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3.2.09

Latinoamérica:Crisis perpetua

MILLONES DE NIÑOS TRABAJAN EN LA REGIÓN A CAMBIO DE COMIDA Y ALOJAMIENTO. EL 20 % DE LA POBLACIÓN HABITA VIVIENDAS INDIGNAS O PRECARIAS. LA CUMBRE DE ALBA PONE EN MARCHA UNA EMPRESA PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, dieron a conocer los resultados de una investigación sobre trabajo doméstico de niñas y niños en América Latina, que muestra el grave problema que, en algunos países, afecta a más del 10 por ciento de la población infantil. El informe aparece en el boletín Desafíos Nº 8, publicación conjunta de la Cepal y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Unicef.
La investigación estuvo centrada en las tareas domésticas no remuneradas, y da cuenta que las niñas son las más afectadas, con consecuencias negativas incluso en sus trayectorias laborales futuras. El estudio concluye que en la mayoría de los países la proporción de niñas que dice dedicarse principalmente a los quehaceres domésticos, triplica a los niños.
Según la investigación, que lleva por nombre El Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe:su cara invisible , los niños son quienes están más expuestos al trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que las niñas realizan las tareas domésticas, ya sea en sus hogares o en los ajenos.
“A menudo, el trabajo no remunerado en los hogares no se reconoce ni se califica como intolerable o inaceptable, pues se sabe menos sobre él. Además, su invisibilidad estriba en que no califica como producción tradicional y por lo tanto no se mide por los indicadores económicos tradicionales ”, señala el estudio.

El documento presenta testimonios de niñas y adolescentes de varios países de la región, quienes cuentan su experiencia como trabajadoras domésticas.

Guatemala es el país con más niñas dedicadas al trabajo doméstico (14,4%), seguido por Honduras (10,3%), Nicaragua (9,8%) y El Salvador (6,7%). Además, el estudio señala que muchas niñas ejercen trabajo no remunerado dentro de sus propios hogares, asumiendo responsabilidades inadecuadas para su edad.

Frecuentemente, el trabajo no remunerado en los hogares se acepta mientras no interfiera con el acceso a la escuela y sea compatible con los horarios de colegio. "En el Ecuador, la población infantil femenina trabaja en quehaceres domésticos 3,8 horas semanales más que la masculina y en México, en la población de 12 a 14 años, esta brecha aumenta a 11,4 horas semanales. En síntesis, en cualquier situación las niñas trabajan más que los niños en tareas domésticas no remuneradas", resalta el informe.

El documento destaca datos que expresan la gravedad de la situación en la América Latina. En Argentina, cerca de 8 de cada 10 niños y niñas de 14 a 17 años realizan trabajo doméstico no remunerado y que la mayor participación de las niñas se torna decisiva a partir de los 13 años, volviéndose aún mayor entre las adolescentes.
En Paraguay, el trabajo doméstico infantil continúa siendo una actividad realizada por la población rural y las mujeres y los niños de 5 a 14 años trabajan poco más de la mitad de la carga horaria de un adulto (54,4%), especialmente las niñas quienes llegan a completar 44 horas sin descanso en su condición de criadas o empleadas domésticas.

Trabajo en casa, abandono escolar

Además, el informe revela que, en Chile, el 33% de los niños y niñas que trabajan para el propio hogar han desertado del colegio y en el Brasil esta cifra alcanza al 21%, en el año 2000. Así, las organizaciones recomiendan promover políticas educativas y laborales que transformen el pacto familiar de subordinación de las niñas en otro de derechos y responsabilidades compartidas.

Pese a que los niveles de trabajo infantil en Chile son más bajos que en el resto de Latinoamérica, un 33% de los niños y niñas que trabajan para el propio hogar han desertado del colegio. En comparación con el resto de América Latina, Chile posee la tasa más baja de trabajo juvenil de mujeres (cercanas al 17%), es seguido por Argentina (22% aproximadamente) y Ecuador (38% aproximadamente). En el caso de los hombres, del mismo rango etario que trabajan, la cifra alcanza el 11%, le sigue Argentina con un 12%.
Respecto a las mujeres entre 15 y 19 años que estudian, Chile posee la tasa más alta, con un 69% del total, le sigue Argentina con un 67% y Ecuador con un 52%. En el caso de los hombres, Chile ocupa el segundo lugar siendo superado por Argentina.

El 20% de la población de AL sufre problemas habitacionales


En América Latina el 20% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y sufre por los desalojos y la falta de políticas para la vivienda digna. La información ha sido revelada por el dominicano Pedro Franco, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes y de la Campaña "Cero Desalojos" para América Latina, durante el Forum Social Mundial 2009, que se clausuró el domingo, en Belem (Pará), Brasil.
"En América Latina la situación habitacional, de la vivienda, de la tierra, es muy difícil. Estudios nos indican con claridad que los desalojos forzados constituyen el indicador más relevante de las violaciones de los derechos a la vivienda y habitación en la región", dijo el dirigente.
Según afirmó, todos los países -con diferentes situaciones- presentan cuadros de deficiencia de viviendas para sus habitantes. Tomando como ejemplo el caso brasilero, Franco resalta el fenómeno de la favelización (migración hacia las favelas o villas miserias), uno de los casos más graves de la región. "Son cerca de ocho millones de personas en condiciones de vivienda no favorables", dijo.

Para él, las imposiciones de las políticas neoliberales en la región contribuyeron a que los problemas de vivienda fueran agravándose rápidamente.
En México, que tiene un déficit habitacional de casi seis millones de personas, los casos de "Libretas de Empleo Vencidas" son muy graves, así como en Argentina. En Ciudad de Panamá, explicó Franco, la modernización del Centro Histórico está realizándose perjudicando a los habitantes del área. "Si nos desplazamos hacia la cuestión ambiental, en Panamá existe la presencia de varias transnacionales que expulsan a las personas de sus hogares".

En América Central, continúa el Plan Puebla-Panamá que es una amenaza latente al derecho habitacional. Dentro del modelo neoliberal, la idea de abrir caminos para el transporte de mercaderías desde el océano Atlántico hacia el Pacífico implicaría el desalojo de más de 200 mil familias en Guatemala, El Salvador y Honduras.
"En República Dominicana, mi país, el 70% de la población tiene problemas con la titularidad. En fin, los problemas son diversos, pero convergen hacia uno único: la falta de respeto de los derechos humanos básicos", afirmó.
Para él, es necesario tener una noción más comprometida con la propiedad, que debe tener función social. "En vez de ser el boom inmobiliario que sea el derecho a vivir con dignidad. Tenemos que implantar la idea de que la propiedad es comunitaria, también es cooperativa, también es colectiva. Los estados tienen que tener un rol importante en esto. Por eso los movimientos sociales en Bolivia y Ecuador se hicieron eco y alcanzaron propuestas que se están discutiendo, exponiendo la necesidad que todos los estados se comprometan con esa función social de la propiedad".
En todo el mundo, se estima que existen 1.200 millones de personas que viven en situación habitacional difícil. La perspectiva es que, para 2020, si no se realizan acciones serias, este número se multiplique.
Seguridad alimentaria con el ALBA


Los países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) acordaron ayer en la cumbre presidencial extraordinaria de Caracas, la constitución de una empresa grannacional de alimentos, para promover la seguridad alimentaria regional.

