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6.12.07

Colombia: Amenazas a Periodistas

PRIMERA QUERELLA CRIMINAL CONTRA URIBE POR SU IMPLICACIÓN EN LAS AMENAZAS DE MUERTE DE LOS PARAMILITARES A UN PERIODISTA
El periodista Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario estadounidense "El Nuevo Herald", se ha querellado contra el presidente Álvaro Uribe después de recibir nuevas amenazas de muerte en su teléfono el pasado 3 de diciembre.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la amenaza ocurre dos meses después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusara públicamente al periodista de haber ayudado a escribir el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar" de la ex presentadora Virginia Vallejo, en el que se da cuenta de la presunta relación entre Uribe y el difunto narcotraficante Pablo Escobar. Guillén, quien había abandonado el país para proteger su vida, regresó a Colombia y demandó por injurias y calumnias al presidente Uribe ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La demanda es impulsada por él mismo debido a que, el 20 de noviembre, la persona que lo asistía legalmente - se omite el nombre por seguridad - encontró en su contestador de teléfono un mensaje intimidatorio contra ella y su familia.


Uribe ejerce una política de 'estigmatización' contra los periodistas

Otro periodista colombiano, Holman Morris, denunciaba ayer en Madrid que el gobierno del presidente Álvaro Uribe ejerce una política de 'estigmatización' y acusaciones contra los profesionales de la información, así como contra otros líderes sociales que denuncian situaciones de corrupción o injusticia.

En la conferencia 'Libertad de Prensa y secreto de las fuentes en las dos orillas: Europa y América', organizada en la Casa de América en Madrid por Reporteros Sin Fronteras, Morris consideró que su país es uno de los más peligrosos de América Latina para ejercer su profesión.
Este periodista colombiano se vio forzado a abandonar Colombia con su familia el pasado 14 de octubre por las amenazas directas de muerte en su contra por parte de los paramilitares. Morris reconoció que durante la administración de Uribe la cifra de periodistas asesinados descendió pero indicó que a cambio creció el número de amenazados y de profesionales que tienen que huir del país. 'Se ha dejado de asesinar periodistas en Colombia, no porque hayamos alcanzado un alto nivel de democracia, (...) sino porque nos hemos autocensurado', explicó. El informador colombiano se autodefinió no sólo como un crítico del presidente Álvaro Uribe, sino como un crítico 'de todos los poderes, como cualquier periodista en el mundo que se respete'. En su caso, señaló que esas críticas se dirigen a los poderes de los sectores como los paramilitares, el narcotráfico, de las guerrillas y del poder 'de los políticos corruptos'.

'El periodista en Colombia ha dejado de contar muchas cosas que ve, que sabe, que escucha, que estudia y que investiga', añadió. A pesar de eso recordó que en las últimas tres décadas, en Colombia han sido asesinados 70 profesionales de la información, a manos de cinco sectores del país. Por lo que su país, dijo, ostenta el récord de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística. En ese sentido, la presidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, María Dolores Masana, coincidió con Holman Morris al señalar que hoy Colombia es el país 'más flagrante y más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina'. Masana denunció que Morris 'ha recibido tantas amenazas porque busca dar voz a los luchadores por los Derechos Humanos en Colombia'.

El periodista colombiano considera que 'Lo grave y nuevo para nosotros, además de supremamente peligroso es que sea el propio presidente de la República quien sistemáticamente nos viene atacando, criticando, señalando y en la mayoría de los casos aliándonos o creando mantos de duda sobre nosotros diciendo que somos supuestos aliados de la guerrilla o del terrorismo'.
Morris expuso los casos de otros colegas de su profesión como Daniel Coronel, William Parra, Carlos Lozano o Gonzalo Guillén así como su su experiencia personal en la que explicó cómo sobre todo desde mayo de 2005, sufre escuchas telefónicas ilegales, difamación por parte de instituciones --entre las que directamente citó a la Presidencia--, amenazas de muerte y persecuciones. Para ilustrar esta situación relató cómo poco antes de marcharse de Colombia, recibió en su domicilio una corona de flores fúnebre con su nombre.
Holman Morris es el director del programa de televisión 'Contravía', patrocinado por la Unión Europea, entre otros organismos, y fue galardonado con el premio de la Fundación Nuevo Periodismo latinoamericano, creada por bel Gabriel García Márquez. También fue premiado con el premio Human Rights Watch que le fue entregado el 1 de diciembre. Morris, ha sido nominado en 2007 por segundo año consecutivo, para periodista del año en los premios de RSF Francia.

