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19.8.09

Chile:Movimientos Sociales e Indígenas

LA COMUNIDAD MAPUCHE AMENAZA CON UN LEVANTAMIENTO GENERALIZADO SI EL GOBIERNO NO SE DISCULPA POR LA ACTUACIÓN POLICIAL QUE CAUSÓ LA MUERTE DE UN INDÍGENA. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES RECHAZAN EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS



La Asociación chilena de Organizaciones no Gubernamentales (ACCION), rechaza en un comunicado el proyecto de ley llamado Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que a juicio de esta plataforma busca responsabilizar a quienes convoquen a manifestaciones por los eventuales incidentes. La presentación del proyecto coincide con un momento crítico, tras la muerte de un indígena mapuche en el sur del país, durante una protesta que fue reprimida a balazos por los carabineros.

La llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana establece, además, según ACCION, violaciones a la libre expresión de las demandas sociales, con el objetivo de aumentar las medidas que criminalizan la protesta social .

Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, considera que "no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público".

El comunicado también denuncia y condena los procedimientos policiales usados el día 12 de agosto en la zona de Collipulli, donde fue abatido por la espalda el comunero mapuche de 24 años Jaime Facundo Mendoza Collío.

La Comunidad Mapuche advierte al gobierno chileno

El portavoz de la comunidad mapuche Temucuicui, Jorge Huenchullán, advirtió que si el gobierno no reconoce y se disculpa por la actuación policial de la semana pasada, que causó la muerte de un indígena, "habrá un levantamiento generalizado del movimiento mapuche".

En los enfrentamientos registrados el miércoles en la zona de la Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, murió por impacto de bala el comunero Jaime Mendoza.

En declaraciones al vespertino La Segunda, Huenchullán señala que previo al reinicio del diálogo entre las partes el gobierno "tiene que reconocer su error y pedir disculpas al pueblo mapuche, que está muy dolido". El dirigente indígena reacciona así al anuncio del viaje a la Araucanía de una delegación gubernamental para intentar recomponer el diálogo entre las partes. La comitiva estaría integrada por los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, la portavoz gubernamental, Carolina Tohá y la ministra de Planificación, Paula Quintana, además del subsecretario de Gobierno, Edgardo Riveros y del delgado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña.

Para Huenchullán "quien viaje del gobierno tiene que tener poder de decisión" en la centenaria reclamación de los indígenas por la devolución de tierras, usurpadas por los gobiernos para entregarlas a terratenientes.

Otro dirigente mapuche, Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, agrega que su pueblo espera "que vengan medidas concretas sobre la autodeterminación" de los mapuches y "la devolución de tierras". Aunque, aclara que no sabe "si los mapuches van a querer dialogar, ya que no hay medidas concretas por parte del gobierno".

El mapuche muerto por policía no disparó ningún arma










El joven mapuche muerto a causa de un disparo de un uniformado, no disparó ningún arma, lo que contradice la versión de que la acción del agente fue en defensa propia. Según Radio Cooperativa, que cita fuentes de la investigación, los peritajes de los restos de Jaime Facundo Mendoza Collío, realizados por la Policía de Investigaciones (cuerpo civil), por orden del fiscal militar Rodrigo Vera, revelan que el joven no tenía restos de pólvora ni en su ropa ni en su cuerpo.
Mendoza, de 24 años, murió cuando agentes de Carabineros (cuerpo militarizado), en cumplimiento de una orden judicial, desalojaron un fundo (finca) en Angol, a unos 600 kilómetros de Santiago, que estaba ocupado por un grupo de indígenas que reclamaba la propiedad de esos terrenos.

Los exámenes del Servicio Médico Legal ya desvelaron que la bala de nueve milímetros que causó la muerte del joven penetró por su espalda y salió por el tórax.

Ambos datos contradicen la versión de Carabineros, que argumentó que el agente disparó en defensa propia tras recibir al menos 80 perdigones por parte de los indígenas.

El autor del disparo, el sargento Patricio Jara Muñoz, arrestado ese mismo día, fue procesado este lunes como presunto autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y continua en detención preventiva.

El funeral de Mendoza Collío tuvo lugar este domingo en la comunidad 'Requem Pillán', en la región de La Araucanía, donde vivía, con la participación de más de 3.000 personas, casi todas miembros de grupos mapuches.