Esa empresa "va a nacer con un aporte de 50 millones de dólares" proveniente de un fondo creado en 2008 y que será administrado a través del Banco del ALBA. El ALBA es un foro de integración política, económica y cultural formado por Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, y sus empresas son llamadas "grannacionales" porque son desplegadas en todos los países. Sus gobiernos rechazan los tratados de libre comercio, sobre todo con los países más poderosos, y promueven en cambio una integración que supere ampliamente la compra-venta de productos.
El presidente anfitrión, Hugo Chávez, informó que en el encuentro de pocas horas se acordó impulsar la iniciativa ALBA-alimentos, que busca incrementar la producción sustentable de alimentos entre los seis países miembros. La reunión, convocada también para celebrar los diez años de gobierno de Chávez y revisar la marcha de los proyectos comunes, no abordó el tema de una moneda única, denominada Sucre, como estaba previsto, y su estudio quedó pendiente para una reunión que se efectuará en Cuba el 26 de febrero, explicó el mandatario.
Durante la reunión, los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, Manuel Zelaya, de Honduras, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Chávez, así como el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y el primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado, alabaron los avances del grupo creado en 2004 por Caracas y La Habana y ponderaron su vigencia. "El ALBA es expresión del nuevo espacio geopolítico, el amanecer de una nueva era", destacó Chávez al inaugurar las deliberaciones. Añadió que la cumbre conmemora "el día que abrió una época no sólo en Venezuela, sino en América Latina, comenzó el alba de la nueva época de liberación, de desarrollo de los pueblos de América Latina".

El vicepresidente de Cuba declaró que el ALBA "ha beneficiado a millones de personas" con sus programas de atención médica, alfabetización, producción de alimentos y cooperación energética. Aseguró que el ALBA "es la única opción viable en estos momentos de crisis y turbulencia económica" y será "el instrumento de nuestra nueva independencia". El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que "la solidaridad de nuestros pueblos" a través del modelo de integración que promueve el organismo, "resulta imprescindible para enfrentar los efectos de la crisis". Mientras, Skerrit llamó a trabajar juntos en el ALBA para garantizar así la permanencia de programas educativos, de salud y de vivienda frente a la crisis económica mundial. A la reunión también asistió el ministro de Trabajo de Uruguay, Eduardo Bonomi.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, La Tercera-Chile y ANSA-Latina )

25.6.08

Guatemala: Niños desaparecidos

DECENAS DE MUJERES RECLAMAN ANTE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EL REGRESO DE SUS HIJOS, ROBADOS Y ENTREGADOS EN ADOPCIÓN DE FORMA FRAUDULENTA

Decenas de madres guatemaltecas han participado este miércoles en un plantón frente a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala para exigir la devolución de sus hijos e hijas, otorgadas en adopción de manera irregular a familias norteamericanas. La Fundación Sobrevivientes, organizadora del acto, reclama que se agilicen los trámites paralizados de al menos dos mil expedientes, para que los niños localizados y que son reclamados por sus madres biológicas, puedan regresar con ellas. Cada año salen del país en adopción entre cinco o seis mil niños guatemaltecos, muchos de forma ilegal.
Heydi Batz, Escarleth López y Angielyn Hernández fueron robadas a sus progenitoras Raquel Par, Olga López y Loida Rodríguez, quienes las identificaron después en los expedientes de entrega a parejas estadounidenses.

Sobrevivientes, ha logrado ya localizar a los padres de adopción y el lugar exacto donde están Heydi y Escarleth. Sus madres, a través de esa organización, reclaman a las autoridades norteamericanas pruebas de ADN para verificar el parentesco con sus madres naturales y, si resultan positivas, el retorno a su nación de origen.
En nombre de la Fundación, Norma Cruz, se queja de la lentitud de los trámites.“Estados Unidos es el primer importador de bebés de todo el mundo y esperamos que sus autoridades dejen de ser sólo espectadores y asuman su responsabilidad por las irregularidades cometidas”, señala.
En abril el grupo realizó una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para exigir la investigación de unos dos mil expedientes, en muchos de los cuales se adulteraron datos y se falsificó la identidad de los menores para ofrecerlos en adopción.



500 niños desaparecen cada año

Cada año se denuncian como desaparecidos en Guatemala unos 500 niños y la mayor parte de ellos pasan a engrosar la cifra de entre cinco mil y seis mil adoptados que salen del territorio nacional .
El Congreso de la República aprobó en diciembre pasado una ley para poner fin a esta situación y creó el Consejo Nacional de Adopciones, único ente con el mandato para autorizar la entrega de un menor a una pareja extranjera.

El robo de niños y el negocio millonario de las adopciones


Raquel Par mujer indigena maya de 42 años muestra la fotografia de su hija Heidi Sarahi Par de 3 años, robada el 4 de abril del 2006 . Raquel Par es una de las 5 mujeres en huelga de hambre frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir a las autoridades la investigacion de cientos de casos de robos de niños como éste que estan sin resolver en Guatemala.

La titánica lucha iniciada por cuatro mujeres guatemaltecas, cuyas hijas les fueron robadas hace dos años, supuestamente para ser dadas en adopción en el extranjero, ha puesto en evidencia las anomalías en que incurren las redes dedicadas a tramitar la adopción de niños, un "negocio" que genera ingresos por más de 150 millones de dólares al año.
Las mujeres, que durante una semana realizaron una huelga de hambre frente al Palacio Nacional de la Cultura, en el centro histórico de la capital guatemalteca, con el apoyo de la Asociación Sobrevivientes, una organización que asisten y asesora mujeres víctimas de violencia, lograron paralizar los procesos de 2.300 casos que la Procuraduría General de la Nación (PGN) estaba a punto de aprobar.
"Vamos a revisar uno a uno los procesos, para determinar si los niños que serían dados en adopción son en realidad hijos de las madres que aparecen en los documentos gestionados por los abogados", explicó el Procurador General de la Nación, Baudilio Portillo.
El funcionario admite que la presión de las madres en huelga de hambre, y las sugerencias de la Comisión de la Niñez y la Familia del Parlamento y del recién creado Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que han denunciado posibles anomalías en esos trámites, forzaron a la institución a suspender los procesos.
Segundo país 'exportador' de niños; China, el primero


Durante años, ante la falta de una ley específica que regulara las adopciones, la PGN aprobó miles de procesos que eran tramitados por abogados particulares, por la vía notarial, los cuales estuvieron plagados de irregularidades y dudas con respecto al verdadero origen de los menores. En 2006 fueron autorizadas en Guatemala un total de 4.837 adopciones, un 10 por ciento más que en 2005, mientras que en 2007 la suma de menores guatemaltecos dados en adopción fue de 5.110, el 97 por cientos de los cuales fue adoptado por familias estadounidenses.

Esas cifras colocan a Guatemala como el segundo país "exportador" de niños en el mundo, sólo superado por China cuyo nivel demográfico supera con creces a este país centroamericano.
Aunque la nueva ley cobró vigencia en enero pasado, aún estaban pendientes de aprobarse unos 2.300 procesos iniciados con el procedimiento anterior, en los que las autoridades sospechan que varios de los niños pueden haber sido robados a sus madres biológicas para ser dados en adopción en el extranjero.