Mal lugar para 'el mejor oficio del mundo'
¿Cuántos periodistas colombianos hay en el exilio? ¿Cuántos han tenido que abandonar sus regiones pero viven todavía en Colombia? ¿Cuántos de los que huyeron pudieron seguir ejerciendo su profesión, ”el mejor oficio del mundo” según el escritor colombiano Gabriel García Márquez?
Eso no lo registra nadie. Pero, en general, los que se van al exterior no logran volver a trabajar como periodistas”, con lo cual estaría cumplido el propósito de quienes ejercieron las amenazas, ddeclaró a IPS Juliana Cano, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Los que huyen de sus regiones pero no salen de Colombia normalmente regresan si no consiguen trabajo”, luego de que el ministerio del Interior y Justicia suspende una ayuda económica prevista para tres meses, de unos 340 dólares por mes, explicó.
El apoyo estatal a periodistas amenazados incluye medidas de seguridad, que son definidas según el nivel de riesgo que evalúen la policía o el servicio de inteligencia presidencial. El ”esquema de seguridad”, en lenguaje de los expertos, puede incluir simplemente un teléfono celular de dotación, pero también llegar hasta la decisión de sacar al periodista de Colombia. Cano señala que la mayoría de quienes huyen de las provincias ”regresan a trabajar como periodistas pero tratan de buscar un cambio de frente”, abandonando por completo el trabajo sobre el conflicto armado, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción local. ”Se dedican a temas sociales, como salud y educación, y a cubrir cosas como el cumpleaños de alguien en la región o la última inauguración oficial”, precisa.
En las zonas de guerra, muchas emisoras comunales se limitan a pasar música y los periódicos muestran un panorama idílico. Según Eduardo Márquez, catedrático de periodismo de la universidad privada Sergio Arboleda, ”desde 1988 hasta la fecha en Colombia han sido asesinados 126 periodistas, la gran mayoría por cuenta del ejercicio del oficio”. Pero varias organizaciones tratan de depurar esa cifra, contabilizando sólo las muertes debidas a la labor periodística.

La principal institución que lleva ese conteo depurado es la Flip, que lanzó con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, un informe sobre la situación del periodismo en Colombia durante los últimos 12 meses, junto con el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), con sede en New York, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París. Cano adelantó a IPS las estadísticas más protuberantes del año corrido: ”Amenazados, 34; asesinados por el oficio, dos; muerto en fuego cruzado (durante un combate), uno. Otro murió acuchillado en su lugar de trabajo, pero aún no tenemos claro si se trató de un crimen por el ejercicio del periodismo”, dijo.
Tres sufrieron secuestros breves y luego fueron liberados. Uno de esos casos fue el de una mujer embarazada que, mediante torturas durante su secuestro, fue ”convidada” a callar por paramilitares. Los otros dos son periodistas del diario bogotano El Tiempo. ”Autor, las FARC (las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por haber entrado sin permiso a una zona” controlada por ellas, prosiguió Cano. En el periodo considerado, nueve periodistas huyeron de Colombia, dos de ellos en 2004. En esa cuentas no figura, por haberse ido en abril de 2003, Fernando Garavito, quien era columnista del semanario bogotano El Espectador cuando recibió amenazas por escribir sobre el pasado del presidente Alvaro Uribe. Garavito siguió publicando su columna a través de Internet. A pesar de ser Garavito un experimentado periodista, que nunca en su carrera de más de 30 años ha tenido que rectificar un informe, sólo en diciembre comenzó a recibir ingresos estables en el país que lo acogió, Estados Unidos. Durante meses, él y su familia sobrevivieron gracias a la solidaridad de periodistas estadounidenses y amigos de Colombia.

