El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', condenado a 31 años y 3 meses años de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de dólares por exportar cocaína a Estados Unidos, asegura que los grupos ultraderechistas aportaron dinero para la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe, en 2002.
"Es muy importante que hoy Murillo Bejarano haya señalado que contribuyó con grandes cantidades de dinero a la campaña del presidente Alvaro Uribe Vélez, creemos que esta es una afirmación muy grave que tiene que merecer un debate político en Colombia, pero también una acción judicial", dice Iván Cepeda, hijo de asesinado y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Cepeda, quien se trasladó a Nueva York para estar presente en el juicio, anunció que la acusación del jefe paramilitar fue hecha por la abogada de 'Don Berna' en el marco de la declaración final de la defensa. Murillo Bejarano, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo del año pasado, junto con una decena jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente disueltas en 2007, tras negociar su desmovilización con el gobierno entre 2003 y 2006. La justicia estadounidense los reclamaba por narcotráfico.
El gerente de las campañas de Uribe lo niega
Como dio a conocer Cepeda, durante la audiencia del proceso a Murillo, celebrado en un tribunal de Nueva York, una de sus abogadas leyó un documento en el que presentó a su defendido como víctima de la violencia comunista, como un patriota que quedó lisiado y sin embargo siguió trabajando por la comunidad. La abogada pidió al juez federal Richard Berman que, antes de imponer la pena, valorara que Murillo y las AUC contribuyeron a la campaña de Uribe y apoyaron sus aspiraciones. Cuando la abogada terminó de leer la declaración, el juez le preguntó a Murillo si tenía alguna objeción a lo leído por su defensa, y él contestó que no y añadió que utilizar su dinero proveniente del narcotráfico fue "la única manera de contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas". Sus abogados anunciaron que "Don Berna" está dispuesto a ampliar ante la justicia colombiana su declaración incriminando al presidente, que presentará pruebas, y que esperan que esto pueda hacerse lo más pronto posible.
En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.
En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.
En la oposición, el Partido Liberal, a través de su portavoz, la senadora y precandidata presidencial Cecilia López, expresa preocupación por la declaración de Murillo. "Uno no puede hacer en este momento ningún juicio, pero necesitamos la verdad".
Para Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, "si es cierto, él ("Don Berna") tiene que mostrar las pruebas. Si no es cierto, que se aclare ante la sociedad que la campaña presidencial fue limpia y que no tuvo ninguna injerencia del narcotráfico", dice. Por eso "hay que iniciar un proceso (judicial) que le permita a la sociedad conocer la verdad", estimó la defensora de derechos humanos.
Don Berna, de extremo a extrema
En la negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe, Murillo Bejarano se hacía llamar "Adolfo Paz" y se presentaba como inspector general de las AUC. Pero antes de ser comante paramilitar "Don Berna" fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín de Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él. "Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia". Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.
Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 de Medellín para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias, incluida la presentada ante el juez por el propio jefe paramilitar: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, afirma don Berna en su escrito al juez.
Tras la desmovilización, algunos de los integrantes del Bloque Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley. Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".
Margaret M. Shalley, la abogada que leyó este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el alegato de Murillo Bejarano le presentó como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia. Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.
En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.
En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.
ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)
"GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".
Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.
En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.
INQUIETANTE DENUNCIA
Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".
Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.
En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.
INQUIETANTE DENUNCIA
Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.
Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.
La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.
MASACRE PLANIFICADA
El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".
"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.
"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO
Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.
La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.
MASACRE PLANIFICADA
El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".
"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.
"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO
- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?
- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.
- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?
- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.
- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?
- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.
- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?
- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.
- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?
- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.
- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.
- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?
- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.
- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?
- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.
- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?
- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.
- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?
- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.
www.cronicon.net, marzo de 2009.
(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)
(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)
