14.5.09

Guatemala:Caso Rosenberg

LA OEA ALERTA DEL PELIGRO QUE CORRE LA DEMOCRACIA GUATEMALTECA. EL PRESIDENTE COLOM REPUDIA EL CRIMEN EN EL QUE HA SIDO INVOLUCRADO Y SEÑALA A UNA TRAMA QUE BUSCARÍA IMPEDIR EL PROCESAMIENTO POR CORRUPCIÓN DE UN EXPRESIDENTE Y DE EX OFICIALES DEL EJÉRCITO


El caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un vídeo divulgado tras su muerte señalaba como culpable, si esta se producía, al Presidente Colom y a su esposa, y a otros altos funcionarios, ha provocado ya la división de la población guatemalteca. El diario guatemalteco Prensa Libre señaló que la difusión del video "ha creado la mayor crisis política para esta democracia, porque nunca antes un presidente electo democráticamente había sido acusado de asesinato".

Para este jueves, por tercer día consecutivo, se espera que cientos de manifestantes vuelvan a concentrarse en la Plaza de la Constitución, de la capital: unos en apoyo al presidente, otros para pedir su renuncia. Hasta el momento no ha habido enfrentamientos físicos , tan sólo de palabra, ante la vigilancia de la policía, que no ha llegado a intervenir.

La composición está bien definida. A favor del presidente, gente humilde, beneficiada por los programas sociales de la actual administración, llegados al lugar en autobuses desde los barrios pobres de la ciudad. Enfrente, empleados encorbatados, empresarios y damas vestidas a la última moda, cuyos vehículos y chóferes, esperan en calles aledañas para devolverlos a sus barrios residenciales.

"Solo muerto dejaré la Presidencia"


El presidente Álvaro Colom recibió el miércoles a los corresponsales extranjeros, ante los que aseguró que no renunciará “jamás”, y que “solo muerto” lo sacarán del Gobierno.

“Yo no he asesinado a nadie”, dijo el gobernante, acusado por el abogado Rodrigo Rosenberg de ser el responsable de su muerte, en un video que grabó antes de ser acribillado a tiros en la calle, el recién pasado domingo. Esas acusaciones, subrayó Colom, son parte de un plan para desestabilizar al Gobierno.

En otra entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, descalificó al periodista y abogado Mario David García, en cuya oficina fue grabada la entrevista-denuncia del abogado Rosenberg. Al ser consultado al respecto, el presidente Colom respondió que García “es un personaje muy conocido en Guatemala, que en los años 1980, pública, abierta, vil y descaradamente promovió un golpe de Estado contra el presidente Vinicio Cerezo”.
“Hay dudas de cómo una persona que grabó un video el jueves, el domingo sale tranquilamente en bicicleta a pasear y deja a su seguridad en su departamento u oficina”, dijo Colom en la entrevista. Al ser preguntado sobre quiénes serían los responsables, Colom lo relacionó con el hecho de que se haya comenzado “a investigar a un ex presidente por corrupción, junto con una lista grande de ex oficiales del Ejército”.

Puntos oscuros de la trama

-La trama muestra muchos puntos oscuros y, si no se trata claramente de una operación de "desestabilización" como denuncia el presidente Colom, si hay sospechas de que tras los hechos se muevan los llamados 'poderes ocultos', o estructuras paralelas, sin duda dotados de los medios para implementar maniobras de inteligencia de alto nivel. Claro está, aprovechando errores de bulto, imprudencias y falta de oficio por parte del actual gobierno.

Así, en su vídeo 'póstumo' el abogado Rosenberg acusa a la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, cuya grandilocuencia o imprudencia verbal, presentando sus políticas sociales - importantes y significativas - como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo veintiuno, ha creado tanta e innecesaria irritación entre la burguesía guatemalteca, especialmente porque no acepta su origen 'plebeyo'.

-El periodista Haroldo Shetemul, en su columna de este 13 de mayo en el diario guatemalteco Prensa Libre, destaca "algunos aspectos que dejan dudas... se sabe que la grabación (del vídeo) fue hecha en la residencia de Mario David García, a quien el gobierno de Vinicio Cerezo señaló de estar involucrado en intentos golpistas en su contra. También llama la atención que quien distribuyera 150 copias de ese vídeo fuera Luís Mendizábal, quien en tiempos de la administración de Álvaro Arzú estuviera ligado a la ‘oficinita', una estructura paralela de la Presidencia que servía de enlace con el Ministerio Público y la inteligencia militar y a la que se le señalaba de anomalías".

-Lla declaración del abogado Rodolfo Rosenberg es genuina, parece que la hizo convencido de que efectivamente su vida estaba amenazada por decisión del presidente Colom y de su esposa y otros personajes. Si esto a él le constaba o si lo suponía o infería, es algo que no queda claro.

-Una cosa es la declaración de Rodolfo Rosenberg, y otra la explotación que de ese hecho pudieron hacer personas o estructuras que conocían la situación; quizá Rodolfo Rosenberg pensó que con su declaración garantizaba su vida, y tal vez lo que ocurrió fue que firmó su sentencia de muerte.

-Lo que talvez más dudas genera es que, por mala que sea la opinión sobre la actual Administración, y en particular sobre el Presidente de la República, no hay ningún antecedente que permita vislumbrarlo como un asesino.

- El principal y seguro perdedor en todo esto es el país. La gobernabilidad está en su punto más bajo y muy difícilmente podrá ser restaurada, incluso a los bajos niveles en los que ya se encontraba. La pérdida incluye, por supuesto, el asesinato de una persona honorable, indefensa, como producto de una conspiración que, sea cual fuere, no puede tener sino fines espurios. Guatemala sigue atrapada en la vorágine de muerte que la impunidad y el crimen organizado alimentan sin cesar.


"Respaldo" a Colom de la OEA, ante la crisis institucional


La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió "respaldar" al gobierno del presidente de Guatemala, Alvaro Colom. En una resolución aprobada por aclamación, el Consejo Permanente decide"respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del estado de derecho". También señaló que acoge "con beneplácito el compromiso del gobierno por investigar y esclarecer los hechos recientes, defender la legalidad, evitar la impunidad y asegurar el ejercicio efectivo de las garantías constitucionales y la plena vigencia de las instituciones democráticas". El punto cuarto de la resolución "repudia todo acto de violencia que pueda generar una situación de inestabilidad política o el desconcierto en la población, atentando contra el orden público y la paz social".

El documento solicita al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que "brinde toda la cooperación de la Organización a solicitud del gobierno de Guatemala para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática" en ese país centroamericano.

Horas antes, Insulza, expresaba su alarma por los acontecimientosy pedía "actuar de manera decidida en defensa de la democracia" en Guatemala.

En la reunión del Consejo Permanente intervino el ministro de Exteriores guatemalteco, Haroldo Rodas, quien aseguró que la muerte del abogado Rosenberg se enmarca en "una serie de hechos y circunstancias que, lejos de ser aislados, están concatenados y articulados" con el objetivo de "crear un ambiente" propicio para "subvertir el régimen constitucional". Se trata , según el ministro guatemalteco, de una "crítica situación" donde se corre el riesgo de ataques "contra el estado de derecho y la gobernabilidad democrática". Según el ministro Rodas la muerte de Rosenberg estaría en relación con una presunta "respuesta" del crimen organizado, en particular de los grupos narcotraficantes, frente a los "esfuerzos" del gobierno de Colom contra el tráfico de drogas.


Cuatro Nobel de la Paz se muestran preocupadas


Cuatro premios Nobel de la Paz que se encuentran en Guatemala manifiestan su preocupación por la crisis política que se vive en el país, tras las denuncias del abogado, asesinado el domingo, que incriminara al presidente Álvaro Colom.

"Estamos en una crisis sin precedentes y que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema institucional de Guatemala", afirmó en rueda de prensa la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada con el Nobel en 1992.

Menchú, quien el martes envió una carta al gobernante, reiteró que le pide independencia judicial para poder esclarecer el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
"Guatemala ha sido señalada por la tremenda impunidad que existe, por las violaciones a los derechos humanos, la criminalidad que le cuesta la vida a unas 20 personas cada día. Pero este crimen va más allá, por eso pedí que se garantice la independencia en la investigación", agregó.

