Honduras:Golpe de Estado, Resistencia y Represión

LOS GOLPISTAS SUSPENDEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA ENDURECER LA REPRESIÓN. DETENCIONES, DESAPARICIONES, TORTURAS, CIERRES DE MEDIOS Y OTRAS VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE LOS DD.HH. EL 'GOBIERNO DE HONDURAS EN LA RESISTENCIA' SE UNE A LA CRECIENTE REVUELTA ANTIGOLPE

El Congreso de Honduras, a petición del presidente de facto, Roberto Micheletti, decretó el miércoles la suspensión de las garantías constitucionales de la ciudadanía, mientras continuaban las manifestaciones en contra y a favor del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

Las garantías estarán suspendidas mientras dure el toque de queda implantado porlos golpistas desde las 22 a las 5 (hora local) del día siguiente. El decreto tiene el propósito de impedir las manifestaciones en apoyo al Presidente constitucional Manuel Zelaya, quien fue capturado en forma violenta por los militares y expulsado a Costa Rica el pasado domingo.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras considera que la suspensión de las garantías constitucionales de la ciudadanía constituye una "violación gravísima" a la legislación del país y de los tratados internacionales, porque limita la libertad de reunión yde manifestación pública. El Ejército podrá entrar en residencias privadas sin necesidad de orden judicial y detener a personas por más de 24 horas sin presentar cargos. También fue derogado el derecho a la libre asociación y la libre circulación mientras dure el toque de queda, por el momento hasta el sábado de las diez de la noche a las cinco de la mañana.

La aprobación del decreto contrasta con las declaraciones que dio ayer el presidente golpista Micheletti asegurando que hay tranquilidad en el país y que los hondureños han vuelto a sus actividades normales.

Unas 20.000 personas participaron en la manifestación realizada el miércoles en Tegucigalpa por las organizaciones populares en apoyo al regreso de Zelaya, también hubo protestas con bloqueos de carreteras en los departamentos de Olancho, Colón y Santa Rosa de Copán.

Los manifestantes gritaron, entre otras consignas, "Mel, amigo, el pueblo está contigo", "Mel viene y nadie lo detiene" y "Fuera, fuera, Micheletti".

El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas, la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas y el Consejo Nacional Campesino, denunciaron, mediante un comunicado, que las jornadas de protestas que comenzaron el domingo dejaron 55 heridos y más de 120 personas detenidas por militares y policías.

El comunicado llama a las organizaciones populares a mantener "la resistencia y la movilización popular en forma definida en todas las regiones del país" hasta que Zelaya sea restituido.

La Unión Cívica por la Democracia, que aglutina a los golpistas, también realizó movilizaciones "por la paz" en Tegucigalpa y en las ciudades de Choluteca y La Ceiba, con el argumento de rechazar supuestas injerencias de los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. En Tegucigalpa los simpatizantes del gope se reunieron anoche frente a las oficinas de las Naciones Unidas, donde mantuvieron velas encendidas y exigieron el respeto a la "autodeterminación" de los hondureños.

FIDH condena el golpe y las graves a los DDHH

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y mostró su preocupación por las “continuas violaciones” de los Derechos Humanos en las manifestaciones ciudadanas posteriores.

Un comunicado de la FIDH explicó que al “quebrantamiento” del orden constitucional le ha seguido “la vulneración” de los derechos humanos . Entre las violaciones a los derechos humanos, FIDH determinó detenciones ilegales, órdenes de captura en contra de dirigentes sindicales y otros líderes sociales, violaciones del derecho de libertad de circulación del pueblo hondureño, militarización de la capital, interrupción del servicio público de transporte y la clausura de medios de comunicación.

La FIDH exigió el restablecimiento del orden democrático, el retorno de un mecanismo de diálogo, la liberación de los miembros del Gobierno detenidos ilegalmente y la restitución del presidente Zelaya.

El Gobierno de Zelaya se une a la Resistencia

La población de Honduras continúa movilizada en rechazo al Golpe de Estado y en demanda de la restitución de la presidencia a Manuel Zelaya Rosales. El gabinete ministerial del presidente constitucional también mantiene la resistencia.

El Frente de Resistencia Popular de Honduras integrado por las centrales sindicales, campesinas y agrupaciones juveniles, femeninas y de derechos humanos, se manifiestó este miércoles en las cercanías de la casa presidencial en Tegucigalpa. A su vez, hay actos y movilizaciones en diversos puntos del país en el tercer día de un paro total convocado hasta el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el retorno de Zelaya a la presidencia.

Los actos de repudio al Golpe continúan a pesar de la represión mantenida por la policía y los militares. La integrante de la Organización Feministas en Resistencia de Honduras, Daisy Flores, señaló que la marcha se trasladó a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para expresar el apoyo a Manuel Zelaya.
Flores especificó que la marcha cuenta con más de 10 cuadras(manzanas) de convocatoria. A la vez, indicó que "la gente está saliendo a la calle" a pesar de que los medios de comunicación no están transmitiendo lo que sucede.

En diálogo con la transmisión especial de Radio Internacional Feminista, Daisy Flores comentó que el gobierno de facto "no va a lograr acallar al pueblo". Flores dio la estrevista desde la movilización que se desarrollaba en Tegucigalpa.

A su vez, el gabinete ministerial del presidente constitucional de Honduras, autodenominado Gabinete del Gobierno de Honduras en la Resistencia, anunció que se mantendrá en la resistencia pacífica hasta la derrota del Golpe de Estado y la restitución de Manuel Zelaya.