Los mapuches se quejan de discriminación


El gobierno y una gran parte de la sociedad chilena dividen a los mapuches entre los "malos", que protestan y reclaman por sus tierras y demás derechos, y los "buenos" que trabajan calladamente, y para los primeros pone en práctica una respuesta que sólo consiste en represión policial, según los dirigentes del smapuches y expertos en asuntos indígenas.

La muerte a manos de la policía del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en la Araucanía, es un hecho absolutamente predecible, para el director de Observatorio Ciudadano, José Aylwin. Esa muerte "es la consecuencia de una política estatal que ha privilegiado la respuesta policial sobre una política profunda para hacer frente a las reclamaciones legítimas, al decir de la propia presidenta Michelle Bachelet, de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche", declara el hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994).

El 12 de agosto, el día de la muerte del comunero Mendoza Collío la delegación de Chile exponía en Ginebra ante el y Comité Contra la Discriminación Racial. La delegación tuvo que responder por la aplicación de dos leyes, ambas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la de Seguridad del Estado y la Antiterrorista, por la vigencia de un estado policial en la Araucanía y porque las causas contra los mapuches están en su mayoría a cargo de la justicia militar. Para Aylwin, "el homicidio de Mendoza Collío no es un hecho aislado, porque la policía actúa de esa manera y en forma reiterada en comunidades indígenas, en un evidente hecho de discriminación racial, a pesar de las numerosas denuncias de organismos de derechos humanos y de las propias organizaciones indígenas, y las recomendaciones del relator de Naciones Unidas".

El director del Observatorio Ciudadano afirma que "uno de los problemas que constataban informes anteriores es la existencia de una situación de desprotección jurídica, de una política pública insuficiente, lenta y ambigua, en relación al tema de las tierras, y daba cuenta de la proliferación de proyectos de inversión sin consulta en territorios indígenas y de una violencia policial que ya ha dejado varios casos de víctimas mortales, además de muchos casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Más de tres mil personas asisten al funeral


Más de tres mil personas, miembros de comunidades y organizaciones mapuches, participaron este domingo en el funeral de Jaime Facundo Mendoza Collío. Tras cuatro días de velatorio en la Comunidad Requem Pillán, el féretro del joven fue trasladado por diversos lonkos en un recorrido de tres kilómetros, en un cortejo escoltado por decenas de weichafes (guerreros)y jóvenes a caballo. La jornada estuvo marcada por la emotividad y los reclamos de justicia.

El masivo funeral transcurrió en un clima de profundo recogimiento de los miles de asistentes, quienes a partir del viernes comenzaron a llegar hasta Ercilla desde diversos puntos del País Mapuche. Jaime Mendoza Collío, de 24 años, casado y padre de un niño de 4 años, murió el miércoles 12 a causa de una bala que disparó el efectivo policial Patricio Jara Muñoz, tras el desalojo del fundo “San Sebastián”, vecino a Requem Pillan y que familias del sector habian ocupado de manera pacífica esa fatal jornada
Según Carabineros el funcionario que disparó lo hizo en defensa propia, tras recibir más de 80 perdigones disparados por los comuneros con escopetas, pero la autopsia de la víctima demostró que recibió el disparo mortal por la espalda y un reciente Informe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) ha demostrado que Mendoza no disparó ningún arma el día de su asesinato. El funcionario policial se encuentra detenidoy sometido a proceso por el fiscal militar Rodrigo Vera, bajo el cargo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”.

La exigencia de Justicia por el crimen marcó la jornada del domingo. En diversos tonos, las delegaciones presentes demandaron a la Presidenta Bachelet que se termine con la “política criminal de encarcelar y asesinar a los mapuches que luchan por sus tierras”. Por medio de consignas, esta demanda se escuchó con especial fuerza durante el emotivo recorrido de 3 kilómetros a pie rumbo al cementerio, por un camino con pendientes y con el féretro cargado por lonkos y familiares. Jóvenes “weichafes” (guerreros), todos con el rostro descubierto, escoltaron la columna que era encabezada por comuneros a caballo, todos portando simbólicas lanzas con hojas de canelo en sus puntas.

Al funeral asistieron delegaciones mapuches de todo el Wallmapu, (territorios mapuches ancestrales),destacando las comunidades miembros de la Alianza Territorial Mapuche. También llegaron adelegaciones de organizaciones chilenas, como la Identidad Territorial Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras, la Alianza Mapuche de Izquierda, Coordinadora Arauco-Malleco, Asociación Ñancucheo de Lumako, el Consejo de Lonkos del Pikun Willi Mapu, Meli Witran Mapu de Santiago, el Partido Mapuche Wallmapuwen, Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuco, la Asociación Ayun Mapu y figuras públicas como la destacada líder pewenche, Berta Quintremán.