"Queremos manifestar nuestras condolencias por el fenómeno que está viviendo Guatemala, pero estamos seguras que encontrarán el camino hacia la paz y la justicia", dice la iraní Shirin Ebadi, laureada en 2003 por sus esfuerzos en pro de la democracia y los derechos humanos.

"Sabemos que en estos momentos están enfrentados en una crisis, pero queremos decirles que millones de personas están con Guatemala. No están solos", dice la británica Mairead Corrigan-Maguire, galardonada en 1976 por su campaña en favor de la paz en Irlanda del Norte.

En ese mismo sentido se expresó la estadounidense Jody Williams (1997), quien lamentó la situación y consideró que la democracia se debe fortalecer con la participación de todos los sectores.
Las cuatro laureadas participaron desde el domingo hasta el miércoles, junto a unas 130 defensoras de los derechos de la mujer, investigadoras, comunicadoras y activistas de más de 30 países en la segunda conferencia 'Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad'", que el año pasado se celebró e Irlanda .


Crisis política en los tiempos del cólera
Por Enrique Álvarez (*)


En Guatemala estalló una bomba política que ha cimbrado a la sociedad, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, recién había grabado un video en el que acusaba de su posible muerte al Presidente de la República, a su esposa y al Secretario Privado de la Presidencia. La noticia golpeó con fuerza brutal, y en los primeros momentos era muy difícil reaccionar de forma racional. Es muy fuerte ver las imágenes de una persona que le dice a uno: si usted está viendo este video es porque he sido asesinado; y que seguidamente responsabilice de su muerte a altas autoridades del país, termina de anonadar a cualquiera.

Esto en medio de tantas penurias económicas como efecto de la crisis mundial, las que todavía no tenemos la posibilidad de dimensionar claramente, y las amenazas que provienen de la epidemia generada por la gripe porcina, que las transnacionales insisten en que nos refiramos a ella con el inocuo nombre de AH1N1, seguramente para no afectar a las poderosas empresas que han industrializado la producción de cerdos en varios países del mundo y que están en el centro de las sospechas del origen del virus.

No es posible predecir los efectos negativos que esta demoledora situación creará en el largo plazo a la ya debilitada institucionalidad del país. Aunque también existe la posibilidad de que produzca efectos positivos, esto está condicionado a que sean exitosas las investigaciones que desarrollará la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala de la ONU, Cicig, en un complejo caso que no se limita al asesinato del abogado Rosenberg, ya que él refiere la posibilidad de su muerte a las investigaciones que estaba realizando respecto del repudiable asesinato del industrial Khalil Musa y de su hija Marjorie.
Está muy claro que el contenido del video que contiene estas acusaciones, y la versión escrita que Rosenberg dejó firmadas, no contienen datos precisos que puedan concluir que hay clara responsabilidad judicial en los mencionados, a los que hay que agregar al Presidente, Gerente y un funcionario más del Banco de Desarrollo Rural. Sin embargo esto podría cambiar si los documentos probatorios que Rosenberg afirma entregará, incluyen acusaciones más sustentadas.
Por eso, sin la desafortunada muerte del referido abogado, por cierto una persona notable en algunos ámbitos empresariales y académicos, el video y el contenido de su escrito no tendrían mayor trascendencia. Aunque el tono que usa y las acusaciones que lanza son fuertes, se refiere de forma genérica a aspectos que en el mismo tono y con parecido contenido lanza casi a diario, el periodista Mario David García (la persona que ha reconocido haber realizado la grabación en su oficina) en su programa radial; y que expresan la fijación de grupos de la derecha más conservadora en contra de casi cualquier acción del Gobierno que encabeza el presidente Colom y en particular en contra de los programas sociales que está implementando.

La reacción social que está produciendo este grave hecho es de repudio generalizado, y a la mayoría de personas les importa muy poco que las acusaciones que contiene el video sean sustentadas o no, lo que de forma natural ha producido consternación y rechazo es la predicción de su muerte y que ésta se haya producido de la forma deleznable que usan los sicarios que lamentablemente están actuando con tanta libertad en Guatemala.

La reacción que el Gobierno ha tenido no ha sido la más afortunada, de nuevo pareciera que algo falla en los círculos cercanos al presidente, pero ni el tono, la forma ni el contenido de sus declaraciones son del tipo que la gente espera o necesita. A pesar de que los hechos que se han ido revelando aportan muchos elementos para sospechar que muchas cosas raras pasaron alrededor de esta situación, y que podrían haber otros actores que no salen a la luz todavía; el equipo del presidente Colom debiera considerar que la percepción que se genera en la sociedad es un hecho concreto, más allá que sea fundamentada en la realidad o no, en una situación como ésta la forma es tan importante como el contenido.

La situación de debilidad en que el video y el asesinato han colocado al Gobierno puede tener efectos desastrosos para la gobernabilidad del país, y estos efectos negativos pueden ir bastante más lejos del presidente Colom y su entorno más cercano. Bien dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades; pero el rumbo que tome el país, aún si éste se encamina a un abismo no parece estar en las contemplaciones de sus más fuertes detractores.

La voz de serenidad la está tratando de imponer el director de la Cicig, Carlos Castresana, institución y persona que luego de irracional oposición de las ultraderechas, afortunadamente han terminado siendo de lo más confiable y respetable en el país, referidos al tema de la justicia. La acción más coherente del gobierno ha sido pedir que sea la Cicig la que realice las investigaciones sobre las acusaciones del abogado Rosenberg.

Y en ese sentido, en una especie de vorágine, se han ido revelando varios elementos que para un criterio tan agudo como el de Castresana seguramente tendrán vital importancia. Para sólo mencionar uno, sería muy importante conocer en qué circunstancias fue grabado y cuantas personas tuvieron conocimiento de la existencia del video, antes de ser cometido el asesinato, y cuáles pueden ser las responsabilidades por el manejo del mismo.

Hoy mismo, en el programa de entrevistas de Emisoras Unidas, Carlos Castresana ha tratado de aportar serenidad y ha llamado a la calma. Es esperanzador que un tan fuerte crítico de la actuación del Ministerio Público, haya dicho que “hasta ahora el papel del MP ha sido impecable, desde que se produjo el levantamiento del cadáver, cuando no lo sea, yo lo diré”. Castresana también llamó a la serenidad, y pidió tiempo para crear las condiciones y todo mundo juegue con las reglas.

En buena medida el futuro de la gobernabilidad del país está en la posibilidad de que la Cicig puede desarrollar una investigación exitosa, y los antecedentes de su director permiten esperar que, sean quienes sean los responsables de los tres asesinatos, éstos serán denunciados y procesados (pero esto no puede significar que nosotros, la sociedad de este país, no asumamos los niveles de responsabilidad que nos corresponden). Sin embargo, hay que considerar que varios grupos con intereses inconfesados no están interesados en la verdad, ni en que se haga justicia, sino en generar el caso y sacar provecho.

(*) Enrique Álvarez es Director del servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM. Este artículo ha sido distribuido por alainet


(Fuentes: Prensa Latina, ACAN-EFE, Radio Nederland, Prensa Libre, ANSA-Latina, BBC-Mundo, Ecodiario y alainet.org)

7.5.09

Brasil:Indígenas

AUMENTAN LOS SUICIDIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DE LA TIERRA. EN 2008 FUERON ASESINADOS 60 INDÍGENAS. LOS NATIVOS DENUNCIAN SU DEFICIENTE ASISTENCIA SANITARIA

En el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cada 10 días se suicida un joven indígena. En principio atribuida a la falta de tierras y de oportunidades, esta tragedia es de tal dimensión que ya ha llamado la atención de especialistas locales y del exterior.

El último joven que se ahorcó -el método más utilizado- tenía 20 años y era empleado de un ingenio de caña de azúcar, una fuente de trabajo externa y culturalmente extraña, pero habitual para muchos de los jóvenes de la etnia guaraní kaiowá ante la falta de otras opciones tradicionales de supervivencia.

Después del noroccidental estado de Amazonas, Mato Grosso do Sul concentra la mayor cantidad de indígenas de Brasil. Se calcula que son unos 70.000 en todo el territorio, la mayoría de la etnia guaraní kaiowá.