Pese a que aún no ha concluido la revisión de todos los casos, las autoridades han hallado ya varias anomalías. Elizabeth de Larios, presidenta del Consejo Nacional de Adopciones, dice que "al menos en veinte casos" se ha descubierto que los abogados que tramitan las adopciones presentaron documentos falsos "como cédulas de vecindad de las supuestas madres biológicas, así como partidas de nacimiento de los bebés".
También han detectado que "las direcciones consignadas por los abogados sobre los lugares en donde supuestamente se encuentran los niños, son falsas" y incluso, "han llegado a alterar las fotografías de los niños que serían dados en adopción, para hacer creer a las autoridades que se trata de los bebés cuyos trámites han sido aprobados, cuando en realidad son otros los niños que serían entregados a sus padres adoptivos".
Dos de las mujeres que iniciaron la denuncia, creen haber encontrado entre estos 2.300 niños, a sus hijas que les fueron robadas en 2006, y están a la espera de que una prueba de ADN -que les será practicadas a ellas a las niñas- para determinar científicamente si en realidad se trata de sus pequeñas.

Así roban los niños

Olga Angelica Lopez Lopez de 32 años de edad llora en el hogar de la Fundacion Sobrevivientes mientras declara cómo fue el robo de su hija Arlene Escarleth Lopez Lopez.
Olga Lopez paso junto a cuatro madres en una huelga de hambre al inicio de este mes para pedir al gobierno de Guatemala ayuda para encontrar a sus hija. Las dos madres, Ana Escobar y Olga López, tienen en su poder a sus presuntas hijas, Esther y Arlene, respectivamente,después de que la Procuraduría General las entregara a un tribunal de la niñez, tras recibirlas de los abogados que tramitaban sus adopciones.
Ambas madres se han aferrado a estas pequeñas y entre lágrimas esperan el fin del drama iniciado cuando, por la fuerza, personas desconocidas se las arrebataron de sus brazos.

A Olga le robaron su hija el 27 de septiembre de 2006 y a Ana el 26 de marzo del mismo año. Las dos mujeres, junto a Loyda Rodríguez y Raquel Par, a quienes también les robaron sus hijas en 2006, mantuvieron una huelga de hambre de una semana para reclamar la aparición de sus pequeñas.
"Nos sentimos satisfechas por los resultados de la huelga de hambre, porque logramos forzar al sistema a que investigara el paradero de las cuatro niñas robadas", dice Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes. Pero agrega que "aún hay cientos de casos en los que seguramente no se podrá hacer nada, porque los niños que fueron robados a sus madres ya han sido dados en adopción en el extranjero", y sus nuevos padres, "a pesar del origen ilegal e inhumano" del procedimiento "no estarán dispuestos a colaborar".

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) calcula que unos 203 niños fueron robados el año pasado por las mafias para darlos en adopción de manera ilegal en el extranjero, mientras que la Fiscalía guatemalteca asegura que la cifra puede ser superior, pero lamenta no tener datos exactos porque no todas las madres que son víctimas presentan sus denuncias por temor a represalias.
Ana Escobar de 26 años muestra la fotografia de su hija Ester Escobar cuando tenia 6 meses de edad. A Ana le robaron su hija el 26 de marzo del 2006: dos hombre y dos mujeres entraron a una zapateria donde ella se encontraba trabajando. La asaltaron y gopearón y después la encerraron y se robaron a la niña.

Cambió la ley pero sigue el 'negocio'


El pasado 29 de abril, durante una visita oficial realizada a Washington (EEUU), el presidente guatemalteco Álvaro Colom, aseguró a líderes del Congreso estadounidense que su Gobierno ha tomado medidas para que el sistema de adopción de menores sea "legal y justo".
Sin embargo, la solución de este problema es mucho más complejo debido a que el "mercado" de adopciones en Guatemala está dirigido por mafias organizadas que involucran a abogados, médicos, comadronas y niñeras, y que según denuncias de organizaciones locales que velan por los derechos de la niñez, "con facilidad compran impunidad en las instituciones del Estado", al repartir fuertes sumas de dinero entre jueces y funcionarios.
En los últimos seis meses la policía ha descubierto cinco casas-cunas clandestinas, en las que han hallado a más de un centenar de niños en espera de ser dados en adopción. En uno de estos lugares fue capturada Rosalina Rivera, hermana del diputado Gudy Rivera, del opositor Partido Patriota, quien paradójicamente preside la sala legislativa del Menor y la Familia.
La mujer recobró su libertad un día después de su detención, tras el pago de una fianza, a pesar de que no demostró el origen de los 14 bebés que tenia bajo su cuidado, mientras que el legislador se desligó al asegurar que nada tiene que ver con las actividades a las que se dedica su hermana, "de quien no se nada desde hace tres años".
Un estudio elaborado el año pasado por técnicos especializados de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Fundación Myrna Mack, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Fundación Sobrevivientes, denominado "Adopciones en Guatemala: ¿protección o mercado?", describe la forma en que actúan las redes dedicadas a tramitar la adopción de niños guatemaltecos.
El "negocio" de las adopciones, señala el estudio, pasa por delitos que van desde la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios públicos, hasta robo y compra-venta de bebés.
El informe denuncia la existencia de "una economía del delito relacionado directamente con las adopciones, que involucra a un sin fin de personas y negocios, sin que las instituciones del Estado competentes accionen contra éstas".
Esa situación, denuncia el informe, "hace suponer que operadores de justicia están involucrados en las redes de adopciones", para facilitar los procedimientos ilegales. El estudio identificó a decenas de abogados, médicos, comadronas, enfermeras, trabajadoras sociales, propietarios de hoteles, traductores, registradores civiles y otros funcionarios públicos como integrantes de esas redes.


Hijos de madres pobres


Para satisfacer la demanda de niños para la adopción, las redes dedicadas a este negocio, han caído en el robo de bebés que les son arrebatados de los brazos asus madres, en su mayoría, mujeres jóvenes, pobres y desprotegidas.
Cada adopción estaría oscilando entre los 13.000 y 40.000 dólares (8.783 y 27.027 euros), el 80 por ciento de esas sumas queda en manos de los abogados y el resto es repartido entre los médicos que atienen los partos y a los recién nacidos, así como el resto de personas que cumplen diversas funciones dentro de estas redes.
Desde 1997 Guatemala ha dado en adopción a más de 28 mil niños, y más del 90 por ciento se han ido a EE.UU. Se trata de típicos niños hispanos: morenos, ojos oscuros y cabello café o negro. Se les hacen chequeos de HIV, hepatitis B y otros. Fotografías y reportes médicos están a la disposición. Casados y solteros de hasta 55 años pueden adoptar”, informaba el año pasado la agencia AdoptAbroad en su página de Internet. Esta agencia de adopciones, en ningún momento advierte sobre el robo de niños en el país.
Un documento emitido en marzo de 2007 por el Departamento de Estado de Estados Unidos indica que en la mayoría de los casos, el incentivo económico y no el bienestar de los niños es el principal motor de las adopciones.

El 80% de los guatemaltecos vive en la pobreza.

