Colombia:Derechos Humanos

EL JEFE PARAMILITAR Y CAPO DEL NARCOTRÁFICO 'DON BERNA' INCRIMINA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE AL REVELAR ANTE LA JUSTICIA DE LOS EE.UU QUE SU ORGANIZACIÓN FINANCIÓ LA PRIMERA CAMPAÑA DEL ACTUAL MANDATARIO COLOMBIANO

El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', condenado a 31 años y 3 meses años de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de dólares por exportar cocaína a Estados Unidos, asegura que los grupos ultraderechistas aportaron dinero para la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe, en 2002.

"Es muy importante que hoy Murillo Bejarano haya señalado que contribuyó con grandes cantidades de dinero a la campaña del presidente Alvaro Uribe Vélez, creemos que esta es una afirmación muy grave que tiene que merecer un debate político en Colombia, pero también una acción judicial", dice Iván Cepeda, hijo de asesinado y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Cepeda, quien se trasladó a Nueva York para estar presente en el juicio, anunció que la acusación del jefe paramilitar fue hecha por la abogada de 'Don Berna' en el marco de la declaración final de la defensa. Murillo Bejarano, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo del año pasado, junto con una decena jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente disueltas en 2007, tras negociar su desmovilización con el gobierno entre 2003 y 2006. La justicia estadounidense los reclamaba por narcotráfico.

El gerente de las campañas de Uribe lo niega

Como dio a conocer Cepeda, durante la audiencia del proceso a Murillo, celebrado en un tribunal de Nueva York, una de sus abogadas leyó un documento en el que presentó a su defendido como víctima de la violencia comunista, como un patriota que quedó lisiado y sin embargo siguió trabajando por la comunidad. La abogada pidió al juez federal Richard Berman que, antes de imponer la pena, valorara que Murillo y las AUC contribuyeron a la campaña de Uribe y apoyaron sus aspiraciones. Cuando la abogada terminó de leer la declaración, el juez le preguntó a Murillo si tenía alguna objeción a lo leído por su defensa, y él contestó que no y añadió que utilizar su dinero proveniente del narcotráfico fue "la única manera de contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas". Sus abogados anunciaron que "Don Berna" está dispuesto a ampliar ante la justicia colombiana su declaración incriminando al presidente, que presentará pruebas, y que esperan que esto pueda hacerse lo más pronto posible.

En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.

En la oposición, el Partido Liberal, a través de su portavoz, la senadora y precandidata presidencial Cecilia López, expresa preocupación por la declaración de Murillo. "Uno no puede hacer en este momento ningún juicio, pero necesitamos la verdad".

Para Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, "si es cierto, él ("Don Berna") tiene que mostrar las pruebas. Si no es cierto, que se aclare ante la sociedad que la campaña presidencial fue limpia y que no tuvo ninguna injerencia del narcotráfico", dice. Por eso "hay que iniciar un proceso (judicial) que le permita a la sociedad conocer la verdad", estimó la defensora de derechos humanos.

Don Berna, de extremo a extrema

En la negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe, Murillo Bejarano se hacía llamar "Adolfo Paz" y se presentaba como inspector general de las AUC. Pero antes de ser comante paramilitar "Don Berna" fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín de Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él. "Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia". Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.

Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 de Medellín para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias, incluida la presentada ante el juez por el propio jefe paramilitar: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, afirma don Berna en su escrito al juez.
Tras la desmovilización, algunos de los integrantes del Bloque Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley. Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".

Margaret M. Shalley, la abogada que leyó este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el alegato de Murillo Bejarano le presentó como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia. Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.

En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.

Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.

Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.

Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.

ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)

"GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO"

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

INQUIETANTE DENUNCIA

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

MASACRE PLANIFICADA

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".

"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?

- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

www.cronicon.net, marzo de 2009.

