Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES CAE EN LA PROVOCACIÓN DEL PLAN PARA BOICOTEAR LOS REFERENDOS REVOCATORIOS Y, EN LUGAR DE GOLPEAR A LOS INSTIGADORES, LANZA A LA POLICÍA CONTRA LOS MINEROS CON EL RESULTADO DE AL MENOS DOS TRABAJADORES MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS

El gobierno boliviano descartó recurrir a los militares para controlar las protestas en las que murieron dos mineros y 38 fueron heridos en un enfrentamiento con policías en Oruro, en el altiplano andino. Casi simultáneamente a esos hechos, hubo también protestas opositoras violentas en Tarija, sureste del país, que obligaron a suspender una reunión del presidente Evo Morales y sus colegas Cristina Fernández, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela. "Nosotros no vamos a responder con la misma moneda", declaró el portavoz oficial, Ivan Canelas, que atribuyó estas protestas a "grupos reducidos" que "hacen esfuerzos para generar violencia".

La muerte de los dos mineros se produjo cuando la policía intentó obligar a unos mil personas a que levantaran el bloqueo en el cruce de carreteras entre La Paz, Oruro y Cochabamba, en pleno altiplano andino. El enfrentamiento derivó en acciones de violencia en Oruro, 230 kilómetros al sur de La Paz. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, pidió "una investigación a fondo e imparcial" de esos enfrentamientos y aseguró que los mandos policiales informaron al presidente Evo Morales que sus efectivos no portaban armas de guerra. Los mineros, por su parte, anunciaron que mantendrán sus medidas de acción exigiendo que se apruebe el proyecto de nueva ley de pensiones que propone la Central Obrera Boliviana (COB) en lugar del que el gobierno presentó al Congreso.

Mineros muertos y heridos en la represión

Roberto Cáceres Fábrica de aproximadamente 24 años, es uno de los dos mineros abatidos en Caihuasi, cerca de Oruro. El otro es Hernán Montero Claros de 26 años, que fue el primer fallecido por impacto de bala.Los dos casos están en manos de la Fiscalía de Oruro y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para la respectiva investigación.

Los trabajadores de Huanuni notificaron además la desaparición de Sirse Azurduy Reyes, quien se encontraba en los violentos disturbios que se registraron este martes en Caihuasi. Dos ambulancias del Hospital Obrero salieron a buscar a Azurduy y a otros heridos que habrían quedado en el lugar después de enfrentarse a la policía.

Por su parte, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, informó que los mineros quemaron un bus de la empresa “Trans Azul” y dinamitaron un puente en la carretera hacia Cochabamba, lo que afectó dos pilares de dicha infraestructura.

La intervención policial, que causó además decenas de heridos hizo que horas después miles de personas se manifestaran en la ciudad minera de Potosí, para protestar contra "la brutal represión" a los mineros de Oruro. Los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad, entre ellos trabajadores de las minas privadas que hacían estallar cargas de dinamita en el aire. Esa marcha interrumpió un desfile escolar con motivo dal aniversario de la independencia nacional, que se conmemora este miércoles. En la marcha participaron maestros y trabajadores de la salud que están en huelga y apoyan a la Central Obrera, que exige que se apruebe su propio proyecto de nueva ley de pensiones en lugar del que impulsa el gobierno. Potosí es una plaza fuerte del Movimiento al Socialismo, el partido del presidente Evo Morales. Entre los nueve prefectos (gobernadores) del país, el de este departamento, Jaime Virreira, y su colega de Oruro, Alberto Aguilar, pertenecen a ese partido.

El gobierno del MAS baja la cabeza ante los sediciosos y reprime a los obreros

Sicarios de ultra derecha atentaron ayer contra la vida del ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana en Trinidad; le dispararon dos veces y destruyeron los vidrios de su automóvil. Al medio día, fuerzas cívicas de derecha evitaron con acciones de hecho que los Presidentes Evo Morales, Cristina Fernández y Hugo Chávez se reúnan en Tarija. Más tarde, el Vicepresidente de Bolivia y Presidente del Congreso Álvaro García Linera suspendió la sesión de Honor del Congreso Nacional en homenaje al 183 aniversario de la Independencia que debía celebrarse este miércoles 6 de agosto en Sucre, la capital constitucional, porque autoridades y dirigentes cívicos opositores no quieren a Evo allí.

El gobierno de Morales fue pasivo, conciliador y tolerante con la Unión Juvenil Cruceñista, con los terratenientes que esclavizan a indígenas guaraníes en el Chaco y con los autonomistas sediciosos que quieren partir el país y que no le dejan gobernar. Y ahora el Presidente tiene que rendir su informe anual de gestión desde el balcón de Palacio Quemado en La Paz en lugar de hacerlo en Sucre, para evitar enfrentamientos.

En contraste, el régimen masista manda a reprimir una huelga obrera a balazos y se carga dos mineros muertos en las espaldas. El vicepresidente García Linera repudia la campaña de provocación promovida por sectores ultra conservadores en contra del referéndum y la democracia, y coloca en el mismo saco a la “decadente” dirección de la COB convertida en el “ariete y grupo de choque de la derecha cavernaria y antidemocrática”.

Organizaciones de la izquierda repudian la 'desproporcionada represión, la incapacidad y torpeza' de los ministros de Trabajo, Hacienda y de Gobierno que reprimen a los mineros, vanguardia del proletariado nacional. Los asesores del Ministerio de Trabajo poco o nada conocen de los conflictos político sindicales; no basta manejar organizaciones campesinas no proletarias para entender y enfrentar problemas clasistas. La gente del Ministerio de Hacienda conoce muy bien de finanzas, son excelentes funcionarios de la burocracia bancaria y del gonismo, pero carecen de tacto político y no comprender que Bolivia vive un periodo de transformaciones sociales, que es prioritario recuperar fondos confiscados a los trabajadores en dos décadas de neoliberalismo. Al parecer, en el Ministerio de Gobierno se están aplicando los mismos métodos de los gobiernos represores del pasado.

El ministro de Trabajo Walter Delgadillo reconoció que un desencuentro histórico entre el gobierno y los trabajadores podría ser lamentable para todos, y prometió hacer entender esto al gobierno.

El jefe de Podemos (coalición derechista) Jorge Quiroga declaró que este 6 de agosto es el más triste en democracia porque en lugar de tener desfiles y homenajes tenemos que lamentar velorios, entierros y luto: “Este 6 de agosto estamos lamentando división y enfrentamiento como el que se ha visto en Oruro, con un Congreso que no sabe dónde sesionar, un Presidente que no puede ir a Sucre, presidentes que no pueden llegar a Tarija”. Y la Conferencia Episcopal Boliviana dice que 'no pierde la esperanza de que se opte por el camino del diálogo y del consenso para construir una Bolivia libre, digna, justa, fraterna y solidaria', alerta de los peligros de la 'división, intolerancia, descalificación mutua, desconfianza, interés egoísta, racismo, ilegalidad, crisis institucional e imposiciones partidarias, sectoriales e ideológicas'.

Y sin embargo, las encuestas favorecen a Evo Morales

A cuatro días para la realización del referéndum revocatorio de mandato popular, las encuestas apuntan alta popularidad del presidente boliviano Evo Morales. La encuesta hecha para El Deber por la empresa Captura Consulting da un 54% de intención de voto para la continuidad de Morales y Álvaro García Linera, frente a un 41% de contrarios, un 3% de personas que se decidirán por votar blanco y nulo y un 2% que aún no definió su voto.
Contabilizando sólo los votos válidos, la aprobación sube para un 59%. Los indecisos han bajado del 12% al 5%, favoreciendo a Morales.

Para la encuesta, se aplicaron 2.100 cuestionarios que permiten generalizar los resultados al total de la población con un 95% de confianza y un 2,1% de error muestral. Con este porcentaje, Morales garantizaría la ratificación de su mandato. El jueves (7), Morales cerrará su campaña para el referéndum.

El índice de aprobación de Morales, averiguado mensualmente por la compañía privada Ipsos Apoyo Opinión y Mercado en las cuatro principales ciudades del país, había descendido a un 52% en noviembre del 2007, aunque se recuperó hasta el 57% en junio.

El más reciente sondeo, publicado el día 3 de agosto por el diario La Razón, efectuado entre el 19 y 27 de julio, mostró que los mayores índices de aprobación a Morales estaban en las ciudades andinas de El Alto, con un 90%, y La Paz, con un 73%. Otra encuesta realizada por el grupo Gallup International dio a Evo Morales una aprobación en julio de 4,31 en una escala de 1 a 7.