En el centro de todo se sitúa la pobreza de Guatemala, que llega a sus peores niveles entre las comunidades indígenas que todavía luchan por superar las consecuencias de una guerra civil de 36 años, que acabó hace tan sólo una década.

Al mismo tiempo, la falta de acceso a programas de control de la natalidad contribuye a las altas tasas de natalidad. La desnutrición es un hecho de la realidad cotidiana.
Y las familias estadounidenses entusiasmadas con la posibilidad de darle una mejor vida a algún niño, están dispuestas a desembolsar los 20 o 30.000 dólares necesarios para completar el proceso de adopción. Ese dinero, aun en las adopciones legales, no va al bolsillo de las madres como hemos visto.

La mayor parte va a los abogados, enre ellos los llamados "jaladores", unas figuras siniestras cuya tarea es hallar mujeres embarazadas a quienes ofrecen un pago y las coaccionan para que cedan a sus bebés tras el parto. Así, los abogados se aseguran la oferta de niños para cuando lleguen padres extranjeros deseosos de adoptar.
Unicef estima que las adopciones representan entre 100 y 150 millones de dólares anuales para Guatemala

(Fuentes:Prensa Latina, Prensa Libre-Guatemala, La Tribuna-Tegucigalpa, RadioLa Primerísima-Managua y BBC-Mundo)

7.4.08

Latinoamérica: Infancia y pobreza

CADA AÑO MUEREN EN LA REGIÓN VEINTE MIL NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS POR FALTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Más del 40% de los niños menores de 5 años en América Latina no tienen acceso adecuado a saneamiento. Cerca de 20 mil de ellos mueren anualmente antes de cumplir esa edad en consecuencia de enfermedades desarrollados por falta de saneamiento. Los datos son del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Para Ann Veneman, Directora Ejecutiva de Unicef, "La ausencia de saneamiento adecuado tiene serios impactos sobre la salud y el desarrollo social, especialmente para los niños y niñas. Las inversiones en el mejoramiento del saneamiento acelerarán el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y salvarán vidas".
En América Latina y el Caribe 124 millones de personas no poseen instalaciones de saneamiento mejorado. Así, ellas son obligadas a usar medios como la defecación al aire libre e instalaciones deficientes para la disposición de sus excretas. Sólo el 14% de las aguas residuales de la región son tratadas, mientras el 40% de los residuos sólidos no son dispuestos adecuadamente, contaminando la tierra y los cuerpos de agua.

La falta de saneamiento afecta no sólo a las personas que viven en áreas carentes de esos servicios, sino a toda la sociedad, puesto que más del 75% de las aguas residuales son arrojadas al medio ambiente sin tratamiento alguno, contaminando las mismas fuentes de aguas que usamos todos para beber.
Por año, en el mundo más de 200 millones de toneladas de desechos humanos quedan sin recolectar ni tratar. Unicef insta los Estados a promover el saneamiento también en las escuelas, pues beneficia el aprendizaje y la salud de la infancia.
"La falta de instalaciones de saneamiento limpias, separadas y privadas en las escuelas es una de las razones por la que los niños, y especialmente las niñas en etapa de pubertad, son renuentes a asistir a las escuelas", dijo Unicef.
El saneamiento mejorado tiene efectos positivos además en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y significa menor degradación ambiental. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en mejorar el saneamiento para alcanzar la meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio genera, en promedio, un beneficio económico de 12 dólares.
"El costo aproximado de 800 millones de dólares al año para reducir a la mitad la proporción de personas que no cuentan con saneamiento básico antes de 2015 es modesto y posible de asumir. Si se sostiene, esta misma inversión podría lograr el saneamiento básico universal en uno o dos decenios", añadie el Unicef.

Guatemala: La desnutrición más alta de Latinoamérica

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha ddao a conocer un informe que coloca a Guatemala como el país con más alta tasa de desnutrición crónica en Latinoamérica y el sexto a nivel mundial.
"Cuando la desnutrición le ocurre a un niño nos hace daño a todos, si le ocurre a mil niños ni se diga y a Guatemala esto le afecta a un millón de niños", afirmó el experto del organismo internacional Manuel Manrique, al presentar el informe "La niñez guatemalteca en cifras".
El experto afirmó que Guatemala es "el país latinoamericano con más alta desnutrición crónica y es el sexto país del mundo con más grave situación en materia de desnutrición crónica".
De acuerdo con el informe, que es una radiografía de la situación y define política y líneas de acción concretas en favor de ese sector, Guatemala tiene una tasa de desnutrición crónica que afecta al 49% de la niñez, le sigue Honduras con un 29%, Bolivia (27%) y Ecuador (26%).
Por el contrario, el mejor país de Centroamérica en tema de desnutrición es Costa Rica con apenas el 6%.

"El informe busca poner en lugar la situación, por ello evidencia cuáles son los grandes temas, entonces el gobierno y la sociedad guatemalteca tienen que que poner énfasis en la problemática", agregó el delegado del organismo internacional.
"Este es un campanazo de alerta que hace rato la sociedad y el propio estado están dando, pero este es el momento para agilizar las acciones y hacer lo necesario de manera concreta para arrinconar progresivamente a la desnutrición crónica", afirmó. "Como movimiento social vemos el informe importante, el tener a la vista estadísticamente como está la situación de la niñez en Guatemala y poder hacer propuestas conjuntamente que ayuden a esa niñez que está vulnerable", agregó la activista del Movimiento por la Niñez y la Juventud, Alejandra Vásquez.
Según el informe de Unicef, las causas principales de la morbilidad infantil en Guatemala son por infecciones respiratorias (37,8), diarreas (10,5) y dermatitis no especificada (6%).

México: El gobierno no garantiza a los niños sus derechos sexuales


El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, denunció la falta de compromiso del gobierno mexicano para cumplir con una recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2002, la cual se refiere a la necesidad de elaborar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva que tomen en cuenta los diversos tratados internacionales que han firmado las autoridades federales mexicanas.

"El Comité de los Derechos del Niño de la ONU es un órgano constituido a partir de la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y evalúa los informes que los Estados que ratificaron dicha Convención les presentan cada cinco años". Durante su participación en el debate "El derecho a la educación sexual", el experto atribuyó el incumplimiento de la recomendación a los "prejuicios y desinterés" que tienen quienes diseñan las políticas públicas. Agregó que la vinculación de funcionarios públicos a grupos conservadores que ven los derechos sexuales y reproductivos como una "amenaza", dificulta el avance y consolidación de los derechos humanos.
Al referirse a la educación sexual para niños y niñas, Sauri mencionó que cada vez se acepta más el derecho que tiene este sector de la población a recibirla, sin embargo, dijo que los problemas surgen cuando se habla del enfoque que ésta debe tener. "En el discurso político predomina la idea de que los adultos somos los propietarios y administradores de los derechos de los niños. Son la extensión de nuestros sueños frustrados, además de que se les adjudican cargas sociales. La mancha oscurantista no sólo ha crecido en el debate público sino en la esfera política y de gobierno".
Gerardo Sauri dijo que si durante el segundo año de la administración calderonista, no se elabora un Programa Nacional de Atención a los Derechos de la Infancia que tome en cuenta la recomendación del organismo de la ONU, unido a que se trata de una obligación establecida en el artículo 7 de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el resto del sexenio "difícilmente se hará". Apuntó que el Estado mexicano tiene la obligación de generar datos sobre la infancia, pues hasta ahora se desconocen los niveles y formas de violencia ejercidas contra niños y niñas.