(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)

Colombia: Amenazas a Periodistas

PRIMERA QUERELLA CRIMINAL CONTRA URIBE POR SU IMPLICACIÓN EN LAS AMENAZAS DE MUERTE DE LOS PARAMILITARES A UN PERIODISTA

El periodista Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario estadounidense "El Nuevo Herald", se ha querellado contra el presidente Álvaro Uribe después de recibir nuevas amenazas de muerte en su teléfono el pasado 3 de diciembre.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la amenaza ocurre dos meses después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusara públicamente al periodista de haber ayudado a escribir el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar" de la ex presentadora Virginia Vallejo, en el que se da cuenta de la presunta relación entre Uribe y el difunto narcotraficante Pablo Escobar. Guillén, quien había abandonado el país para proteger su vida, regresó a Colombia y demandó por injurias y calumnias al presidente Uribe ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La demanda es impulsada por él mismo debido a que, el 20 de noviembre, la persona que lo asistía legalmente - se omite el nombre por seguridad - encontró en su contestador de teléfono un mensaje intimidatorio contra ella y su familia.

Uribe ejerce una política de 'estigmatización' contra los periodistas

Otro periodista colombiano, Holman Morris, denunciaba ayer en Madrid que el gobierno del presidente Álvaro Uribe ejerce una política de 'estigmatización' y acusaciones contra los profesionales de la información, así como contra otros líderes sociales que denuncian situaciones de corrupción o injusticia.

En la conferencia 'Libertad de Prensa y secreto de las fuentes en las dos orillas: Europa y América', organizada en la Casa de América en Madrid por Reporteros Sin Fronteras, Morris consideró que su país es uno de los más peligrosos de América Latina para ejercer su profesión.

Este periodista colombiano se vio forzado a abandonar Colombia con su familia el pasado 14 de octubre por las amenazas directas de muerte en su contra por parte de los paramilitares. Morris reconoció que durante la administración de Uribe la cifra de periodistas asesinados descendió pero indicó que a cambio creció el número de amenazados y de profesionales que tienen que huir del país. 'Se ha dejado de asesinar periodistas en Colombia, no porque hayamos alcanzado un alto nivel de democracia, (...) sino porque nos hemos autocensurado', explicó. El informador colombiano se autodefinió no sólo como un crítico del presidente Álvaro Uribe, sino como un crítico 'de todos los poderes, como cualquier periodista en el mundo que se respete'. En su caso, señaló que esas críticas se dirigen a los poderes de los sectores como los paramilitares, el narcotráfico, de las guerrillas y del poder 'de los políticos corruptos'.

'El periodista en Colombia ha dejado de contar muchas cosas que ve, que sabe, que escucha, que estudia y que investiga', añadió. A pesar de eso recordó que en las últimas tres décadas, en Colombia han sido asesinados 70 profesionales de la información, a manos de cinco sectores del país. Por lo que su país, dijo, ostenta el récord de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística. En ese sentido, la presidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, María Dolores Masana, coincidió con Holman Morris al señalar que hoy Colombia es el país 'más flagrante y más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina'. Masana denunció que Morris 'ha recibido tantas amenazas porque busca dar voz a los luchadores por los Derechos Humanos en Colombia'.

El periodista colombiano considera que 'Lo grave y nuevo para nosotros, además de supremamente peligroso es que sea el propio presidente de la República quien sistemáticamente nos viene atacando, criticando, señalando y en la mayoría de los casos aliándonos o creando mantos de duda sobre nosotros diciendo que somos supuestos aliados de la guerrilla o del terrorismo'.

Morris expuso los casos de otros colegas de su profesión como Daniel Coronel, William Parra, Carlos Lozano o Gonzalo Guillén así como su su experiencia personal en la que explicó cómo sobre todo desde mayo de 2005, sufre escuchas telefónicas ilegales, difamación por parte de instituciones --entre las que directamente citó a la Presidencia--, amenazas de muerte y persecuciones. Para ilustrar esta situación relató cómo poco antes de marcharse de Colombia, recibió en su domicilio una corona de flores fúnebre con su nombre.

Holman Morris es el director del programa de televisión 'Contravía', patrocinado por la Unión Europea, entre otros organismos, y fue galardonado con el premio de la Fundación Nuevo Periodismo latinoamericano, creada por bel Gabriel García Márquez. También fue premiado con el premio Human Rights Watch que le fue entregado el 1 de diciembre. Morris, ha sido nominado en 2007 por segundo año consecutivo, para periodista del año en los premios de RSF Francia.