Atentados, tres”, continuó Cano, explicando que uno sólo figura en la estadística pero no se puede dar ni el nombre del periodista, ni el del medio en que trabaja, ni el de la ciudad donde ocurrió el ataque, pues la víctima está tan atemorizada que prefiere que su caso pase inadvertido. Otros tres miembros de su familia, también periodistas, han sido asesinados desde 1991. ¿Motivo? ”La independencia periodística”, dijo Cano. No se cuenta como ”atentado” sino como ”error profesional” el caso de un periodista de El Tiempo que, contrariando normas de seguridad acordadas informalmente dentro del gremio y basadas en el Derecho Internacional Humanitario, permitió que su reportero viajara en un helicóptero militar que fue atacado por la guerrilla. El periodista resultó herido. ”El ataque no iba contra él como periodista, sino contra el helicóptero militar”, precisó Cano. El criterio empleado por la Flip en el conteo es producto de años de reflexión colectiva. A esa reflexión empujan, por supuesto, las cifras, que sitúan a Colombia entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Por eso cada vez más periodistas colombianos buscan maneras de hacer convivir la guerra con el compromiso con la verdad. ¿Un imposible? ”Obstrucciones al ejercicio periodístico, que es cuando, por ejemplo, los militares llaman al periodista a decirle que no publique, tres. Ahí hay subregistro, porque dependemos de que el periodista acepte que está recibiendo presión”, apuntó Cano.
Perseguidos, amenazados, vapuleados y muy mal pagados

En 2003, la hipótesis de que el conflicto armado que vive Colombia hace 40 años es causa principal de los ataques a la prensa fue a contramano de los hechos. Tres de los cinco muertos estaban denunciando corrupción. Cuando un periodista amenazado por cubrir corrupción en su región regresa, ”no vuelve a sacar información en contra de la administración, se cuida más”, dijo Cano. ”En materia de derecho a la información estamos peor que nunca”, opinó Márquez, para quien ese derecho ciudadano está amenazado también por ”la posibilidad de la censura a través del Estatuto Antiterrorista”, en camino de aprobación en el parlamento y que permite realizar interceptaciones telefónicas, allanamientos y detenciones sin orden judicial. ”¿Qué puede esperar un periodista que esté haciendo una investigación sobre corrupción de agentes del Estado? Y todo esto sobre el telón de fondo de la guerra, donde paramilitares, guerrilla y militares pretenden convertir a los periodistas, cada uno, en sus voceros”, señaló. Márquez es representante en Colombia de la Federación Internacional de Periodistas, con sede en Bruselas, y dedica parte de su tiempo a promover la agremiación de los periodistas colombianos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Ambeyi Gabo, estableció, tras su viaje a Colombia en febrero, que en ese país ”la categoría profesional peor pagada es la de los periodistas”. Pero ”estar sindicalizado en Colombia es prácticamente un crimen. Es mucho más fácil crear un grupo armado que un sindicato”, por la oposición de los empresarios, afirmó Márquez. Actualmente, embriones de sindicatos de periodistas ”se reúnen periódicamente, a escondidas y con sigilo respecto de sus empleadores, para exigir cosas tan elementales como las ocho horas de trabajo, una conquista laboral del siglo XIX”, reveló. Pero ”tanto los medios como los periodistas tienen intereses comunes, que son mejorar la calidad de la información e intentar consolidar la desvalida democracia colombiana. Desde esta perspectiva, se debería rodear de garantías la creación de organizaciones de periodistas”, concluyó el catedrático.(Fuentes: Periodistas-es, Terra Actualidad-Europa Press e IPS)

25.10.07

Colombia: Masacres paramilitares

LOS 'DESMOVILIZADOS' SE BURLAN DE LA LEY DE 'JUSTICIA Y PAZ ' PERO SE APROVECHAN DE SUS BENEFICIOS

.El Gobierno no logra encontrar 3.588 fosas con víctimas de los paramilitares.
.La Fiscalía sólo ha identificado al 5% de los autores de 86.540 asesinatos registrados


El Alto Comisionado para la Paz, un cargo que depende directamente del Presidente colombiano, anuncia que el gobierno no logra ubicar 3.588 fosas de víctimas de los‘paras’. Y eso que los dirigentes paramilitares, acogidos a los beneficios de la llamada Ley de Justicia y Paz , tienen la obligación de dar a conocer los lugares donde enterraron a las víctimas de sus matanzas.
Luis Carlos Restrepo dice, además que de las 86.540 presuntas víctimas que tiene registradas la Fiscalía, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el 95% no tiene identificado al victimario. Lo que significa que, la inmensa mayor´`ia de los paramilitares que se acogen a la Ley, para quedar exculpados, apenas confiesan una mínima parte de sus delitos, seguramente los menores.
El alto comisionado para la Paz agrega que 12.315 desmovilizados han recibido beneficios dentro de la Ley y que tan sólo a 50 de ellos se les ha negado esos beneficios.
Aun quedan pendientes 19.377 'paras', para lo cual se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de la República. De estos últimos, quedan pendientes por rendir versión libre ante la Fiscalía General de la Nación un total de 3.592 desmovilizados.

