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7.4.09

Uruguay:Dictadura Militar

AL MENOS 67 NIÑOS FUERON PRESOS POLÍTICOS. LOS DETUVIERON JUNTO CON SUS MADRES O NACIERON EN PRISIÓN. MUCHAS EMBARAZADAS FUERON SOMETIDAS A TORTURA, INCLUSO EN EL VIENTRE PARA DAÑAR AL BEBÉ


La dictadura militar uruguaya (1973-1985) mantuvo a al menos 67 niños como prisioneros políticos, según una investigación de la Universidad de la República. Los niños nacieron en su mayoría en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, según el estudio que revela en parte el diario uruguayo La República. El estudio indica que en algunos casos, los niños fueron mantenidos en prisión hasta
por tres años.
Fotografía tomada en octubre de 1972
en el Regimiento de Caballería N 1.
Crímenes como esos también se perpetraron en los años previos al golpe, pues otros 27 casos se dieron bajo los gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y Juan María Bordaberry (presidente constitucional entre 1972 y 1973, de facto hasta 1976).

La investigación sostiene además que mujeres embarazadas al momento de ser detenidas "fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero". “Varios de estos niños, entonces, fueron torturados antes de nacer”, indica el diario.
La investigación también confirma que algunas de las embarazadas fueron violadas.
Revela que cuatro hijos de padres desaparecidos fueron recuperados, igual que 12 de presos políticos asesinados o desaparecidos temporalmente, mientras aún se desconoce el paradero de tres.
Uno de los bebés, de padre desaparecido y madre presa política, fue entregado a su familia biológica; seis nacimientos nunca fueron confirmados porque las gestantes desaparecieron; ocho menores fueron abandonados por la dictadura, pero después se establecieron sus identidades.
También hay cinco casos de hijos de padre desaparecidos en Argentina y trasladados de forma clandestina a Uruguay con sus madres y luego liberados. Otro menor fue secuestrado junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.
Señalado como incompleto por los autores de la investigación, el listado se confeccionó a partir de informaciones mayormente proporcionadas por las víctimas de aquellas atrocidades, hoy hombres y mujeres que reclaman justicia para sus padres y ellos mismos.
El estudio se hizo público en medio de una campaña popular para someter a plebiscito la Ley de Caducidad, que amnistió a militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura.


Sin palabras. La mayoría de ellos recibió torturas antes de nacer y estuvieron presos el equivalente a 47 años
Al menos 67 niños fueron presos políticos en dictadura en Uruguay
"La guerra no es contra los niños", le dijo el entonces mayor José Nino Gavazzo a Sara Méndez cuando le arrancó de los brazos a su bebé Simón. Como en cada una de sus declaraciones, como en sus columnas de Búsqueda, Gavazzo mintió.

Gabriel Mazzarovich (*)
El ex Penal de Punta Rieles. Hoy un Centro de Instrucción del Ejército, en dictadura albergó a presas políticas, varias con sus bebés.

"La guerra" de la dictadura para imponer su proyecto político, económico y social fue contra toda la sociedad y también contra los niños. En el tomo II de la "Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)", realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de la República (Udelar), coordinada por el profesor Alvaro Rico, hay un capítulo especial dedicado a la represión contra los menores de edad.
En el capítulo se informa detalladamente la situación de los niños desaparecidos que recuperaron su identidad, de los tres casos de adolescentes desaparecidos en Argentina que continúan sin aclararse, pero especialmente se informa en detalle de una modalidad de represión: la prisión política de niños.

El listado incompleto de 67 casos refleja que en el caso de estos niños, que en su mayoría nacieron en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, si se suma su permanencia en las cárceles, estuvieron 565 meses presos, el equivalente a 47 años, casi medio siglo.

En el caso de las madres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas, fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero. También en varios casos fueron violadas.
Varios de estos niños fueron, entonces, torturados antes de nacer y, además, nacieron en prisión y fueron mantenidos en ellas, en algunos casos por más de tres años.
Cabe señalar que 27 casos de prisión política de niños se dieron antes del golpe de Estado, es decir en el marco de gobiernos del Partido Colorado, presididos por Jorge Pacheco Areco y después por el entonces presidente constitucional y luego dictador José María Bordaberry.