Mal lugar para 'el mejor oficio del mundo'

¿Cuántos periodistas colombianos hay en el exilio? ¿Cuántos han tenido que abandonar sus regiones pero viven todavía en Colombia? ¿Cuántos de los que huyeron pudieron seguir ejerciendo su profesión, ”el mejor oficio del mundo” según el escritor colombiano Gabriel García Márquez?
”Eso no lo registra nadie. Pero, en general, los que se van al exterior no logran volver a trabajar como periodistas”, con lo cual estaría cumplido el propósito de quienes ejercieron las amenazas, ddeclaró a IPS Juliana Cano, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Los que huyen de sus regiones pero no salen de Colombia ”normalmente regresan si no consiguen trabajo”, luego de que el ministerio del Interior y Justicia suspende una ayuda económica prevista para tres meses, de unos 340 dólares por mes, explicó.

El apoyo estatal a periodistas amenazados incluye medidas de seguridad, que son definidas según el nivel de riesgo que evalúen la policía o el servicio de inteligencia presidencial. El ”esquema de seguridad”, en lenguaje de los expertos, puede incluir simplemente un teléfono celular de dotación, pero también llegar hasta la decisión de sacar al periodista de Colombia. Cano señala que la mayoría de quienes huyen de las provincias ”regresan a trabajar como periodistas pero tratan de buscar un cambio de frente”, abandonando por completo el trabajo sobre el conflicto armado, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción local. ”Se dedican a temas sociales, como salud y educación, y a cubrir cosas como el cumpleaños de alguien en la región o la última inauguración oficial”, precisa.

En las zonas de guerra, muchas emisoras comunales se limitan a pasar música y los periódicos muestran un panorama idílico. Según Eduardo Márquez, catedrático de periodismo de la universidad privada Sergio Arboleda, ”desde 1988 hasta la fecha en Colombia han sido asesinados 126 periodistas, la gran mayoría por cuenta del ejercicio del oficio”. Pero varias organizaciones tratan de depurar esa cifra, contabilizando sólo las muertes debidas a la labor periodística.

La principal institución que lleva ese conteo depurado es la Flip, que lanzó con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, un informe sobre la situación del periodismo en Colombia durante los últimos 12 meses, junto con el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), con sede en New York, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París. Cano adelantó a IPS las estadísticas más protuberantes del año corrido: ”Amenazados, 34; asesinados por el oficio, dos; muerto en fuego cruzado (durante un combate), uno. Otro murió acuchillado en su lugar de trabajo, pero aún no tenemos claro si se trató de un crimen por el ejercicio del periodismo”, dijo.

Tres sufrieron secuestros breves y luego fueron liberados. Uno de esos casos fue el de una mujer embarazada que, mediante torturas durante su secuestro, fue ”convidada” a callar por paramilitares. Los otros dos son periodistas del diario bogotano El Tiempo. ”Autor, las FARC (las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por haber entrado sin permiso a una zona” controlada por ellas, prosiguió Cano. En el periodo considerado, nueve periodistas huyeron de Colombia, dos de ellos en 2004. En esa cuentas no figura, por haberse ido en abril de 2003, Fernando Garavito, quien era columnista del semanario bogotano El Espectador cuando recibió amenazas por escribir sobre el pasado del presidente Alvaro Uribe. Garavito siguió publicando su columna a través de Internet. A pesar de ser Garavito un experimentado periodista, que nunca en su carrera de más de 30 años ha tenido que rectificar un informe, sólo en diciembre comenzó a recibir ingresos estables en el país que lo acogió, Estados Unidos. Durante meses, él y su familia sobrevivieron gracias a la solidaridad de periodistas estadounidenses y amigos de Colombia.