De los reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), se han desmovilizado 31.671.

El Alemán’ admite matanzas
En una de las últimas declaraciones de un mando paramilutar ante un fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, reconoció que hombres a su cargo asesinaron a 69 personas en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca(capital, Bogotá). Precisó que entre 2001 y 2002 envió 35 hombres en avión desde Urabá a Bogotá, con la misión de “hacer limpieza en la zona minera de esos tres departamentos, de simpatizantes de la guerrilla. En la diligencia judicial desarrollada en el Palacio de Justicia de Medellín, el jefe desmovilizado reveló que en 1998 viajó a Francia con visado norteamericano legal, asistió al Mundial de Fútbol de ese país y todo ese año estuvo de vacaciones por España, Cuba y Curazao.
Un tribunal condena a ex paramilitares por asesinato de sindicalistas

El Consejo Superior de Judicatura colombiana informó de la condena de dos ex jefes paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por los asesinatos de sindicalistas de la petrolera estatal Ecopetrol en el 2001. Los ex líderes paramilitares, Salvatore Mancuso(acogido a la ley de Justicia y Paz) y Carlos Castaño(desaparecido) recibieron la condena de 40 años de prisión, al igual que el ex paramilitar Uber Enrique Banquez.

Sin embargo, Salvador Mancuso sólo cumplirá una pena de ocho años por estar amparado en la Ley de Justicia y Paz, tras el acuerdo de desmovilización entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe. Por otra parte, Carlos Castaño consta como oficialmente fallecido en abril del 2004.
La condena encontró responsables a los tres ex paramilitares del secuestro y asesinato del representante de la Unión Sindical Obrera en Cartagena, Aury Sará Marrugo, y del conductor, Enrique Arellano Torres.
La sentencia también ordena a los condenados el pago a los familiares de las víctimas de una indemnización superior a los dos millones de dólares.
El fallo fue realizado por un juzgado especializado para juzgar los casos impulsados por la Organización Internacional del Trabajo(OIT).

Las tumbas del terror y la impasibilidad de la sociedad colombiana
El escritor colombiano Germán Uribe expresa su disgusto sorpresa por la apatía de una parte de la sociedad ante las confesiones de los temibles asesinos, que en cualquier otra parte, considera que produciría un rechazo generalizado. Lo hace en un artículo en la revista 'Semana', en el que escribe:

"Mientras la antropóloga María Victoria Uribe afirma acertadamente que “a la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 cadáveres en Sucre”, y Claudia López señala que “es difícil creerle a Uribe que está a favor de la verdad cuando sale a amenazar a quienes la investigan y exigen”, y mientras es palpable el superior afán gubernamental por atender a los victimarios por sobre las víctimas, cuánto nos gustaría que quienes no creen en estas apreciaciones, y corean la consigna presidencial de que en Colombia ya no hay paramilitares sino sólo guerrillas terroristas, sacaran un “tiempito” para leer algunos de los tenebrosos informes que se refieren a las cada vez más numerosas fosas comunes"

Y más adelante :. "Porque al leer testimonios al respecto, desde las Columnas de Opinión de cualquier país se habría producido una polvareda de padre y señor mío. ¿Quién puede justificar su avaro eco en Colombia frente a esta barbarie? : “Para que las víctimas no gritaran –dice un incriminado–, les cortaban la vena yugular. Algunas veces, antes de cortarles la cabeza, el comandante ponía un vaso y nos hacía tomar la sangre”. Lo que hasta ahora se ha venido revelando y evidenciando gracias a la Fiscalía y a la prensa, debería trascender el mero asombro para derivar en rabia, cólera y vergüenza no sólo de la opinión pública, sino, y con un mayor acento, de quienes dicen interpretarla. Los colombianos no contaminados por el espectro del paramilitarismo, tras conocer pormenores nuevos del maniobrar de este engendro pestilente con el que los innombrables asesinos quisieron fundar en Colombia “una nueva patria”, no hemos sabido reaccionar. Ojalá no sea ese 30 por ciento de impasibles frente al paramilitarismo del que hablara SEMANA como resultado de unas encuestas, ni aquel recurrente 70 por ciento presidencial, quienes terminen adormeciendo la conciencia de los colombianos todos, dándole paso al incremento de los crímenes de lesa humanidad e institucionalizando la impunidad, porque de llegar a ser así, nuestro país pasaría de ser inviable para, simplemente, convertirse en una república indeseable dentro del concierto de las naciones civilizadas."