"Si no se toman medidas inmediatas tendrá lugar un nuevo genocidio indígena en pleno siglo XXI", advierte un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI), vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos católicos.

El informe anual titulado "Violencia contra los pueblos indígenas, señala que en Mato Grosso do Sul ya se suicidaron seis indígenas desde que comenzó el año. Esto suma 40 muertes por esa causa desde enero del 2008.

El estudio destaca que el 100 por ciento de los suicidios y 70 por ciento de los asesinatos de indígenas, 60 en todo el país, tienen lugar en ese mismo estado.

La mayoría de los asesinatos son cometidos entre los propios indios guaraní kaiowà, en el contexto de peleas, muchas veces familiares.

"Sumado al crecimiento del número de suicidios, se percibe un cuadro de autodestrucción de ese pueblo, provocado por la precaria y violenta realidad que enfrenta", concluye el informe, coordinado por la antropóloga Lucía Rangel.

Saulo Feitosa, secretario adjunto del CIMI,considera que todas las formas de violencia que tienen lugar en Brasil y particularmente en Mato Grosso do Sul están vinculados directamente al problema de la tenencia de la tierra. Una situación que tiene que ver "con el mantenimiento de las disputas de tierras entre indígenas e invasores, y con el mantenimiento de una gran cantidad de aborígenes en pequeñas parcelas.

La edad promedio de suicidios es entre 13 y 17 años. "Muchos adolescentes se matan por la falta de alternativas", añade Feitosa, para quien se trata de un "trauma" vinculado a una edad en que precisamente se está construyendo la identidad.
En ese sentido, el director del CIMI entiende que los jóvenes guaraníes muestran un conflicto agravado, "porque la identidad de esa etnia es profundamente religiosa" y "el hecho de no tener su propio espacio donde rezar, su bosque con sus alimentos para sobrevivir, su tierra para reproducir su identidad cultural, fragiliza aun más la identidad individual de esos jóvenes".

El problema de la tierra


La aldea donde los suicidios son más frecuente es Bororó, en el municipio de Dourados, donde viven hacinados 13.000 nativos en un área aproximada de 3.500 hectáreas.

Allí ante la falta de tierra y esperando la promesa de demarcación, los indígenas viven en casas precarias, muchas de ellas apenas de lona, una al lado de la otra, mientras que los poblados originales de esa etnia están constituídas habitualmente con casas espaciadas.

"Se les obliga a convivir amontonados, los hombres salen a trabajar a los cañaverales en condiciones de trabajo muchas veces de esclavitud, las mujeres se quedan con sus hijos, y en esa situación crece el alcoholismo y la violencia, que lleva a esos alarmantes números de suicidio y asesinatos", dice Feitosa, y destaca que la situación se agrava porque deben convivir grupos étnicos distintos.
El dirigente del CIMI precisa que Mato Grosso do Sul es un estado en el que la demarcación de tierras aun no ha sido resuelta, debido a la "presión muy fuerte del agronegocio", en referencia a las empresas agroexporadoras que producen soja y caña de azúcar, en su mayor parte para biocombustibles, al igual que crían ganado.
La aldea de Bororó fue cercada por este tipo de establecimientos rurales en los últimos 25 años. "Los hacendados compraron tierras, compraron ganado, soja e hicieron monocultivos en nuestras tierras", dice Amilton Lopes, lider indígena.
"Ya no tenemos más lugar donde vivir, donde buscar remedios nativos, donde buscar alimentos para sostener a nuestros hijos, ya no hay más casas para nosotros" Para Lópes, la violencia se explica por estas carencias.
Pero Lópes tiene otras explicaciones sobre el suicidio de indígenas, además de la falta de tierras y de oportunidades: la desintegración familiar y el alcoholismo. "Los jóvenes me dicen que prefieren morir si no tienen cómo vivir y comer, y entonces, para mantener a sus familias, se van a trabajar a las destilerías (ingenios). Pero las mujeres se quedan sólas con sus hijos y ahí se amigan con otro hombre que las mantenga y le dé de comer a sus hijos. Y cuando vuelve el marido la encuentra con otro. Esto aumenta la violencia".
La demanda central de los indígenas, especialmente de los guaraní-kaiowá es la recuperación de sus tierras. "Lo que vivimos en nuestra comunidad es lo que sucede cuando a un pueblo se le quita el espacio, se le quita la tierra, se le quita el bosque y los ríos", explica Anastacio Peralta, otro líder de los guaraní-kaiowá.
Se queja de que desde comienzos del siglo pasado, su grupo ha sido confinado a espacios cada vez más reducidos por la expansión de la agricultura y la ganadería en el estado de Mato Grosso do Sul, a expensas de los derechos de los indígenas. "En este país vale más una cabeza de ganado que un niño, la caña vale más que el bosque", se lamenta.
La antropóloga Lucía Rangel dice que "el confinamiento de los indígenas se ha intensificado por causa del avance de los latifundios agrícolas, sobre todo las plantaciones de soja y caña de azúcar, hay una resistencia muy grande de los no indígenas a la regularización de tierras guaraní-kaiowá".
El informe del CIMI dice que la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano estatal de defensa de los indígenas, envió un grupo de trabajo para definir las tierras de los guaraní-kaiowá, pero suspendió sus trabajos por presión de los agricultores y políticos de Mato Grosso do Sul.

60 asesinatos de indígenas en 2008


El informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), "Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil - 2008", asegura que el año pasado en Brasil fueron asesinados 60 indígenas. Aunque es aún muy elevado, el número de casos es menor que el del año 2007, cuando hubo 92 asesinatos.

También en este caso, el secretario adjunto del CIMI, Saulo Feitosa, considera que esta violencia está directamente relacionada con la cuestión de la tierra. Y explica que, además de los asesinatos, los indígenas sufren también delitos contra el patrimonio, como los conflictos territoriales y los daños ambientales.

Mato Grosso do Sul fue el estado con mayor índice de muertes violentas de indios, con 100% de suicidios y 70% de asesinatos. "Los elevados números predominan en la región de Mato Grosso do Sul porque es el estado donde hay demanda de tierras", explica el secretario. Para Feitosa, la región está marcada por el fuerte agronegocio, que hace que los indígenas vivencien una realidad de "confinamiento".

Después de Mato Grosso do Sul, el pueblo que más enfrentó acciones violentas fue el Guajajara, en Maranhão. Según el informe, se registraron tres asesinatos, siete intentos de asesinato, seis amenazas de muerte y una golpiza. A diferencia de los Guaraní Kaiowá, la mayoría de los actos violentos en la comunidad fueron cometidos por no-indígenas que viven en regiones cercanas a las tierras de los Guajajara.

La violencia contra los pueblos indígenas, sin embargo, no puede ser medida solamente por el número de muertes. La población indígena de Brasil todavía es víctima de prejuicios, de procesos de criminalización y de la omisión del Estado. De acuerdo con la publicación, el año pasado, el accionar del Estado estimuló el proceso de criminalización de los pueblos y de las luchas indígenas.

El informe del CIMI advierte además que muchas muertes ocurren por falta de asistencia del Estado. En 2008, se registraron 30 casos de ausencia de obras de saneamiento básico o de agua potable, principalmente en Minas Gerais y Santa Catarina.

Además, 68 indígenas murieron a consecuencia de la falta de asistencia de salud. Entre las principales fallas señaladas por los indígenas, se destacan: la falta de médicos en las aldeas y puestos de salud; la ausencia de medicamentos y transporte para médicos y pacientes; la falta de personal calificado; y la ausencia de instalaciones adecuadas en los centros de atención.


