en una valle selvático aislado que es un hervidero de narcotraficantes y uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso.

Las FFAA deberían facilitar las investigaciones

El analista en temas de desarrollo alternativo y comunidades campesinas, Hugo Cabieses, considera que es indispensable, por la buena imagen de las Fuerzas Armadas que se investiguen las denuncias de las desapariciones en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Cabieses considera que “las Fuerzas Armadas no están libres de sospecha, toda vez que tienen, en algunos casos, actitudes de rechazo al tema de derechos humanos, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hay una fuerte presencia militar en el VRAE”. Para el especialista, la solución a los problemas en el VRAE pasan por “un verdadero relanzamiento del plan VRAE que hasta la fecha, parece no existir”.
De otro lado, Cabieses, dice que no se puede dudar de la existencia de enfrentamientos entre los militares con remanentes de Sendero Luminoso, por lo cual la denuncia de los pobladores por desapariciones resultaría valedera. Sin embargo, considera que la Defensoría del Pueblo y otros organismos deberían hacer los esfuerzos respectivos para poder llegar a la zona de la denuncia y confirmar los datos de los hechos acontecidos.

Como se recuerda, el consejero regional por Huanta, Zacarías Morales ha reiterado las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, tras la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (PARA ESCUCHAR LA NOTICIA:Real Win MP )

Sancionado un mayor que violó a una recluta

La intregrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán", Beatriz Ramírez saludó la decisión del ministro del Defensa, Antero Flores-Aráoz, de separar del Ejército Peruano al mayor Miguel Gómez Ormeño, por abusar sexualmente de una recluta de esa institución castrense. No obstante, aclaró que dicha decisión fue debido al incumplimiento de normas de la institución por parte de Gómez Ormeño, quien incurrió en actos de inconducta, y no por el acto de violación en sí, que aún es materia de un proceso judicial. “Es saludable que Ministerio de Defensa haya adoptado las medidas del caso como la separación por inconducta, porque ha sido por el consumo de licor y otros tipos de comportamientos inadecuados a la instancia militar, no por la violación en sí misma que se va a determinar en el proceso judicial que se sigue por este caso”, manifestó.

En declaraciones al programa “El Perú informa, San Borja y CNR Noticias”, Ramírez Huaroto lamentó la falta de interés del gobierno sobre los casos de violación, toda vez que éstos sólo son atendidos cuando son puestos en conocimiento público.“Es criticable que cuando existe la presión mediática y cuando hay actos públicos de protesta, el Ministerio de Defensa asuma esa posición. Parece que para las víctimas de violación sexual sólo cuando el hecho sale a la luz pública y genera una conmoción pública, hay resultados, entonces esa parte convendría no repetir”, refirió. En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo y a las instituciones involucradas para que presten mayor interés a los casos de abuso sexual, a fin de hallar a los responsables de estos delitos.“Ante cualquier denuncia, el Ministerio de Defensa y todas las organizaciones deberían resolver estos caso haya o no haya mediación de los medios de comunicación porque lamentablemente no se brindan sanciones oportunas”, puntualizó.

Mi detención en Perú
Por Hugo Blanco (*)

En primer lugar manifiesto mi profunda gratitud a todas las personas e instituciones que al enterarse de que me detuvieron exigieron mi liberación. Todas ellas fueron importantes, entre las que más me emocionaron menciono el pronunciamiento de los hermanos canadienses, gracias a cuyo apoyo continúa editándose Lucha Indígena; de Conacami, con quienes compartimos la ansiedad por un proyecto político emanado de las organizaciones indígenas, campesinas y populares; de Wilbert Rozas, el alcalde que instituyó el gobierno del municipio por las comunidades indígenas que al enterarse de la noticia inmediatamente viajó a Paruro. Gracias a esa solidaridad fui rápidamente liberado ….temporalmente.

Mi ligazón a este caso se remonta a mi niñez en Huanoquite, Paruro, Cusco, cuando recibí el impacto de la noticia de que el hacendado Bartolomé Paz hizo que se marcara con hierro candente en la nalga de un campesino indígena sus iniciales: BP. Naturalmente el señor Paz no fue detenido, eso no se podía hacer con una persona de respeto. Probablemente ese hecho marcó el sentido de mi vida.

