Uruguay:Dictadura Militar

AL MENOS 67 NIÑOS FUERON PRESOS POLÍTICOS. LOS DETUVIERON JUNTO CON SUS MADRES O NACIERON EN PRISIÓN. MUCHAS EMBARAZADAS FUERON SOMETIDAS A TORTURA, INCLUSO EN EL VIENTRE PARA DAÑAR AL BEBÉ


La dictadura militar uruguaya (1973-1985) mantuvo a al menos 67 niños como prisioneros políticos, según una investigación de la Universidad de la República. Los niños nacieron en su mayoría en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, según el estudio que revela en parte el diario uruguayo La República. El estudio indica que en algunos casos, los niños fueron mantenidos en prisión hasta

por tres años.

Fotografía tomada en octubre de 1972

en el Regimiento de Caballería N 1.

Crímenes como esos también se perpetraron en los años previos al golpe, pues otros 27 casos se dieron bajo los gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y Juan María Bordaberry (presidente constitucional entre 1972 y 1973, de facto hasta 1976).

La investigación sostiene además que mujeres embarazadas al momento de ser detenidas "fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero". “Varios de estos niños, entonces, fueron torturados antes de nacer”, indica el diario.

La investigación también confirma que algunas de las embarazadas fueron violadas.
Revela que cuatro hijos de padres desaparecidos fueron recuperados, igual que 12 de presos políticos asesinados o desaparecidos temporalmente, mientras aún se desconoce el paradero de tres.

Uno de los bebés, de padre desaparecido y madre presa política, fue entregado a su familia biológica; seis nacimientos nunca fueron confirmados porque las gestantes desaparecieron; ocho menores fueron abandonados por la dictadura, pero después se establecieron sus identidades.
También hay cinco casos de hijos de padre desaparecidos en Argentina y trasladados de forma clandestina a Uruguay con sus madres y luego liberados. Otro menor fue secuestrado junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.

Señalado como incompleto por los autores de la investigación, el listado se confeccionó a partir de informaciones mayormente proporcionadas por las víctimas de aquellas atrocidades, hoy hombres y mujeres que reclaman justicia para sus padres y ellos mismos.

El estudio se hizo público en medio de una campaña popular para someter a plebiscito la Ley de Caducidad, que amnistió a militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura.

Sin palabras. La mayoría de ellos recibió torturas antes de nacer y estuvieron presos el equivalente a 47 años
Al menos 67 niños fueron presos políticos en dictadura en Uruguay
"La guerra no es contra los niños", le dijo el entonces mayor José Nino Gavazzo a Sara Méndez cuando le arrancó de los brazos a su bebé Simón. Como en cada una de sus declaraciones, como en sus columnas de Búsqueda, Gavazzo mintió.

Gabriel Mazzarovich (*)

El ex Penal de Punta Rieles. Hoy un Centro de Instrucción del Ejército, en dictadura albergó a presas políticas, varias con sus bebés.

"La guerra" de la dictadura para imponer su proyecto político, económico y social fue contra toda la sociedad y también contra los niños. En el tomo II de la "Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)", realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de la República (Udelar), coordinada por el profesor Alvaro Rico, hay un capítulo especial dedicado a la represión contra los menores de edad.

En el capítulo se informa detalladamente la situación de los niños desaparecidos que recuperaron su identidad, de los tres casos de adolescentes desaparecidos en Argentina que continúan sin aclararse, pero especialmente se informa en detalle de una modalidad de represión: la prisión política de niños.

El listado incompleto de 67 casos refleja que en el caso de estos niños, que en su mayoría nacieron en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, si se suma su permanencia en las cárceles, estuvieron 565 meses presos, el equivalente a 47 años, casi medio siglo.

En el caso de las madres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas, fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero. También en varios casos fueron violadas.

Varios de estos niños fueron, entonces, torturados antes de nacer y, además, nacieron en prisión y fueron mantenidos en ellas, en algunos casos por más de tres años.

Cabe señalar que 27 casos de prisión política de niños se dieron antes del golpe de Estado, es decir en el marco de gobiernos del Partido Colorado, presididos por Jorge Pacheco Areco y después por el entonces presidente constitucional y luego dictador José María Bordaberry.