El primer caso documentado de detención de un niño es de 1970 y el último fue de 1976. En Uruguay hubo niños prisioneros políticos durante al menos durante 7 años, entre 1970 y 1977.

La guerra contra los niños


La información está contenida en el Apartado 3 y va desde la página 374 a la 401.
En el libro se establece una clasificación y listado de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas de la represión.

En el punto 1 se establece la situación de los menores de edad que continúan desaparecidos hasta el presente, que son tres.

El punto 2 se refiere a los menores de edad nacidos en cautiverio, con sus padres desaparecidos, secuestrados y con identidad cambiada. Fueron recuperados posteriormente; son 4.

El punto 3 se ocupa de la situación de los niños y adolescentes, hijos de desaparecidos o asesinados políticos, desaparecidos temporarios, localizados después; son 12.

El punto 4 se refiere a un bebé nacido en prisión de padre desaparecido y madre presa política, que fue entregado a su familia biológica.

Punto 5: bebés cuyo nacimiento no ha podido ser confirmado, hijos de padres desaparecidos, cuyas madres estaban embarazadas en el momento de la detención; son 4.

Punto 6: bebés probablemente nacidos en cautiverio ya que sus madres, hoy desaparecidas, probablemente estaban embarazadas en el momento de su detención; son 2.

Punto 7: niños abandonados en el momento de la detención de sus padres, hoy desaparecidos, y recuperados posteriormente; son 8.

Punto 8: niños, hijos de padre desaparecido en Argentina, trasladados en forma ilegal a Uruguay junto a sus madres y liberados posteriormente; son 5.

Punto 9: un niño secuestrado de forma temporaria junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.

En el punto 10 de establece la situación de los bebés en proceso de gestación con madres presas y sometidas a torturas, nacidos en prisión de sus progenitoras, liberados y entregados a sus familias biológicas luego de cierto tiempo; son 67.

Los niños presos políticos


En las páginas 393 y 394, la investigación de la Udelar incluye un listado de los 63 "bebés en proceso de gestación con madres detenidas y sometidas a torturas; nacidos en prisión compartida con sus progenitoras, liberados y entregados luego a sus familias biológicas". Este listado fue proporcionado por la agrupación que nuclea a estos "niños" que hoy son mujeres y hombres. El listado está incompleto, ya que los casos constatados hasta ahora, según la investigación de la Udelar, son 67. Este número tampoco agota esta realidad, cuya investigación, y por lo tanto sistematización, es de reciente data. En todos los casos en que se señala que no figuran algún dato, en el listado está el nombre de las madres, así como en tres casos más, donde sólo figura el nombre de las madres.

El listado es el siguiente:


1) Alfredo Martín Pereira, nacido el 30/9/72, preso con su madre desde el 20/5/72 hasta el 1/6/75;

2) Ana Celia Azziz, nacida el 25/8/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 12/9/72;

3) Andrea Leyton, nacida el 24/2/73, presa con su madre desde el 15/6/73 hasta el 4/9/74;

4) Carmen Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

5) Cecilia Gutiérrez, nacida el 3/11/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 1/9/73;

6)Claudia López Sosa, nacida el 13/11/72, presa con su madre desde el 3/7/72 hasta el 4/9/74;

7) Daniel Taroco, nacido el 9/1/75, preso con su madre desde el 3/5/74 hasta el 1/2/76;

8) Daymán Murro, nacido el 30/1/73, preso con su madre hasta el 4/9/74;

9) Federico Bonino, nacido el 9/4/73, preso con su madre desde el 1/8/73 hasta el 12/12/73;

10) Fernando Francia, nacido el 26/1/73, preso con su madre desde el 21/5/73 hasta el 10/9/73;

11) Gabriel Méndez (sin datos);

12) Guidai Oleaurre, nacido el 13/7/72, preso con su madre desde el 1/11/72 hasta el 1/7/73;

13) Inés Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

14) Jimena Valdés, nacida el 28/9/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 4/9/74;