(Fuentes: ANSA-Latina, Red Erbol, Bolpress, ABN-Agencia Boliviana de Noticias y Adital)

Colombia: Paramilitares

BLANCO Y EN BOTELLA: LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE NO HA SERVIDO PARA FRENAR NI ESCLARECER LOS CRÍMENES PARAMILITARES. EL EJÉRCITO, PRINCIPAL SOSTÉN DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE DE ULTRADERECHA

Tres años después de haber entrado en vigor, la controvertida Ley de Justicia y Paz presenta resultados nulos por falta de sanciones para los criminales y de reparación a las víctimas, según la denuncia hecha por Camilo González Posso, director de la Fundación INDEPAZ, organización no gubernamental dedicada a ayudar a consolidar en Colombia un clima de reconciliación, diálogo y respeto a la vida humana.

En un artículo publicado en el diario bogotano El Tiempo, señala que de tres mil cuatrocientos treinta y un acusados de 'crímenes atroces' acogidos a los beneficios de a ley, solo nueve han concluido las declaraciones, ninguna víctima ha podido tramitar sus demandas de reparación ni ha sido indemnizada por los victimarios.

Añade que de 3,5 millones de víctimas de los paramilitares, solo 147 mil se han atrevido a inscribirse para buscar alguna satisfacción.

INDEPAZ advierte que los 20 grandes capos paramilitares que han declarado ante la justicia solo entregaron una mínima parte de sus posesiones adquiridas a punta de pistola, amenazas o como beneficio del narcotráfico, apenas dos millones de dólares y 99 fincas, destinadas a reparar a los damnificados por sus delitos.

Esto contrasta con los cinco mil millones de dólares acumulados por los paramilitares en operaciones de narcotráfico, expropiación de más de 1,5 millones de hectáreas y apropiación de fondos públicos en alianza con políticos.
La denuncia añade, además que para empeorar la situación, cuando los detenidos comenzaban a hacer las declaraciones más comprometedoras, el gobierno de Álvaro Uribe decidió extraditarlos sorpresivamente a Estados Unidos, donde solo serán juzgados por narcotráfico.

González Posso concluye que la controvertida ley de Justicia y Paz ha sido desvirtuada por el propio gobierno y puntualiza que en Colombia, donde se acostumbra a que la ley es para burlarla, esta legislación constituye en sí misma una burla.

El ejército colombiano, principal apoyo de las AUC

El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, a punto de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, admite en una entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, para lo que contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.

Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.

En particular se refirió al general Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestradosa dos guerrilleros de las FARC, quienes luego fueron asesinados.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que, según HH, deberían ser castigados.“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”.
El ex capo de las AUC considera también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, porque logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admite que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.

Veloza confiesa que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.
La mayoría de los integrantes de las AUC, alrededor de 32 mil hombres, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en una negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que puso a disposición la llamada ley de Justicia y Paz para perdonar sus crímenes y legalizar sus posesiones a cambo de confesar sus delitos y reparar a las víctimas o a sus deudos.

Asesinado otro líder de los desplazados en Antioquia

El joven Alexander Gómez, de solo 18 años, fue asesinado cuando hombres armados le propinaron dos disparos mientras se dirigía de su casa al trabajo. Pese a sus escasos 18 años era el presidente de la Acción Comunal de su vereda, Santa Bárbara, en la zona rural del municipio de San Luís, Antioquia, y miembro de una organización de población desplazada llamada La Legión del Afecto. Hasta el momento las autoridades no han determinado quienes son los autores del crimen, pero aseguran que podría tratarse de grupos armados al servicio del narcotráfico que buscan recuperar terrenos para el cultivo de coca.
La muerte de Alexander fue denunciada por funcionarios de Acción Social quienes seguían de cerca y apoyaban la importante labor que este joven realizaba con su comunidad en la vereda Santa Bárbara, pues fue el quien lideró el retorno a principios de 2008 y desde entonces se dedicaba a trabajar con los niños y jóvenes en programas para incentivar en ellos el trabajo y la convivencia pacífica.

Colombia pide solidaridad mundial por asesinato de desplazados

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) llama la atención del mundo sobre la población desplazada por la guerra en Colombia, tras denunciar que 19 de sus líderes han sido asesinados. En un estudio, la organización no gubernamental señala que la mayoría de los crímenes de los dirigentes sociales ocurrieron en el norte de Colombia, con una fuerte influencia de grupos paramilitares de ultraderecha.

Según el informe de la Codhes, la espiral de violencia se inició en marzo de 2002, con el asesinato de Gilma Graciano, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y desde entonces ha tocado varias regiones del país sudamericano. La "lista roja" la encabeza la líder de la Organización Popularde Vivienda (OPV), Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada por presuntos paramilitares en el norteño departamento de Córdoba, el 8 de enero de 2007.

En la nómina también figuran la dirigente indígena FabiolaLargo, asesinada en 2002; Martha Cecilia Aguirre, líder de los desplazados de Apartadó, muerta en 2005 y Guillermo Sosa, tiroteado en el puerto de Buenaventura en 2007.

Una situación similar padecieron Germán Crillo, Giovanny Montoya, Eislen Escalante, Freddy Espitia, Oscar Cuadrado, Carmen Cecilia Santana, Jesús Durán, Manuel López y Miguel Orozco.

Este año no ha sido ajeno en ataques a los portavoces de la población desplazada en Colombia, y según Codhes, cuatro de ellos han caído en acciones atribuidas a paramilitares de ultraderecha. Entre el 17 de junio y 1 de julio del año en curso han sido asesinados los líderes sociales Julio Cesar Molina, Azael Hernández, Martha Obando y Valdiris Padrón, en regiones del Valle, Córdoba y Antioquia. A los que hay que añadir el último, el joven Alexánder Gómez, también en Antioquia.

En total, son 19 los representantes de los desplazados por elc onflicto armado en Colombia que han muerto en forma violenta, a lo que se suma el drama del éxodo de cientos de familias. Según recientes cifras de la Codhes, en el primer trimestre de 2008 fueron desplazadas 113 mil 473 personas, 17 mil 817 más que en el primer trimestre de 2007.

Colombia arrastra un conflicto armado interno de 44 años, en el que intervienen guerrilleros , paramilitares y agentes estatales, cuya confrontación ha dejado más de 100 mil muertos y alrededor de 3.5millones de desplazados. El presidente de Codhes, Marco Romero, afirma que tras la campaña de intimidación contra los desplazados "se mueven intereses oscuros que buscan quedarse con las tierras destinadas para reparar a las familias desplazadas".Por eso, el dirigente humanitario invita a la sociedad internacional a apoyar a la población afectada por el conflicto, en su propósito de exigir la restitución de sus derechos "de forma integral y digna".La Codhes advierte que han crecido las amenazas a los desplazados por parte de las "Aguilas Negras", grupo paramilitar surgido tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2004.

Diputado italiano desmiente acusaciones del gobierno Uribe sobre apoyo a las FARC

El ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de la Unión Democrática de Centro (UDC), Pier Ferdinando Casini, declaró sobre las afirmaciones publicadas en el diario El Tiempo de Bogotá que puede "testimoniar personalmente un compromiso político y parlamentario del ex diputado Ramón Mantovani (Refundación Comunista) para favorecer el proceso de paz en Colombia". "Durante mi mandato de presidente de la Cámara y también sucesivamente como presidente de la Unión Interparlamentaria, en más de una ocasiones recibí a Mantovani empeñado en favorecer un deshielo entre el gobierno de Alvaro Uribe y las FARC, con la cual mantuvo relaciones políticas", agrega.

El partido italiano Refundación Comunista (RC) "tuvo relaciones políticas durante años" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "siempre a la luz del sol, para favorecer el proceso de paz y de diálogo en América Latina".

Así replicaron el lunes Ramon Mantovani y Marco Consolo a la tesis de los servicios militares colombianos, sostenida el domingo por el "El Tiempo" de Bogotá, y retomada el lunes por La Repubblica de Roma, según la cual en Italia existe una asociación que apoya a las FARC. El mismo medio dijo que esos nombres fueron hallados por el ejército colombiano en el ordenador atribuido al número dos del movimiento revolucionario, Raúl Reyes, abatido el 1 de marzo pasado en Ecuador.