El primer caso documentado de detención de un niño es de 1970 y el último fue de 1976. En Uruguay hubo niños prisioneros políticos durante al menos durante 7 años, entre 1970 y 1977.

La guerra contra los niños


La información está contenida en el Apartado 3 y va desde la página 374 a la 401.
En el libro se establece una clasificación y listado de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas de la represión.

En el punto 1 se establece la situación de los menores de edad que continúan desaparecidos hasta el presente, que son tres.

El punto 2 se refiere a los menores de edad nacidos en cautiverio, con sus padres desaparecidos, secuestrados y con identidad cambiada. Fueron recuperados posteriormente; son 4.

El punto 3 se ocupa de la situación de los niños y adolescentes, hijos de desaparecidos o asesinados políticos, desaparecidos temporarios, localizados después; son 12.

El punto 4 se refiere a un bebé nacido en prisión de padre desaparecido y madre presa política, que fue entregado a su familia biológica.

Punto 5: bebés cuyo nacimiento no ha podido ser confirmado, hijos de padres desaparecidos, cuyas madres estaban embarazadas en el momento de la detención; son 4.

Punto 6: bebés probablemente nacidos en cautiverio ya que sus madres, hoy desaparecidas, probablemente estaban embarazadas en el momento de su detención; son 2.

Punto 7: niños abandonados en el momento de la detención de sus padres, hoy desaparecidos, y recuperados posteriormente; son 8.

Punto 8: niños, hijos de padre desaparecido en Argentina, trasladados en forma ilegal a Uruguay junto a sus madres y liberados posteriormente; son 5.

Punto 9: un niño secuestrado de forma temporaria junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.

En el punto 10 de establece la situación de los bebés en proceso de gestación con madres presas y sometidas a torturas, nacidos en prisión de sus progenitoras, liberados y entregados a sus familias biológicas luego de cierto tiempo; son 67.

Los niños presos políticos

En las páginas 393 y 394, la investigación de la Udelar incluye un listado de los 63 "bebés en proceso de gestación con madres detenidas y sometidas a torturas; nacidos en prisión compartida con sus progenitoras, liberados y entregados luego a sus familias biológicas". Este listado fue proporcionado por la agrupación que nuclea a estos "niños" que hoy son mujeres y hombres. El listado está incompleto, ya que los casos constatados hasta ahora, según la investigación de la Udelar, son 67. Este número tampoco agota esta realidad, cuya investigación, y por lo tanto sistematización, es de reciente data. En todos los casos en que se señala que no figuran algún dato, en el listado está el nombre de las madres, así como en tres casos más, donde sólo figura el nombre de las madres.

El listado es el siguiente:

1) Alfredo Martín Pereira, nacido el 30/9/72, preso con su madre desde el 20/5/72 hasta el 1/6/75;

2) Ana Celia Azziz, nacida el 25/8/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 12/9/72;

3) Andrea Leyton, nacida el 24/2/73, presa con su madre desde el 15/6/73 hasta el 4/9/74;

4) Carmen Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

5) Cecilia Gutiérrez, nacida el 3/11/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 1/9/73;

6)Claudia López Sosa, nacida el 13/11/72, presa con su madre desde el 3/7/72 hasta el 4/9/74;

7) Daniel Taroco, nacido el 9/1/75, preso con su madre desde el 3/5/74 hasta el 1/2/76;

8) Daymán Murro, nacido el 30/1/73, preso con su madre hasta el 4/9/74;

9) Federico Bonino, nacido el 9/4/73, preso con su madre desde el 1/8/73 hasta el 12/12/73;

10) Fernando Francia, nacido el 26/1/73, preso con su madre desde el 21/5/73 hasta el 10/9/73;

11) Gabriel Méndez (sin datos);

12) Guidai Oleaurre, nacido el 13/7/72, preso con su madre desde el 1/11/72 hasta el 1/7/73;

13) Inés Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

14) Jimena Valdés, nacida el 28/9/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 4/9/74;