El Frente de Resistencia Popular de Honduras se prepara este jueves para continuar las marchas antigolpistas. En la multitudinaria manifestación ayer, los dirigentes populares exhortaron a los simpatizantes del Frente en la capital a contribuir para ayudar a las personas que vienen del interior, generalmente de los sectores más humildes.

El candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes exhortó a la multitud a hacer contribuciones monetarias para sufragar la alimentación de esas personas e incluso una mujer invitó a hacer "un teletón de la resistencia". Una dirigente femenina anunció que en la primera media hora se recogieron más de ocho mil lempiras (unos 400 dólares). La cifra puede parecer insignificante, pero procediendo de los sectores de menos ingresos de la sociedad, es significativa en un tiempo tan corto.

Minutos después, un representante del Movimiento Cristiano Popular anunció la donación de 50 colchonetas por esa organización y otras personas ofrecieron sus casas, las sedes de sindicatos y otros locales como alojamientos.

El Frente, creado el domingo último por las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, juveniles, de derechos humanos, feministas, entre otras, convocó para este jueves otra masiva marcha antigolpista. Este jueves entra en su cuarto día el paro total declarado por esas fuerzas para oponerse a la asonada golpista y lograr la restitución del presidente Zelaya.

"Resistiremos todo el tiempo que sea necesario", subrayó el candidato presidencial independiente y veterano dirigente sindical, Carlos H. Reyes.

El 95 por ciento de los medios hondureños, silenciados

El 95 por ciento de los medios de comunicación en Honduras dejaron de transmitir cualquier tipo de información relacionada con la expulsión del presidente Manuel Zelaya, según un análisis de la emisora Radio Globo. El estudio destaca de manera especial al canal 6 de Honduras, empresa privada de comunicación que se ha dedicado a la transmisión de programación para niños durante todo el día.

En otra nota de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña (OCLACC) se informa de que en la mañana del pasado lunes amanecieron militarizadas las instalaciones de la radio Católica en Trujillo.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), condenaron los "ataques" a periodistas tras el golpe de Estado en Honduras, en un comunicado divulgado el martes en Bruselas.
Ambas organizaciones "condenan con firmeza los ataques sufridos por los periodistas, así como el cierre y militarización de medios en Honduras", que son "consecuencia directa" del golpe de Estado contra el presidente "constitucional" Manuel Zelaya, según el comunicado .

"Los que han asumido el poder en Honduras se enfrentan a un aislamiento internacional unánime", declara en la nota Paco Audije, secretario general adjunto de la FIP, asegurando que no se permitirá "el intento de acabar con el pluralismo y silenciar a los periodistas".

Según la FIP y la FEPALC, "se han podido constatar la clausura total o temporal de emisoras como Radio Globo, el Canal 66 Maya TV, el Canal 11 y Radio Progreso".

Varias operadoras de cable, entre otras Cable Color, se vieron afectadas asimismo "por interferencias, para evitar que emitieran la señal de CNN en español y Canal Sur de Venezuela". Los corresponsales de esta última cadena y de la agencia AP fueron además "detenidos, aunque al parecer han sido liberados posteriormente. Periodistas de los diarios El Tiempo, La Tribuna y El Heraldo han sido agredidos", enumera el comunicado.

Ambas organizaciones saludaron por otro lado el "coraje de los compañeros del Canal 36 de televisión, que mantuvieron la emisión tras la llegada de los militares", quienes "rompieron las instalaciones, golpearon al único periodista que encontraron y retuvieron durante dos horas al personal administrativo".

En la misma nota, el director de la oficina de la FIP en Caracas, Gregorio Salazar, estimó que "los autores del golpe han fracasado al tratar de provocar un vacío informativo de los medios críticos". Salazar emplazó "a quienes han asumido el control del gobierno en Honduras a que respeten los derechos humanos y contribuyan a una pronta salida institucional de la crisis".

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha difundido un comunicado de alarma “por informes de que soldados hondureños detuvieron a siete periodistas informando para la agencia The Associated Press y la red de televisión regional Telesur el lunes en su hotel en Tegucigalpa”.

Según el subdirector del CPJ, Robert Mahoney: “Aunque los periodistas fueron liberados momentos después, nos preocupan otros informes de que medios audiovisuales internacionales han sido sacados del aire en Honduras, y exhortamos a quienes ostentan el poder a permitir que todos los periodistas y medios de comunicación puedan informar libremente y sin temor a represalias sobre la actual situación política”.

Secuestrado el caricaturista Allan Mc Donald
(Carta difundida por el portal español Periodistas-es)

Martes 30 de Junio de 2009 20:46
Verenice Bengtsson.- Soy una ciudadana de nacionalidad costarricense y hondureña, residente en Suecia, y me dirijo a ustedes a fin de de denunciar y hacer de conocimiento publico que el día 29 de junio por vía chat, a las 11 am hora de suecia y 3 am hora de Honduras, he sido informada por el conocido caricaturista Allan Mc Donald que fue secuestrado y detenido por las fuerzas armadas de Honduras , junto a su hija Abril de 17 meses.

Allan Mc Donald es un caricaturista que había mostrado a través de sus trabajos en el diario el Heraldo de Honduras , Times y http://www.rebelion.org/ su posición a favor de la consulta de opinión popular promovida por el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Allan me informó desde un hotel donde se encontraba detenido junto al consul de la República de Venezuela, y dos mujeres periodistas de España y Chile, a quienes no conocía, que el día 28 de junio de 2009 , luego del golpe de estado, un grupo de soldados de las fuerzas armadas de Honduras habían llegado a su casa en la comunidad de Santa Lucia, a unos ocho kilómetros de la capital Tegucigalpa, y la habían saqueado. Posteriormente hicieron una hoguera con todas sus caricaturas y su material de dibujo. Fue sacado de su residencia junto a su hijita, quien después de cerca de 24 horas no había consumido alimentos y solo le daban agua. No le permitieron portar ninguna pertenencia, dinero y solo lo acompañaba su pasaporte.

