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28.5.10

Colombia:Presidenciales 2010

LA ONU DENUNCIA QUE EL 98,5 % DE LOS CRÍMENES DE ESTADO QUEDAN IMPUNES. LOS "FALSOS POSITIVOS" PESAN COMO UNA LOSA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL. LAS VÍCTIMAS PIDEN AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ GARZÓN


El relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, denunció que alrededor del 98.5% de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan impunes en Colombia.
Alston elaboró un informe tras visitar Colombia en junio de 2009. Allí aseguró que "la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las Fuerzas de Seguridad es demasiado alta". Al mismo tiempo, indicó que "a menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juicio de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos".
El funcionario de la ONU afirmó que los "miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país".

El peso de los "Falsos positivos" en la elección presidencial
El candidato presidencial colombiano Antanas Mockus expresó su horror por los llamados "falsos positivos", modalidad de ejecución extrajudicial cometida por miembros de la fuerza pública para obtener premios y días libres en la guerra contrainsurgente de este país sudamericano. Militares de más de 30 batallones atraían a jóvenes mediante engaños, los fusilaban y los disfrazaban de guerrilleros o paramilitares para presentarlos oficialmente como caídos en combate.
Se trata de una "manifestación extrema de la cultura del atajo, de la cultura del todo vale", sentenció Mockus en un encuentro con la prensa extranjera este miércoles.

La práctica se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe, en el poder desde 2002, y tuvo su pico mientras el Ministerio de Defensa estuvo en manos del ahora candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos, desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.

La Fiscalía General investiga 2.077 homicidios agravados presuntamente cometidos por la fuerza pública. De ellos, identificó 274 falsos positivos en 2006 y 505 en 2007. En 2008, comenzó el descenso, con 156, y en 2009 hubo al menos siete casos con 16 víctimas.

El Banco de Datos del prestigioso Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) tiene documentados 501 casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos, con 1.113 víctimas entre 2001 y 2009, pero advierte que sus investigaciones no cubren todo el país.

Santos es el principal rival de Mockus, según las encuestas, cuyos pronósticos indican que habrá segunda vuelta entre ambos el 20 de junio, pues ninguno alcanzará más de la mitad de los votos necesarios para consagrarse presidente en los comicios de este domingo 30.

"Estoy seguro de que ni el presidente (Uribe), ni el ministro (Santos) son determinadores de los falsos positivos", dijo Mockus. En la calle no tienen una opinión tan diplomática.

El antecesor de Santos en la cartera de Defensa y luego embajador en la Organización de los Estados Americanos, Camilo Ospina, fue quien expidió, en noviembre de 2005, una directiva secreta que ofrecía incentivos para los éxitos militares, recordó Mockus.

El candidato comparó esa directiva con otra, vigente para el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, que terminó produciendo la matanza de My Lai, en marzo de 1968, cuando tropas estadounidenses asesinaron al menos a 350 habitantes de esa aldea del sur vietnamita. El candidato, matemático y filósofo, consideró que "lo trágico" es que "sistemas de incentivos enloquecen a los actores".

"¿Se cura la tragedia juzgando a estas dos personas?", inquirió Mockus en referencia a Uribe y Santos. Lo que se puede juzgar es "el eventual nivel de negligencia en detectar y corregir", agregó. "No les veo responsabilidad penal, les veo responsabilidad moral, si se quiere política", puntualizó.

Santos sostiene firmemente que, siendo ministro y junto con el presidente Uribe, "denunciamos el problema; tomamos la decisión que había que tomar, con transparencia frente al país" y definieron en total 15 medidas que "fueron efectivas" para contrarrestarlo.

En noviembre de 2007, Santos expidió una nueva directiva que premiaba las capturas y la desmovilización de combatientes. Si la norma había sido condecorar a los oficiales que menos bajas propias tuvieran, y más del "enemigo", desde entonces pesaron más la disminución del secuestro y del homicidio en la jurisdicción respectiva.

"Las denuncias sobre falsos positivos se redujeron drásticamente desde noviembre de 2008", remarca el candidato Santos en cada ocasión que se le ha planteado el asunto en esta campaña, "más de 100 veces", dice.

Pero fue apenas en octubre de 2008 cuando el gobierno destituyó a 27 oficiales, durante una visita sorpresa a Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Las destituciones "¿fueron una respuesta cuando se dieron cuenta? ¿O cuando se dieron cuenta de que el mundo se había dado cuenta?", planteó Mockus.

La justicia colombiana tendría que fracasar en su intento de esclarecer esos hechos, "para que hubiera competencia del sistema internacional", advirtió.

La impunidad es lo que temen 16 familias de víctimas de falsos positivos en la ciudad de Soacha, pegada al sur de Bogotá. En la última semana fueron excarcelados 39 militares implicados en esos crímenes. Aún están presos 25, incluyendo coroneles y mayores.

La estrategia de la defensa de los militares es dilatar los juicios y obtener la libertad de los implicados por vencimiento de plazos, al tiempo que la justicia militar forcejea por hacerse cargo de los procesos.

Madres y viudas están amenazadas. El hermano de una víctima fue asesinado, igual que un suboficial que denunció una ejecución. Por eso, las Madres de Soacha, como ya se las conoce, dirigieron el lunes 24 una carta a Luis Moreno Ocampo, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"En estos dos años han operado una serie de mecanismos de impunidad de hecho, jurídicos, políticos y otros, que han socavado las posibilidades de conocer una verdad real, de que haya justicia y de una reparación integral", señala la carta y pide la intervención de la TPI.

