Saharauis, los ojos del desierto

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21.2.08

Perú, Colombia: Luchas campesinas

LA VIOLENCIA POLICIAL DEJA CUATRO CAMPESINOS MUERTOS EN PERÚ EN EL PARO NACIONAL CONTRA EL TLC. ALAN GARCÍA FELICITA A LA POLICÍA Y CULPA DE LAS MUERTES A LOS CONVOCANTES

Los agricultores peruanos acordaron levantar un paro iniciado el lunes, respondido desde el Gobierno con la instauración del Estado de Emergencia en tres departamentos y que ha dejado un saldo de al menos cuatro muertos.

El dirigente de la Junta de Usuarios y Riego del Perú, convocante de las movilizaciones, Enrique Málaga, anunciaba el fin del paro: "Estamos convocando a una asamblea general para exponerles a los socios los puntos que nos llevaron a suspender el paro indefinido", dijo sin entrar en detalles.
Málaga informó de que además de al menos cuatro muertos, 150 campesinos fueron detenidos .
Tres fallecieron el martes, dos por impactos de bala en la surandina Ayacucho ( Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, murieron al ser alcanzados por disparos en sus cabezas mientras eran reprimidos por la policía) y un tercero Santiago Lloque, murió en Arequipa al caer a un precipicio de 100 metros mientras escapaba de los gases lacrimógenos de la policía que avanzaba sobre el corte de ruta.
El lunes había muerto el primer agricultor, en la localidad norteña de Huarmey, por impacto de bala.
Málaga señaló que tratan de iniciar ahora negociaciones con el gobierno y que el primer objetivo es encontrar "una salida" para liberar a los agricultores detenidos, y luego la solución a sus demandas.
Desde la madrugada del martes soldados y policías salieron a vigilar los caminos del norte de Perú tras el Estado de Emergencia declarado por el gobierno para contener a campesinos en huelga que mantienen bloqueos de rutas.

Los manifestantes se enfrentaron con efectivos antimotines en la ciudad de Chimbote, 440 kilómetros al norte de Lima, en nuevos intentos de cortar el tránsito en la Carretera Panamericana, ante lo cual la policía lanzó gases lacrimógenos y detuvo a huelguistas.
También hubo enfrentamientos en Arequipa, segunda ciudad de Perú (1.00O km al sur de Lima), mientras en el Cusco cortaron la vía férrea que conduce a Machu Picchu la mayor atracción turística del país.

Represión, para defender el TLC de Estados Unidos

La decisión del gobierno de Alan García de autoriza a las fuerzas armadas a asumir el control en las provincias declaradas en emergencia e implica la suspensión de varias garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a efectuar reuniones públicas.
La huelga, con apoyo de la Confederación Nacional Agraria (CNA), rechazaba la política agraria del gobierno, afirmando que es perjudicial para los campesinos pobres y exigía medidas para contrarrestar las consecuencias del Tratado de Libre Comercio suscripto entre Estados Unidos y Perú. Los productores señalan además que sus costos de producción se han elevado considerablemente debido al aumento de los precios de los fertilizantes, mientras se les paga precios ínfimos por sus productos.
El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, dijo que se hacen esfuerzos para apoyar a la agricultura pobre del país pero que "es un tema que toma tiempo".

Pero lo que sí fue inmediato es la declaración del estado de excepción) en los departamentos Lima, Ancash y La Libertad, y la intervención de las Fuerzas Armadas en las movilizaciones sobre rutas.
En nota, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) rechazó la represión indiscriminada, exigió castigo para los responsables de las muertes, el comienzo inmediato del diálogo, el fin del Estado de Emergencia y terminar definitivamente con la criminalización de las protestas sociales, especialmente contra indígenas y campesinos.
"Esa represión se da en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, con la implementación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de caminos y otras acciones justas de protesta, cuya declaración de inconstitucionalidad y anulación unió a los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas, que serán presentadas al Tribunal Constitucional", dice la CAOI.
Para la organización Enlazando Alternativas III, este gobierno es servil a las trasnacionales y da continuidad al Fujimorismo, "con el enfrentamiento abierto y la criminalización de las demandas sociales y su negativa de promover la inversión social a favor de los más pobres".
En el sentido de criminalizar las luchas sociales, más de setecientos campesinos e indígenas fueron procesados judicialmente, acusados, entre otros delitos, de terrorismo. De acuerdo con la CAOI, sólo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería.
Para Enlazando Alternativas, tratados como el TLC, firmado con Estados Unidos, o el que se prepara con la Unión Europea, tienen como única finalidad beneficiar a un pequeño sector de empresas y consorcios dedicados a la agroexportación, mientras que las comunidades, los pequeños productores y otros sectores populares serán perjudicados
Alan García felicita a la Policía y responsabiliza a 'extremistas'


El presidente de Perú, Alan García, felicitó a la Policía Nacional por haber 'defendido' a su país durante los enfrentamientos contra manifestantes, a pesar de que en ellos han muerto cuatro campesinos, tres de ellos por disparos policiales y el cuarto despeñado en un precipicio al ser perseguido por los agentes.