En otro párrafo, dice el escritor para concluir: "Quienes tuvieron la oportunidad de conocer del modus operandi en las fosas comunes hasta ahora descubiertas, comprenderán mi indignación y seguramente se sumarán a ella. Quienes no, he aquí algunos espeluznantes detalles: “… no sólo diseñaron un método de descuartizar seres humanos, sino que llegaron al extremo de dictar cursos utilizando personas vivas… eran pruebas de coraje… personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas… las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlas vivas… El uso de la motosierra no era práctico porque la motosierra se enreda en la ropa, y por eso prefieren el machete… recibieron un tiro en la cabeza y luego fueron partidos en cada articulación prominente. ¿Por qué descuartizar? Por un pragmatismo macabro: ante la necesidad de correr menos riesgos con jueces de aquí y del mundo por crímenes de lesa humanidad, tenían que enterrarlos. Y para no tener que cavar fosas muy profundas –para ahorrar esfuerzo–, lo mejor era partirlos en pedazos… A la medida del tronco (de la víctima) usted hace el hueco, aunque hondo. Y todas las piezas las mete…” Ciertamente, escribo avergonzado…"
El periodista Giovanni Alvárez abandona Colombia por seguridad
Reporteros Sin Fronteras (RSF) lamenta el exilio forzoso de Giovanni Alvárez, de 43 años, quien el 19 de octubre de 2007 se vio obligado a abandonar el territorio colombiano tras recibir amenazas de muerte. El periodista de la radio comunitaria 'La Nueva' denunció en antena algunos casos de corrupción, en los que están implicados políticos del Departamento del Atlántico (Norte).

"La marcha forzosa de un periodista es siempre un revés para la libertad de prensa, y el balance del año 2007 comienza tristemente a parecerse al de 2006, un año en el que se vieron obligados a exiliarse, o esconderse, siete periodistas. Giovanni Alvárez se expatría pocos días de que lo hiciera Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald. Esperamos los primeros resultados de la investigación, efectuada a nivel local, sobre las amenazas recibidas por Giovanni. Sin embargo consideramos que, teniendo en cuenta su amplitud, el exilio forzoso de profesionales de los medios de comunicación merecería un tratamiento de mayor relieve, a nivel gubernamental. La administración del presidente Alvaro Uribe, encausada en ocasiones en atentados a la libertad de prensa, tiene que dar más muestras de que está a favor de ella", ha declarado RSF.
El 19 de octubre de 2007 Giovanni Alvárez salió del territorio colombiano en avión, desde el aeropuerto de Barranquilla, según declaraciones de su hijo a la policía. La familia, que se encuentra bajo protección policial, ignora donde está el periodista, blanco de amenazas de muerte desde que revelara en antena algunos casos de corrupción que salpican a la clase política de la región."Sabíamos que iban a atentar contra Giovanni Alvárez antes del 28 de octubre. Todavía no hemos identificado el origen de las amenazas, pero la investigación continúa", ha manifestado el coronel de la policia Carlos Rodríguez.
-El 4 de octubre Gonzalo Guillén se vio forzado a expatriarse. Había sido amenazado de muerte por teléfono después de que Alvaro Uribe le acusara de participar en la redacción de un libro en el que se cuentan las supuestas relaciones del actual presidente de Colombia con el narcotraficante Pablo Escobar. El periodista sospecha que los autores de las intimidaciones son unos asesinos a sueldo, que trabajan por encargo de los paramilitares.
-El 8 de marzo, Darío Arizmendi Posada, director de información de Radio Caracol, tuvo que abandonar el país amenazado por un grupo desconocido.
-Dos semanas más tarde hizo lo mismo Germán Hernández Vera, director de la redacción del Diario de Huila (Sudoeste), que estaba en el punto de mira de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
(Fuentes: El Heraldo de Barranquilla, Agencia PÚLSAR, Semana.com y Periodistas-es)