25 niños mueren de hambre en el departamento de Vichada

La muerte por hambre de 25 menores en Cumaribo, Vichada, confirma las denuncias hechas por esa comunidad en abril sobre las consecuencias que tendría reanudar fumigaciones para destruir cultivos de coca.

El anuncio hecho por Cantalicio Moroy, Gobernador indígena de la comunidad Barranco Siare , ubicada en el municipio de Cumaribo, Vichada, sobre la muerte de 25 niños por hambre, confirmó las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado sobre las consecuencias que traerían las fumigaciones en ese municipio.

A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: destrucción de los cultivos de 'pancoger' -con los que se alimentan las comuniades-y afectación económica. El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir cuando cesan las lluvias y baja el caudal de los rios y caños que la rodean..

La carta enviada en abril relataba como en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo solo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando “Las consecuencias de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes”.
La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el Gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nadie hizo el menor caso y las consecuencias están de nuevo ahí.

El regreso del macartismo

por Juan Diego García (*)

A instancias de la fiscalía colombiana las autoridades españolas han detenido a Remedios García acusada de vínculos con las FARC y en consecuencia responsable de colaboración con banda armada, un delito que en España supone máximas penas y en Colombia penas que de hecho significan la cadena perpetua si es que antes un pistolero paramilitar o algún militar no ejecutan al acusado.
Se alega que su nombre aparece en la computadora del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, agregando que pronto darán los nombres de otros ciudadanos españoles igualmente implicados en las actividades delictivas de esa guerrilla. De momento no parece que en España se haya dado mucha credibilidad a tamaña acusación (¿a excepción de la fiscalía?). Y no faltan razones. Como alega su abogado y es ya de público conocimiento, las supuestas informaciones que la policía colombiana extrae a conveniencia de esa computadora carecen de toda validez legal. En primer lugar, por su origen, un acto de agresión a un país vecino, violando todas las normas del derecho internacional y según denuncian las autoridades ecuatorianas, ejecutando guerrilleros fuera de combate y abandonando los heridos a su suerte. Así, pruebas obtenidas mediante un acto ilegal carecen por completo de valor.

En segundo lugar, no se permitió a las autoridades judiciales hacer el normativo acopio de las pruebas. El ejército colombiano las retuvo y las envió luego a los Estados Unidos para su “revisión” rompiendo la llamada “cadena de custodia” y hasta INTERPOL anota que al menos durante los tres primeros días existió la oportunidad de manipularlas a conveniencia, agregando que efectivamente eso había ocurrido al menos con parte del material.

En tercer lugar, los expertos independientes que han realizado análisis (dos conocidos profesores estadounidenses, entre otros) consideran imposible que Raúl Reyes haya logrado escribir el enorme volumen de información recogida: necesitaría muchas vidas para hacerlo. Además, parece bastante inverosímil que Reyes llevara a un campamento provisional tal cantidad de elementos (un computador portátil, varios discos duros y otros materiales informáticos). También suscita suspicacias que en un lugar calcinado por las bombas se recuperen precisamente unas “pruebas” que se utilizan luego para acusar a todo el que convenga: primero a quienes han estado directamente comprometidos con el intercambio humanitario y la solución pacífica del conflicto; luego a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Suiza y Brasil, y ayer mismo, a un conocido periodista colombiano crítico del gobierno.

Aún aceptando que ese material informático fuese efectivamente de Reyes es apenas natural que cientos de responsables políticos y activistas de derechos humanos de Colombia y el extranjero aparezcan mencionados allí pues han tenido contactos con la guerrilla. De la misma forma que aparecerán funcionarios gubernamentales, sobre todo cuando se trata de gobiernos que tienen intereses directos en la solución del conflicto. Más aún, Reyes habría registrado igualmente sus contactos con el gobierno colombiano y con las propias autoridades estadounidenses. Lo extraño sería que dichos contactos no tuviesen lugar. Si aparecer mencionado es prueba de ayuda a los insurrectos, se podría acusar entonces a cientos de políticos, decenas de diplomáticos, autoridades religiosas y hasta el mismísimo director de la bolsa de Nueva York, quien departió cordialmente con Manuel Marulanda en memorable entrevista.

En este contexto no debería sorprender que Remedios García y cientos de activistas de derechos humanos hayan tenido (y tengan) contactos con las FARC. Además, y en su caso concreto, ha sido público su compromiso como promotora de paz y búsqueda negociada del conflicto tanto como su desaprobación de prácticas de la guerrilla como la retención de civiles con fines económico, por ejemplo. Si aceptó traer un dinero a Europa no fue como “tesorera” de los insurgentes sino por razones estrictamente humanitarias como está demostrado: un exilado colombiano en Suiza necesitaba ese dinero para sufragar los gastos de una delicada y urgente intervención quirúrgica. Otras personas han traído de los campamentos guerrilleros mensajes, señales de vida y otras cosas que están lejos de constituir “apoyo al terrorismo”.

En síntesis Bogotá no tiene nada; como tampoco lo tuvo cuando intentó presionar a Dinamarca para extraditar a quienes habían recolectado en un festival algunos cientos de dólares para la resistencia armada en Colombia y Palestina. Los jueces desestimaron la calificación de “terrorista” para las guerrillas colombianas –un asunto que en su opinión antes debería ser probado judicialmente, no siendo el caso en su país- y rechazaron la petición de extradición sugiriendo que Colombia no era precisamente un Estado de Derecho que ofreciera mínimas garantía procesales. Además, sus autoridades eran reiteradamente condenadas por violación grave de derechos humanos en instancias internacionales como la ONU y la OEA y denunciadas permanentemente por prestigiosas organizaciones de distinto tipo como AI, HRW y otras.

¿Qué explica entonces la conducta de Uribe y su fiscal, el sr. Iguarán (tan comprensivos y generosos con los paramilitares “desmovilizados”)?. Solo cabe una motivo: Bogotá intenta ganar la batalla de la opinión pública en Europa, esta vez con la esperanza de encontrar unos jueces españoles menos rigurosos que sus colegas daneses.

A Uribe Vélez le preocupa mucho que Remedios García y personas como ella rompan el cerco de silencio que la UE y los medios han tendido sobre Colombia; sus actividades llevan a la opinión pública informaciones incómodas sobre la realidad colombiana, un motivo suficiente para que –de repente- Remedios aparezca como por arte de magia en el mágico computador de Reyes.
Si Remedios García estuviera en Colombia podría olvidarse de un juicio justo. Por eso es de esperar que España no la juzgue siquiera y mucho menos permita su extradición. De ocurrir lo primero, estaríamos ante un preocupante precedente además de una aberración jurídica. De ocurrir lo segundo, las autoridades españolas echarían sobre su conciencia la comisión de un atentado grave contra la libertad y los derechos que la ley garantiza.

La ciudadanía española tiene todo el derecho (y el deber) de exigir al gobierno que explique los motivos por los cuales ignora olímpicamente la naturaleza verdadera del régimen colombiano; que justifique el apoyo sin fisuras que da a un gobierno desprestigiado, responsable de prácticas sistemáticas de terrorismo, alcahueta de los crímenes de la extrema derecha y cuyos respaldos políticos y electorales aparecen tan viciados que le quitan cualquier atisbo de legitimidad.

¿Importa poco que casi una cuarta parte de los parlamentarios esté entre rejas por connivencia con el paramilitarismo? ¿Nada significa que más del 90% de esos políticos presos sea precisamente uribista? ¿Resulta más importante asegurar los intereses de las empresas españolas en Colombia que defender la inocencia de una ciudadana española?.

La opinión pública tiene igualmente el derecho de saber que la información que recibe sobre América Latina (y en particular sobre Colombia y su conflicto armado) está lejos de ser objetiva y veraz; por el contrario, la escriben aquellos que desean congraciarse con el pequeño tirano que señorea en aquel país andino, y asegurar así sus beneficios.(medios de comunicación como Prisa y Planeta compiten ahora febrilmente por alcanzar los favores de Uribe y asegurarse el tercer canal de la televisión local).

En eso queda finalmente la libertad de prensa: en convertir ante la opinión pública a una promotora de paz y voluntaria en labores de entendimiento, en miembro destacado del terrorismo internacional. Por lo visto, regresa el macartismo de antaño bajo formas nuevas pero igualmente siniestras. Se empieza debilitando el estado de derecho en nombre de la seguridad; se arguye que las garantías ciudadanas constituyen un estorbo para la acción del estado; proliferan las leyes “antiterroristas” y se propala una atmósfera de sospechas y miedos. Así ocurre ya, de forma extrema en países como Colombia. Al parecer, alguien pretende que esas fórmulas del nuevo fascismo se vuelvan también comunes en los países de democracias consolidadas. Y se empieza por encarcelar a personas como Remedios García, por ejemplo.

