La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Aquí , las empresas españolas Iberdrola, Endesa y la mixta Eurus (alianza entre la española Acciona y la mexicana Cemex) tienen parques para producir energía generada por el viento. Los habitantes de esa región han denunciado reiteradamente el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños por parte las empresas que construyen el llamado corredor eólico.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Istmo denuncian que la implantación de grandes parques eólicos en su territorio no promueven el progreso y el respeto al medio ambiente como aseguran en su publicidad.
En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y de mayor biodiversidad de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla que afectan a los mantos freáticos y las siembras.
Las organizaciones recuerdan que las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que los campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los campesinos y que habría un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. En un comunicado aseguran : "Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias". La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región.
Aunque han iniciado procesos judiciales contra esas empresas , las comunidades ven que es muy difícil derrotar por esa vía a enemigos tan poderosos. "Las multinacionales
españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos".
españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos".
Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español a que evalúe el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, que no les ofrezcan ningún tipo de apoyo económico, político y diplomático mientras su actividad se desarrolle en un contexto de denuncias por violación a derechos fundamentales y que velen por el cumplimiento de la legislación que en España deben cumplir esas empresas, pero que violan en países como México, con escasas garantías jurídicas. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras
Energía “limpia” europea para MéxicoLa población ve en el Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y su soberanía a las empresas multinacionales.
Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico vigente, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.
Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras, con losl consiguientes procesos de desertificación , anegación, etc.
Los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar a los pequeños propietarios fueron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.
Las empresas que negociaron estos contratos son las españolas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico, el apoyo de sus gobiernos y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.
Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos , como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC.
Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consume y que viene de otros lugares.
Greenpeace-España se une a las denuncias
Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace-España, afirma que es necesario que en México se establezca un marco normativo para impulsar la generación de energías renovables y garantizar a la vez justicia social a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.
En una entrevista en el diario mexicano La Jornada, el representante de la organización ambientalista advierte que las empresas españolas como Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa y Repsol practican una doble moral porque por un lado se manifiestan como líderes en el desarrollo de energías limpias, pero por otro lado mantienen centrales muy contaminantes.
Para el caso de México, López Uralde indica que debe haber una responsabilidad por parte de las autoridades energéticas que elaboran la normatividad para que establezcan parámetros justos de remuneración para los lugares donde se ubican esas instalaciones .
Recuerda que en el caso español, los pobladores de los lugares en los que se han establecido los parques eólicos se han visto muy beneficiados porque las empresas eléctricas les pagan precios justos que incluso permiten a los pobladores tener vacaciones pagadas por el alquiler de sus tierras. “Este modelo se debería aplicar aquí ”, dice.
“Una de las ventajas de las energías renovables debe ser necesariamente que quede un beneficio para la población local”. De hecho, dice que en España ese modelo ha funcionado y es lo que ha permitido el desarrollo de la energía eólica. “Evidentemente no se puede ni se debe producir este desarrollo a las espaldas de las comunidades y eso por un lado los que hacen la norma deben establecer esas garantías y no permitir abusos. Debe haber un establecimiento claro de las reglas del juego porque indudablemente estas energías van a desarrollarse cada vez más”.
El director ejecutivo de Greenpeace en España asegura: “Nosotros creemos que el tema de la energía es el gran tema del siglo XXI por razones como el cambio climático que nos obliga a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.
En su informe (R)evolución Energética. Una perspectiva de energía sustentable para México, elaborado por el Consejo Europeo para las Energías Renovables (EREC) y Greenpeace, se destaca que el desarrollo de energías renovables debe llevarse a cabo cuidando los aspectos ambientales y las premisas sociales. Por ello debe acompañarse de otros programas gubernamentales de ordenamiento ecológico integral, el fortalecimiento de las capacidades locales y de resolución de conflictos.
“Asimismo, los contratos entre compañías y comunidades donde de construyan plantas generadoras de electricidad con energías renovables deben ser transparentes, contar con una perspectiva de respeto y fortalecer las estructuras comunitarias”.
Juan López Uralde, advierte que los conflictos entre comunidades y compañías eléctricas pueden retrasar la implementación y desarrollo tan necesario de las energías renovables en México.
Juan López Uralde, advierte que los conflictos entre comunidades y compañías eléctricas pueden retrasar la implementación y desarrollo tan necesario de las energías renovables en México.
(Fuentes: La Jornada-México, Salva la Selva, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y Paz con Dignidad)
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