15) Joaquín Perdomo, nacido el 20/1/73, preso con su madre desde el 25/8/72 hasta el 4/9/74;

16) Jorge Giordano, nacido el 21/8/72, preso con su madre desde el 13/9/72 hasta el 4/9/74;

17) Laura Marrero, nacida el 30/1/72, presa con su madre desde el 18/10/72 hasta el 4/9/74;

18) Laura Fernández, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 14/5/72 hasta el 10/7/74;

19) María Mena, nacida el 16/12/72, presa con su madre desde el 1/6/73 hasta el 1/3/74;

20) Martín Casterlini, nacido el 29/3/74, preso con su madre desde el 5/5/74 hasta el 4/9/74;

21) Mercedes Aiub, nacida el 5/6/73, presa con su madre desde el 19/10/72 hasta el 21/8/73;

22) Micaela Solé, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 4/9/74;

23) Micaela Rivero, nacida el 15/7/70, presa con su madre desde el 17/2/70 hasta el 17/3/71;

24) Mirtha Rezano, nacida el 9/2/73, presa con su madre desde el 24/6/72 hasta el 4/9/74;

25) Mónica Gallego, nacida el 6/1/73, presa con su madre desde el 20/9/73 hasta el 1/7/74;

26) Nicolás Modernell, nacido el 1/3/73, preso con su madre desde el 17/6/72 hasta el 4/9/74;

27) Paloma Soto, nacida el 22/1/77, presa con su madre desde el 1/4/76 hasta el 30/9/77;

28) Patricia Pérez Díaz, nacida el 1/10/72, presa con su madre desde el 14/6/72 hasta el 4/9/74;

29) Rodrigo Gómez, nacido el 7/1/73, preso con su madre desde el 29/5/72 hasta el 4/9/74;

30) Ronell Bologna, nacido el 8/1/73, preso con su madre desde el 16/6/72 hasta el 4/9/74;

31) Ximena Griscti (sin datos);

32) Darío Campalans, nacido el 2/6/75, preso con su madre desde el 15/9/74 hasta el 14/2/77;

33) Gabriel Otero, nacido el 1/1/70, preso con su madre desde el 1/8/72 hasta el 4/9/74;

34) Alba Coito, nacida el 30/9/72, presa con su madre desde el 1/7/72 (sin otros datos);

35) Ana Celia Fernández, nacida el 16/9/71, presa con su madre desde el 1/1/71 hasta el 1/12/71;

36) Valeria García Morales, nacida el 14/11/70, presa con su madre desde el 14/11/70 hasta el 18/11/70;

37) Walter Cheroni (sin datos adicionales);

38) Máximo Jiménez (sin datos adicionales);

39) Santiago Viviano (sin datos adicionales);

40) Victoria Araujo, nacida el 17/1/73, presa con su madre desde el 19/5/73 hasta el 8/73;

41) Nicolás Correa Vila (sin datos adicionales);

42) Alejandro Daniel Guerra (sin datos adicionales);

43) Diego Amorío (sin datos adicionales);

44) Mauricio Djamila (sin datos adicionales);

45) Enrique Feldogel (sin datos adicionales);

46) Ernesto Pirri (sin datos adicionales);

47) Francisco Puente (sin datos adicionales);

48) Gabriel Viana (sin datos adicionales);

49) Gabriel Sorensen (sin datos adicionales);

50) Gabriela Echenique (sin datos adicionales);

51) Gabriel Vitabar (sin datos adicionales);

52) Gabriela Fernández (sin datos adicionales);

53) Juan Andrés Uribasterra (sin datos adicionales);

54) Magdalena Fajardo (sin datos adicionales);

55) Marcos Carrera (sin datos adicionales);

56) Mauricio (sin datos adicionales);

57) Paula (sin datos adicionales);

58) Rafal Díaz (sin datos adicionales);

59) Roberto López Sosa (sin datos adicionales);

60) Santiago (sin datos adicionales);

61) Santiago (sin datos adicionales);

62) Verónica Vasallo (sin datos adicionales);

63) Victoria Rosado (sin datos adicionales).