La comunicación no duró más de cinco minutos pues estaban trasmitiendo desde una computadora portátil perteneciente al diplomático venezolano. Me dijo que no había luz y la batería de la computadora estaba por agotarse. También estaban junto a ellos los periodistas hondureños Eduardo Maldonado y Esdras Amado López , quienes también son conocidos por su fuerte apoyo a la iniciativa ciudadana del gobierno de Manuel Zelaya. Sin embargo Maldonado y López, habían sido sacados del lugar juntos , horas antes y sin rumbo conocido.

Al momento de despedirse Allan, me dijo resiste y denuncia este hecho, esto lo vi solo en la televisión cuando ocurrió el golpe de estado del 1973. Cortó la comunicación porque, me dijo , ya vienen por nosotros. Aparentemente serian conducidos en un autobús y sacados del país por la frontera del Espino.

En este momento ignoro el destino y paradero de Allan Mc Donald , su hijita abril y sus otros acompañantes.

Este correo es la denuncia a nivel nacional e internacional, además es un llamado a la conciencia, esta época de terror parecía ser superada pero hemos retrocedido a la década de los 80 en un claro desconocimiento de los derechos humanos de un Congreso Nacional y una Corte Suprema de Justicia confabulados para sostenerse, violentándole los derechos elementales de la mayoría hondureña empobrecida. Este golpe de estado y todos los actos de este gobierno usurpador reflejan la poca vocación democrática de nuestra clase política.

Ultima actualización en Martes 30 de Junio de 2009 20:51


Evo Morales propone ante la OEA un Tribunal Penal ad hoc para juzgar a los golpistas de Honduras

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la creación de un Tribunal Penal Interamericano ad hoc para investigar y juzgar a los responsables de Golpe de Estado en Honduras contra el Gobierno de Manuel Zelaya.

Morales hizo la propuesta este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El presidente boliviano repudió al Golpe e informó que enviará en las próximas horas la propuesta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

El Tribunal Penal Interamericano se basa en instrumentos del derecho internacional como la Carta de la OEA, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos.

A su vez, Morales señaló que el objetivo es "trabajar en la creación de un Tribunal Penal Interamericano permanente para la defensa de la democracia en toda América".


(Fuentes:Télam,Agencia PÚLSAR,Prensa Latina, Periodistas-es, ANSA Latina y AFP)

Latinoamérica-España:Medios de Comunicación

Comunicarse con la otra orilla; sí, pero ¿desde qué orilla?

Por Javier Sáenz Munilla (*)

Dependemos del mismo instrumento, la lengua, y trabajamos con el mismo material, la información; además de lo de la ‘historia común’ y otros tópicos que se salen bastante de la verdad y que se basan en los viejos intereses de unos pocos, los de siempre. Pero por el mero hecho de pertenecer a la misma patria de la lengua, con los matices sonoros de cada cual, deberíamos estar mucho más en contacto de lo que estamos los informadores de ambas orillas. No existe, aunque lo pregonemos, la Comunidad Iberoamericana, fuera de los fastos de esas cumbres, y tampoco existe la correspondiente Comunidad de los Comunicadores de Iberoamérica. Habría que preguntarse si existe la de los Comunicadores de Latinoamérica y creo que tampoco.

Cualquier diálogo entre ambas orillas, especialmente en el campo de la información y la comunicación, debería basarse, por encima de todo, en la realidad. Se supone que nuestro negocio, el negocio de los informadores, está en contar la realidad y explicarla para que sea comprensible. Es, ya digo, algo que se presupone y que, sin embargo, no suele ser la regla que siempre se cumple.

Cuando en los últimos tiempos repetimos lo de que ‘el periodismo ha muerto’, que de tanto trivializarla estamos acabando con la información de calidad, que los medios ya no tienen otro interés que el pecuniario, etc, etc, no hacemos sino constatar lo que es la frustración cotidiana de las redacciones. Un sentimiento que se produce porque, como es lógico, los informadores sí sabemos, o debemos saber, qué es lo que pasa allí afuera y porque consideramos que lo que aparece en los medios no es la auténtica realidad, o no lo es completamente. Ya que, como estamos en el guiso, a nosotros no nos meten gato por liebre. Y lo más jodido -¡cómo no va a haber frustración!- es que nosotros somos los encargados de aderezar bien el engaño para que se lo traguen.

Yo sé que esa es la misma cuestión al otro lado del Océano, en la otra orilla. Y creo que sobre esto es, precisamente, sobre lo que debemos dialogar los informadores. Esencialmente esa es la cuestión, por supuesto con muchísimos matices y variadísimos aspectos. Pero la enjundia de cualquier diálogo entre los comunicadores de ambas orillas es el debate sobre el qué, quién, cómo, porqué, para qué (cuándo y dónde ya lo sabemos: siempre y aquí y allá) del extraordinario fenómeno que hace que la ‘realidad’ que contamos en los medios sea cada día menos parecida a la que nosotros observamos y que incluso consideramos, quizás erróneamente, como la verdadera realidad. Un grave ‘trastorno de la personalidad’ que, en algunos casos, produce auténticas aberraciones.

