Por Alfonso Gumucio
Una prueba más del inmenso y arbitrario poder que tienen los medios de difusión masiva en manos de los intereses económicos y políticos de los más ricos, es la propaganda salvaje que se ha desatado no solamente en América Latina sino en el mundo entero para distorsionar la verdad en torno al cierre de la red de televisión RCTV en Venezuela, filial del Grupo iBroadcasting.
En la campaña han participado activamente los más grandes consorcios de difusión de Estados Unidos, de Europa y de nuestra región. No son empresas de “comunicación", de ninguna manera, no hay que regalarles esa hermosa palabra tan fácilmente. Son empresas de difusión, o si se quiere medios de información, aunque esta misma experiencia demuestra hasta qué punto, impunemente, pueden ser medios de desinformación. Es tan sucia la campaña, que CNN en Español mostró imágenes de la “protesta contra el cierre de RCTV”, que en realidad eran de una protesta en Cancún, México, en contra del asesinato de un periodista en esa ciudad.
La gran mentira es que hay una “dictadura” en Venezuela que está acabando con la libertad de expresión. Mucha gente, que solamente ve televisión o que lee un solo periódico, se queda con la idea de que “por órdenes de Hugo Chávez”, se ha cerrado la red de televisión de la oposición. Los artículos son tan mentirosos, que apenas mencionan el nacimiento de un canal de televisión educativa y cultural, TVes, en reemplazo del canal comercial que perdió la concesión de la licencia cuando se cumplió legalmente el plazo por el cual se le había asignado.
Según se presentan las “noticias” de los grandes medios de difusión que están coludidos con intereses de lucro y muchas veces políticos (que Ignacio Ramonet de "Le Monde Diplomatique" ha denunciado ampliamente), el cierre de RCTV constituye un “ataque a la propiedad privada”, y un intento de “estatización” de los medios de información. Decir eso, es manipular la realidad en extremo. Y quien lee y se lo cree, está mal informado o tiene mala leche.
Las frecuencias de transmisión que usan las radios y los canales de televisión, pertenecen a la nación, no pueden ser nunca privatizadas
El espectro electromagnético es un bien natural, común y público, como los bosques y los ríos. Estamos hablando de un ecosistema que es parte del patrimonio de las naciones, y que es administrado por el Estado. El Estado, que representa al pueblo, no tiene derecho de vender ese patrimonio, solamente puede autorizar su utilización como concesión, por un tiempo limitado y bajo condiciones que no afecten a la nación.
Para decirlo de manera contundente: ninguna empresa privada puede adueñarse de las frecuencias radioeléctricas, pues el Estado las concede temporalmente y con el objetivo principal de que beneficien a la colectividad, y no a un grupo empresarial en particular.
El gobierno venezolano ha actuado apegado a la ley y con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo fallo ha sido definitivo. El gobierno no ha violado la ley en ningún momento, y es por eso que no puede haber ningún proceso legal que prospere en su contra. Los millonarios dueños de RCTV pueden zapatear de rabia en Miami y hacer toda la propaganda del mundo en contra de Chávez, pero no van a encontrar ni un resquicio legal para atacarlo. Se le pueden señalar muchos errores, pero este es un acierto.
A diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, el de Venezuela no ha secuestrado equipos, no ha apresado a nadie, solamente ha recuperado la frecuencia de transmisión que le pertenece. Ojalá otros gobiernos de América Latina procedieran con este apego a la ley en materia de telecomunicación. Lo que vemos en Brasil y Guatemala, por ejemplo, es que las radios comunitarias son atacadas por la policía, sus equipos son secuestrados y los directores de las radios apresados como si fueran delincuentes. Son acciones ilegales, pues lo único que el Estado tiene que hacer –si la ley lo dice- es recuperar las frecuencias, no apropiarse de instalaciones y equipos. Pero en esos casos, nunca leemos protestas en los grandes medios, ¿verdad? No las leemos porque sus intereses no están tocados, están favorecidos.
Paradójicamente, detrás de esas acciones de represión contra medios de comunicación comunitarios, están los intereses de los grandes consorcios privados que en muchos países dictan el tenor de las leyes que los favorecen. Un ejemplo brutal es la imposición de la Ley Televisa en México, manipulando incluso a ministros y parlamentarios. Otro, la reglamentación de subasta de frecuencias en Guatemala.
En Colombia el gobierno no cede las frecuencias a las redes de televisión, sino que les otorga bajo ciertas condiciones espacios de programación. De ese modo, no se sienten los empresarios “dueños” del espectro radioeléctrico. Ese ejemplo debería seguirse en otros países donde grandes empresas se han adueñado para siempre de las frecuencias.
Para decirlo de manera contundente: ninguna empresa privada puede adueñarse de las frecuencias radioeléctricas, pues el Estado las concede temporalmente y con el objetivo principal de que beneficien a la colectividad, y no a un grupo empresarial en particular.
El gobierno venezolano ha actuado apegado a la ley y con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo fallo ha sido definitivo. El gobierno no ha violado la ley en ningún momento, y es por eso que no puede haber ningún proceso legal que prospere en su contra. Los millonarios dueños de RCTV pueden zapatear de rabia en Miami y hacer toda la propaganda del mundo en contra de Chávez, pero no van a encontrar ni un resquicio legal para atacarlo. Se le pueden señalar muchos errores, pero este es un acierto.
A diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, el de Venezuela no ha secuestrado equipos, no ha apresado a nadie, solamente ha recuperado la frecuencia de transmisión que le pertenece. Ojalá otros gobiernos de América Latina procedieran con este apego a la ley en materia de telecomunicación. Lo que vemos en Brasil y Guatemala, por ejemplo, es que las radios comunitarias son atacadas por la policía, sus equipos son secuestrados y los directores de las radios apresados como si fueran delincuentes. Son acciones ilegales, pues lo único que el Estado tiene que hacer –si la ley lo dice- es recuperar las frecuencias, no apropiarse de instalaciones y equipos. Pero en esos casos, nunca leemos protestas en los grandes medios, ¿verdad? No las leemos porque sus intereses no están tocados, están favorecidos.
Paradójicamente, detrás de esas acciones de represión contra medios de comunicación comunitarios, están los intereses de los grandes consorcios privados que en muchos países dictan el tenor de las leyes que los favorecen. Un ejemplo brutal es la imposición de la Ley Televisa en México, manipulando incluso a ministros y parlamentarios. Otro, la reglamentación de subasta de frecuencias en Guatemala.
En Colombia el gobierno no cede las frecuencias a las redes de televisión, sino que les otorga bajo ciertas condiciones espacios de programación. De ese modo, no se sienten los empresarios “dueños” del espectro radioeléctrico. Ese ejemplo debería seguirse en otros países donde grandes empresas se han adueñado para siempre de las frecuencias.
Pero hay otro tema importante, y es la función social de los medios.
Es inadmisible que los medios de difusión masiva (dejemos de una buena vez de llamarlo medios “de comunicación”) renieguen de una función social. Obtienen de la sociedad el derecho de transmitir, pero no le dan nada a cambio. Bueno, le dan mucha basura y muchas mentiras, pero no aportan como pudieran en la educación, en la cultura y otros temas que son de la mayor importancia en países empobrecidos.Por ello son necesarios medios de información de servicio público, que cubran áreas sociales en su programación, que sirvan para apoyar el desarrollo, la educación y la cultura de los pueblos. Y también son necesarias leyes que defiendan el derecho a la comunicación, y leyes, como la Ley Resorte de Venezuela, que protegen a los niños de la programación chatarra. Los mismos que ahora protestan contra el cierre de RCTV, protestaron contra la Ley RESORTE (Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión). Pero no tenían argumentos, solamente podían mentir y difamar, porque cualquiera que haya leído la Ley Resorte, sabe que no es una ley que reprima ni censure por motivos políticos.
Ciertamente, RCTV está pagando por sus acciones, pues se aprovechó de la situación de libertad de expresión en Venezuela para organizar campañas de desestabilización política, como el sabotaje a la producción petrolera. No sólo eso, sino que la red y sus ejecutivos y dueños estuvieron directamente involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Chávez. Y sin embargo, a pesar de haber apoyado claramente un golpe anti-constitucional, no sufrieron ninguna consecuencia, hasta ahora. Podían haber sido encarcelados por conspiración y atentado en contra de la seguridad del Estado, también con la ley en la mano, pero el gobierno se aguantó, dejó pasar el tiempo hasta que se venciera la licencia que RCTV tenía para desinformar y para desestabilizar. Fue una decisión sabia y soberana.
El panorama de los medios de información se equilibra ahora en Venezuela, pues los medios de servicio público se fortalecen con el nacimiento de TVes, Canal 2, cuya programación es informativa y formativa. Para quienes quieren consultar la programación, pueden hacerlo en: http://www.mci.gob.ve/noticias/1/14015/tves_en_la.html La oferta del nuevo canal incluye noticias, deportes, programas para niños, películas, documentales sobre ciencia y naturaleza, etc. No hay punto de comparación con la basura que ofrecía RCTV. Ahora, la televisión venezolana podrá apostar a la diversidad cultural que promueve la UNESCO para reafirmar la identidad de los pueblos.
Como dijo Earle Herrera (diputado y periodista): “El surgimiento de un canal de televisión de servicio público viene a marcar el punto de partida para la democratización del espacio radioeléctrico en nuestro país, que por más de 50 años estuvo secuestrado por grupos económicos y que a partir de hoy ese espacio radioeléctrico empieza a pasar a manos del pueblo”.
Contrariamente a lo que dice la propaganda mentirosa de los multimillonarios de RCTV y sus aliados internacionales (la SIP, Periodistas sin Fronteras), se está dando en Venezuela un proceso de democratización de los medios. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevos medios de información que reconocen su función social en un país con necesidades de desarrollo y de cambios sociales. Antes solamente había opciones de medios privados, llevados por intereses de lucro, y en cambio ahora emergen medios comunitarios y medios públicos, con una oferta diferente. Así, el venezolano puede escoger
Como dijo Earle Herrera (diputado y periodista): “El surgimiento de un canal de televisión de servicio público viene a marcar el punto de partida para la democratización del espacio radioeléctrico en nuestro país, que por más de 50 años estuvo secuestrado por grupos económicos y que a partir de hoy ese espacio radioeléctrico empieza a pasar a manos del pueblo”.
Contrariamente a lo que dice la propaganda mentirosa de los multimillonarios de RCTV y sus aliados internacionales (la SIP, Periodistas sin Fronteras), se está dando en Venezuela un proceso de democratización de los medios. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevos medios de información que reconocen su función social en un país con necesidades de desarrollo y de cambios sociales. Antes solamente había opciones de medios privados, llevados por intereses de lucro, y en cambio ahora emergen medios comunitarios y medios públicos, con una oferta diferente. Así, el venezolano puede escoger
(Publicado en Bolpress).
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