Ocupación de un edificio público para reclamar atención sanitaria


Representantes de 37 aldeas aborígenes del estado de Sao Paulo ocupan desde el lunes la sede de la Fundación Nacional de la Salud (Funasa) en protesta por las deficiencias de atención sanitaria y por reivindicaciones económicas.
Los indígenas denuncian que ese organismo del Ministerio de Salud no cumple con las garantías sanitarias básicas para las comunidades de la región. Se trata de 37 comunidades que suman cerca de cinco mil habitantes en condiciones de riesgo por la ausencia de un sistema de salud apropiado. Los representantes indígenas explican que niños y niñas de las comunidades "están desnutridos, muriendo por montones", y exigen saneamiento básico, puestos de salud y medicamentos.
Por ese motivo, decidieron ocupar el edificio donde tomaron como rehenes a 37 empleados y exigien la dimisión del coordinador regional de la Funasa, Raze Rezeky . Este miércoles Rezek accedió a presentar su renuncia, pero los indígenas permanecieron en el edificio hasta que esta fuese efectiva, aunque ya habían liberado a los rehenes.
Los manifestantes ocuparon varias salas del edificio, pero permitieron trabajar con normalidad a los funcionarios, a los que no les bloquearon las entradas o las salidas.

Desde Brasilia, el director de la Funasa, Danilo Forte, denunció la ocupación a la Policía para que proceda al desalojo del edificio, en el centro de Sao Paulo. La Funasa es el organismo encargado de la atención médica a las poblaciones indígenas desde 1999, aunque va a ser sustituido por otra entidad dependiente del Ministerio de la Salud en el segundo semestre de este año.

(Fuentes: IPS, AP-chron.com, Adital, Agencia PÚLSAR y EFE)

Latinoamérica:Relaciones con EE.UU

Un libro que nos abrió las venas
Por Rosa Regàs (*)


Cuando en 1971 el periodista uruguayo Eduardo Galeano publicó Las venas abiertas de América Latina, la idea que en España teníamos de la historia de aquel continente era poco más que la de nuestro imperio que vivía del dudoso esplendor del pasado y de un incomprensible orgullo de lo que se llamaba nuestra raza.

La solidaridad con los pobres de todos los continentes se limitaba a poco más que al Domund. Es cierto que conocíamos la leyenda negra y a sus detractores, pero nos habían educado de tal modo en la lejanía del dolor ajeno y en el rechazo de toda injusticia que se refiriera a nuestra historia, que América Latina nos habría quedado muy lejos de no ser por una literatura que desde hacía algo más de una década nos iba acercando a un pueblo oprimido, empobrecido, atormentado.
Fue entonces cuando nos llegó el libro de Galeano a través de amigos que venían de América o de librerías españolas en París o Ginebra. Estábamos todavía a caballo entre la muerte del dictador y la transición. Los libreros y distribuidores afrontaban una censura que no había sido derogada.
La lectura del libro nos abrió las venas también a nosotros al desvelarnos otra Historia, la de los derrotados y perdedores, que nos mostraba hasta qué punto el expolio del imperio español había dejado en la miseria a pueblos enteros que además fueron esclavizados.
Comprendimos, comprendí, los infinitos caminos que recorren los imperios para hacer suyos los tesoros de la tierra conquistada, en aquel caso el imperio español y el portugués en los siglos XVI y XVII, y el británico y el norteamericano durante los siglos XIX y XX.
Descubrimos horrorizados las distintas formas de usurpar los recursos naturales: la fiebre del oro y de la plata que llenó los barcos españoles hacia la metrópoli; los monocultivos de azúcar en Cuba, del caucho en Brasil, de la banana en Ecuador, Colombia y los países de Centroamérica, y que una vez agotados los campos, los dejaban y todavía hoy los dejan inservibles para el cultivo. O las tropelías y atrocidades perpetradas contra el pueblo para apropiarse de las abundantes riquezas mineras.
Y nos dimos cuenta de que la Historia no es, como habíamos aprendido, un asunto del pasado, sino que el saqueo continuaba en el presente utilizando métodos más modernos y presiones más sofisticadas, como las utilizadas por los países más ricos mediante un sistema colonial actualizado, por decirlo así, en relación con el que habían puesto en práctica los primeros conquistadores.
Y así es como crearon una sociedad dividida entre unos pocos enriquecidos por los emperadores y la gran masa de los pueblos empobrecidos hasta unos extremos que era difícil imaginar. El libro provocó la indignación de las dictaduras que con la ayuda norteamericana se habían instalado en la mayoría de países, y por supuesto en nuestro país fueron muchos los que se arrogaron el derecho a conocer mejor que el autor la tragedia histórica de América Latina.

Eduardo Galeano necesitó, según sus propias palabras, "cuatro años de investigación y recolección de la información" y tuvo que exiliarse a raíz del golpe militar ocurrido en Uruguay en 1973. Pero volvió al libro "siete años después" para decirnos que el deterioro continuaba y que "lo más difícil no había hecho sino comenzar".

Para mí, la lectura de Las venas abiertas de América Latina supuso entonces una toma de conciencia viva de lo que es la obligada sumisión a los imperios y también de la pobreza provocada por su codicia, que todavía hoy me mantiene vigilante frente a la actuación de los poderosos.
Esta es la razón por la que creo que Barack Obama sabe exactamente hasta qué punto el libro de Galeano acusa al imperio que hoy dirige. Pero de lo que no estoy tan segura es de que supiera que también los latinoamericanos, por más que hayan sido sometidos al silencio durante tanto tiempo, son conscientes de ello.
La actitud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue un gesto de coraje y tal vez obligue al presidente del Norte a hojear el libro. Si esto ocurriera, le sería fácil comprender ciertas actitudes de sus vecinos del sur, perseguidas y destruidas por la mayoría de los líderes del pueblo norteamericano.

(*) Rosa Regàs, escritora , fue directora de la Biblioteca Nacional. Este artículo fue publicado en el diario madrileño Público, el 22 abril de 2009

5.5.09

Bolivia:Terrorismo

LÍDERES 'CÍVICOS' Y EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ, ACUSADOS DE PROMOVER Y FINANCIAR EL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA EVO MORALES. LA FISCALÍA IMPLICA TAMBIÉN A LA ONG NORTEAMERICANA FHR, VINCULADA A GRUPOS ANTICASTRISTAS



La Fiscalía de Distrito de La Paz citó este lunes al ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic; al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar; y al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovía; por financiar presuntamente a la “célula terrorista” desmantelada la madrugada del pasado 16 de abril y que, según el gobierno boliviano, pretendía asesinar al presidente Evo Morales.

Marinkovic es un empresario de ascendencia croata y uno de los más duros opositores al gobierno de Evo Morales. Durante su gestión como presidente cívico se produjeron violentos enfrentamientos entre oficialistas y opositores en Santa Cruz, en los meses de agosto y septiembre de 2008. Marinkovic declara que la investigación "es un montaje", niega haber financiado a terroristas y pide una investigación internacional y transparente.

El actual presidente de los cívicos, Luis Núñez, anuncia que las instituciones de Santa Cruz crearán una comisión de defensa de los derechos humanos ante los ataques del gobierno de Morales.

El pasado 16 de abril, en un operativo en Santa Cruz , la policía mató al boliviano húngaro-croata, Eduardo Rózsa, presunto líder del grupo, así como Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y a Michael Martin Dwyer (irlandés). Además, fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elod Toasó (húngaro.

El fiscal Marcelo Sosa asegura que, de acuerdo a las primeras investigaciones estos tres empresarios cruceños, junto a Hugo Achá, miembro de la Fundación Human Right (FHR), eran los que financiaban al grupo liderado por Jorge Eduardo Rózsa Flores, que tenía planificado cometer el magnicidio.

La fiscalía asegura que los dos unionistas detenidos la semana pasada, Juan Carlos Geber Bruno y Alcides Mendoza, señalan a Marinkovic, Nayar, Yovía y Achá como los principales financiadores de las actividades de Rózsa y su grupo paramilitar compuesto por 13 personas. Eduardo Rózsa, dejó grabada una entrevista en la que revela que su fin era organizar una milicia para defender Santa Cruz de los ataques del gobierno de Evo Morales.

Según el Ministerio Público, el grupo sostenía reuniones secretas con sus financiadores en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y en un stand del campo ferial cruceño. A juicio del fiscal Sosa, esta oficina era el cuartel general de los terroristas.

De acuerdo a la confesión del unionista Mendoza, Branko Marinkovic entregó a la “banda terrorista200 mil dólares para la compra de armamento y que con un monto desconocido lo mismo hicieron , Guido Nayar, Pedro Yovía y Hugo Achá, este último salió del país con destino a Estados Unidos.