Sin palabras

Alvaro Rico, el coordinador de la investigación de la Udelar, dijo en entrevista con LA REPUBLICA, refiriéndose a estos casos: "A veces las palabras se quedan cortas".
Esta realidad, la de los niños prisioneros, reprimidos como niños y utilizados para amenazar y hostigar a sus madres, muestra que la represión no tuvo límites.
Nos hemos limitado a reproducir los datos consignados en la investigación, que comprueban que los niños fueron un objetivo para la represión.

Pero además, hay que agregar que también se torturaron niños para intentar quebrar a sus padres; varios fueron torturados antes de nacer, en el útero de sus madres; que miles de niñas y niños crecieron con sus madres o padres presos y fueron también vigilados, tanto en la escuela como en el liceo y, también, como lo prueban archivos de inteligencia militar y policial, en sus cumpleaños, sus actividades deportivas y culturales; que otros miles fueron obligados a exiliarse, en algunos casos con sus padres y en otros casos solos, dejando a sus padres presos o desaparecidos; que decenas de niños crecieron teniendo a sus padres desaparecidos o asesinados políticos.

Y hay que consignar además que los niños también fueron botín de guerra de los represores y muchos fueron secuestrados para venderlos o entregarlos a familias militares que no podían tener los suyos. El caso de Macarena Gelman es una prueba clara de ello. Pero nada señala que haya sido el único caso y habrá que seguir investigando si no hubo más bebes traídos desde Buenos Aires para entregarlos a militares o civiles vinculados a la represión en nuestro país.

(*) Informe publicado hoy por el diario La República de Montevideo

(Fuentes: ANSA-Latina, Prensa Latina y La República-Montevideo )

Uruguay:Ley de Caducidad

EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ ABRE EL CAMINO AL PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MILITARES IMPLICADOS EN LA GUERRA SUCIA Y AL FIN DE LA LEY QUE PERMITE LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS


El gobierno uruguayo abrió este martes la vía a la poersecución de los militares implicados en la Guerra Sucia, al declarar inconstitucionales varios artículos de la ley que en 1986 amnistió a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura en el Uruguay (1972-1985). El ejecutivo de Tabaré Vázquez respondió así en el marco de una acción promovida por la muerte a manos de militares de una militante comunista en 1974.

La Suprema Corte de Justicia había solicitado al Ejecutivo su opinión sobre la ley sancionada en 1986, bajo el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y ratificada en un plebiscito en 1989, en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze porel asesinato de Nibia Sabalsagaray en 1974, en una unidad militar. Hasta ahora la Justicia sólo ha interrogado a civiles en torno al asesinato de la militante Blanca Sabalsagaray.

El Ejecutivo "acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: 'Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela'", señaló la resolución. El pronunciamiento será ahora elevado a la Corte de Justicia, que dará su veredicto, tras el cual "se habilitará la investigación". Según la fiscal Guianze, "el fallo del Poder Ejecutivo sienta un precedente, lo que hace que a raíz del mismo puedan presentarse excepciones de inconstitucionalidad a otros casos".

El gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de esta controvertida norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco. También se habilitó la búsqueda de restos de opositores al régimen que se encuentran desaparecidos. Mientras, sectores políticos de izquierda y sindicatos de trabajadores están recolectando firmas para que se someta a referéndum la anulación de esa amnistía junto con las próximas elecciones nacionales en Uruguay, previstas para octubre de este año.

La Ley de Caducidad no es constitucional

La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subraya el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".

De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".

Continuará la campaña contra la Ley

La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anuncia que proseguirá recolectando firmas contra esa normativa aun cuando el Poder Ejecutivo apunte a declararla anticonstitucional.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.

Por estar en curso la temporada veraniega, la Coordinadora también seguirá instalando mesas de recolección de firmas en la faja costera y otros sitios con alta afluencia de vacacionistas, así como en los escenarios vinculados a la celebración de los carnavales.
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg

Ex presos políticos exigen la Ley de Reparación para todas las víctimas

La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) reclama al Gobierno la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple a "todas las víctimas" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El secretario de CRYSOL, Gastón Grisoni, dice que "la necesidad de que se apruebe una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado como un paso imprescindible para avanzar en la justicia y en la transición democrática". Grisoni señala que el Gobierno comenzó hace tres meses la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia, que "aparentemente no contempla los grandes temas" que la normativa de Naciones Unidas establece respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

CRYSOL destaca los principios de "restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos" que, según la ONU, debe observar una ley sobre la materia.

