El gobierno uruguayo abrió este martes la vía a la poersecución de los militares implicados en la Guerra Sucia, al declarar inconstitucionales varios artículos de la ley que en 1986 amnistió a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura en el Uruguay (1972-1985). El ejecutivo de Tabaré Vázquez respondió así en el marco de una acción promovida por la muerte a manos de militares de una militante comunista en 1974.
La Suprema Corte de Justicia había solicitado al Ejecutivo su opinión sobre la ley sancionada en 1986, bajo el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y ratificada en un plebiscito en 1989, en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze porel asesinato de Nibia Sabalsagaray en 1974, en una unidad militar. Hasta ahora la Justicia sólo ha interrogado a civiles en torno al asesinato de la militante Blanca Sabalsagaray.
El Ejecutivo "acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: 'Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela'", señaló la resolución. El pronunciamiento será ahora elevado a la Corte de Justicia, que dará su veredicto, tras el cual "se habilitará la investigación". Según la fiscal Guianze, "el fallo del Poder Ejecutivo sienta un precedente, lo que hace que a raíz del mismo puedan presentarse excepciones de inconstitucionalidad a otros casos".
El gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de esta controvertida norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco. También se habilitó la búsqueda de restos de opositores al régimen que se encuentran desaparecidos. Mientras, sectores políticos de izquierda y sindicatos de trabajadores están recolectando firmas para que se someta a referéndum la anulación de esa amnistía junto con las próximas elecciones nacionales en Uruguay, previstas para octubre de este año.
La Ley de Caducidad no es constitucional
La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subraya el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".
De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".
Continuará la campaña contra la Ley
La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anuncia que proseguirá recolectando firmas contra esa normativa aun cuando el Poder Ejecutivo apunte a declararla anticonstitucional.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.
Por estar en curso la temporada veraniega, la Coordinadora también seguirá instalando mesas de recolección de firmas en la faja costera y otros sitios con alta afluencia de vacacionistas, así como en los escenarios vinculados a la celebración de los carnavales.
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg
Ex presos políticos exigen la Ley de Reparación para todas las víctimas
La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) reclama al Gobierno la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple a "todas las víctimas" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El secretario de CRYSOL, Gastón Grisoni, dice que "la necesidad de que se apruebe una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado como un paso imprescindible para avanzar en la justicia y en la transición democrática". Grisoni señala que el Gobierno comenzó hace tres meses la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia, que "aparentemente no contempla los grandes temas" que la normativa de Naciones Unidas establece respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.
CRYSOL destaca los principios de "restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos" que, según la ONU, debe observar una ley sobre la materia.
Según CRYSOL, el proyecto de ley sólo incluye a los ex presos políticos y "debería incluir e indemnizar a todos los universos de víctimas", entre las que Grisoni inclue a "los detenidos desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los exiliados y los clandestinos". Asimismo, los niños nacidos en cautiverio, aquellos a los que se cambió la identidad y los niños y adolescentes que son familiares directos (en su mayoría, hijos) de ex presos políticos deben reconocerse como víctimas y "ser indemnizados por el conjunto de daños.
Grisoni consideró que "el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas que sufrieron represión en Argentina por las acciones cometidas por Uruguay en el marco del Plan Cóndor, pues decenas de uruguayos fueron procesados y encarcelados".
El secretario de CRYSOL asegura que el proyecto de ley del Gobierno tampoco incluye "la disculpa oficial" del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura, como marca Naciones Unidas. Considera que el Estado además "tiene que asegurar una amplia cobertura médica a las víctimas del terrorismo de Estado y establecer los derechos jubilatorios de todos los sectores".
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay apoya la campaña de recolección de firmas en todo el país para someter a referéndum la anulación de la citada Ley de Caducidad.
"Es inconstitucional y viola los Derechos Humanos", asegura Grisoni.
Busca de desaparecidos en un cuartel
El juez del departamento uruguayo de Maldonado, Federico Alvarez Petraglia, y el jefe del equipo de antropólogos que busca restos de detenidos desaparecidos, José López Mazz, ingresaroneste martes a un cuartel de Laguna del Sauce, a 130 kilómetros de Montevideo, tras recibir denuncias de un ex soldado sobre enterramientos clandestinos durante la dictadura militar (1973-1985).
Álvarez Petraglia y López Mass realizaron una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros de Combate número 4 y tras indicaciones del denunciante "se ubicó rápidamente el lugar", donde se presume fueron sepultados los cuerpos, dijo el magistrado . El juez informó que las características del predio coinciden con lo que declaró el testigo, a pesar del paso del tiempo, y agregó que "el lugar presenta muchas similitudes con la declaración".
El lugar, cercano a un viejo polvorín que se encuentra en la unidad militar, presenta varias irregularidades y mucha maleza. Alvarez Petraglia dispuso no innovar sobre el terreno, a la espera del inicio de excavaciones. Alvarez Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cadáveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia (alcaldía) de Maldonado. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en la unidad militar.
Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se han realizado excavaciones en el Batallón 13 de Montevideo, en el 14 de la vecina localidad de Toledo y en una chacra de la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de la capital. En esos trabajos, aparecieron el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 los cuerpos del obrero metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa y del profesor Fernando Miranda, asesinados por la dictadura en 1976 y 1974, respectivamente.
(Fuentes:ANSA-Latina , DPA, AFP, Prensa Latina y EFE)
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