El diálogo ha de basarse en la realidad y no todas las realidades son iguales, como no lo son todos los trastornos. A este lado del charco, si nos ponemos brutos y empezamos a contar con pelos y señales porqué no decimos toda la verdad de esto y aquello, quiénes son con nombres y apellidos los que nos lo impiden, qué ganan si no lo contamos y qué pierden si es que sí, cuántos resultan perjudicados para que aquellos pocos se beneficien, etc, etc, como mucho nos quedamos sin trabajo, nos ponen un multazo o quizá hasta nos metan en el trullo por unos años. Eso pasa, ¿o no? Bueno, pues en Latinoamérica…

En Latinoamérica han sido asesinados más de 300 periodistas en una década, unos 60 en los dos últimos años. Se supone que por atreverse a contar la realidad. México es el país más peligroso del mundo por el número de informadores asesinados. Colombia es el segundo. En México, sólo en 2008, hubo 12 periodistas muertos y 2 desaparecidos, según el informe, actualizado a primeros de Diciembre, de la FELAP (Federación Latinoamericana de Periodistas). 86 asesinados y 9 desaparecidos en los últimos 25 años. Varias decenas más han tratado de salvar el pellejo exiliándose o cambiando de estado. Otros han sufrido palizas, extorsiones, asaltos a sus domicilios….Como dice un informe sobre México de Reporteros sin Fronteras a comienzos del 2008, “cualquier procedimiento es bueno para reducir al silencio a un periodista, cuando no paga con su vida el precio de su trabajo”.

Y qué decir del Segundo Campeón Mundial: Colombia. Paramilitares, narcos, militares, policías, guerrilleros, empresarios, ganaderos…y Uribe, ‘el señalador’. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha llegado a decir del presidente colombiano que sus “comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte y causaron exilios”. El CPJ denunció la “intolerancia” de Uribe hacia la crítica de los medios”, en el caso de Daniel Coronel, director de noticias del Canal 1 y columnista de la revista ‘Semana’, a quien el presidente de Colombia llamó públicamente “cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional”. También actuó Uribe de ‘señalador’ con Gonzalo Guillén, corresponsal del diario “El Nuevo Heraldo” de Miami, quien publicó investigaciones sobre las antiguas relaciones del presidente con el narcotraficante Pablo Escobar y a quien el mandatario tildó de “difamador de baja calidad”, tras lo cual el periodista recibió tan insistentes y claras amenazas de muerte, que decidió abandonar urgentemente Colombia. Hay que señalar que el poder de convocatoria de Álvaro Uribe es bastante grande entre las huestes paramilitares. A raíz de estos y otros casos, la Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER) acusó a Uribe de “desacreditar a los periodistas y de señalarlos como autores de hechos falsos o inexactos”.

No obstante, esta situación no es exclusiva del uribismo, sino un mal ya viejo. Según el recuento de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), en los últimos trece años han sido asesinados en Colombia 125 periodistas.

Hace un año, la Conferencia sobre Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Periodistas celebrada en Lima, Perú, con la participación de dirigentes y representantes de las organizaciones nacionales de periodistas de América Latina y el Caribe, señaló el aumento de la censura y la autocensura por falta de seguridad para los informadores, las presiones de las empresas y la indiferencia de los gobiernos. La conferencia dijo en sus documentos, también, que los crímenes contra los informadores son perpetrados por “sectores intolerantes que detentan el poder económico y político” y por “actores informales” como el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, etc. Que es “creciente” la indiferencia de los gobiernos para prevenir esos hechos y castigar a sus autores. Y que, entre los derechos de los informadores que son habitualmente vulnerados en la región figuran “la libertad sindical, el derecho a un salario digno, condiciones laborales adecuadas, estabilidad laboral, seguridad social”.

Ya sabemos que, en España, aun hay lugares, medios, cadenas, en las que ‘no es conveniente’ que el periodista esté sindicalizado. En varios países de América Latina estarlo puede ser mortal de necesidad. Especialmente en Colombia, donde decir sindicalista es decir ‘condenado a muerte’. Así, en 2008 fueron 86 los sindicalistas asesinados y 9 los desaparecidos. ¡Cerca de 920 sindicalistas exterminados desde el año 2000! Pero es que en Colombia, el terrorismo de Estado, aunque sus medios y los nuestros no lo digan, está asentado y bien establecido. Ya se acepta lo que se venía negando oficialmente y todo el mundo en Colombia sabía desde hace años que era cierto: que es práctica habitual en el Ejército matar a civiles, vestirlos de guerrilleros y presentarlos como ‘insurgentes’ caídos en combate. Se reconocen unos mil casos documentados, aunque algunas ONG aseguran que son más de 2000. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, los paramilitares asesinan del orden de 600 personas cada año; entre 1982 y 2005 perpetraron más de 3.500 masacres y se apropiaron (para eso matan y extorsionan) de 6 millones de hectáreas de tierra. Todas las partes implicadas en esta guerra no declarada, también la guerrilla, pero especialmente y mayoritariamente los paramilitares sin duda ninguna, han causado que en Colombia haya más de 3 millones de desplazados internos (3.281.000 en Junio de 2008, según el ACNUR). Los paramilitares controlan el 35 por ciento de los escaños del parlamento, mayoritariamente en las filas de los llamados ‘partidos uribistas’. ¿Quién habló de terrorismo de Estado? Evidentemente casi nadie. Ni allá ni acá.

El diálogo entre las dos orillas debe tener en cuenta, claro, la cruda y dura realidad. Y hacerse desde las perspectivas, sin duda distintas, de ambas realidades. Pero nosotros, los periodistas, los informadores, tenemos la obligación de exigir que se haga desde el punto de vista de quienes bregamos con la realidad y no desde el de quienes tienen la información como una mercancía o un arma para defender sus intereses de poder. Somos los informadores de esta orilla quienes estamos en disposición de ‘echar un cable’ a nuestros colegas latinoamericanos, como ellos nos los echaron de forma desinteresada cuando en esta lado mataban y encarcelaban a los defensores de la verdad y la libertad. No están en disposición de hacer lo mismo, como lo demuestran a diario, los grupos de comunicación españoles que se han expandido por la región latinoamericana y que acostumbran a poner por delante sus intereses empresariales, limitando y, en casos muy señalados, impidiendo, que se informe puntual y verazmente de lo que sucede en determinados países, donde, casualmente, o han penetrado o están engolosinados con la pronta concesión administrativa de algún medio de comunicación.