El prefecto de Santa Cruz, acusado también



El fiscal Marcelo Sosa incrimina también al prefecto del departamento de Santa Cruz Rubén Costas. Según la declaración del testigo clave Ignacio Villa Vargas el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, en contacto telefónico con Guido Nayar, ofreció casa y otras propiedades a los supuestos terroristas, para que cometieran atentados contra el viceministro de Autonomías, Saúl Avalos; y el senador disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Guido Guardia.

La fiscalía considera que la presunta célula terrorista estaba integrada por Jorge Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi (rumano), Michael Martín Dwyer (irlandés), Elod Toaso (húngaro), Alcides Mendoza (boliviano), Juan Carlos Geber Bruno (boliviano), Juan Alberto Kudelka Zalles (boliviano), Hugo Antonio Achá Melgar (boliviano), Alejandro Melgar Pereira (boliviano), Luis Hurtado Vaca (boliviano), Lorgio Balcazar Arroyo y dos prófugos: Daniel Gaspar (húngaro) y Gabor Dudog (húngaro).

La fiscalía boliviana inicia este martes interrogatorios a propietarios de hoteles y entidades acusadas de estar vinculadas a la banda terrorista neutralizada el 16 de abril en Santa Cruz. De acuerdo con el fiscal Marcelo Sosa, uno de los primeros en declarar será Miguel Salek, dueño de la compañía Falcón, encargada de la seguridad de Fexpocruz, en cuyo stand de la Cooperativa de Comunicaciones (COTAS) hallaron un arsenal de armas y explosivos.


Presunto implicado, huído a Uruguay



El abogado boliviano Alejandro Melgar Pereira, alias "Lucas", escapó a Uruguay donde entró el 19 de abril y no hay registro de su salida, según el diario La República. Melgar llegó al aeropuerto capitalino de Carrasco el 19 de abril, tres días después de que se desarticulara la banda que presuntamente planeaba asesinar a Evo Morales. El abogado abandonó su país el 13 de abril por la frontera de Yacuiba con Argentina y el 19 llegó a Uruguay para participar "en un torneo internacional de tiro deportivo". Melgar Pereira, "no tiene orden de captura" por parte de Interpol, según las autoridades uruguayas.

Melgar Pereira está acusado en Bolivia de ser uno de los que financiaron el comando que presuntamente tramaba matar al presidente Morales . Según la Fiscalía , fue también quien contrató al dueño del vehículo con el que se dinamitó el 14 de abril la casa del cardenal Julio Terrazasa, en Santa Cruz.


El jefe del comando, un nazi húngaro


Eduardo Rózsa Flores, abatido el 16 de abril en un hotel de Santa Cruz, pertenecía a círculos de extrema derecha de Hungría cercanos al partido neonazi Jobbik, que mantiene ilegalmente una organización paramilitar, la Guardia Húngara.
Según informa la página web Hungarian Spectrum, Flores se sumó al principio de los años 90 al ejército de Croacia, participó en varios combates y fue herido en tres oportunidades. Sus cómplices también presentan biografías que culminan en los círculos de extrema derecha.

En septiembre de 2008 la televisión húngara ofreció una entrevista con Eduardo Rózsa Flores , en la que señalaba su apoyo a las pretensiones secesionistas en Bolivia, y sus planes de resistencia contra el Gobierno boliviano. Estas son algunas de las declaraciones efectuadas al periodista húngaro Andras Kepes y publicadas recientemente por el diario boliviano La Razón.

"Me llamaron para organizar o ayudar a organizar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, así como la de la provincia" contra "la actuación del Gobierno central, con la intervención del Ejército y diferentes milicias indígenas, las que fueron movilizadas contra Santa Cruz varias veces en la historia", señalaba en la entrevista.
En la región brasileña de Matto Grosso, "me esperarán con un automóvil. Me llevarán a un sitio concreto, cerca de la frontera verde, donde pasaremos la frontera con personas contrabandistas".
"Estamos preparados para que, dentro de un par de meses lleguemos a que, si no hay autonomía (de Santa Cruz), si no hay convivencia con autonomía, proclamaremos la independencia y fundaremos un país nuevo".
"Aunque se guarda secreto, hasta ayer (7 de septiembre 2008) sólo sabían cinco personas de mi llegada (a Santa Cruz)".

La fecha de la llegada de Rózsa coincide con el máximo estallido de violencia en Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, los departamentos opuestos al gobierno de Evo Morales, conocidos como la 'Media Luna', donde se dieron tomas de aeropuertos, saqueos de oficinas públicas y violencia de diversa magnitud que el Ejecutivo calificó de "
golpe cívico-prefectural".
En la jornadas de violencia opositora de mediados de septiembre en Pando, al menos 16 campesinos partidarios el presidente Morales fueron emboscados y masacrados a tiros por adversarios del gobierno.

La agencia de cooperación estadounidense FHR


Antes de que el fiscal incriminara a la Fundación Human Rights (FHR), el gobierno boliviano y la abogada estadounidense, Eva Golinger, señalaron su implicación en la red terrorista. En la operación policial del 16 de abril, uno de los detenidos , Juan Carlos Gueder, señaló al presidente de la Fundación , Hugo Achá Melgar, como financiador de las actividades subversivas.

El secretario general de FHR, el ex preso cubano Armando Valladares, fue observador del referendo autonómico ilegal organizado por los líderes 'cívicos'de Santa Cruz, el 4 de mayo de 2008.
Desde Estados Unidos donde se encuentra, en declaraciones a un canal privado de televisión de La Paz, Achá rechazó las denuncias pero confesó que se reunió con el jefe de la banda , el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores, en cuatro o cinco ocasiones.
Por su parte, la escritora norteamericana radicada en Venezuela, Eva Golinger, asegura que Human Rights Foundation fue creada por Thor Halvorssen Mendoza, en 2005, para atacar y desacreditar los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La escritora dice que Halvorssen Mendoza es miembro de una de las familias más ricas de Venezuela, y que trabajó con la CIA en El Salvador y en Nicaragua.
Reforzada la presencia militar en Santa Cruz


El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de un cuartel en el departamento opositor de Santa Cruz para fortalecer la presencia militar.

El mandatario boliviano dijo que tomó la decisión "después de escuchar la información" sobre "la presencia de algunos separatistas, terroristas en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz", en alusión a una célula de croatas, húngaros y de un irlandés, abatida a tiros hace dos semanas en la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento secesionista.
Morales entregó 1,8 millones de bolivianos (unos 254.000 dólares) a las Fuerzas Armadas para construir un Comando Militar Conjunto en el poblado amazónico de San Ignacio de Velasco, cercana a la frontera con Brasil. El presidente dijo que la nueva gran unidad militar también combatirá el narcotráfico y el contrabando.

El presidente boliviano, que ya movilizó el fin de semana a tropas del Ejército a la frontera boliviano-brasileña, dijo que los militares "no pueden permitir ninguna división" del territorio boliviano, e insistió en que su vida corre peligro.

"No importa que maten al Evo Morales, ustedes (las Fuerzas Armadas) no pueden permitir el decuartizamiento del territorio nacional", dijo durante el acto castrense en San Ignacio .

(Fuentes: Red Erbol, Prensa Latina, ABI- Agencia Boliviana de Información, BBC-Mundo, ANSA-Latina, Madrid Digital, Agencia PÚLSAR y AFP)

30.4.09

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.


El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos


Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad


Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.


Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".
No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.
(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)

28.4.09

México:Gripe porcina

EL GOBIERNO MEXICANO SE PLANTEA EL CIERRE DE LAS FRONTERAS. CENTROAMÉRICA ENTRA EN ALERTA TRAS LOS PRIMEROS CASOS. LA TARDANZA EN REACCIONAR Y LA DEBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO EXPLICARÍAN LA EXPANSIÓN DEL VIRUS Y EL ELEVADO NÚMERO DE MUERTOS


La peste porcina se expande a todo México y salta las fronteras. Con al menos 152 muertos y más de dos mil infectados en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido elevar la alerta sanitaria a la fase 4. El Secretario (ministro) de Salud de México, José A. Córdova, explicó que pasar de la fase tres a la cuatro implica la diferencia de que las medidas preventivas deben ser extendidas a todo el país. Córdova anunció la suspensión de las clases y las actividades académicas a todos los niveles de la enseñanza hasta el seis de mayo y reconoció que el sistema sanitario mexicano apenas permite realizar 15 exámenes diarios a sospechosos de padecer la enfermedad, por lo que se están montando nuevos laboratorios de emergencia para poder llegar a 200 exámenes al día.

