Saharauis, los ojos del desierto

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27.4.07


ECUADOR OPTA POR LA ÚNICA SALIDA
Seis de cada 10 ecuatorianos son pobres; más de la mitad de la población. Ecuador tiene menos de 14 millones de habitantes, de los que unos cuatro millones han tenido que emigrar, a Estados Unidos y a España, principalmente, para progresar o simplemente para sobrevivir. Así es que estamos ante un país que excluye a la mayoría, que expulsa a 10 de sus 13,5 millones de habitantes. Por tanto, es un país que no funciona. O que funciona rematadamente mal para la mayoría, bastante mal para algunos y muy bien para unos pocos: para los que, durante siglos, han ocupado el poder y han abusado de sus privilegios. Un país, además, inestable políticamente, con ocho presidentes en diez años. Y en este tiempo ninguno de los tres mandatarios salidos de las urnas ha logrado concluir su mandato. A Bucaram lo sacaron por loco y por corrupto. A Jamil Mahuad lo derrocó una revolución, finalmente controlada por los de siempre, después de que terminará de hundir la economía y provocara la ruina de los ahorradores con la “crisis bancaria” y la huida de capitales. Y al coronel Lucio Gutiérrez lo tumbaron por traicionar sus promesas desde el primer día y aliarse con Estados Unidos y con la oligarquía local. Entre unos y otros, llevaron al Ecuador a un estado lamentable, en el que se enfrentó, este 15 de abril, al referéndum para la Constituyente convocado por el Presidente Correa. Y era lógico pensar que, pese a las maniobras de la oposición que revistió la consulta de miedo y manipulación, el resultado iba a ser el triunfo del Sí. Lo que ha sorprendido a todos ha sido la contundencia, la victoria tan arrolladora.

Rafael Correa, un economista de izquierdas, que sin un partido político consolidado detrás y apenas experiencia política (fue ministro de economía durante apenas unos meses y a quien las presiones, entre otros del Banco Mundial, obligaron a dejar el cargo en 2005), se ha puesto al frente de un proyecto de país diferente, que ha conectado con las grandes mayorías. Sólo así se explica que, en tan poco tiempo, haya logrado ese apoyo del 80 por ciento de los votantes a la Asamblea Constituyente. Porque apenas lleva unos meses en el poder y para ganar la Presidencia tuvo que derrotar a los representantes de lo que el llama la “partidocracia” tradicional y sólo en una disputada segunda vuelta, pudo imponerse al cacique y multimillonario Álvaro Noboa, por un 56,8 por ciento. El salto al 80 por ciento, significa que las esperanzas de este país exhausto están puestas en él.

Los ecuatorianos han cerrado filas en torno a la Constituyente, pese a la dura oposición al referendum, que ha añadido además mucha convulsión al país en los últimos meses. Los poderes tradicionales cerraron filas para impedir la celebración de la consulta, comenzando por un Congreso copado por la derecha y en el que Correa no tenía un solo diputado. Su partido, Alianza País, no acudió a las legislativas. Pero los movimientos más imbricados en el tejido social, incluida la poderosa Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), se han movilizado para lograr que la población pudiera expresar, finalmente, su opinión. Y ese 80 por ciento ha hecho, claro está, que los más conspicuos opositores a la consulta, sean ahora los primeros en declarar su intención de estar en la Asamblea Constituyente. Sus propósitos son tan claros como algunas de sus palabras. Así el empresario bananero Noboa (43,2 % en la segunda vuelta de las presidenciales, como candidato del Prian) , dice “Tenemos que ir a la Asamblea para defender este modelo de Libre Mercado”. Y el expresidente Osvaldo Hurtado anuncia que su UDC presentará candidatos “para evitar que se imponga el Socialismo del Siglo XXI”.


Desde luego que Hurtado no es el único que identifica a Correa con esa corriente, bautizada así por el venezolano Hugo Chávez, y a la que se adscribe también al boliviano Evo Morales. El Presidente ecuatoriano no niega su amistad con Chávez, pero insiste en que, en el Ecuador, él apuesta por un modelo ecuatoriano. Y pide que se le juzgue por los hechos.

Y precisamente es por los hechos en estos meses de Gobierno, por los que ha aumentado la valoración del Presidente Correa entre los ecuatorianos. Hechos, como el considerable aumento en los gastos sociales, en medidas de impacto entre la mayoría pobre del país. Así, el Gobierno ha subido de 15 a 30 euros el bono que se facilita a las personas sin recursos con discapacidades, ancianos o madres solteras. Ha eliminado los cobros en hospitales y escuelas públicas. O ha duplicado las ayudas para viviendas sociales y la cantidad de urea importada de Venezuela a mitad de precio que se reparte a los campesinos. La batalla del referendum la ha ganado Correa y las fuerzas progresistas. Pero ahora comienza un dura confrontación de 15 meses por la elección de los diputados de la Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución. Una batalla crucial, en la que los poderes tradicionales cuentan con todos los medios y el apoyo, entusiasta, de Estados Unidos y sus aliados en la región y en el mundo. Ya comenzamos a recibir los ecos en sus medios afines, que advierten del peligro que corre la “democracia” ecuatoriana, si Correa acumula demasiado poder. El propio Correa ha advertido que la Constituyente no es para restar derechos, sino para incrementarlos. “Una democracia realmente participativa", como declaró a la prensa belga, con "sistemas de mandato revocable y otras formas de elegir a los legisladores” Plantea un “cambio radical de las estructuras”, que acabe con la que llama “larga noche neoliberal” Para lo que sabe que debe “derrotar a la oligarquía criolla” y apartarse del peligrosos sistema crediticio del FMI y el Banco Mundial. Para todo ello, Correa y sus correligionarios se disponen a construir un gran bloque político y social. A unificar las divididas fuerzas del progreso. Y en ello también tiene una ardua tarea por delante.

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