15) Joaquín Perdomo, nacido el 20/1/73, preso con su madre desde el 25/8/72 hasta el 4/9/74;

16) Jorge Giordano, nacido el 21/8/72, preso con su madre desde el 13/9/72 hasta el 4/9/74;

17) Laura Marrero, nacida el 30/1/72, presa con su madre desde el 18/10/72 hasta el 4/9/74;

18) Laura Fernández, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 14/5/72 hasta el 10/7/74;

19) María Mena, nacida el 16/12/72, presa con su madre desde el 1/6/73 hasta el 1/3/74;

20) Martín Casterlini, nacido el 29/3/74, preso con su madre desde el 5/5/74 hasta el 4/9/74;

21) Mercedes Aiub, nacida el 5/6/73, presa con su madre desde el 19/10/72 hasta el 21/8/73;

22) Micaela Solé, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 4/9/74;

23) Micaela Rivero, nacida el 15/7/70, presa con su madre desde el 17/2/70 hasta el 17/3/71;

24) Mirtha Rezano, nacida el 9/2/73, presa con su madre desde el 24/6/72 hasta el 4/9/74;

25) Mónica Gallego, nacida el 6/1/73, presa con su madre desde el 20/9/73 hasta el 1/7/74;

26) Nicolás Modernell, nacido el 1/3/73, preso con su madre desde el 17/6/72 hasta el 4/9/74;

27) Paloma Soto, nacida el 22/1/77, presa con su madre desde el 1/4/76 hasta el 30/9/77;

28) Patricia Pérez Díaz, nacida el 1/10/72, presa con su madre desde el 14/6/72 hasta el 4/9/74;

29) Rodrigo Gómez, nacido el 7/1/73, preso con su madre desde el 29/5/72 hasta el 4/9/74;

30) Ronell Bologna, nacido el 8/1/73, preso con su madre desde el 16/6/72 hasta el 4/9/74;

31) Ximena Griscti (sin datos);

32) Darío Campalans, nacido el 2/6/75, preso con su madre desde el 15/9/74 hasta el 14/2/77;

33) Gabriel Otero, nacido el 1/1/70, preso con su madre desde el 1/8/72 hasta el 4/9/74;

34) Alba Coito, nacida el 30/9/72, presa con su madre desde el 1/7/72 (sin otros datos);

35) Ana Celia Fernández, nacida el 16/9/71, presa con su madre desde el 1/1/71 hasta el 1/12/71;

36) Valeria García Morales, nacida el 14/11/70, presa con su madre desde el 14/11/70 hasta el 18/11/70;

37) Walter Cheroni (sin datos adicionales);

38) Máximo Jiménez (sin datos adicionales);

39) Santiago Viviano (sin datos adicionales);

40) Victoria Araujo, nacida el 17/1/73, presa con su madre desde el 19/5/73 hasta el 8/73;

41) Nicolás Correa Vila (sin datos adicionales);

42) Alejandro Daniel Guerra (sin datos adicionales);

43) Diego Amorío (sin datos adicionales);

44) Mauricio Djamila (sin datos adicionales);

45) Enrique Feldogel (sin datos adicionales);

46) Ernesto Pirri (sin datos adicionales);

47) Francisco Puente (sin datos adicionales);

48) Gabriel Viana (sin datos adicionales);

49) Gabriel Sorensen (sin datos adicionales);

50) Gabriela Echenique (sin datos adicionales);

51) Gabriel Vitabar (sin datos adicionales);

52) Gabriela Fernández (sin datos adicionales);

53) Juan Andrés Uribasterra (sin datos adicionales);

54) Magdalena Fajardo (sin datos adicionales);

55) Marcos Carrera (sin datos adicionales);

56) Mauricio (sin datos adicionales);

57) Paula (sin datos adicionales);

58) Rafal Díaz (sin datos adicionales);

59) Roberto López Sosa (sin datos adicionales);

60) Santiago (sin datos adicionales);

61) Santiago (sin datos adicionales);

62) Verónica Vasallo (sin datos adicionales);

63) Victoria Rosado (sin datos adicionales).