Como decía más arriba, a nosotros, como estamos en la cocina, no nos la dan con queso. Lamentablemente se la dan a los lectores, oyentes o telespectadores de sus medios, allá y acá. Y así se crean estados de opinión basados en muchas medias verdades y en bastantes mentiras. Y en eso, también tenemos responsabilidad. Y mucha.

Afortunadamente, en Latinoamérica, no aquí, las redes de comunicación comunitarias se expanden a una velocidad de vértigo. Especialmente por medio de la radio y de internet. Es un contrapoder informativo que llega ya a millones de latinoamericanos; un fenómeno paralelo al despertar político que se vive en muchos países donde ya las mayorías se niegan a votar por los caciques de siempre y llevan al poder municipal, departamental o a la Presidencia de la República a líderes que intentan gobernar para sus pueblos. Entre esas mayorías, la verdad, no estamos muy bien vistos los periodistas al uso; ni tampoco los grupos empresariales de comunicación que operan, a tenor de sus intereses, contra esa corriente, tanto desde los medios colonizados allí como desde sus casas-madre en esta orilla.

El diálogo de los informadores de ambos lados del Océano debe tener muy en cuenta estas realidades y abrir los canales de comunicación que permitan que, desde las dos orillas, en un mismo idioma, defendamos los mismos derechos y libertades, para que la realidad que vemos y la que contamos sea una sola y, a ser posible, la de verdad.

(*)Este artículo se publica en el nº1 de la revista del Observatorio MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (PDF )de la Fundacion 1 de Mayo de Comisiones Obreras.

Paraguay:Medios de Comunicación

LOS PERIODISTAS PARAGUAYOS DENUNCIAN UN PANORAMA SOMBRÍO DE BAJOS SALARIOS, MALAS CONDICIONES LABORALES, AUTOCENSURA, FALTA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PERSECUCIÓN SINDICAL E IMPUNIDAD PARA LOS ASESINOS DE VARIOS INFORMADORES

Nueve de cada diez periodistas de Paraguay no tienen seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Y hasta un 30 por ciento de ellos cobra menos del ya reducido salario mínimo que es el equivalente a 259 dólares estadounidenses (1.341.000 guaraníes, la divisa nacional). Esos índices señalan el deterioro de sus condiciones de trabajo y son –en sí mismos- “un ataque a la libertad de expresión y de prensa”. Así lo señalan en una carta presentada ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por Vicente Artemio Páez Chávez y Pedro Benítez Aldana, Secretario General y Secretario General Adjunto del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).

Páez señaló también que “la libertad de expresión es un triunfo obtenido por el pueblo paraguayo, tras décadas de opresión impuesta por la dictadura stronista (del general Alfredo Stroesner), asociada a las demás dictaduras de América del Sur”, pero añade que esa libertad es cercenada a diario para evitar que la mayoría se vea reflejada en los medios.

El SPP recuerda que el modelo del espectro audiovisual y radioeléctrico es paralelo al del reparto de la propiedad agraria, un sector que sigue siendo decisivo para el país. El 80 por ciento de la tierra está en manos del uno por ciento de la población. Diversas comunidades siguen demandando un mejor reparto de las frecuencias. La información sobre las condiciones materiales de la población y la calidad informativa se resienten por el reparto desigual.

Y las condiciones materiales que pesan sobre los periodistas inciden en la autocensura. Casi una tercera parte señalan que se autocensuran por temor a perder su empleo. Hasta un 18 por ciento lo hacen para no desagradar a los que pagan la publicidad y a los patrocinadores de los medios. Una situación recurrente en otros países de América Latina, según datos manejados por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), rama regional de la FIP (Federación Internacional de Periodistas).

En la carta se reclama a las autoridades la inspección de las 500 empresas de comunicación que existen en Paraguay que -en gran medida- infringen las leyes laborales. En especial, se señalan los quebrantos de salud que sufren los trabajadores de la comunicación y la inacción del IPS por la falta de cotización de las empresas, que afecta a los periodistas jubilados. El SPP pone ejemplos concretos como el siguiente: “A consecuencia de esta deficiencia, casi delictiva de la previsional, muchos trabajadores no se pueden jubilar, porque los patrones descuentan los aportes y no los transfieren al IPS. Como ejemplo tenemos el caso de los trabajadores del desaparecido diario Noticias, cuya patronal quedó adeudando más de 1.200 millones de guaraníes (unos 230.000 dólares al cambio actual), evadiendo cerca de cuatro años de aportes de los trabajadores. Hasta el momento, el Instituto de Previsión Social no inició demanda alguna contra el ex dueño de este malogrado diario, Eduardo “Bilo” Bo”.

Para el SPP, la persecución sindical, los ataques a los periodistas y el desprecio de las patronales, reflejan ese clima: “La impunidad sigue vigente. Los asesinatos de los periodistas Santiago Leguizamón, Salvador Medina, Calixto Mendoza, Yamila Cantero, Angela Acosta y Tito Palma, entre otros, siguen sin esclarecerse. El transcurrir de los años debilita la esperanza de que se pueda hallar la justicia y condenar a los culpables, sean materiales como intelectuales de estos homicidios, ocurridos en diversas regiones del país”.