Repudio de las organizaciones indígenas


La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se pronunció sobre el atropello al Pueblo Mapuche en la Araucanía chilena. La organización reúne a comunidades originarias de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Tras confirmarse el asesinato del comunero mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza, por un disparo de un carabinero, la CAOI dijo en su comunicado que "un nuevo asesinato confirma la sistemática política de criminalización de los pueblos indígenas que desarrolla el gobierno de Chile".

Además del asesinato de Jaime Mendoza, de la comunidad Requem Pillán, fue herido de bala Juan Carlos Curinao Roncal, autoridad ancestral de la comunidad Huañaco Millao.
Según informa el texto de la CAOI, "hay un número indeterminado de heridos y decenas de detenidos, lo que corrobora que en las regiones mapuches se vive un estado policial implantado por un gobierno que pretende resolver un problema histórico mediante la represión".
La Coordinadora también aseguró que "no se trata de un hecho aislado ni del producto de un enfrentamiento, como han declarado funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet". Según detalla el comunicado, "Jaime Mendoza estaba detenido y desarmado cuando fue asesinado".

AUDIO:Pedro Cabrapán Millape, comunero mapuche, testigo de los hechos archivo mp3
Guerra sorda en los territorios mapuches


Los últimos enfrentamientos entre los carabineros y las comunidades mapuches por los reclamos de tierras aumentan la tensión en el sur del país, más precisamente en la región de La Araucanía, que limita con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La muerte de Jaime Mendoza Collío, abatido por los carabineros, eleva a tres el número de mapuches muertos en similares circunstancias.

En Chile existen nueve etnias; aymaras, atacameños, collas, diaguitas y quechuas, repartidos en el norte del país; rapa nui, en la isla de Pascua; kawashkar, yaganes y mapuches, en el Sur. Precisamente, este último grupo, el más numeroso, con cerca de un millón de personas, ha sido el foco de atención en este país durante los últimos tiempos con el recrudecimiento de la violencia en la zona.
Después de la detención del máximo líder de la organización Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, también la semana pasada, y del número dos, Luis Trancal, hace cuatro días, el cuerpo de Carabineros realizó allanamientos en las comunidades y dijo que había descubierto "proyectiles de alto calibre y gran cantidad de explosivos". En este proceso de criminalización, la policía lanza ahora la especie de que los mapuches tienen contactos con una organización de "extremistas vascos" y que "investiga nexos" con las FARC.

La situación más conflictiva se desarrolla en dos regiones específicas: la del Bío Bío y La Araucanía. Actualmente, hay más de 400 procesados y casi 40 presos.

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un decreto intentó terminar con las comunidades mapuches y su propiedad en común: los indígenas denuncian que parte de ese esquema sigue vigente. Con el gobierno de Michelle Bachelet, las cosas no han mejorado. Uno de los grandes fracasos estatales ha sido la puesta en marcha de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), dependiente del Ministerio de Planificación, que durante los gobiernos de la Concertación ha buscado,la integración sin lograrlo y, aun peor, ha creado a costa de los mapuches un grave problema de desvíos de dinero y corrupción.
Huelga de hambre de mapuches presos

Con una huelga de hambre responden desde este miércoles siete presos mapuches procesados por el mismo caso, la intención del gobierno de separarlos y repartirlos entre cuatro penales diferentes de Chile.

Héctor Llaitul, considerado líder de la Coordinadora Arauco Malleco, inició el ayuno, al que se incorporaron otros seis comuneros. Según medios locales, la idea es enviar a Llaitul a la cárcel de Puerto Montt, a Ramón Llanquileo al penal de Rancagua, a José Huenuche al de Valdivia y a Luis Menares a la cárcel de Arauco, ciudades muy distantes entre si. Los abogados defensores de los detenidos anunciaron que impugnarán la decisión.