Según CRYSOL, el proyecto de ley sólo incluye a los ex presos políticos y "debería incluir e indemnizar a todos los universos de víctimas", entre las que Grisoni inclue a "los detenidos desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los exiliados y los clandestinos". Asimismo, los niños nacidos en cautiverio, aquellos a los que se cambió la identidad y los niños y adolescentes que son familiares directos (en su mayoría, hijos) de ex presos políticos deben reconocerse como víctimas y "ser indemnizados por el conjunto de daños.

Grisoni consideró que "el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas que sufrieron represión en Argentina por las acciones cometidas por Uruguay en el marco del Plan Cóndor, pues decenas de uruguayos fueron procesados y encarcelados".

El secretario de CRYSOL asegura que el proyecto de ley del Gobierno tampoco incluye "la disculpa oficial" del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura, como marca Naciones Unidas. Considera que el Estado además "tiene que asegurar una amplia cobertura médica a las víctimas del terrorismo de Estado y establecer los derechos jubilatorios de todos los sectores".
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay apoya la campaña de recolección de firmas en todo el país para someter a referéndum la anulación de la citada Ley de Caducidad.
"Es inconstitucional y viola los Derechos Humanos", asegura Grisoni.

Busca de desaparecidos en un cuartel

El juez del departamento uruguayo de Maldonado, Federico Alvarez Petraglia, y el jefe del equipo de antropólogos que busca restos de detenidos desaparecidos, José López Mazz, ingresaroneste martes a un cuartel de Laguna del Sauce, a 130 kilómetros de Montevideo, tras recibir denuncias de un ex soldado sobre enterramientos clandestinos durante la dictadura militar (1973-1985).

Álvarez Petraglia y López Mass realizaron una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros de Combate número 4 y tras indicaciones del denunciante "se ubicó rápidamente el lugar", donde se presume fueron sepultados los cuerpos, dijo el magistrado . El juez informó que las características del predio coinciden con lo que declaró el testigo, a pesar del paso del tiempo, y agregó que "el lugar presenta muchas similitudes con la declaración".

El lugar, cercano a un viejo polvorín que se encuentra en la unidad militar, presenta varias irregularidades y mucha maleza. Alvarez Petraglia dispuso no innovar sobre el terreno, a la espera del inicio de excavaciones. Alvarez Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cadáveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia (alcaldía) de Maldonado. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en la unidad militar.

Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se han realizado excavaciones en el Batallón 13 de Montevideo, en el 14 de la vecina localidad de Toledo y en una chacra de la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de la capital. En esos trabajos, aparecieron el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 los cuerpos del obrero metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa y del profesor Fernando Miranda, asesinados por la dictadura en 1976 y 1974, respectivamente.

(Fuentes:ANSA-Latina , DPA, AFP, Prensa Latina y EFE)

Latinoamérica-España: Migraciones

POR PRIMERA VEZ LOS INMIGRANTES CONVOCAN MANIFESTACIONES EN TODA ESPAÑA, TRAS LA PROPUESTA XENÓFOBA DEL PARTIDO POPULAR PARA OBLIGARLES A FIRMAR UN 'CONTRATO DE INTEGRACIÓN'

Plataformas y asociaciones de inmigrantes de toda España están llamadas a manifestarse el próximo 29 de febrero en distintas capitales, para reivindicar sus «derechos como personas» y protestar por las iniciativas del Partido Popular en materia de política migratoria, como el 'contrato de integración' anunciado por el candidato de la derecha española a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 9 de marzo, Mariano Rajoy.
Las marchas, actos de protesta y concentraciones tendrán lugar el 29 febrero a las siete de la tarde de forma simultánea en una docena de localizaciones españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Canarias, País Vasco o Asturias.

