aEl gobierno de Uribe encuentra la fórmula para burlar a la Corte Suprema y perdonar a 19.377 'paras'.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó ayer al gobierno de Estados Unidos y a "sectores del gobierno de Colombia", de diseñar un plan para "llenar" de paramilitares en forma clandestina al país con presuntos fines desestabilizadores. Chávez alertó al país sobre "un plan que es muy peligroso". Precisó que el presunto plan "está siendo diseñado por Estados Unidos en Colombia, con apoyo de algunos sectores colombianos" para "llenar" Venezuela de paramilitares.
No es la primera vez que la entrada de paramilitares colombianos en denunciada y demostrada mediante detenciones de miembros dre los escuadrones, por las autoridades de Venezuela.Surgido en el contexto de una guerra que dura más de medio siglo, el paramilitarismo atravesó las fronteras de Colombia y constituye hoy uno de los mayores dolores de cabeza de las autoridades venezolanas.
Favorecido por una frontera de más de dos mil 200 kilómetros de largo, muchos de ellos en zonas inhóspitas o de difícil acceso hasta para los helicópteros, el fenómeno adquiere tintes políticos en Venezuela, donde hoy nada ni nadie parece ser ajeno a la política.
La detención en 2004 cerca de Caracas de un grupo de paramilitares, cuyo objetivo denunciado era matar al presidente Hugo Chávez, demostró la intención política de los herederos de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia.
La situación se complica porque es un secreto a voces, denunciado en la Asamblea Nacional (parlamento), que los grupos paramilitares colombianos participan del tráfico de drogas desde Colombia a Estados Unidos , por territorio venezolano.
Este elemento se relaciona en el contexto del hostigamiento de Estados Unidos a Chávez, ante la evidencia que se trata de vincularle con el narcotráfico, y aparece en el horizonte la posible maniobra para ustificar una acción militar, como ya se hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega.
Favorecido por una frontera de más de dos mil 200 kilómetros de largo, muchos de ellos en zonas inhóspitas o de difícil acceso hasta para los helicópteros, el fenómeno adquiere tintes políticos en Venezuela, donde hoy nada ni nadie parece ser ajeno a la política.
La detención en 2004 cerca de Caracas de un grupo de paramilitares, cuyo objetivo denunciado era matar al presidente Hugo Chávez, demostró la intención política de los herederos de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia.
La situación se complica porque es un secreto a voces, denunciado en la Asamblea Nacional (parlamento), que los grupos paramilitares colombianos participan del tráfico de drogas desde Colombia a Estados Unidos , por territorio venezolano.
Este elemento se relaciona en el contexto del hostigamiento de Estados Unidos a Chávez, ante la evidencia que se trata de vincularle con el narcotráfico, y aparece en el horizonte la posible maniobra para ustificar una acción militar, como ya se hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega.
¿Una nueva Contra, como en Nicaragua?
Un elemento novedoso denunciado por Chávez es que no se trata ya sólo de colombianos, sino -al estilo de la práctica estadounidense en Iraq y otros países- incluye la utilización de ciudadanos de otros países como “contratistas” privados.
Según la denuncia del presidente venezolano en un encuentro el pasado 9 de febrero con productores de las zonas fronterizas, algunos de los paramilitares son puertorriqueños, latinos y negros.
El criterio de las autoridades venezolanas es que esos paramilitares son “sembrados” en el país por sectores colombianos partidarios de la guerra, con el respaldo de empresas privadas estadounidenses.
Una consecuencia de esta acción fue la aparición en años recientes de la práctica del secuestro, extendido desde los estados fronterizos con Colombia a otras regiones del país -382 al cierre de 2007-, la mayoría en zonas fronterizas.
El fenómeno va respaldado por acciones mediáticas que intentan culpar a la insurgencia colombiana de participar en los secuestros, incluyendo cartas de supuestos grupos guerrilleros a los familiares de los secuestrados que luego resultan falsos.
Uno de los casos más recientes de un secuestro atribuido a la guerrilla colombiana, y divulgado así en medios de prensa, terminó cuando se demostró que había sido ordenado por el esposo de la propia víctima.
Uno de los casos más recientes de un secuestro atribuido a la guerrilla colombiana, y divulgado así en medios de prensa, terminó cuando se demostró que había sido ordenado por el esposo de la propia víctima.
