Plataformas y asociaciones de inmigrantes de toda España están llamadas a manifestarse el próximo 29 de febrero en distintas capitales, para reivindicar sus «derechos como personas» y protestar por las iniciativas del Partido Popular en materia de política migratoria, como el 'contrato de integración' anunciado por el candidato de la derecha española a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 9 de marzo, Mariano Rajoy.
Las marchas, actos de protesta y concentraciones tendrán lugar el 29 febrero a las siete de la tarde de forma simultánea en una docena de localizaciones españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Canarias, País Vasco o Asturias.
Las marchas, actos de protesta y concentraciones tendrán lugar el 29 febrero a las siete de la tarde de forma simultánea en una docena de localizaciones españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Canarias, País Vasco o Asturias.
Asimismo, se desarrollarán «muchas actividades culturales», con comidas típicas y bailes regionales procedentes de distintos países del mundo «para decirle a la sociedad española que nosotros no sólo somos mano de obra, que somos personas con una cultura, en muchos casos, milenaria», explicaron las mismas fuentes. Según declaró el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Esteban Cancelado, quien añadió que con la propuesta de Rajoy, «todo se ha vuelto una locura».
La propuesta del PP equipara inmigrante a delincuente y viola sus derechos
En opinión de los colectivos a los que representa su organización, "estando en época de elecciones, parece que lo importante es captar el voto de quienes están contra la inmigración alimentando el racismo y la xenofobia". Desde que se hiciera pública la propuesta de Rajoy para que los inmigrantes que quieran residir más de un año en España firmen un 'contrato de integración' comprometiendo el respeto a "las costumbres españolas", las asociaciones han salido al paso en numerosas ocasiones para criticar lo que consideran una "visión utilitarista de las personas" y una "violación" de sus derechos "como individuos".
Así, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), denunció que la propuesta "dejaría en manos del empleador la suerte del inmigrante" al proporcionarle "un arma muy poderosa de chantaje": que deberá "regresar a su país si durante un tiempo no logra encontrar empleo", y afirmó que la iniciativa 'popular' "suena a utilización".
La Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España y la propia Ferine, junto al Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ponen el acento en denunciar que la propuesta "equipara delincuencia e inmigración e inmigración con paro" y "utiliza los derechos como moneda de cambio".
En paralelo, siete entidades de representación de inmigrantes han promovido un manifiesto que, en siete puntos, resume las impresiones del colectivo sobre la iniciativa del PP: "hace un flaco favor" y "dibuja una sociedad que no reconoce derechos a los trabajadores".
La ocurrencia de Mariano Rajoy y 'las costumbres españolas'
El pasado día 9 de febrero Mariano Rajoy anunció en Barcelona su intención de promover, si el PP gana las elecciones, la creación de un 'contrato de integración' con valor jurídico para todos aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia legal en España superior a un año. Con ese contrato, explicó, el inmigrante se comprometerá a integrarse "activamente" mediante el cumplimiento de las leyes, el respeto de las "costumbres españolas" y el aprendizaje de la lengua. Según explicó, mediante este contrato el inmigrante se comprometerá a "cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos" y a trabajar "activamente para integrarse". A cambio, dijo, la sociedad española concederá al inmigrante "los mismos derechos y prestaciones que a un español", a "enseñarle la lengua", a "ayudarle en su integración y a respetar sus creencias y costumbres siempre que no sean contrarias a las leyes españolas". Contrapropuestas de los Centros Uruguayos en España
Bajo el epígrafe de :" 12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las Migrantes“Tenemos derecho a tener derechos”, los uruguayos aseguran que no todos los ciudadanos se encuentran sometidos a las mismas leyes, y que, por razón e su origen, los no españoles deben someterse a normas distintas. Consideran que la Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985, establece "requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España". Además, denuncia que "se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos."
Piensan que , pese a que las condiciones de vida de los inmigrantes son cada vez más difíciles, "las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social" y que los últimos cambios legislativos "han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias".
Señalan que proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”, que se identifica al inmigrante "como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona".
En su propuesta, en tanto sigue "trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería", exigen al Gobierno de España la adopción de 12 medidas urgentes:
"12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos".
URUGUAY:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos".
URUGUAY:
Más de 41.000 españoles habilitados para votar
En Uruguay unos 41 mil ciudadanos españoles, cerca del 70 por ciento de origen gallego, están habilitados para votar en las elecciones generales de España del 9 de marzo. De cara a los comicios la embajada española lanzará una campaña destinada a sus ciudadanos en disposición para votar: unos 41 mil en total según los últimos datos, de los cuales tradicionalmente sufraga algo más del 50 por ciento. El peso de los votos del exterior "es enorme", afirmó a la prensa local el cónsul español Juan María López Aguilar, quien confirmó la puesta en marcha de la campaña de la representación a fin de incentivar una mayor participación.
(Fuentes: Europa Press, Libertad Digital, Centro Uruguayo.es y ANSA-Latina)
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