.También es eliminado un miembro del partido del ex-dictador Ríos Montt.
.En un año se han producido 43 atentados contra activistas.
.Rigoberta promete expropiar las tierras ociosas 
La muerte de Liberaldo Granados se sumó a la de otros dos dirigentes departamentales del partido 'Encuentro por Guatemala' que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
Liberaldo Granados, secretario departamental y candidato a alcalde por la ciudad de Zacapa, fue asesinado por un grupo de desconocidos la noche del sábado en la puerta de su casa.Granados, de 54 años de edad, recibió varios disparos en el pecho y según fuentes del partido que postula a la dirigente indígena Rigoberta Menchú, había sido amenazado y se le exigía que renunciara a su participación en esa agrupación política.La muerte de Granados se sumó así a la de otros dos dirigentes departamentales de este partido de centro-izquierda que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
La muerte de Liberaldo Granados se sumó a la de otros dos dirigentes departamentales del partido 'Encuentro por Guatemala' que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
Liberaldo Granados, secretario departamental y candidato a alcalde por la ciudad de Zacapa, fue asesinado por un grupo de desconocidos la noche del sábado en la puerta de su casa.Granados, de 54 años de edad, recibió varios disparos en el pecho y según fuentes del partido que postula a la dirigente indígena Rigoberta Menchú, había sido amenazado y se le exigía que renunciara a su participación en esa agrupación política.La muerte de Granados se sumó así a la de otros dos dirigentes departamentales de este partido de centro-izquierda que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
Otro asesinato
Al día siguiente, en la tarde del domingo, un activista del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del cual es secretario general el ex dictador Efráin Ríos Montt, fue asesinado a tiros mientras realizaba actividades partidarias."Es lamentable lo que está pasando, hay una inseguridad tremenda y nos preocupa mucho, esto afecta el proceso electoral'’, dijo ayer el secretario general adjunto del partido FRG, Arístides Crespo. Un grupo de simpatizantes de la agrupación derechista hacía proselitismo cuando fueron atacados por un hombre."Es lamentable por que atemoriza a la gente y después ya no quieren participar en el proceso electoral'’, señaló Crespo.Según datos presentados por el Mirador Electoral, una institución que agrupa a varias organizaciones sociales, entre marzo de 2006 y abril de este año, 43 personas integrantes de partidos políticos fueron víctimas de violencia.
El Tribunal Supremo Electoral ha convocado a la elección de un presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso unicameral y la elección de los integrantes de 332 corporaciones municipales para el 9 de septiembre próximo, cuyos vencedores deberán tomar posesión el 14 de enero de 2008.
El crimen empaña la proclamación de Rigoberta Menchú
La secretaria general del centroizquierdista Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que "estamos empezando una carrera electoral con mucha violencia. Nuestro secretario estaba preparando el viaje de los secretarios municipales para la asamblea cuando fue ametrallado frente a su vivienda'’.Montenegro también denunció que el secretario de EG en el departamento de Alta Verapaz, Denis Maas, "es objeto de amenazas e intimidaciones" desde hace varias semanas.Granados, de 54 años de edad, había denunciado desde hace varias semanas ser objeto de amenazas de muerte por parte de desconocidos que le exigían que renunciara a su participación en esa agrupación política. 
.
.El asesinato de Granados empañó la celebración de la asamblea general de EG realizada el domingo en la capital guatemalteca, durante la cual Rigoberta Menchú fue proclamada como candidata presidencial para las elecciones del próximo 9 de septiembre. Durante la asamblea la líder indígena anunció su intención de expropiar las tierras ociosas para repartirlas entre los campesinos pobres, en caso de ganar las elecciones. "Vamos a promover políticas de expropiación a quienes han usurpado lo que no les corresponde", precisó Menchú al explicar a sus seguidores las líneas generales de la "política agraria integral" que impulsará si llega al Gobierno.Todas las acciones de su Administración, explicó la premio Nobel de la Paz de 1992, estarán dirigidas a "construir la confianza entre los guatemaltecos para poder tener un futuro mejor". Lo primero que haría en caso que gane la presidencia, subrayó Menchú, será convocar a "un pacto por la dignidad de los pueblos" para lograr "una visión conjunta de la Guatemala que todos queremos"..
El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el próximo 9 de septiembre en donde se deberá elegir a presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, por lo que todos los partidos se encuentran realizando actividades políticas.
El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el próximo 9 de septiembre en donde se deberá elegir a presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, por lo que todos los partidos se encuentran realizando actividades políticas.
Los escuadrones y las PAC, una realidad ya muy antigua en Guatemala
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros unificados en la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno con la firma de los acuerdos de paz. En noviembre de ese año, el Gobierno disolvió las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, la estrategia paramilitar usada contra la insurgencia en los últimos quince años de la guerra.
Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el Ejército de Guatemala a finales de 1981, en el gobierno del dictador Romeo Lucas García, como parte de la política contrainsurgente.
La estrategia consistió en involucrar a las comunidades en la guerra contra los rebeldes.
Si bien no hay datos oficiales, se estima que entre 1982 y 1983, el punto más cruento de la guerra, se involucraron 1 millón de campesinos, de 15 a 60 años, en su mayoría indígenas, generalmente reclutados de forma forzosa, bajo acusaciones y amenazas de muerte, que incluían a los familiares.Se constituyó un ejército de civiles que acabó con el sistema de autoridad indígena y se convirtió en una forma de control total de las comunidades mayas.
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros unificados en la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno con la firma de los acuerdos de paz. En noviembre de ese año, el Gobierno disolvió las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, la estrategia paramilitar usada contra la insurgencia en los últimos quince años de la guerra.Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el Ejército de Guatemala a finales de 1981, en el gobierno del dictador Romeo Lucas García, como parte de la política contrainsurgente.
La estrategia consistió en involucrar a las comunidades en la guerra contra los rebeldes.
Si bien no hay datos oficiales, se estima que entre 1982 y 1983, el punto más cruento de la guerra, se involucraron 1 millón de campesinos, de 15 a 60 años, en su mayoría indígenas, generalmente reclutados de forma forzosa, bajo acusaciones y amenazas de muerte, que incluían a los familiares.Se constituyó un ejército de civiles que acabó con el sistema de autoridad indígena y se convirtió en una forma de control total de las comunidades mayas.Las patrullas, responsables de una de cada cinco masacres
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan estas estructuras paramilitares, empleadas por el Estado para aplicar su política de tierra arrasada en los años 80, a través de la cual destruyeron 400 aldeas, bajo la acusación de que formaban la base social de la guerrilla, desplazaron a más de un millón de personas y fueron asesinadas y desaparecidas a 250.000 personas. “Los Acuerdos de Paz las habían explicitado como victimarios y represores, pero ahora resultaron siendo héroes de la patria. El gobierno acabó pactando con ellos una indemnización millonaria que ha causado un daño profundo a la reconciliación”, explica Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es uno de los activistas que más ha cuestionado el pago a los paramilitares y desde la organización que dirige han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad para frenar la compensación económica a los PAC y los han ganado, pero reconoce, en parte, la victimización de los patrulleros.
“A los campesinos los obligaron a pertenecer a las PAC. Ni un solo labriego puede decir que no fue PAC. O se metía a patrullar o tenía que justificar por qué no había patrullado, explicando exactamente dónde estaba y pagando por el día de patrulla a otro campesino. Si no había claridad lo mataban”, narra Polanco.
Varios informes, entre ellos el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), señalan a las PAC como responsables en una de cada cinco masacres; estuvieron involucradas en asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros tratos crueles, así como en desapariciones forzadas, detenciones irregulares y amenazas.
Pero estos delitos fueron cobijados por la Ley de Reconciliación Nacional, firmada el 27 de diciembre de 1996, que declaró “la extinción total de la responsabilidad pena¡ por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley”.(Fuente: Semana)
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan estas estructuras paramilitares, empleadas por el Estado para aplicar su política de tierra arrasada en los años 80, a través de la cual destruyeron 400 aldeas, bajo la acusación de que formaban la base social de la guerrilla, desplazaron a más de un millón de personas y fueron asesinadas y desaparecidas a 250.000 personas. “Los Acuerdos de Paz las habían explicitado como victimarios y represores, pero ahora resultaron siendo héroes de la patria. El gobierno acabó pactando con ellos una indemnización millonaria que ha causado un daño profundo a la reconciliación”, explica Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es uno de los activistas que más ha cuestionado el pago a los paramilitares y desde la organización que dirige han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad para frenar la compensación económica a los PAC y los han ganado, pero reconoce, en parte, la victimización de los patrulleros.
“A los campesinos los obligaron a pertenecer a las PAC. Ni un solo labriego puede decir que no fue PAC. O se metía a patrullar o tenía que justificar por qué no había patrullado, explicando exactamente dónde estaba y pagando por el día de patrulla a otro campesino. Si no había claridad lo mataban”, narra Polanco.
Varios informes, entre ellos el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), señalan a las PAC como responsables en una de cada cinco masacres; estuvieron involucradas en asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros tratos crueles, así como en desapariciones forzadas, detenciones irregulares y amenazas.
Pero estos delitos fueron cobijados por la Ley de Reconciliación Nacional, firmada el 27 de diciembre de 1996, que declaró “la extinción total de la responsabilidad pena¡ por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley”.(Fuente: Semana)
No hay comentarios:
Publicar un comentario