17.10.07

Colombia:Uribe-paramilitares

UN TERCER PERIODISTA RECIBE AMENAZAS DE LOS GRUPOS PARAMILITARES, DESPUÉS DE SER INSULTADO POR EL PRESIDENTE COLOMBIANO
.Uribe le llamó, en la radio en directo, "cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional"

.En las amenazas, el grupo paramilitar 'Águilas Negras' denomina al presidente colombiano "el jefe"


Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha vuelto a protestar ante el Gobierno de Colombia, esta vez por las acusaciones que, el 9 de octubre de 2007, dirigió el presidente Alvaro Uribe al periodista Daniel Coronell, director de información del canal público de televisión Canal Uno y editorialista de la revista Semana, en el curso de una discusión en antena en la emisora de radio La FM. Tras la entrevista, en la que Álvaro Uribe calificó al periodista de "mentiroso". Coronell, ha recibido amenazas de muerte, por correo electrónico, firmadas por el grupo paramilitar Águilas Negras, muy activo en el norte del país.
El 4 de octubre de 2007 Gonzalo Guillén,(ver Pepitorias) corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española El Nuevo Herald, tuvo que abandonar el país temiendo por su seguridad, tras recibir veinticuatro amenazas telefónicas. Dos días antes, el presidente acusó en la prensa al periodista de ser "el negro" de Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, quien recientemente ha publicado el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar", en el que se cuentan las presuntas relaciones que habría mantenido el actual Presidente con el célebre narcotraficante.

"Como continuación de nuestra carta abierta del pasado 4 de octubre, una vez más hacemos un llamamiento al presidente Álvaro Uribe para que sea más prudente en sus declaraciones. Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas, como lo demuestran las amenazas recibidas por Daniel Coronell, quien ya tuvo que marcharse del país con su familia en 2005, y por Gonzalo Guillén, que a su vez acaba de expatriarse. Los ataques personales de Álvaro Uribe son una cosa y otra muy distinta las amenazas de muerte de paramilitares, que se reclaman de él. El gobierno debería poner el mayor interés en dar muestras de compromiso persiguiendo más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas, y en particular a las siniestras Águilas Negras", ha declarado la organización, que añade en su misiva a Uribe:.'Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas', señaló.Afirmó que las advertencias a informadores son algo mucho más grave y pidió al Gobierno un mayor 'compromiso para perseguir más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas'

El 9 de octubre de 2007, Álvaro Uribe pidió a una presentadora de la emisora radiofónica La FM que llamara en directo a Daniel Coronell, quien acababa de publicar un editorial sobre las revelaciones contenidas en la obra de Virginia Vallejo. A lo largo de una hora el Presidente hizo varias acusaciones al periodista, llamándole "descuidado", "mentiroso", "canalla" y "difamador profesional".Alvaro Uribe cuestionó también a Daniel Coronell acerca de los motivos de su exilio en 2005, poniendo en duda las amenazas que entonces recibió el periodista. Según éste último, aquellas amenazas procedían de un ordenador(computador) del ex parlamentario Carlos Ander Simmonds, en otros tiempos muy cercano al Presidente, condenado por tráfico de droga en Estados Unidos.

Pocas horas después de la discusión Canal Uno recibió un correo electrónico, dirigido al periodista, en el que figuraban amenazas de muerte. "Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe pondría su propia lápida. Todo el que arremeta en contra de nuestro presidente firmará su muerte", estaba escrito.

Uribe señala y los paras actúan

Por otra parte, RSF está sorprendida de que el pasado 10 de octubre fuera puesto en libertad a Luis Fernando Soto Zapata, detenido desde hace cinco años y ocho meses por el asesinato de Orlando Sierra Hernández, periodista del diario La Patria. El sicario, condenado a diecinueve años de cárcel, se ha beneficiado de una reducción de condena por buena conducta. El 30 de enero de 2002, a Luis Fernando Soto Zapata le grabaron mientras disparaba dos veces sobre el periodista. Los coautores del asesinato, Luis Miguel Tabares, alias "Tilín", y Luis Arley Ortiz, alias "Pereque", fueron condenados en mayo de 2005 a 28 años de cárcel. A Ferney Tapasco González, jefe de fila del Partido Liberal en el Departamento de Caldas (Centro) y antiguo diputado, sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, nunca le han encausado. Orlando Sierra Hernández le había criticado, en varias ocasiones, por algunos delitos que se le imputaban.