Sin palabras

Alvaro Rico, el coordinador de la investigación de la Udelar, dijo en entrevista con LA REPUBLICA, refiriéndose a estos casos: "A veces las palabras se quedan cortas".
Esta realidad, la de los niños prisioneros, reprimidos como niños y utilizados para amenazar y hostigar a sus madres, muestra que la represión no tuvo límites.
Nos hemos limitado a reproducir los datos consignados en la investigación, que comprueban que los niños fueron un objetivo para la represión.

Pero además, hay que agregar que también se torturaron niños para intentar quebrar a sus padres; varios fueron torturados antes de nacer, en el útero de sus madres; que miles de niñas y niños crecieron con sus madres o padres presos y fueron también vigilados, tanto en la escuela como en el liceo y, también, como lo prueban archivos de inteligencia militar y policial, en sus cumpleaños, sus actividades deportivas y culturales; que otros miles fueron obligados a exiliarse, en algunos casos con sus padres y en otros casos solos, dejando a sus padres presos o desaparecidos; que decenas de niños crecieron teniendo a sus padres desaparecidos o asesinados políticos.

Y hay que consignar además que los niños también fueron botín de guerra de los represores y muchos fueron secuestrados para venderlos o entregarlos a familias militares que no podían tener los suyos. El caso de Macarena Gelman es una prueba clara de ello. Pero nada señala que haya sido el único caso y habrá que seguir investigando si no hubo más bebes traídos desde Buenos Aires para entregarlos a militares o civiles vinculados a la represión en nuestro país.

(*) Informe publicado hoy por el diario La República de Montevideo

(Fuentes: ANSA-Latina, Prensa Latina y La República-Montevideo )

18.12.07

Uruguay: Militares

EL 'GOYO' ÁLVAREZ, AL FIN ENTRE REJAS. 'UN DÍA HISTÓRICO' SEGÚN LA FISCAL QUE PIDIÓ EL PROCESAMIENTO DEL DICTADOR










Personalidades y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos saludan hoy la decisión de la justicia uruguaya de procesar con prisión al ex dictador Gregorio Alvarez.
La fiscal actuante en el caso, Mirtha Guianze, dice que ayer fue "un día histórico" porque tanto más importante que juzgar al último presidente de facto durante los años de la dictadura (1973-1985) es "el rescate de la memoria".
El abogado Óscar López Goldaracena, patrocinador de la denuncia contra Alvarez y los ex capitanes de navío Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli, apuntó que "todo un pueblo quiere construir un Estado de Derecho basado en la justicia, sin lugar para dictaduras ni dictadores". Pero agrega que, "independientemente de la responsabilidad penal de Alvarez, aquí no hay nada para festejar, porque se trata de saber dónde están los desaparecidos". López Goldaracena indica que "la indagatoria debe seguir y el gobierno debe exigir a los militares subalternos para que den información y pueda conocerse el destino de los desaparecidos". Y añade que el fallo "significa un avance sustancial para consolidar el Estado de derecho y que nunca más haya en Uruguay dictadura y violaciones a los derechos humanos".
López recalcó que el procesamiento de Alvarez, Larcebeau y Tróccoli por el delito de desaparición forzada no habría sido posible sin la participación de las organizaciones que apoyan la búsqueda de justicia.
Juan Andrés Roballo, diputado de la gobernante coalición del Frente Amplio, dice que "es un día muy importante porque tiene que ver con el ordenamiento jurídico, del Uruguay democrático y de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y la condena al autoritarismo". El coordinador de la bancada oficialista señala que "más allá que no significa el final del camino, es un procesamiento emblemático".
Por su parte, el general (r) Oscar Pereira afirma que con el procesamiento con prisión del trío "se están saldando los sucesos más traumáticos de la historia uruguaya".
Refiriéndose en particular a Alvarez, Pereira señala que "el hombre más representativo de lo que fue la dictadura (...) debe asumir sus responsabilidades ante la sociedad a través del Poder Judicial".
El senador del Partido Blanco (conservador), Julio Lara, dice: "entiendo que es un día de enorme trascendencia por el procesamiento de un dictador". "Con esto no va a saldar todo el mal que hizo, pero por lo menos se hace justicia.