Además, la información de interés y servicio público se ven distorsionados por la distribución de la tarta publicitaria, tanto estatal como privada. Para modificar eso, el SPP reclama pluralismo y calidad periodística, a través del reforzamiento de la televisión y de la enseñanza públicas.
Para abrir el espectro informativo, los periodistas paraguayos reclaman también “el respeto a las radios comunitarias que con esfuerzo se erigen en las comunidades”.

Vicente Páez y Pedro Benítez Aldana, dirigentes del SPP, vinculan su análisis y sus peticiones a la defensa del “derecho al habla, el ñe´e, que –terminan- para nosotros los guaraníes, es supremo”.

(Fuente: Federación Internacional de Periodistas-FIP)

México: Libertad de Expresión

CON EL ASESINATO DE UN PERIODISTA , EL EXILIO DE OTRO Y VARIOS ATENTADOS Y AMENAZAS, COMIENZA OTRO AÑO INQUIETANTE PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Un grupo de pistoleros ha asesinado en Camargo, municipio fronterizo con Texas, al periodista Francisco Ortiz Monroy, de 48 años, corresponsal del Diario de México.
El sitio en Internet www.infonorte.net informa que la Procuraduría General de la República en Tamaulipas ha facilitado el dato de que Ortiz resultó muerto de ocho balazos, disparados desde una camioneta en una calle de la zona centro de Camargo, el martes 5 de febrero. Ortiz intentó huir y refugiarse en una casa, pero fue alcanzado por los pistoleros Es el primer ataque mortal contra un periodista en México en lo que va de saño y eleva a 36 los periodistas asesinados en los últimos siete años, a los que hay que sumar 6 periodistas desaparecidos. En 2007 desaparecieron tres periodistas y cuatro fueron asesinados. Segun le informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las agresiones contra los comunicadores son cada vez 'más violentas'

Un periodista forzado a exiliarse, su diario se autocensura

La organización Reporteros sin Fronteras muestra preocupación tras conocer el exilio de Carlos Huerta Muñoz, del diario Norte de Ciudad Juárez , que se ha visto obligado a salir del país tras recibir amenazas de muerte, el pasado 30 de enero. Al día siguiente, la dirección del periódico decidió limitar al máximo la publicación de investigaciones sobre el tráfico de droga, y atenerse a la información oficial al respecto.

Otros dos casos han venido a dar testimonio de una situación que continúa siendo alarmante para la prensa mexicana : el atentado con disparos contra Octavio Soto Torres, director del diario Voces de Veracruz, ocurrido el 23 de enero en Pánuco (Veracruz), y el registro del domicilio de Cecilia Vargas Simón, del diario La Verdad del Sureste, el 27 de enero en Villahermosa (Tabasco).

“Un exilio forzoso, un atentado y la efracción del domicilio de una periodista. Cualquier procedimiento es bueno para reducir al silencio a un periodista, cuando no paga con su vida el precio de su trabajo. Este comienzo del año no es un buen augurio para la prensa mexicana, una de las más expuestas del continente a las represalias del crimen organizado. Con la marcha de Carlos Huerta Muñoz, los periodistas mexicanos ¿van a tener que imitar a sus colegas colombianos, obligados a abandonar el país o su región? Pedimos a las autoridades, empezando por la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Cometidos contra Periodistas - FEADP - que asuma las investigaciones de estos tres casos ejemplares”, declara en un comunicado Reporteros sin Fronteras.

Especialista de sucesos y narcotráfico en el diario Norte de Ciudad Juárez, Carlos Huerta Muñoz recibió, el 30 de enero, amenazas de muerte por teléfono, procedentes de un corresponsal anónimo que revindicaba ser de “La Federación”, una agrupación de carteles de la droga. La llamada procedía de un teléfono móvil del estado de Sonora. Amenazas del mismo tipo recibieron algunos medios locales, como el Diario de Juárez y el Canal 44. A pesar de la protección policial que le concedieron Carlos Huerta Muñoz ha decidido macharse de México con su familia, según el Centro de Periodismo y Etica Pública (CEPET), organización mexicana de defensa de la libertad de prensa.

El director de Norte de Ciudad Juárez, Alfredo Quijano, ha dicho a Reporteros sin Fronteras que el periodista había rechazado la protección que le ofrecieron. “Como las policías están infiltradas [por el crimen organizado, ndlr] consideramos que no pueden darnos garantías para trabajar ni la autoridad federal, ni la estatal, ni la municipal”, explicó a la organización. Alfredo Quijano ha justificado también la decisión del periódico de autocensurarse : “Si seguimos publicando investigaciones sobre el crimen organizado ponemos en riesgo al personal”, añadió.

Dos diarios regionales han adoptado ya esa línea de conducta : El Imparcial de Hermosillo (Sonora), tras la desaparición de Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril de 2005, y El Mañana de Nuevo Laredo (Tamaulipas), cuya redacción fue ametrallada el 6 de febrero de 2006.

Las libertades de información y expresión, en peligro

El 23 de enero de 2008, el director del diario Voces de Veracruz, Octavio Soto Torres, resulto levemente herido en un ataque armado cuando se dirigía en automóvil, acompañado de su hijo de dieciséis años, al lugar de un accidente de carretera. Tres hombres armados les siguieron y abrieron fuego sobre ellos, causando al periodista rasguños en la cabeza. Octavio Soto Torres ha manifestado a Reporteros sin Fronteras que el atentado podría estar relacionado con sus críticas y sus tensas relaciones con algunos funcionarios municipales. En diez años, el periodista ha sufrido siete ataques similares.

