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10.2.09

Perú:Corrupción

OLLANTA HUMALA ACUSA AL PRESIDENTE ALAN GARCÍA DE ESTAR IMPLICADO EN DOS GRANDES ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN Y ESPIONAJE. EL VICEPRESIDENTE GIAMPIETRI YA HABÍA SIDO SEÑALADO



El Presidente de Perú, Alan García, estaría vinculado a dos grandes escándalos que ocupan hace semanas la atención de los medios peruanos: dos casos de corrupción y espionaje electrónico. Lo denuncia el líder opositor nacionalista, Ollanta Humala.
En declaraciones públicas, el presidente del Partido Nacionalista Peruano (PNP) señala que en ambos casos “todo apunta al presidente de la República”.

Se refiere a la red de corrupción encabezada por Rómulo León, quien fue ministro del primer gobiernode Alan García (1985-90) , y al llamado caso de 'chuponeo' (escuchas y grabaciones ilegales) efectuado por la empresa Business Track integrada por agentes activos y retirados de la Armada y que, precisamente, grabó y filtró a la prensa las grabaciones a miembros de la red de corrupción encabezada por el citado ex ministro.
Según Ollanta Humala, en el primer caso, el de la red de corrupción oficial, la trama habría comenzado con la reunión del empresario dominicano Fortunato Canaán con Alan García en el Palacio de Gobierno en el año 2007. Alan García aseguró en su momento que recibió al empresaro por recomendación de la dirigente socialdemócrata dominicana Peggy Cabral, como hace con frecuencia con empresarios interesados en invertir en el país.
En el otro caso, Humala recuerda que el ex oficial de inteligencia de la Armada Carlos Tomasio, preso por el caso de espionaje realizado por la empresa Business Track, declaró que es amigo del Jefe del Estado y que informó al gobernante, al alto mando militar y otras instancias, sobre un presunto atentado contra García, a fines de 2006, y sobre supuestos aprestos conspirativos de organizaciones radicales de izquierda, que jamás fueron probados. “Entonces el Presidente debió preguntar: Si Usted no pertenece a un sistema de inteligencia cómo sabe eso. Es obvio que el Presidente sabía que esa empresa se dedicaba a actividades clandestinas no permitidas por la ley”.
Según Humala, el mandatario y el gobierno sabían perfectamente desde hace tiempo que Business Track realizaba actividades ilegales de inteligencia que sólo corresponden a los servicios de las fuerzas armadas y al Ministerio del Interior.
Humala considera que la corrupción ha llegado a los más altos niveles, al propio presidente, quien tiene al menos responsabilidad política en ambos casos y que el gobierno no da garantías para esclarecerlos.

Una mafia de la Marina, dedicada al 'chuponeo'


Cuando el pasado 24 de enero Elías Ponce Feijoo fue trasladado al penal limeño de Castro Castro, amenazó con destapar un nuevo paquete de audios. Un as bajo la manga para presionar en su favor.

La mafia de interceptación dirigida por el marino retirado Elías Ponce Feijoo es ya uno de los casos más graves de espionaje industrial jamás descubierto en el Perú. Quizás a la altura del desarrollado bajo la dirección del 'asesor presidencial' Vladimiro Montesinos, en tiempos de Fujimori.
Según el atestado judicial , una idea de la dimensión del caso, lo dan las grabaciones halladas en los 29 PCs, tres portátiles, 26 discos duros, 246 diskettes, 672 CDs y 25 USBs incautados. Hasta ahora sólo se ha revisado el 8% del material, y se calcula que el equipo de expertos que lo analiza tardará aun tres meses en conocer el contenido para poder determinar quiénes pagaron por el material.
La lista de interceptados supera el medio centenar de personas entre ellas políticos, lobistas, abogados, periodistas, secretarias, etc.
En las grabaciones, aparecen dos casos de primera línea, que afectan a sendos casos de alta corrupción gubernamental. El primero es Petro-Tech (los llamados 'petroaudios'. El segundo gran frente abierto es el del cemento.
El jefe de la trama, Elías Ponce tiene pedigrí en la Marina. Ingresó a la Armada en 1970 y fue capacitado en inteligencia operativa, contrainteligencia, análisis de información y criptografia. Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) ocupó cargos de importancia en la Dirección de Inteligencia Naval y contó con la protección y amistad del almirante Antonio Ibárcena Amico, ex Comandante General de la Marina, procesado por espionaje. Ponce fue involucrado en crímenes contra los derechos humanos y pasó al retiro en el 2001.
A diferencia de algunos de sus empleados, se ha negado a colaborar. En cambio advirtió a la Policía que tiene escondido otro paquete de audios que considera su as bajo la manga y que utilizará en el momento conveniente.