Y hoy, celebración en las calles

En cuanto se conoció la decisión del juez Luis Charles de procesar con prisión al ex dictador, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad llamó a la ciudadanía a asistir esta noche, en Montevideo, a un acto en apoyo a ese fallo, en la céntrica plaza Libertad.
La convocatoria es respaldada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central obrera uruguaya, y por diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
Alvarez, Tróccoli y Larcebeau serán enjuiciados por su presunta responsabilidad en los traslados clandestinos de presos políticos uruguayos desde Argentina entre 1977 y 1978, posteriormemnte desaparecidos. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados hasta a 25 años de prisión. Durante 1977 y 1978, Álvarez ejerció el comando general del Ejército. En septiembre de 1981, asumió la presidencia de facto.

Desde el 12 de noviembre pasado recaía sobre el ex dictador la demanda de procesamiento por estos casos, que se enmarcan en el llamado Plan Cóndor. Álvarez fue trasladado ayer la Jefatura de Policía de Montevideo, donde se realizaron los primeros tramites judiciales.
Gregorio 'Goyo' Alvarez, de 82 años se convierte así en el segundo presidente del período militar (1973-1985) en ser enviado a la cárcel, 30 años después de esos hechos. Ayer, tras serle abierta la ficha policial, fue recluido en una cárcel especial para militares, donde cumplen prision ocho ex oficiales por violaciones a los derechos humanos.
La prisión de Alvarez se suma a la del también ex dictador Juan María Bordaberry (1972-1976), procesado en noviembre de 2006 por los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, y a la de su canciller Juan Carlos Blanco, por la misma causa.
Ayer también fueron procesados por el mismo delito los oficiales retirados de la Armada Juan Carlos Larcebau y Jorge Tróccoli, sobre quien pesa una demanda captura internacional . El presidente Tabaré Vázquez excluyó de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, los casos Michelini-Gutiérrez Ruiz y los traslados clandestinos y desaparición forzada de prisioneros, entre otras causas.

En 2006, se escabulló
En junio de 2006 Gregorio Álvarez brindó testimonio por primera vez ante un juez civil que investiga la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, ocurrida en 1974 en Argentina también en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur. Pero en aquella oportunidad se limitó a responder que no recordaba nada de lo que le preguntaban, y que ni siquiera conocía el funcionamiento del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), encargado de perseguir a opositores uruguayos refugiados en países vecinos.

Al ser interrogado por los periodistas, aseguró que no estaba arrepentido de sus acciones y aclaró que no pedirá "perdón" a los familiares de las víctimas. Durante la dictadura, miles de personas fueron detenidas y sometidas a torturas, y, según documentos de organizaciones humanitarias, 200 opositores desaparecieron y un centenar de presos murió en las cárceles. El ex dictador dijo en un reportaje reciente al semanario Búsqueda que morirá en la cárcel y que tiene "la conciencia tranquila como gobernante y militar".

Prisión a un ícono de la dictadura

(Publicado hoy por el diario El País de Montevideo)
Gregorio Álvarez está preso. Casi 23 años después de entregar el poder, ayer fue procesado por el juez Luis Charles por "reiterados delitos de desaparición forzada" de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay.
El ex dictador durmió anoche por primera vez en la cárcel especial construida para responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en la que están alojados desde mayo de 2006 otros ocho represores. El ex comandante en jefe del Ejército es el reo de mayor rango.
Ayer, Charles también procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray -detenido en Colonia-, y pidió la captura de otro marino retirado, Jorge Néstor Tróccoli Fernández.
La denuncia contra los mandos del gobierno militar que terminó en el procesamiento de Álvarez, se presentó el 16 de mayo por familiares de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1978. En junio el Poder Ejecutivo dejó este caso fuera de la ley de caducidad.
"Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responde a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho -denominada Plan Cóndor- que regían en los países del Cono Sur de América, es decir Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como `subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región", dice el juez

