El Frente Amplio, que integra el Gobierno en Uruguay, va a plantear en el parlamento la anulación de la Ley de Caducidad, con la que los militares uruguayos acusados de participar en la guerra sucia, logran escabullirse de la justicia. El Frente toma esta posición por demanda del senador Michelini. En un nuevo aniversario del asesinato de su padre, junto a otros tres opositores a la dictadura que asoló Uruguay en los setenta, el senador Rafael Michelini insistió en la necesidad de anular la Ley de Caducidad, que impide perseguir los crímenes cometidos por la dictadura en territorio uruguayo. Ayer lunes, el legislador planteó la necesidad en la Mesa Polaca del Frente Amplio, máximo órgano del partido gobernante. Se trata dijo de una ley “nula e inmoral” que “nos avergüenza”.
21-05-2007 - DHU redacción
La Ley de Caducidad es una “ley que nos avergüenza” y hay que sacarla de nuestro esquema normativo, aseguró Michelini a Radio El Espectador. Si no se derogara, añadió, “tendríamos sobre nuestras espaldas el peso de no haber tenido el coraje y valor de sacar esta ley que es nula e inmoral”.
Para el legislador, sus colegas del oficialismo están a favor de anular la norma. Otras veces que el tema se ha planteado, el presidente Tabaré Vázquez y otros miembros del oficialismo han recordado que se trata de una ley ratificada por un plebiscito, en el año 1989, y que durante la campaña electoral se dijo que no se la tocaría. Así, pese a discrepar con la norma, advertían que no apoyarían el camino de la anulación.
Sin embargo, Michelini insiste con esa postura y reclama realizarlo como corolario de lo que viene haciendo el gobierno de cara a esclarecer lo sucedido con los detenidos desaparecidos durante la dictadura. “Hemos entrado a las unidades militares, a los cuarteles, buscamos a nuestros desaparecidos, archivos... Han ido militares, civiles y policías presos por orden de la Justicia, responsables de los delitos y crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura. Y por ese camino vamos a seguir avanzando. Cuando hay información se vuelve a buscar el tema de los restos. Cuando los jueces procesan, naturalmente se llevan presos a quienes son los culpables de esos delitos. Y, naturalmente, ahora viene toda una discusión que nosotros estamos dando para anular la Ley de Caducidad, sacarla de nuestro esquema normativo y, a esos efectos, lo vamos a plantear en el Frente Amplio”, señaló a El Espectador.
Plan Cóndor Denuncian traslados clandestinos de uruguayos desde Argentina
El representante de trece familiares de los detenidos-desaparecidos denunció hoy ante la Justicia Penal nuevos traslados clandestinos de presos políticos uruguayos desde Argentina durante las acciones de represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta. El abogado Óscar López Goldaracena presentó un extenso escrito, que supera las 100 páginas, en el cual denunció que en el año 1978 hubo entre cuatro o cinco traslados clandestinos de uruguayos, que luego fueron ejecutados en su país.
Los trasladados pertenecían al Partido Comunista Revolucionario (PCR), los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros).También a Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST), entre otros grupos de extrema izquierda.Tras presentar formalmente la denuncia acompañado de familiares de detenidos-desaparecidos, López Goldaracena dijo que la investigación judicial puede aclarar lo sucedido.El denunciante explicó a la prensa que presentó el escrito en la sede penal del juez Luis Charles, porque en la misma se cumple la investigación del llamado "segundo vuelo" de octubre de 1976, el cual trasladó detenidos desde Buenos Aires que luego fueron ejecutados.Afirmó que esperaba que el juez Charles una esta denuncia a la causa que lleva adelante del "segundo vuelo", lo que facilitaría las investigaciones.Charles dictó el 11 de septiembre de 2006 los primeros procesamientos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), de ocho militares y policías retirados.En el denominado "segundo vuelo" se asegura que llegaron a Uruguay desde Buenos Aires unos 20 presos políticos que estaban en el centro de detención clandestino "Automotores Orletti", de la capital Argentina, y que habrían sido ejecutados en su país.
El primer vuelo clandestino llegó a Montevideo en julio de 1976, pero todos sus ocupantes sobrevivieron.En la capital argentina, los detenidos habrían sido interrogados previamente por militares uruguayos y trasladados luego a Montevideo en distintos medios de transportes.En todos los restantes casos habrían sido asesinados y sus restos enterrados en Uruguay en lugares que pueden ser descubiertos, según informaciones que se han entregado a la justicia.Hoy se dijo que el abogado denunciante señaló algunos de esos lugares, donde supuestamente puedan estar sepultadas las víctimas de los vuelos clandestinos.También solicitó a la justicia que se disponga la realización de excavaciones para buscar los restos. López Goldaracena denunció a varios militares supuestamente implicados en los casos de secuestro, torturas y homicidio de los detenidos-desaparecidos.Desde que el socialista Tabaré Vázquez, primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, asumió el cargo, el 1 de marzo de 2005, dio "luz verde" a las investigaciones de los casos de detenidos-desaparecidos durante el régimen "de facto" que gobernó en el país desde 1973 a 1985.Varios militares y policías retirados han desfilado por los juzgados, y ya ocho de ellos resultaron procesados y están en prisión acusados de violaciones a los derechos humanos. La denuncia de hoy mencionó que se debe indagar a represores que operaron en el Fusna (Fusileros Navales), el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), además de los ya procesados por el Juez Charles.
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