El abogado y periodista Felipe Zuleta, autor del documental "La pobreza, un crimen que se paga con la muerte", pidió en enero a la Fiscalía que investigara a Uribe y a Santos por connivencia, es decir "la negligencia de los funcionarios del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad". Frente a la defensa del ex ministro, Zuleta consideró que ésta "es la plena prueba". El hecho de que los falsos positivos hayan disminuido hasta casi desaparecer a partir de que "el gobierno se enteró", según la tesis de Zuleta, "quiere decir que era un delito controlado".

"Delito controlado es aquel en el que usted da la orden y se detiene. Delito no controlado es aquel en el que el Estado, a pesar de sus esfuerzos, no puede hacer nada para detenerlo", puntualizó.

A las Madres de Soacha las indigna que Santos sea candidato presidencial. "No porque él apretó el gatillo", aclaran, "porque él era el jefe de las Fuerzas Armadas" y "tiene que asumir responsabilidad".

Colombia reclama la intervención de Garzón

El mismo día en que el juez Baltasar Garzón llegaba a La Haya, en Bogotá ya se reclamaba su presencia para que, como asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI), se haga cargo de las investigaciones de 2.270 asesinatos de jóvenes colombianos por militares, a los que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para así lograr ascensos y cobrar recompensas.

Los familiares de los chicos asesinados enviaron este lunes a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del TPI el informe Soacha: la punta del iceberg: crímenes e impunidad, que los expertos creen "documento riguroso, detallado, aterrador".

"Hemos acudido al TPI por no encontrar justicia en Colombia. Queremos que Garzón investigue los crímenes de Estado porque tenemos plena confianza en él", comentó a La Vanguardia María Sanabria, madre de un adolescente de 16 años que fue asesinado por militares cuando Santos era ministro de Defensa. "Quiero ver cómo Garzón conduce a Santos ante el TPI, es responsable de asesinatos sistemáticos al respaldar una política que incentivó estos crímenes", dijo Blanca Nubia Monroy, otra madre con un hijo asesinado.

El diputado Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, comenta a La Vanguardia que la llegada de Garzón a Colombia para investigar los crímenes del ejército "daría gran confianza de que terminaría la impunidad; conoce bien el tema de los jóvenes asesinados por militares y ha dicho que estos crímenes se tienen que investigar". Cepeda recalca que los colombianos tienen la esperanza de que el primer trabajo de Garzón como asesor del TPI sea investigar la ley de justicia y paz que dio impunidad a los paramilitares y los crímenes de los militares. "Garzón vino a Colombia como juez varias veces, se reunió con ONG y familiares de víctimas", dice Cepeda.

El analista Felipe Zuleta destaca que Garzón conoce bien la realidad de Colombia, país que ha visitado con frecuencia. "Es muy importante –recalca– que como asesor esté vinculado al TPI, así tiene jurisdicción sobre estos crímenes, porque entre las víctimas no hay ningún español".

La ONU critica situación social de Colombia

Un organismo especializado de la ONU transmitió al gobierno de Colombia juicios de desaprobación por las malas condiciones sociales del país sudamericano y le encargó adoptar correcciones para mejorarlas.

En sus observaciones sobre el caso colombiano, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se manifestó "hondamente alarmado" por episodios de violencia, injusticia y desigualdad que afectan a poblaciones marginadas y vulnerables de Colombia.

Ese país de unos 44 millones de habitantes, tiene 27,7 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas. Más de 40 por ciento de los hogares sufren inseguridad alimentaria y más de 20 por ciento de los menores de cinco años soportan desnutrición, afirma el informe alternativo de la sociedad civil, citando datos oficiales. El desempleo es de casi 12 por ciento, bastante superior al promedio sudamericano, de ocho por ciento.

Las recomendaciones del Comité de la ONU hacen referencia a puntos muy interesantes, como las formas de tratar a las víctimas del conflicto armado que Colombia vive desde 1964 y del desplazamiento interno, pero esos temas no aparecen en el debate electoral, dijo el especialista. "Los candidatos tendrán que responder sobre esos puntos", subrayó.

El Comité abre una extensa lista de reconvenciones al gobierno colombiano con una declaración de "alarma profunda" ante las consecuencias del prolongado conflicto interno y de sus efectos en las poblaciones afectadas. .

Desde la primera observación el Comité muestra inquietud particular por las consecuencias de las violaciones de los derechos en las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños, unos cuatro millones de desplazados internos y los campesinos pobres.

Los expertos de la ONU se mostraron también preocupados por los grandes proyectos de infraestructura, desarrollo y minería que promueve el Estado colombiano sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, indígenas y afrocolombianas.

El Comité objetó igualmente las políticas estatales de fomento de producción exportable, como los agrocombustibles, pues pueden privar a los campesinos de sus tierras de cultivo.

Sobre este punto, el Comité declaró alarma por los asesinatos de dirigentes sindicales en Colombia y por otras formas de amenazas y de violencia contra líderes obreros.
Uno de los expertos del Comité se preguntó, al escuchar las descripciones acerca de la pobreza, el desempleo y la desnutrición de los sectores marginados colombianos, si en ese país sudamericano "hay un Estado nacional que defiende a la población o hay un Estado que defiende a una clase determinada".
(Fuentes:Agencia IPS,La Vanguardia-Barcelona y Agencia PÚLSAR)

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