(*) Juan Diego García es un colaborador de ABP (Agencia Bolivariana de Prensa), que distribuye este artículo.

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina, Dpa, Afp, Reuters , Notimex, CODHES, ANSA-Latina y ABP-Agencia Bolivariana de Prensa)

Ecuador-EE.UU.-Latinoamérica.

EL PRESIDENTE CORREA NOTIFICA OFICIALMENTE A WASHINGTON EL FIN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN Y LE INSTA A RETIRAR A SU PERSONAL DE LA BASE AERONAVAL DE MANTA

Ecuador notificó este martes a Estados Unidos su decisión de dar por concluido el acuerdo que permite a militares de ese país el uso de la base de Manta. En un comunicado, la cancillería ecuatoriana dice que el gobierno "notificó de manera oficial a la embajada de los Estados Unidos ... su decisión de dar por concluido el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos", concerniente al acceso y uso por parte de Washington de las instalaciones de la base de la fuerza aérea ecuatoriana en Manta para actividades antinarcóticos.

El convenio fue suscrito el 12 de noviembre de 1999 y tenía una validez de 10 años. El gobierno de Ecuador informa de que "en conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses se acordó que las operaciones que se realizan amparadas en el mencionado Acuerdo, terminen en el mes de agosto de 2009; y que culmine el proceso de retiro del personal extranjero de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta en el mes de noviembre de ese mismo año". Y añade que conforme a las estipulaciones del acuerdo "las instalaciones ... serán transferidas a la autoridad correspondiente" de la fuerza aérea de Ecuador.
Una de las promesas del presidente Rafael Correa en su campaña electoral en 2006 fue no renovar este convenio. Además, la Asamblea Constituyente, que ha concluido recientemente sus trabajos, incluyó un artículo en la nueva Constitución, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

El enclave militar estadounidense en Manta es un sitio estratégico con unos 300 soldados y 'contratistas' estadounidensesacantonados en esta base sobre la costa del Pacífico, desde donde patrullan aviones AWACS provistos de radares.
Dependiente del "Southcom", o Comando Sur del ejército de EE.UU., su nombre oficial -Forward Operating Location, FOL- establece la base como "avanzadilla" y punto de partida para las actividades en la región andina.

Una base cuestionada por la población

Las operaciones del Puesto de Avanzada de Operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses generaban desconfianza entre muchos dentro y fuera de Ecuador que consideraban que van más allá de la simple lucha antidrogas y que prestan apoyo a la lucha antiguerrillera del gobierno colombiano, principal aliado de los EE.UU en la región.

El actual gobierno ecuatoriano considera que la presencia estadounidense en Manta viola su soberanía. La Asamblea Constituyente dejó clara también su posición, al incluir en la Carta Magna que debe ser sometida a referendum, el siguiente artículo: "El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".

Al aprobarse este artículo, la presidenta de la comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración, María Augusta Calle, lo festejó: "Es histórico lo que logramos. Ha sido una lucha contra grandes presiones externas", dijo a El Comercio de Quito.

En Ecuador se piensa que desde la base de Manta EE.UU. colabora con el Plan Colombia.
Para Correa y los aliados de su gobierno, las operaciones estadounidenses en Manta comprometen la soberanía ecuatoriana. La sospecha del gobierno de Ecuador es que la información de inteligencia que utilizaron las fuerzas armadas colombianas que atacaron el campamento del dirigente de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, llegó de los aviones de la base militar de Manta.

La Base, ampliada en 2001 para el Plan Colombia

En marzo de 2001, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos cerró el aeropuerto local de Manta para iniciar trabajos de renovación por un monto declarado de más de 65 millones de dólares. Oficialmente, el gobierno ecuatotiano del momento dijo que se trataba de adecuar la pista para que la pudieran usar, como una "estación de servicio" varios aviones espías del Pentágono para vigilar los vuelos clandestinos con drogas en los Andes. Pero la sospecha era que Manta se iba a convertir en un bastión de las operaciones encubiertas del Plan Colombia en la implicación de los Estados Unidos en el conflicto colombiano.
"La base representa una provocación y nos involucra en un problema que no es nuestro" decía entonces Antonio Posso, del partido izquierdista Pachakutik. "Estoy de acuerdo en que necesitamos hacer nuestra parte para controlar el tráfico de drogas, pero tememos que la base pueda ser usada contra las guerrillas" añadió.

El acuerdo para la utilización de Manta por Estados Unidos prohibía claramente su uso para actividades ajenas a la vigilancia del tráfico de drogas, pero su firma fue calificada por las FARC de "declaración de guerra".
Los Estados Unidos usaban el aeropuerto de Manta, antes de su remodelación en 2001, para reponer combustible y para el mantenimiento de sus aviones P3 y C130, dotados con sofisticados equipos de vigilancia. Tras ser mejorada y extendida pista comenzaron a usarla los AWACS, más pesados y potentes, y los KC-135, que pueden abastecerlos en vuelo. Además, se construyeron también cuarteles para unos 300 hombres.

Se van los 'gringos' y llega la refinería

Aun no han salido los norteamericanos y ya se prepara en Manta un gran complejo petroquímico con la ayuda venezolana. En una reciente visita, los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa se reunieron en Manta para asistir a la constitución de una empresa binacional que tiene como meta construir una “estratégica” refinería en este punto de la costa del Pacífico.

“Este proyecto ya no es táctico, es estratégico … en la construcción de nuestra nueva y grande Patria latinoamericana y sudamericana”, dijo Chávez durante su intervención en la ceremonia celebrada muy cerca del puerto y de la pista del aeropuerto de Manta, donde fondean los buques y se estacionan los aviones de la US Air Force.

El mandatario venezolano resaltó la importancia de la nueva Refinería del Pacífico, que se espera pueda ser inaugurada en el 2013.

Petroecuador y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se alían en una empresa que contará con el 51% de participación ecuatoriana y 49% venezolana para construir la Refinería del Pacífico.El complejo está pensado para procesar 300,000 barriles de crudo diarios y según los cálculos oficiales preliminares tendría un costo aproximado de 5,000 millones de dólares, que podría duplicarse si se amplía a una planta petroquímica.

Las autoridades ecuatorianas han resaltado que la nueva refinería permitirá eliminar la importación de derivados que le cuesta al país unos 3,000 millones de dólares anuales. Ecuador cuenta con tres refinerías, la más grande tiene una capacidad de procesamiento de 110,000 barriles de crudo diarios..
Los gobiernos de Quito y Caracas mantienen otros acuerdos energéticos, entre los más importantes, el intercambio de crudo ecuatoriano por derivados venezolanos.

El Parlasur rechaza vuelta de IV Flota a aguas suramericanas

El Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) rechaza el regreso de la IV Flota de Estados Unidos a aguas suramericanas al considerar que implicará más inseguridad y la militarización de conflictos en la región.
En una declaración conjunta los diputados del bloque califican la vuelta de la IV Flota de “innecesaria” e “inoportuna” por considerar que Suramérica es una región “pacífica y democrática”, capaz de resolver sus conflictos de forma “negociada" y bajo el principio de “no intervención”.
Señalan que la reactivación de la IV Flota implica “la militarización de conflictos y problemas regionales” y su presencia en mares de la región puede derivar en “una inseguridad hemisférica y comprometer la integración de América del Sur y del propio Mercosur”.
El Parlasur, está integrado por 18 legisladores por cada país miembro del tratado integracionista (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Venezuela, en fase de admisión y cuyos representantes tienen voz, pero no voto.)

El pasado 17 de julio también el Parlamento Amazónico (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela) señaló a la IV Flota como “una amenaza a la soberanía” de América Latina.

La IV Flota tiene su base en Mayport, Florida, y fue creada en plena II Guerra Mundial (1943) a fin de proteger las aguas continentales de incursiones de navíos y aeronaves alemanas y japonesas, pero fue disuelta cinco años después de concluida la conflagración.
Su reactivación es interpretada por varios gobiernos latinoamericanos como una amenaza al proceso de cambios que se operan en esta parte del mundo, así como un intento de Washington por aceitar su maquinaria bélica para en su momento apropiarse de los recursos de la región.
Brasil, vincula la decisión norteamericana al reciente hallazgo de grandes reservas de petróleo ante sus costas.
También se relaciona la reactivación de esa maquinaria naval con la política de amenazas de Estados Unidos hacia las revoluciones que tienen lugar en esas y otras naciones y con el proceso de segunda independencia que se opera en la región.