También está retrasada la llegada al país del tratamiento denominado Aseltamivir, y cuando esté disponible se aplicará de manera controlada y con rigurosa prescripción médica.
Informó de que el país esta adquiriendo por distintas vías casi tres millones de dosis para la vacunación contra la gripe estacionaria, y dijo que se trata de un tipo de virus desconocido, para el cual no existen vacunas y éstas no podrán ser creadas hasta dentro de seis meses.
Reconoció también que el aumento espectacular de muertes en los últimos días, se debe a que "se esta aplicando un sistema de reportes desde los estados con mayor rigor y control".

Si no ceden los contagios, México cerraría sus fronteras al ingreso y salida de personas, advirtió el secretario (ministro) de Salud, José Córdova.
Entre los países afectados por el virus, pero sin casos mortales, están Estados Unidos, con 40 infectados, Canadá con cuatro y España con uno y otros sin confirmación en Guatemala, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Gran Bretaña e Israel.

Origen y gravedad de la epidema


Para el médico infectólogo Mario Castellas, quien trabaja en un hospital privado de la capital mexicana "se requiere tiempo, unos cinco o seis días más, para saber si al menos en México la epidemia logró ser detenida".

En el documento "La respuesta en México ante una pandemia de influenza", publicado en 2008 por la Secretaría de Salud se advertía que las "condiciones están dadas para que ocurra una pandemia" en cualquier momento futuro. El texto fue elaborado para preparar al país ante ese hipotético escenario, pensando que la epidemia se produciría por la gripe aviar, no por la actual que corresponde a una cepa nueva. En el estudio se plantea que en un escenario moderado, 15 por ciento de la población enfermaría y la pandemia tendría un costo equivalente a 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). En uno de gravedad media, 25 por ciento de los 104 millones de mexicanos serían contagiado y el impacto económico sería de uno por ciento de la producción. En el grado severo, el estudio proyecta que 35 por ciento de la población enfermaría y el costo llegaría a 3,7 por ciento del PIB.

Hay diversas versiones sobre el origen del nuevo virus. Portavoces de la empresa estadounidense Veratect Corporation, que se dedica a la biovigilancia, dijeron al diario mexicano Reforma que habrían emitido una alerta el 2 de de este mes por varios casos de supuesta gripe en una zona de granjas de cerdos del municipio rural de Perote, en el estado de Veracruz, en el golfo de México. Se trataría el origen estaría en la granja de la empresa Carroll. Jazmín Jiménez, portavoz de esa empresa, dice que esa versión es "totalmente falsa". "Tenemos aquí 970 empleados y ninguno de ellos ni sus familiares están enfermo de gripe o algo parecido", afirma Jiménez.

Casos de afecciones respiratorias, "pero no influenza", se dieron a fines de marzo en pobladores de La Gloria, un barrio a ocho kilómetros de las granjas, pero fue la falta de drenaje y agua en ese lugar, "según nos dijeron las autoridades de Salud", dice una vecina.

"Aquí no hay nada raro y tampoco sabemos de enfermos, no sé porque dicen que de aquí salió la enfermedad, estaríamos en emergencia si así fuera", declara desde el municipio de Perote, Irene Argüello, dependiente en una tienda de materiales de construcción. Perote es un municipio rural de 26.000 hectáreas y 62.000 habitantes dedicados especialmente a la agricultura y ganadería.


La gripe está ya en Centroamérica


Las autoridades sanitarias de Guatemala han dado a conocer el primer caso sospechoso de gripe porcina en la capital guatemalteca. Se trata de un hombre procedente de México que fue ingresado en el hospital general "San Juan de Dios" con síntomas de dicho virus. El paciente tiene 29 años, fue "aislado y está bajo observación" mientras se realizan los exámenes de laboratorio para confirmar o descartar si es gripe porcina.

Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala, informó que el país se encuentra en alerta amarilla en la red hospitalaria, puestos de salud fronterizos con México, y los dos principales aeropuertos.
Las autoridades de salud siguen recomendando a la población no consumir alimentos de contrabando procedentes de México y que no cuenten con registros sanitarios, y utilizar las mascarillas protectoras principalmente en los departamentos fronterizos con México de Petén, Huehuetenango, San Marcos y Quezaltenango.

Los ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana se reunen este martes en Managua para "tomar las decisiones necesarias" y estar preparados ante la llegada de la gripe porcina a esta región. La reunión de un día, convocada a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que preside este semestre Nicaragua, servirá para que los ministros coordinen acciones conjuntas y coordinadas para atajar la potencial pandemia, según el ministro nicaragüense de Salud, Guillermo González.
Los países centroamericanos ya han decretado alertas sanitarias y medidas de prevención en todas las aduanas aéreas, terrestres y marítimas.
En Nicaragua, cerca de 35.000 brigadistas de salud mantendrán una vigilancia activa en los 153 municipios del país para detectar, de forma rápida, los casos sospechosos de la enfermedad.
El Ministerio de Educación, capacitará a 47.000 maestros para identificar los síntomas del brote y las medidas a tomar para "minimizar" sus consecuencias. Las autoridades nicaragüenses anunciaron, además, que están preparadas para utilizar escuelas públicas como "pequeños hospitales" para atender los casos sospechosos y evitar que se propague el virus, en caso de que aparezca . No descartaron la suspensión de las clases en colegios y universidades de todo el país.

El injusto y limitado sistema sanitario de México, en proceso de reforma


En los últimos años, México ha experimentado una revolución en su sistema de salud. El revulsivo fueron dos informes, el primero de la Organización Mundial de la Salud que, después de evaluar diferentes sistemas sanitarios, mostraba el de este país como uno de los más injustos. El segundo análisis fue interno, una encuesta nacional, que reveló que el mayor gasto sanitario se situaba entre las familias sin seguro médico y en los más pobres.

La reforma legislativa para establecer un sistema social de protección de la salud, que no existía, dio paso a los cambios que se iniciaron en enero de 2004. El seguro social mexicano establecido 1943 no incorporaba la cobertura universal, sino que se limitaba a las personas asalariadas en empresas privadas o instituciones públicas, los trabajadores autónomos o los desempleados no estaban incluidos. El resultado de este sistema sanitario es que en el año 2000 la mitad de las familias mexicanas, la mayoría de ellas pobres, no tenían protección social frente a los costes sanitarios que se generasen si caían enfermos.

Los más pobres tenían que pagar de su propio bolsillo los gastos derivados de su enfermedad. En sólo un trimestre, según mostró un análisis, un millón y medio de hogares cayeron por debajo del umbral de pobreza debido a una 'catástrofe económica', es decir, por tener que afrontar un gasto médico.

La reforma establecida pretendía corregir esa situación. Así, en enero de 2004 se implantó el Seguro Popular con el propósito de lograr a lo largo de siete años que el sistema proteja a unas 12 millones de familias, lo que viene a suponer unos 50 millones de personas y lograr la cobertura universal para 2010.


Roche y Glaxo se disputan el negocio de curar la gripe del cerdo

Dos empresas se disputan la venta del medicamento necesario para curar la gripe porcina. A un lado Roche, al otro Glaxo. La OMS está en contacto con las multinacionales de fármacos para buscar la fórmula adecuada a este brote

“Existen cuatro medicamentos antivirales diferentes que están autorizados en los Estados Unidos para el tratamiento de este tipo de gripe: amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir. Aunque la mayoría de los virus de la gripe porcina han sido sensibles a los cuatro tipos de medicamentos, los siete virus más recientes asilados de personas son resistentes a la amantadina y la rimantadina”, señala el Centro de Detección y Control de Enfermadedes (CDC), que recomienda el oseltamivir y el zanamivir como compuestos activos contra el virus porcino.