EL CPJ pide al presidente colombiano que se retracte

El Comité para la Protección de los Periodista (CPJ, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en donde se le insta a retractarse de las acusaciones realizadas a los periodistas Coronell y Guillén. Este último se ha visto obligado a abandonar su hogar en Bogotá tras recibir serias amenazas. El mandatario acusó al informador Coronell de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’.
Para el CPJ, los comentarios del presidente de Colombia pueden animar a quienes utilizan la violencia o amenazas a reprimir el trabajo de la prensa. Además, está el caso del periodista Guillén, a quien el presidente relacionó con la colaboración en la redacción del libro de Vallejo en el que se le vinculaba con el narcotraficante Escobar. Todo ellos y mucho más se recoge en la carta enviada por el CPJ al presidente colombiano. En ella el Comité se opone enérgicamente a las recientes acusaciones en contra de dos importantes periodistas. Ya que sus comentarios ‘estridentes y personales’ dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra ambos periodistas y provocó el exilio de uno de ellos. El mandatario solicitó a la presentadora del programa de noticias matutino de la estación de radio La FM que llamara al reconocido periodista Daniel Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, según el CPJ. Uribe señaló que quería refutar información de la última columna del periodista en Semana dónde Coronell menciona recientes acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar.
Después de negar con vigor haber tenido vínculos con Escobar, el presidente entabló una áspera discusión de una hora al aire con Coronell, calificando al periodista de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’. Aunque el CPJ reconoce su derecho a estar en desacuerdo con sus críticos, consideran que su reacción fue ‘irresponsable e imprudente’. Y es que horas después de estas acusaciones en contra de Coronell, Canal Uno recibió una amenaza de muerte por correo electrónico. ‘Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe se pondría su propia lapida,’ indicó el mensaje.
Otro conocido periodista colombiano, el corresponsal del diario El Nuevo Herald de Miami, Gonzalo Guillén, se vio obligado a abandonar su hogar en Bogotá esta semana tras recibir más de 20 amenazas de muerte tras comentarios que el mandatario colombiano efectuó en dos radios nacionales, según afirma el CPJ. Para el Comité para la Protección de los Periodistas, estas acusaciones sin fundamento han puesto en peligro la vida de estos dos informadores, por lo que a través de dicha carta se le exhorta a que se retracte públicamente de los recientes comentarios.

Comisión constata ataques militares contra manifestantes

Precisamente la actuación impune de los grupos paramilitares en las zonas campesinas de Colombia, fue una de las razones que movilizaron a miles y miles de personas la semana pasada en la llamada Movilización Nacional Agraria. Las marchas fueron duramente reprimidas y la represión dejó numerosos heridos y detenidos.

Ahora se presenta la primera denuncia: miembros de la Asociación para la Cooperación con el Sur (Acsur), participantes de la movilización agraria el día 13, fueron duramente atacados por parte miembros del ejército, la Policía Militar y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El ataque se sucedió mientras las comunidades de la zona norte del departamento del Cauca regresaban hacia sus lugares de origen en una caravana acompañada por una Comisión de Verificación de Derechos Humanos.
Desde el 12, la Comisión, integrada por la Personería del municipio de Santander de Quilichao, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Defensoría Regional del Pueblo y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, está en el área de la zona de concentración con el fin de verificar los hechos ocurridos durante la brutal arremetida de miembros de la fuerza pública en contra de las comunidades movilizadas en el día anterior (11), en que uno de los manifestantes que resultó gravemente herido - él se sometió a una delicada operación médica de alto riesgo, su pronóstico es reservad.
Los representantes de la Comisión constataron "que en la zona de movilización no hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos insurgentes, sino una feroz arremetida por parte de agentes del ejército, la Policía Militar y el Esmad contra los manifestantes". Pues la población sólo portaba palos y piedras como arma de defensa y fue agredida con gases lacrimógenos, artefactos explosivos con metralla, tiros de goma y de armas de fuego de corto y largo alcance.
"Las comunidades movilizadas, pertenecientes al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, esperan que con los resultados obtenidos durante esta visita de verificación se inicie un proceso de investigación al estado colombiano por sus responsabilidad en el tratamiento militar dado a los manifestantes que participaron de la jornada, y se frene el hostigamiento a quienes fueron heridos en desarrollo de estos hechos", dijo la Acsur en comunicado.
Los afectados piden que el estado colombiano indemnice a las víctimas por el actuar criminal de su fuerza pública. Además, la Asociación dijo que espera que los procesos de judicialización en contra de los manifestantes sean clausurados por no haber razones reales para la apertura de los mismos. Los manifestantes expresaron que, pese al actuar del estado colombiano, continuaran trabajando para alcanzar las banderas de su justa lucha.
(Fuentes: Periodistas-es, Reporteros Sin Fronteras y Adital)