LA IV FLOTA

Por Juan Diego García (Argenpress)

La decisión del gobierno de Estados Unidos de reactivar la IV Flota destinada al control militar del Caribe y del centro y sur del continente ha recibido el rechazo general de los gobiernos locales, a excepción de las autoridades colombianas.
Es apenas natural, por ejemplo, que Venezuela asuma esta decisión como una clara amenaza a su soberanía, al igual que Nicaragua (más le vale no olvidar a William Walker) o Ecuador, cuyas autoridades han decidido retirar a los gringos el uso de la base de Manta. Es igualmente comprensible que el resto de los mandatarios manifiesten su preocupación ante las razones que se alegan desde Washington para justificar la medida. Para cualquiera resulta muy inquietante que la presencias de la IV Flota se presente como instrumento de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico cuando por su estructura y funciones resulta poco o nada apropiada para tales fines.

¿Acaso un despliegue militar de tales dimensiones, propio para la guerra convencional sirve para combatir al terrorismo o al tráfico de drogas? ¿Acaso las guerras en Iraq y Afganistán no demuestran que desde el punto de vista militar se requieren por el contrario equipos sofisticados de información, infiltración e inteligencia para los cuales los portaviones, submarinos y demás dispositivos constituyen más bien un estorbo y un gasto inútil y oneroso? (aunque sea el gran negocio del complejo militar-industrial). El conocido refrán advierte que “no se puede cazar moscas a cañonazos” y como los estrategas gringos no son estúpidos ¿cuál es entonces el objetivo que se busca?. La incertidumbre aumenta cuando desde el Pentágono se sugiere que, ya puestos en la tarea de inundar esos mares con un despliegue militar tan impresionante, Washington debería considerar la necesidad de agregar un portaviones atómico.

Aunque Bolivia no tiene acceso al mar (por ahora) es comprensible su oposición no solo como gesto de solidaridad con sus vecinos sino porque sabe que, en la guerra moderna, tales flotas tienen precisamente la función de atacar puntos lejanos desde los portaaviones, con lo cual su insularidad actual no la pone a salvo de posibles agresiones.

Pero la reacción más significativa corresponde a Lula quien ha declarado sin floritura diplomática alguna que la IV Flota tiene un objetivo estratégico claro: controlar el petróleo recientemente descubierto en las costas de su país y que, dadas sus enormes dimensiones, convertirá pronto a Brasil en una de las grandes potencias energéticas del planeta, un detalle que a Estados Unidos no puede pasarle desapercibido.

Si en el pasado existió la llamada “diplomacia de las cañoneras” hoy, en esta época de nuevos colonialismos, nada más indicado que revivir esa vieja práctica imperialista esta vez con la diplomacia de la IV Flota, y preferiblemente con armas atómicas para que nadie abrigue dudas acerca del propósito de “asegurar los intereses nacionales” de los Estados Unidos a cualquier precio. Para no ser menos, lo mismo declara el gobierno francés al dar a la mar una nueva línea de submarinos atómicos: aún con la fuerza nuclear Francia “asegurará sus intereses”.

Algunos quieren ver en esta medida solo una operación de amago, de recordar a estos países quién manda en la región, pero sin que ello tenga mayores repercusiones; otros prefieren aceptar las explicaciones de Washington ignorando o considerando hasta exageradas las duras declaraciones del muy moderado Lula Da Silva, impulsor del recientemente creado Consejo de Seguridad Regional. ¿Constituye este Consejo de Seguridad –solo latinoamericano- una respuesta, por ahora diplomática, a la política imperialista de los Estados Unidos cuya manifestación más reciente ha sido la agresión conjunta con Uribe Vélez a Ecuador? (o ¿alguien duda de la participación directa de los gringos en la agresión?).

Por lo visto resulta poco acertado considerar que los Estados Unidos “ha abandonado la zona dando preferencia a otras áreas” pues los hechos demuestran que los gringos continúan allí, mantienen su poder hegemónico y no han perdido de manera definitiva ninguna batalla en el continente (a Excepción de Cuba, se entiende). La IV Flota no es más que un factor añadido (y no de poca importancia) que viene a completar su estrategia de dominación en la región.
Cosa muy diferente es que tal dominio se vea ahora amenazado en mayor medida que antes por viejas y emergentes potencias mundiales y que los Estados Unidos tengan que admitir desafíos a su dominio en lo que otrora fue su “patio trasero”, además de soportar ciertas manifestaciones de independencia de algunos gobiernos del área. Resulta toda una paradoja que la alegada e incierta “amenaza comunista” de ayer, utilizada de forma sistemática para cometer los peores crímenes (dictaduras, invasiones, asesinatos selectivos, etc.) resurja no ya promoviendo la revolución bolchevique en tierras americanas sino mediante la dura competencia económica que representan Rusia y China, las dos potencias del antiguo campo socialista, ahora disputando exitosamente la influencia de Occidente en la región.

A excepción de Uribe Vélez para todo mundo la IV Flota está lejos de ser un instrumento de paz y seguridad. Por el contrario, solo despierta viejos fantasmas de marines invadiendo países y apoyando dictaduras. En este contexto la Flota no deja de sembrar inquietudes a los gobiernos, especialmente en aquellos que para Washington constituyen un desafío a sus intereses. Si ayer, en la atmósfera de la Guerra Fría “la lucha contra el comunismo” se utilizó para todo tipo de groseras intervenciones, hoy, la acusación será entonces de connivencia con estos “nuevos desafíos” (en opinión de los Estados Unidos). No es una mera coincidencia que el argumento utilizado contra ciertos gobiernos de Latinoamérica para justificar intervenciones directas o solapadas sea precisamente que son propiciadores del “terrorismo y el narcotráfico”.

Washington empezó por Venezuela “descubriendo” células de Al Qeda, supuestamente protegidas por Chávez. Cuando esta mentira de agotó se acusó al país de “tener vínculos con el terrorismo” por sus relaciones con Irán y sus contactos con las FARC (Francia y otros gobiernos europeos hacen ambas cosas; tienen relaciones con Teherán y contactos con la insurgencia colombiana, como no podía ser menos). Ahora, arrecian las denuncias de supuestas facilidades del gobierno de Caracas con el tráfico de narcóticos. No importa que lo desmientan los informes de Naciones Unidas ni que la acusación carezca completamente de pruebas que la respalden. También se “descubrió” una supuesta red de terroristas islámicos en la frontera entre paraguay, Argentina y Brasil, escondidos entre la numerosa colonia árabe del lugar. ¿Existe alguna relación de este “descubrimiento” con la existencia en el área de uno de los mayores acuíferos del planeta?.

No ha sido diferente el caso de Colombia. Washington convierte a su gobernante en un demócrata impoluto y a las guerrillas en simples terroristas y narcotraficantes. No importa que -sin que ocurra cambio alguno- los insurgentes armados hayan sido hasta ayer mismo negociadores aceptables tanto para Bogotá como para Washington (reuniones no tan secretas en Costa Rica); antes eran insurgentes con status político, a la mañana siguiente (según ha convenido en el nuevo escenario) son demonios a destruir. Por añadidura las FARC no solo resultan terroristas y narcotraficantes, son además comunistas irredentos, tres delitos por los cuales merecen en su contra el mayor operativo militar jamás desplegado por el Pentágono en la región (el Plan Colombia) y hasta toda una IV Flota, que protegerá una democracia, la colombiana, que para no ser menos que la chilena (ese otro dechado de tradiciones liberales y republicanas) ya superó con creces a Pinochet en número de ejecutados fuera de combate, desparecidos, exilados, desplazados internos y presos (para no mencionar otras violaciones de derechos humanos).

La flota no es entonces ni un acontecimiento baladí ni algo completamente nuevo o diferente a la práctica habitual de Estados Unidos en esta región. Eso si, como gesto, no deja de poner de relieve el propósito nunca olvidado de dominación gringa, su “destino manifiesto” de hegemonía sobre el continente americano. Es la reiteración de la amenaza, la prepotencia y la intervención; es llevar la atmósfera de la guerra a una región en paz (a excepción de Colombia).
Con una nueva administración en la Casa Blanca, sea ésta demócrata o republicana, nada cambiará sustancialmente. Tampoco cambiará la actitud de los pueblos del sur y del Caribe, en contadas ocasiones interpretados de forma adecuada por algún gobernante digno.