Asimismo, se desarrollarán «muchas actividades culturales», con comidas típicas y bailes regionales procedentes de distintos países del mundo «para decirle a la sociedad española que nosotros no sólo somos mano de obra, que somos personas con una cultura, en muchos casos, milenaria», explicaron las mismas fuentes. Según declaró el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Esteban Cancelado, quien añadió que con la propuesta de Rajoy, «todo se ha vuelto una locura».

La propuesta del PP equipara inmigrante a delincuente y viola sus derechos

En opinión de los colectivos a los que representa su organización, "estando en época de elecciones, parece que lo importante es captar el voto de quienes están contra la inmigración alimentando el racismo y la xenofobia". Desde que se hiciera pública la propuesta de Rajoy para que los inmigrantes que quieran residir más de un año en España firmen un 'contrato de integración' comprometiendo el respeto a "las costumbres españolas", las asociaciones han salido al paso en numerosas ocasiones para criticar lo que consideran una "visión utilitarista de las personas" y una "violación" de sus derechos "como individuos".

Así, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), denunció que la propuesta "dejaría en manos del empleador la suerte del inmigrante" al proporcionarle "un arma muy poderosa de chantaje": que deberá "regresar a su país si durante un tiempo no logra encontrar empleo", y afirmó que la iniciativa 'popular' "suena a utilización".

La Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España y la propia Ferine, junto al Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ponen el acento en denunciar que la propuesta "equipara delincuencia e inmigración e inmigración con paro" y "utiliza los derechos como moneda de cambio".

En paralelo, siete entidades de representación de inmigrantes han promovido un manifiesto que, en siete puntos, resume las impresiones del colectivo sobre la iniciativa del PP: "hace un flaco favor" y "dibuja una sociedad que no reconoce derechos a los trabajadores".

La ocurrencia de Mariano Rajoy y 'las costumbres españolas'

El pasado día 9 de febrero Mariano Rajoy anunció en Barcelona su intención de promover, si el PP gana las elecciones, la creación de un 'contrato de integración' con valor jurídico para todos aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia legal en España superior a un año. Con ese contrato, explicó, el inmigrante se comprometerá a integrarse "activamente" mediante el cumplimiento de las leyes, el respeto de las "costumbres españolas" y el aprendizaje de la lengua. Según explicó, mediante este contrato el inmigrante se comprometerá a "cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos" y a trabajar "activamente para integrarse". A cambio, dijo, la sociedad española concederá al inmigrante "los mismos derechos y prestaciones que a un español", a "enseñarle la lengua", a "ayudarle en su integración y a respetar sus creencias y costumbres siempre que no sean contrarias a las leyes españolas".

Contrapropuestas de los Centros Uruguayos en España

Bajo el epígrafe de :" 12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las Migrantes
“Tenemos derecho a tener derechos”, los uruguayos aseguran que no todos los ciudadanos se encuentran sometidos a las mismas leyes, y que, por razón e su origen, los no españoles deben someterse a normas distintas. Consideran que la Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985, establece "requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España". Además, denuncia que "se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos."
Piensan que , pese a que las condiciones de vida de los inmigrantes son cada vez más difíciles, "las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social" y que los últimos cambios legislativos "han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias".
Señalan que proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”, que se identifica al inmigrante "como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona".

En su propuesta, en tanto sigue "trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería", exigen al Gobierno de España la adopción de 12 medidas urgentes:

"12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos".


URUGUAY:

Más de 41.000 españoles habilitados para votar

En Uruguay unos 41 mil ciudadanos españoles, cerca del 70 por ciento de origen gallego, están habilitados para votar en las elecciones generales de España del 9 de marzo. De cara a los comicios la embajada española lanzará una campaña destinada a sus ciudadanos en disposición para votar: unos 41 mil en total según los últimos datos, de los cuales tradicionalmente sufraga algo más del 50 por ciento. El peso de los votos del exterior "es enorme", afirmó a la prensa local el cónsul español Juan María López Aguilar, quien confirmó la puesta en marcha de la campaña de la representación a fin de incentivar una mayor participación.

(Fuentes: Europa Press, Libertad Digital, Centro Uruguayo.es y ANSA-Latina)