La suiza Roche fabrica oseltamivir bajo la marca Tamiflu, en tanto que la británica Glaxo SmithKline, el zanamivir, cuyo nombre comercial es Relenza. La farmacéutica comparte un 7% de los ingresos con la pequeña australiana Biota, descubridora del producto. Precisamente, los mercados se decantaron por las posibilidades del Relenza, un inhalador de nueva generación, que ha demostrado cierta eficacia como tratamiento. Las acciones de Roche subieron en la Bolsa de Zurich un 3,5%, las de Glaxo, un 6%, en tanto que Biota se disparó un 82% en el mercado bolsa australiano.

El Gobierno de México encargó a Glaxo cientos de miles de inhaladores durante este fin de semana. El menor precio del Relenza (6 euros por unidad) y su efectividad situaron a los inversores bajo su pista. Sin embargo, las dificultades para obtener reservas inmediatas a gran escala de este medicamento volvieron a colocar a Roche en el centro de atención. La suiza es una veterana en esta lides desde que fabricó masivamente dosis de Tamiflu durante la crisis de la gripe aviar en Asia.

“El proceso de producción de Tamiflu es complejo y consta de varias fases, siendo necesarios hasta 8 meses desde la obtención de las materias primas hasta el producto final. Roche ha puesto en marcha una red global de fabricación con capacidad de producir hasta 400 millones de tratamientos por año. En la actualidad se fabrica tanto en Estados Unidos como en Europa”, explicaban este lunes desde Roche.
La compañía, en permanente contacto con la OMS y con las autoridades sanitarias de cada país, utilizará inmediatamente las reservas que tiene acumuladas (3 millones de tratamientos) en el momento en que la OMS lo solicite. En 2006, tras la crisis de SARS o gripe aviar, cada caja de Tamiflu costaba alrededor de los 40 euros, de manera que la farmaceutica suiza podría generar unas ventas de 120 millones de euros si la epidemia degenera en pandemia y se necesitan todos sus recursos.


Epidemia de ineptitudes
Por Álvaro Delgado (*)

El lunes 13 de abril, tres días antes de la visita a México de Barak Obama, presidente de Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento del primer caso de influenza en el país y justo cuando el estadunidense desahogaba aquí una breve agenda, incluida una cena en la que saludó de mano a centenares de invitados, las autoridades de salud decretaron la alerta epidemiológica.

Así, pese a todo el poderoso aparato de seguridad de Estados Unidos y del país anfitrión --que incluyó tropas provistas de armas letales, vehículos de guerra, helicópteros y aviones--, la vida de Obama estuvo en riego ante el virus de influenza porcina.

"El equipo de la Unidad Médica de la Casa Blanca en el terreno preguntó a funcionarios mexicanos de salud y al equipo médico de la embajada de Estados Unidos sobre cualquier preocupación sobre enfermedades infecciosas, y fuimos informados que no había ninguna", declaró hoy Robert Gibbs, portavoz presidencial de ese país, luego de ser cuestionado en su rueda de prensa habitual.
Sin embargo, ante las especulaciones de que los estadunidenses –incluido Obama-- están furiosos porque el gobierno de Calderón ocultó información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos, el vocero optó por la diplomacia: "No nos notificaron, pero no tenemos razón para creer que ocultaran información que tenían hasta ese momento."
Pero el dato es relevante no porque la vida de Obama sea más importante que la de cualquier mexicano –bajo ninguna circunstancia debe serlo--, sino porque revela que en esos días se sabía, al más alto nivel, que se cernía una amenaza sobre México y se escamoteó para, luego --ante la gravedad de hechos inocultables--, dar paso a una estrategia que tiene a la mayoría de la población en un estado de zozobra y terror.

No fue sólo la repentina decisión de la noche del jueves, cuando el gobierno de Calderón anunció una serie de medidas para afrontar la epidemia –entre ellas la suspensión de clases en el Distrito Federal y el estado de México, de la que millares de padres de familia se enteraron al llegar a los planteles--, sino los anuncios que le siguieron, entre ellos el cierre de centros de entretenimiento, que prácticamente paralizaron las actividades productivas de ambas entidades, particularmente en el Valle de México.

Pero más aún: La suspensión de clases hasta el 6 de mayo, primero en los estados mencionados y en San Luis Potosí, y luego en todo el territorio nacional, ha generado una sicosis que revela no una estrategia para capitalizar política y electoralmente el terror de la sociedad --a lo que son tan proclives las derechas, como Calderón, y que tampoco habría que descartar--, sino la ineptitud y la insensibilidad que demuestran los erráticos pasos que ha dado el gobierno.

La epidemia de la influencia porcina es un problema gravísimo, de tal magnitud que más vale que Calderón –y por supuesto las autoridades de todos los niveles involucrados en el cuidado de la población-- actúe y hable con la verdad, incluyendo las consecuencias de carácter económico que padecerá México, en lo inmediato por la inactividad en las diversas ramas productivas, entre ellas el desplome del turismo, y luego las exportaciones.

Salvo la muy superficial declaración de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, de que habrá una afectación por la epidemia, Calderón no ha informado sobre la magnitud del impacto.

El gobierno capitalino que encabeza Marcelo Ebrard, y que tampoco es la representación de la eficacia, dio a conocer que las pérdidas son superiores a los 700 millones de pesos diarios por la contracción del 60% de la actividad productiva.

Y, sobre todo, es preciso que las autoridades atiendan el ánimo de la sociedad, expuesta a una avalancha de información que aturde y confunde. Que paraliza.

La crisis generada por la epidemia ha puesto de manifiesto, también, la enorme debilidad tecnológica de México en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la dependencia de equipos para no depender de laboratorios de países extranjeros para identificar la cepa del virus y que, en este caso, se dejó en manos de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno federal alega que no se dio información a Barak Obama de que ya se conocía al menos un caso del virus de influenza porcina, el que se detectó tres días antes de la visita, debido a que sólo se confirmó la tarde del miércoles 22, fecha que dio Calderón mismo, pero con ello exhibió justamente el desdén por la investigación científica, incluida por supuesto la clínica, que implica inclusive el desabasto de medicamentos y vacunas contra enfermedades como la que se abate en México.

Pero todavía peor: Tal como documenta el semanario Proceso en la edición de esta semana, se sabía que en México se tenía prevista una pandemia de la influenza desde 2001, y aun se creó, en 2006, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza.

"El reloj de la pandemia está corriendo, sólo que no sabemos qué hora marca", sentencia un documento al respecto publicado en el reportaje principal de la revista, que además consigna la elaboración de un Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza.
Sí, pero sobrevino la tragedia.
(*) Este artículo se publica en la revista mexicana Proceso

La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran industria pecuaria
Por Mike Davis (*)


La gripe porcina mexicana, una quimera genética probablemente concebida en el cieno fecal de una gorrinera industrial, amenaza subitáneamente con una fiebre al mundo entero. Los brotes en la América del Norte revelan una infección que está viajando ya a mayor velocidad de la que viajó con la última cepa pandémica oficial, la gripe de Hong Kong en 1968.
Robándole protagonismo a nuestro último asesino oficial, el virus H5N1, este virus porcino representa una amenaza de ignota magnitud. Parece menos letal que el SARS [Síndrome Respiratorio Agudo, por sus siglas en inglés] en 2003, pero, como gripe, podría resultar más duradera que el SARS. Dado que las domesticadas gripes estacionales de tipo A matan nada menos que a un millón de personas al año, incluso un modesto incremento de virulencia, especialmente si va combinada con una elevada incidencia, podría producir una carnicería equivalente a una guerra importante.
Ello es que una de sus primeras víctimas ha sido la consoladora fe, inveteradamente predicada por la Organización Mundial de Salud (OMS), en la posibilidad de contener las pandemias con respuestas inmediatas de las burocracias sanitarias e independientemente de la calidad de la sanidad pública local. Desde las primeras muertes por H5N1 en 1997, en Hong Kong, la OMS, con el apoyo de la mayoría de administraciones nacionales de sanidad, ha promovido una estrategia centrada en la identificación y el aislamiento de una cepa pandémica en su radio local de brote, seguidos de una masiva administración de antivirales y –si disponibles— vacunas a la población.
Una legión de escépticos ha criticado ese enfoque de contrainsurgencia viral, señalando que los microbios pueden ahora volar alrededor del mundo –casi literalmente en el caso de la gripe aviar— mucho más rápidamente de lo que la OMS o los funcionarios locales puedan llegar a reaccionar al brote original. Esos expertos han observado también el carácter primitivo, y a menudo inexistente, de la vigilancia de la interfaz entre las enfermedades humanas y las animales. Pero el mito de una intervención audaz, preventiva (y barata) contra la gripe aviar ha resultado valiosísimo para la causa de los países ricos que, como los EEUU y el Reino Unido, prefieren invertir en sus propias líneas Maginot biológicas, antes que incrementar drásticamente la ayuda a los frentes epidémicos avanzados de ultramar. Tampoco ha tenido precio este mito para las grandes transnacionales farmacéuticas, enfrentadas en una guerra sin cuartel con las exigencias de los países en vía de desarrollo empeñados en exigir la producción pública de antivíricos genéricos clave como el Tamiflu patentado por Roche.