La huelga se inscribe también en el movimiento de protestas de las organizaciones mapuches tras la muerte a manos de Carabineros del comunero Jaime Mendoza Collío. Dirigentes de varias organizaciones demandaron la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien también fue interpelado la víspera por parlamentarios de oposición derechista, que exigen mayor represión frente al "problema Mapuche".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, EFE, El Ciudadano-Chile, La Nación-Argentina y Prensa Latina)

17.2.09

México:Energía eólica

ECOLOGISTAS Y COMUNIDADES ACUSAN A UNIÓN FENOSA,ENDESA, IBERDROLA Y OTRAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE EXPULSAR A LOS POBLADORES CON ENGAÑOS Y DE CONSTRUIR PLANTAS EÓLICAS MUY CONTAMINANTES


La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Aquí , las empresas españolas Iberdrola, Endesa y la mixta Eurus (alianza entre la española Acciona y la mexicana Cemex) tienen parques para producir energía generada por el viento. Los habitantes de esa región han denunciado reiteradamente el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños por parte las empresas que construyen el llamado corredor eólico.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Istmo denuncian que la implantación de grandes parques eólicos en su territorio no promueven el progreso y el respeto al medio ambiente como aseguran en su publicidad.

En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y de mayor biodiversidad de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla que afectan a los mantos freáticos y las siembras.
Las organizaciones recuerdan que las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que los campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los campesinos y que habría un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. En un comunicado aseguran : "Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias". La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región.


Aunque han iniciado procesos judiciales contra esas empresas , las comunidades ven que es muy difícil derrotar por esa vía a enemigos tan poderosos. "Las multinacionales
españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos"
.

Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español a que evalúe el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, que no les ofrezcan ningún tipo de apoyo económico, político y diplomático mientras su actividad se desarrolle en un contexto de denuncias por violación a derechos fundamentales y que velen por el cumplimiento de la legislación que en España deben cumplir esas empresas, pero que violan en países como México, con escasas garantías jurídicas. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras



Energía “limpia” europea para México


La población ve en el Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y su soberanía a las empresas multinacionales.

Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico vigente, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.

Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras, con losl consiguientes procesos de desertificación , anegación, etc.

Los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar a los pequeños propietarios fueron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.

Las empresas que negociaron estos contratos son las españolas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico, el apoyo de sus gobiernos y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.

Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos , como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC.
Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consume y que viene de otros lugares.


Greenpeace-España se une a las denuncias


Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace-España, afirma que es necesario que en México se establezca un marco normativo para impulsar la generación de energías renovables y garantizar a la vez justicia social a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.
En una entrevista en el diario mexicano La Jornada, el representante de la organización ambientalista advierte que las empresas españolas como Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa y Repsol practican una doble moral porque por un lado se manifiestan como líderes en el desarrollo de energías limpias, pero por otro lado mantienen centrales muy contaminantes.
Para el caso de México, López Uralde indica que debe haber una responsabilidad por parte de las autoridades energéticas que elaboran la normatividad para que establezcan parámetros justos de remuneración para los lugares donde se ubican esas instalaciones .
Recuerda que en el caso español, los pobladores de los lugares en los que se han establecido los parques eólicos se han visto muy beneficiados porque las empresas eléctricas les pagan precios justos que incluso permiten a los pobladores tener vacaciones pagadas por el alquiler de sus tierras. “Este modelo se debería aplicar aquí ”, dice.
Una de las ventajas de las energías renovables debe ser necesariamente que quede un beneficio para la población local”. De hecho, dice que en España ese modelo ha funcionado y es lo que ha permitido el desarrollo de la energía eólica. “Evidentemente no se puede ni se debe producir este desarrollo a las espaldas de las comunidades y eso por un lado los que hacen la norma deben establecer esas garantías y no permitir abusos. Debe haber un establecimiento claro de las reglas del juego porque indudablemente estas energías van a desarrollarse cada vez más”.

El director ejecutivo de Greenpeace en España asegura: “Nosotros creemos que el tema de la energía es el gran tema del siglo XXI por razones como el cambio climático que nos obliga a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

En su informe (R)evolución Energética. Una perspectiva de energía sustentable para México, elaborado por el Consejo Europeo para las Energías Renovables (EREC) y Greenpeace, se destaca que el desarrollo de energías renovables debe llevarse a cabo cuidando los aspectos ambientales y las premisas sociales. Por ello debe acompañarse de otros programas gubernamentales de ordenamiento ecológico integral, el fortalecimiento de las capacidades locales y de resolución de conflictos.
“Asimismo, los contratos entre compañías y comunidades donde de construyan plantas generadoras de electricidad con energías renovables deben ser transparentes, contar con una perspectiva de respeto y fortalecer las estructuras comunitarias”.
Juan López Uralde, advierte que los conflictos entre comunidades y compañías eléctricas pueden retrasar la implementación y desarrollo tan necesario de las energías renovables en México.
(Fuentes: La Jornada-México, Salva la Selva, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y Paz con Dignidad)

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