Vidal Vega, de 48 años, recibió cuatro impactos de bala (dos de escopeta calibre 12 y dos de revólver calibre 38) disparados por dos desconocidos que se desplazaban en motocicleta, informó la oficina de guardia de la jefatura de policía del pueblo Curuguaty, a 365 kilómetros de Asunción.
El hecho ocurrió antes del amanecer cuando Vega se aprestaba a dar de comer a sus vacas y gallinas, de acuerdo con el testimonio a la agencia AP del agricultor Mario Espínola, compañero del fallecido.
Martina Paredes, secretaria de la comisión sin tierras Naranjaty, de la colonia Yby Pytá (Tierra roja, en guaraní), explicó en entrevista con The Associated Press que Vega "era síndico de nuestra comisión encargado de la gestión ante el gobierno para la recuperación de las 35.000 hectáreas que el ex senador del Partido Colorado Blas Riquelme se apropió en los años 60".
"Creemos que fue asesinado por sicarios enviados, no sabemos por quienes, tal vez para amedrentarnos y frustrar nuestra lucha por recuperar las tierras estatales tomadas por Riquelme en forma ilegal", añadió.
Vega, según Paredes, no estuvo en el interior de la finca de Riquelme el día del tiroteo en el que murieron, en junio pasado 11 campesinos y 6 policías, porque antes salió a buscar alimentos para los que acampaban adentro de la hacienda. Por tanto, no fue detenido por la policía. Pero era considerado testigo clave de la matanza.
COMUNICADO:
Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina Paraguay[i] nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar el asesinato a sangre fría perpetrado en la madrugada de este sábado contra el dirigente campesino Vidal Vega, a manos de dos sicarios vestidos de negro y enmascarados, que se movilizaban en moto y que llegaron hasta su domicilio, en el asentamiento Yvypytâ (distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú) para disparar contra su persona, delante de su familia.
Vidal Vega era un conocido líder en la lucha por la tierra que estaba gestionando la recuperación de 500 hectáreas de un excedente fiscal, en manos de un empresario. A la vez, según la Plataforma de Estudios e Investigación del Conflicto Campesino –PEICC– era un testigo fundamental en el caso de la Masacre de Curuguaty, que estaba acompañando a las organizaciones sociales que bregan por el esclarecimiento de este hecho que sirvió de justificación para gestar el golpe de Estado parlamentario.
Pedimos estar atentos a este caso, en el que la Policía ha anunciado la captura de un supuesto implicado, según testimonio de vecinos. Esta persona bien puede ser un chivo expiatorio para cubrir a los verdaderos responsables que están detrás del atentado criminal.
Este asesinato ocurre a dos años de la muerte del compañero dirigente Mariano Jara, en el mismo departamento de Canindeyú, cuyo caso hasta el día de hoy se encuentra varado y en la total impunidad. Se suman, ambos, a tantos otros similares cuyos reclamos de justicia no han sabido ser satisfechas por el Estado paraguayo.
Exigimos una investigación profunda y seria sobre este hecho perpetrado en el marco de la lucha social, cárcel a los responsables y justicia para la memoria de Vidal Vega.
Apelamos a la solidaridad de la comunidad internacional para denunciar, mediante acciones concretas, la Masacre de Curuguaty, trasfondo de un juicio político que instaló en el Paraguay un golpe de Estado parlamentario.
¡Por la tierra y por la justicia social! ¡Basta de impunidad!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
¡Vidal Vega, ahora y siempre!
VÍDEO DE LOS PRIMEROS MINUTOS DE LA MASACRE
Principal testigo de la masacre
“Vidal Vega era un testigo clave”, según Domingo Laíno, presidente de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos (PEICC), al explicar que Vega era un colaborador importante de la Plataforma. El PEICC dio a conocer un estudio paralelo cuestionador de la versión construida con la fuente oficial sobre lo sucedido en Marina Cué el 15 de junio y que le costó la presidencia a Fernando Lugo.