Ahora su hijo, Rosendo Paz, heredero de la hacienda, arrebata las tierras del anexo Markhura de la comunidad indígena de Tantarcalla, habiendo inclusive instalado en ellas un corral que es utilizado para el depósito de ganado robado, lo que fue denunciado por el propietario.

La comunidad tiene documentos que acreditan su propiedad. En el año 2006 los comuneros acudieron a la Federación campesina del Cusco, de la que son miembros, llevando sus títulos de propiedad, a solicitar la presencia de un delegado de dicha Federación para la ceremonia de distribución de tierras para su usufructo entre los miembros. Fui designado para esta tarea por la Federación, cumplí el mandato, comunicando ello inmediatamente después de realizado al puesto policial, la policía no objetó mi actuación.


Posteriormente el hacendado ordenó a la policía de Huanoquite bajo su mando que fuera a agredir a los comuneros, orden que fue inmediatamente cumplida por los policías. Como los comuneros tuvieron la osadía de resistirse al ataque fueron conducidos a golpes al pueblo y luego a la ciudad del Cusco, incluyendo mujeres con niños que lloraban. No estuve presente en esos sucesos pero fui llamado a declarar. Naturalmente quienes fueron calificados como delincuentes no fueron los agresores, sino las víctimas de la agresión.

Cuando al detenerme me dijeron que el delito por el que fui acusado era de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” pensé que era el relativo a este suceso en el que no había estado presente. Me equivoqué, el señor juez tuvo la bondad de aclararme. El delito de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” fue el de haber presidido la ceremonia de distribución de parcelas, en donde no hubo violencia alguna ni estuvo presente ninguna autoridad del Estado.

Entiendo, estamos en el país en que el Parlamento, abdicando de su tarea, autorizó al gobierno para legislar en su lugar contra el “Crimen organizado”. Alan García usó esa autorización para legislar contra los reclamos de la población organizada, penalizando la protesta.

Víctimas de este mágico manejo del lenguaje están presos y procesados centenares de personas que reclaman por sus derechos en todo el Perú. Compañeras y compañeros que tienen la desgracia de no ser conocidos y por lo tanto nadie levanta la voz de protesta por ellos, como afortunadamente se hizo en mi caso y por eso estoy temporalmente libre. Convoco a las voces solidarias que con su rápida acción me arrancaron de la prisión, a que juntos defendamos a todas las víctimas de la penalización de la protesta. Al parecer Conacami ya inició una campaña, participemos de ella. Conservaré las direcciones de quienes me liberaron con sus voces solidarias para invitarlos a organizarnos en defensa de las otras víctimas de la represión.
En cuanto a mi caso, no está concluido, el sistema acostumbra dejar la espada de Damocles pendiente de las cabezas de los que protestan, con la tácita amenaza de que si no corrigen su actitud y cierran la boca, la espada caerá.

El señor juez me hizo entrega de un documento ambiguo en el que se me cita para el 21 de noviembre “...que deberá concurrir indefectiblemente, quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”. Es ambiguo, no dice que se me detendría en caso de no presentarme, dice simplemente “quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”, así, queda a disposición de la represión la interpretación de la nota de acuerdo a las necesidades políticas del régimen.

Este es el tipo de papeles que acostumbran dar, que significan: “Si te callas no pasará nada, pero si continúas protestando entrarás preso”.
¿Cómo se explica que a más de dos años de los sucesos me hayan capturado sorpresivamente sin haberme notificado para que comparezca, si por un suceso posterior me citaron, comparecí y declaré?

La explicación es que entonces les molestaba poco mi actuación local. En cambio ahora que todo el campo se pone en ebullición por el fuerte ataque a las comunidades indígenas, organizaciones de diversos lugares del país me invitan para debatir sobre el ataque y coordinar la defensa, ya el premier me califica como “trasnochado” y les es muy molesta mi actividad.

Me comprometo a seguir luchando hasta mi último aliento contra la opresión a nuestros pueblos instituida hace 5 siglos.
(*) Hugo Blanco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que publica este artículo es un histórico dirigente del movimiento obrero y del movimiento campesino peruano.

(Agencia Púlsar, CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Radio Amauta(Perú), Adital, BBC-Mundo y Sin Permiso)