”Atentados, tres”, continuó Cano, explicando que uno sólo figura en la estadística pero no se puede dar ni el nombre del periodista, ni el del medio en que trabaja, ni el de la ciudad donde ocurrió el ataque, pues la víctima está tan atemorizada que prefiere que su caso pase inadvertido. Otros tres miembros de su familia, también periodistas, han sido asesinados desde 1991. ¿Motivo? ”La independencia periodística”, dijo Cano. No se cuenta como ”atentado” sino como ”error profesional” el caso de un periodista de El Tiempo que, contrariando normas de seguridad acordadas informalmente dentro del gremio y basadas en el Derecho Internacional Humanitario, permitió que su reportero viajara en un helicóptero militar que fue atacado por la guerrilla. El periodista resultó herido. ”El ataque no iba contra él como periodista, sino contra el helicóptero militar”, precisó Cano. El criterio empleado por la Flip en el conteo es producto de años de reflexión colectiva. A esa reflexión empujan, por supuesto, las cifras, que sitúan a Colombia entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Por eso cada vez más periodistas colombianos buscan maneras de hacer convivir la guerra con el compromiso con la verdad. ¿Un imposible? ”Obstrucciones al ejercicio periodístico, que es cuando, por ejemplo, los militares llaman al periodista a decirle que no publique, tres. Ahí hay subregistro, porque dependemos de que el periodista acepte que está recibiendo presión”, apuntó Cano.

Perseguidos, amenazados, vapuleados y muy mal pagados

En 2003, la hipótesis de que el conflicto armado que vive Colombia hace 40 años es causa principal de los ataques a la prensa fue a contramano de los hechos. Tres de los cinco muertos estaban denunciando corrupción. Cuando un periodista amenazado por cubrir corrupción en su región regresa, ”no vuelve a sacar información en contra de la administración, se cuida más”, dijo Cano. ”En materia de derecho a la información estamos peor que nunca”, opinó Márquez, para quien ese derecho ciudadano está amenazado también por ”la posibilidad de la censura a través del Estatuto Antiterrorista”, en camino de aprobación en el parlamento y que permite realizar interceptaciones telefónicas, allanamientos y detenciones sin orden judicial. ”¿Qué puede esperar un periodista que esté haciendo una investigación sobre corrupción de agentes del Estado? Y todo esto sobre el telón de fondo de la guerra, donde paramilitares, guerrilla y militares pretenden convertir a los periodistas, cada uno, en sus voceros”, señaló. Márquez es representante en Colombia de la Federación Internacional de Periodistas, con sede en Bruselas, y dedica parte de su tiempo a promover la agremiación de los periodistas colombianos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Ambeyi Gabo, estableció, tras su viaje a Colombia en febrero, que en ese país ”la categoría profesional peor pagada es la de los periodistas”. Pero ”estar sindicalizado en Colombia es prácticamente un crimen. Es mucho más fácil crear un grupo armado que un sindicato”, por la oposición de los empresarios, afirmó Márquez. Actualmente, embriones de sindicatos de periodistas ”se reúnen periódicamente, a escondidas y con sigilo respecto de sus empleadores, para exigir cosas tan elementales como las ocho horas de trabajo, una conquista laboral del siglo XIX”, reveló. Pero ”tanto los medios como los periodistas tienen intereses comunes, que son mejorar la calidad de la información e intentar consolidar la desvalida democracia colombiana. Desde esta perspectiva, se debería rodear de garantías la creación de organizaciones de periodistas”, concluyó el catedrático.(Fuentes: Periodistas-es, Terra Actualidad-Europa Press e IPS)

Colombia:Uribe-paramilitares

UN TERCER PERIODISTA RECIBE AMENAZAS DE LOS GRUPOS PARAMILITARES, DESPUÉS DE SER INSULTADO POR EL PRESIDENTE COLOMBIANO
.Uribe le llamó, en la radio en directo, "cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional"

.En las amenazas, el grupo paramilitar 'Águilas Negras' denomina al presidente colombiano "el jefe"