Finalmente, Cecilia Vargas Simón, del diario La Verdad del Sureste, recibió el 27 de enero amenazas de muerte en su teléfono móvil. “Ha recibido el mensaje que hemos dejado en su casa. Deje de escribir. No intente buscarnos”, le dijo su interlocutor. Pocas horas antes de la llamada, registraron el domicilio de la periodista en Villahermosa, sin robarle nada. Cecilia Vargas Simón ya se ha visto intimidada en otras ocasiones, a causa de sus artículos.

Para la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), los crímenes y amenazas contra los periodistas y los medios han impuesto un clima de autocensura y miedo que " aleja la posibilidad de ejercer la profesión periodística sin graves limitaciones y además lesiona el derecho de la sociedad a estar veraz y oportunamente informada".

(Fuentes: Periodistas-es, EFE, RsF-Reporteros sin Fronteras y FEPALC-Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe)

Latinoamérica: Libertad de expresión

GRAVE AUMENTO DE LA CENSURA Y LA AUTOCENSURA POR LA FALTA DE SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS, LAS PRESIONES DE LAS EMPRESAS EDITORAS Y LA INDIFERENCIA DE LOS GOBIERNOS

a 300 periodistas asesinados en la última década. 60, en los dos últimos años

Declaración de Lima sobre la libertad de expresión en América Latina y Caribe

Dirigentes de organizaciones nacionales de periodistas de América Latina y el Caribe reunidos en Lima en una Conferencia Regional sobre Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Periodistas debatieron informes y análisis relacionados con el deterioro en las condiciones de seguridad para el ejercicio del trabajo periodístico en la región.

El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESO-FIP) informa de que al término de la conferencia se dieron a conocer las conclusiones, sintetizadas en la Declaración de Lima, cuyo texto proclama:

-Que se observa en la región un alarmante deterioro de las condiciones de seguridad en que los trabajadores de los medios de comunicación debemos desarrollar nuestra labor.

-Que en América Latina y el Caribe la violación del derecho a la vida se refleja dramáticamente en los más de 300 periodistas asesinados en la última década, de los cuales 60 corresponden a los dos últimos años.

-Que estos crímenes tienen una clara vinculación con sectores intolerantes que detentan el poder económico y político, con actores informales, como el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo de Estado, que actúan al margen de la ley.

-Que a estos asesinatos se suman atentados contra la vida, amenazas de muerte, encarcelamientos, agresiones físicas, intimidaciones, persecuciones, presiones judiciales y psicológicas y otras violaciones que afectan la vida de los trabajadores de prensa.

-Que existe una creciente indiferencia de los gobiernos para prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

-Que entre los derechos humanos de los periodistas que son vulnerados figuran la libertad sindical, nuestro derecho a un salario digno, condiciones laborales adecuadas, estabilidad laboral y seguridad social.

-Que en las empresas periodísticas constatamos la existencia de mecanismos de presión editorial, que responden a intereses políticos y comerciales. Estos generan casos de censura y autocensura que, al atentar contra la libertad de expresión, afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada.

-Exhortamos:

-A los compañeros, a consolidar nuestra red de comunicación solidaria, para dar respuesta unitaria y contundente en los casos de agresiones contra los periodistas del continente.

-Convocamos:

-A todos los sectores de la sociedad, a asumir como propia la lucha de los periodistas en defensa de la verdad y el pluralismo informativo, como una forma de garantizar la vida en democracia.

Exigimos a los gobiernos:

-Que asuman su responsabilidad de garantizar a los periodistas, el derecho a la vida, al trabajo digno, a la libre sindicación, a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.

-Que avancen en legislaciones que despenalicen los delitos de prensa.

-Que esta legislación actúe también como barrera de contención de la concentración de medios que atenta contra el pluralismo informativo y la defensa de nuestra identidad cultural.

-Que asuman como política efectiva la distribución equitativa y sin condicionamientos de la publicidad oficial.

-Que apliquen y hagan cumplir las leyes laborales y convenios vigentes.

Demandamos:

-A las empresas periodísticas, que asuman su responsabilidad social, desterrando la mercantilización de la noticia, reconociendo el derecho a una vida digna de sus trabajadores y desarrollando una cultura de la seguridad en el ejercicio de la profesión.

Las organizaciones de periodistas de América Latina y el Caribe integrantes de la FEPALC reafirmamos nuestro compromiso de luchar unidos, con profunda convicción y sin claudicaciones, en la defensa integral de nuestros derechos que como trabajadores y seres humanos nos corresponden. Sólo así garantizaremos el derecho a la información de nuestras comunidades, condición para una real y efectiva democracia.

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)

Federación Nacional de Periodistas (FENAJ-Brasil)

Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)

Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)

Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO)

Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS)

Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES)

Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP)

Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana(SNTP)

Asociación de Prensa Uruguaya (APU)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)

(Fuente:IFEX-Periodistas-es)

México: Asesinatos de periodistas

PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN EL PAÍS MÁS VIOLENTO Y ARRIESGADO DE AMÉRICA

.México es ya, tras Iraq y por delante de Colombia, el más peligroso del mundo para la prensa

La renuncia de varios reporteros del periódico "El Imparcial del Istmo" en el estado mexicano de Oaxaca, después del asesinato de tres trabajadores, las amenazas telefónicas que han recibido y la ausencia de garantías de seguridad para ejercer su labor periodística, han llevado al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y al Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) a denunciar la falta de garantías para el ejercicio periodístico en México.