Conamuri, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas señaló en su comunicado que “Es un caso más de criminalización de la lucha social, responsabilidad de un Estado que no ofrece respuestas a los reclamos del sector campesino que históricamente viene procurando tan solo un pedazo de tierra donde vivir. El compañero Vidal Vega es un conocido luchador que desde la Comisión Sin Tierraestaba gestionando la recuperación de 500 hectáreas de una propiedad con excedente fiscal, desde hace más de 20 años”.
Teniendo en cuenta que la Comisión sin Tierra de Marina Cué recientemente había tenido una renovación de la comisión, pues la mayoría de los integrantes de la comisión habían muerto o están imputados por la Fiscalía, Vidal Vega había asumido la titularidad de esta comisión que acompañó desde junio a los familiares y víctimas de la masacre.
Marina Cué es el lugar donde fueron asesinados 11 campesinos sin tierra y seis policías el 15 de junio pasado. Marina Cué también dejó campesinas y campesinos detenidos injustamente por una fiscalía que hasta el día de hoy no ha sido capaz de presentar ningún indicio que los incrimine. Marina Cué es sinónimo de ausencia del Estado, pero también de resistencia popular; escenario en donde la lucha por la tierra se tiñe de sangre de los pobres e impunidad de quienes tienen las manos llenas y quieren más.
La investigación paralela de la masacre
El informe sobre el violento desalojo en Curuguaty, ocurrida junio pasado en Paraguay elaborado por la llamada Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) provocó la indignación del fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien lo consideró “traído de los pelos” y sin fundamento.
La indagación fue encargada por la PEICC al jurista español Aitor Martínez Jiménez, quien recogió numerosas pruebas de cómo se desarrollaron los hechos, muchas de las cuales desacreditan la versión oficial.
El reporte paralelo incluye un video en el que se demuestra que en el escenario del enfrentamiento, que provocó la muerte de 11 campesinos y seis policías,había mujeres y niños, por lo que se concluye que “no se preparó ninguna emboscada”.
En las imágenes se ve a los campesinos portando cuatro rudimentarias escopetas de caza que usan cartuchos y perdigones y se supo que “solamente una de ellas fue disparada”.
Asimismo, indican que minutos después de la llegada de los policías al campamento y cuando se acercaban al grupo de agricultores con intenciones de dialogar, se escuchan disparos de poderosas armas automáticas, que serían fusiles M16 o similares.
Algunos agricultores fueron abatidos durante ese primer tiroteo, efectuado aparentemente por francotiradores apostados en los montes cercanos, quienes “dispararon indiscriminadamente tanto a policías como a campesinos”, señala el reporte.
Fueron 10 segundos de disparos de armas automáticas e inmediatamente empiezan a escucharse disparos de las pistolas Beretta de 9 milímetros de la Policía paraguaya en respuesta a la confusión general que empezó a reinar en el lugar.
“La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar indiscriminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos coinciden en este punto”, revela el documento.
LA PEICC denuncia también que “los testigos advierten que, además de los disparos de larga distancia efectuados por la policía contra un campamento indefenso que no devolvía el fuego (ya que no cayó ningún policía más durante el asalto al haber desaparecido los fusiles automáticos), los policías accedieron ejecutando indiscriminadamente a todos los campesinos que fueron encontrando”.
El documento agrega que muchos campesinos murieron por “ajusticiamiento a corta distancia”, tratándose de “ajusticiamientos extrajudiciales”. El fiscal Rachid calificó de “muy grave” la acusación de estos investigadores paralelos a quienes acusó de “mentir a la gente”.
“Nuestra investigación no carece de validez como quieren hacer creer a la ciudadanía, hacen acusaciones irresponsables y no tienen idea de lo que están exponiendo”, añadió Rachid.
La versión oficial de la Fiscalía paraguaya incrimina a los campesinos y centra sus acusaciones en el dirigente Ruben Villaba, detenido el pasado jueves 27 de setiembre en un bosque, a cinco kilómetros de donde ocurrieron los hechos.
Como se recuerda, la masacre de Curuguaty precipitó el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, quien fue destituido el 22 de junio por la oposición en el Congreso. El exobispo fue culpado por mala administración y aquella matanza fue incluida en el libelo acusatorio que sirvió de argumento para su destitución.
(Fuentes: CLOC/Vía Campesina Paraguay, El Ciudadano y Perú 21)
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