Treinta millones de niños hambrientos en Latinoamérica

Unos 52 millones de niños son pobres en América Latina y de ellos unos 30 millones padecen hambre, pese a que la región produce tres veces los alimentos que necesita, según informes de varias organizaciones internacionales, como Unicef o la Cepal.

La situación es especialmente crítica en Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. En ellos, hasta uno de cada cuatro niños carece de alimentación adecuada.

Por contraste, Costa Rica, Chile y Uruguay presentan datos cercanos a los países desarrollados, con menos de un diez por ciento de indigencia entre los menores de 18 años.

En cifras globales, los niños pobres son hoy más que en 1980, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), titulado "La pobreza infantil en América Latina".
En Brasil, no obstante, la situación mejoró los últimos años con las políticas asistenciales impulsadas por el gobierno.

La mayor paradoja es que el incremento de la pobreza infantil se mantiene desde 1990, período que coincide con una fase de recuperación económica de la región, acompañada por mayores coberturas de salud y educación. De hecho, América Latina registra los mejores índices de todas las zonas en desarrollo en mortalidad de menores de cinco años, bajo peso al nacer, inmunización y presencia de parteras capacitadas en los nacimientos, entre otros.
En total, unos 17.5 millones de niños menores de cinco años no tienen agua potable, situación que empeora en las zonas rurales, donde seis de cada 10 infantes carecen de este derecho. Algunos de los países más afectados son Nicaragua, Honduras, Bolivia y México, debido a las altas tasas de natalidad que presentan aún los hogares pobres en esas naciones.Asimismo, casi la mitad de la población entre 0 y 18 años no tiene acceso a saneamiento o alcantarillado, situación que complica su situación sanitaria. En Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay la cifra se eleva a dos de cada tres niños y adolescentes.
(Fuentes: Adital, AFP, Notiese-México, RadioLaPrimerísima y DPA)

5.12.07

ONU-ESCLAVITUD

EL TRÁFICO DE PERSONAS, EL TRABAJO INFANTIL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL CRECEN EN EL MAGMA DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
aLa ONU advierte sobre las nuevas formas de esclavitud

a En Perú, dos millones de niños y adolescentes están sometidos a trabajo forzado

En el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recordó que millones de personas son víctimas del tráfico de personas, el trabajo forzado y la explotación sexual.“El hecho de que estas atrocidades sigan ocurriendo nos debe avergonzar a todos”, dijo. Asimismo, consideró que es indignante que en muchos casos quienes tienen el poder y la responsabilidad de poner fin a ese flagelo, lo apoyen o lo ignoren.
Pero sobre todas las cosas, las necesidades de las personas esclavizadas, nos deben inspirar a la acción”, enfatizó. El titular de la ONU manifestó que es importante reconocer que la pobreza, la exclusión social y la discriminación permiten que esta práctica se afiance.


Millones de 'nuevos esclavos'

Millones de hombres, mujeres y niños padecen todavía hoy el horror de las nuevas formas de esclavitud, como advirtió el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Koïchiro Matsuura, quien sostuvo que el recuerdo de las tragedias del pasado puede esclarecer los dramas actuales de la explotación y la deshumanización.
Indicó que esta fecha no celebra únicamente la noche histórica de 1791 en que los esclavos de la zona francesa de la isla de La Española (actual Haití)se rebelaron, sino que también rinde homenaje a quienes han trabajado colectiva o individualmente para acabar con todas las formas de esclavitud en el mundo.
Este día, en Colombia, , varios organismos de la ONU pidieron mejores prácticas para erradicar la trata de personas, considerada como una forma moderna de esclavitud.
Pese a los avances registrados en el combate a este lastre, todavía existe en Colombia un comercio importante hacia Estados Unidos, Europa y Asia, sostuvo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en ese país.
La trata de personas en Colombia fue uno de los temas centrales de una conferencia de prensa celebrada en Bogotá en la que participaron varias agencias de la ONU.
Durante el evento hizo un llamamiento para que las instituciones públicas y las organizaciones civiles se sumen a la lucha contra este crimen transnacional.
Sergio Restrepo, experto de la UNODC en el tema, destacó la importancia del trabajo de equipo para erradicar ese delito “que traspasa las fronteras de los países y traspasa los poderes”.
Agregó que la legislación de Colombia ha progresado bastante contra el flagelo, en cuanto a la asistencia a las víctimas y el enjuiciamiento a los miembros de las redes de tratantes. Restrepo recordó que Colombia ha sido reconocido como un país pionero en el continente en esta lucha. Pero “eso no quiere decir que no haya problemas. Existen regiones donde vemos que hay todavía personas víctimas de la trata”, dijo.
La trata de personas es el tercer delito de mayor importancia a nivel mundial después del tráfico de drogas y el de armas.

El caso de Brasil
Una reciente investigación, realizada por la Comisión Estatal de Erradicación del Trabajo Esclavo revela la difícil situación vivida por gran parte de los trabajadores en el estado de Maranhão, en el norte de Brasil. El estudio señala que ese estado suministra el 34 por ciento de la mano de obra esclava utilizada en el país.
A partir de este informe, la Comisión ha elaborado un Plan para la Erradicación del Trabajo Esclavo de Maranhão que establece la formación de un listado de empleadores que ya utilizaron trabajadores esclavos, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Empleo, con informaciones de la llamada “lista sucia”.
La idea es impedir que empleadores ya señalados por la lista tengan acceso a subvenciones como el licenciamiento ambiental, el crédito rural y otros incentivos fiscales.
Para el integrante del Instituto Trabajo Vivo, Ubirajara do Pindaré, es preciso crear una red con la sociedad, que aumente las denuncias y la fiscalización contra este crimen.
La legislación actual establece una pena de dos a ocho años para la explotación de trabajo esclavo.
Mientras tanto, Ubirajara explica que –para cerrar el cerco contra esa práctica– hoy también se lucha por la expropiación de las tierras donde se constate el trabajo esclavo y por el desarrollo económico del estado de Maranhão, que es uno de los más pobres del país.


Perú: Dos millones de niños 'esclavizados'

Según el informe presentado ante el Congreso peruano en 2005 por la legisladora Dora Nuñez, presidenta la Comisión de Trabajo e integrante del Grupo Parlamentario por la Infancia, al menos 1,9 millones de niños y adolescentes "trabajan" en Perú durante un promedio de 45 horas a la semana.
Nuñez indicó entonces que el promedio de horas semanales de "trabajo" de los menores es apenas menor en tres horas al de los adultos El 70 por ciento de los menores explotados pertenecen a zonas rurales, y un 30 por ciento a las áreas urbanas. La legisladora presentó un proyecto de ley para modificar el Código del Niño y Adolescente y erradicar el "trabajo forzado" infantil. Pero en los últimos años, la esclavitud infantil ha aumentado.
Según datos, extremadamente conservadores, del UNICEF, 246 millones de niños e niñas son víctimas del trabajo infantil en todo el mundo. Pero los datos mas reales hablan ya de más de 400 millones de niños esclavos. La región de Asia y el Pacífico alberga el mayor número de niños y niñas explotados en el grupo de edad de 5 a 14 años, 127,3 millones en total según UNICEF (19% de los niños y niñas que trabajan en la región); en África subsahariana hay alrededor de 48 millones de niños que trabajan. Casi uno de cada tres menores de 15 años (29%) es activo económicamente.