(*)USS George Washington (CVN 73), portaaviones de la clase Nimitz.

(Fuentes: El Comercio-Quito, Reuters, BBC-Mundo, AP, The Miami Herald, Prensa Latina y Argenpress)

EE.UU.-Latinoamérica

BARACK OBAMA, PRIMERO EN LAS ENCUESTAS, TIENE EL APOYO DE CASI TRES DE CADA CUATRO ESTADOUNIDENSES DE ORIGEN LATINOAMERICANO

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, tiene una ventaja de siete puntos sobre su rival republicano, John McCain y una buena parte de ese apoyo es de origen hispano. Según un sondeo de la firma Gallup, el senador por Illinois cuenta con el apoyo del 48 por ciento del electorado, contra un 41 por ciento del también legislador por Arizona.

Las últimas encuestas de la firma Rasmussen, del grupo Democracy Corps, de la cadena de TV CNN y del diario Los Angeles Times dan como favorito a nivel nacional al congresista afroamericano. Obama está también en cabeza en estados considerados clave como Florida, Michigan, Iowa, Illinois y Pennsylvania.

Tres de cada cuatro hispanos, con Obama

El senador Barack Obama, del opositor Partido Demócrata, es preferido por un margen de casi tres a uno sobre su principal rival, John McCain, del gobernante Partido Republicano, entre los ciudadanos de Estados Unidos de origen latinoamericano registrados para votar.

Una nueva encuesta realizada por el Pew Hispanic Centre concluyó que dos tercios de los casi 900 "hispanos" o "latinos" consultados votarían por Obama en las elecciones presidenciales de noviembre, contra apenas 23 por ciento (menos de un cuarto) que preferirían a McCain. "El fuerte desempeño del posible candidato demócrata en esta encuesta representa un drástico revés respecto de su suerte en las primarias, cuando Obama perdió el voto hispano ante Hillary Clinton por casi dos a uno, motivando especulaciones en ciertos ámbitos de que los hispanos eran renuentes a votar a un candidato negro", aseguran el director asociado y la vicedirectora del Pew Hispanic Centre, Mark Hugo López y Susan Minushkin.

Además el estudio confirmó que tres de cada cuatro latinos que habían apoyado a la precandidata Hillary Clinton, efectivamente se están inclinando por Obama y que el 70 por ciento opinó que Estados Unidos “va por el camino equivocado” .

Los resultados del estudio suponen un golpe para los republicanos, que esperaban que su candidato por lo menos se acercara al nivel de votos que tuvo el presidente George W. Bush entre los hispanos en las elecciones de 2004, en las que se estima que obtuvo entre el 40 y el 44 por ciento de sus sufragios, el mejor resultado de un candidato de ese partido en más de dos décadas.

La importancia del voto latino

Como señala el Pew Hispanic Centre en su informe, los latinos son uno de los grupos más apetecidos por los candidatos. Tanto Obama como McCain hicieron importantes discursos en la convención anual del Consejo Nacional de La Raza hace dos semanas. Aunque los hispanos representan la mayor minoría étnica, con alrededor de 15 por ciento de los 300 millones de estadounidenses, constituyen solo nueve por ciento de los votantes registrados, detrás de los afroestadounidenses, la segunda minoría.

Los afroestadounidenses conforman el grupo demográfico más fiel a los demócratas, y las últimas encuestas indican que Obama podría obtener 90 por ciento o más de sus votos este año. Sin embargo, la influencia electoral de los hispanos es significativa tanto porque tienden a ser más independientes en sus decisiones como porque constituyen un porcentaje desproporcionadamente grande de la población votante en los estados considerados clave y "oscilantes" este año, como Florida (sureste), Colorado (centro), Nevada (oeste) y Nuevo México (sur).

Aunque las grandes concentraciones de hispanos –dos tercios del total de la población latina en Estados Unidos- se encuentran en California (oeste), Texas (sur), Nueva York e Illinois (noreste), los analistas creen que los resultados en cada uno de esos estados son aun inciertos. Si bien Texas es fiel a los republicanos, en los otros tres es más probable un triunfo de Obama. El estudio también tiene malas noticias para el Partido Republicano, que esperaba que los resultados de las elecciones de 2004 fueran reflejo de una tendencia a largo plazo que trajera a sus brazos a la minoría más grande y de más rápido crecimiento del país.

Un voto cada vez más Demócrata

Para 2050, cerca de tres de cada 10 ciudadanos estadounidenses (29 por ciento) serán hispanos, según las últimas estimaciones. Y la encuesta que comentamos concluye que el 54 por ciento de los latinos registrados para votar se identifican como demócratas o más inclinados hacia ese partido, contra el 26 por ciento que dijeron preferir a los republicanos. El Pew Hispanic Centre señala que esa brecha es la más grande en más de una década. Más aun, el 55 por ciento de los votantes hispanos dicen que el Partido Demócrata es mejor para los latinos, mientras que solamente el seis por ciento considera más conveniente al Partido Republicano.

El revés para los republicanos, comparado con la realidad de apenas hace cuatro años, puede deberse en buena parte al impacto negativo causado en la minoría hispana por la actitud de los republicanos respecto a las propuestas de Bush para la reforma migratoria. Mientras que los demócratas –y hasta el propio McCain- respaldaron el paquete de reformas del mandatario que, entre otras cosas, proponía un proceso para legalizar la presencia de los 12 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de los congresistas republicanos se opusieron.

Los encuestados dicen que confían en Obama más que en McCain en cuanto a la inmigración, por un margen de 59 por ciento contra 19 por ciento. Al mismo tiempo, sin embargo, la inmigración queda bastante rezagada en la lista de las principales preocupaciones de los encuestados. Nueve de cada 10 mencionan la educación (93 por ciento), el costo de vida (92 por ciento), el trabajo (91 por ciento) y la salud (90 por ciento) como sus prioridades, mientras que tres de cada cuatro citan a la inmigración como "extremadamente" o "muy" importante, los mismos porcentajes de los que mencionan la guerra en Iraq.

Obama habla español

El equipo de campaña de Barack Obama presentó la semana pasada una nueva campaña para la radio en español, en la que destaca los orígenes inmigrantes del candidato demócrata y su cercanía a los "valores" de los latinos norteamericanos. El mensaje, titulado "Nuestros propios caminos", se difunde por las estaciones de radio de los estados de Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida. En el mensaje, un locutor recuerda que el padre del senador por Illinois -originario de Kenya- "era un inmigrante" y que su madre provenía de "una modesta familia de clase media".
El anuncio radiofónico titulado ‘Nuestro propio camino’ pretende establecer paralelismos entre la vida de Obama y la muchos latinos. Una agresiva campaña para el mercado hispano antes de la convención del partido a finales de agosto. “Lo que queremos es contarle a los hispanos quién es Obama es recordarles que no olvida sus orígenes y que cree en el trabajo duro y la educación”, explica James Aldrete, diseñador de los anuncios del senador afroamericano para los latinos.

Obama a la cabeza del 'Poder Latino'

En las filas del demócrata ya tienen aceitada la maquinaria: Federico Peña, Bill Richardson, Antonio Villaraigoza, Henry Cisneros, Patti Solís Doyle y su hermano Danny, entre otros
A poco más de 20 días de la Convención Nacional Demócrata, Federico Peña, presidente nacional adjunto de la campaña de Barack Obama por la Presidencia de Estados Unidos, está inundado de trabajo: nuevos votantes por registrar, llamadas telefónicas a políticos latinos y reuniones con los líderes demócratas para lograr de una vez por todas un cambio tangible en la vida política de Estados Unidos.
“Vamos a salir unidos de la convención de Denver vamos a trabajar juntos para elegir a Barack Obama”, dice desde el cuartel general de los demócratas en la ciudad a la que sirvió como el primer alcalde de origen mexicano (1983-1991), que lo recuerda por la construcción de su aeropuerto internacional, el segundo después del Dallas-Forth Worth; por la construcción de un centro de arte, de una biblioteca, y también por la avenida que lleva su nombre.
Peña fue secretario de Transporte y de Energía de la administración Clinton. Con él está un equipo de alto nivel de políticos hispanos nacidos en la frontera con México: el gobernador de Nuevo México Bill Richardson, quien le sucedió como secretario de Energía en la administración Clinton; Antonio Villaraigoza, el primer alcalde latino de Los Ángeles; y Henry Cisneros, que también formó parte del gabinete de Clinton como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Además, cuenta con el apoyo de Maya Soetoro Ng, la media hermana de Obama, quien lo ha visitado en Denver para hablar en español con los voluntarios latinos y con quien posiblemente grave un anuncio de radio bilingüe para la comunidad hispana.
“Espero trabajar con Federico para lograr la transformación que este país desesperadamente necesita. Su visión de cambio como alcalde de Denver y su destacado manejo de los asuntos de energía y de transporte brinda una experiencia invaluable a nuestro equipo”, dijo Obama al anunciar la adhesión de Peña a su campaña en septiembre.

