El Congreso peruano estudia la iniciativa impulsada por la Comisión de Defensa para otorgar amnistía a militares y policías que violaron los Derechos Humanos. Uno de los beneficiados sería Alberto Fujimori. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, sostiene que el proyecto de Ley pretende minimizar la sentencia al dictador Fujimori.
Pero no sería el único, ya que la iniciativa busca la amnistía para todo el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía, procesados por violaciones a los derechos Humanos.
Según explica Miguel Jugo, "El principal favorecido sería Alberto Fujimori, pues si se releva de responsabilidad a los autores materiales, el autor intelectual, obviamente tendría una pena menor".
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.
Miguel Jugo añade que este tipo de proyectos son inviables legalmente porque contravienen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Dice que las amnistías sólo son factibles si éstas consolidan la inviolabilidad de los derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías deben ser para perfeccionar la justicia no para escamotearla”. De darse una amnistía a los procesados por crímenes de lesa humanidad, éstos serían perjudicados porque si salen libres por una ley, sin habérsele comprobado debidamente su inocencia, quedarían estigmatizados socialmente como culpables, según el Director de APRODEH.
AUDIO DECLARACIONES: Miguel Jugo, APRODEH (amnistía)
Fujimori, está siendo juzgado por la autoría intelectual de crímenes como los de Barrios Altos y la Cantuta. .
Un proyecto que consagraría la impunidad
Un proyecto que consagraría la impunidad
La propuesta del gobierno y del APRA para amnistiar a unos 600 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante veinte años de conflicto interno, ha credao ya la consabida preocupación entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que la consideran inaceptable, porque consagraría la impunidad.
El congresista oficialista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, fue el encargado de anunciar que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto con el fin de favorecer al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y policiales que, por haber obedecido órdenes superiores, tienen juicios abiertos.
"Es un proyecto multipartidario; estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad", dijo Núñez, al diario Perú21.
El anuncio generó de inmediato la reacción de los grupos defensores de los derechos humanos.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.
El primer ministro, en contra; Alan, a favor
Interrogado el primer ministro Yehude Simon, más a la izquierda que el APRA dice que no cree que el Estado peruano pueda indultar o amnistiar casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud", asevera.
"Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", añadió.
Simon, de 61 años, pasó ocho años en la cárcel condenado sin pruebas por vínculos con la guerrilla guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hasta que fue indultado en 2000. Un tribunal militar lo había condenado a 20 años de cárcel en 1992.
El proyecto de amnistía se presenta después de que Alan García dijera a comienzos de mes que hay una persecución contra las Fuerzas Armadas. "¿Qué esperan para poner fin a la persecución contra las FFAA? Ya está bueno que a quienes han ayudado a la patria a triunfar sobre el terror se les continúe persiguiendo año tras año", dijo en un acto público.
En 1994 una ley del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, dictó una controvertida ley de amnistía que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares del Ejército, denominado Grupo Colina.
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Crece el rechazo a la propuesta de amnistía
La propuesta de impulsar una amnistía para militares y policías procesados por casos de derechos humanos encontró una fría respuesta. Para el Defensor del Pueblo adjunto, Eduardo Vega, "no hay razones jurídicas ni éticas que fundamenten en este momento una amnistía". Al rechazo que se sumó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto, para quien, de acuerdo con la doctrina jurídica internacional, no es lícito dictar una amnistía cuando se trata de ese tipo de delitos. El proyecto ha sido rechazado además por el ex jefe del Ejército José Graham, quien dice que lo pertinente es garantizar juicios justos a los militares acusados de violaciones de derechos humanos y que los responsables paguen sus culpas.
En la prensa, además, surgieron especulaciones respecto a que el congresista proponente, Edgar Núñez, vinculado a la universidad Alas Peruanas, de propiedad de militares, podría tener interés en salvar a procesados específicos. Núñez dijo que su iniciativa obedece a que miembros de las Fuerzas Armadas le expresaron temor a participar en combates contra los grupos ultraizquierdistas armados por posibles juicios futuros, y citó como ejemplo lo ocurrido con los 142 militares que participaron en el rescate de 72 secuestrados por el MRTA en 1997, de quienes afirmó que ahora son procesados. Al respecto, en el programa de televisión "Prensa Libre" se le recordó que no hay ningún militar enjuiciado por participar en combates y que en el caso del MRTA sólo hay tres procesados, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza y un coronel, a los que se atribuyen las muertes de al menos tres secuestradores a los que testigos vieron vivos tras la operación
Como un "engañamuchachos" califica el especialistas en temas militares, José Robles Montoya, la propuesta .“Esta propuesta en un engañamuchachos para con los militares y lo único que se busca es darle un mensaje de que se está preocupado por ellos, pero resulta siendo un ofrecimiento demagógico que no ayuda a los militares”, asegura a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). Señala que los congresistas saben muy bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los delitos lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables; además, si eso ocurre, los familiares de las víctimas pueden ir a la Corte y reabrir nuevamente los procesos. En ese sentido, Robles Montoya recuerda que el comandante general del Ejército dijo que no buscan amnistías, sino justicia y que existen varios militares que son investigados en el Poder Judicial. Y añade que el argumento de que la propuesta de ley busca proteger a los oficiales que participaron en la operación "Chavín de Huantar"(por la que fueron eliminados varios de los guerrilleros del MRTA que ya se habían rendido en la residencia de la embajada del Japón) no es creíble porque tan sólo están denunciadas tres personas: el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el ex asesor presidencial del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos; y el coronel Jesús Zamudio Aliaga, quien lideró el grupo encargado de las ejecuciones extrajudiciales Indicó que la iniciativa del congresistas oficialista apunta más a congraciarse con algunos militares que en todo caso están comprometidos en ese tipo de procesos y que tratan de esconderse detrás de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para salir librados.
Fujimori no podría ser amnistiado
El pasado 29 de septiembre José Peláez Bardales, fiscal en el caso los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta en el que el expresidente está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que ante una eventual condena, Alberto Fujimori no podría ser beneficiado con una ley de amnistía o con un indulto presidencial del actual o de otro régimen, pues estas figuras no se aplican en los casos de homicidio, desapariciones forzadas u otra forma de violación de los derechos humanos, según la justicia penal internacional a la cual el Perú está sujeto. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que viene juzgando a Fujimori por violaciones a los derechos humanos tiene previsto emitir su resolución, en primera instancia, antes de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final.
El próximo año, el ex presidente afrontará otros dos juicios: por corrupción y por peculado. La Fiscalía pediría por estos casos entre ocho 12 años de prisión.
Por su parte, el fiscal Avelino Guillén, afirmó este martes que el ex mandatario Alberto Fujimori daba ordenes verbales concretas y directas a miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en actividad durante su Gobierno.
Guillén lanzó esta acusación en la etapa de pruebas documentarias en la cual se encuentra el juicio al ex jefe de Estado. Según el representante del Ministerio Público, Fujimori tenía la potestad de emitir órdenes operativas a militares en actividad para llevar a cabo la lucha natisubversiva . Para defender esta posición, Guillén afirmó que las sentencias en primera y segunda instancia contra Alberto Fujimori por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, pues le ordenó al teniente Manuel Ulises Ubillus hacerse pasar por fiscal para lograr este objetivo.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Perú, AFP, El Comercio-Lima, Prensa Latina, 24 Horas Libre-Perú)