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha vuelto a protestar ante el Gobierno de Colombia, esta vez por las acusaciones que, el 9 de octubre de 2007, dirigió el presidente Alvaro Uribe al periodista Daniel Coronell, director de información del canal público de televisión Canal Uno y editorialista de la revista Semana, en el curso de una discusión en antena en la emisora de radio La FM. Tras la entrevista, en la que Álvaro Uribe calificó al periodista de "mentiroso". Coronell, ha recibido amenazas de muerte, por correo electrónico, firmadas por el grupo paramilitar Águilas Negras, muy activo en el norte del país.
El 4 de octubre de 2007 Gonzalo Guillén,(ver Pepitorias) corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española El Nuevo Herald, tuvo que abandonar el país temiendo por su seguridad, tras recibir veinticuatro amenazas telefónicas. Dos días antes, el presidente acusó en la prensa al periodista de ser "el negro" de Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, quien recientemente ha publicado el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar", en el que se cuentan las presuntas relaciones que habría mantenido el actual Presidente con el célebre narcotraficante.

"Como continuación de nuestra carta abierta del pasado 4 de octubre, una vez más hacemos un llamamiento al presidente Álvaro Uribe para que sea más prudente en sus declaraciones. Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas, como lo demuestran las amenazas recibidas por Daniel Coronell, quien ya tuvo que marcharse del país con su familia en 2005, y por Gonzalo Guillén, que a su vez acaba de expatriarse. Los ataques personales de Álvaro Uribe son una cosa y otra muy distinta las amenazas de muerte de paramilitares, que se reclaman de él. El gobierno debería poner el mayor interés en dar muestras de compromiso persiguiendo más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas, y en particular a las siniestras Águilas Negras", ha declarado la organización, que añade en su misiva a Uribe:.'Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas', señaló.Afirmó que las advertencias a informadores son algo mucho más grave y pidió al Gobierno un mayor 'compromiso para perseguir más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas'

El 9 de octubre de 2007, Álvaro Uribe pidió a una presentadora de la emisora radiofónica La FM que llamara en directo a Daniel Coronell, quien acababa de publicar un editorial sobre las revelaciones contenidas en la obra de Virginia Vallejo. A lo largo de una hora el Presidente hizo varias acusaciones al periodista, llamándole "descuidado", "mentiroso", "canalla" y "difamador profesional".Alvaro Uribe cuestionó también a Daniel Coronell acerca de los motivos de su exilio en 2005, poniendo en duda las amenazas que entonces recibió el periodista. Según éste último, aquellas amenazas procedían de un ordenador(computador) del ex parlamentario Carlos Ander Simmonds, en otros tiempos muy cercano al Presidente, condenado por tráfico de droga en Estados Unidos.

Pocas horas después de la discusión Canal Uno recibió un correo electrónico, dirigido al periodista, en el que figuraban amenazas de muerte. "Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe pondría su propia lápida. Todo el que arremeta en contra de nuestro presidente firmará su muerte", estaba escrito.

Uribe señala y los paras actúan

Por otra parte, RSF está sorprendida de que el pasado 10 de octubre fuera puesto en libertad a Luis Fernando Soto Zapata, detenido desde hace cinco años y ocho meses por el asesinato de Orlando Sierra Hernández, periodista del diario La Patria. El sicario, condenado a diecinueve años de cárcel, se ha beneficiado de una reducción de condena por buena conducta. El 30 de enero de 2002, a Luis Fernando Soto Zapata le grabaron mientras disparaba dos veces sobre el periodista. Los coautores del asesinato, Luis Miguel Tabares, alias "Tilín", y Luis Arley Ortiz, alias "Pereque", fueron condenados en mayo de 2005 a 28 años de cárcel. A Ferney Tapasco González, jefe de fila del Partido Liberal en el Departamento de Caldas (Centro) y antiguo diputado, sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, nunca le han encausado. Orlando Sierra Hernández le había criticado, en varias ocasiones, por algunos delitos que se le imputaban.

EL CPJ pide al presidente colombiano que se retracte

El Comité para la Protección de los Periodista (CPJ, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en donde se le insta a retractarse de las acusaciones realizadas a los periodistas Coronell y Guillén. Este último se ha visto obligado a abandonar su hogar en Bogotá tras recibir serias amenazas. El mandatario acusó al informador Coronell de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’.