16.10.07

Colombia-México: Libertad de Prensa

ADVERTENCIAS SOBRE LAS AMENAZAS A LA PRENSA EN COLOMBIA, PETICIÓN A URIBE PARA QUE RECTIFIQUE Y MÉXICO SEÑALADO COMO EL PAÍS MÁS PELIGROSO
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)ha llamado la atención sobre las amenazas a los periodistas en Colombia que se producen de forma continua en los últi mos seis meses, así como sobre las obstrucciones al trabajo de los medios de comunicación.
El informe señala que la Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP) dice que en Colombia existe una situación de riesgo para los periodistas en 50 municipios del país, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Arauca y Caquetá, donde hubo "violaciones contra los comunicadores". Entre los hechos positivos, los delegados de Colombia destacaron en su informe preliminar que se pudo identificar a los responsables de los asesinatos de dos periodistas. Uno de ellos fue condenado a 13 años de prisión y a pagar una multa de 30 salarios mínimos. El director del diario El Nuevo Herald de Miami, en tanto, pidió a la SIP que reclame al presidente colombiano Alvaro Uribe que aclare y rectifique la situación de un corresponsal de su publicación que debió exiliarse en Perú tras recibir numerosas amenazas de muerte. Le solicitó además que haga gestiones para que el periodista pueda regresar a Bogotá. El reportero Gonzalo Guillén, que preparaba un libro sobre el narcotraficante Pablo Escobar que podía poner en entredicho a Uribe, fue amenazado después que el presidente colombiano lo tildó de "calumniador".

"La situación de Guillén es tenebrosa", expresó el director del 'Herald' Humberto Castelló después que la SIP presentó el informe preliminar sobre la situación de la libertad de prensa en Colombia ante unos 500 delegados. "Llamo al presidente Uribe a que se rectifique y aclare la situación de nuestro corresponsal".Castelló explicó que su diario recibió amenazas con detalles de lugares que frecuentaba Guillén y que "allí mismo podrían aniquilarlo".Recientemente la SIP pidió a Uribe "evitar las descalificaciones... de periodistas y medios de comunicación", al salir en defensa de Guillén. Las amenazas proceden de grupos paramilitares, con los que se ha vinculado, en numerosos informes, al Presidente Uribe, que ahora aparece en dos libros recien publicados-uno de la ex-amante de Pablo Escobar Virginia Vallejo y otro el de Guillén- con relaciones con el narcotraficante, uno de los líderes del Cartel de Medellín.

La SIP considera a México como es el país más peligroso para ejercer el periodismo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que México se ha convertido en el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, a pesar de que se han producido avances legislativos con la despenalización de los delitos de prensa.
En el último semestre se ha mantenido un nivel de "alto riesgo" para los periodistas debido a los asesinatos y agresiones físicas y a la impunidad de crímenes que siguen sin resolverse, señala la SIP en un informe preliminar sobre la libertad de prensa en México, país en el que, desde marzo pasado, han sido asesinados seis trabajadores de prensa, han desaparecido otros dos reporteros y nueve periodistas fueron amenazados. Estos datos revelan, a juicio de la SIP, que la inseguridad para la prensa y la impunidad siguen siendo temas pendientes.En una entrevista con la agencia AP, el director de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, destacó que a pesar de los avances legislativos que despenalizaron los delitos de difamación, injuria y calumnia, se han incrementado los riesgos para los periodistas en México."México se ha convertido en el país donde es más peligroso ejercer el periodismo. El crimen organizado y el narcotráfico asesinan periodistas con demasiada impunidad y el estado debe actuar y responder de una manera más enérgica".
La SIP señala que, como contrapartida, "fue positiva la reforma legislativa" después que el Senado aprobó en abril la despenalización de los "delitos de prensa", aunque advierte que si bien la reforma está vigente en el fuero penal, falta que sea desarrollada en todos los estados mexicanos.
(Fuente: Periodistas-es)

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