Igualmente Chávez ha denunciado que el gobierno colombiano miente al hablar de la presunta desmovilización de los paramilitares.
"Por un lado hacen un espectáculo que los grupos paramilitares van a entregar las armas y por otro se crean nuevas organizaciones, como las Águilas negras", apuntó el mandatario en el encuentro con los productores de la frontera.
La infiltración de paramilitares en Venezuela cuenta con la complicidad de productores, sobre todo latifundista, que los utilizan para enfrentar a activistas campesinos e indígenas participantes en acciones de la reforma agraria.
"Por un lado hacen un espectáculo que los grupos paramilitares van a entregar las armas y por otro se crean nuevas organizaciones, como las Águilas negras", apuntó el mandatario en el encuentro con los productores de la frontera.
La infiltración de paramilitares en Venezuela cuenta con la complicidad de productores, sobre todo latifundista, que los utilizan para enfrentar a activistas campesinos e indígenas participantes en acciones de la reforma agraria.
Uribe descubre cómo dar seguridad jurídica a 19.377 'paras'
La Corte Suprema de Justicia de Colombia había complicado las cosas al gobierno de Álvaro Uribe, empeñado en aplicar con magnanimidad su ley de 'Justicia y Paz' a los paramilitares que aseguran que han dejado las armas. El alto tribunal puso un límite jurídico a esa ley, al negar la consideración de 'políticos' a los delitos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) . 
Pero el Comisionado Presidencial Luis Carlos Restrepo, anuncia ahora que tiene la solución para esos 'desmovilizados' que 'no cometieron delitos atroces'
Según Restrepo, el artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz, extiende los beneficios propios del delito político al concierto para delinquir simple y a otras conductas tipificadas en el Código Penal, siempre y cuando la persona se haya desmovilizado en el marco de la ley 782 de 2002 y haya sido certificada por el Gobierno, requisito que cumplirían todos los desmovilizados de las Auc.
"Al cerrar la posibilidad de otorgar los beneficios a quienes han incurrido en concierto para delinquir agravado,nos mantenemos dentro de lo dispuesto en el fallo de la Corte Suprema del 11 de julio del 2007", dijo el Comisionado.
"Al cerrar la posibilidad de otorgar los beneficios a quienes han incurrido en concierto para delinquir agravado,nos mantenemos dentro de lo dispuesto en el fallo de la Corte Suprema del 11 de julio del 2007", dijo el Comisionado.
Sin embargo, la nueva leguleyada no parece tener el suficiente peso jurídico. Un alto funcionario cercano al proceso con los paramilitares, dice que la nueva salida es "impracticable porque lo que la Corte ha dicho es que no se les puede extinguir la ley penal a los desmovilizados".
El presidente del alto tribunal, Francisco Ricaurte, manifestó que la decisión de la Corte se tomó con estricto apego a la legislación vigente y que mientras ella no cambie, "la posición de la Corte sobre este tema será la misma".
En Julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia, dijo que las acciones de los paramilitares no podían considerarse delitos políticos. La reacción del Presidente Álvaro Uribe fue decir que con ello la Corte "obstaculizaba el proceso de paz" y que 19.000 ex-paras se quedaban 'en el limbo'.
En Agosto , el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para juzgar a los ex 'paras' sólo por 'concierto para delinquir simple'. Ahora el Comisionado de Paz dice que el proyecto no es necesario, y que la situación jurídica de los desmovilizados la resuelve el artículo 69 de Justicia y Paz.
El presidente del alto tribunal, Francisco Ricaurte, manifestó que la decisión de la Corte se tomó con estricto apego a la legislación vigente y que mientras ella no cambie, "la posición de la Corte sobre este tema será la misma".
En Julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia, dijo que las acciones de los paramilitares no podían considerarse delitos políticos. La reacción del Presidente Álvaro Uribe fue decir que con ello la Corte "obstaculizaba el proceso de paz" y que 19.000 ex-paras se quedaban 'en el limbo'.
En Agosto , el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para juzgar a los ex 'paras' sólo por 'concierto para delinquir simple'. Ahora el Comisionado de Paz dice que el proyecto no es necesario, y que la situación jurídica de los desmovilizados la resuelve el artículo 69 de Justicia y Paz.
(Fuentes: ANSA-Latina y PL-Prensa Latina y El Tiempo-Bogotá)
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