En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 17,4 niños y niñas trabajadores (un 16% de los niños y niñas de la región trabajan); un 15% de los niños y niñas de Oriente Medio y África del Norte trabajan; aproximadamente entre 2,5 millones y 2,4 millones de niños y niñas trabajan en las economías desarrolladas y en transición respectivamente.

Cerca de 70% (171 millones) de los niños y niñas trabajan en condiciones peligrosas, que incluyen la minería, labores agrícolas con productos sometidos a químicos y pesticidas o el manejo de maquinaria peligrosa. Estos niños y niñas se encuentran en todas partes, pero son invisibles; trabajan como sirvientes domésticos en casas, están ocultos tras las paredes de talleres o se encuentran fuera de la vista del público en plantaciones.
Datos del UNICEF exponen que millones de niños y niñas trabajan bajo circunstancias terribles. Pueden ser víctimas de la trata (1,2 millones), víctimas de la servidumbre por deuda u otras formas de esclavitud (5,7 millones), víctimas de la prostitución y/o la pornografía (1,8 millones) o reclutados como niños soldados en los conflictos armados (300.000).
Para erradicar la esclavitud infantil, la organización UNICEF recomienda a los países: construir un entorno protector para la infancia; asegurar que todos los niños y las niñas tengan acceso a una educación obligatoria; cambiar las actitudes y las prácticas; poner en práctica leyes que prohíban el trabajo infantil; calcular cuantos niños están sometidos; retirar a los niños de las formas más graves de trabajo infantil; tener en cuenta los puntos de vista de los niños y niñas y aumentar la asistencia que asignan a los servicios sociales básicos. Todo estas propuestas de UNICEF son papel mojado, paños calientes que no responden al problema y ocultan las causas reales del problema.


O cambiar las estructuras político económicas o...

Eliminar el hambre, la esclavitud infantil exige un cambio de estructuras políticas y económicas, exige acabar con el sistema neocapitalista. Estar frente al sistema generador de hambre, paro y esclavitud infantil en serie, que mantiene en un verdadero infierno a millones de hermanos nuestros, exige tener el valor de propiciar un Nuevo Orden Económico Internacional donde no haya: explotados, oprimidos, empobrecidos (mas del 83% de la humanidad), y donde no haya: explotadores, opresores y enriquecidos a costa del sufrimiento y, en muchas ocasiones de la sangre de millones de inocentes.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Radioagencia NP, Espacinsular y Adital-Solidaridad.net)

4.12.07

Latinoamérica: Juventud

LOS JÓVENES LATINOS SE SIENTEN VÍCTIMAS DE LA POBREZA, EL DESEMPLEO MASIVO, LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA
a22 millones ni trabajan ni estudian
a10 millones están desempleados (sólo en Colombia, un millón)
aEl 65 % de los adolescentes están inmersos en situaciones de violencia
Con el objetivo de abordar la alarmante situación laboral de los jóvenes en Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó el pasado fin de semana el Congreso de la Juventud Trabajadora, en Bogotá. De acuerdo con la entidad, el desempleo en los jóvenes entre 14 y 26 años alcanza a 1.009.000 personas, es decir el 46% del total nacional.
El evento que contó con la presencia de más de 400 participantes de todo el país, analizó temas como el empleo precario, el desempleo, el subempleo y la informalidad de este sector de la población colombiana y profundizó en el informe sobre "la situación de los jóvenes en la estructura sindical" realizado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revela el grave problema laboral por el que atraviesan los jóvenes colombianos.
El estudio revela que la situación de los jóvenes en materia de empleo y derechos laborales es fruto de la flexibilización laboral a la que esta sometida esta población. Así, más del 60% de los jóvenes colombianos se encuentran en la informalidad (economía sumergida), su ubicación en actividades precarias tiene una estrecha relación con su nivel educativo, ya que la mayor parte de los ocupados, el 58.1%, alcanzaron apenas la secundaria.

El nivel de educación universitaria es reducido y , en general, se concentran en carreras técnicas y tecnológicas, pero las ciencias ocupan un porcentaje bastante pequeño.
"Esta nueva generación no tiene futuro y la responsabilidad de ella recae en las políticas de estos gobiernos neoliberales que se verán agravadas con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el Congreso de los Jóvenes debe diseñar un plan de actividades organizativas y educativas encaminado a que la juventud responda en conjunto con los demás grupos de trabajadores y rediman una situación democrática y progresista para Colombia", considera el dirigente sindical Fabio Arias.



10 millones de jóvenes desempleados en Latinoamérica

Pese a que la región latinoamericana y caribeña está ante una generación de jóvenes con mayor nivel educativo, está también ante una de las mayores tasas de jóvenes desempleados de la región: 10 millones. El informe de la Organización Internacional del Trabajo, "Trabajo decente y JUVENTUD en América Latina", muestra que ese dato equivale al 16% de la fuerza de trabajo entre 15 y 24 años, lo que supera tres veces el desempleo de los adultos.
De los otros 48 millones de jóvenes que integran la fuerza de trabajo, el 62,5% trabajan en la economía informal, sin estabilidad y derechos laborales. Cerca de 48 millones están inactivos, o sea, no buscan empleo porque todavía estudian; otros 22 millones ni trabajan, ni estudian. El desempleo, la informalidad y la inactividad de esos jóvenes limitan el potencial de la región para promover el crecimiento económico y luchar contra la pobreza.
"Condenados al desempleo, a empleos informales o a condiciones de empleo precarias, los jóvenes se encuentran en medio de un círculo vicioso, que afecta la autoestima, genera desaliento y limita las esperanzas", según el director general de la OIT, Juan Somavia. Los jóvenes que no trabajan ni estudian preocupan todavía más a la organización, porque la falta de oportunidades o las frustraciones reiteradas podrían colocarlos en situación de riesgo social.
Según el informe, la envergadura y la persistencia del problema del desempleo y las malas condiciones laborales de los jóvenes causan un desafío que "demanda estrategias coherentes antes que acciones aisladas, y una visión integral e integradora antes que aproximaciones parciales".
Más del 80 por ciento de los 22 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian viven en las ciudades, y el 72% son mujeres. Entre la población joven que estudia - 49 millones -, 13 millones estudian y trabajan, 4 millones estudian y están buscando un empleo, aunque no lo encuentren y 32 millones estudian y no quieren trabajar al mismo tiempo.
Para el director general de la OIT, "los jóvenes proporcionan energía, talento y creatividad a las economías, y ningún país puede permitirse desperdiciar ese potencial".

Según el informe de Desarrollo Humano del 2005, sólo el 22% de los alumnos completa el ciclo básico, y sólo un 10% termina la secundaria. Además, solo 13 de cada 100 estudiantes que termina el bachillerato, ingresan a la universidad.
Esta fuga de la juventud, se debe a causas asociadas a la pobreza y la ausencia de un currículo educativo que ofrezca oportunidades de desarrollo adecuada a sus necesidades. En un contexto social y económico de exclusión , el acceso a una educación de calidad para todos se hace mas difícil.