Charles en el auto de procesamiento de Álvarez.
Charles ubica el "epicentro" del Plan Cóndor en Chile y su "acta fundacional" el 28 de noviembre de 1975, pero dice que su operación se inició en 1973, según documentos desclasificados de la CIA por la historiadora Patrice McSherry.
El "nivel de relacionamiento entre los países" y la documentación obtenida, le llevan a concluir a Charles que hubo "participación de los máximos estamentos del poder de cada uno de los Estados, al extremo que la mencionada coordinación regional formaba parte de la política estatal uruguaya, al igual que de los restantes países" del Plan Cóndor.
El juez agrega que en el marco de la coordinación de las fuerzas represivas de Uruguay y Argentina, se practicaron un número no determinado de traslados de personas detenidas en ambos países.
"No es ilógico deducir coherentemente que no podía existir información desconocida ni secreta para él (Álvarez), por su condición de jerarca máximo del Ejército Nacional", afirma el juez en su escrito.
En este sentido, recuerda que Álvarez, en su condición de comandante en jefe del Ejército desde el 1° de febrero de 1978, emitió la orden 777/78 en la que asume "la responsabilidad por todos los hechos de sus subordinados vinculados a la lucha contra la subversión". El juez agrega que por integrar Álvarez en 1978 la Junta de Comandantes en Jefe, "no podía desconocer la conducción de la política de gobierno en materia de lineamientos, coordinación y cooperación con otros gobiernos en la llamada `guerra contra la subversión`".
"El escudo de silencio, levantado por indagados y testigos militares, con sus tres puntas fundamentales, esto es, `no tengo conocimiento`, `yo era administrativo` y `el responsable está muerto`, cede ante el derecho-deber a saber, el cual no pertenece a personas individuales, ni siquiera a familias directamente afectadas, sino a la sociedad en su conjunto", afirma Charles.
Según el juez, los delitos cometidos en el gobierno de facto, "en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada, con la desaparición forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos políticos, sociales y gremiales, la libertad de expresión, la violación a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las prácticas que el derecho internacional considera `crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable para todos los Estados`".
Charles agrega que la noción de "crimen contra la humanidad" no quedó "congelada en el Estatuto de Nuremberg" -que juzgó a los criminales de guerra nazi- sino que "evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía" y se "materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad devino un imperativo universal".
El juez sostiene que "la práctica sistemática de torturas, desapariciones forzadas y homicidios, respaldada ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional, constituye un `crimen de lesa humanidad`".
En su escrito, se refiere a un "aparato organizado de poder", y cita a Julio César Strassera, fiscal en el juicio a los miembros de las juntas militares de Argentina, cuando dice que se trata "de un tipo de organización con un centro de decisión desde el cual se imparten las directivas". Es por eso que Charles sostiene que corresponde en este caso el concepto de "autor intelectual", porque "los mandos determinan a otros a cometer el delito, ya sea por la pasividad de su control en la legalidad de las acciones, ya sea por la implementación, planificación y dirección de los opera- tivos".
En ese sentido, recuerda que el 18 de mayo de 2006, Álvarez y otros ex comandantes en jefe del Ejército, dieron a conocer una carta en la que asumen la responsabilidad "por acción u omisión" de "las eventuales consecuencias por los actos del servicio" cumplido durante el gobierno de facto.
Cuando pierda la libertad...
"Yo tengo la conciencia limpia como gobernante y como militar".
"Lamentablemente soy un sobreviviente del Ejército. Están todos muertos".
"Yo enfrentamientos con los subalternos nunca tuve. Los mandos que yo conozco todos son responsables de lo que han hecho, de las órdenes que han dado".
"El jefe es responsable de lo que hace y de lo que se deja de hacer. Como en aquella época el Ejército estaba siendo acosado por la prensa y por todos los sectores políticos e ideológicos, alguno se tenía que hacer responsable: el comandante en jefe".
"Cuando pierda la libertad física voy a hablar de todos los temas".
(Frases de una entrevista con Búsqueda el 6 de diciembre)

(Fuentes: Prensa Latina, Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y El País-Montevideo)

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