La versión de la OMS y de los centros de control de enfermedades, de acuerdo con a cual ya se está preparado para una pandemia, sin mayor necesidad de nuevas inversiones masivas en vigilancia, infraestructura científica y regulatoria, salud pública básica y acceso global a fármacos vitales, será ahora decisivamente puesta a prueba por la gripe porcina, y tal vez averigüemos que pertenece a la misma categoría de gestión "ponzificada" del riesgo que los títulos y obligaciones de Madoff. No es tan difícil que falle el sistema de alertas, habida cuenta de que, sencillamente, no existe. Ni siquiera en la América del Norte y en la Unión Europea.
Tal vez no sea sorprendente que México carezca tanto de capacidad como de voluntad política para gestionar enfermedades avícolas y ganaderas, pero ocurre que la situación apenas es mejor al norte de la frontera, en donde la vigilancia se deshace en un desdichado mosaico de jurisdicciones estatales y las grandes empresas pecuarias se enfrentan a las regulaciones sanitarias con el mismo desprecio con que suelen tratar a los trabajadores y a los animales.
Análogamente, una década entera de advertencias de los científicos fracasó en punto a garantizar transferencias de sofisticada tecnología viral experimental a los países situados en las rutas pandémicas más probables. México cuenta con expertos sanitarios de reputación mundial, pero tiene que enviar las muestras a un laboratorio de Winnipeg para descifrar el genoma de la cepa. Así se ha perdido toda una semana.
Pero nadie menos alerta que las autoridades de control de enfermedades en Atlanta. De acuerdo con el Washington Post, el CDC [siglas en inglés del Centro de Control de Enfermedades, radicado en Atlanta; T.] no se percató del brote hasta seis días después de que México hubiera empezado a imponer medidas de urgencia. No hay excusa que valga. Lo paradójico de esta gripe porcina es que, aun si totalmente inesperada, había sido ya pronosticada con gran precisión.
Hace seis años, la revista Science consagró un artículo importante a poner en evidencia que, "tras años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de la América del Norte ha dado un salto evolutivo vertiginoso".
Desde su identificación durante la Gran Depresión, el virus H1N1 de la gripe porcina sólo había experimentado una ligera deriva desde su genoma original. Luego, en 1998, una cepa muy patógena comenzó a diezmar puercas en una granja de Carolina del Norte, y empezaron a surgir nuevas y más virulentas versiones año tras año, incluida una variante del H1N1 que contenía los genes internos del H3N2 (causante de la otra gripe de tipo A que se contagia entre humanos).
Los investigadores entrevistados por Science se mostraban preocupados por la posibilidad de que uno de esos híbridos pudiera llegar a convertirse en un virus de gripe humana –se cree que las pandemias de 1957 y de 1968 fueron causadas por una mezcla de genes aviares y humanos fraguada en el interior de organismos porcinos—, y urgían a la creación de un sistema oficial de vigilancia para la gripe porcina: admonición, huelga decirlo, a la que prestó oídos sordos un Washington dispuesto entonces a tirar miles de millones de dólares por el sumidero de las fantasías bioterroristas.
¿Qué provocó tal aceleración en la evolución de la gripe porcina? Hace mucho que los virólogos están convencidos de que el sistema de agricultura intensiva de la China meridional es el principal vector de la mutación gripal: tanto de la "deriva" estacional como del episódico "intercambio" genómico. Pero la industrialización granempresarial de la producción pecuaria ha roto el monopolio natural de China en la evolución de la gripe. El sector pecuario se ha visto transformado en estas últimas décadas en algo que se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar que pintan los libros de texto en la escuela.
En 1965, por ejemplo, había en los EEUU 53 millones de cerdos repartidos entre más de un millón de granjas; hoy, 65 millones de cerdos se concentran en 65.000 instalaciones. Eso ha significado pasar de las anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en los que, entre estiércol y bajo un calor sofocante, prestos a intercambiar agentes patógenos a la velocidad del rayo, se hacinan decenas de millares de animales con más que debilitados sistemas inmunitarios.
El año pasado, una comisión convocada por el Pew Research Center publicó un informe sobre la "producción animal en granjas industriales", en donde se destacaba el agudo peligro de que "la continua circulación de virus (…) característica de enormes piaras, rebaños o hatos incremente las oportunidades de aparición de nuevos virus por episodios de mutación o de recombinación que podrían generar virus más eficientes en la transmisión entre humanos". La comisión alertó también de que el promiscuo uso de antibióticos en las factorías porcinas –más barato que en ambientes humanos— estaba propiciando el auge de infecciones estafílocóquicas resistentes, mientras que los vertidos residuales generaban brotes de escherichia coli y de pfiesteria (el protozoo que mató a mil millones de peces en los estuarios de Carolina y contagió a docenas de pescadores).

Cualquier mejora en la ecología de este nuevo agente patógeno tendría que enfrentarse con el monstruoso poder de los grandes conglomerados empresariales avícolas y ganaderos, como Smithfield Farms (porcino y vacuno) y Tyson (pollos). La comisión habló de una obstrucción sistemática de sus investigaciones por parte de las grandes empresas, incluidas unas nada recatadas amenazas de suprimir la financiación de los investigadores que cooperaran con la comisión.
Se trata de una industria muy globalizada y con influencias políticas. Así como el gigante avícola Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, fue capaz de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe aviar en el sureste asiático, es lo más probable que la epidemiología forense del brote de gripe porcina se dé de bruces contra la pétrea muralla de la industria del cerdo.
Eso no quiere decir que no vaya a encontrarse nunca una acusadora pistola humeante: ya corre el rumor en la prensa mexicana de un epicentro de la gripe situado en torno a una gigantesca filial de Smithfield en el estado de Veracruz. Pero lo más importante –sobre todo por la persistente amenaza del virus H5N1— es el bosque, no los árboles: la fracasada estrategia antipandémica de la OMS, el progresivo deterioro de la salud pública mundial, la mordaza aplicada por las grandes transnacionales farmacéuticas a medicamentos vitales y la catástrofe planetaria que es una producción pecuaria industrializada y ecológicamente desquiciada.
(*) Mike Davis es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Traducidos recientemente al castellano: su libro sobre la amenaza de la gripe aviar (El monstruo llama a nuestra puerta, trad. María Julia Bertomeu, Ediciones El Viejo Topo, Barcelona, 2006), su libro sobre las Ciudades muertas (trad. Dina Khorasane, Marta Malo de Molina, Tatiana de la O y Mónica Cifuentes Zaro, Editorial Traficantes de sueños, Madrid, 2007) y su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía (trad. Aitana Guia i Conca e Ivano Stocco, Ed. Universitat de València, Valencia, 2007). Sus libros más recientes son: In Praise of Barbarians: Essays against Empire (Haymarket Books, 2008) y Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (Verso, 2007; traducción castellana de Jordi Mundó en la editorial El Viejo Topo, Barcelona, 2009).
Traducción para www.sinpermiso.info: Marta Domènech y María Julia Bertomeu

(Fuentes: Prensa Latina, IPS, ANSA-Latina, EFE, El Mundo-Madrid, La informacion.com, Proceso-México y Sin Permiso)

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