Ahí viene Obama

Por Frei Betto (*)

Lo diferente es el talismán de la publicidad, que atrae la curiosidad y la atención, que surge como novedad, que suscita el paradójico deseo de singularidad. Observen: el producto que promete hacer del consumidor una persona muy especial -auto, ropa, perfume- es el mismo que se ofrece a una multitud de consumidores. Todos manejan el mismo auto, visten la misma ropa, usan el mismo perfume, pero cada cual está convencido de que su "peculiar" producto elevó su personalidad un poco, un plus. Éste es el secreto de la moda: todos usan vaqueros manchados y rotos, por los que pagan una pequeña fortuna, convencidos de que están in, que forman parte del selecto grupo de hombres y mujeres socialmente valorados por tener su humanidad embutida en el producto que llevan: un auto Ferrari, un reloj Rolex, un vino Marqués del Riscal… Ése es el impulso que nos hace encarar con simpatía la candidatura de Barak OBAMA al cargo más poderoso del mundo: presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es negro, hijo de inmigrante africano, joven y crítico de la política guerrerista de Bush. Aunque en verdad él es un efecto del mercadeo electoral. En materia de elecciones, ¡compramos muchos gatos por liebres! Puede ser que la diferencia entre OBAMA y McCain sea la misma que entre la Pepsi y la Coca-Cola. El hecho es que su victoria en el Partido Demócrata, derrotando a la presuntuosa Hillary Clinton (¿por qué algunas personas consideran humillante no vencer siempre?), llegó en medio de la crisis económica de los EE.UU. Y toda crisis genera deseos de cambios, tanto en la esfera personal como en la social. En los EE.UU. tendrán que ser devueltos un millón de inmuebles. ¡Adiós al sueño de la casa propia! Y los bancos tendrán que hacer caja con la estafa de los que no pagan, a menos que el "papá" Estado socorra a sus hijos en apuros, a pesar del discurso liberal de que el mercado debe regularse por sí mismo, sin la menor interferencia del poder público. (Discurso válido hasta la hora de la dificultad. ¡Que lo diga el Proer en Brasil! Pregúntenles a los fabricantes y a los privilegiados beneficiarios por el cuerno de la abundancia del BNDES cómo multiplican sus fortunas).

Si una locomotora se rompe entre dos ciudades de China, eso no afecta en nada el transporte ferroviario en la región del valle de Rio Doce. Pero si dos máquinas viajan por el mismo carril entonces lo que le sucede a una se refleja en la otra. El rail se llama globalización. Al contrario de la crisis de 1929, ahora la gripe del Tío Sam hace estornudar a todo el mundo. Cuanto más cerca se esté del enfermo, mayor es el riesgo de contaminación. En la Europa Occidental ya se encendió la señal roja en la economía. El Brasil cree que su actual política financiera neoliberal lo vuelve inmune a los reflejos de la crisis. Pero ¿de qué sirve jactarse de tener casi US$ 200 mil millones de reservas internacionales si la moneda usamericana se derrite literalmente?

Para que el modelo económico no sea alterado en este país, en el que el 10% de la población posee el 75.4% de la riqueza (dato del Ipea, de mayo 2008), se adoptan medidas monetarias, como el aumento de los intereses. Pero no se tocan las estructuras injustas, como la latifundista. Es la misma lógica del etanol. Ante el costo exorbitante del petróleo, no se discute el actual modelo de transporte, basado en la aceptación de que la gente es un animal que camina con dos piernas y cuatro ruedas. Se debate cómo alimentar vehículos, que son 800 millones en todo el planeta -el mismo número de bocas en situación de desnutrición crónica, agravada ahora por el aumento del precio de los alimentos.

Que venga OBAMA al encuentro de nuestras esperanzas, tales como el fin de la agresión a Iraq y el bloqueo a Cuba. Y evite que se aproxime a él la élite blanca, racista y asesina que considera heroica la página macabra de la historia del Ku-Klux-Klan.

(*) Frei Betto teólogo y fraile dominico brasileño, autor de "Sobre la esperanza", junto con Mário Sérgio Cortella, entre otros libros.

(Fuentes:Prensa Latina, IPS, Glocalia.com, ANSA-Latina, EFE, Excelsior-México y Adital)

Argentina: Tras la crisis agraria

ARGENTINA AHORA:

LA SIEMBRA DE VIENTOS Y LOS HURACANES

Por Guillermo Almeyra (*)

La siembra de vientos

Vale la pena repasar la crónica de los acontecimientos. El año pasado el entonces presidente argentino Néstor Kirchner creyó hacer una hábil maniobra y "puentear" a su conflictivo partido peronista, cooptando dirigentes de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, que le sirvieron para reforzar la mayoría electoral que eligió presidenta a su esposa y para controlar algunas provincias. Como estaba seguro de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso y no le atribuía ningún papel a éste –la asignación y distribución de fondos públicos había sido delegada al Ejecutivo y éste gobernaba emitiendo decretos–, Kirchner ni pensó en que el Congreso podría ser obligado a dirimir una cuestión política importante. Ya en el gobierno su esposa Cristina Fernández, Kirchner intentó controlar a su partido y dejó a su suerte a esos "transversales" K socialistas o radicales expulsados, como el vicepresidente Cobos. Pero para disputarle el Partido Justicialista se coaligaron todas las derechas peronistas. La cosa no era muy grave, aunque el ex presidente Duhalde se apoya en un tejido mafioso (policía, droga, clientelismo político) en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de San Luis tiene una fuerte base clientelar al igual que el de Córdoba y los ex gobernadores menemistas mantienen sus aparatos policiales.

El antiperonismo visceral de radicales, socialistas y conservadores de todo tipo que integraban la oposición impedía la unión entre ambos sectores, y Kirchner creyó poder contrabalancear al grueso de la derecha de su partido con otra parte de esa derecha, o sea, con dirigentes sindicales burocráticos y corrompidos de la Confederación General del Trabajo, cooptando a parte de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos y de los grupos piqueteros. Mientras, para aumentar las exportaciones fomentó el cultivo de soya, que se cuadruplicó durante su mandato, y dio toda clase de apoyos y facilidades a los grandes exportadores de granos y al capital financiero. Trató también de mantener caro el dólar para favorecer las exportaciones argentinas y, con fondos estatales, subsidió transportes, combustibles, servicios públicos y hasta grandes supermercados para mantener bajos los precios. Su política económica buscaba utilizar los ingresos provenientes de las exportaciones y de los impuestos para subsidiar y desarrollar la industria e impedir la subida de los salarios reales con el propósito de aumentar las ganancias de los industriales, confiando en que las tasas chinas de crecimiento económico permitirían seguir reduciendo la desocupación (cercana a 10 por ciento) y ampliar el mercado interno.

Pero su esposa asumió el poder cuando comenzaba el periodo de las vacas flacas –caída del dólar a escala mundial, grave situación económica en Estados Unidos, aumento enorme del precio de combustibles y, por ende, de fertilizantes y plaguicidas, inflación importada–, que hace cada vez más difícil mantener esa política. Para obtener más ingresos, Cristina Fernández pensó en un gravamen a las ganancias extraordinarias de los exportadores de soya que, de paso, redujese la tendencia a abandonar los cultivos alimentarios y la ganadería, con el consiguiente aumento de los precios al consumo. La medida era necesaria y justa, pues el Estado tiene derecho y obligación de impedir que los precios del mercado internacional determinen los precios internos al consumo y de evitar que se extienda el monocultivo de una forrajera que daña los suelos y en su avance elimina alimentos, vacas, campesinos, pueblos, bosques.