El otro miembro destacado de esta macrored de escuchas ilegales es el capitán de navío Carlos Tomasio de Lambarri. Es socio fundador, junto a Elías Ponce, de Business Track. Fue Agregado Naval en Washington, y calidad de tal adquirió dos equipos de interceptación Triggerfish 4080 por el valor de 110.000 dólares. En julio del 2000, Tomasio pagó 8.000 dólares a la empresa Harris Corporation por una “capacitación para operación de equipos Triggerfish”. Al ser descubiera la trama, el Ministro de Defensa Antero Flores , que asegura - y nadie le cree- que la Marina no tuvo ni tiene equipos de 'chuponeo', alegó que esa fue una adquisición personal de Tomasio, pese a que las facturas de la compra descubiertas por la revista limeña 'Caretas' tienen los sellos oficiales de la Agregaduría Naval y a que el propio Tomasio declaró a la Policía que “este tipo de adquisiciones solo se hacen con autorización del gobierno” y añadió: “La coordinación se hizo con la funcionaria Debbie Carriere, de Harris, y todo se hizo desde la Agregaduría Naval”.

Las primeras sospechas cayeron sobre el Vicepresidente Giampetri
Las sospechas en el escándalo de espionaje , apuntaron al comienzo al vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, y a la Compañía Telefónica española. Las evidencias de relaciones entre Giampietri y el gerente de Business Track, Elías Ponce coincidían con los comentarios sobre el papel que podría haber jugado en el espionaje la filial local de Telefónica.
Giampietri, según diversas fuentes, tenía entre sus hombres de confianza a Ponce, promovió su ascenso a contralmirante por el presidente Alan García, pese a estar acusado por la desaparición de dos estudiantes, y quería que fuera nombrado director nacional de Inteligencia. Al estallar el escándalo, el Palacio de Gobierno anunció un decreto presidencial por el que quedó anulado el nombramiento.

Además, Giampietri introdujo a Giselle Gianotti, ejecutiva de Business Track, hoy detenida, para que presentara sus productos ante el Comando Conjunto de las fuerzas armadas, como especialista, entonces, de la empresa de seguridad Forza, también de ex marinos.
Un agente naval de inteligencia que trabajaba para Business Track ha admitido haber hecho las grabaciones de conversaciones de miembros de una red gbernamental de corrupción, que en octubre difundió un canal de televisión peruano, lo que desató una crisis ministerial. La prensa peruana considera que dada la cercanía del vicepresidente Giampietri con Ponce, es difícil que el vicepresidente no estuviera al tanto de esa operación y se pregunta si, en tal caso, ocultó la información al jefe de Estado.

Uno de los agentes de inteligencia en actividad que trabajaban para Business Track ha admitido que la operación contó con el apoyo de dos empresas técnicas que dan servicio a la Telefónica.

El APRA considera "precipitadas" las acusaciones de Humala

Hoy mismo, Mercedes Cabanillas (APRA) ha respondido a las críticas hechas por el líder nacionalista, Ollanta Humala, sobre las tramas de corrupción, incluida la venta de Petrotech. En declaraciones a la salida del Congreso comenta también las declaraciones de algunos parlamentarios nacionalistas respecto al contrato de Bussiness Track para que hiciera un 'barrido electrónico' que en el Congreso en 2006, cuando Cabanillas era la Presidenta de la cámara. VER DECLARACIONES AQUÍ

Sospechoso atentado a la fiscal peruana



La trama de espionaje monada por los servicios de inteligencia de la Armada peruana son también los principales sospechosos del atentado extraño atentado sufrido a comienzos de año por la fiscal de la Nación , Gladys Echaíz, quien salió indemne. La fiscal, que participa activamente en la investigación de Business Track , dijo que si alguien buscaba amedrentarla cometió un error. Y la mayoría de los analistas se inclinan por considerar el atentado fue una acción de amedrentamiento sin intención de matar.
El porte militar y el desenvolvimiento propio de quienes tienen entrenamiento castrense destaca en la declaración hecha a la policía, por el jefe de la escolta de Echaíz, suboficial Manuel Silva, quien acompañaba a la fiscal y quien repelió el ataque.
La versión añade la certeza de que los atacantes no tenían intenciones de matar a la fiscal, pues por la sorpresa, la superioridad en número y la capacidad de los agresores, no había posibilidad de que fallaran.
Fuentes del Ministerio Público insisten en pedir que se investigue la posibilidad del magnicidio, pues el automóvil que acababa de abordar Echaíz al producirse el atentado, tiene al menos 10 impactos de bala, pese a lo cual nadie salió herido.

El escolta Silva aseguró haberse cerciorado de que nadie siguió al auto de la fiscal en el trayecto de su casa a la peluquería ante la cual se produjo el ataque, por lo que los agresores habrían usado la escucha telefónica para saber dónde estaba y que sólo iba con su chofer y un custodio.
(Fuentes: Peru.com, Prensa Latina, Caretas, @genciaperu.tv)

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