Una juventud sumergida en la violencia

Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, y en este entorno los niños no son la excepción . Más de seis millones son víctimas de violencia y aproximadamente 80.000 pierden la vida por causa de ésta cada año, según datos de UNICEF
El director regional para América Latina y el Caribe de este organismo., Nils Kastberg, manifestó en la conferencia sobre Cultura de Paz y Prevención de la Violencia Juvenil realizada recientemente en Costa Rica que, según estudios realizados en 17 países latinoamericanos, "el 65 por ciento de los adolescentes se encuentran en situación de violencia". Kastberg enfatizó que la violencia contra los jóvenes "se denuncia y se documenta muy poco" lo que demuestra la "poca conciencia sobre las graves consecuencias que entraña ser víctima de la violencia". "Comprender y reconocer la gravedad que implica ser víctima de acciones violentas y sus profundas secuelas para la vida adulta es "una condición indispensable para la construcción de una cultura de paz", añadió.
Según datos de la Unicef, la violencia doméstica en Latinoamérica es la menos denunciada y en este ámbito se destacan el castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica. Las estadísticas señalan que alrededor de dos millones de niños son explotados sexualmente en la región y, en la mitad de los casos, los abusadores viven con ellos; además, en el 75 por ciento se trata de familiares directos de las víctimas.

Llama la atención que el castigo físico es habitual y ningún país lo prohíbe, aunque Brasil, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Perú y Nicaragua tienen reformas legales en proceso para evitarlo. Los estudios de la Unicef también indican que los menores latinoamericanos son víctimas de violencia en los centros educativos y que, aunque en 102 países del mundo han prohibido el castigo corporal, esta ley no es acatada.

Por otra parte, miles de jóvenes viven el maltrato laboral pues trabajan de manera ilegal en condiciones infrahumanas, de servidumbre, o sufren castigos físicos, abuso sexual, humillación y discriminación. Más de 5,7 millones de niños y adolescentes entre los cinco y los 14 años son económicamente activos y aproximadamente dos millones están dedicados al servicio doméstico, uno de los peor pagados y menos valorado a nivel social y cultural.
Latinoamérica y el Caribe son de las regiones más violentas del mundo, ocupan el primer lugar de las tasas de homicidios a nivel mundial y los asesinatos de personas entre los 15 y 17 años registran una tasa de 37,7 varones y 6,5 mujeres por cada 100.000 habitantes. "América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y con mayores índices de violencia, que afectan principalmente a mujeres, niños y niñas", acotó Kastberg.
En Brasil preocupan la corrupción, la inseguridad y el racismo

Brasil tiene 17,9 millones de habitantes entre 15 y 19 años. Más que interés por las fiestas y la diversión, esos jóvenes están sintonizados con la necesidad de valorizar la educación, la creación de nuevos empleos, el combate de la corrupción, el repudio al racismo y la urgencia en detener la escalada de violencia. La prueba de ello se revela en los datos presentados por la encuesta "Adolescentes y jóvenes de Brasil: participación social y política", lanzada por el UNICEF, la Fundación Itaú Social y el Instituto Ayrton Senna.
La encuesta fue realizada a nivel nacional y fue aplicada a 3.010 jóvenes adolescentes habitantes de las capitales de estado y del interior de todas las regiones. Los encuestados eran personas de diferentes niveles de escolaridad, ingresos y raza, que están o no insertados en el mercado de trabajo. El cuestionario fue aplicado también a 210 jóvenes adolescentes indígenas de 15 municipios brasileros. Para la encuesta cualitativa, también fueron escuchados 42 adolescentes de ocho capitales y dos ciudades del interior, y se organizaron diez grupos de discusión con jóvenes que ya ejercieron algún tipo de liderazgo.
Según la encuesta, entre los factores que causan los problemas sociales de Brasil, los entrevistados señalan en primer lugar la corrupción política (27%); en segundo, la discriminación racial (17%); y en tercero, la falta de seguridad (15%). En la región donde viven, el 57% de los adolescentes se sienten insatisfechos o muy insatisfechos en relación con la seguridad pública. Para el 28%, el tráfico de drogas es la forma de violencia más evidente. Otros ítems de extrema relevancia social también fueron mencionados, como el desempleo (7%) y la pobreza/hambre/miseria (6%).
Entre los jóvenes indígenas, la principal preocupación señalada fue prácticamente olvidada por los otros grupos: la falta de interés del pueblo por la protección del medio ambiente. Un total de 9% de esa población, en comparación con la media de 4% en general, resaltó la cuestión del medio ambiente como problema social enfrentado por el país. Cuando se les solicitó señalar tres ítems referentes a los problemas sociales del país, ese número sube al 26% entre los indígenas, con una media de 15% de los entrevistados en general.
A pesar de los problemas señalados, los jóvenes destacan que faltan referencias positivas sobre cómo participar y cambiar la realidad, sea en el ámbito de la familia, de la escuela, de la comunidad o en relación con la política, el deporte, el esparcimiento y la cultura. Ellos atribuyen a la sociedad en general, más que al propio joven, la responsabilidad por esa falta de participación.
De acuerdo con datos de la encuesta, la discriminación entre los jóvenes está ligada al nivel educativo de los mismos. Un total de 41% de los entrevistados con formación hasta enseñanza primaria, se siente discriminado. Entre los que tienen escolaridad algo superior , el porcentaje llega al 35% o se reduce al 28% entre los que alcanzan la enseñanza media o superior.
Entre los motivos por los que dejaron la escuela, los tres principales son: necesitar trabajar (24%), embarazo (13%) y dificultad financiera (9%).
La dependencia de drogas (28%) y el Sida (26%) son citados como los problemas de salud más críticos para los entrevistados. Las enfermedades sexualmente transmisibles (9%) y el alcoholismo (7%) también son mencionados. El 54% se muestra insatisfecho con la política de sanidad pública.
Para los jóvenes, la solución a la marginación social es lograr mayores ingresos salariales. Cuatro de cada 10 entrevistados se refieren al aumento de puestos de trabajo o empleos para reducir las desigualdades. Quien más reivindica esa medida son los entrevistados de la región Nordeste (50%), justamente donde el desempleo es mayor.
(Fuentes: Adital, CUT-Central Unitaria de Trabajadores(Colombia), EFE, PrimeraHora.com y UNICEF-Brasil)

2.11.07

Colombia: Conflicto interno

SE DESBORDA EL NÚMERO DE PERIODISTAS AMENAZADOS POR LA PINZA PARAMILITARES -PRESIDENTE-MILITARES Y MILES DE COLOMBIANOS SIGUEN HUYENDO