Pero la resolución fue adoptada con torpeza, ignorancia y prepotencia, sin consultas previas y sin prever consecuencias. Además, según la Constitución, es el Parlamento el que debe determinar los impuestos y no el Poder Ejecutivo.

Los huracanes

La imposición del mismo gravamen para productores grandes y pequeños, para quienes producen en tierras buenas y cerca de los puertos, con altos rendimientos, y quienes lo hacen en tierras marginales, unió, detrás de los especuladores del gran capital y de los grandes terratenientes y exportadores, a pequeños productores, arrendatarios y rentistas, que se convirtieron en masa de maniobra política de aquéllos. Detrás de pequeños y grandes capitalistas rurales se alinearon de inmediato las clases medias de los pueblos y a ellas se sumaron la oposición visceralmente racista y antiperonista que grita contra el gobierno" de los negros y los vagos" y la derecha peronista. El kirchnerismo logró así unificar el antisolidarismo y el conservadurismo con la reacción y el racismo. Agregando la soberbia a la torpeza esperó además 90 días de cortes de rutas y desabastecimiento en las ciudades para inventar una motivación para esta justa retención de la ganancia extraordinaria de los soyeros y dejó pasar cien antes de dejar la aprobación de su proyecto al Parlamento, como correspondía desde el primer día. En las Cámaras pagó también el precio de su autoritarismo pues, por no haber sido escuchados, consultados ni convencidos, diputados y senadores peronistas votaron junto con la oposición y por los grandes grupos cerealeros. Para colmo, los radicales y socialistas K, y entre ellos el vicepresidente Cobos, cuando sugirieron modificar la medida para separar a los pequeños productores de monopolistas y desmontar la protesta fueron vapuleados y marginados. En la discusión parlamentaria, naturalmente, se diferenciaron del gobierno y el voto del vicepresidente y presidente del Senado, Julio Cobos, fue decisivo para enterrar no sólo el gravamen sino también la entera política del gobierno. Ahora la derecha está unida, a la ofensiva y encontró el candidato a presidente que le faltaba nada menos que en el vice de Cristina Fernández. El partido transversal también pasó a mejor vida y Kirchner deberá defender su mayoría en el partido peronista. El gobierno está desprestigiado y ha perdido su mayoría absoluta en ambas Cámaras y el Parlamento ha comenzado a funcionar y le exigirá que explique por qué no tomó medidas contra los grandes exportadores que defraudaron más de mil 200 millones de dólares al fisco y robaron a arrendatarios. La economía ha recibido un gran golpe y los subsidios no podrán ser tan cuantiosos como hasta ahora. El barco argentino acaba de entrar sin timonel en un mar agitado y lleno de escollos.

Lo que va de ayer a hoy

La Argentina era un país de muy temprana concentración urbana ya a fines del siglo XIX lo que originó un fuerte y numeroso movimiento obrero industrial y una vasta clase media en las principales ciudades cuando aún la burguesía era muy débil y el eje de las clases dominantes estaba constituido por el capital extranjero y por los terratenientes que controlaban el Estado.
Las clases medias urbanas, descendientes de inmigrantes, exigieron su lugar en el país en disputa con la oligarquía. Eso dio como resultado el voto universal en 1912, la Reforma Universitaria en 1918 y el apoyo urbano a Hipólito Yrigoyen. El movimiento obrero, en cambio, clasista, anarquista y socialista, siguió un camino independiente y el gobierno de las clases medias urbanas y rurales, yrigoyenista, cometió las matanzas de peones en la Patagonia y asesinó a 3000 obreros en la Capìtal durante la Semana Trágica. Ese fue el primer choque entre obreros y un gobierno “progresista” y entre aquéllos y las clases medias.

En 1930, el golpe de la derecha oligárquica y de la derecha antiyrigoyenista de la Unión Cívica Radical fue apoyado por las clases medias urbanas y por el partido de izquierda mayoritario, el socialista, y el resultado fue la Década Infame, el gobierno proimperialista de la oligarquía y del fraude, que las grandes huelgas obreras de 1935-36 conmovieron, preparando el camino, en 1945, al triunfo de Juan Domingo Perón con el apoyo de los sindicatos y de los obreros industriales y rurales pero en contra de la alianza entre el imperialismo estadounidenses, los conservadores, la UCR, los comunistas y los socialistas con el apoyo de las clases medias urbanas. En 1955 la oligarquía, con el apoyo de éstas y del ejército y de la Iglesia, que forman parte de las mismas, derribó a Perón, que huyó sin combatir.

Pero en 1957 el presidente Arturo Frondizi, que había llegado al poder gracias a la dictadura (y con el apoyo del propio Perón) quiso abrir el camino a la privatización del petróleo y conceder la educación pública a la Iglesia: los estudiantes se unieron entonces a los obreros en la oposición a ambas medidas y comenzó un proceso de acercamiento entre aquéllos, mayoritariamente peronistas, que resistían al margen de las órdenes de Perón, exiliado en la España franquista, y la juventud de las clases medias urbanas. Ese acercamiento se hizo alianza en los setenta, cuando muchos hijos de antiperonistas furibundos, radicalizados por la revolución cubana, el 68 y Vietnam, creyendo acercarse a la clase obrera se hicieron peronistas para combatir mejor la dictadura militar prooligárquica, que tuvo que traer a Perón para frenar el proceso de luchas obreras radicales y de guerrillas hasta que preparó el golpe militar.

La dictadura de 1976 encontró a las clases medias divididas entre el sector que, unido a los obreros, resistió y fue masacrado por decenas de miles, y el numeroso sector conservador, antiobrero, racista que toleró la dictadura hasta que ésta cayó sola tras la aventura ingloriosa en las Malvinas. Después de la dictadura el peronismo presentó una fórmula presidencial de derecha incapaz de entusiasmar a los obreros y las clases medias arrastraron a sectores obreros y populares detrás del candidato de la Unión Cívica Radical, el neoliberal Raúl Alfonsín. Este se alió con la derecha peronista y cedió la presidencia a Carlos Menem, el gran privatizador, ladrón y proimperialista, cuya política de derecha contó con el apoyo del aparato peronista y con las esperanzas de la mayoría de las clases medias y de los obreros.

Pero en diciembre del 2001, ante el congelamiento de los depósitos bancarios de los pequeños ahorristas y el derrumbe de la credibilidad en los partidos tradicionales, una parte importante de las clases medias urbanas se opuso a la corrupción al grito de “¡que se vayan todos!” y dio su apoyo a los desocupados con la consigna de “¡piquetes y cacerolas, la lucha es una sola!”. El gobierno de Néstor Kircher, tras varias vicisitudes, fue el resultado de este nuevo acercamiento entre los sectores populares. Sin embargo, la rápida recuperación económica y el alto precio de las materias primas agrícolas transformaron a los ex colonos y arrendatarios en rentistas que alquilan sus campos a grupos financieros que explotan la soya y con sus ganancias extraordinarias compran o construyen casas en las ciudades convirtiéndose en especuladores inmobiliarios y financieros. Y las clases medias urbanas reforzaron su afán de diferenciarse de “los negros”, “los grasas” (los obreros y los desocupados y el subproletariado urbano) que, según ellas, son subsidiados por el gobierno, olvidando el “que se vayan todos” para pensar sólo en su bolsillo. De este modo se formó un bloque entre el capital financiero internacional y nacional, los grandes exportadores de granos, la vieja oligarquía terrateniente, las grandes industrias extranjeras y la mayoría de las clases medias urbanas y rurales.

Este bloque acaba de vencer al gobierno y rechaza los intentos de aplicar una política social redistributiva. Como en 1930, 1945, 1955, 1976, la derecha tiene ahora una base de masas. Las torpezas, el autoritarismo de los medios oficiales, su incapacidad para hacer política aunque han quitado credibilidad al gobierno no son la causa principal de esta evolución que reside en los cambios económicos y sociales internacionales. Ahora o los Kirchner buscan un apoyo social con medidas de fondo e intentan separar sectores importantes de clase media del bloque reaccionario donde éstos militan o la derecha sacará más ventajas de su triunfo en las calles y en el Parlamento, pues ha declarado que no se conforma con “cambiar el collar al perro”, sino que exige que “se cambie el perro”. Es decir, que no le basta con los cambios en el gabinete que ha podido ya imponer, sino que exige la aceptación total de su política neoliberal.

(*)Guillermo Almeyra publicó este artículo en el diario mexicano La Jornada, los días 20 y 27 de julio de 2008