Para el CPJ, los comentarios del presidente de Colombia pueden animar a quienes utilizan la violencia o amenazas a reprimir el trabajo de la prensa. Además, está el caso del periodista Guillén, a quien el presidente relacionó con la colaboración en la redacción del libro de Vallejo en el que se le vinculaba con el narcotraficante Escobar. Todo ellos y mucho más se recoge en la carta enviada por el CPJ al presidente colombiano. En ella el Comité se opone enérgicamente a las recientes acusaciones en contra de dos importantes periodistas. Ya que sus comentarios ‘estridentes y personales’ dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra ambos periodistas y provocó el exilio de uno de ellos. El mandatario solicitó a la presentadora del programa de noticias matutino de la estación de radio La FM que llamara al reconocido periodista Daniel Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, según el CPJ. Uribe señaló que quería refutar información de la última columna del periodista en Semana dónde Coronell menciona recientes acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar.

Después de negar con vigor haber tenido vínculos con Escobar, el presidente entabló una áspera discusión de una hora al aire con Coronell, calificando al periodista de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’. Aunque el CPJ reconoce su derecho a estar en desacuerdo con sus críticos, consideran que su reacción fue ‘irresponsable e imprudente’. Y es que horas después de estas acusaciones en contra de Coronell, Canal Uno recibió una amenaza de muerte por correo electrónico. ‘Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe se pondría su propia lapida,’ indicó el mensaje.
Otro conocido periodista colombiano, el corresponsal del diario El Nuevo Herald de Miami, Gonzalo Guillén, se vio obligado a abandonar su hogar en Bogotá esta semana tras recibir más de 20 amenazas de muerte tras comentarios que el mandatario colombiano efectuó en dos radios nacionales, según afirma el CPJ. Para el Comité para la Protección de los Periodistas, estas acusaciones sin fundamento han puesto en peligro la vida de estos dos informadores, por lo que a través de dicha carta se le exhorta a que se retracte públicamente de los recientes comentarios.

Comisión constata ataques militares contra manifestantes

Precisamente la actuación impune de los grupos paramilitares en las zonas campesinas de Colombia, fue una de las razones que movilizaron a miles y miles de personas la semana pasada en la llamada Movilización Nacional Agraria. Las marchas fueron duramente reprimidas y la represión dejó numerosos heridos y detenidos.

Ahora se presenta la primera denuncia: miembros de la Asociación para la Cooperación con el Sur (Acsur), participantes de la movilización agraria el día 13, fueron duramente atacados por parte miembros del ejército, la Policía Militar y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El ataque se sucedió mientras las comunidades de la zona norte del departamento del Cauca regresaban hacia sus lugares de origen en una caravana acompañada por una Comisión de Verificación de Derechos Humanos.
Desde el 12, la Comisión, integrada por la Personería del municipio de Santander de Quilichao, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Defensoría Regional del Pueblo y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, está en el área de la zona de concentración con el fin de verificar los hechos ocurridos durante la brutal arremetida de miembros de la fuerza pública en contra de las comunidades movilizadas en el día anterior (11), en que uno de los manifestantes que resultó gravemente herido - él se sometió a una delicada operación médica de alto riesgo, su pronóstico es reservad.
Los representantes de la Comisión constataron "que en la zona de movilización no hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos insurgentes, sino una feroz arremetida por parte de agentes del ejército, la Policía Militar y el Esmad contra los manifestantes". Pues la población sólo portaba palos y piedras como arma de defensa y fue agredida con gases lacrimógenos, artefactos explosivos con metralla, tiros de goma y de armas de fuego de corto y largo alcance.
"Las comunidades movilizadas, pertenecientes al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, esperan que con los resultados obtenidos durante esta visita de verificación se inicie un proceso de investigación al estado colombiano por sus responsabilidad en el tratamiento militar dado a los manifestantes que participaron de la jornada, y se frene el hostigamiento a quienes fueron heridos en desarrollo de estos hechos", dijo la Acsur en comunicado.
Los afectados piden que el estado colombiano indemnice a las víctimas por el actuar criminal de su fuerza pública. Además, la Asociación dijo que espera que los procesos de judicialización en contra de los manifestantes sean clausurados por no haber razones reales para la apertura de los mismos. Los manifestantes expresaron que, pese al actuar del estado colombiano, continuaran trabajando para alcanzar las banderas de su justa lucha.(Fuentes: Periodistas-es, Reporteros Sin Fronteras y Adital)