.El último caso, la periodista colombiana consultora de una agencia de la ONU, que investigó el asesinato del también periodista Jaime Garzón.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado preocupación por las amenazas que recibe Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de Radio Nizkor y consultora de UNICEF. La periodista amenazada ha investigado, entre otros, el caso del periodista Jaime Garzón, asesinado por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño, en una operaciòn tapada por la conjunción de paramilitares-gobierno-militares. El Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos (CRER) del Ministerio del Interior colombiano, suspendió en agosto las medidas de seguridad que la protegían desde 2003. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento cuya capital es Bogotá)ordenó, el pasado 18 de octubre, el restablecimiento del dispositivo. El 24 de octubre se le adjudicó de nuevo a la periodista un escolta de confianza y un vehículo blindado. Sin embargo, persiste un desacuerdo relativo al peligro que corre la interesada, y que debe volver a discutirse el 8 de noviembre con las autoridades competentes.
"Especialista en derechos humanos, Radio Nizkor es un medio de comunicación de Equipo Nizkor, organización de defensa de los derechos humanos, Claudia Julieta Duque es por definición una periodista ex puesta a un peligro muy alto, desde hace cerca de diez años. Su caso es muy conocido. Es normal que una evaluación del riesgo presida la concesión de protección para un profesional de los medios de comunicación, pero nadie puede rebatir la necesidad de un dispositivo a la altura de los peligros que corre”, señala RSF. Por esta razón, y a la vista de las últimas amenazas que ha recibido, pide al Ministerio del Interior que adopte todas las medidas adecuadas para el 'máximo riesgo'. También pide que se efectúe una investigación en profundidad que determine el origen de las amenazas en cuestión y que la periodista conozca los informes de inteligencia en su contra.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Claudia Julieta Duque manifiesta "la existencia de informes de inteligencia que pondrían en riesgo su ejercicio como defensora de derechos humanos".

El caso Jaime Garzón

La persecución de Clara Julieta Duque comenzó cuando se interesó por las irregularidades en la investigación sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. La periodista sospechó que el DAS (servicios policiales de información) había manipulado algunas pruebas del caso.

Emiro Rojas Granados, antiguo subdirector del servicio, presentó una denuncia contra ella, por "injurias" y "calumnia". Amenazada, víctima de un secuestro y un robo, Claudia Julieta Duque se vio obligada a abandonar el país en dos ocasiones. La periodista sospecha que los servicios de seguridad del Estado estaban en el origen de esas intimidaciones.

Considerada entonces en situación de "máximo riesgo", a Claudia Julieta Duque se le incluyó, en diciembre de 2003, en el programa de protección de periodistas. Las amenazas a la periodista, dirigidas también a su hija de trece años, se reprodujeron a su regreso a Colombia, en febrero de 2006. En marzo pasado advirtieron a la periodista que había una orden de asesinato contra ella. En el mes de julio se recibieron amenazas, por correo electrónico, en la organización Equipo Nizkor, con la firma del grupo paramilitar "Aguilas Negras".

El 25 de octubre, Claudia Julieta Duque envió una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informándole de su situación y pidiéndole que interceda ante el DAS y el Ministerio del Interior. En esa carta, Claudia Julieta Duque subraya el reciente empeoramiento de la situación de la libertad de prensa en Colombia, y entre otras cosas los exilios forzosos de periodistas.

Tensas relaciones entre los medios y la administración Uribe

Tan solo a lo largo del mes de octubre el presidente Álvaro Uribe ha denostado públicamente a tres periodistas que, por otra parte, están amenazados:

-Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española El Nuevo Herald, quien ha tenido que salir del país.

-Daniel Coronell, director de información del canal público Canal Uno y editorialista de la revista Semana.
-Carlos Lozano el 25 de octubre, y por segunda vez en el año. Es director del semanario Voz y ha sido acusado, sin ninguna prueba, de estar a sueldo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Amenazas cotra el director de “La Verdad”, la cuarta en un mes

Pedro Antonio Cárdenas, director de la revista "La Verdad", cuya hija padeciera un intento de secuestro el 24 de octubre de 2007, ha sido amenazado de nuevo el 29 de octubre.
Según el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESO-FIP), el 29 de octubre, Cárdenas recibió una llamada en la que una voz masculina le dijo que no olvidara que tanto él como su familia eran objetivo militar. Esta es la cuarta amenaza que Cárdenas recibe durante el último mes. "Hacemos una llamada a las autoridades para que atiendan de manera diligente la situación de seguridad del colega Pedro Antonio Cárdenas ", dijo Eduardo Márquez, director ejecutivo del CESO-FIP y Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.

Colombianos en busca de asilo desbordan el aeropuerto de Barajas

Unos cuatrocientos colombianos solicitaron asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado mes de octubre, lo que saturó las instalaciones donde estos ciudadanos aguardan la resolución de su caso y dificultó el trabajo de los letrados y los policías.
Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde principios de 2007 se han registrado 1.700 solicitudes de asilo por parte de colombianos, 400 de ellas en octubre.
Hubo días laborables en los que se efectuaron hasta 40 peticiones y coincidieron en Barajas hasta 150 personas.
El coordinador de Asuntos Jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente Ots, ha confirmado los datos y afirma que la situación que se vive en Barajas "es difícil", aunque no se puede calificar "de desbordamiento ni de caos".
El incremento de las peticiones de asilo por parte de colombianos es "un repunte" en una tendencia que se registra desde hace tiempo, señala Valiente, que ha criticado la "imprevisión de la Administración española", ya que desde hace año y medio se tenían que haber tomado medidas para habilitar nuevas instalaciones en Barajas para atender a los peticionarios de asilo.
Hasta que se resuelven sus peticiones, los inmigrantes permanecen en una sala 3 del aeropuerto, custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y vigilantes de seguridad privada, y habilitada también para los inadmitidos.
Durante el pasado mes de octubre, el gran volumen de solicitudes de asilo provocó una saturación de la sala, por lo que varios ciudadanos han sido trasladados a otra, la sala 4, en el exterior de las terminales.
Esta última depende de la Comisaría General de Extranjería y habitualmente se utiliza para las personas con orden de expulsión.
Mauricio Valiente señaló que la sala 3 no tiene malas condiciones, pero se ha quedado pequeña para albergar a tantas personas, y además los abogados que les asisten no tienen espacio para estudiar los casos como prevé la legislación.
Por su parte, el SUP destacó que los funcionarios policiales que se encargan de estos trámites están "desbordados de trabajo", y que un 60% de las peticiones de asilo han sido admitidas.
En cuanto al trámite que se sigue con los peticionarios de asilo, fuentes del Colegio de Abogados de Madrid explican que al llegar, el pasajero solicita asilo a los policías, quienes a su vez lo comunican a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. En un plazo no superior a 72 horas se personan en Barajas funcionarios de la citada oficina, acompañados de letrados e intérpretes si es necesario.Estudiado el caso, los funcionarios emiten un veredicto sobre la admisión a trámite o no de la petición y, si esta es denegada, se puede solicitar la revisión del caso, por lo que los trámites se pueden demorar hasta siete días.
Victor Hugo B., colombiano de 21 años, explica desde la sala 3 que llegó a Madrid el día 26 de octubre y está a la espera del resultado del trámite de su petición.Victor Hugo pidió a las autoridades españolas que agilicen los trámites, ya que en la sala 3 hay muchas personas "privadas de libertad y movimiento", con niños pequeños que se ponen enfermos y que viven en una situación de desesperación e incertidumbre.
(Fuentes: Periodistas-es y Periodista Digital-PL/Agencia EFE)

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