El editor Gonzalo Domínguez y el reportero de sucesos Felipe Ramos del "El Imparcial", han decidido dejar el diario para salvar sus vidas y las de sus sus familiares. Su 'delito' fue informar del hallazgo de una fosa común en la región del Istmo de Tehuantepec con siete cadáveres, tras l que fueron amenazados de muerte telefónicamente. Domínguez sostuvo que los asesinos de Mateo Cortés Martínez, distribuidor del rotativo y sus colaboradores Agustín López y Flor Vásquez López cuando viajaban por la carretera Tehuantepec-Salina Cruz , el pasado 8 de octubre, tenían como objetivo a los reporteros.

Estas renuncias de los periodistas a ejercer su profesión, es el efecto de la incapacidad del Estado para brindar las garantías de seguridad precisas para ese ejercicio, en una escalada de violencia contra los medios de comunicación en varios puntos de México.

El editor de "El Imparcial" Luis David Quintana, señala que aunque se decidió mantener la circulación del periódico en la región oaxaqueña, pese a la matanza de colaboradores y las posterioes amenazas, desde entonces se han reducido las páginas y esa edición ha sido integrada en la de la capital.

Benjamín Fernández Pichardo director del diario, confirma que se hizo una denuncia por el asesinato de los tres trabajadores y las amenazas de muerte al personal del periódico ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca. Pero los periodistas mexicanos sienten que las autoridades parecen limitarse a tomar nota de las denuncias y nada más. Con lo que la violencia contra los medios, se traduce en censura.

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores. Las organizaciones Cencos, Article 19 y el IPYS-México, han manifiestado su preocupación ante estos nuevos hechos que ponen en tela de juicio las garantías para el ejercicio periodístico y demandan del gobierno federal las medidas de seguridad necesarias para que los profesionales de la información "realicen su labor sin temor a ser agredidos o asesinados por los poderes fácticos, que mantienen como rehén al ejercicio de la libertad de expresión de las y los mexicanos".

(Fuente:Periodistas-es)

Los periodistas de México merecen mejor suerte(*)

México se convirtió de pronto en el país más violento y riesgoso para el ejercicio del periodismo en América y en el segundo a nivel mundial después de Iraq. Por años este incómodo título le correspondió a Colombia, poco antes a Brasil y durante los años setenta a los países centroamericanos que sufrieron cruentas guerras civiles.

Aunque no existen cifras oficiales, sabemos que el año pasado se registraron por lo menos diez asesinatos de periodistas además de innumerables atentados contra periódicos, estaciones de radio y televisión. Este año el número de crímenes supera los cinco, además de que existen seis comunicadores que desaparecieron durante el último lustro en México, el mayor número en todo el continente americano y quizás a nivel mundial. Esta semana las mafias del narcotráfico llegaron al extremo de acribillar a tres voceadores del diario El Imparcial de Oaxaca en represalia a notas publicadas en su contra. Con todo y este negro panorama, los atentados contra periodistas han dejado de ser noticia, lamentablemente pasaron de las primeras páginas de los diarios a las secciones interiores. La sociedad mexicana parece acostumbrarse a este grave fenómeno social que desgarra y desangra los tejidos sociales de nuestro país. Asesinar a periodistas es el peor atentado contra la libertad de expresión. Un comunicador preso o desterrado podrá comunicar su verdad desde la cárcel o el exilio, pero uno asesinado será silenciado para siempre.

En México prevalece la idea de que el narcotráfico es la principal causa de este holocausto silencioso. Pero sin caer en cuenta de que estos grupos delictivos van ganando la batalla a la prensa gracias a la impunidad y al contubernio que rodea a tan salvajes agresiones. Peor todavía es la aceptación tácita de que el comunicador fue acallado por lo que escribió, es decir, por cumplir su labor y deber como periodista profesional.
Imagine usted que un médico sea acribillado por realizar una operación exitosa de corazón, o un ingeniero sufra un atentado al terminar puntualmente la construcción de un edificio. Pareciera que la sociedad ha dejado de valorar el trabajo periodístico al dar por hecho que los periodistas no deben decir verdades en temas delicados como el narcotráfico. Se ha fortalecido tanto esa corriente de opinión, que muchos periódicos mexicanos han preferido cerrar sus páginas a las denuncias y noticias sobre el crimen organizado. ¡Han optado por renunciar a la misión más valiosa que le ha conferido la sociedad! Tanto como si un sacerdote dejara de oficiar misa por temor a represalias, o que el maestro no enseñe la verdad de la historia de su país porque podría ser ultimado.

No deseamos subestimar el peligro real que atraviesan los reporteros y editores que viven en el fragor de las escaramuzas del narcotráfico. Entendemos su decisión a proteger sus vidas antes que ejercer a plenitud su trabajo periodístico. Pero lo que no comprendemos es por qué las autoridades siguen tan campantes y no actúan con firmeza para aplastar a ese cáncer maligno que ya permeó a la sociedad mexicana. Antes los gobiernos priistas se hacían de la vista gorda ante tales crímenes, pero ahora son los gobiernos panistas quienes parecen no estar mortificados por esta oleada de ataques. El pasado lunes tocó a tres modestos voceadores sufrir la bestialidad de los grupos delictivos que no sólo se han adueñado de algunas corporaciones policíacas, sino de vastas regiones de nuestro ensangrentado país.Son los caciques del nuevo México, pero con mayor poder y maldad que los gobernantes autoritarios de la dictadura partidista que vivimos en el siglo pasado.La Sociedad Interamericana de Prensa abundará en este tema en su asamblea anual; esperemos que las denuncias y resoluciones que salgan sobre México sean atendidas con la mayor celeridad y responsabilidad posibles. La sociedad mexicana y sus periodistas merecen una mejor suerte.

(*) Artículo publicado por José Santiago Healy en el "Diario de Yucatán" y distribuido por Periodistas-es