García responsabilizó de las muertes a 'los pseudo dirigentes y los agitadores extremistas que empujan como carne de cañón a los pobladores', según un comunicado de la secretaría de prensa presidencial. 'Perú es testigo de quiénes son los agitadores irresponsables que tiran la piedra y esconden la mano, y después quieren lavarse las manos, no sólo de la sangre de personas a las que han arrastrado a esta situación sino de los delitos que los llevan a cometer', declaró. El presidente Alan García justificó la dura represión porque ,dijo, 'nadie tiene derecho a bloquear carreteras, de amenazar al resto de Perú, de tomar aeropuertos'.'Nadie tiene derecho y el Estado tiene la obligación de responder con la mayor energía para que se mantenga el orden y el principio de autoridad'.
La Defensoría del Pueblo exigió una investigación fiscal. Pero el gobierno ya está preparado para enfrentarse duramente, y sin mácula al descontento ciudadano. Previsor, en julio del 2007 dictó un decreto legislativo -el 982- modificando el artículo 20 del Código Penal y declaró inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que causen lesiones o muerte a personas 'en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas'.
El embajador de EE.UU., también aplaude


También el embajador de Estados Unidos en Perú, Peter Michael McKinley, celebró lo que considera un paso en favor del TLC entre ambos países, tras dos días de protestas campesinas contra el acuerdo, con un saldo de cuatro muertos.
El proceso de implementación del tratado de libre comercio (TLC) bilateral avanza de manera acelerada, sostuvo el diplomático, cuando el país aún vive la tensión de las dos jornadas precedentes, en una precaria tregua de una semana, declarada por los agricultores.
El TLC establecerá sistemas modernos de regulación comercial y diseñará una disciplina que mejorará la competitividad del Perú e impulsará su prosperidad”, sostuvo.

El paro nacional agrario iniciado el lunes enarboló como principal demanda la de medidas gubernamentales que compensen los efectos negativos del TLC, principalmente por la entrada de productos norteamericanos subsidiados, que causan perjuicios económicos a más de un millón 750 mil unidades agrícolas.
Colombia:
DOS MUERTOS Y MILES DE CAMPESINOS CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE COCALES

Miles de cultivadores de hoja de coca protestan en el Noroeste de Colombia, contra una campaña de erradicación manual de esos cultivos, informaron las autoridades regionales, que dijeron que "dos manifestantes murieron a manos de desconocidos". Las protestas se concentran en los municipios de Valdivia y Tarazá y en un caserío vecino (noroeste), y reúnen a unos 3.000 labriegos, dijo el secretario de gobierno del departamento de Antioquia, Andrés Rendón.
Estimaciones de prensa, sin embargo, cifran en más 6.000 los manifestantes que han llegado a los centros urbanos de esas localidades procedentes de varios poblados .Según Rendón, las protestas se iniciaron hace dos semanas con la llegada a la zona de unas 4.000 personas contratadas por el gobierno para erradicar manualmente unas 9.000 hectáreas de coca, luego de que "resultaran insuficientes" las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato.
"Ellos exigen que se suspenda la erradicación, cosa que no vamos a hacer", indicó el funcionario, y añadió que los campesinos rechazan un programa de subsidios ofrecido por el gobierno con el argumento de que la coca les reporta mayores ingresos.
El comandante de la policía en Antioquía, coronel Eduardo Martínez, denunció que la manifestación es "alentada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
En esta misma línea de acusar sin pruebas a la guerrilla, algo habitual en las zonas con movilizaciones populares, Rendón sostuvo que "hay serios indicios de que las FARC están presionando a los cultivadores" para que mantengan la protesta, y aseguró que "dos de ellos fueron asesinados por la guerrilla" el fin de semana cuando volvían a sus parcelas. "Tenemos confirmados dos muertos y otros tres están por verificar", dijo.
Fuentes cercanas a las FARC dijeron sin embargo que los campesinos asesinados lo fueron por criminales a sueldo que actúan como provocadores para proporcionar excusas represivas al gobierno.
El Secretario de las FARC manifestó que "unas 2.500 personas que protestan en Valdivia podrían regresar a sus viviendas" a partir del miércoles, en caso de llegar a un acuerdo con la alcaldía local, que ofreció vincularlos a un programa de titulación de tierras. El gobierno colombiano proyecta destruir unas 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos este año en todo el país. La coca, cuyo cultivo es la principal fuente de recurso para los agricultores, no es procesada industrialmente en Colombia. Debido a lo cual, su erradicación favorece únicamente los intereses de los EE.UU. y el gobierno colombiano, que recibe millones de dólares para aniquilar este cultivo.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, ANSA-Latina, AFP, EFE, Prensa Latina y Argenpress)

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