Perú: Conflictividad social y crisis política

AUMENTAN LOS CONFLICTOS Y SE DERRUMBA LA
IMAGEN PÚBLICA DE ALAN GARCÍA

-En Lima miles de comerciantes son desalojados del Mercado de Santa Anita

-Los campesinos cocaleros mantienen protestas en las zonas de cultivo

-La apliación del TLC amenaza con hundir las economías rurales

Como ya se aventuaba tras su llegada al poder, una vez han pasado los primeros meses el encantamiento ha desaparecido y el apoyo a Alan García y a su gobierno cae en picado. La población comienza a ver en este segundo mandato, las mismas tendencias autoritarias que en el primero, los primeros atisbos de la corrupción de entonces y , empeorando la réplica, un empeño insistente en poner por encima de los intereses de los peruanos los de los inversores extranjeros y, especialmente, los de Estados Unidos. Para dejarlo claro, Alan García Perez (AGP) ha viajado en los últimos cuatro meses en dos ocasiones a Washington.

Lima, ayer: Protestas violencia policial, heridos y detenidos

La Policía Nacional detuvoa 21 personasy otras 12 resultaron heridas durante el desalojo a la fuerza de más de 10.000 comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, ubicado en un terreno de Lima de uso público del municipio. La defensora del pueblo, Beatriz Merino, presentó el informe con estos resultados y destacó que, pese a esta situación, calificó de "exitoso" el plan de desocupación de los comerciantes que en el año 2002 se instalaron en estos espacios propiedad del municipio. Los cuerpos de seguridad tomaron el recinto y procedieron a sacar "por la fuerza" a las personas que se encontraban viviendo en el lugar con toda su familia desde hace más de 25 días para evitar que las instalaciones fuesen tomadas por las autoridades del Gobierno y evitar que fuesen sacados de ahí. El operativo policial, considerado el de mayor envergadura del país, provocó un enfrentamiento entre los comerciantes y los uniformados que obligó el uso de gases lacrimógenos y el desplazamiento de tanques. En estos hechos, 12 personas resultaron lesionadas, siete civiles y cinco de ellos efectivos policiales, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos.Según informaron algunos testigos a los medios locales, eran "miles" los uniformados que se acercaron a la zona para proceder a la desocupación del terreno de más de 80 hectáreas.

Por orden de Alan García

El pasado jueves el presidente Alan García emitió un decreto en el que declaraba "estado de emergencia" en el distrito de Santa Anita, con el que suspendió por siete días "todos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personal" para poder así proceder al desalojo del lugar. El Poder Judicial ordenó el pasado mes de abril la entrega definitiva al municipio de esta gran área, que hasta hoy ocupaban más de 10.000 personas que en noviembre de 2002 crearon el Mercado Mayorista de Santa Anita.Por su parte, el ministro del Interior, Jacobo Romero, advirtió que hasta 35 años de prisión podrían recibir los dirigentes de los comerciantes que propiciaron las ocupaciones del terreno municipal y los hechos de violencia ocurridos.

El TLC, a toda costa

Alan García prometió en su campaña que respetaría el Tratado de Libre Comercio que su antecesor, Alejandro Toledo, intentó firmar con Estados Unidos, pero que lo mejoraría. Pero de la promesa a lo que está haciendo, va un trecho. García ha viajado en los últimos cuatro meses en dos ocasiones a Washington para pedirle a Bush que presione al Congreso para que se apruebe el Tratado. Los congresistas se oponen porque al establecerse algunas empresas en Perú, podrían disminuir los puestos de empleos en el Norte, y además insisten en que se les otorguen mayores beneficios a las compañías transnacionales. Las modificaciones y cambios acrecentarían las desventajas que ya implica para Perú un TLC. Entre las exigencias aparece la de ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del Tratado que al posibilita a las empresas estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que promulgue leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma y como ya se ha hecho con los TLC con Centroamérica, México, Chile y Colombia, Perú no podrá acudir a los tribunales nacionales cuando se presenten diferencias.
Así, el gobierno peruano no podría promulgar normas de protección del medio ambiente, ni contra productos nocivos que afecten a la salud de sus ciudadanos, si ello perjudica los intereses de compañías norteamericanas. El Gobierno peruano parece dispuesto a aceptar las presiones. Así, el ministro de Producción de Perú, David Lemor, declaró que “todos los convenios económicos buscan primeramente la protección de las inversiones y por tanto no cambiaremos las reglas de juego que hemos expuesto para la inversión extranjera”. Y Alan García dijo que la ratificación del tratado “definirá el futuro de América Latina, pues si (...) este modelo de democracia con inversiones y libre comercio funciona en Perú, otros países tendrán que seguirlo".
Toledo, primero, y García después, se han negado a realizar un referendo nacional para que el pueblo conozca sobre las posibles ventajas o desventajas del TLC y decida al respecto.
En cuanto se ponga en funciones el Tratado, se eliminarán los aranceles a dos tercios de las exportaciones mercantiles y agrícolas de Estados Unidos a Perú, a pesar de que Washington continuará otorgando millonarios subsidios a sus agricultoes.
Las medidas pondrán en crisis a la agricultura peruana que se dedica a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los super industrializados productores estadounidenses.
En Perú, el 22 % de la población vive de la agricultura, es especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar.
Para Luis Zúñiga, presidente de la Convención del Agro son concluyentes cuando asevera que “resulta lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano mediante el cual se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional".
Pese a que desde hace varios años el PIB peruano ha estado en constante crecimiento y en 2006 llegó a un 8 %, la mitad de sus 28 millones de habitantes se encuentran en la pobreza porque las riquezas del país van a parar a las arcas de las transnacionales que controlan las principales fábricas y la extracción de minerales.
Otra de las clausulas impuestas por Washington a Lima es la de proteger durante cinco años los datos de prueba de los fármacos. De esa forma, no se podrán vender en el país medicamentos genéricos, que son más baratos, medida que afecta a la mayoritaria población empobrecida.
Al remover las barreras comerciales de los servicios y proveer un marco legal seguro para los inversores, las transnacionales estadounidenses podrán controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Pero Alan Gracía continuará adelante. Tras su segunda visita a Washington declaró “Creo que, naturalmente, los políticos americanos valoran mucho que haya cercanía personal. Su forma de actuar exige mucha presencia y saber que hay un compromiso”. (Fuente Rebelión)

Alan García cae en picado

Una reciente encuesta de Apoyo dice que 21 por ciento de los electores no está satisfecho con la gestión de ninguna autoridad del Estado y apenas el 4 por ciento está satisfecho con sus Congresistas. En 9 meses de gestión, el gobierno de Alan García está en 38 por ciento de aprobación y 50 por ciento de desaprobación, aunque goza de una extraordinaria bonanza económica, lo avalan la mayoría de los principales medios de comunicación, y se sustenta en una alianza del APRA con el fujimorismo, la tecnocracia de Unidad Nacional y la más poderosa derecha empresarial, articulada alrededor de la minería, la banca y las AFP.
La razón del malestar está en dos asuntos. Por un lado, un crecimiento económico que no beneficia a la sociedad ni es equitativo. Unos pocos ganan muchísimo y muchos ganan poquísimo o, simplemente, la ven pasar: Más del 50 por ciento de los peruanos ganan menos de $2 dólares diarios. (Fuente Sin Permiso)