Colombia-México: Libertad de Prensa

ADVERTENCIAS SOBRE LAS AMENAZAS A LA PRENSA EN COLOMBIA, PETICIÓN A URIBE PARA QUE RECTIFIQUE Y MÉXICO SEÑALADO COMO EL PAÍS MÁS PELIGROSO

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)ha llamado la atención sobre las amenazas a los periodistas en Colombia que se producen de forma continua en los últi mos seis meses, así como sobre las obstrucciones al trabajo de los medios de comunicación.
El informe señala que la Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP) dice que en Colombia existe una situación de riesgo para los periodistas en 50 municipios del país, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Arauca y Caquetá, donde hubo "violaciones contra los comunicadores". Entre los hechos positivos, los delegados de Colombia destacaron en su informe preliminar que se pudo identificar a los responsables de los asesinatos de dos periodistas. Uno de ellos fue condenado a 13 años de prisión y a pagar una multa de 30 salarios mínimos. El director del diario El Nuevo Herald de Miami, en tanto, pidió a la SIP que reclame al presidente colombiano Alvaro Uribe que aclare y rectifique la situación de un corresponsal de su publicación que debió exiliarse en Perú tras recibir numerosas amenazas de muerte. Le solicitó además que haga gestiones para que el periodista pueda regresar a Bogotá. El reportero Gonzalo Guillén, que preparaba un libro sobre el narcotraficante Pablo Escobar que podía poner en entredicho a Uribe, fue amenazado después que el presidente colombiano lo tildó de "calumniador".

"La situación de Guillén es tenebrosa", expresó el director del 'Herald' Humberto Castelló después que la SIP presentó el informe preliminar sobre la situación de la libertad de prensa en Colombia ante unos 500 delegados. "Llamo al presidente Uribe a que se rectifique y aclare la situación de nuestro corresponsal".Castelló explicó que su diario recibió amenazas con detalles de lugares que frecuentaba Guillén y que "allí mismo podrían aniquilarlo".Recientemente la SIP pidió a Uribe "evitar las descalificaciones... de periodistas y medios de comunicación", al salir en defensa de Guillén. Las amenazas proceden de grupos paramilitares, con los que se ha vinculado, en numerosos informes, al Presidente Uribe, que ahora aparece en dos libros recien publicados-uno de la ex-amante de Pablo Escobar Virginia Vallejo y otro el de Guillén- con relaciones con el narcotraficante, uno de los líderes del Cartel de Medellín.

La SIP considera a México como es el país más peligroso para ejercer el periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que México se ha convertido en el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, a pesar de que se han producido avances legislativos con la despenalización de los delitos de prensa.
En el último semestre se ha mantenido un nivel de "alto riesgo" para los periodistas debido a los asesinatos y agresiones físicas y a la impunidad de crímenes que siguen sin resolverse, señala la SIP en un informe preliminar sobre la libertad de prensa en México, país en el que, desde marzo pasado, han sido asesinados seis trabajadores de prensa, han desaparecido otros dos reporteros y nueve periodistas fueron amenazados. Estos datos revelan, a juicio de la SIP, que la inseguridad para la prensa y la impunidad siguen siendo temas pendientes.En una entrevista con la agencia AP, el director de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, destacó que a pesar de los avances legislativos que despenalizaron los delitos de difamación, injuria y calumnia, se han incrementado los riesgos para los periodistas en México."México se ha convertido en el país donde es más peligroso ejercer el periodismo. El crimen organizado y el narcotráfico asesinan periodistas con demasiada impunidad y el estado debe actuar y responder de una manera más enérgica".

La SIP señala que, como contrapartida, "fue positiva la reforma legislativa" después que el Senado aprobó en abril la despenalización de los "delitos de prensa", aunque advierte que si bien la reforma está vigente en el fuero penal, falta que sea desarrollada en todos los estados mexicanos.

(Fuente: Periodistas-es)